A partir de este 28 de junio el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís pasarán a costar USD 2.46 a USD 2.72, una medida que el gobierno consideró necesaria para evitar el contrabando y ahorrarle al Estado USD 400 millones.

El costo anunciado tendrá una duración de 14 días ya que el 12 de julio regirá otro valor. Según la explicación del Ministerio de Economía, la estabilización del precio de los combustibles tendrá como techo máximo un incremento del 5% frente al mes anterior, es decir, que en la primera regularización de banda de precios la gasolina podrá costar hasta USD 2.85.

El ministro de Transporte, Roberto Luque, explicó el esquema de compensación monetaria a los transportistas en función del uso de los galones, el sistema registró 84 mil beneficiarios:

• Taxistas 156 galones
• Tricimotos 90 galones
• Transporte mixto 145 galones

Cuestionamientos

El presidente de la Fenacotip, Miguel Bonilla, alertó que con el paso del tiempo, el precio del  diésel también perderá su subsidio, tan solo con el incremento del IVA al 15% pasó de costar USD 1.65 a USD 1.80.

”¿Qué tiempo va a durar el tiempo de la compensación? (…) este un juego viejo de la mayoría de gobiernos”, cuestionó el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).

Agregó que como transporte público le otorgan un subsidio a la ciudadanía, lo cual debería ser ”tarea del Estado”. Ante este escenario cuestionó las palabras de la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, quien señaló que en 10 años el país ha subsidiado más de USD 13 mil millones a la gasolina Extra y Ecopaís, mientras que los transportistas han generado subsidios de USD 2.340 mil millones en ese lapso de tiempo. (AGM).

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El documento titulado “Política para la elaboración, clasificación, registro y custodia de la documentación pública, reservada y confidencial” fue publicado en el Registro Oficial el pasado 13 de mayo con la firma del ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

Según lo estipulado por la cartera de Estado, se conoce como información reservada a la documentación que requiere de forma excepcional limitación en su conocimiento y distribución por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos. En este sentido, existen dos clasificaciones:

• Los documentos e información calificados, por disposición legal, como reservados,
  solicitados y recibidos por el Ministerio de Economía para ser utilizados exclusivamente en los fines institucionales
• Comunicaciones a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados a propuestas,
  políticas, comentarios a proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos cuya reserva se encuentre debidamente motivada.

Para el procedimiento, la distintas áreas de la entidad deberán emitir un listado semestral de los datos que pretenden declarar como reservados y argumentar sus motivos.

La información previamente clasificada como reservada permanecerá con tal carácter hasta
un periodo de 10 años desde su clasificación, incluso, podrá alcanzar los 15 años de acuerdo a la justificación. La divulgación del contenido puede traer consecuencias administrativas, civiles y penales.

Las restricciones

Ante la difusión de esta normativa el Ministerio de Economía aclaró que la normativa a no tiene relación alguna con el crédito que está en proceso de aprobación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo contenido »será transparente y público en su totalidad apenas sea suscrito».

A opinión del economista Marco Flores, calificó a la reserva de información como una amenaza y prohibición para mantener en silencio a la Academia.

»Como si el manejo y conducción de las finanzas públicas debería realizarse en secreto. La única información no solo sensible sino secreta es la que tiene que ver con la seguridad nacional», dijo vía X. (AGM).

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Con el sudor rodando por sus frentes, un fuerte silbido irrumpe en la atmosfera, mientras el grito de “paga moroso” resuena en la Plataforma Gubernamental. El gobierno adeuda cerca de USD 125 millones a las clínicas de diálisis.  No es el único panorama latente en el país. Hay quienes tuvieron que comprar una jeringa, gasa, medicamentos o máquinas para ser atendidos en los centros hospitalarios.

La falta de medicamentos y pésimas condiciones de algunas casas de salud, contradicen las declaraciones del ministro de Salud, Franklin Encalada, quien asegura que el sistema tiene un abastecimiento del 80 %. Sin embargo, especialistas y representantes del área refutan esta teoría.

Un laberinto y una odisea

Mariana Simbagua, familiar de un paciente oncológico, mencionó para La Calle que hasta hace tres meses tenían que adquirir una inyección para los huesos de su padre valorada en USD 65 Mágicamente, hace pocas semanas, la distribución de este  y otros medicamentos volvió a su normalidad.

“Lo conseguíamos adentro del hospital. Ellos (los encargados) nos daban el número de los distribuidores y teníamos que comprar”, comentó.

Como este caso, hay cientos a nivel nacional. Silvana X. (nombre protegido), relató que durante el gobierno de Guillermo Lasso, para que un paciente se atienda, los médicos le enviaban de un dispensario a otro. Lugares donde tampoco existían los medicamentos necesarios para un ciudadano.

