El operativo se llevó a cabo el 26 de agosto en el sector de Urcuquí, en donde la Policía detuvo a 14 personas. Una llamada anónima delató esta red de minería ilegal.

Según la declaración de las autoridades, los militares involucrados intentaron evadir los controles y uno de los camiones que trasladaban el material ilícito pertenecía al Centro de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Asimismo cargaban pistolas, fusiles y municiones.

Fiscalía explicó que el material a bordo de los vehículos ya estaba triturado, es decir, que tenía un procesamiento inicial, por lo cual tendría un mayor valor. El juez de la causa dictó prisión preventiva para los diez civiles procesados y para los cuatro miembros de las Fuerzas Armadas dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país.

¿Infiltrados de las bandas criminales?

El pasado 24 de agosto, Fiscalía procesó a 30 personas por el presunto delito de asociación ilícita en Milagro, Guayas. Los detenidos fueron atrapados en una ‘narcofiesta’, entre ellos se encontraba un militar en servicio activo, quien pertenecería a la banda delictiva de »Las Águilas».

Según un reporte de Primicias, el uniformado habría estado encargado de brindar seguridad a Alias ‘Alan’, líder de la banda criminal, quien también fue detenido y es considerado un objetivo de alto valor de la Policía Nacional.

Por otro lado, el medio La Posta reveló que personal militar le entregó a alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, un uniforme para que escape de la cárcel de La Roca camuflado en un camión. El hecho ocurrió el 7 enero y ya pasaron 200 días desde su fuga, las autoridades desconocen cómo huyó de la prisión de máxima seguridad. (AGM).

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«A Durán nunca le ha llegado el progreso, el desarrollo, un político que se amarre los pantalones y le devuelva la paz a sus ciudadanos. Esta es una cuna del viejo Ecuador, donde son víctimas de un sistema corrupto que mantiene a la ciudad en la oscuridad, marginal y olvidada«, dijo el presidente al inicio de su discurso.

Según Noboa, «el viejo Ecuador quiere que Durán se mantenga como sede del narcotráfico». Agregó que ellos no permitirán que jueguen con los ciudadanos de ese cantón y que no estarán un día sino el tiempo necesario para acabar con las mafias.

Indirectas a las autoridades

El presidente no desaprovechó la ocasión para arremeter contra las autoridades, eso sí, sin dar nombres. «A ustedes les han prometido de todo. Se rieron de sus necesidades y cada cuatro años les pidieron su voto. Pretendieron gobernar cual monarquía, solo para enriquecerse ¿y dónde están ahora? Escondidos, huyendo, tapándose entre las sombras para que las propias mafias no los maten«.

Noboa agregó que en un operativo de la madrugada del 17 de julio «se desarticuló una especie de oficina paralela del Municipio, allí aparentemente se realizaban operaciones que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos«. Añadió que no tienen miedo, que no le deben nada a nadie y vienen con acciones, no promesas. «No se sorprendan si lo que viene es drástico, solo prepárense. Las mafias tienen las horas contadas, el tiempo de los Glas y Muentes se acabó».

Las cifras de violencia

Durán es una zona roja dentro de la inseguridad y la violencia en Ecuador. Entre enero a mayo de 2024, según cifras del Ministerio del Interior, se registraron 209 homicidios intencionales, el número aumentó a 227 para junio. En ese mismo período durante 2023, la cifra era de 59. Según el Observatorio ecuatoriano del crimen organizado (OECO), en 2023 se registraron 279 asesinatos en el cantón Durán.

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, despacha en un lugar reservado tras el atentado en su contra en mayo de 2023, las visitas a territorio también se planifican con cuidado y son secretas para los ciudadanos.

“Los Estados de excepción reiterados no van a dar salidas reales a la crisis de inseguridad, pues deben ir acompañados de una firme lucha contra la pobreza y la desigualdad, con inversión social y el destino de recursos para todas las ciudades”, dijo en su cuenta de X en junio tras el diálogo que mantuvo con el periodista Jon Lee Anderson para el New Yorker.

