El origen de la medida

La tarifa fue implementada por el Gobierno como parte de un plan para fortalecer el control de la actividad minera y financiar la lucha contra la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, podría recaudar alrededor de USD 229 millones anuales que serían destinados a monitoreo, control y remediación ambiental.

https://x.com/ARCOM_Ecu/status/1938828707491389634?t=9wst2u4nuiVB13BeBxuldg&s=19

Argumentos de los mineros

Las organizaciones demandantes sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial para pequeños y medianos productores, que ya cumplen con obligaciones tributarias y legales.

Advierten que la medida podría provocar el cierre de minas formales y aumentar la informalidad en el sector.

“Somos mineros legales y no podemos pagar valores tan exagerados ”, señaló Guillermo Godoy Presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE)

Lea también: Comunidades kichwa de Napo conviven con agua contaminada por la minería ilegal

El siguiente paso legal

La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y, en caso de hacerlo, evaluar la constitucionalidad de la norma. Los gremios piden que se suspenda la aplicación de la tasa hasta que se realice un análisis técnico y económico sobre su impacto.

Posición del Gobierno

El Ejecutivo defiende el cobro como una herramienta clave contra la minería ilegal, actividad que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha crecido de forma acelerada y genera daños ambientales y pérdidas fiscales millonarias.

La entrada Otra demanda a cargo de la Corte Constitucional se publicó primero en La Calle.

El colectivo alertó sobre la presencia de paramilitares armados en el sector. De la misma manera, señaló que los «vigilantes» atacaron a los campesinos de Las Pampas, un sector de Sigchos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa a uno de los afectados con golpes en su cabeza y mano.

«Responsabilizamos a Daniel Noboa de las consecuencias de su política minera», resalta el tuit del colectivo.

De la misma manera, la Conaie detalló que, el 7 de marzo de 2024, individuos armados paramilitares, identificados con la «Junta de Defensa del Campesinado», que se vincula con empresas mineras desde el 2021 se reunieron en Palo Quemado. Según el movimiento, el grupo armado realizó controles de carretera no autorizados, solicitaron documentación a los transeúntes y portaban armamento pesado.

Posterior a eso, el 9 de marzo, cerca de 20 campesinos fueron intimidados cuando se dirigían a una asamblea comunitaria. Además, ingresaron a sus domicilios y amenazaron a todos sus familiares.

«Todo eso a los opositores a la empresa canadiense y su subsidiaria La Plata. Todo eso en complicidad del Estado», reza el comunicado.

También acusó al gobierno y al presidente Daniel Noboa por incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos. En el comunicado, detalla que todos los procesos serían para beneficiar a las empresas mineras.

Una consulta inconstitucional

El Ministerio de Ambiente realizó una consulta ambiental en julio de 2023. El proceso fue calificado de ilegítimo por la población y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC). La Conaie enfatizó que esta acción se desató en medio de una represión hostil que dejó a seis campesinos lesionados, dos de ellos de gravedad.

Yasunidos también se pronunció al respecto y se solidarizó con sus compañeros de Sigchos, quienes sufrieron agresiones por resistirse a la minería. De la misma manera, responsabilizó al gobierno de los futuros actos y hechos que se desaten.

«Es su gobierno el que ha decidido de manera ilegal dar respaldo a proyectos mineros a pesar de la clara resistencia y oposición de las poblaciones en territorios», detalla el documento.

La entrada Denuncian nuevos altercados entre paramilitares y campesinos por minería se publicó primero en La Calle.

Es decir, abriría la puerta al arbitraje de las instituciones en tribunales internacionales, pese a que esto contradice la Constitución del Ecuador. Además, Chérrez señaló que el régimen crea expectativas sobre las garantías jurídicas en el país para que incursionen en la minería. Advirtió que solo priorizan los intereses de los inversionistas mineros.

«Eso significaría un asalto a los fondos públicos sobre todo cuando se habla de medidas urgentes para la crisis económica», reprochó.

Detalló que el país atraviesa una demanda por más de USD 400 millones interpuesta por una empresa China que tuvo que suspender sus actividades en el Río Blanco, en Azuay. Algo similar ocurre con Chevrón, otra empresa que demandó al país por más de mil millones de dólares.

«Esto no tiene nada de lógica o consistencia y menos cuando incrementaron el IVA en 3 puntos por esa crisis», dijo.

De los oídos sordos…

Chérrez cuestionó que Daniel Noboa no escuchó las advertencias de los ciudadanos ante un escenario minero compulsivo en Ecuador. Relató que en Canadá se presentaron con la promoción de territorios, espacio de vida de las comunidades y la naturaleza a modo de oferta o subasta sin analizar las consecuencias.

Indicó que el colectivo y 12 organizaciones más presentaron en 2023 un informe de cinco proyectos mineros, donde hallaron violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Argumentó que encontraron irregularidades ambientales, no tenían licencia, entre otras cosas, que el régimen no prestó atención a la hora de firmar estos acuerdos.

