Se trata de un granadero de Tarqui, cabo primero de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El cuerpo habría sido hallado la madrugada de este 13 de septiembre en los dormitorios de los militares de la Casa Presidencial, en el Centro Histórico de Quito.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó sobre el lamentable fallecimiento del cabo primero Jimmy Alfredo Guamán Ganazhapa. Él pertenecía al Grupo de Escolta Presidencial.

Según el comunicado, Guamán murió a las 00:05 de la madrugada de este 13 de septiembre de 2023. Extraoficialmente se conoce que el cadáver fue encontrado en su habitación con un disparo en la cabeza. Por el momento se continúa en las investigaciones y Medicina Legal acudió al lugar para los procedimientos forenses.

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Hernán Chacón Soto fue brigadier del Ejército en retiro, según diario El País, durante los hechos acaecidos entre el 12 y el 16 de septiembre de 1973, se encargaba de custodiar el perímetro externo del Estadio Chile.

De acuerdo con el fallo de la Corte, Chacón Soto tuvo formación de conocimientos tácticos y de ingeligencia, “condiciones que le permitieron intervenir directamente en el desarrollo de los interrogatorios (que realizaban en los camarines del estadio), así como en el proceso previo de clasificación de los detenidos”.

Aunque él se empeñó en decir que solo custodiaba el Estadio, testimonios afirman que seleccionaba a los detenidos para los interrogatorios. Por lo mismo, “resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostuvo sólo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado, ni con los diversos elementos de convicción reunidos”, reza el dictamen.

El medio chileno ADN, detalla que en esa época, portaba una pistola STYER calibre 9 milímetros, que coincide con la descripción técnica de las lesiones que le causaron la muerte a Jara y al director de prisiones de Allende, Littré Quiroga. Chacón Soto recibió una condena, junto a otros cinco uniformados en retiro, de 15 años de presidio por el delito de homicidio de los involucrados, y 10 por el delito de secuestro. (MIB)

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Quito, 22 jun (La Calle).- Un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas dictó prisión preventiva y ordenó la captura de un miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por el presunto femicidio contra una mujer embarazada. La instrucción fiscal será de 90 días.

Según la investigación de Fiscalía, la víctima habría desaparecido el 25 de noviembre de 2020, cuando fue a una cita médica. Ella estaba en el octavo mes de embarazo. Esa tarde, sus familiares se percataron que no le llegaban los mensajes y que su celular estaba apagado, por lo que su familia puso la denuncia por desaparición.

El 7 de diciembre de 2020 fue encontrado su cuerpo sin vida –en estado de descomposición–, en un terreno baldío de la vía Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Las pruebas

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó 108 elementos de convicción. Entre las evidencias estaba el acta de levantamiento de cadáver, el informe de la autopsia médico-legal, la pericia de extracción de video de cámaras de seguridad, los informes de interceptaciones telefónicas y de la reconstrucción de los hechos.

Además se expusieron las pericias de rasgos de personalidad practicada al procesado, un audio (sobre un mensaje que la víctima habría enviado a su madre, previo al hecho), la autopsia psicológica y el informe de ADN que determinó que el acusado sería el padre biológico del hijo de la mujer fallecida. (A.G.M)

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Los crímenes en la provincia no paran a pesar del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso frente al aumento de la inseguridad.

Las Fuerzas Armadas realizan operativos de control desde el pasado viernes 3 de marzo. Tras el incidente, la institución continúa realizando las diligencias pertinentes ante las autoridades para dar con los autores del hecho.

«Como consecuencia de este enfrentamiento falleció en actos de servicio el cabo primero del Ejército. Las Fuerzas Armadas se solidarizan con su familia y realizarán las acciones legales para determinar culpables de este reprochable suceso», señala el escrito publicado a través de redes sociales.

Estado de excepción

A través del decreto ejecutivo 681, el presidente Lasso dispuso el estado de excepción por 60 días en la provincia de Esmeraldas. Con ella, se estableció un toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00. Asimismo, están suspendidos los derechos de libertad de asociación y reunión, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Durante este tiempo, los militares brindarán apoyo a la Policía Nacional en pro de mantener el orden público.

Según datos del Ministerio del Interior, Esmeraldas registra 70 homicidios desde que inició el 2023. También se han reportado 374 denuncias por robo, 94 personas detenidas por narcotráfico y 1.432 kilos de sustancias sujetas a fiscalización retenidas, de acuerdo a EFE.

La violencia en Esmeraldas

Entre los homicidios ocurridos en los dos primeros meses del año se encuentra un policía que fue asesinado con armas de fuego.

Un usuario en redes sociales publicó una video donde se escuchan disparos justo en la ciudad en la que ocurrió el ataque al grupo militar. Se desconoce si se trata del mismo suceso o tiene conexión alguna.

Debido a que es una zona fronteriza, Esmeraldas es un punto de disputa de los grupos delictivos que pelean por el control de las rutas y territorios por el mercado de varios negocios ilícitos como drogas y armas.

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Los miembros policiales detuvieron a otros dos sujetos que acompañaban al militar, luego de que dispararon contra un funcionario del Municipio de Durán, presuntamente con intención de robarle.

A través de un comunicado, la Comandancia de la Marina detalló que se trata del cabo Pedro Chiriguay Fernández, alias «el gordo”. Además, aseguró que brindará apoyo a la Fiscalía para las investigaciones y tomará las acciones disciplinarias correspondientes.

