Así se explica en el decreto ejecutivo 730, expuesto a través de un comunicado oficial en la red Twitter, este miércoles. Esto luego de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) recomendara al primer mandatario aplicar medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales.

El decreto también dispuso que las Fuerzas Armadas lleven a cabo operaciones militares en el territorio nacional. En el proceso se aplicarán las disposiciones de la Constitución, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico del Estado.

Además se ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) tomar previsiones de seguridad para el personal militar y policial que sea sometido a procesos judiciales penales «con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad«.

Se asignarán los recurso necesarios

Según el decreto emitido, el Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos necesarios para atender a los requerimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Por último se pide a la distintas funciones del Estado que, de forma coordinada, apoyen la lucha contra el terrorismo.

JR

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La cartera de Estado se pronunció seis días después del dictamen de Aguilar y a través de un comunicado informó que presentarán una apelación para esta decisión. Además, aseguró que en este caso se ha vulnerado el debido proceso.

Aguilar aceptó una acción de protección que interpuso un ciudadano favor de Glas, con ello, Finanzas debía regresar la pensión vitalicia mensual al exvicepresidente. También, debía cancelar las pensiones de 2020 y 2023 que fueron suspendidas por una reforma legal, según Primicias.

La pensión de Glas

El exsegundo mandatario debería recibir USD 4.507 que le corresponde por el puesto que ocupó. Es decir, Glas recibiría un monto de USD 48 mil aproximadamente por los dos años y seis meses que no tuvo pensión.

El Ministerio de Finanzas retiró la pensión vitalicia al expresidente Rafael Correa y a su binomio Glas en septiembre de 2020. La medida se tomó luego de que la Ley de Servicio Público se reformara.

Con estas modificaciones la remuneración vitalicia se suspendería a los mandatarios sentenciados por peculado, cohecho o concusión.

¿Por qué dejaron de recibir la pensión?

Correa y Glas fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso ‘Sobornos’. La sentencia también pesa sobre 16 personas más. Pamela Martínez y Laura Terán tuvieron una rebaja en su condena por colaboración con la Fiscalía.

Sobornos investigó una red de corrupción en la que empresas públicas entregaron dinero para la campaña presidencial en el período 2012-2016 a cambio de contratos con el Estado. (N.J.C)

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Lasso viajará acompañado de una comitiva con el ministro de Producción, Julio José Prado; de Economía, Pablo Arosemena; de Ambiente, Gustavo Manrique; y, el canciller Juan Carlos Holguín. Además, irán tres funcionarios de Carondelet, tres personas del equipo de seguridad de Lasso y la primera dama, María de Lourdes Alcívar.

Hasta el momento, el Gabinete no ha difundido la agenda oficial con la que se manejará Lasso.

Más viajes…

En tan solo un mes, Lasso ha dado la vuelta al mundo. El pasado 1 y 2 de enero viajó a Brasil para la posesión de Lula da Silva. Luego, visitará España el 13 y entre el 16 y 20 de enero irá a Davos, en Suiza para la reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF).

Según el canciller Juan Carlos Holguín, aprovecharían el viaje a Brasilia para conversar con autoridades mexicanas y encontrar una solución a la paralización del TLC con ese país. México se negó a continuar con el acuerdo por la exportación de banano y camarón que exportan ambos países.

El último viajé que anunció Presidencia será el 21 de enero. Lasso se reunirá con el Papa Francisco, en el Vaticano. El mandatario profesa la religión católica y en el encuentro hablará sobre la situación del país. (N.J.C)

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El Legislativo había realizado siete observaciones el 29 de noviembre de 2022. Sin embargo, ninguna de estas fue acatada. Entre las peticiones estaba el aumento del gasto público, sobre todo en los presupuestos para la Policía Nacional y los sectores sociales (educación y salud). Asimismo, cuestionó como un dato subestimado la proyección del precio del petróleo (USD 64,8 por barril).

El Gobierno de Lasso remitió a la Asamblea su apertura a realizar ajustes el 7 de diciembre. Aunque especificó que cualquier cambio se ejecutará durante el presupuesto de 2023 y según los ingresos reales que obtenga.