«Es preocupante que se quiera afirmar que ganaron unos cuantos miles de dólares pactando con empresas que incumplieron las reglas ambientales y estaban en los informes que presentamos», dijo.

El famoso catastro minero

La representante de Acción Ecológica explicó que las autoridades pretenden abrir el catastro minero, un mapa con una serie de líneas que señalan los distritos mineros. Resaltó que esta actividad oculta que esos territorios son espacios de vida, de comunidades llenos de características que tienen que ser respetadas. «De lo contrario se declararía estado de barbarie en el país», anticipó.

Apuntó que la entidad y otras organizaciones de Canadá dialogan para acceder a fuentes de primera mano y conocer el acuerdo que firmó Noboa. Esto para no «caer en interpretaciones antojadizas» y anteponer una cifra económica a la realidad de los pueblos ecuatorianos.

«Se estarían subordinando a los intereses de transnacionales y explotar recursos nacionales en las peores condiciones», enfatizó.

Las principales consecuencias

La activista enumeró que las principales consecuencias de expandir la frontera minera son: la remoción de tierras, contaminación del ambiente con el ácido de piedra al extraer los minerales y el posible desplazamiento de las comunidades.

Aludió que los daños más graves se generan en las zonas agrícolas, aquellas que dependen de las vertientes de agua, bosques y otros espacios. El ejemplo más claro es el territorio de Las Naves, donde se enfrentaron civiles y policías porque las autoridades trataron de imponer una consulta.

La entrada «El TLC con Canadá abre la puerta al arbitraje y demandas multimillonarias», advierte activista se publicó primero en La Calle.

Noboa presentó esta propuesta que «incentivará la inversión en esta actividad extractivista«. El proyecto lo expuso en la Feria PDAC junto a las ministras de Energía, Andrea Arrobo y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. El primer mandatario, alegó que su gobierno está apegado a todos los lineamientos para lograr este «objetivo».

En contra parte, María Angélica Loja, ciudadana que marchó en contra de estos proyectos, indicó que el presidente no «puede violar los derechos de la tierra y de los ciudadanos». De la misma manera, explicó que lleva más de 30 años luchando para que se respete Quisacocha, un sector de Cuenca.

«Yo vivo del agua, del producto de la tierra. El señor Noboa no me puede quitar esos derechos (…) Mi deseo es que mi país quede libre de minería«, dijo en medio del platón.

Los ciudadanos entregaron una carta al embajador de Canadá en Ecuador, Sthepen Potter, para que «cumpla con sus acciones extraterritoriales en derechos humanos». Además, lo instó a trabajar en defensa de los espacios de vida ante los atropellos corporativos.

«No es posible condenar a todo un pueblo por unos cuantos pesos», reprochó. Otro manifestante recalcó que ganaron varias acciones de protección y medidas constitucionales que los gobiernos de turno no han respetado.

¿Por qué se suspendieron estas acciones?

El catastro minero, proceso que le permitiría al Estado otorgar concesiones mineras a otras empresas, fue suspendido en 2018. Sin embargo, el gobierno de Guillermo Lasso intentó reabrirlo. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), si el régimen daba apertura a este proceso estaría incumpliendo a la promesa de moratoria de proyectos mineros. Esta promesa se acordó tras las mesas de diálogo del paro nacional de 2022.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas anunció que el catastro se abriría en 2023. De acuerdo a la entidad, cerca de 600 procesos quedaron suspendidos.

• Imagen referencial

La entrada «No puede perjudicar a todo un pueblo por unos cuantos pesos», dice ciudadano ante agenda minera de Noboa se publicó primero en La Calle.

Los moradores se concentraron en los exteriores de una UPC del cantón. Según ellos, el decreto pretende dar paso a las actividades de la empresa minera CURIMINING S.A. Al lugar acudieron uniformados quienes se encontraban resguardando el edificio policial.

Los carteles de los manifestantes resaltaban la Ley de Aguas, la cual se presume, se modificaría con la consulta que se iba a realizar en el UPC del poblado

Este decreto permitirá ejecutar el proceso de consulta ambiental en comunidades, sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto en el medio ambiente.

«No a la agricultura, porque nos contaminan» afirmó uno de los asistentes. Además, comentó que ya son 15 años que la localidad enfrenta las intenciones extractivas.

Aseguró que la actividad minera que se llevaron a cabo mató a gran parte de la flora fluvial del pueblo. También, enfatizó que la mayoría de habitantes centran su actividad económica en la agricultura.

Caso Cumbaratza, 35 años sin respuesta ante la minería ilegal

El clamor de los manifestantes

En videos difundidos en redes sociales por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), los manifestantes reclamaron que nunca dieron paso a la consulta.

Actualmente, todos permanecen en ‘vigilia’ y la consulta que pretendía realizarse en esta fecha al parecer fue cancelada. Al momento no hay comunicado oficial del Gobierno al respecto de lo sucedido.