“Tenía que comprar afuera las medicinas (…) Una pérdida de tiempo completo y eso, sin contar el agendamiento de citas que es otro dilema (…) Lo que me duele es las aportaciones que hacemos”, finalizó.

Una fuente -que prefirió el anonimato- relató para La Calle, que, en el Hospital Eugenio Espejo hace unos meses no existía la medicación adecuada para suplir el tratamiento de personas con enfermedades catastróficas. Además, mencionó que hay pacientes que tienen que esperar meses para que obtengan la medicación adecuada.

“Criminalizaron la salud”

Los patrones en los gobiernos de turno se repiten: tanto el recorte presupuestario y la improvisación de los titulares de esta cartera de Estado han sido las recurrentes en este sector.

Los presidentes de la Federación de Profesionales de la Salud y del Colegio de Médico de Pichincha, Santiago Carrasco y Carlos Cárdenas; explicaron que el peor error de los presidentes fue politizar la salud. Carrasco reprochó la falta de gestión de los ministros que han pasado por esta cartera de Estado y no han actuado ante el escenario incierto del país. Cuestionó que estas designaciones se convirtieron en una “cuota política” ligada a la  improvisación.

“No tienen idea de cómo manejar la dirección de los centros. Están más preocupados por la foto o por ganarse la confianza de otros”, expresó.

De la misma manera, refutó que la declaración de Encalada sobre un abastecimiento del 80% en los hospitales. Explicó que de acuerdo a las declaraciones de los médicos, el abastecimiento cubriría apenas el 20% o 30% o en el mejor de los casos el 40 %. Asimismo, calificó de ilógica esa cifra, pues si una casa de salud tuviera esta capacidad la razón sería porque no atienden a sus pacientes.

“Si todo está al 100 % quiere decir que la atención a pacientes sería de un 0%”, dijo.

“Cajas vacías que adornan la percha”

Carrasco y Cárdenas alertaron que los encargados de la distribución de medicamentos llenan las perchas con cajas vacías o los medicamentos mientras las autoridades visitan los hospitales. Después, los trasladan a otro centro de salud para una nueva visita y se mantiene en esta dinámica.

“Necesitamos que declare el Plan Fénix en la salud. Esta situación ya no aguanta el país (…) Ojalá llegue alguien que tenga conocimientos claros”, refutó.

Cárdenas recordó que en una de rueda de prensa previa, demostró la falta de medicamentos en el Hospital del Sur.  No obstante, esa misma noche, llenaron las perchas para mostrar a las autoridades que sí tenían los medicamentos, confundiendo más a los ecuatorianos.

“Es obra de quienes intentan tapar lo evidente. Los pacientes se quejan en las unidades operativas”, alegó.

Además de los expertos, David González, presidente de la Red de Enfermeros, también señaló que, pese a las peticiones que realizaron para que el Gobierno y otras instituciones generen auditorías a dicho proceso, las autoridades hacen caso omiso a su pedido.  

También indicó que la Federación de Profesionales de la Salud solicitó de manera reiterada una veeduría que investigue y controle la compra y distribución de medicamentos. Sin embargo, los responsables no han puesto en práctica esta petición.

“El Ministerio de Salud debería tener un abastecimiento de medicamentos y ellos distribuir, no hacerlo por terceros porque ahí también abunda la corrupción”, detalló.

Entre fantasmas y recortes del sistema de salud

Ecuador no se ha podido recuperar del golpe de la pandemia por covid-19 y las acciones de los gobiernos de turno empeoraron la situación. Durante los cuatro años de gobierno de Lenín Moreno y los dos de Guillermo Lasso, el sector salud fue uno de los sectores que más modificaciones tuvo en su presupuesto. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el 2020 fue el año en el que menos recursos se destinó a salud.

Este sector afrontó grandes estragos en ese mismo periodo de tiempo. En 2018, tuvo un presupuesto de USD 3.037. Sin embargo, en 2019 destinaron USD 2.899. Mientas que, en 2020 año de la pandemia de la covid-19, presupuestaron tan solo USD 2.833, mientras cientos de ciudadanos denunciaron la falta de medicinas en los hospitales.

Con la llegada de Lasso, el presupuesto fue de USD 3.213, mientras que en 2022 destinaron USD 3.162. Esta decisión y las pésimas condiciones de la infraestructura hospitalaria cobraron factura en la época invernal. Videos que circularon en redes sociales, captaron el momento en que en el centro de operaciones o espera se formó una piscina por las fuertes lluvias.

En 2023, el presupuesto se redujo a USD 3.601. Al frente del sistema de salud figuró el vicepresidente Alfredo Borrero. Un político que tuvo su participación reducida en el régimen, pero prometió “arreglar” este sector en seis meses. No obstante, las casas de salud terminaron solo con el 78 % de abastecimiento de medicamentos y los problemas para ser atendidos no cesaron.

