Tras el incidente, el plantel suspendió indefinidamente las clases presenciales por «medidas de seguridad». Patricio Moreno, subsecretario de Educación de Quito, admitió limitaciones: «La Constitución impide requisas dentro de aulas y controles de metales», afirmó a Diario La Hora. Además mencionó que 365 colegios son la prioridad del Plan Escuela Segura.

Previamente, el Ministerio de Educación aseguró que «la violencia disminuye», pese a denuncias recientes de extorsiones a docentes por bandas criminales en Los Ríos

Gremio docente: «Emergencia nacional»

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), desmintió tajantemente al gobierno: «¿De verdad alguien dice que todo está controlado?», cuestionó tras revelar que una maestra en Chone evitó un secuestro ese mismo día. En un comunicado urgente, la UNE catalogó la docencia como «profesión de alto riesgo», exigiendo:

– Un Plan de Seguridad Nacional específico para instituciones educativas.
– Reinserción de miles de estudiantes desplazados por la violencia.
– Reconocimiento oficial de riesgo laboral con garantías.

Cifras que desmienten la versión oficial

El gremio documentó en las últimas dos semanas: más de 100 amenazas de extorsión a docentes en cinco provincias, tres secuestros en Guayaquil, un profesor asesinado en Machala, una docente baleada en Esmeraldas y un doble homicidio frente a una escuela el 9 de junio. Frente a esto, el Ministerio reconoció solo 28 casos de amenazas en la Zona 8.

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La cartera de Estado anunció la derogatoria del Acuerdo 063-A relacionado a la normativa para la evaluación, permanencia y promoción de los estudiantes en el sistema nacional de educación.

El documento disponía que los estudiantes de segundo a séptimo de básica podían perder el año por bajas calificaciones. Asimismo establecía los métodos de evaluación y el rango de notas para el diagnóstico escolar, al momento se desconoce si existirán cambios a estos aspectos.

Por otro lado, Crespo aclaró que para el caso de los alumnos de octavo de básica en adelante el supletorio sigue siendo una herramienta. También resaltó que la opción de que el estudiante pierda el año es una decisión que debe ser tomada en consenso “a través de la Junta Académica de curso, los padres de familia y los directivos”. (AGM).

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El año 2022 marcó un punto crítico en la lucha contra la violencia sexual, con un preocupante aumento en las denuncias, según datos revelados por el Ministerio de Educación.

En aquel año, se registraron 4.758 casos, superando los 4.608 del 2018 y los 89 del 2014. Este aumento drástico refleja un problema social profundo que requiere una atención urgente y sistemática.

La violencia sexual no conoce límites, afectando a personas de todas las edades y géneros, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades.

Un problema de larga data

La problemática persiste más allá de las aulas, con el 75% de los casos ocurriendo fuera del entorno educativo. Aunque las mujeres representan el 90% de las víctimas, los hombres también son afectados, subrayando la necesidad de un enfoque inclusivo en la prevención y el apoyo a las víctimas.

Además, se revela una alarmante brecha entre el número de denuncias y el número de sentencias, lo que señala la importancia de fortalecer los mecanismos de justicia.

El Ministerio de Educación destaca la existencia de protocolos y rutas de actuación, pero queda claro que se necesita un compromiso más amplio y coordinado de toda la sociedad para erradicar esta compleja situación.

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La cartera de Estado a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Guayaquil Zona 8 presentó la denuncia correspondiente el pasado 12 de marzo. Además, rechazó todo acto de violencia cometido dentro o fuera del sistema educativo.

La información salió a luz debido a unas declaraciones de Rosero a los medios de comunicación. El abogado  denunció que dos de los tres implicados en uno de los casos mantienen un chat grupal en el que aparentemente se difundirían videos de las menores agredidas.

Alertó que en ese grupo también se encuentran estudiantes de otros colegios “de prestigio de Guayaquil”. Según La Defensa, si un estudiante quería acceder a determinado video tenía que cancelar un determinado valor.

“Allí se vanagloriaban y alardeaban de los abusos que profanaron. Los adolescentes filtraban ahí los nombres y clips de sus víctimas”, dijo.

Más casos de abuso

De igual manera, el Mineduc reportó un presunto caso de violación sexual en la Unidad Educativa La Salle ubicada en el Valle de los Chillos. La cartera de Estado emitió las medidas de protección para la víctima y se investigará a la presunta agresora.