Frente a esto, el Pleno de la Asamblea tenía un plazo de 10 días para reunirse y debatir la respuesta del régimen a sus siete observaciones. No obstante, los legisladores se fueron de vacaciones desde este lunes 19 de diciembre y regresarán 15 días después.

Al fin y al cabo, la Asamblea no sesionó sobre este tema por la vacancia. Por lo que sería la segunda vez que fracasa en su intento por cambiar la proforma de Lasso. Las primeras observaciones fueron devueltas por el Gobierno y se ratificó en la proforma de origen.

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1. La recaudación del IVA revela que las ventas internas y externas acumuladas entre enero y septiembre de 2022 no produjeron ningún impacto mayor al observado el año 2021. Es que la actividad económica no crece con el vigor ni la expansión social necesarios para producir crecimiento, generar empleo adecuado y reducir pobreza. En los dos períodos la recaudación del IVA representa el mismo 4.1% del PIB (4). La ventas en 2022 se han realizado con mayores costos de producción y precios finales mucho más elevados.
2. Lo propio ocurre con la recaudación arancelaria y la del Impuesto a la Renta. Ninguna de las recaudaciones muestra incrementos porcentuales relevantes en 2021 ni 2022, apenas de 0.2% del PIB en la del Impuesto a la Renta del 2022 a pesar de que a partir de este año el Impuesto a la Renta fue incrementado.
3. El Presupuesto General del Estado no se apalanca en el crecimiento económico que el país requiere, sino en endeudamiento, mayores impuestos e ingresos petroleros cuyo precio el Gobierno no puede controlar. Son ingresos petroleros que entre enero y agosto de 2022 representaron el 11% del PIB para el Sector Público No Financiero (SPNF)(5). Por su parte el consumo de los hogares se apalanca en las remesas de dinero que envían los migrantes a sus cientos de miles de familiares pobres.
4. El Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de política fiscal y asignación equitativa de recursos públicos, pero se ha convertido en un simple estado de cuenta de ingresos y gastos que cambian durante el año mucho más allá de lo razonable. La realidad muestra que una cosa es lo que se presupuesta y aprueba anualmente y otra diferente la que se ejecuta.
5. Las políticas económicas de los dos últimos Gobiernos han hecho que el nivel de la inversión social pública supere los límites de la vergüenza, mientras entre enero y agosto de 2022 el Balance Primario muestra un superávit equivalente al 3.1% del PIB y el Balance Global de 0.9% del PIB. No hay obra pública, seguridad ni servicios públicos medianamente razonables.
6. Ecuador no requiere cualquier crecimiento económico sino el crecimiento compartido y sostenido que crea buen empleo, ofrece posibilidades de progreso y reduce pobreza. Pero Ecuador no tiene ese crecimiento sino uno frágil, inestable, lento y concentrado. El crecimiento ecuatoriano no genera empleo suficiente, no alcanza para todos, ni siquiera para la mayoría, apenas si llega a una minoría alrededor de 300 grupos económicos que concentran los beneficios con las graves consecuencias sociales que son evidentes.

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«No se puede permitir que se ponga en riesgo la liquidez de una institución que sirve para sacar adelante a los emprendedores. Hemos expresado cómo el Gobierno Nacional está dando alivio de deudas de hasta USD 20 mil en BanEcuador. Lo adecuado es reprogramar las deudas. Condonar es condenar», enfatizó Arosemena.

Sin embargo, antes de la rueda de prensa y durante la charla con medios, el ministro dijo textualmente que desde el MEF «no van a aceptar la condonación de deudas (…) eso no se hará si es que me piden el dictamen».

Arosemena brindó estas declaraciones mientras socializaba la Proforma Presupuestaria 2023 con los representantes de los medios de comunicación en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, al norte de Quito.

Se vienen los roces con la Fenocin

El presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, demandó los supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional respecto a la condonación de deudas. El líder de la organización manifestó que prepararán “medidas de hecho” en la región costa.

Según el líder de la organización, el decreto de la condonación de deudas se firmría entre el 17 y el 21 de noviembre. Sin embargo, aún no tienen respuesta por parte del Gobierno por lo que los acuerdos fueron solo de palabra.