También indicó que no hay excusas para que las fuerzas del orden no intervengan en esas ciudades. “Como Alcalde de Durán recomiendo operaciones multimodales e interagenciales para enfrentar al crimen organizado. Que se hagan valer las 9 preguntas de la Consulta Popular. Se necesita voluntad política. Así como lo hicieron con Manta, pero de manera técnica, estratégica y sostenida, porque la criminalidad se desplaza, y al mismo tiempo se fortalece si no se golpean sus puntos neurálgicos”. (MIB)

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El bono consiste en beneficiar a los familiares de los militares o policías que en cumplimiento de su deber fallecieron o quedaron en vulnerabilidad. Según el presidente, el dinero es equivalente a un salario básico unificado USD 460 (fijado hasta el momento) y será entregado una sola vez.

Además, mencionó que el beneficio lo recibirán los familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad. El presidente dio un plazo de cinco días para que el Ministerio de Inclusión y Social (MIES) emita los documentos legales para este requisito.

«Los fondos saldrán del MIES y no aplicará una asignación adicional por parte del ente rector de las finanzas públicas», expresó Noboa.

Además, anunció que el estado de excepción se extenderá por 30 días más debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país. Esta medida se decretó el 8 de enero de 2024. Desde entonces, los agentes detuvieron a más de 9 mil personas. Sin embargo, se desconoce el lugar de alojamiento de los reclusos, pues años atrás se advirtió de un hacinamiento en las cárceles del país.

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El primero de éstos fue el de Estatuto de las Fuerzas. Tiene 14 artículos y marca la pauta de operaciones de militares y el personal civil de Estados Unidos en Ecuador. El personal incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados bajo contrato o subcontrato con el mismo Departamento.

Podrán tener libre movilidad para realizar «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias» y también en actividades de seguridad en retos de cooperación compartidos como tráfico ilícito, terrorismo internacional, pesca ilegal. Con esto el Ecuador acepta que el personal tenga»privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático. Podrán portar sus uniformes si están de servicio.

El segundo acuerdo trata de operaciones conjuntas contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Tiene como objetivo que ambas partes puedan «prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas».

El artículo 3 indica que Quito y Washington deben establecer un programa de operaciones marítimas combinadas y designen a uniformados de sus fuerzas del orden para que actúen como «agentes a bordo en un buque» de su contraparte.

Los «agentes a bordo» podrán:

• Autorizar la persecución de buques sospechosos.

• Solicitar y autorizar la asistencia de los agentes en el abordaje de buques.

• Exigir el cumplimiento de las leyes de su país y autorizar al buque a asistir en esa labor, en caso de estar fuera del mar territorial de cualquiera de los dos países.

• Autorizar al buque a realizar patrullajes en el mar territorial de su país.

• Y, dentro del mar territorial de su país, exigir el cumplimiento de las leyes de su Estado, de acuerdo al derecho internacional.

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La entidad señaló que se estudian todos los niveles de riesgo a los cuales podrían enfrentar los soldados durante el cumplimiento de las operaciones militares. Una de las medidas a aplicarse es que el personal cuente con su ración de combate, es decir, alimentos y agua.

FF.AA agradeció el noble gesto de la ciudadanía y empresas privadas al donar alimentos a la empresa pública. Sin embargo, con el fin de precautelar la vida del personal la insititución solicitó al público que únicamente se entreguen alimentos no preparados, de preferencia enlatados. (AGM).

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La reportera de seguridad Anna Giaritelli publicó la investigación que sacó a la luz el secreto de los mandatarios. La información fue compartida con un grupo de miembros selectos del Congreso norteamericano, durante una reunión informativa privada en el Capitolio, el pasado 26 de septiembre.

El presidente Guillermo Lasso viajó durante 10 días a EE.UU. y publicó su agenda de cada día en redes sociales. Sin embargo, en ninguna de sus publicaciones habló sobre esta cooperación con el país norteamericano.

El mandatario estaba en Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y firmar dos acuerdos, comentó el miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., Dan Crenshaw, quien estuvo presente en la reunión.

¿Cuál sería el acuerdo?

De acuerdo con el medio extranjero, el acuerdo permitiría que los buques militares estadounidenses estén presentes en las aguas frente a la costa noroeste de América del Sur. Los cárteles colombianos utilizan esta vía para transportar cocaína.

«Significa que nos están dando una señal muy clara de que quieren que nos involucremos más«, dijo Crenshaw al medio.

Los Departamentos de Estado y de Defensa no respondieron preguntas de seguimiento sobre los deberes de las tropas en los despliegues en Ecuador.