Asimismo, se dispuso el acompañamiento psicológico a los estudiantes implicados, brindando contención emocional. El caso ya fue denunciado ante Fiscalía para que tome las acciones correspondientes. (AGM)

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Rosero alertó que en ese grupo también se encuentran estudiantes de otros colegios «de prestigio de Guayaquil». Según el abogado, si un estudiante quería acceder a determinado video tenía que cancelar un determinado valor.

«Allí se vanagloriaban y alardeaban de los abusos que profanaron. Los adolescentes filtraban ahí los nombres y clips de sus víctimas», reprochó para los medios de comunicación.

De la misma manera, cuestionó el accionar de las autoridades, la Policía Nacional o Dinased ante estos casos. Detalló que toda la información proporcionada será enviada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para su valoración.

La pesadilla en SEK

El 7 de marzo de 2024, se denunció un tercer caso de violación en el mismo colegio. En esta ocasión, se trataría de una pequeña de cinco años. Su abogada, Soledad Angus, explicó que el abuso ocurrió en diciembre del año pasado y desde entonces no han dado con los responsables. Además, mencionó que la menor no continuó con sus estudios desde esa fecha, a causa de las trabas en el sistema judicial y de parte de las autoridades de la institución.

El pasado 5 de marzo, se difundió el caso de otra joven que habría sido violada por tres compañeros de clase en un paseo de fin de año en Punta Cana, República Dominicana. Los abogados de la víctima indicaron que el hecho ocurrió en noviembre de 2023, pero por negligencia de la Fiscalía, dos implicados ya están fuera del país.

Allí no termina el escenario, pues el 6 de marzo otra víctima levantó su voz y denunció otro caso de abuso en el mismo colegio. Los padres de la joven pidieron al abogado Fernando Rosero que también los represente. La menor no hizo público el acto por vergüenza y para no revictimizarla, detalla El Universo. Este caso ocurrió el mismo día del paseo de fin de año.

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La alumna afectada pertenecería la Unidad Educativa República del Ecuador, las autoridades del plantel, a través del Departamento de Consejería Estudiantil, Inspección y Rectorado (DECE), activaron los protocolos para abordar la violencia detectada en el sistema educativo.

»¿Y así quieres volver a hablar mal de mí todavía? Cuando vayas a hablar mal de mí pensarás bien las cosas», decía la agresora.

El video expone como una menor de edad es agredida físicamente por otras adolescentes, quienes la golpean en el rostro y le tiran del cabello. La víctima trata de protegerse el rostro, pero una de las agresoras la engaña haciéndola creer que los golpes cesaron, sin embargo, vuelva a atacarla.

Ante esta crítica situación, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo activaron sus protocolos y rutas de actuación de manera inmediata. Las entidades informaron que brindarán apoyo legal, psicológico y emocional a la estudiante y su familia. También contará con la valoración del médico legista hasta el servicio jurídico gratuito.

La Policía Nacional también ha intervenido, activando unidades especializadas para recabar información, realizar trámites correspondientes y solicitar medidas de protección para la víctima, además de continuar con la investigación del caso. (AGM).

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Sin embargo, la entidad mencionó que el 6 % de instituciones, que estarían distribuidos en sectores de la Costa y Galápagos, mantendrán las clases virtuales. El presidente Daniel Noboa detalló que esta medida se sostendrá hasta que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) brinden un informe favorable sobre la seguridad.

El Ministerio insistió en que las únicas entidades que regresarán a la normalidad serán aquellas que fueron notificadas hasta el 4 de febrero de 2024. Mientras que los que no recibieron esa notificación permanecen en la no presencialidad.

No están preparados

Las autoridades insistieron en que las unidades educativas del régimen Costa-Galápagos se mantendrán en la virtualidad hasta el final del año lectivo. Es decir, hasta el 8 de marzo de 2024. «El Ministerio ha emitido lineamientos técnicos y pedagógicos para garantizar la continuidad educativa», reza el comunicado.

De la misma manera, detallaron que mantendrán un monitoreo constante para «garantizar» las condiciones educativas a nivel nacional. Asimismo, informará de manera oportuna las disposiciones que se emitan dentro de cada plantel.

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Calderón detalló que de ese monto, 846 planteles del Distrito Metropolitano de Quito retornarán desde el 24 de enero de 2024. Mientras que, en Guayaquil solo 77 planteles dejarán la virtualidad. Por otro lado, quienes se mantienen en la no presencialidad son los planteles de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro y dos cantones de la Amazonía.