(S.B.).

La entrada Habitantes de Bolívar protestan por el decreto de Lasso pro-minería se publicó primero en La Calle.

El 1 de junio las lideresas indígenas Patricia Gualinga, Yesica Patiachi y la hermana Laura Vicuña entregaron una serie de regalos al Sumo Pontífice. Las mujeres expusieron la realidad del pueblo indígena y el rol la iglesia en el territorio.

El problema de la minería

Además, manifestaron su preocupación por las políticas que atentan contra los derechos de los habitantes de la Amazonía. Muchas de estas políticas tienen una finalidad de negocio, explicó Gualinga.

«En estos últimos años, los gobiernos están promocionando la minería a cielo abierto, pero también está la minería ilegal. La CEAMA está acompañando los procesos de lucha de los pueblos, ya sea en el tema minería, ya sea en el petróleo, ya sea en el tema de salud y en estas voces que están», agregó.

También lamentó que las personas no quieran generar una conciencia de cuidado ambiental. Resaltó que la naturaleza fue invadida por el mercado.

El Chocó Andino

»El Papa Francisco le dice SÍ al Chocó Andino de Quito», dijo el colectivo Quito sin Minería.

Entre los obsequios entregados al papa Francisco se encontraba una camiseta de Quito Sin Minería, un símbolo de lucha contra esta problemática en el Chocó Andino, al noroccidente de Quito.

En febrero del 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe de verificación de firmas de respaldo para la consulta popular sobre la minería metálica en el Chocó Andino. El colectivo Quito sin Minería recuadó 206 517 firmas de respaldo, más de la cifra establecida. (A.G.M).

La entrada Lideresas indígenas exponen situación del Chocó Andino al Papa Francisco se publicó primero en La Calle.

«Esta sentencia, junto a la emitida a favor del Bosque Protector Los Cedros, también en esta misma zona, marcan un hito en el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza», reza el comunicado.

El proyecto lo ejecutan la miera chilena Codelco y la estatal ecuatoriana Enami. Con esta sentencia, son seis las empresas mineras que han abandonado este territorio.

Además, en los noventa una empresa japonesa tuvo que abandonar el territorio, luego la canadiense Copper Mesa en el 2000, Cornerstone en 2021, BHP y Codelco e Enami.

La acción de protección

El 21 de julio de 2022, la comunidad interpuso una acción de protección a favor de las especies y las comunidades que habitan en el lugar.

Esta medida fue dirigida para el Ministerio de Ambiente y la estatal Enami junto a Codelco. Las empresas pretendían desarrollar un proyecto minero a cielo abierto y a gran escala en Imbabura, según Radio Pichincha.

Una larga lucha

Intag lleva más de 30 años luchando por la protección de Junín, Chalguayacu Alto, Cerro Pelado y Barcelona, afectados por la minera Llurimagua.

La Corte aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), observados por la entidad sin haber realizado la consulta ambiental previa. (N.J.C)

La entrada Comuneros de Intag le ganan la batalla a empresas mineras se publicó primero en La Calle.

Policías, militares y seguridad privada se desplegaron para asegurar el paso de la maquinaria pesada y el establecimiento de campamentos.

Según fuentes de El Triunfo, los uniformados arrestaron a dos comuneros durante la intervención. Además, denunciaron el ingreso violento y el uso de gas lacrimógeno contra los pobladores desarmados.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su desacuerdo mediante su cuenta de Twitter. “El plan de la seguridad de Lasso pone a la fuerza pública al servicio de las mineras y en grave peligro a la población”, publicó.

Así mismo, la bancada Pachakutik denunció las agresiones mediante un comunicado. “Este mal uso de los recursos públicos los fiscalizaremos, porque mientras la delincuencia y los corruptos se apoderan de las calles e instituciones del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas protegen a una empresa minera transnacional depredadora”, manifestó.

El artículo 57 de la Constitución de Ecuador en territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. (O.S.V)

La entrada Denuncian invasión militar para favorecer a minera, en Imbabura se publicó primero en La Calle.

Según fuentes cercanas a la cartera de Estado, la obra estaría envuelta en una cortina de dudas y falta de transparencia. Se presumen que un importante bufete de abogados de la capital de la República, firma allegada a Vera, habría sostenido reuniones opacas con compañías interesadas en invertir en el proyecto. Con esto, los “cercanos” del exministro habrían tenido acceso a información privilegiada del proceso. Dichas reuniones se habrían llevado a cabo durante visitas a Houston, EE.UU., y  México D.F.

Pero el entramado no acaba allí. Presumiblemente, para no dejar huella, es otra la empresa encargada de manejar las relaciones con los compradores interesados. El 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas lanzó la Ronda Intracampos II y contrató a la empresa petrolera Hole Maker. No obstante, fue la “única” con la capacidad de tener contacto con los posibles ofertantes de los campos a licitar.