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La Corte Suprema de Justicia chilena ha declarado a los exmilitares como autores del secuestro calificado y homicidio calificado de Jara, quién fuera liquidado a balazos y golpes el 16 de septiembre de 1973 en el estadio Chile, hoy llamado Víctor Jara.

Al cantautor lo asesinaron junto a Littré Quiroga, director del Servicio Nacional de Prisiones durante el gobierno de Allende. Ambos murieron apartados del grupo de prisioneros, agonizando en un camerino.

Los hechos

A Víctor Jara lo detuvieron el 12 de septiembre del 73, un día después del golpe liderado por el general Augusto Pinochet y trasladado al estadio, donde encerraron y torturaron aproximadamente 2.000 partidarios de Allende.

Los militares se ensañaron de forma cruel con Jara y Quiroga. El cantautor tenía 56 fracturas óseas y 44 balas en su cuerpo y su compañero, 47 fracturas y 23 balazos. Arrojaron sus cadáveres a un lote baldío cerca de la línea férrea en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, el 16 de septiembre.

Los condenados

De acuerdo con el fallo, que fue unánime, fueron condenados los exmilitares Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio en calidad de autores de los homicidios. Además, a 10 años y un día como autores de los secuestros calificados. En tanto, el exoficial Rolando Melo Silva fue sentenciado a 5 años y un día, y a otros 3 años y un día de cárcel, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente, informó diario El País.

La sentencia con respecto a Víctor Jara indica: «las agresiones tuvieron como principal aliciente la actividad artística, cultural y política del mismo, estrechamente vinculada al recién derrocado Gobierno”. El artista sufrió “torturas físicas, siendo los golpes más severos, aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos. Ambas víctimas fueron objeto de patadas, golpes de puño y golpes de culata con armas”. (MIB)

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Las autoridades reportaron la presencia de varios explosivos en gasolineras, oficinas de la Fiscalía y balaceras en centros educativos y calles de la provincia verde. Un fuerte contingente policial y militar reviste a Esmeraldas para «calmar la situación».

Según los uniformados, los artefactos fueron desmantelados luego de un operativo. A la par, algunos taxis, autos particulares y autobuses fueron incendiados en distintos sectores. Además, en videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas se incendió en la terminal terrestre.

Esmeraldas, entre los cinco epicentros de homicidios en América Latina

Instituciones gubernamentales como: la Fiscalía Provincial de Esmeraldas y la Agencia Santa Vainas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL – EP) recibieron ataques durante los disturbios.

CNEL – EP informó a través de su cuenta de twitter que cerrarán sus 12 agencias de servicio al cliente en la provincia. Sin embargo, sus canales virtuales como twitter y call center se encuentran habilitados en lo que dura la medida.

Secuestraron a un policía

En medio de la caótica situación que vive Esmeraldas, un policía fue secuestrado en los exteriores de la Fiscalía. Un antisocial lo apuntaba con un arma, mientras otro grababa el momento. Además, los sujetos le colocaron una supuesta bomba para amedrentarlo. Actualmente, el servidor se encuentra recibiendo atención en una casa de salud.

Escuelas víctimas de la ola de terror

Un padre de familia publicó un video donde se comentó la escalofriante situación en una de las escuelas de Esmeraldas, luego de un supuesto tiroteo. El hombre indicó que lograron refugiarse debajo de los pupitres y lograron salvarse de los proyectiles.

En el metraje se puede observar a varios niños al resguardo de quien grababa y una presunta profesora, mientras están en el suelo.

Ante los hechos, el Ministerio de Educación suspendió las clases en la provincia verde y otros negocios cerraron sus puertas. (S.B.)

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La subteniente y la mujer conscripto que denunciaron el hecho apuntaron a tres de sus superiores. Uno de ellos sería la subteniente Q. que es la que se supone está detrás de la red de prostitución y la causante de las presuntas violaciones.

Por otro lado, la subteniente que ayudó a la chica conscripto es procesada por haber abandonado su estación de trabajo el día que fue a buscar a la joven que pedía auxilio. En el lugar, la afectada mencionó que la habían drogado y violado por oficiales.

La denuncia

El 31 de mayo dos mujeres militares denunciaron haber sido víctimas de presunta violación en la lll División del Ejército Tarqui, en Cuenca. Se presume que existiría una red de prostitución dentro de la institución.

