Los militares, pertenecientes al Batallón de Selva «Pastaza», fueron emboscados el 9 de mayo en una zona limítrofe entre Napo y Orellana, durante un intento por destruir campamentos mineros ilegales. Según fuentes castrenses, los atacantes —vinculados a disidencias de las FARC y bandas locales— usaron armamento de guerra, incluyendo fusiles AK-47. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Sin embargo, también subrayó que este hecho confirma una realidad denunciada históricamente por los pueblos originarios. Amplias zonas de la Amazonía han sido copadas por estructuras criminales que operan con impunidad, desplazan comunidades y destruyen ecosistemas, bajo la indiferencia o complicidad de autoridades locales y nacionales.

Amenaza a los pueblos amazónicos

Según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia, la minería ilegal en el río Punino multiplicó por cuatro su impacto en solo un año. Pasó de deforestar 185 hectáreas en 2022 a 784 en 2023, con un 90% de esta actividad realizada fuera de concesiones legales. Esta expansión no solo amenaza áreas protegidas como el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y la Reserva El Chaco, sino que también ha facilitado la infiltración de grupos armados.

Testimonios recogidos por Mongabay Latam confirman que estos grupos operan en la zona desde al menos 2024, generando un clima de terror que se suma a la contaminación por mercurio, cuyos efectos en la salud de las poblaciones indígenas —especialmente en niños y mujeres— son cada vez más críticos.

A pesar de los operativos militares, como el Manatí 3 de mayo de 2023 en el que participaron 1.500 efectivos y se destruyeron 34 máquinas, la minería ilegal persiste gracias a tácticas de evasión. Eduardo Rojas, exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, denuncia que en la provincia operan más de 78 frentes mineros, muchos de ellos usando maquinaria oculta en concesiones legales o dividida en grupos pequeños para evadir detectores.

Desafíos

Las comunidades indígenas, por su parte, enfrentan un doble desafío: además de resistir la invasión de sus territorios. El 46% de la minería ilegal en Ecuador afecta áreas ancestrales. Kevin Zuñiga, comunicador kichwa, destaca que el uso indiscriminado de mercurio ha contaminado ríos enteros, afectando a familias que dependen de estos afluentes para su supervivencia.

“El agua que antes era fuente de vida ahora es veneno”, afirma, citando casos de neuropatías y enfermedades crónicas en niños de comunidades como Sinangoe.

Mientras el gobierno insiste en respuestas militares, organizaciones indígenas y ambientales exigen medidas integrales. La CONAIE reclama acciones urgentes para frenar el modelo extractivista, garantizar derechos colectivos y desmantelar las redes de crimen organizado. Propuestas como la declaratoria de emergencia ambiental, la militarización focalizada y la creación de comisiones internacionales de investigación han ganado fuerza, pero su implementación enfrenta obstáculos políticos y económicos.

El panorama se complica con el auge económico de la minería ilegal: Ecuador pasó de exportar USD 120 millones en oro en 2015 a USD 1.200 millones en 2023, según el Banco Central y al menos el 70% de este oro vinculado a actividades ilícitas. Esta bonanza, alimentada por la demanda global y cadenas de lavado de dinero, ha convertido a la Amazonía en un botín donde confluyen intereses criminales.

En medio de este escenario, la masacre de Alto Punino no es un hecho aislado, sino un síntoma de un colapso estructural. Mientras las balas callan voces y la selva sigue desapareciendo. La pregunta que resuena es si Ecuador podrá revertir esta crisis antes de que la Amazonía —y sus pueblos— alcancen un punto de no retorno.

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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta región ecuatoriana registra un 70% de pobreza por necesidades insatisfechas y un 74% de pobreza por ingresos. Ante esta situación, en junio del presente año, diversos actores locales lograron que la Asamblea Nacional instara al Presidente Noboa a declarar en emergencia a la provincia y a la región amazónica.

Un estudio del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) revela que la extensión de áreas destinadas a la minería ilegal en Napo ha crecido exponencialmente, aproximadamente 210 veces. Solo en el periodo de 2015 a 2021, la minería de oro aluvial aumentó en un 316%.

Map Biomas Ecuador tiene datos similares y registra que en 1998 la minería formal e informal en Napo operaba en tres hectáreas. Para 2022, se extendió a 1.175 hectáreas. El 92% de esta superficie se concentra en cinco parroquias de Tena: Talag, Ahuano, Misahualli, Puerto Napo, Carlos J. Arosemena Tola.

Hay que recordar que Napo es un territorio de profunda raigambre histórica y actual, donde las áreas protegidas abarcan el 53.7% de su superficie y el 19.6% está habitado por comunidades indígenas, mayoritariamente de la nacionalidad kichwa.

