En el video publicado por la legisladora se puede observar como la vicealcaldesa de Milagro, Diana Sierra, cuestiona las acciones del servidor público y él le responde que »es una actividad que también está haciendo el gobierno». La alerta de este hecho vino de una denuncia ciudadana.

Los ciudadanos que acudieron a la brigada no tenían conocimiento de esta actividad catalogada como »proselitismo político». Luego de que el servidor público fuera interrogado por la autoridad desapareció del establecimiento.

Edison Martínez, coordinador del evento, informó que el objetivo de la brigada consistía en que las personas con discapacidad puedan acceder a la cedulación gratuita. Además aseguró que no tenía conocimiento respecto a la existencia de los formularios de afiliación a ADN y que tomaría las medidas pertinentes en contra del funcionario identificado como César Prado.

La asambleísta Ana Raffo señaló que fiscalizará esta situación y solicitará información sobre el rol que tenía Prado durante este evento impulsado por el Gobierno de Noboa y la Alcaldía de Milagro. (AGM).

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Las personas están siendo procesadas debido al aumento sospechoso de su riqueza personal. Su cuenta sobrepasa los USD 8 millones después de haber obtenido supuestamente contratos de manera irregular en diversos hospitales públicos, recogió Primicias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que el dictamen estaba respaldado por más de 180 elementos de prueba que demostrarían la responsabilidad penal de estos individuos. Además, el juez de Milagro decidió sobreseerlos.

La investigación

La investigación fiscal expuso que 22 implicados presentaron ofertas de suministros médicos en los procesos de contratación de hospitales públicos. Los contratos fueron otorgados a varios de los coautores a través de proformas que aparentemente eran más ventajosas.

Asimismo, se alegó que aquellos que recibieron los contratos, realizaban pagos en efectivo o mediante transferencias bancarias a Gino P. y Judith R.

La Fiscalía también ha agregado que los coautores poseían un Registro Único de Contribuyentes (RUC) válido para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran diferentes. Por ejemplo, durante un allanamiento a uno de los proveedores, se constató que en el lugar funcionaba una ferretería donde se encontraron documentos relacionados con las contrataciones y la conexión entre los acusados.

Estas personas no pudieron justificar el aumento de su patrimonio, el cual aparentemente se generó después de haber obtenido contratos en varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo. (DCJ)

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