Sobre la Ronda Intracampos II

El Gobierno Nacional busca captar inversión privada por USD 2.051 millones con la licitación de la Ronda Petrolera Intercampos II. El proyecto está conformado por seis bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos: Lumbaqui, Saywa, Tamya, Tetete Sur, VHR este y VHR oeste. Según el Ministerio, la obra se socializó con las comunidades del sector: las nacionalidades Kichwa, Cofán y Shuar.

Vera, toda una joya

Desde mediados de octubre de 2022, se destapó una serie de escándalos de corrupción en los que estaría involucrado Xavier Vera. La mayoría de casos se habrían cometido cuando ejercía la titularidad del Ministerio del ramo.

La primera piedra para Vera apareció cuando el medio digital Zoom publicó un documento en el que supuestamente demostraba que el ex alto funcionario tenía carné de discapacidad. Con la especie, Vera se habría beneficiado de un descuento en la tarifa de luz. Más adelante, el portal digital La Posta reportó más documentos sobre el carné “trucho”. Finalmente, la asambleísta por UNES, Sofía Espín denunció a Vera por uso doloso y tenencia ilícita de carné de discapacidad.

El segundo tropiezo (consecutivo) ocurrió cuando La Posta reveló audios y chats sobre presuntos sobornos que habría pedido Vera. En un audio, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño afirmó que el exministro le habría ofrecido USD 2 millones por la gerencia de transporte. En otro archivo, el abogado Adrián Zamora dijo que le habría pagado a Vera USD 150 mil por un puesto.

Por este último caso, Fiscalía allanó tres inmuebles, dos de Vera, uno en Quito y el otro en Guayaquil; y su despacho en el Ministerio de Energía. Actualmente, Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho. Frente a todo esto, Vera renunció el 28 de octubre a la jefatura de Minas.

No es todo…

Otras posibles irregularidades habrían sucedido en el transcurso de los dos últimos casos. Un periodista de La Posta también mostró una hoja de ruta de cómo Vera habría manejado fuera de sus competencias el Ministerio. Por esto, sujetos habrían intentado sobornar al periodista.

Ahora, otro posible caso de soborno sale a la luz y comprometería más al exfuncionario. Se trataría de una presunta venta de cargos públicos en el área minera. Radio La Calle tuvo acceso a una conversación entre un delegado del ex ministro con un “interesado”. A continuación un chat de funcionarios de la cartera de Estado:

La entrada <strong>Vera y Ronda Intracampos II: ¿Una venta millonaria que perjudicaría al Estado?</strong> se publicó primero en La Calle.

Bermeo viajaba junto a su hermano en un grúa por el sector de San Pedro de Yumate. Durante el recorrido, fueron interceptados por un vehículo. Un sujeto les pidió remolcar un camión que al parecer contenía material aurífero. Bermeo y su hermano se negaron. De repente salieron hombres armados y dispararon contra la grúa. La defensora recibió un impacto de bala en el pecho, lo que provocó su muerte.

Según denunciaron colectivos, dos vehículos se dirigían a la concesión de la minera china Ecuagoldmining S.A. para sacar oro el 21 de octubre. Un camión fue retenido por la Policía, y por decisión colectiva de la comunidad solicitaron que devuelvan el material extraído a Molleturo. En el camino, por el control Tamarindo vía Naranjal-Cuenca, se encontraron con la grúa de Bermeo y ocurrió el fatídico desenlace.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció los constantes y violentos ataques que sufren las personas defensoras de las comunidades del Azuay. Durante el mes de octubre, todas las víctimas han sido mujeres. Sin embargo, ni la Gobernación de la provincia, ni la Policía o la Fiscalía actuaron oportunamente frente a las agresiones que han recibido las comunidades que rechazan la minería ilegal y legal.

Más ataques…

El 1 de octubre, la casa de otra defensora fue atacada. El GAD de Molleturo habría encargado a Mónica Guarango maquinaria para el mantenimiento de una vía. En la noche, antisociales dispararon contra su hogar mientras ella descansaba junto a su hijo.

El mismo día, se presume que los mismos hombres quemaron la casa de la comuna en la montaña. Allí los moradores realizaban labores de monitoreo y restauración ambiental.

Una semana después, el 8 de octubre, la defensora Dina Chillpi recibió un disparo en su pierna cuando estaba en el Frente de Resistencia de San Pedro de Yumate.

Exigencias

«En 2018 se ordenó que la empresa china suspenda las actividades mineras en el lugar, sin embargo, la mina no ha tenido un cierre técnico definitivo. Los pobladores denuncian que la empresa estaría fomentando estos conflictos», reza la denuncia pública de la Alianza.

Las comunidades exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto. Además, que dejen sin efecto las licencias de la minera china y que el Estado ecuatoriano implemente las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de la naturaleza.

La entrada Defensora de la naturaleza es asesinada en Cuenca se publicó primero en La Calle.