La ribera del río Jatunyacu, particularmente afectada y con 153 concesiones mineras otorgadas por el Estado, ha visto un aumento considerable de la minería ilegal desde diciembre de 2023. En los últimos meses, los residentes han detectado la presencia de operaciones ilegales en al menos 13 puntos críticos a lo largo del río, lo que representa el 25% de la cuenca del río Napo. Estos puntos suman 54 hectáreas de minería ilícita, adicionales a las más de 1.700 hectáreas estimadas de actividades similares en toda la provincia, causando una grave contaminación en varios afluentes importantes del río Napo, esenciales para la comunidad local para el consumo humano, riego y pesca.

Además de los impactos ambientales y económicos, la salud y la paz de los habitantes de la Amazonía están en riesgo. La minería no solo amenaza la biodiversidad local, sino también la calidad del agua y el modo de vida de las comunidades aledañas. La Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) ha realizado un análisis de salud y agua en 17 comunidades a lo largo del río Napo, identificando en parte de la población problemas respiratorios, dermatológicos, gastrointestinales y neurológicos, estos últimos asociados a la contaminación por mercurio.

Otro estudio preliminar, desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de las Américas para una investigación de El Comercio, reveló que el plomo, arsénico, zinc y hierro son metales pesados que están por encima de los valores referenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras entidades internacionales, en los organismos de quienes viven en las parroquias de Chontapunta, Ahuano, Puerto Napo y Talag.

Esta investigación además, muestra los riesgos al que están expuestas las mujeres que trabajan lavando oro en el río, debido a falta de oportunidades laborales. Diariamente se registran mujeres con vaginosis por la exposición a bacterias y sustancias tóxicas. Estas infecciones pueden agravarse hacia la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo. También se han identificado casos con el Virus del Papiloma Humano, lesiones intraepiteliales de grado 2 (NIC 2), que pueden convertirse en cancerosas.

El Laboratorio también tomó una muestra de agua del río Napo en Ahuano, la cual presentó un aumento de aluminio, cobre y plomo con relación al valor referencial de la norma ecuatoriana para la preservación de la vida acuática y silvestre.

La situación es alarmante y requiere una acción urgente por parte de las autoridades para prevenir catástrofes socioambientales en esta región. Es crucial que se tomen medidas decisivas para evitar que esta crisis se prolongue en Napo.

Redacción: Napo Resiste

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El operativo se llevó a cabo el 26 de agosto en el sector de Urcuquí, en donde la Policía detuvo a 14 personas. Una llamada anónima delató esta red de minería ilegal.

Según la declaración de las autoridades, los militares involucrados intentaron evadir los controles y uno de los camiones que trasladaban el material ilícito pertenecía al Centro de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Asimismo cargaban pistolas, fusiles y municiones.

Fiscalía explicó que el material a bordo de los vehículos ya estaba triturado, es decir, que tenía un procesamiento inicial, por lo cual tendría un mayor valor. El juez de la causa dictó prisión preventiva para los diez civiles procesados y para los cuatro miembros de las Fuerzas Armadas dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país.

¿Infiltrados de las bandas criminales?

El pasado 24 de agosto, Fiscalía procesó a 30 personas por el presunto delito de asociación ilícita en Milagro, Guayas. Los detenidos fueron atrapados en una ‘narcofiesta’, entre ellos se encontraba un militar en servicio activo, quien pertenecería a la banda delictiva de »Las Águilas».

Según un reporte de Primicias, el uniformado habría estado encargado de brindar seguridad a Alias ‘Alan’, líder de la banda criminal, quien también fue detenido y es considerado un objetivo de alto valor de la Policía Nacional.

Por otro lado, el medio La Posta reveló que personal militar le entregó a alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, un uniforme para que escape de la cárcel de La Roca camuflado en un camión. El hecho ocurrió el 7 enero y ya pasaron 200 días desde su fuga, las autoridades desconocen cómo huyó de la prisión de máxima seguridad. (AGM).

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»La mayoría de funcionarios que presiden esta cartera de Estado son allegados al presidente de turno y no tienen la preparación adecuada», argumentó.

El pasado 9 de noviembre el presidente electo Daniel Noboa eligió a Sade Fritschi como titular del ministerio del Ambiente. Ella tiene 26 años y es licenciada en gestión internacional de hospitalidad y turismo por la Universidad de Oxford Brookes, Inglaterra.

De acuerdo al perfil expuesto por el mandatario electo, Fritschi tiene experiencia en proyectos de sostenibilidad ambiental. Su cuenta de Linkedin también indica que fue la directora de campaña de Noboa en Galápagos.

Ron resaltó que si bien el título académico no definirá la calidad de su gestión, sí es importante la experiencia y el conocimiento. El experto indicó que para este cargo »como mínimo» se debería pedir de requisito un posgrado relacionado a la gestión ambiental.

Seguimos sumando integrantes a nuestra cúpula presidencial

He designado a Sade Fritschi Naranjo como Ministra de Ambiente, gracias a sus conocimientos en programas de sostenibilidad y proyectos de gestión ambiental, su experiencia nos ayudará a proteger el equilibrio de los… pic.twitter.com/Z8ant9DJSW

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 10, 2023

El MAATE en el gobierno de Lasso

Actualmente, el ministro del Ambiente es José Dávalos, un abogado guayaquilleño especializado en derecho administrativo. Su trayectoria profesional está definida en temas relacionados a la contratación pública.