“No vamos a esperar más, vamos a preparar las medidas en la costa ecuatoriana. No es un paro nacional”, recalcó Espinosa.

El 21 de noviembre, existía una convocatoria para continuar con la mesa de seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos. La reunión nunca se efectuó y el Ejecutivo tampoco se pronunció. Para Espinoza, “el Gobierno Nacional está provocando la ira del pueblo ecuatoriano”.

Agregó que si no se consolida el decreto, convocarán a la asamblea de la FENOCIN y de otras organizaciones. El objetivo sería reactivar el paro regional en la Costa durante los próximos días.

Para saber las peticiones de la Fenocin, clic aquí

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Observaciones

A primera vista, se descarta la tesis del régimen de Lasso. Son 17 sectores prioritarios que sufrirían recortes a su inversión, según la legisladora por UNES, Jahiren Noriega.

Por otro lado, el economísta Marco Flores resaltó que es necesario un cambio de política económica porque la economía que lleva a cabo Lasso es muy débil. Precisó que existen distorsiones en la comparación de valores o cifras de un año y otro. Además, apunta que la proforma no satisface a los 18 millones de ecuatorianos.

Acotó que hay un alto rubro para gasto corriente y apenas 7.3 millones de dólares para lo demás.

En cambio, María de Lourdes Lozada, representante de los Jubilados, solicitó el incremento del presupuesto para el pago a los maestros jubilados de los últimos tres años. A esta observación se unió el asambleísta de UNES, Blasco Luna, que mencionó que lo destinado para los jubilados en la proforma es preocupante, porque no alcanza para el pago.

Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, destacó que las universidades han sido víctimas del recorte presupuestario; por ejemplo, la Universidad de Cuenca. En la proforma se reduce el dinero en al menos diez instituciones de educación superior (IES).

Los parlamentarios del oficialismo, Eitel Zambrano y Guido Chiriboga señalaron que existe un incremento presupuestario a favor de las universidades. Asimismo, contradijeron la exposición de Lozada respecto a los maestros jubilados. «Es un tema netamente del incentivo jubilar y no de la jubilación. El incentivo no tenía una fuente de financiamiento», dijo Zambrano.

La asambleísta por UNES, Ana Herrera, refirió que sí existe un recorte a las IES. “Una cosa es lo que se dice y otra la que nos han entregado, por lo que es necesaria la revisión”, enfatizó.

Finalmente, la doctora Verónica Chávez, del Colectivo de Salud, indicó que el sector de la salud está en graves problemas. Los ejes del Plan Decenal, la baja ejecución presupuestaria, problemas urgentes, “banderas rojas”, entre otros puntos relacionados con el presupuesto son cabos sueltos.

Instituciones que perderían…

Según el Gobierno, para el 2023 está prevista una inversión social de USD 15.276 millones, superior a los USD 14.500 millones proyectados para el 2022. Además, considera que cumple con las normas constitucionales para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos aumentarían en total USD 1.223,7 millones.

Un análisis que no convence. Noriega asegura que hay instituciones de sectores prioritarios que ven decapitada su inversión desde el régimen. Entre las observaciones, la proforma no contempla la creación del Ministerio de la Mujer, anuncio de Lasso para apaciguar la violencia machista en el Ecuador.

La Secretaría de Derechos Humanos pierde una inversión del -46.5 %, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social -10 %. Sumadas las dos entidades encargadas del desarrollo social y las mujeres son más de USD 13 millones menos.

En el sector salud, el Ministerio del ramo tiene -7 % y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición infantil -30 %. Esto significa menos USD 21,4 millones.

La proforma recorta a la justicia más de USD 20 millones. El Consejo de la Judicatura refleja -75 % y la Defensoría Pública -38 %. La seguridad también pierde más de USD 30 millones. El Ministerio de Gobierno (-96 %) y el ECU-911 (-7 %).

Finalmente, a nueve universidades se les disminuye la inversión en más del 70 %. La Central, de Cuenca, Nacional de Educación, de las Artes, Técnica de Ambato, ESPE, Técnica del Norte de Ibarra, de Guayaquil, y Técnica de Manabí son las más afectadas. «En total 85% menos recursos para inversión», aseguró Noriega.