El 24 de octubre se termina el plazo de la recolección de firmas para ir a la consulta popular que saque a las empresas mineras de la mancomunidad. Hasta el momento los colectivos lograron reunir más de 300 mil firmas. Sin embargo, no es una cifra suficiente debido a los estrictos requisitos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los requisitos importantes para ratificar una firma es que sea idéntica a la de la cédula y que el ciudadano esté empadronado en Quito. La procuradora de la iniciativa Quito Sin Minería, Teolinda Calle, mencionó que en este proceso se invalidan muchas firmas por lo que no necesitan 200 mil, sino 400 mil. La meta de llegar a un consultar popular es significativa, pues se conservaría la biodiversidad de todo el lugar.

“Vamos a lograr que las concesiones mineras que están esperando instalarse, además de las doce que ya están, no entren al Chocó Andino”, dijo Calle.

También resaltó que a pesar de que varias empresas cuentan con la concesión no tienen los permisos ambientales para operar. Sin embargo, en algunos lugares ya se inició con la fase de exploración como en la parroquia de Pacto.

Existen varias empresas que tienen concesiones en el lugar entre ellas Andes, Natural Resources, Melina Changó y CODELCO. En este último caso, la empresa tiene la concesión sobre el Corredor Ecológico del Oso Andino, un patrimonio natural.

Una resistencia de años

El biólogo Inti Arcos cuenta que históricamente este lugar ha sido entregado a las empresas de minería metálica de manera inconsulta y violenta. En el 2008, los hermanos Armando y Salomón Miranda fueron heridos por paramilitares de una empresa minera que invadió sus tierras. El suceso ocurrió en la zona de Pachijal.

Las comunidades han puesto resistencia al ingreso de la minería. En consecuencia, algunas empresas han detenido su operación y demandaron a 32 defensores por sabotajes y daño al bien ajeno. Uno de los impactos más significativos de esta situación ha sido la división de la mancomunidad, unos están a favor y otros en contra.

Las afectaciones al trabajo sostenible

La forma de vida de los habitantes del sector se ve afectada por la incursión de la minería. La gran biodiversidad del Chocó Andino activó el turismo sostenible, la agricultura orgánica y el levantamiento de emprendimientos familiares. En el ámbito del turismo existe una gran inversión, por lo que la pérdida del territorio también afectaría económicamente a esta área de trabajo.

“Por ejemplo, dependemos de que estos bosques estén sanos y en silencio para trabajar con la gente que viene a ver aves que son muy sensibles a los sonidos’’, dijo Arcos en referencia a la ornitología, una actividad sostenible que genera ingresos en el territorio.

Para Teolinda Calle, el apoyo que el Estado da a la minería puede ser invertido en las actividades que promueve el territorio. Actualmente, el turismo sostenible ya aporta con una gran cantidad de impuestos y genera empleo.

Otro caso también es de la Asociación de Paneleros. Para este grupo, el ingreso de la minería significaría el declive de su negocio. La panela orgánica necesita de certificaciones muy estrictas para exportar su producto a Europa, pero la presencia de la minería puede ser un obstáculo.

La reserva natural del Chocó Andino

El área del Chocó Andino está ubicada en la Provincia de Pichincha en los cantones de Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. La mancomunidad abarca seis parroquias como Pacto, Gualea, Nanegalito, Nanegal, Calacalí y Nono. En el 2018 fue declarado como Reserva de Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Los bosques protectores abarcan diferentes especies en peligro de extinción como los osos hormigueros, los guatusos, los monos aulladores y los tucanes del Chocó. Además, son fuente de agua potable, producción agroecológica y generación de energía eléctrica. (A.G.M)

La entrada 400 mil firmas se necesitan para salvar el Chocó Andino se publicó primero en La Calle.

De acuerdo con el informe, el caso estudia 9 países de la región: México, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador.

Según el portal de la organización Salva la Selva, la investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, que hizo que las comunidades sigan lidiando con las consecuencias, no solo sanitarias y socio-económicas, sino también la crisis ambiental y situaciones de violencia.

«Las mineras no han dado tregua, han seguido operando, mientras que las comunidades han tenido que enfrentar nuevos riesgos y amenazas para sostener su trabajo (…) que va dirigido al cuidado de sus territorios, la tierra, el agua y los procesos de organización local», reza el escrito.

El documento también explica que los Gobiernos, al desregularizar las actividades, facilitaron el avance de los proyectos de las mineras.

«Los gobiernos (…) han favorecido a la industria con la desregulación de actividades y ajustes administrativos, lo que ha facilitado el avance de los proyectos mineros», escribe la Coalición.

La Coalición está integrada por activistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos (DD. HH.)

Ecuador

De acuerdo con el informe, nuestro país no solo estuvo dentro de los diez países con los niveles más altos de fatalidad por número de casos confirmados de COVID-19; sino también fue uno de los países donde las empresas mineras continuaron sus
actividades sin restricción e incluso profundizaron sus actividades de exploración avanzada.