Su experiencia en la gestión ambiental consolida en el 2021 cuando entra a laborar en el MAATE como subsecretario de Calidad Ambiental. Dávalos relevó al ingeniero agrónomo, Gustavo Manrique, quien actualmente desempeña el cargo de canciller de la República.

Los problemas sobre la mesa

En junio del 2023, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 754 para la reforma del Código Orgánico del Ambiente (COA), luego de cumplir con el proceso de consulta prelegislativa.

La iniciativa surge principalmente del estancamiento de más de 100 licencias ambientales para diversas empresas, debido a que no existe una normativa que establezca como se deben hacer las consultas ambientales en las comunidades aledañas.

Entres los principales beneficiarios estarían los proyectos mineros de Curipamba y La Plata que iniciarían con la construcción de minas a finales de 2023. Además, en fila se encuentran otros proyectos relacionados con turismo, obra pública, tratamiento de aguas residuales y sistemas de alcantarillado, gasolineras, entre otros.

La Conaie y el Frente Nacional Antiminero (FAN) denunciaron que el régimen de Guillermo Lasso quiere imponer -a través de la violencia- la minería en dichos territorios. Según reportan, se pretendería favorecer a la empresa CURIMINING S.A. con el objetivo de aprobar un proyecto.

La conservación ambiental

La conservación ambiental es otro de los retos para el MAATE. Uno de los casos emblemáticos es Galápagos ya que científicos y colectivos ecológicos reportaron que las tortugas comen una gran cantidad de plásticos debido a la acumulación de basura en su hábitat.

Los plásticos no son el único problema, pues también consumen materiales de construcción, vidrio, telas,papel, metales y caucho. Según Ron, el consumo de basura fue documentado en áreas modificadas por el ser humano, adyacentes a Puerto Ayora.

»Se encontró, en promedio, un ítem de basura por cada 2 metros cuadrados. La basura no vino del océano como se ha documentado en otros estudios. La basura fue generada localmente en Galápagos», dijo en su cuenta de X.

Por otro lado, Bitácora Ambiental señaló que los plásticos son generados en áreas urbanas a cargo de los Municipios, se presume que parte del problema es la falta de control a los turistas que visitan el archipiélago. (AGM).

Publicación reciente con malas noticias para las emblemáticas tortugas de Galápagos
En Santa Cruz, las comen una gran cantidad de plásticos debido a la acumulación de basura en su hábitat
Todos los ítems mostrados en la foto fueron consumidos por las tortugas… 1/n pic.twitter.com/0e1VN2caog

— Santi Ron (@santiak) November 7, 2023

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Un extrabajador de Arcernnr, Andrés V. declaró ante Fiscalía que fue testigo el día en el que Vera recibió los 50 mil dólares. Asimismo, aseguró que el «interesado» no entrego el dinero personalmente, sino que lo hizo Alejandro C. El cargo fue ocupado por Juan B. desde marzo de 2022.

La importancia de esta provincia es que ahí está la coordinación de Arcernnr que controla el cantón Zaruma, que es una de las fuentes de minería ilegal más grande del país. Además, que dentro de toda la provincia hay diversas plantas de procesamiento minero que no cuentan con permisos ambientales, recogió Primicias.

El exfuncionario estuvo envuelto en una trama de corrupción. Primero, se comrpobó que contaba con un carné de discapacidad de forma fraudulenta. Este documento lo utilizaba para tener diversos beneficios, entre ellos el descuento en la cartillade luz, según los portales La Posta y Zoom.

Sin embargo, el abogado defensor del exministro, Carlos Sánchez manifestó que no hay pruebas que indiquen que el acusado recibió dinero a cambio de puestos públicos.

Supuestos entramados de Vera

En mayo de 2022, la fiscal general, Diana Salazar informó que  Alfonso Z., habría ingresado a trabajar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables como Coordinador Zonal de Imbabura, luego de entregar USD 150 mil como regalo a Vera.

De la misma manera, se descubió un audio en el que el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño afirmó que el exministro le habría ofrecido USD 2 millones por la gerencia de transporte.

Vera también se benefició presuntamente con la licitación de la Ronda Petrolera Intercampos II, en la que se verificó que hubo irregularidades en el proceso de contratación. El exfuncionario supuestamente se demoró en entregar las calificaciones de las empresas que concursaban y mostró intereses personales en algunas de ellas.

Finalmente, se filtro una conversación que demostraría una presunta venta de cargos públicos en el área minera. Radio La Calle tuvo acceso a estos chats entre un delegado del ex ministro con un “interesado”. Aquí se ofrecía el cargo de subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Mineria por el valor de USD 1 millón.

Renuncia y detención

Vera fue detenido en Guayaquil la mañana del 15 de mayo y trasladado a la Policía Judicial, en la avenida José Rodríguez Bonín.El 27 de octubre, Fiscalía allanó la habitación de hotel de Adrián Zamora, quien admitió haber entregado USD 150 mil a Vera por un cargo público. 