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Marco Flores

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En entrevista para Radio La Calle, Jaramillo analizó la situación económica del país en lo que va del año. Según él, el análisis a la ejecución presupuestaria del primer semestre demuestra que el Gobierno ejecutó apenas el 17 % del plan anual de las inversiones. Hasta finales de octubre, el analista estimó que la ejecución no llegó ni siquiera a la mitad.

“Estamos ante un Gobierno fallido que pasa en amenazas de muerte cruzada que no se concretan, decretos borradores, estados de excepción de emergencia, condolencias y tik toks, cuando su rol es ejecutar y elaborar política pública. Eso se ve reflejado en el presupuesto del estado”, dijo.

En comparación con la ejecución del presupuesto de los anteriores años, la cifra es baja. En los primeros seis meses la ejecución presupuestaría debió ser del 40 % al 60 %. Lasso alcanzó 30 puntos menos de lo esperado. Jaramillo explicó que esto se debe a una falta de gestión e indolencia por parte del Estado.

Plan 2022 vs Ejecución 2022

El Ejecutivo destinó un monto de USD 33.899,73 millones. Es decir, un incremento de USD 2.438,57 millones (2,22 % del PIB) en relación al codificado al 31 de agosto del 2021.

Según el Gobierno, la Proforma Presupuestaria del 2022 permitiría alcanzar un crecimiento económico sostenido responsable que “genere empleo, estabilización fiscal, manejo honesto y eficiente de los recursos”. Jaramillo enfatizó que nada de lo anterior se ha cumplido.

“Hay planes de inversión para construcción de escuelas, hospitales, dotación a los policías, pago a los jubilados. Existen los proyectos, pero no la voluntad política de realizarlos”, señaló el entrevistado.

Proforma 2023

El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, presentó a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria para 2023, el 31 de octubre. En ella, se prometen cambios como la caída en el déficit fiscal, aportes al IESS y un índice de crecimiento 00000de 3.1 %.

El economista Jaramillo mencionó que en un plan borrador se puede prometer todo tipo de situaciones que mejoren la economía del Ecuador, como pasó en el plan del 2022. Sin embargo, la ejecución puede ser totalmente distinta. (J.P.C)

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“En menos de año y medio de su gestión, 750 mil hogares salieron de la pobreza, se crearon 508 mil empleos adecuados y existen 140 mil nuevos afiliados a la Seguridad Social”, dijo Lasso el 25 de octubre.

No obstante, el 9 de octubre publicó otra cifra. El mandatario aseguró que el gobierno creó 275 mil empleos y 130 mil nuevos afiliados al IESS. Estos datos generaron gran desconcierto en la ciudadanía, pues parece increíble que los empleos asciendan casi un cuarto de millón y las afiliaciones a 10 mil en 16 días. Además, ¿no se supone que el empleo adecuado incluye afiliación al seguro social?

El “avance” del empleo adecuado

Según datos de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) la tasa de empleo adecuado era del 38,5 % en el 2019.  En contraste las cifras registradas en septiembre del 2022 son de 35,4 %. Por lo tanto, se registra un decrecimiento en el desarrollo del empleo adecuado.

Otro factor a ser tomado en cuenta es el alto porcentaje del subempleo en el país. La tasa de este segmento era del 56,6 % en el 2019. Actualmente el subempleo registra una tasa del 60,5% en el subempleo, es decir, la cantidad de personas que reciben menos del sueldo básico ha ido en aumento.

¿Qué es el empleo adecuado y el subempleo?

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el empleo adecuado constan las personas que, durante la semana perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabajan igual o más de 40 horas a la semana. En cambio, en el subempleo constan los empleados que trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. (A.G.M).

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Para Flores, el bajo nivel de crecimiento económico que presenta el MEF no permite, ni permitirá el pago de la deuda, la cual seguirá acumulándose.

«Se requiere al menos 5% anual de crecimiento sostenido y sustentable (PIB) para generar empleo, reducir pobreza y ampliar las recaudaciones tributarias en forma estable.», resaltó.

Según el economista, la cantidad de aportantes del IESS es cada vez más reducida, lo que representa un impacto negativo para la Institución.