“Tiene más de media docena de procesos, muchos de los cuales han quedado en indagación previa y ninguno ha llegado a instrucción fiscal.”, afirmó Edwin Ortega, marino en servicio pasivo.

Los delincuentes dispararon varias veces en contra del funcionario, que logró escapar con una herida en su brazo. Al percatarse de la presencia de los uniformados, respondieron con disparos para evitar su captura.

Al revisar sus identidades, también se descubrió que uno de los detenidos registra antecedentes penales por tráfico de drogas.

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El militar, al ver el hecho, reaccionó, presuntamente poniendo resistencia, por lo que los antisociales lo atacaron con un balazo.

Según reportes preliminares, los dos victimarios se subieron al bus en el sector de Los Vergeles y empezaron a robar a los pasajeros cuando la unidad se encontraba por la avenida Francisco de Orellana.

La víctima identificada como Carlos Roberto Sigcha Moya, de 48 años, era miembro activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Para intentar salvar la vida del militar, al sitio llegó una ambulancia con paramédicos del Cuerpo de Bomberos. No obstante, las lesiones que sufrió lo tenían en estado crítico, por lo que los médicos no pudieron salvar su vida.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional evitaron que el bus se traslade a otro lugar y acordonaron el área para evitar que civiles ingresen a la escena del crimen.

Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) llegaron para tomar versiones a los testigos. Además, buscaron cámaras de seguridad en el sector, para establecer la ruta de escape de los criminales.

Los peritos de Criminalística, en cambio, inspeccionaron la escena y buscaron indicios para precisar con qué tipo de arma se cometió el hecho.

Hasta la mañana del miércoles, 25 de mayo, la Zona 8 integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón registró 552 muertes violentas

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«En medio del debate de la Ley de Uso de la Fuerza, militar saca su arma durante un acto artístico en medio de manifestación pacífica en Guayaquil», publicó a través de Twitter el colectivo.

La Alianza manifestó que el Legislativo debe garantizar que policías y militares en servicio porte «identificación visible», ya que el militar implicado fue identificado solo por su apellido: Borja, el cual estaba bordado en su uniforme.

Asimismo, la Alianza señala que el porte de armas «con munición letal, debe estar prohibido a policías y militares en manifestaciones», ya que supone un riesgo para los civiles desarmados. También considera que el abuso protagonizado por el militar deberá se tenido en cuenta por la ley para generar mecanismos de no repetición.

Además, la ciudadanía exhorta a que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y el Ejército se pronuncien públicamente sobre el hecho registrado.

En abril de 2022, la INREDH envió una carta abierta al Legislativo para que contemple la prohibición del uso de armas de fuego a las FF.AA. cuando actúan fuera de sus funciones constitucionales. Asimismo, para que reconsidere la autorización de que las FF.AA puedan utilizar la fuerza para el control público, y el accionar militar en manifestaciones sociales.

El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo tiene como uno de sus planteamientos el autorizar la intervención de las FF.AA. en operaciones de control y seguridad.

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El hecho ocurrió entre las calles Aguirre y la avenida Machala, centro del Puerto Principal, la madrugada de este domingo.

La unidad de las Fuerzas Armadas ecuatoriana cumplía con un patrullaje por las calles porteñas.

De acuerdo, con los testigos presentes en el lugar, un auto chocó contra el vehículo militar provocando el volcamiento del segundo.

Varios de los ocupantes del camión salieron despedidos a la calzada quedando con lesiones, al menos 10 de ellos.

Ambulancias y miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito acudieron a socorrer a los militares.

En cuanto, al conductor del automotor que provocó el accidente, las primeras investigaciones indican que presuntamente estaba en estado etílico.

Camión del Ejército cumplía con disposiciones

La unidad militar cumplía con disposiciones de patrullaje por la ciudad Portuaria, después de que el gobierno de Guillermo Lasso dispusiera estado de excepción y toque de queda en la provincia.

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Extraoficialmente se conoció que en uno de los parqueaderos se encontraron vehículos con sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. Personal de la Policía acudió al lugar y se detuvieron a cinco personas. ‘Don Naza’ habría escapado del lugar.

En poder de los detenidos, tres hombres y dos mujeres, se encontraron maletas llenas de dinero en efectivo y un arma de fuego, informaron los generales Fausto Salinas y César Zapata. Los ciudadanos serán procesados por presunta captación ilegal de dinero.

La alerta se dio por una llamada al ECU-911, en la que se avisó que había personas en actitud sospechosa. Sobre la presencia de Nazareno, los gendarmes dijeron “presumimos que estaba allí, hubo gente que dijo que estuvo allí, pero no lo hemos encontrado. Y respecto al dinero, no pueden afirmar todavía para qué se iba a usar”.

El caso Big Money

En junio de 2021, la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a tres inmuebles por la presunta captación ilegal de dinero en Big Money. Dicha empresa que opera por fuera de la ley y el control de la Superintendencia de Bancos.

“Durante el operativo Verde Fortuna, ejecutado en Quevedo, se allanaron en total 3 inmuebles, donde se recabaron elementos que contribuirán en investigación de un presunto delito de captación ilegal de dinero. No hubo detenidos”, informó la institución.

En las imágenes de Fiscalía aparecen equipos de computación y fajos de dinero, presumiblemente de las personas que lo entregaron con la esperanza de recibir el doble. La promesa de Big Money era pagar el 90% de interés. MIB

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