El exfuncionario renunció al Ministerio de Energía en 2022 tras los escándalos de corrupción en los que estaba involucrado. La renuncia fue aceptada pesé a que en el mismo día el presidente Guillermo Lasso ratificó su apoyo al implicado. (DCJ)

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Luego de inspeccionar la zona, los uniformados encontraron 25 indicios balísticos y el cuerpo del hombre. El occiso presentaba varias heridas por los impactos de bala, según información proporcionada por Pepe Moreno.

Los moradores del lugar indicaron que la noche del 20 de mayo escucharon varias detonaciones en el sector y alertaron a las autoridades. Según las versiones, habrían dos víctimas más. Sin embargo, el coronel Alex Fabricio Silva solo confirmó una.

Al campamento acudió una comisión de investigación encabezada por el fiscal Pio Palacios, personal de la Dinased de Orellana, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y los agentes. (N.J.C)

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Sinangoe, a través de un comunicado, señaló que en Las Pizarras habían excavado una piscina de grandes dimensiones, un canalón, una motobomba y diversas herramientas para la minería y una retroexcavadora que huyó del lugar al ver a la guardia. Mientras que en Fetsabue estaba una draga, una motobomba y más herramientas para esta actividad.

“Exigimos a las autoridades que investiguen e inspeccionen todos estos hechos y atropellos. Denunciamos públicamente el incumplimiento del Estado en garantizar los derecho de la comunidad”, detalla el documento.

Además, advirtió a las instituciones responsables el riesgo que corre toda la comunidad por las represalias de las empresas mineras con tal de continuar con esta actividad. También, exigió al Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica verificar los niveles de contaminación en el medio ambiente, agua y naturaleza por la minería.

A la Fiscalía de Sucumbíos pidió que investigue el supuesto robo de los tres motores fuera de la propiedad y al GAD Municipal de Gonzalo Pizarra garantizar agua de calidad para todas las comunidades que la utilizan.

Ya tenían el respaldo de la Corte

En enero de 2022, la Corte Constitucional (CC) reconoció la legitimidad de Sinangoe para que desarrolle sus propias formas de defensa y organización territorial.

En el mismo mes de 2023, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica creó el Área de Protección Hídrica Aguarico, que según el presidente Guillermo Lasso, pondría a todos lo ecosistemas bajo la protección del Estado. Este espacio ampararía a todos los sectores en peligro de la minería ilegal, tráfico de vida silvestre y daños ambientales.

“El Estado sigue omitiendo sus obligaciones para impedir las actividades mineras sobre el río Aguarico, mientras la guardia continúa protegiendo su territorio”, reza el comunicado.

La entrada Comunidad Sinangoe denuncia actividad minera sobre el río Aguarico se publicó primero en La Calle.

Talag se convirtió en el nuevo blanco de la minería ilegal desde febrero de 2021. El Gobierno de aquel entonces incautó más de 140 retroexcavadoras y evidenció el alto grado de contaminación en el río Napo.

Según la Fundación Ecociencia, la Amazonía perdió más de mil hectáreas de selva a causa de este problema en menos de cinco años.

Declaratoria de emergencia

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, declaró a la minería ilegal y sus actividades conexas como amenaza a la seguridad integral del Estado. Según el funcionario esa fue una de las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

El secretario comentó que esta decisión se tomó en la sesión del pasado martes, luego de identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos: el narcotráfico, lavado de activos y el tráfico de armas.

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En 1885, el Estado le otorgó un espacio minero legalizado a la empresa. Sin embargo, un asociado le exigió 30 mil hectáreas más. Esto desencadenó un problema entre Gobierno, la empresa y las concesionarias, pues consideró que esto perjudica a la producción minera de Zamora.

El Estado ganó el proceso en contra de adjudicar estas hectáreas a la empresa en 1996, pues se determinó que la sociedad no tenía un sustento legal para la exigencia. No obstante, no se han respetado los acuerdos legales que se impusieron.

Los pequeños mineros exigieron al Estado que regularice estas áreas y su actividad. Entre sus peticiones están: regularizar y establecer medidas mineras para este grupo de trabajadores y las concesionarias.

Demandas en la Asamblea

La asambleísta por Pachakutik Isabel Enríquez exhortó al Gobierno que se respete a los mineros artesanales que continúan a la expectativa de las regularizaciones. «Las postergaciones necesitan parar y el Estado debe responder las demandas», apuntó.

Además, mencionó el caso similar de la empresa Club Street. «Una compañía que no tiene sus estados financieros claros y las oficinas físicas no se encuentran, son empresas de papel», aseghttps://www.presidencia.gob.ec/uró.

Además, señaló que el Estado necesita hacer cumplir la sentencia y dejar de filtrar territorios propicios para la minería ilegal porque los únicos favorecidos son los empresarios.

«La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables necesita hacerse cargo de la sentencia de 1996 en el caso Cumbaratza. Y dejar de favorecer a las empresas mineras«, finalizó.