«Desde hace 5 años las políticas del «Estado mínimo» y la «austeridad expansiva» no permiten el necesario crecimiento económico (cuando no se estanca o contrae) y es causa de grandes perjuicios sobre las familias ecuatorianas, agravados por la pobreza, inequidad e inseguridad.» expresó.

La mora patronal

Flores sostuvo que en 2021 la mora patronal fue de USD 1.260 millones, esto sin considerar los intereses, ni gastos.

«Recuperar el crecimiento, empleo y seguridad es crucial, pero no a cuenta gotas como lo entiende el gobierno. Algún día, cuando el desarrollo humano sea prioridad del Gobierno la economía podrá ofrecer las oportunidades y estabilidad de las que ahora carecen los ecuatorianos.», expresó el economista en su cuenta de Twitter.

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Las entidades estatales son:

• Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con apenas un 5,01 %
• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con solo un 7,83 %
• Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades con un 9,69 %

Además, 13 de las 26 instituciones adscritas al Ejecutivo ejecutaron menos del 30 % de su presupuesto anual para los seis meses que transcurrieron en este año. El coordinador del OGP, Leonardo Ponce advirtió en entrevistas para los medios de comunicación que estas entidades deben ser vigiladas.

«A estas instituciones hay que hacerles un seguimiento particular para que luego, al final del año, no gasten a lo loco abriendo la puerta de para en par a la corrupción, para terminar el 2022 diciendo que ejecutaron todo», explicó Ponce.

Energía y Recursos Naturales No Renovables

La cartera de Energía ejecutó hasta junio USD 4,8 millones. Sin embargo, su presupuesto inicial se fijó en más de USD 140 millones, aunque su codificado se estableció en USD 97,5 millones.

Según el Observatorio, Energía redujo poco más de USD 43 millones de su presupuesto anual. Ajustó todas sus cuentas al punto que un 54 % de sus fondos se destinen a inversiones financieras, es decir, un USD 52,2 millones. Aunque este fondo no se usó en el primer semestre.

«Tampoco se devengaron un solo dólar de los USD 14,8 millones de las Transferencias para Inversión, ni los USD 6 millones para Bienes de Larga Duración. Los tres rubros mencionados tienen una ejecución del 0 % en seis meses», finaliza el análisis.

Desarrollo Urbano y Vivienda

Vivienda gastó hasta la primera mitad del año USD 5,8 millones. El Ejecutivo destinó un presupuesto de USD 74,1 millones y en el codificado registró un aumento de USD 111 mil.

El informe apunta que la cartera de Estado apenas ha comprometido USD 5,8 millones en un semestre. Su presupuesto anual para obra pública es de USD 1,2 millones pero no ha hecho nada con ese monto. De igual forma, los fondos para Bienes de Larga Duración y Transferencias para Inversión son menores al 1 %.

Secretaría de los Pueblos

La Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades tiene ejecutado un poco más de USD 1 millón. Su funcionamiento se pensó con USD 6,5 millones en un inicio, pero para el codificado se aumentó a casi USD 11 millones.

Esta entidad es nueva, pero hasta la fecha se desconocen sus avances y aportes. Lo que se sabe es que del 2022 ha devengado 39,6 % de los USD 2 millones destinados para Egresos de Personal y unos USD 682 mil para Bienes de Larga Duración.

No obstante, no ha tocado un centavo de los USD 1,9 millones asignados para Transferencias de Inversión, peor aún se le ha ocurrido gastar los USD 5 millones para Bienes y Servicios para Inversión.

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Según el decreto ejecutivo, el Ministerio de Finanzas, Trabajo y Gobierno son responsables de «realizar todas las acciones legales y administrativas que requieran para la implementación».

El pasado 14 de agosto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo indicó que el proceso «lleva algunas complicaciones. Aún comparten presupuesto con el Ministerio de Gobierno.

«Vamos a pedir una prórroga por una serie de consideraciones. Ahí hay procesos de carácter legal que deben llevarse. Y en estos cuatro meses que ya han transcurrido, hemos venido trabajando en políticas públicas de seguridad», dijo el funcionario.

Silencio de las otras instituciones

Expreso pidió detalles sobre los trámites legales que faltan por cumplirse, pero el Ministerio de Gobierno y del Interior no contestaron. Tampoco el Ministerio de Finanzas, quien es el encargado de entregar un detalle del presupuesto entregado.