Una subteniente y una conscripto denunciaron ante la Fiscalía y las autoridades del plantel los supuestos actos de violación. Según una de las víctimas, estos sucesos estaban bajo el conocimiento de sus dirigentes.

Se supone que dentro de este distrito hay una red de prostitución con más de 40 jóvenes que realizan el servicio militar. Asimismo, se apunta a una subteniente por dirigir esta presunta cadena de servicio sexual. (DCJ)

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Una subteniente y una conscripto denunciaron ante la Fiscalía y las autoridades del plantel los supuestos actos de violación. Según una de las víctimas, estos sucesos estaban bajo el conocimiento de sus dirigentes.

Se supone que dentro de este distrito hay una red de prostitución con más de 40 jóvenes que realizan el servicio militar. Asimismo, se apunta a una subteniente por dirigir esta presunta cadena de servicio sexual, recogió Radio Pichincha.

Los casos

La abogada de una de las afectadas, Lorena Terán declaró que su defendida habría sido ultrajada el 11 de diciembre de 2022, en la habitación de la uniformada acusada. Además, manifestó que la oficial le habría dado una bebida la noche anterior al suceso.

De la misma manera, comentó a que la víctima encaró a la subteniente, pero que ella solo se burló y le dijo «que se quedará callada porque nadie le iba a creer». Lo mismo sucedió cuando la afectada se dirigió a las autoridades de más rango.

Por otro lado, el caso de la mujer conscipto de 19 años se dio fuera de las instalaciones del ejército. Según las narraciones, la chica fue llevada a un hostal en el que se la encontró inconsciente.

En esta ocasión, la víctima estaba con otra compañera que aseguró que fue al sitio por su voluntad. A esta joven, la subteniente le ofreció USD 120 para que acepte acostarse con sus compañeros.

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«La Secretaría General de Comunicación convoca a los medios de comunicación a la posesión del general (sp) Paco Moncayo Gallegos como consejero del Gobierno para Seguridad Nacional y el general (sp) Wagner Bravo como secretario de Seguridad Pública.», dijo la SECOM.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios?

Wagner Bravo es el exjefe de Estado Mayor del Ejército, y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Tiene estudios superiores en Seguridad y Desarrollo, Economía Popular y Solidaria, entre otros. Se ha desempeñado como especialista en temas de seguridad.

Fue combatiente en la Guerra del Cenepa de 1995 en la Brigada de Fuerzas Especiales. «El presidente de la República (Guillermo Lasso) tiene que crear ya una política pública clara que decante a que todos tengamos la prioridad de vencer al crimen organizado. Hay ideas de muchas personas, pero no hay algo conciso aún», le dijo en una entrevista reciente a diario Extra.

Paco Mocayo es un político ecuatoriano, militante de la Izquierda Democrática, con el que llegó a la Alcaldía de Quito en dos periodos y a la Asamblea por Pichincha de 2009 a 2013.

Fue candidato presidencial en 2017, enfrentándose al mismo presidente Guillermo Lasso y donde ganó el expresidente Lenín Moreno.

En el ámbito de seguridad, lideró al ejército ecuatoriano en medio de la Guerra del Cenepa, el conflicto entre Perú y Ecuador de 1995. (MIB)

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«Si eso se desboca, cuál va a ser la salida del Ecuador en ese escenario de calle. Seguramente será un gobierno civil militar o un gobierno militar que tendrá que poner orden en el Ecuador como en los años 60», dijo para el programa Políticamente Correcto.

Añadió que es una salida cuando «no hay freno, ni racionalidad y cuando nadie quiere ceder y buscar la institucionalidad». Ese llamado también iría para el Ejecutivo. «Si el Ejecutivo se salva del juicio político. Lo unico que le quedaría es una salida digna: la muerte cruzada porque este escenario de bronca solo llevará a un escenario no democrático, no constitucional. Será seguramente un gobierno civil militar para poner orden en el Ecuador».

Para Rohon, en ese escenario, las únicas que pueden imponer el orden son las Fuerzas Armadas. «Quizá un presidente civil puesto por los militares hasta que las cosas se arreglen. Pasar un período de transición que permita hacer una nueva Constitución, conversar, ponernos de acuerdo y buscar un futuro para el Ecuador».