La entrada Caso Cumbaratza, 35 años sin respuesta ante la minería ilegal se publicó primero en La Calle.

La comunidad posee 627 hectáreas en los que incluye: ríos, bosques, lugares sagrados y espacios de identidad. El abogado Washington Paredes solicitó al alcalde de Arosemena, Isaias Pasochoa, otorgue el soporte técnico para los «alojamientos temporales y asistencia humanitaria».

Confenaie se pronuncia

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) alertó al Gobierno Nacional y al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, las posibles consecuencias por este desalojo.

La organización comentó que la orden la emitió el Gobierno de Napo junto con la viceministra de Seguridad, Sandra Molina.

«La ejecución de la diligencia dispuesta por el Ministerio de Agricultura, se remite la autorización para el acompañamiento de la fuerza pública suscrito por la señora viceministra de Seguridad Ciudadana», reza el documento que expusieron.

Además, el informe comenta que utilizarán el Código Orgánico Penal vigente, artículo 288, se hace efectiva la orden de desalojo y traerá consigo la demolición. También anticipa la utilización progresiva de la fuerza y responsabiliad de los efectivos policiales.

Una primera alerta

Comuneros de Tzawata alertaron el ingreso de mineros y las presuntas amenazas de desalojo al territorio ancestral, el pasado 6 de marzo de 2023. «No nos dejaremos. Qué viva la lucha. La tierra no se vende, la tierra se defiende», gritan los manifestantes.

Asimismo, mencionaron que ante la negativa del presidente Lasso de atender este problema, la única alternativa que tienen es unirse y defender sus tierras. (N.J.C)

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Leonidas Iza, presidente de la Confederación, señaló que las organizaciones indígenas defenderán con «firmeza y apoyo de lucha» sus territorios que han sido violentados por las actividades extractivistas.

Además, el líder indígena declaró al presidente Guillermo Lasso como el responsable directo de los sucesos. También advirtió que, con estas acciones, el primer mandatario ha roto los acuerdos de la mesa de diálogo referente a las garantías sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada.

«Rompió los acuerdos de las mesas de diálogo donde se dijo, con acuerdo firmado, en todas las etapas del desarrollo de la minería se debe garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada. Mientras esto no exista, se suspende todo proceso donde se ha violentado este derecho», dijo en rueda de prensa.

Iza, junto a dirigentes y representantes del movimiento indígena, alertó que el ingreso no autorizado de las mineras está prohibido por las leyes.

«No pueden imponer y romper los derechos de la Constitución y adheridos a nivel internacional. Estamos enfrentando sus políticas de violencia de minería legal e ilegal en el país», enfatizó.

La Conaie mencionó que el Gobierno Nacional es el responsable de la militarización en sus territorios. «En diciembre de 2022, el presidente declaró 11 proyectos mineros como zonas de seguridad. Esto significa militarizar como si fueran guardia privada de las empresas transnacionales», puntualizó.

Fierro Urco bajo ataque

Habitantes de Gualel denunciaron el ingreso “ilegal y arbitrario” de la empresa minera Guayacan Gold a la cordillera de Fierro Urco. La empresa llevó maquinaria, equipo, 30 camiones, y el personal al lugar protegidos por la Policía, Fuerzas Armadas y seguridad privada. El hecho tomó lugar la madrugada del 23 de febrero.

En múltiples fotos que circulan en redes se evidencia la presencia de las fuerzas del orden militarizando Gualel.

La exvicepresidenta de la Ecuarunari, Nayra Chalá, explicó que dos vehículos de la comunidad fueron atacados y los agentes del orden avanzan de forma violenta.

La entrada Iza sobre minería en Fierro Urco: «Lasso rompió con los acuerdos» se publicó primero en La Calle.

El anunció se hizo oficial este jueves, 26 de enero de 2023, luego de una reunión con dicho Consejo. No obstante, Ordoñez expuso que la decisión se tomó en la sesión del pasado martes, luego de identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos: el narcotráfico, lavado de activos y el tráfico de armas.

Sin embargo, Ordoñez aclaró que no es sencillo establecer porcentajes de penetración del crimen organizado en la minería ilegal.

La Cosepe también decidió que otorgará respaldo para las concesiones mineras legalmente establecidas. Asimismo, se refirió a la necesidad de un reordenamiento normativo. Por ello se firmará un decreto y el establecimiento de sanciones.

Policía Nacional y Fuerzas Armadas: actores claves frente a la minería ilegal

Ordóñez, recalcó que Policía Nacional y Fuerzas Armadas actuarán si existen impedimentos para que las empresas mineras desarrollen sus actividades. Pero los proyectos mineros no serán declarados zonas de seguridad. Esto debido a que se pretende generar planes integrales entre esas fuerzas del orden para combatir la minería ilegal.

Se presume que la minería ilegal operaría en el menos 11 provincias: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, El Oro, Azuay, Imbabura y Loja.

JR

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Según el secretario de Estado, 22 son hombres y seis mujeres. Un total de 21 son postulantes a alcaldías, tres a prefecturas y cuatro a concejalías.