Mientras tanto, la inseguridad campea en el país. Carrillo argumentó que fenómenos como explosiones, sicariato y enfrentamientos entre bandas ocurren en lugares donde la geografía ayuda al narcotráfico, es decir la Costa. Según el ministro, esto no ocurre ni en la Amazonía ni en la Sierra.

Tras la explosión en el Cristo del Consuelo, se han decomisado explosivos fabricados de forma casera. El funcionario no detalló la cantidad de estos artefactos.

La entrada Ministerio del Interior está sin recursos; Finanzas guarda silencio se publicó primero en La Calle.

Ante la noticia por medios internacionales sobre el congelamiento de los activos del Ecuador en el país europeo, el Ministerio de Economía, a través de un boletín de prensa, aseguró que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo. 

En 2008 Perenco exigía el monto de USD 1.423 millones en reparo al daño ocasionado por la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril del 2006.  

En ella se establecía “la participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactado o no previstos” y durante la presidencia de Rafael Correa éste se incrementó al 99%.  

Por lo que, el Tribunal Arbitral determinó que el último porcentaje estipulado equivalía a una confiscación y resolvió que el Estado ecuatoriano pague USD 374’ 373. 154.  

Ante esto, el Ministerio de Economía y Finanzas junto con la Procuraduría General del Estado (PGE) continuarán en la búsqueda de mecanismos de pago a Perenco.  

Además, expresó que, una vez realizado el pago total, es facultad de la PGE el inicio de juicios correspondientes hacia los funcionarios públicos involucrados.

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La noche de ayer 25 de julio se llevó acabo la sesión por los 487 años de la Fundación de Guayaquil, al evento asistieron el presidente Guillermo Lasso, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri y demás autoridades.

Durante su discurso, la alcaldesa de Guayaquil mostró su inconformidad frente al reparto económico realizado por el Gobierno a las provincias, municipios y juntas parroquiales.

Viteri señaló que de los recursos por concepto de petróleo solo USD 1 de cada USD 10, así como los ingresos por tributos que son USD 2 de cada USD 10 van destinados a los GAD.

Además, solicitó al presidente de la República la duplicación de los recursos.

«Por eso hemos pedios, y lo hago público, señor presidente, que la injusta relación para 823 Juntas Parroquiales, 221 cantones y 24 provincias (…) se duplique con el único propósito que las Alcaldías, Prefecturas y Juntas Parroquiales hagan el trabajo que el Estado debe hacer (…)», sostuvo.

Rechazo al pedido

Frente al pedido, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena indicó que resulta imposible llevar acabo la solicitud, debido a los pocos recursos con los que cuenta el país.

Arosemena sostuvo que la designación de recursos a los GAD significaría la disminución de recursos para la educación, salud, obra pública, etc.

Así también, el ministro de Economía recalcó que existen GAD que no cuenta con un nivel de eficiencia para el manejo del gasto público.

«Así como hay GAD que son muy eficientes ejecutando con velocidad su gasto público, hay otros GAD que no tiene ese mismo nivel de eficiencia», dijo.

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Según, Cueva el propósito de su renuncia sería por compromisos familiares. Entre sus planes está salir del país con destino a Europa, para dedicarse a la docencia e investigación. 

Con la salida del ministro Cueva quedan temas económicos pendientes por tratar como la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la renegociación de la deuda con China y la deuda del Gobierno con el IESS.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, todavía no se ha pronunciado sobre la salida de Cueva y tampoco ha informado acerca del posible sucesor del cargo.

Las manifestaciones recientes generaron complicaciones en la economía a nivel nacional. Por tanto, el Gobierno debe poner en marcha políticas económicas que logren la reactivación eficiente de este sector.

La renuncia de Cueva podría ser el primer paso, para lograr este objetivo.

El reemplazo

Según la prensa aliada del Gobierno, el posible reemplazo del ministro sería el actual gobernador del Guayas, Pablo Arosemena.

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Por ello, aprobó el incremento salarial de los educadores fiscales y propuso que se financie con los ingresos adicionales producto de el incremento del precio del petróleo y con los recursos obtenidos de la reciente reforma tributaria.

