«El Frente Unitario de Trabajadores participa en esta movilización en pro de la defensa de los recursos del país; no queremos privatizaciones de ningún tipo (…)», dijo José Villavicencio, dirigente del FUT mientras caminaba por las calles del Centro Histórico capitalino.

A los trabajadores del FUT se unieron gremios de estudiantes y maestros, así como colectivos de mujeres, entre otros.

Portando banderas rojas, y con la consigna «únete pueblo, únete a luchar, contra este gobierno neoliberal», decenas de personas se congregaron al finalizar la tarde del 23 de marzo en el Tradicional Parque de El Ejido, frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y partieron hacia el centro histórico.

Al ingreso al casco colonial, se encontraron con varias calles cerradas, recoge Sputnik en su portal web.

«No podemos permitir que se privaticen empresas, las empresa públicas nos pertenecen, jamás aceptaremos que empresarios las manejen», dijo Jaime Varela, un extrabajador postal.

Otras voces

Lucía Salazar, una maestra de un colegio público dijo que privatización es sinónimo de mayor pobreza, de elevación de precios y deterioro de la calidad de vida.

¿»Cómo vamos a apoyar eso?», preguntó Salazar, al ingreso al Centro Histórico, donde ya eran cientos los que marchaban.

Quienes protestaron el 23 de marzo sostienen que la Ley de Fomento de Inversiones es un paso hacia la privatización de empresas públicas.

¿Ley de privatización?

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso sostiene que no piensa privatizar ninguna empresa, y que la ley es un instrumento legal necesario para captar inversiones para una cartera de proyectos de, al menos, USD 30.000 millones, para diversos sectores, entre ellos, el minero, petrolero, eléctrico y de infraestructura, con los que se busca generar empleo y reactivar la economía.

El presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedocut), Mesías Tatamuez, dijo que si se privatizan áreas estratégicas, como la petrolera, no habrá recursos para educación y salud.

Hasta el momento el Gobierno, aparentemente no logra los 70 votos necesarios para que pase la ley.

Este 24 de marzo, los trabajadores sindicalizados planean ir a la Asamblea Nacional para apostarse en la puerta del recinto legislativo. Ellos van a exigir que no se apruebe la Ley de Inversiones.

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“La arremetida en contra de nuestros derechos laborales ha encontrado apoyo en las acciones de Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT y el FUT. Ha hecho gestiones para que entreguemos la fábrica al dueño de la empresa y terminemos la huelga (…) Nuestros derechos no se venden ni se negocian y la interferencia que Mesías Tatamuez haga en tal sentido, no la protegerá en nuestra voluntad de defender nuestros derechos”, indica una parte de la misiva.

Los representantes de los trabajadores indicaron que no recibieron el apoyo de la dirigencia sino evasivas. “Por ejemplo, no se hizo frente al ministro de Trabajo, Andrés Isch cuando señaló que los trabajadores habíamos dado una golpiza a un inspector de trabajo. Falsedad que no se quiso reclamar a esta autoridad que nos ha denunciado por ataque para amedrentarnos”, agregan.

Los trabajadores tienen el apoyo

“Es una pena que manipulen así la información. Yo no conozco la carta, pero voy a decir que he hablado con Freddy (presidente de los trabajadores de Explocen) y dice que los abogados dijeron eso. Voy a pedir una audiencia en el Ministerio para que vaya la directiva a escuchar”, le dijo Mesías Tatamuez a Radio La Calle.

El dirigente indicó que una persona particular no puede llegar a un acuerdo con la empresa. “La directiva sabe cuanto se ha apoyado y las autoridades también saben cómo se ha apoyado (…) Yo no sé qué intereses mezquinos habrá afuera o adentro, pero el responsable de todo esto se llama Ministerio de Trabajo y no la CEDOCUT, peor las personas”, agregó.

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