Según los testimonios recopilados en la investigación, las mineras «convirtieron esta época de pandemia en uno de los momentos más difíciles para la resistencia (…) en contra de la minería a gran escala y en defensa de su territorio», según la localidad y los proyectos mineros.

La entrada La minería no da tregua, según Coalición contra la Pandemia Minera se publicó primero en La Calle.

«Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano (…) Se declara todo el territoro hondureño libre de minería a cielo abierto», señala el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras.

La aprobación de permisos de explotación fue cancelada en atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Castro. Esto en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales, añadió.

Además, el Gobierno de ese país procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones. Asimismo, destacó que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de forma inmediata. De esta forma, el país asegura su conservación y beneficios comunes para los ciudadanos hondureños.

Situación de la minería

En Honduras, el número concesiones aprobadas para explotación minera son alrededor de 217, y abarcan un área de 131.515 hectáreas, según el Foro Social de la Deuda Externa, reportó la agencia DW.

También hay 42 concesiones aprobadas y solicitadas en áreas protegidas. Según la ley del país, son zonas de exclusión de derechos mineros.

Por su parte, Swiss Info recopiló que el aporte de la minería a las economías locales fue mínimo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el período 2017-2019, la minería aportó entre el 0,15 % y el 0,34 % de los empleos en Honduras.

La entrada Honduras se declara territorio libre de minería a cielo abierto se publicó primero en La Calle.

Según el comunicado de la CONAIE, el funcionario utiliza la «forma y entrega de personerías jurídicas, como forma de cooptación, división y control político» de las bases de esta organización social.

En el documento, publicado ayer, la CONAIE también reitera el respaldo a los legisladores de PachaKutik que han actuado acorde con el bienestar de los ecuatorianos y hace un llamado al resto de la bancada para que «retomen el proyecto político y asistan al proceso de evaluación y armonización».

Lucha antiminera

La CONAIE exhortan a la Asamblea Nacional a sostener y defender las solicitudes de amnistía para líderes y militantes sociales. Detalla también que exhortarán a la Corte Constitucional a resolver la inconstitucionalidad de los decretos 151 y 95, sobre la ampliación de la actividad minera y petrolera. Puntualmente exigen al Gobierno Nacional y el Ministerio del Ambiente, el cese de este tipo de actividades en territorios indígenas.

Exigen, además, la remediación, reparación integral, justicia y garantías de no repetición para todas las comunidades afectadas.

La CONAIE dice que «fortalecerán el Frente Antiminero de lucha por la defensa de la naturaleza, la vida y las economías locales». Hacen un llamado a las organizaciones ambientalistas para «aglutinar fuerzas contra el voraz extractivismo» e iniciar acciones de movilización territorial.

Como parte de su oposición a la minería, devastación de territorios y saqueo de recursos naturales, ratifican su derecho de autodeterminación.

La entrada La CONAIE dice que Luis Pachala intenta cooptar y dividir a las bases se publicó primero en La Calle.

Quito, 22 feb (La Calle) .- Luego de que el presidente Lasso ofreciera el indulto a privados de la libertad, entre ellos a los defensores de la naturaleza, Gabriela Fraga, espera que se visibilicen las operaciones irregulares de las empresas mineras que atentan contra el medioambiente y la vida de los pueblos.

“Hay informes de la Contraloría General del Estado donde varios procesos en la entrega de esas concesiones han sido de forma irregular”, dijo Gabriela Fraga, defensora de los derechos humanos y la naturaleza, en una entrevista en Radio La Calle.

Fraga, que lleva en su contra seis procesos legales relacionados a la defensa del medio ambiente, tilda de persecución a estos actos que responden a los intereses de las empresas mineras, en complicidad con el Gobierno. “No sabemos por qué entregan licencias sin tener consultas ambientales ni consultar previamente a las comunidades”, cuestionó.

Según Fraga, han sido 8 meses de lucha para alcanzar la amnistía. En el informe que fue enviado a la Asamblea Nacional constan 300 casos de solicitud, en los que casi el 80% pertenecen a defensores de los derechos humanos y la naturaleza.

A través de este proceso, quieren que se visibilice el tema, pues las grandes ciudades no tienen conocimiento o son indiferentes a los procesos extractivistas, que son completamente criminales. “Es una idea errónea optar por la explotación de los recursos naturales que han dejado un gran impacto ecológico afectando directamente a la soberanía alimentaria de los pueblos y de las grandes ciudades que ignoran completamente el tema”, dijo.

“No somos delincuentes, somos campesinos que trabajan y defienden la tierra”

Se los acusa de dañar el bien ajeno, de intimidación y paralización de servicios. “No queremos ir a la cárcel, donde nadie garantiza nuestra vida”, declaró en la entrevista. Citó el caso de Víctor Guaillas, asesinado en el último amotinamiento registrado en la Penitenciaría de Litoral, en el que más de 70 presos perdieron la vida.