Actualmente, el presupuesto contemplado en la proforma de 2024 para salud es de USD 4.491,82 millones. No obstante, la liquidez del gobierno está sujeto a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Réplica

La Calle  intentó contactarse con el ministro Encalada o algún vocero de la cartera de Estado, en reiteradas ocasiones, para obtener la versión oficial. Sin embargo, las autoridades no respondieron al llamado.

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Los afectados relataron que ya no tienen dinero para sus gastos diarios. No obstante, las autoridades «les pidieron que esperen un poco más». Mientras tanto, los doctores continúan atendiendo en las unidad hospitalarias que se les designaron. Muchos comentaron que abandonaron sus plazas de trabajo o nombramientos por este contrato.

«Atravesamos una situación difícil. Pedimos que se respeten nuestros derechos y cumplan con los estatutos y normas pactadas», exclamó una afectada.

La representante legal, Estefanía Amaguaya, argumentó que existía una certificación presupuestaria para la suscripción de estos contratos; sin embargo, se desconoce el fondo real de este proyecto o el paradero del dinero. Reprochó que el Estado ecuatoriano «dio la espalda» a quienes velan por el bienestar de los ecuatorianos.

«Muchos no tienen para su vivienda o alimentación (…) Los héroes de capa blanca están abandonados por el Estado», exclamó.

Frases como: «La atención primaria muere. Becarios sin becas», «Médico becario sin pagos», «Somos médicos, pero también seres humanos con necesidades» o «Dignidad para los becarios» gritan más de 500 posgradistas en los exteriores del Complejo Judicial Norte para exigir sus pagos.

El escenario se repite…

En medio de la crisis sanitaria por Covid-19, varios integrantes del área de salud fueron separados de la institución. El 18 de septiembre de 2020 se cumplió cuatro días de protestas en Quito y Guayaquil por la demora en el pago de las remuneraciones de los becarios.

La Ley Humanitaria, de ese entonces, especificaba que médicos posgradistas que presten sus servicios durante la emergencia se suscribirían a un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud o el IESS. En atención a este apartado, los médicos recibirían una remuneración igual a la de médico general. No obstante, los médicos denunciaron que esa disposición no se cumplió.

Foto: Ecuador Inmediato.

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«La salud es un derecho, la diálisis es vida», gritan los pacientes renales en los exteriores de la plataforma gubernamental, al norte de Quito.

Por su parte el ingeniero Alejandro Espín, representante legal de una las clínicas de diálisis, mencionó que el Gobierno se olvidó de estas instituciones que buscan «alargar el tiempo de vida de sus enfermos». Detalló que el IESS adeuda desde mayo de 2023, el Seguro Social Campesino desde diciembre de 2022 y el Ministerio de Salud Pública desde marzo de 2023.

Detalló que es un año que han esperado para que las autoridades paguen por sus servicios. Además, comentó que el panorama que enfrentan no es claro, pues los responsables no establecen una hoja de ruta para este problema. Aseguró que lo más preocupante es que los médicos o prestadores de servicios decidan suspenderlos.

«Si fuera un gobierno claro y organizado, el futuro de 2024 sería muy distinto, pero eso no está ocurriendo», terminó.

Desde el dolor…

Varios pacientes con varios carteles en sus manos, con gorras o bajo sombrillas y con las pocas fuerzas que reservan, piden al Gobierno que se haga responsable de los pagos que adeudan. Uno de los afectados, se descompensó en medio del plantón, aunque los médicos le brindaron atención de inmediato, su rostro palidecido ya no podía gritar de la misma manera.

La doctora Pamela Luna alertó que esa es la realidad que viven muchos pacientes. Recalcó que son personas de “primera línea” que necesitan recursos, atención, personal operativo. Enfatizó que el país ya no necesita un gobierno indolente o improvisado. Recalcó que la salud es un derecho y debe ser la prioridad del Estado.

«Pónganse la mano en su pecho, tenemos un poco de vida. Muchos pacientes han muertos y por eso nos vemos obligados a salir a pedir que nos ayuden, que cancelen», exclamó otra paciente.

Luna también detalló que la diálisis es una enfermedad catastrófica que debería estar en primera línea para que se atienda. Resaltó que son más de 16 mil pacientes y más de 500 familias se ven afectadas por esta decisión.

«Hemos tenido que vender algunos bienes, pero ya no tenemos cómo sobrevivir. Esto también nos mata, al igual que la inseguridad», refutó.

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La Asamblea Nacional tiene 30 días para analizar la Proforma del Presupuesto General del Estado enviada por el gobierno de Daniel Noboa. El documento contempla un valor total de USD 35.516 millones para este año, es decir, un aumento aproximado de USD 4 millones en comparación al 2023.