Los implicados pertenecen a las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Sucumbíos.

«La información que entregamos ahora es valiosa porque alimenta ocho investigaciones previas que ya realiza la Fiscalía, la Policía Nacional brindará la colaboración necesaria», dijo Zapata.

El ministro señaló que la investigación contiene nombres, dignidad a la que postulan y el partido al que pertenecen.

Por su parte, el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, mencionó recabaron información de otras investigaciones que ya estaban en curso. También expresó que se utilizaron fuentes humanas y abiertas. “Nuestra obligación es poner a orden de la justicia la información recabada”, finalizó.

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Policías, militares y seguridad privada se desplegaron para asegurar el paso de la maquinaria pesada y el establecimiento de campamentos.

Según fuentes de El Triunfo, los uniformados arrestaron a dos comuneros durante la intervención. Además, denunciaron el ingreso violento y el uso de gas lacrimógeno contra los pobladores desarmados.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su desacuerdo mediante su cuenta de Twitter. “El plan de la seguridad de Lasso pone a la fuerza pública al servicio de las mineras y en grave peligro a la población”, publicó.

Así mismo, la bancada Pachakutik denunció las agresiones mediante un comunicado. “Este mal uso de los recursos públicos los fiscalizaremos, porque mientras la delincuencia y los corruptos se apoderan de las calles e instituciones del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas protegen a una empresa minera transnacional depredadora”, manifestó.

El artículo 57 de la Constitución de Ecuador en territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. (O.S.V)

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En su cuenta de Twitter, cuestionó la supuesta ausencia de los indígenas en las orillas del río Napo. Mientras tanto, ni los ministerios de Energía y Minas, Ambiente o del Trabajo se han pronunciado sobre estas actividades presuntamente ilegales.

«¿No que luchan por el medio ambiente? ¿La pacha mama? ¿Quiero proteger mi tierra ancestral? ¿Doble moral compañeritos?», reprochó.

La minería legal e ilegal fue un punto en las mesas de diálogo entre el Gobierno y la Conaie. Según el líder indígena, Leonidas Iza, el Ejecutivo no podía impulsar esta actividad, al menos, hasta que la consulta popular se realice. Sin embargo, el pasado 5 de enero, Iza comentó que el gobierno de Lasso continúa impulsando los proyectos mineros.

Además, ante la militarización de las empresas mineras, el movimiento indígena dio un ultimátum y anunció que tomarían nuevas medidas. Iza advirtió que las mineras nacionales y transnacionales perderán sus inversiones, pues los indígenas no permitirán que ingresen a sus comunidades.

Al tacho los acuerdos…

El Gobierno Nacional firmó dos contratos de inversión minera. Uno para Curipamba-El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El segundo, para Warintza, ubicado en la provincia de Morona Santiago.

El acuerdo tiene una serie de incentivos financieros, fiscales y legales que tienen una validez de 10 años, hasta marzo de 2033. El contrato tiene posibilidad de extensión. En el caso de El Domo, se prevé que sea la tercera operación minera industrial del país.

¿Regalías?

Por otro lado, el asambleísta por Pachakutik, Ángel Maita, manifestó que las regalías de la minería ilegal a cielo abierto no compensan el daño provocado en los territorios.

Los ríos están contaminados de mercurio y existe afectación a la flora y fauna. Además, los habitantes y trabajadores del sector denunciaron que están expuestos a enfermedades catastróficas. (N.J.C)

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La minería ilegal se ha tomado la parte alta del río Santa Bárbara, en el cantón Sígsig (Azuay). En la zona conocida como Infiernillos el agua se ve turbia y en medio del bosque nativo se han instalado campamentos.

El río Santa Bárbara, que atraviesa los cantones Sígsig, Gualaceo y Chordeleg, ha sido históricamente una fuente de extracción de minerales en Azuay, sobre todo de oro. A sus habitantes les preocupa que ahora esa extracción avanza hacia zonas de conservación y eso se empieza notar en el río Santa Bárbara.

Además, los habitantes de la zona denuncian la presencia de personas armadas, entre los supuestos mineros.

Aunque el sector de Infiernillos no es de fácil de acceso, los mineros irregulares se han ingeniado para llegar con dragas, motores, combustible y otras herramientas.

En agosto de 2021, el Gobierno Provincial del Azuay decidió clausurar una vía que era usada para ese fin, pero los mineros empezaron a abrir otras rutas.

Grupos irregulares controlan la zona

Los integrantes de la comuna indígena San Sebastián, que vigilan la zona, aseguran que hay nuevos grupos armados que aprovechan la existencia de concesiones de minería artesanal para ingresar y disfrazar sus actividades ilícitas.

“Se encuentran hombres armados, lo que les permite controlar esos territorios y también impide que se puedan realizar acciones directas”, detalla un comunicado de la comuna San Sebastián.

Arturo Faicán, técnico de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Sígsig, corrobora esa versión. Sostiene que habitantes y autoridades han recibido amenazas de grupos armados, por lo que piden a la Gobernación del Azuay un control permanente, con policías y militares.