Según la Constitución se permite financiar, de manera excepcional, los gastos permanentes de salud y educación con ingresos petroleros o de endeudamiento. No obstante, Magdalena Barreiro, exministra de Finanzas, explicó a Primicias que el gasto en salarios no es excepcional, sino permanente y que la propuesta de la Asamblea para financiar los rubros sería inconstitucional.

La justificación es que si el precio del petróleo se estabiliza o desciende, el alza salarial se quedará sin sustento.

La bancada oficialista también sostuvo que aprobar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) fue un acto «irresponsable y populista». Por ello, se espera que el presidente Lasso vete la normativa aprobada por el Legislativo.

Contexto

La reforma a la LOEI, aprobada en abril de 2021, contempla el aumento salarial docente. Su aplicación quedó suspendida en agosto del mismo año, después de que la Corte Constitucional requirió a la Asamblea precisar los mecanismos de financiamiento de este incremento.

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Entre los hitos que mencionó Cueva, dijo que hubo una reducción del déficit fiscal. Además, señaló la existencia de un incremento del 69,2% en ingresos petroleros; el crecimiento de ingresos no petroleros del 5,1%; la reducción del 2,9% en gastos permanentes; y el 53,9% de reducción del gasto por intereses de deuda pública.

Además, mencionó que las señales de reactivación fueron:

1) el 1,8% de superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos al tercer trimestre del 2021;

2) el 2.7% del PIB de superávit en la balanza comercial al cierre del 2021; y

3) USD 3951 millones de resultado positivo en la balanza petrolera. No obstante la balanza comercial no petrolera tuvo un déficit de 1080 millones.

Por otro lado, el funcionario dijo que, en 2021, la recaudación tributaria neta creció interanualmente en un 11.6% y que el Gobierno nacional está haciendo grandes esfuerzos en la recaudación tributaria y el combate de la evasión fiscal.

Priorización de pagos caja fiscal

El ministro informó que priorizaron los pagos del bono de desarrollo humano, pagos por conceptos de diálisis, vacunas y el pago por incentivo jubilar.

Se pagaron las becas otorgadas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senecyt) y federaciones deportivas.

Asimismo, USD 1341 millones fueron transferidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), USD 494 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y USD 93 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).

USD 193 millones de ingresos por excedentes de empresas públicas Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

También se priorizaron los pagos a los convenios con fundaciones, y la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados (GADs)

Inversiones y Reforma Tributaria

Cueva, al ser consultado respecto al proyecto de ley de Inversiones, dijo que esta prevé impulsar la economía del país.

No obstante, que es a mediano y largo plazo, puesto que «toma tiempo desarrollar proyectos de inversión».

Además, dijo que el Ejecutivo contempla que las inversiones llegarán gradualmente y que la suma sea alrededor de USD 30 mil millones de dólares.

Sin embargo, este proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Legilativo.

También mencionó que durante su estadía en Chile, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso está exponiendo el panorama de inversión del país.

Por otro lado, al ser consultado respecto a los proyectos derogatorios de la Ley tributaria, dijo que, según la Constitución, cualquier tipo de legislación tributaria debe iniciarse en el Ejecutivo. Por lo que confía que la Asamblea proceda de conformidad con la ley.

Acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI vencerá a fines de 2022. Cueva manifestó que se evaluará qué vendrá luego de acuerdo y cuál será la mejor solución, a mediano plazo, para seguir gozando del apoyo de la Comunidad internacional.

El funcionario mencionó que, en la revisión de diciembre de 2020 del programa con el FMI, se consideraba un ajuste fiscal del 5.5% del PIB para el periodo 2020 o 2025.

No obstante, señaló que en el actual programa, se logró un alivio a la meta global de ajuste de un punto del PIB: 1) por el lado de los ingresos del 0,2% del PIB, mientras que 2) el 4,2% del PIB será para el gasto.

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Dentro de estos gastos transitorios se encuentran pagos de deuda, pagos a gobiernos autónomos descentralizados, y otros pasivos.

Además, explicó que en diciembre de 2021, Ecuador perdió alrededor de USD 350 millones por la ruptura del oleoducto, producto de los deslaves. Y que parte del excedente del crudo también se destinará a compensar ese faltante.