El viceministro de Economía, Daniel Falconí, resaltó que en la planificación económica se tomó en cuenta las leyes ya publicadas en el Registro Oficial como la de Extención de Dominio, la relacionada a los incentivos tributarios y las reformas energéticas.

No se tomó en cuenta la normativa del alza del IVA porque aún no entra en vigencia. Por otro lado, estas son las proyecciones que tiene el escrito:

• PIB nominal: USD 121.710 millones.
• Crecimiento real del PIB: 0.8%
• Inflación promedio: 2.1%
• Precio promedio del barril de exportación de crudo: USD 66.7
• Volumen de producción fiscalizada de petróleo: 156 millones de barriles.

Olga Nuñez, subsecretaria de Presupuesto, indicó que gran parte de los atrasos del 2023 se debe a la caída de ingresos petroleros, pues no se llegó a la meta de recaudación planteada por el anterior gobierno. Este sector tendría un ingreso de USD 14.340 millones, de los cuales USD 1.204 millones irá al presupuesto del Estado.

Distribución del presupuesto

El Ministerio de Economía señaló que USD 9.30 de cada USD 10 de los gastos de personal permanente está distribuidos en los sectores de educación (38,7 %); salud (18.3 %); seguridad (16.8 %); jurisdiccional (5 %); transparencia y control social (1.5 %); finanzas (1.2%) y bienestar social (1.1 %).

El total de estos gastos sería de USD 9.823 millones, en este sentido Olga Nuñez, subsecretaria de presupuesto, recalcó que existe inflexibilidad en la remuneración salarial, pues el Ejecutivo no puede tocar los sueldos de los otros poderes del Estado como es el Legislativo y la administración de justicia.

Plan Anual de inversiones y los sectores del Estado

La cartera de Estado estableció un monto de USD 1.734 millones para el Plan Anual de Inversiones, en donde constan proyectos relacionados con la construcción de nuevas cárceles, equipamiento policial, recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, programa de desarrollo amazónico, infraestructura educativa y hospitalaria, vivienda, obras viales, entre otros.

Por otro lado, el gobierno estableció una cifra de USD 3.474 millones para el gabinete de seguridad, es decir, un 14 % de los USD 25.027 millones del gasto total del Presupuesto del Estado. El valor destinado a este sector experimentó un incremento de alrededor USD 200 millones a comparación del anterior año.

En lo que corresponde a salud y educación se destinó USD 4.491 millones y USD 4.641 millones respectivamente, lo que expone un crecimiento de USD 2.835 millones. (AGM).

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Para iniciar el nuevo año, los gobiernos de la mayoría de países de América Latina anunciaron un incremento en el salario básico. Según la recopilación de Boomberang en Línea, estos son los valores de los salarios mínimos que percibirán los trabajadores de cada país en el 2024:

Determinados casos

El país en el estado más crítico es Venezuela, expertos afirman que una canasta básica equivale al menos 160 salarios básicos. El salario mínimo antes era de 7 bolívares sin embargo esto equivalía a USD 30, cuando cada dólar rondaba por los 4 bolívares. Ahora cada dólar cuesta más de 35 bolívares.

Por otra lado, Argentina vive una tragedia económica. Hasta el momento su nuevo mandatario, Javier Milei, aún no ha determinado el valor del salario básico para 2024.  El secretario de Trabajo, Ómar Yasin, señaló que en los próximos días será convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en busca de aumentos “considerables”.

Salario en el Ecuador

El pasado 15 de diciembre la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, informó que salario básico unificado (SBU) para 2024 se fija en USD 460 mensuales. La medida se efectuó desde el pasado 1 de enero.

Núñez mencionó que al no existir un acuerdo entre el Consejo Nacional de Trabajo y Salario -conformado por empleadores y trabajadores- le compete a la cartera de Estado fijar el monto del SBU. Recalcó que la decisión se toma a consideración la inflación de 2.07 % que anunció el Ministerio de Economía.

Además, señaló que este incremento “está alineado con las políticas sociales y económicas” del presidente Daniel Noboa para “distribuir de manera adecuada la riqueza”. (AGM).

La entrada Argentina, el segundo peor sueldo mínimo en Latinoamérica; Ecuador ocupa el cuarto lugar se publicó primero en La Calle.

Petroecuador, a través de un comunicado, mencionó que los pozo se encendieron en cuanto las protestas finalizaron. No obstante, el proceso de reinicio llevará más de tres días.

La entidad se comprometió a cumplir con las peticiones y acuerdos del proceso de diálogo. También, indicó que las demandas de esas comunidades no fueron atendidas en administraciones pasadas por «falta de voluntad política».

«Nos aseguraremos que cada comunidad reciba la atención y los recursos que merece. Ejecutaremos proyectos que mejores la calidad de los ciudadanos», expresó Arrobo.