La suspensión de clases inició el 9 de enero de 2023, luego de los disturbios que se registraron en el país con la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’ y Fabricio Colón Pico; además de la toma de TC Televisión por antisociales.

El listado de las instituciones no se difundirá, pero los distritos educativos serán los encargados de informar a los padres de familia sobre el retorno.

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El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, indicó para La Calle, que las instituciones que fueron víctimas de estos hechos se encuentran ubicadas en las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Manabí. Además, solicitó una reunión con el Ministerio de Educación. Dicha entidad delegó a algunos funcionarios, pero no han recibido una respuesta de confirmación.

El colectivo instó a la cartera de Estado a realizar un seguimiento exhaustivo de estos casos para dar con los responsables y esclarecer los protocolos necesarios. «Son las familias y el magisterio quienes están garantizando que la educación no se detenga, mientras que el Ministerio solo emite acuerdos», expresó.

Otras peticiones

La UNE solicitó que las clases virtuales se mantengan hasta que se definan los protocolos y las condiciones necesarias para impartir clases. Además, pidió que se bajen las tarifas de internet y energía eléctrica al 50% de su costo en hogares donde se registren estudiantes.

También expusieron la idea de fomentar acuerdos con empresas tecnológicas para que puedan acceder a computadoras, celulares o tablets a precios accesibles. Según la organización, varios estudiantes no se presentaron a clases por problemas de conectividad.

«Es necesario que se declare en emergencia a los sectores de educación y salud con el fin de incrementar presupuestos y priorizar políticas y sociales», alegó.

Finalmente, recalcó la importancia de trabajar en planes de riesgo para que las escuelas sepan cómo actuar ante coches bomba, amenazas o atentados.

Alguna vez hubo el «Plan Escuela Segura»

En la administración del expresidente Guillermo Lasso y la titularidad del Ministerio en manos de María Brown, se implementó lo que sería el «Plan Escuela Segura». Un proyecto que se supone reduciría los niveles de inseguridad en 220 escuelas del país.

Sin embargo, hasta el 23 de noviembre de 2023, fecha en la que todos los funcionarios se despidieron del poder, no se evidenciaron los resultados del plan. El proyecto tendría el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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Las autoridades comentaron que iniciaron con el protocolo correspondiente y se desplegaron a la zona para empezar la investigación.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran como una de las ventanas del vehículo en el que se trasladaba el grupo estudiantil quedó destruida luego de que los implicados les dispararon.

Hasta el momento, la cartera de Estado no ha emitido un boletín o información sobre el avance de la investigación y el paradero de los menores.

Noticia en desarrollo…

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Antonieta Lumania, estudiante del plantel, relató a Radio La Calle que el pasado 4 de diciembre funcionarios del Mineduc llegaron a la institución e informaron que la sección nocturna se cerraría y los reubicarían a otros planteles. La justificación de la cartera de Estado se basa en que el colegio no cuenta con la cantidad de alumnos suficientes en cada aula y que los »licenciados están yendo de gana».

»Hay veces en donde nos falta profesores en la noche pero nos dicen que ellos deben pasarse el día porque es una jornada más importante. Creo que todos somos iguales y nos merecemos el estudio», resaltó.

Según les comunicaron tendría clases normales hasta este 8 de diciembre pues a partir del 11 de diciembre los reubicarían. Serían 98 los estudiantes trasladados.

Antonieta señaló que sus compañeros tienen hijos que mantener y deben trabajar en las mañanas. La jornada nocturna es su única alternativa para aprender y acceder a nuevas oportunidades. Ella manifestó que el personal del Distrito de Educación les expuso el documento de la notificación, sin embargo, no les permitieron leerlo.

Ante su negativa de abandonar el colegio, los funcionarios le habían advertido que si perdería todo lo ha avanzado en sus estudios. Para el alumnado, el hecho de cerrar la sección nocturna de este plante significa una afectación a su aprendizaje porque el año lectivo está en curso y las otras instituciones educativas no tienen las especialidades que ellos eligieron.

Este 7 de diciembre se llevará a cabo una marcha pacífica a las 18h00 desde el Monumento de Rumiñahui hasta la entrada de la institución. Radio La Calle intentó obtener información en el Mineduc respecto a este caso pero no hubo respuesta. (AGM).