Según la Gobernación del Azuay, los controles en Infiernillos son frecuentes. El último operativo fue en noviembre de 2022 y a lo largo del año se han efectuado al menos dos más.

En el último operativo estuvieron miembros de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio del Ambiente y de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza.

Ese día encontraron cuatro campamentos para al menos 100 personas, cuatro dragas, cuatro bombas y 250 galones de combustible.

Informe sobre daños ambientales

En esa visita, el Ministerio del Ambiente constató el impacto de las actividades denunciadas. “Existe afectación ambiental al recurso agua, flora y suelo”, consta en el informe al que tuvo acceso PRIMICIAS.

Los principales hallazgos son:

• Los trabajos extractivos alteraron el curso natural del río Culebrillas, afluente del río Santa Bárbara.
• Hay tala de vegetación para la instalación de los campamentos.
• El combustible se almacena en recipientes de plástico, directamente sobre el suelo. No tienen una infraestructura adecuada para contención de eventuales derrames.

Todas esto dentro del área de bosque y vegetación protectora río Shio-Santa Bárbara, detalla el informe. La mitad de este territorio es páramo y un 35% bosque nativo.

Según la descripción del Ministerio del Ambiente, las áreas de bosque y vegetación protectores no debería ser usadas para ninguna actividad humana. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres.

Esta zona también fue identificada como zona ecológica de protección en el Plan de Ordenamiento Territorial de Sígsig. El objetivo es frenar las actividades mineras de todo tipo.

Arturo Farfán, técnico de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Sígsig, explica que en 2021 se logró archivar 13 concesiones. Este año ya hay 18 trámites ingresados para obtener nuevos permisos, algunos pertenecen a los antiguos propietarios.

El Municipio de Sígsig espera que las autoridades ambientales y del Ministerio de Energía y Minas tomen en cuenta las características de este territorio al momento de decidir sobre las concesiones.

Redacción: Primicias

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A 500 metros de la plaza central del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, se concentran decenas de retroexcavadoras que extraen de manera ilegal oro del río Guanache.

En este lugar y el río Gala, ubicado en Bella Aurora, se registró un aumento de esta actividad minera durante el último año. Además, de la identificación de 22 concesiones.

Pese a estar sumergidos en la contaminación, la vicealcaldesa Patricia Villacís, informó que el río Gala es el único que mantiene los niveles de contaminación normales.

Pues, los habitantes del sector tienen acceso al agua desde el cantón vecino Pucará.

ILEGALIDADES EN LOS PROCESOS DE SANCIÓN A LAS CONCESIONARIAS

De las 22 concesiones identificadas en esta zona ninguna posee algún tipo de sensación.

Según Primicias, de todas esas concesiones, 10 se encuentran en trámite para obtener un título minero, seis están en medio de un proceso de regularización, tres no han iniciado ningún tipo de proceso y otras tres se manejan bajo el régimen de minería artesanal.

Por lo que, el viceministro de ambiente, José Antonio Dávalos, la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, en mayo del 2022 levantó seis informes al inspeccionar la zona, pero ninguno dispuso algún tipo de sanación o suspensión para los implicados.

La única concesión que recibió una orden de suspensión fue Leliatere 1, de la compañía Colibrimining.

Sin embargo, la sanción se retiró, ya que, según el ministro de Energía y Mina, Xavier Mera, ésta subsanó los requerimientos técnicos.

Pues, la concesionaria especificó que el agua sin tratamiento se aloja en una quebrada a 10 metros de distancia.

Ante esto, los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Rodrigo Fajardo, miembros de la Comisión de Biodiversidad, insisten en que se investigue porque el Ministerio del Ambiente no inició con los procedimientos correspondientes oportunos.

REPERCUSIONES AMBIENTALES Y SOCIALES SIN ATENDER

“El pedido de nuestras comunidades es cuidar el 10% del agua no contaminada que nos queda”, detalló el presidente del Frente Ciudadano en Defensa del Río Gala, José Leonidas Feijó en el diario Primicas.

Pues, pese a que en el 2019 las concesiones Ximena, Rossana y Guanache fueron suspendidas, hasta el momento no se han evidenciado mejoras ambientales, y, en su lugar la minería ilegal expande sus frentes.

Además, dentro de este mundo de ilegalidad surgen problemas relacionados a la violencia, robos, secuestros y otros conflictos sociales que afectan a los habitantes del cantón.

OPERATIVOS EN EL SECTOR

El 25 de agosto, se realizó un operativo en el río Guanache, el que se encontró un total de 30 máquinas. De las cuales, 13 eran excavadoras y 12 clasificadoras. Además de, 300 galones de diésel.

De la misma manera, el pasado 08 de septiembre las Fuerzas Armadas, la Policía, personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales realizaron un operativo en el cantón.

En el cual se encontraron 200 bultos de material mineralizado, 77 tacos de dinamita, 60 tacos de nitrato de amonio, 25 libras de nitrato de amonio, cuatro bocaminas y otros elementos de para la minería ilegal y se detuvieron a 16 personas en una concesión sin permiso, según Primicias.

