Como recoge la Fundación Utopía que respalda a los familiares, quienes, en su momento, solicitaron información de lo sucedido, sin embargo la respuesta fue: “que se trató de un accidente, esto entre el acoso de los militares durante las gestiones tanto para la firma de documentos, la autopsia, para el traslado y otros trámites, así como que la Fiscalía de El Coca que no quiso recibir la denuncia”.

Presiones por todos lados

Kathyusca Cando, madre de María José, logró ingresar la denuncia, sin embargo, la investigación avanza entre obstáculos. La joven murió en un ejercicio que debía ser supervisado por los instructores de la academia del Ejército y  contar con la presencia de equipos de auxilio.

No hubo lanchas, salvavidas, o personal experimentado que pudiera auxiliar a los estudiantes, dice la denuncia.

El día de la muerte ni siquiera se contó con instructores necesarios para esta práctica y tampoco condiciones para el socorro, según relatan los testigos. Los familiares temen que existan presiones para con el Fiscal que lleva el caso.

Han remitido varios oficios a distintas autoridades pidiendo que se realice una investigación objetiva y sin presiones, sin embargo, el Estado “no asume su responsabilidad ante la posible negligencia».

“Es nuestro deseo apoyar la lucha de una madre que busca respuestas de un Estado responsable por la muerte de su hija. Instamos a las autoridades a que se comprometan en la búsqueda de la verdad en este caso”, concluye el comunicado de la Fundación UTOPÍA.

Para más información sobre este caso, ponerse en contacto con Silvana Pesantez, Relaciones Públicas Fundación UTOPÍA (0999100430).

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La Comisión estuvo conformada por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas. Ellos recogieron 519 testimonios de los cuáles 249 estaban relacionados con la vulneración de Derechos Humanos. De estos, 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Informe estableció que al menos 26 personas de entidades públicas, como la Fiscalía General del Estado, no actuaron conforme a sus competencias.

A esto se suman 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 83 violaciones al derecho a la libertad personal, seis ejecuciones extrajudiciales. También 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos referentes a violencia sexual, 20 lesiones oculares. Además, hubo 81 personas que refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.

Ante estas evidencias, el primer mandatario, la cúpula policial y militar no asume su responsabilidad y se lavan las manos aduciendo que actuaron en el marco de la ley y de forma profesional.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también desestimó y tildó de sesgado al informe presentado por la Comisión de la Verdad. “Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada. No recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en su momento.

La versión de la Defensoría

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que en las protestas de octubre se cometieron al menos tres delitos de lesa humanidad. Él espera que la Fiscalía investigue estos hechos, identifique a los culpables y que los familiares de las víctimas reciban la respectiva reparación.

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