Por otro lado, manifestó que uno de los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría generar una posible inflación y con ello un incremento de precios en los productos.

No obstante, durante su informe, señaló que el «Ecuador sigue siendo uno de los países con niveles de inflación controlados».

Exportaciones no petroleras

Cueva afimó que, aunque «todavía es temprano para tener conclusiones definitivas» respecto del excedente petrolero, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está afectando, principalmente, a las exportaciones de banano, camarón y flores.

Rusia es el principal mercado para el banano ecuatoriano, ya que compra el 20% de la producción. Y según la Corporación de gremios exportadores del Ecuador (Cordex), ambos países compran casi la cuarta parte del total del banano que exporta el país.

Alrededor de 765.000 cajas de banano están en riesgo de no ser exportadas esta semana, según un anuncio del sector bananero, informó Bloomberg línea.

Esto se debe a que los compradores en Rusia ya no pueden adquirir el producto por la devaluación de su moneda (el Rublo). Además, porque varios puertos sufren complicaciones por la incertidumbre y el peligro del conflicto bélico.

Por otro lado, Rusia es el sexto país comprador de camarón. Los exportadores ecuatorianos del crustáceo suspendieron los pedidos para el mercado ruso.

La medida también se adoptó debido a las dificultades logísticas para entregar el producto en los puertos de la zona euroasiática.

Diario Correo informó que un factor adicional que afectaría al sector camaronero ecuatoriano es la dificultad para la importación de trigo y maíz cosechados en Rusia y Ucrania.

El balanceado que alimenta a los camarones está hecho con estos cereales.

Además de los productos mencionados, la pesca fresca y el café son parte del top de productos exportados a Rusia.

En total, el Ecuador exporta alrededor de 83 productos no petroleros a Rusia a través de 504 empresas exportadoras el 83% de estas exportaciones son agrícolas y agroindustriales.

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Quito, 24 de dic (La Calle).- El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, anunció el pasado 15 de diciembre que el Gobierno Nacional cumplirá con el pago del décimo tercer salario a los funcionarios públicos. Alrededor de USD 1.300 millones deben pagarse a los trabajadores entre salarios de diciembre y bono navideño hasta el 24 de diciembre.

Para ello, esta cartera de Estado destinará USD 410 millones a 359.484 empleados que laboran en instituciones del Estado y universidades. En cambio, 114 725 servidores públicos recibirán el decimotercero mensualizado, es decir, junto a su remuneración habitual. El monto del bono navideño a este grupo es de USD 11,5 millones.

El Ministro mencionó que para saldar estas cuentas se utilizarán los recursos propios de la ejecución peesupuestaria del 2020. Sin embargo, para pagar este rubro también serán usados los desembolsos de más de USD 2.5 mil millones acordados en septiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

¿Quiénes cobran el decimotercero?

• Trabajadores públicos, privados y en relación de dependencia. No podrán aquellos servidores públicos con contratos ocasionales.
• Pensionistas del IESS, ISSFA, ISSPOL y aquellas personas que se benefician de pensiones alimenticias.

¿Y en el sector privado?

Por otro lado, en el sector privado, los empleadores podrán diferir este pago a sus trabajadores. Es decir, postergar o pagar en cuotas si ambas partes llegan a un acuerdo sobre este beneficio.

El Ministerio del Trabajo señaló no se expidió ningún acuerdo ministerial para esta medida. La Cartera se ampara en el artículo 326 de la Constitución, que indica «el diálogo social para solución de conflictos de trabajo y la formulación de acuerdos».

Disminución del decimotercero

No obstante, tanto para el sector público como privado, las remuneraciones del bono navideño se verán afectadas negativamente para aquellos trabajadores que vieron reducida su jornada laboral; producto de la Ley Humanitaria. Esto debido a que este beneficio se calcula con base en las horas trabajadas y, por tanto, en el salario recibido. Así lo estipulan los acuerdos ministeriales 133 y 173.

El décimo tercer sueldo «equivale a la décimosegunda parte de las eemuneraciones que percibe el trabajador durante el año de calendario», reza el Código del Trabajo.

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