De la misma manera, anticipó que no podrán ceder a presiones que pongan en riesgo la producción petrolera y puedan generar graves consecuencias económicas.

Recalcó que el régimen resguardará la vida de los ecuatorianos, pero también deberá velar por la estabilidad económica de Ecuador. «Esto demuestra que sí se pueden llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes», repitió la ministra.

La entrada Luego de un proceso de diálogo con dirigentes indígenas, se levanta la paralización de los pozos petroleros del Campo Ishpingo se publicó primero en La Calle.

A pesar de los desafíos financieros, Vega reconoció los esfuerzos del Estado para también cubrir los sueldos de diciembre, comprometiéndose a hacerlo antes de fin de año o, en el peor de los casos, a principios de enero.

¿Cuál es la situación de las finanzas del país, a la fecha?

Al informar sobre las finanzas estatales, el ministro reveló un saldo cercano a los USD 300 millones en la cuenta del Estado, destacando el apoyo del sistema financiero y del sector privado.

No obstante, el Gobierno todavía debe enfrentar cuentas significativas por pagar en áreas críticas como seguridad y salud, que ascienden a USD 4.317 millones.

JR

La entrada Cuentas claras: el décimo tercer sueldo de servidores públicos está pagado, confirma Ministerio de Economía se publicó primero en La Calle.

»No dejaron identificadas ninguna fuente de financiamiento para el pequeño saldo de la caja fiscal», dijo en entrevista para Teleamazonas. También aseguró que no quedó nada listo para cubrir los meses más complicados del año.

¿Qué decía Arosemena?

 “La transición de la cartera de Economía y Finanzas se realizará con transparencia, orden y evidenciando el financiamiento contratado para 2024″, decía el exministro Arosemena antes de la posesión del presidente Daniel Noboa.

Según él haría énfasis en cómo se entregaría la economía en términos de reducción de deuda y déficit, crecimiento económico y reservas. De igual manera, aseguró que el gobierno había conseguido USD 896 millones del financiamiento contratado.

Una economía en estado crítico

En su primer día de funciones Vega señaló algunas de las cifras más preocupantes de la economía del país:

• En la cuenta única del Tesoro actualmente existen USD 184 millones.
• Existen atrasos por USD 2.872 millones con IESS, Gobiernos Autónomos Descentralizados y más instituciones del sector público y privado.
• El déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.
• El monto total de deuda recibida es de USD 63.000 millones (entre deuda externa e interna).
• Recibimos un país con una caída del 9 % del ingreso per cápita en los últimos 10 años, por el escaso crecimiento en términos reales. Es decir, es una nación extremadamente empobrecida.
• El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos. Lo que implica que Ecuador sea excluido del acceso a mercados normales de deuda y complica la atracción de inversiones.

Sin empleo formal

También afirmó que el Gobierno actual recibe una economía que no genera empleo formal, ni adecuado; por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia. Además, existe una legislación laboral que fomenta la informalidad. A esto se suma que para 2024 hay algunas complicaciones adicionales:

• El fin de la contribución patrimonial.
• La disminución adicional al ISD.
• La reversión de la reforma tributaria.

Todo esto frente a necesidades absolutamente prioritarias como el fenómeno de El Niño, la crisis energética, la situación en seguridad, salud, entre otras. (AGM).

La entrada Una »cortita» reunión en Zoom resumió la crisis económica del país se publicó primero en La Calle.

»Estamos viendo los temas más a largo plazo de las deudas que hemos heredado. Hay alternativas de transferir bienes del gobierno central para que se conviertan en liquidez», dijo en un conversatorio con medios de comunicación.

El Ejecutivo se reunirá con los representantes de los GADS esta noche para definir el mecanismo de pago. “Desde hoy empezaremos a desembolsar los primeros 20 millones diarios para ir cubriendo deuda que el Estado mantiene con GADS”, dijo el titular de la cartera de Estado señaló ante la Comisión parlamentaria de Gobiernos Autónomos.

Por otro lado, expuso que existen cuentas cercanas pagar que rodean los USD 4.317 millones entre deudas con los GADS, seguridad social, entidades públicas y proveedores del Estado. La proyección de estas asignaciones serán tomadas en cuenta para el presupuesto devengado para el próximo año.

Además la deuda pública consolidadada se aproxima a los USD 60 millones. Atribuyó la crisis del 2023 a la caída de la producción petrolera, el alza de las tasas de interés a nivel internacional. Planteó que estos problemas se solventarán a través de la inversión privada. (AGM).

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Núñez mencionó que al no existir un acuerdo entre el Consejo Nacional de Trabajo y Salario -conformado por empleadores y trabajadores- le compete a la cartera de Estado fijar el monto del SBU. Recalcó que la decisión se toma a consideración la inflación de 2.07 % que anunció el Ministerio de Economía.