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La cartera de Estado resaltó la importancia de que los estudiantes «rompan los esquemas tradicionales» y aprendan las materias con apoyo de otras herramientas.

La subsecretaria de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Emilia Vallejo, comentó -para Primicias- que el nuevo cronograma tiene cuatro grupos de materias distribuidos de la siguiente manera:

Tradicionales: Matemática, Lenguaje, Física, Álgebra y Educación Física.

Transversales: que se impartirán junto a las otras materias, Informática y Educación Financiera.

Flexibles: entrarán en vigencia el próximo periodo y son: Programación, Educación para el Desarrollo Sostenible, Escritura Académica y Cosmovisión Andina.

Optativas: se impartirán de acuerdo al contexto de cada institución.

Vallejo recalcó que, con las nuevas asignaturas el Ministerio determinará las horas que se impartirán las materias tradicionales. Sin embargo, cada entidad tendrá la facultad de decidir el tiempo que se dicten las materias flexibles y optativas. Además, enfatizó que esta disposición será de manera obligatoria en todos los planteles.

También, señaló que habrá un perfil de salida para los estudiantes de cuarto, séptimo y décimo de básica. El propósito de este apartado es reducir la deficiencia en la comprensión lectora, pensamiento lógico matemático, habilidades emocionales y competencias digitales.

En cuanto al sistema de calificaciones, indicó que se mantiene el formato trimestral con el que se manejó este último periodo. No obstante, aclaró que los estudiantes de quinto de básica sí pueden perder el año si obtienen una calificación inferior a 7/10. Mientras que, los estudiantes de cuarto de básica no perderán el año por notas, pero sí lo podrán repetir.

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Según la UNE, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El documento detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

Una fuente anónima reveló, para Radio La Calle, que las autoridades alegaron que no tienen el presupuesto necesario para imprimir los libros para todos los estudiantes. Además, los textos estarán bajo la tutela de los maestros y no de los jóvenes como regularmente se lo hacía.

Por su parte, el presidente de la UNE, Andrés Quisphe, comentó que esos textos utilizaban los niños, niñas y adolescentes dentro del aula.

«Se está afectando al sector que más estudiantes tiene, esos textos se utilizan para analizar distintas temáticas o los temas que el curriculum lo propone», dijo para Radio La Calle.

Recalcó que delegados de los distritos educativos o de la cartera de Estado van retirando los libros desde hace dos semanas. Además, detalló que lo hacen a través de «disposiciones verbales o memorándums escuetos».

«Llegan los vehículos y se los llevan. Las autoridades de los planteles no pueden decir nada porque pueden recibir amonestaciones graves», apuntó.

También, manifestó que es complicado conocer la cantidad de libros que se llevaron porque muchas veces lo hacen de manera oculta. «Lo que sí es una certeza es que están afectando el derecho a una educación de calidad científica y el interés superior de cerca de dos millones de niños», refirió.

Acciones legales

Quishpe confirmó que interpondrán acciones en contra del decreto del Ministerio de Economía, sobre las directrices del gasto público, y el documento que difundió la ministra María Brown.

Añadió que son acciones para precautelar la educación de los estudiantes y para que no se vulnera la adquisición de libros de ese sector.

De la misma manera, mencionó que Brown presentará el 1 de noviembre el nuevo curriculum que «lo elaboró de la noche a la mañana». Sin embargo, repitió que esos procesos se realizan con debates y concursos previos.

«Suponemos que ahí justificará las consultorías que hizo de manera espontánea. Ella sabe que se necesitan hacer todos los procesos. Estaremos atentos a todo lo que haga antes de que se vaya», anotó.

Cosas turbias, muy turbias

El pasado 9 de agosto, la UNE acusó a María Brown de incurrir en el supuesto delito de peculado. Según la organización, la funcionaria favorecería a terceros a través de varios contratos.

La organización solicitó a la Fiscalía que investigue el caso e identifique posibles “conductas punibles” y a los actores de este entramado. La organización señaló que en las últimas semanas la cartera de Estado elaboró 10 procesos de contratación que sobrepasan los USD 3 millones.

Los procesos, que involucrarían cuadernos de trabajo, guías de docentes, y textos de consulta, tendrían relación con representantes directos, lo que incumpliría con la ley.

«No va a bajar los brazos frente a todos los libros que la ministra le está quitando, miles de docentes despedidos en la pandemia y no han podido reintegrarse«, finalizó.