Dictadura en Ecuador

La última vez que tuvimos una dictadura como gobierno en el país fue en 1972 cuando el general Guillermo Rodríguez Lara depuso al presidente José María Velasco Ibarra, que cumplía su quinto período presidencial. Rodríguez Lara duró en el poder hasta 1976. Durante ese tiempo ocurrió la nacionalización del petróleo y el inicio de una historia de explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana, cuyos beneficios posteriormente terminarían en manos de compañías extranjeras.

En enero de 1976 entró a gobernar el Consejo Supremo de Gobierno o el Triunvirato militar hasta 1979 con el regreso a la democracia con la elección de Jaime Roldós. En el triunvirato se perpetró la matanza de los trabajadores de la azucarera Aztra en La Troncal el 18 de octubre de 1977 y el asesinato de Abdón Calderón Muñoz en noviembre de 1978. (MIB)

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La confrontación sucedió tras un operativo que lideraban los uniformados. Según la versión de un militar que participó en la misión, los sospechosos habrían recibido a los agentes con disparos.

La disputa duró cerca de una hora y el sector se quedó sin energía ya que un proyectil alcanzó a un transformador del lugar, según Radio Pichincha.

Además, la presidenta del Colectivo Mujeres de Asfalto y activistas de Derechos Humanos en Esmeraldas, Juana Francis, mencionó que los militares tardaron más de 20 minutos en llegar como apoyo a la Policía.

El incremento de policías no da resultados

Hasta diciembre de 2022, la Institución contaba con 52.198 uniformados, pero pretende llegar a 80 mil policías hasta el 2025. Sin embargo, el número de delitos en el país continúa en aumento en relación a las cifras del 2021.

Por ejemplo, entre de marzo a diciembre del pasado año, la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) se reforzó con 184 policías. El total de uniformados encargados de este territorio son 8.281. No obstante, el numeró de muertes violentas en este Distrito ascendió a 1.534, en 2022. Más del doble, en relación con 2021.

Número de policías por habitante

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que cada territorio debería contar con cerca de 2,8 policías por 1.000 habitantes. Por ello, el incremento de gendarmes en las filas de la institución responde al cumplimiento de las normas internacionales.

Las provincias de Napo, Pastaza, incluso el Distrito Metropolitano de Quito supera este indicador de policías. Mientras que Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Esmeraldas y Loja se mantiene un promedio de 2,9 agentes. (N.J.C)

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«Se ha previsto el denominado «Acto de homenaje solemne por el 30S», comunican que en este acto no está autorizada la participación del personal militar en servicio activo. Por lo que sírvase recomendar al personal bajo su mando evitar participar en referido evento», dice el oficio.

A pesar de que militares murieron en ese enfrentamiento, los altos mandos del Ejército y el ministro de Defensa, Luis Lara no participarán en él. La policía, por su parte, llegó a la avenida Mariana de Jesús para intentar impedir la realización del homenaje.

30S

El 30 de septiembe del 2010, un grupo de policías protestó contra la flamante Ley de Servicio Público, donde se modificaban los salarios. El expresidente Rafael Correa acudió a hablar con ellos, sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban. Al salir del Regimiento Quito, los gendarmes causaron disturbios e intentaron agredir a Correa, recién operado de la rodilla. Su escolta lo traslado al hospital de la Policía, donde permaneció encerrado por los oficiales.

En la noche, un Comando militar realizó una operación de rescate, en lo que el exmandatario calificó de un intento de golpe de Estado. Como resultado dos miembros del Ejército, Darwin Panchi y Jacinto Cortez, fallecieron. También cayeron dos policías Edwin Efrén Calderón Landeta y Froilán Jiménez. un estudiante de economía también falleció en los enfrentamientos con los gendarmes en apoyo a Correa. (MIB)

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La audiencia se instaló en septiembre de 2021, pero varias veces han pospuesto su culminación, por lo que, el proceso penal aún no se resuelve. Hace más de siete meses se dio la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio.

La causa se sigue por los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010. Hoy se conocerá la resolución de la Jueza respecto a los pedidos de nulidad de las partes.

Cerca de las 10h30, la jueza a cargo declaró la validez de todo lo actuado hasta ahora en el proceso. Además, rechazó los vicios de nulidad planteados por las defensas. Fiscalía continuará con la presentación de su dictamen acusatorio.