Además, señaló que este incremento «está alineado con las políticas sociales y económicas» del presidente Daniel Noboa para «distribuir de manera adecuada la riqueza».

Desacuerdos en los montos

Los trabajadores pedían que el salario suba a USD 552 para equipar de algún modo el valor de la canasta básica familiar, que actualmente pasa los USD 700. Sin embargo, los empleadores rechazaron esta petición, pues aludieron que con la inflación que tiene el país «no se podía dar ese aumento».

Además, la Cámara de Industrias y Producción señaló que cualquier solución que supero los USD 9.32 estaría fuera del marco legal y de las opiniones técnicas.

Promesa de Lasso heredada a Noboa

El debate del incremento del salario quedó en manos del gobierno de Noboa, luego de que el expresidente Guillermo Lasso no pudiera cumplir una de sus promesas de llegar a USD 500 hasta el final de su periodo, es decir en 2025. En 2022, los trabajadores tuvieron incremento de USD 25 en el salario, pasando de USD 425 a USD 450.

Sin embargo, con el decreto de la muerte cruzado y -por ende- las elecciones anticipadas eso quedó en el limbo, por lo que en esta ocasión el gobierno de Noboa solo incrementó USD 1O a los USD 450 fijados. Además, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega advirtió que la economía del país estaba en pésimas condiciones que se trasladarían al pago de sueldos del mes de diciembre.

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Así lo confirmó el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, quien aclaró que el BCE solo participó como agente pagador, indicó Primicias. 

«No es una operación de liquidez ni préstamo del BCE a Finanzas», dijo Avellán, y recalcó que tampoco se han usado las reservas internacionales, lo que está prohibido por Ley. Y añadió que el Banco Central no autoriza ese tipo de transferencias, sino que solo las ejecuta.

La entrega de estos recursos se produce en un contexto de creciente presión sobre la caja fiscal, debido a la caída de los ingresos petroleros y a la necesidad de atender el gasto público. 

¿Qué dice la ley? 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dice:

Art. 173.- La liquidez del Sector Público.- Para el manejo integrado de la liquidez del Sector público, el Banco Central del Ecuador en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas, podrá gestionar la liquidez de las cuentas creadas en dicha entidad, de conformidad con el Reglamento de este Código. No se afectará la disponibilidad de recursos de todas las entidades y organismos del sector público y su exigibilidad inmediata

Por lo que el dinero que se ha pedido a la CFN deberá devolverse en su totalidad. (MIB)

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Según su carta de renuncia, Arosemena puso a disposición su cargo el pasado 15 de noviembre y agradeció al primer mandatario por la confianza depositada desde julio de 2022. «Una visión clara: orden fiscal y enfoque social. Ha sido un gran honor ejercer esta responsabilidad en su gobierno», reza el escrito.

En su carta enumera nueve logros de su administración en la economía y finanzas públicas.

• La culminación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que «financió inversión social».
• Reducción y eliminación de 19 tipos de impuestos y aumento de la recaudación tributaria.
• «Pago de deudas históricas» a gobiernos autónomos descentralizados, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a las universidades.
• Ejecución de la mayor colocación de créditos productivos desde la banca pública.
• Focalización de subsidios a los combustibles.
• Renegociación de la deuda pública con China.
• Canje de deuda por conservación de las Islas Galápagos.
• Reducción de la deuda pública.
• Gestión y contratación de créditos con multilaterales que serán desembolsados desde 2024.

Su legado, una economía en ruinas

El 2023 culminará con un déficit fiscal aproximado a los USD 5.000 y con estimaciones de crecimiento económico desalentadoras, según datos del Banco Central del Ecuador.

Para mediados de septiembre de 2023, la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 1,5 %. El 2022, el país cerró con un crecimiento del 2,9 %, una evidente tendencia a la baja, reportó Primicias.

En cuanto a la deuda pública, en diciembre cerrará con un total de USD 81.000 millones, tomando en cuenta préstamos externos, colocación de bonos de deuda interna, pasivos y obligaciones pendientes de pago, reseñó diario La Hora.

Respecto a la inversión extranjera, el régimen se encargó de ahorcarla con un riesgo país superior a los 1.800, una cifra que ahuyenta a los inversionistas.

Cabe mencionar que estos son solo algunos de los problemas que arroja la gestión de Arosemena. Hasta el momento los gobiernos provinciales y municipios exigen las transferencias correspondientes para pagos de salarios de sus servidores; así mismo, el IESS continúa con su deuda histórica y las universidades piden sus presupuestos y cese a los recortes económicos.

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A dos días de posesionarse en la Asamblea Nacional, el nuevo jefe de Estado tendrá que buscar a un reemplazo para Moya. Hasta el momento se desconoce los motivos que impulsaron la decisión de la expostulante al cargo.