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La CGE aprobó el informe de auditoría a la contratación del servicio de impresión, distribución, uso y destino de esos kits entre enero de 2018 y diciembre de 2022. De acuerdo con la entidad, las actas que presentan inconsistencias se emitieron entre el 7 y 15 de julio de 2020.

«Hay diferencias significativas en el número de textos entregados a las escuelas y la cantidad de estudiantes que asistían a cada una (…) Por ejemplo, hay una lista de 4.384 recursos entregados a un plantel con capacidad para 28 alumnos», detalla el documento.

La CGE ya informó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de las irregularidades en las actas entrega-recepción.

Las primeras fallas

Según datos de las actas, 39.692 kits se distribuyeron a siete centros educativos de Esmeraldas y tres a Carchi. No obstante, entre 2020 y 2021 solo asistieron 545 alumnos.

La Contraloría también encontró falencias en la gestión documental del Ministerio, pues no contó con un registro completo de «actas entrega-recepción» en formatos preimpresos o digitalizados y no presentaban la numeración correcta para validar su distribución. A raíz de esos fallos, se desconoce el destino de esos recursos educativos por un valor de USD 2.723.030.

«Existe una diferencia por USD 778.486, entre las cantidades entregadas a las escuelas por las direcciones distritales, y a la ausencia de evidencia documental de la distribución de kits a los estudiantes que están valoradas en USD 1.944.543», expresa el escrito.

Ahí no termina la situación…

El examen también determinó que no hubo directrices de almacenamiento, distribución, control y uso de bienes, por lo que los responsables de la bodega del Ministerio de Educación, ubicada en Calderón, no pudieron justificar el uso y destino de 939.650 materiales con un valor de USD 897.610.

Asimismo, la Contraloría realizó observaciones al sistema de impresión. Según la entidad, el presupuesto referencial no contó con los costos unitarios ni de proformas adjuntas, los pliegos no se elaboraron con versiones oficiales, por lo que no se determinó si los proveedores fueron o no la mejor alternativa para la entidad.

Versión de los docentes

Los maestros de los planteles comentaron que no recibieron los kits detallados. Al contrario, denunciaron que les entregaron textos en malas condiciones que serían dados de baja en los inventarios de la escuela. Además, señalaron que las actas presentaban presuntas adulteraciones, pues diferían los formatos, los membretes y las hojas no estaban sumilladas o numeradas. (N.J.C)

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Brown argumentó, en La Posta, que de los 147 casos de niños asesinados en lo que va del 2023, ninguno ocurrió «dentro de un plantel educativo». De acuerdo con las cifras que presentó la ministra, 95 casos fueron en la vía pública, 23 en sus casas y al menos cinco en los parques. Sin embargo, hace unos meses dos menores de edad murieron luego de ser víctimas de atentados cuando se dirigían al colegio.

De la misma manera, varios padres de familia exigieron a la cartera de Estado que dé paso a las clases virtuales para proteger a sus hijos, pero la entidad mantuvo la negativa.

«Lo mejor es continuar con la presencialidad, pues con el otro método los jóvenes se convierten en puntos frágiles para el reclutamiento forzado, actividades ilícitas y pueden ingresar a lo grupos delictivos» dijo.

¡Cierto!, había un «Plan Escuela Segura»

En octubre de 2022, la Policía Nacional y los ministerio de Educación y del Interior crearon el «Plan Escuela Segura» para «reducir los niveles de inseguridad». Sin embargo, a pocos días que la iniciativa cumpla un año no ha dado resultados positivos.

Para Brown, el plan contempla tres ejes: prevención, protección y protocolos de acción que fueron aplicados a 220 unidades educativas. Recalcó que la entidad «no puede extenderse de las facultades que le corresponde», por lo que solicitó a los agentes que redoblen esfuerzos para cuidar a los niños y jóvenes. No obstante, los representantes de los estudiantes indicaron que los policías solo van a las instituciones para «tomarse una foto y se van».

«También, se pidió que hagan una evaluación de lo que ha sucedido con el Plan y ver si tenemos que hacer arreglos o cambios», mencionó.

«Abandono escolar»

La ministra confía y espera los resultados del censo 2022 para tener un dato exacto de los jóvenes que salieron de las escuelas. Según la servidora, las encuestas boca a boca que realizaron demuestran que la deserción escolar se debe a la inseguridad, embarazos adolescentes y falta de recursos.