Por otra parte, la defensora también alertó sobre las amenazas que han sufrido. “No hemos llegado al asesinato de los defensores, pero vamos por esa línea si este gobierno está implementando el extractivismo en gran escala”, argumentó.

Imbabura, en los ojos de la minería a gran escala

Ejemplificó con la provincia de Imbabura y la pequeña minería que ya ha dejado una gran huella ecológica en la zona. “No logramos imaginar qué pasaría con los proyectos a gran escala que es lo que se propone en la provincia”, comentó.

Además, habló sobre las 70 personas denunciadas en la comunidad de Buenos Aires, tras su derecho a la resistencia, que impidió que los mineros ingresen a la zona de forma violenta.

La entrada La justicia juega a favor de las empresas mineras se publicó primero en La Calle.

En el sitio se encontraron la presidenta de la mancomunidad Gianina Moreno; Enrique Paredez, presidente del GAD Parroquial; Cristina Fueres, representante del grupo de Jóvenes. También, Silvia Bonilla, abogada del proceso.

Una consulta popular

El pasado noviembre del 2021, varios grupos solicitaron al Consejo Constitucional emitir una consulta popular sobre actividades mineras.

Esto, dentro de la denominada Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, que la integran las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Todas ellas conforman el Chocó Andino, una zona considerada de alta biodiversidad.

El Pleno de la Corte Constitucionalidad aprobó el dictamen el 12 de enero del 2022 con seis votos a favor.

La abogada, Silvia Bonilla mencionó que la consulta popular cuenta con cuatro preguntas. Esto con referencia a la prohibición de la minería en la parroquia de la mancomunidad del Choco Andino. Según declaraciones es necesaria la recolección del 10% de firmas del último padrón del Distrito Metropolitano de Quito.

Firmas

Los proponentes deben registrar más de 200 mil firmas en un lapso de seis meses para la legitimación democrática. Además, si en la consulta popular triunfa la propuesta de los grupos ambientalistas, el efecto sería obligatorio para el Gobierno Nacional.

“La entidad responsable de los bloques mineros no podrán graficar nunca más en el futuro ninguna concesión minera (…) No podrán abrir procesos de licitación para minería metálica en el Chocó Andino”, mencionó Bonilla.

El Chocó Andino se convirtió en el 2018 en la séptima reserva de la biosfera ecuatoriana reconocida por la Unesco. El trópico cuenta con una extensión de más de 286.000 hectáreas y representa poco más del 30% del territorio provincial.

La entrada Activistas ambientales solicitan registro de firmas para Consulta Popular se publicó primero en La Calle.

La mancomunidad del Chocó Andino está  conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. El dictamen, emitido la víspera, favorece constitucionalmente la aplicación de una consulta popular sobre la explotación de minería metálica. El procedimiento afecta los regímenes artesanal, pequeña, mediana y gran escala, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible .

La propuesta del colectivo “Quito sin Minería” llegó a la Corte  Constitucional el pasado marzo del 2021. Uno de sus objetivos es socializar a la comunidad sobre los problemas de la explotación artesanal, pequeña, mediana y gran escala en la zona de la mancomunidad del Chocó Andino.

En el 2018, la zona fue declarada como la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador. Aquí la  flora y fauna  se encuentra en peligro constante por la destrucción de sus ecosistemas, porque  alrededor de 17 mil hectáreas y doce concesiones mineras que  se extienden para convivir con ellas. A estas podrían sumarse seis concesiones con una extensión de 9 mil hectáreas más.

Para el Colectivo Quito Sin Minería, esta respuesta por parte de la Corte Constitucional es el resultado de un trabajo constante. Ellos esperan ahora el siguiente paso, que será la recolección de 200 mil firmas durante los próximos seis meses. Para ello, el Consejo Nacional Electoral debe entregar el formulario. Sin embargo, el resultado del plebiscito, de ser favorable, sólo podrá aplicarse en el futuro. Es decir, no será retroactiva. 

Pero, ¿qué dice el dictamen? 

• La Corte dijo que, ante un “pronunciamiento afirmativo”, los efectos de la consulta popular “serán únicamente hacia el futuro” y no podrán exceder el ámbito de competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno, que incluye tanto al gobierno nacional como a los autónomos descentralizados. 

• La Corte reitera que “ni este dictamen, ni el resultado del eventual plebiscito” deben entenderse como una atribución o reconocimiento de competencias no conferidas por la norma jurídica.

• El Municipio de Quito tendrá que elaborar un mapa oficial de las parroquias sobre las que tendrán efecto los resultados de la consulta popular.

El colectivo “Quito Sin Minería” expresó en su comunicado que este 31 de enero, a las 10:00, realizarán una rueda de prensa en los exteriores del Consejo Nacional Electoral.

La entrada Corte Constitucional da paso a Consulta Popular sobre minería en Pichincha se publicó primero en La Calle.