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«De la búsqueda realizada en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), a la presente fecha con los datos proporcionados «Mario Fernando Ruiz Jácome», no existen coincidencias de noticias por el presunto delito de minería ilegal», reza la contestación de la Fiscalía al legislador por Pachakutik.

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó el miércoles 2 de marzo que a la institución de control no fueron remitidos documentos que soliciten investigar a Ruiz u otros asambleístas por nexos de minería ilegal en Imbabura y Napo.

El parlamentario por Packakutitk explicó días atrás que cualquiera puede inventarse un cuaderno con nombres y sumas de dinero. Pidió que revisen todas sus cuentas y de sus familiares para corrobar las afirmaciones de Cordero. «Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Le autorizo a la Fiscal Salazar que revise mis cuentas a ver si hay algún depósito irregular», acotó.

La prueba de Cordero, un cuaderno

El 22 de febrero, la oficialista Ana Belén Cordero afirmó que existen «nexos directos» de legisladores, asesores y exfuncionarios con la minería ilegal en Ecuador. Cordero expuso a los medios de comunicación un cuaderno, un recibera y un informe de Inteligencia como pruebas. Señaló que en ellos aparece el nombre de Mario Ruiz y trabajadores de su despacho.

Para Cordero, esos «documentos» son pagos a campañas o apoyo logístico destinado a la minería ilegal. Mencionó que las pruebas provienen de operativos de la Fuerza Pública.

Según Cordero, esas evidencias demostrarían las relaciones de Ruiz en actividades de minería ilegal en las provincias de Imbabura, El Oro y Napo, específicamente en los cantones de Zaruma y Buenos Aires.

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“¿No querían conformar una comisión para revisar las concesiones y por qué hay nexos directos de asambleístas, exasambleístas y asesores con la minería ilegal?», cuestionó Cordero.

La asambleísta señaló que en el cuaderno aparece de manera recurrente el nombre de Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik y su asesor José Ayala. Además, mencionó que estarían involucradas autoridades de los GAD de Puerto Napo.

Las pruebas que presentó Cordero demostrarían que la minería ilegal en las provincias de Imbabura, Napo y El Oro están directamente relacionadas.  “De hecho, en este cuaderno anotan cuantas minas están produciendo”, sostuvo la asambleísta.

“La pobreza en la que están sumidas algunas provincias del país, y aquí estos se llevan USD 600.000 semanales producto de minería ilegal”, aseveró Cordero.

La asambleísta también comentó que posee un informe de inteligencia sobre minería y que, en conjunto con el cuaderno y la recibera, los presentará ante la Fiscal General del Estado para iniciar una investigación.

Asambleísta Ruiz se pronuncia frente a los señalamientos

Mediante una rueda de prensa, el asambleísta Mario Ruiz aseguró que los señalamientos de Ana Belén Cordero son calumnias.

“Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Yo le autorizo a la Fiscal General del Estado que revise mis cuentas, las cuentas de mis padres, hermanos, de mis familiares a ver si hay algún depósito irregular”, sostuvo Ruiz.

El asambleísta recalcó que todas las acusaciones que realizó Cordero debe justificarlas con pruebas y no con “un cuadernito hecho por ellos mismos”.

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Tráileres con plataformas llegaron al sitio y procedieron a retirar las máquinas con custodia militar. Asimismo, las autoridades informaron que se trasladaron las excavadoras hacia el Recinto Ferial del Tena. La maquinaria tendría un valor de USD 150.000, por lo que la inversión ascendería a los USD 16 millones.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, declaró que tienen el control total del área y realizan investigaciones para llegar a los dueños de la maquinaria y con todas las personas involucradas en el comercio ilícito.

“No nos retiraremos hasta ver a este lugar libre de minería ilegal. Tengan la seguridad que continuaremos combatiendo estas actividades ilícitas en todo el territorio ecuatoriano”, mencionó la funcionaria. 

La intervención en el área comenzó el fin de semana pasado cuando llegaron militares y policías a Yutzupino. La maquinaria estaba en la zona del río Jatunyaku en busca de oro.

Sobrevuelo

En la mañana del viernes 18 de febrero, Alexandra Vela junto con la Policía y F.F.A.A, sobrevolaron la zona afectada. Por lo que, aseguró que el operativo en Napo ha tenido éxito.

En imágenes compartidas a través de Twitter se observa la depredación de las áreas naturales como consecuencia de la minería ilegal. Una de la zonas más afectadas es el río Jatun Yaku, el cauce natural fue desviado y quedó devastado.  

Durante las últimas semanas, ambientalistas y activistas denunciaron la depredación que se estaba realizando en Yutzupino.

Sin embargo, según alertas de varios defensores de los derechos humanos, la Fiscalía no actúa y se le acaba el plazo para la flagrancia. También se habla de que autoridades de Napo tendrían maquinaria sacando oro en en el río Yutzupino.

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