Rechazo al dictamen

Wilson Velástegui, abogado de Luis Castro, no entiende cómo en este caso no están procesados el jefe inmediato de su cliente, de quien él recibió las disposiciones, el ministro de Defensa o el presidente de ese momento.

Él supone que se quiere utilizar este proceso como trampolín para ver si se llega al expresidente Rafael Correa, “a quien no le pueden extraditar”.

Ahora, la Fiscalía solicitó que se llame a juicio a 9 militares, en calidad de autores directos, por el presunto delito de asesinato.

Independientemente del pedido de la Fiscalía de llamar a juicio a los nueve militares procesados, Edwin Romero, abogado de la familia del policía muerto, espera que se abra otro proceso penal para sancionar a quienes ordenaron la Operación Rescate.

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En el texto se informó que, delincuentes ingresaron al destacamento militar y se enfrentaron a los uniformados. Los antisociales se robaron dos fusiles HK del personal que estaba de guardia, además, de herir a los dos uniformados.

Uno de los heridos fue trasladado al hospital Marco Vinicio Iza, de Lago Agrio, para su valoración médica.

Los delincuentes al lograr robarse los dos fusiles se internaron en la selva y escaparon. Ante esto, el Ejército ecuatoriano manifestó que el personal militar procedió a explorar toda el área. Asimismo, la institución informó que tras este episodio se han realizado nuevas medidas de seguridad en todo el Batallón de Selva 55.

Asimismo, las medidas se implementarán en las unidades militares pertenecientes a la Brigada de Selva19 Napo. En el comunicado, se menciona que se efectúa controles en la vía Dureno – Tarapoa, por lo que se ha coordinado con las unidades de la frontera de Colombia, con la finalidad de alertar sobre este particular.

Este es el segundo caso en el que la fuerza pública es blanco de la delincuencia. Asimismo, en el cuartel Modelo de la Policía en Guayaquil se produjo el robo de 150 armas de fuego.

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Un juez de los Ríos sobreseyó a los tres sospechosos en este caso (Nazareno, su esposa y otro colaborador) el mismo día del asesinato de ‘Don Naza’. La Fiscalía apeló a esta resolución. Lara agregó que al conocerse la lista de 2.655 que habría dejado su dinero en Big Money. Al revisar el escalafón militar y se comprobó los nombres de estos 139 militares.

El Ministerio de Defensa remitió la lista a la Fiscalía de Quevedo para que siga con las investigaciones y certifique si a ese personal lo están investigando. La lista es extraoficial, por lo que el funcionario desconoce si existen más miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en este caso.

A pesar de esto, aunque es un delito penado, no constituye una falta en el reglamento del Ejército. El proyecto de la Ley del personal que reposa desde hace cuatro años en la Asamblea debe aprobarse para poder convertir estas acciones en una sanción.

‘Don Naza’ en el Ministerio

Lara explicó también que, tras la detención de cinco personas, que podrían relacionarse con la captadora Big Money, en el parqueadero de Defensa, se abrieron siete procesos disciplinarios para juzgar a cuatro oficiales y tres miembros de tropa.

Estos sierte militares están acusados por la vulneración a la seguridad a las instalaciones del Ministerio de defensa. La cartera de Estado, liderado por Luis Hernández en ese momento, interpuso una denuncia en la Fiscalía por infiltración en áreas de seguridad y toda la información se entregó a esa institución. MIB

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«El caso del asesinato de Freddy Taish es un proceso extrajudicial, donde por falta de diligencia de la Fiscalia del Ecuador, no se ha cumplido con los requerimientos solicitados. En otras palabras, se partió desde un simulacro con contradicciones», aseguró Tarquino.

Según explicó, las comunidades están viendo cómo se está llevando a cabo este tipo de actos viciados e injustos por parte de la justicia ecuatoriana.  “Todo lo que hace el Estado desde las instituciones de poder está amañado y no daremos el bazo a torcer”, mencionó Cajamarca. Así mismo aseguró que Johnny Q.  no tiene nada que ver con lo sucedido en el caso Taish, sino que el Estado y el aparataje judicial tiende a favorecer a los grupos de poder y buscan alternativas para culpabilizar de todo.