Desde hace casi 3 meses, los moradores de la comunidad cerraron el camino hacia las minas en las montañas de Buenos Aires, Ibarra. Se oponen a la minería legal e ilegal en la zona y se manifiestan, particularmente, contra la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining. La firma extranjera posee cinco concesiones, en más de 12.000 hectáreas, para realizar exploración inicial.

Según un boletín de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente (CEDENMA), en la madrugada del 3 de agosto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron con “7 buses y decenas de patrullas y camionetas con más de 500 policías, mientras, aparentemente, un grupo de militares se habría dirigido directamente a la zona de la concesión minera de la empresa australiana Hanrine”.   

Testimonios recopilados por la CEDENMA, exponen que “los policías patearon a varias mujeres” y “les echaron gas a los ojos”. Se registran varios heridos y cuatro detenidos.

A las 7h00, ingresaron 10 camiones de la empresa custodiados por la Policía Nacional.

Según los dirigentes de Buenos Aires, la operación de minería sería ILEGAL, pues “no cumple con la consulta ambiental ni la consulta previa libre e informada, ni a las comunidades que conforman la parroquia, ni a la comuna Awa de Palmira”.

El medio La Barra Espaciadora, en un reporte desde la localidad, expone la denuncia de que los mineros ilegales que protagonizaron los incidentes del 2019 en las minas de Buenos Aires estarían trabajando con Hanrine. Desde la parroquia La Libertad (Ibarra) documentan la existencia de un nuevo campamento de la minera, que pretende ampliar su zona de trabajo en 4.000 metros más. Están marcando caminos a través de los bosques primarios, sin poseer fichas ambientales.

Denuncias previas

La activista Gabriela Fraga, denunció uno de los varios incidentes entre los comuneros y la empresa extranjera. El 11 de octubre del 2020, las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional y la Seguridad Privada de Hanrine, reprimieron brutalmente a los manifestantes. “Dispararon con armas de fuego a la comunidad”, aseguró Fraga.

Varias organizaciones por los Derechos Humanos y usuarios en redes sociales se manifestaron contra la represión por parte de Fuerza Pública. Aquí mencionamos a algunos:

Te podría interesar

La entrada Hanrine: minería que aplasta los derechos con la ayuda del Estado se publicó primero en La Calle.

“¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren combustibles más baratos? ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a los ricos, a los contrabandistas o a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz, ahora, de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar”, sostuvo.

Indicó que están trabajando en la focalización del subsidio al transporte público, “porque eso sí afecta a los más pobres del Ecuador”. Sin embargo, fue enfático en decir: “el resto definitivamente que no”.

Durante su discurso, señaló que el gobierno debe ser eficiente en la administración de los recursos del Estado. Según explicó, esto significa gastar menos, luchar contra la corrupción, reducir el déficit fiscal y evitar medidas traumáticas a los ciudadanos.

“Este gobierno está dispuesto a hacer todos esos esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables, de los más pobres del Ecuador. Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos, no aquellos que se visten como pobres pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia, con fines simplemente protervos. Aquí les decimos claro: no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”, enfatizó.

El movimiento indígena presentó el pasado miércoles sus demandas en el ámbito económico y las propuestas frente a temas urgentes como el alza de los combustibles, créditos y situación minera. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, aseveró que estos temas centrales no son problema de una transición política, sino un problema estructural de la economía.

Lasso informó también que su gobierno tiene planes para duplicar la producción petrolera. Para ello, “vamos requerir una inversión gigante. En este caso inversión privada local o internacional porque el gobierno no tiene dinero”, dijo.

También señaló que se va impulsar al sector minero y energético. “El ecuador tiene recursos comparables a lo que son hoy Perú y Chile pero nos atrasamos. Vamos a debatir con todos aquellos que quieren satanizar la actividad petrolera y minera, aquellos que dicen representar a los pobres del ecuador”, añadió.

Respecto al sector energético, sostuvo que en las próximas semanas iniciarán nuevas inversiones para la producción de cerca de 400 megavatios de energía eléctrica producida a través de estos sistemas eólico y fotovoltaico.

“No es verdad que la explotación petrolera, minera, o los proyectos hidroeléctricos no sean sustentables. Las tecnologías modernas en el mundo son capaces de llevar a cabo estos objetivos y convivir con los mejores estándares de respeto al medio ambiente”, aseguró.

Recordó que en menos de 70 días de gobierno Ecuador volvió al CIADI. “Ahí están los países serios del mundo que quieren atraer inversión extranjera”, subrayó.

La entrada El presidente Lasso dice NO a los pedidos de la CONAIE se publicó primero en La Calle.

Quito, 15 de jun (La Calle).- La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó a los delegados de las instituciones del Estado el informe: Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en ecuador. El informe analiza 22 casos emblemáticos de los últimos 10 años, de los cuales, 18 están vinculados a las industrias extractivistas y energéticas.

Revisa el informe completo aquí

También te podría interesar

La entrada Derechos en Ecuador: defensores sin garantías se publicó primero en La Calle.