Ella no es la primera en declinar un cargo en el gabinete de Noboa. El 13 de noviembre, Iván Cargminiani, no aceptó ser el nuevo secretario de Comunicación por supuestos desacuerdos en la designación de ministros. Actualmente, Roberto Izurieta ocupará la vacante.

¿Quién es Moya?

En los últimos seis años, Moya trabajó en el Ministerio de Gobierno en el ramo de asuntos legislativos de la Presidencia, en específico en la comisión técnica de diálogo con la Asamblea Nacional.

Estuvo a cargo de la oficina de Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Gobierno en la administración de Guillermo Lasso y participó (junto al exministro Francisco Jiménez) en el equipo del régimen que negoció en las mesas de diálogo tras el paro de junio de 2022.

Moya posee estudios en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y tiene una maestría de la Universidad Carlos III de Madrid , según su perfil de Linkedin.

La primera advertencia

 – El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que para que sus planes económicos funcionen necesita ser reelegido. Según recoge Infobae, el mandatario entrante preciso que su proyecto solo será “sostenible” si los ecuatorianos lo vuelven a sentar en Carondelet en el 2025.

En reuniones en Washington, Noboa explicó su política económica a prestamistas multilaterales y banqueros de inversión, entre ellos autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (AGM).

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Jaramillo, mencionó para Radio La Calle, que, aunque Lasso tuvo una pésima ejecución presupuestaria -con una deficiente inversión pública- no solucionó el problema fiscal. Subrayó que durante estos dos años, el país no pudo crecer económicamente.

«No tendríamos las alertas de que la caja fiscal es escuálida y podría estar en riesgo el pago del décimo tercer y cuarto sueldo para diciembre», dijo.

También, señaló que «la herencia que deja Lasso es una que obliga a hacer ajustes», pero habrá que preguntarse ¿quiénes serán los que sufrirán estas políticas?

En 2021, el presidente saliente ya hizo un «reajuste» que perjudicó a la clase media. Luego -en medio del juicio político que atravesaba el mandatario- presentó una reforma para esa ley. Sin embargo, También, esa medida no recayó en las 100 empresas más grandes del país «que siguieron tributando por debajo del 1 %».

«Eso solo demostró un fracaso de la política económica del jefe de Estado, eso sí menos para ciertos sectores», mencionó.

La realidad de Daniel Noboa

El economista detalló que el presidente electo Daniel Noboa tendrá dos opciones para resolver el problema fiscal tiene dos opciones. Por un lado, recaudar más impuestos y garantizaría los servicios o reducir gastos públicos.

Sin embargo, destacó que Noboa no ha dado señales claras de la línea y política económica que seguirá su gobierno. Puntualizó que sus declaraciones «son confusas y no entregan un respaldo a los organismos internacionales».

«Ellos están conscientes que hay que hacer un ajuste fiscal. Además, por un lado, habla de una reforma tributaria y a la vez que va a bajar impuestos», explicó.

Finalmente, recalcó que las autoridades salientes y entrantes deberían entender que cambios constantes de leyes generan más problemas y no una solución. Por el contrario, lo que los funcionarios deberían hacer «cumplir las leyes en favor de la mayoría».

«Lasso podrá maquillar la realidad, condecorarse, hacer un libro de 300 páginas, pero la realidad que nos deja es deplorable», mencionó.

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Moya será presentada como la próxima titular de Finanzas ante prestamistas multilaterales y banqueros de inversión en la gira que cumple Noboa en Estados Unidos y Europa. Actualmente se encuentra en Washington asistiendo a reuniones oficiales con el primer mandatario electo.

El medio extranjero intentó comunicarse con Iván Carmigniani, secretario de Comunicación designado por Noboa, pero no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el papel de Moya en el próximo gobierno.

¿Quién es Moya?

En los últimos seis años, Moya trabajó en el Ministerio de Gobierno en el ramo de asuntos legislativos de la Presidencia, en específico en la comisión técnica de diálogo con la Asamblea Nacional.

Estuvo a cargo de la oficina de Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Gobierno en la administración de Guillermo Lasso y participó (junto al exministro Francisco Jiménez) en el equipo del régimen que negoció en las mesas de diálogo tras el paro de junio de 2022.

Moya posee estudios en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y tiene una maestría de la Universidad Carlos III de Madrid , según su perfil de LinkedIn .

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»La Función Ejecutiva presentará a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo», dicta el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

De acuerdo al calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el binomio presidencial apenas será posesionado el 15 de noviembre, es decir, la nueva administración gubernamental no alcanzará a presentar su presupuesto anual y tendrá que adaptarse a la planificación prorrogada del mandatario saliente.

¿Hay solución?