Sobre este caso, Cajamarca indicó que «están involucradas personas del Estado, el alto mando militar, y es por eso no ha existido entonces una adecuada colaboración oportuna, sino una serie de barreras para impedir que se desarrolle la investigación».

El activista sostuvo, además, que el acompañamiento que han estado realizando a Jhonny Q, ha sido siempre de manera gratuita y que seguirán trabajando para que se evidencie la violencia estatal que están cometiendo contra un ciudadano que nunca ha tenido participación en el caso de Freddy Taish. “Hemos tratado  de que se contextualicen todos los hechos en el transcurso del proceso penal a través de la Fiscalía, sin embargo, estaremos vigilantes”

Tarquino confesó que está totalmente claro quién fue el responsable de la muerte de Freddy, pero que el aparataje estatal y la institución militar han tenido la intención de perseguir y atemorizar a Jhonny Q como testigo clave.

Al finalizar, el activista hizo un llamado de atención para que desde el  poder comunicacional se evidencien casos como estos donde existe la vulneración de derechos, “por eso insistimos que esto debe ser conocido por todos, el Estado ha estado moviendo fichas para que esto se quede en la injusticia, declaró. 

Ante la ineficiencia de la justicia de nuestro país, Tarquino mencionó que siempre serán necesarias las muestras políticas y comunicacionales; lo que permitirá seguir con la batalla jurídica contra estos poderes fácticos para visibilizar la vulneración de derechos contra personas inocentes.

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De acuerdo con información extraoficial, los militares ingresarían a los recintos carcelarias del país, a pesar de la prohibición expresa de la Corte Constitucional de que los soldados se queden custodiando los exteriores de las prisiones.

De acuerdo con varios videos, los militares entran tras el fracaso del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI) y la Policía Nacional, quienes no han podido restablecer el control del sistema penitenciario. Si bien los militares están en los exteriores podrían ingresar a los recintos. Para que este plan se cumpla, deberían considerarse zonas especiales de defensa para establecer garantías a los uniformados.

Bajas en las FF.AA.

El Jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas,vicealmirante Jorge Cabrera, presentó su renuncia al cargo. La dimisión, según las versiones de varios tuiteros y medios de comunicación, se habría producido a pedido del propio presidente de la República. Su reemplazo es el general Fabián Fuel, Comandante General del Ejército.

Bolívar Garzón, director del SNAI también presentó su carta de renuncia al presidente Lasso. Por ahora, el director nacional de Inteligencia, Fausto Cobo, se hará cargo de esa institución.

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“En menos de 24 horas hemos sido notificados y hemos enviado la justificación correspondiente. No estamos acostados en la cama para, de la noche a la mañana (asistir).  Hemos justificado porque no hemos podido participar en esta convocatoria. Igual tenemos pedido para la siguiente semana seamos recibidos”, dijo Iza en Cotopaxi, donde lideraba las movilizaciones convocadas.

“No es que estamos corriendo. Tenemos el problema de Guillermo Lasso con los papeles de Pandora. La Asamblea lo llama dos veces y no quiere ir. ¿Cómo es eso? Nosotros estamos luchando por los derechos de todos y por eso la justicia está atrás; pero con las autoridades grandes, en cambio, no pasa nada”, agregó. 

“Que el presidente de la República dé el ejemplo: vaya a la Asamblea y demuestre  al país que no tiene nada que ver con Pandora papers; y si es que tiene que ver, entonces, por ética, presente la renuncia, porque no está pudiendo gobernar compañeras y compañeros”, dijo el dirigente. 

Tras hacer esta crítica y dada la gran movilización nacional convocada para hoy, Leonidas Iza llamó a mantener la unidad y no caer en provocaciones.  “Debemos mantener la unidad y no caer en provocaciones. Están infiltrando a la gente, compañeros. A veces, con los ánimos de los jóvenes van a querer confundir y poner cualquier pretexto para instalar nuevamente la violencia. Por favor, tener mucha precaución, mucha unidad, mucho cuidado”, agregó. 

Movilizaciones

Hasta el momento, al menos 16 provincias se suman al paro convocado para este martes en el marco de un Paro Nacional por las medidas económicas del Gobierno Nacional.

La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Conaie) prevé que sus bases hagan uso del derecho a la resistencia en cada uno de sus territorios.

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