Para el abogado constitucionalista, Rafael Oyarte, la situación aún es salvable, sin embargo destacó la importancia de ya tener un delegado que resuelva este problema. La solución estaría en las manos del poder Legislativo.

»Al momento de la posesión el nuevo ministro de Economía podría pedirle a la nueva Asamblea las modificaciones a ese mismo presupuesto. De hecho el mismo presidente de la República puede hacer estos cambios sin autorización de la Asamblea, pero hasta un 35 %», dijo en entrevista para FM Mundo.

Otros sectores urgentes

El silencio de Noboa ante los medios de comunicación deja en el aire diversos cuestionamientos en torno a su planificación de gobierno y a la conformación de su gabinete. Hasta el momento solo ha anunciado cuatro nombres que dirigirán las diferentes carteras de Estado.

En entrevista para Radio La Calle, los analistas políticos Wilson Benavides y Ramiro Aguilar coincidieron en que la seguridad es uno de los ejes urgentes para el país. La figura del director del SNAI, el ministro del Interior y el ministro de Defensa serían claves para resolver la crisis de inseguridad.

»No es lo mismo un gobierno de cuatro años que uno de un año y medio. En esa medida creo que la coyuntura está exigiendo ciertos perfiles y ciertas prioridades», aseveró.

Además, destacó el rol de ministerio de Gobierno en el caso de que se lleve a cabo una consulta popular, pues tendría que estar al frente de una agenda política. Por otro lado, para Aguilar aumentó una ficha importante a la lista: el ministro de Obras Públicas.

» (El gobierno de Guillermo Lasso) deja una estructura pública destruida: carreteras, puentes y escuelas. Básicamente necesitamos vialidad, un país sin carreteras afecta al comercio», expresó.

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En el documento, emitido por el ministro de Economía, Pablo Arosemena, mencionó que las instituciones que dependen del Presupuesto General del Estado (PGE) no podrán realizar nuevas contrataciones y tendrán una disponibilidad limitada de recursos.

Por su parte, los bloques aseguraron que esto solo una pretexto más para «boicotear la transición inmediata y prolongar innecesariamente el gobierno de Lasso». Recalcaron que no es «de buena fe» que dejen que las instituciones se manejen sin presupuesto y personal adecuado.

«Un oficio memorándum, carente de jerarquía normativa, no está por encima de la Constitución o la Ley», detalla el comunicado.

Además, le exigieron al régimen que «detenga estas y otras decisiones de última hora que solo afectan el trabajo de las entidades.

El documento lleva la firma de Actuemos, Avanza, Construye, Gente Buena, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Revolución Ciudadana, Reto y Suma 23.

Tarde como siempre

Luego de que las nueve organizaciones políticas se pronunciaran por los recursos, el régimen emitió un comunicado en el que indicó que la Asamblea Nacional recibirá todos los recursos para el cumplimiento de sus funciones.

Según él, el Ministerio de Finanzas garantizará la entrega de los recursos y esas directrices «no afectan el normal funcionamiento de otros poderes del Estado».

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Tello explicó que Llori traspasó ese dinero desde la cuenta de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTA). Recalcó que para realizar este proceso solo presentaron un documento que carecía de argumentos sólidos y base legal.

Por su parte, Llori aceptó que transfirió esa cantidad de dinero y argumentó que es un «ejercicio económico» que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando la CTA lo necesite.

«Lo importante es que nos mantienen informados. Además, es un préstamo que les estamos haciendo», expresó.

Sin embargo, Tello mencionó que ese monto le pertenecía al Fondo Común de la región y no era parte del presupuesto general. Resaltó que la ley prohíbe que otras autoridades dispongan de esos recursos.

«Clarito dice que los recursos que van desde las empresas que operan en la Amazonía es plata de aquí. Ya se van y según ellos van a devolver todo», dijo.

Al parecer Llori no consideró este punto y enfatizó que la CTA no puede destinar recursos «así nada más» a sus localidades. Comentó que esa repartición dependerá del poder de gestión que tengan las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los líderes de organizaciones sociales y dirigentes de comunas, pueblos y nacionalidades.

«Si presenta un proyecto tendrán recursos y con eso habrá obras, pero si no presentan tampoco hay recursos ni obras», detalló.

A pedir más refuerzos

El exlegislador interpuso una acción de protección para que se deje sin efecto esta transferencia y el dinero regrese a la cuenta del CTA. También, pedirá que la Contraloría General del Estado intervenga en el caso por existir presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales.

«Aquí (en el documento) solo dice: transfiérase los recursos y nada más, eso es inconstitucional. Nosotros hemos fundamentado de manera adecuada nuestra protesta. No es un tema político, queremos que el dinero regrese y esto no se vuelva a repetir», señaló. (N.J.C)

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