«Eso también depende de la natalidad y si no hay niños las inscripciones en los planteles también cambiarán, pero ya se sabrá con los datos del censo», afirmó.

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«Mi hija que cumplirá cuatro años empezó a asistir a clases de inicial en el Centro de Educación Infantil Mi gigante tesoro en Carcelén. El lunes (04 de septiembre) tuvo la presentación, el martes (05 de septiembre) tuvo jornada completa y ese día la mamá la recogió y la notó triste, rara y le preguntó qué pasó. La niña, entonces, contó que la profesora le quiso dar un jarabe que sabía a cereza, el momento que ella se negó a tomarlo, la jaló de las orejas, incluso sacándole el arete. No tuvo un daño físico en sus orejas, pero cuando le pregunté que había dicho la profesora, ella respondió ¿Cómo que no? y le obligó a tomarlo», relató a Radio La Calle, su padre Gabriel Borja.

Después de eso, le hizo el mismo proceso a su compañero, jalando de sus orejas para que tome el jarabe. A la niña también le obligaron a comer y a acabarse toda la lonchera que le habían mandado de una forma grosera. «La maestra es mala», le dijo la pequeña a su padre. Después de llegar a su casa, la niña durmió tres horas, presumiblemente por el efecto del jarabe. También se quejó de un dolor de estómago.

Negligencia institucional

Los padres de la niña presumen que el jarabe que ingirió era un tranquilizante, por lo que Gabriel decidió hacer la denuncia pertinente. Allí surgió otro problema, la falta de atención de los funcionarios públicos con el protocolo necesario para estas situaciones. «Fui al Ministerio de Educación, a la Fiscalía. Conseguí, después de una pelea bastante fuerte, interponer la denuncia desde Riobamba que funciona sin ningún problema en Pichincha y la mamá ya completó la analítica para llevarla al Izquieta Pérez. En el Centro de Salud le negaron la atención para el examen», explicó.

La preocupación para los padres es que, con el paso del tiempo, los resultados de la analítica no muestren la presencia del jarabe. Al final, a la niña le sacaron sangre en la Fiscalía, después de que los funcionarios alegaran varias excusas, como el hecho de poner la denuncia en Riobamba, el lugar donde vive el padre. El sistema de la Fiscalía tiene funcionamiento a nivel nacional por lo que el sitio de donde se generó la denuncia no detiene el proceso.

El Centro Infantil les devolvió el dinero de la matrícula y el uniforme, la directora no puso resistencia. «La mamá le preguntó qué fue lo que le dieron y ella dijo que no le dieron nada. (…) Me preocupa que frente a la forma de actuar de los servidores públicos, no haya seguridad de que el trabajo de análisis no se haga bien. No saber qué sucede. Dijeron que en 10 días el Izquieta Pérez mandará esos resultados a la Fiscalía», agregó.

La pasividad

Este padre está preocupado también sobre el impacto psicológico que este episodio de maltrato puede tener en su hija. «La psicóloga de la dirección distrital del Ministerio de Educación me dijo que aquí las denuncias suelen morir. Es un tema penal que lleva la Fiscalía, pero si ellos no contestan, la ruta es dirigirse al Ministerio de Educación para pedir la inspección y el protocolo a seguir», dijo este padre.

Si bien la niña no sufrió daños físicos aparte del sueño y el malestar. Los padres están preocupados de que situaciones así se repitan y lo desprotegidos que están frente a las instituciones que deberían protegerlos. «Si un ciudadano común lleva una denuncia a la función pública no va a mentir y suponer lo contrario va contra la buena fe que debe tener el funcionario. El Centro de Salud debió seguir el protocolo de violencia», expresó.

Para Gabriel es importante que las madres y padres se enteren de estos hechos que posiblemente podrían pasar en otros centros de educación infantil para los estudios iniciales. Por lo que consideró necesario visibilizar su caso. (MIBM)

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La inestabilidad del gabinete no solo se evidenció en los desacuerdos con el Legislativo, sino también con los funcionarios que Lasso escogió para que conformaran su equipo de trabajo. Aquí el detalle.

Ninguno fue digno para Lasso

Los ministerios de Gobierno y Agricultura fueron los que más cambios tuvieron durante su periodo. Ambas tuvieron cuatro servidores, uno de ellos duró tan solo tres meses. Al momento, Henry Cucalón dirige el ministerio de Gobierno, mientras que Izaguirre se encarga del de Agricultura.

Otra de las instituciones más afectadas por los escándalos, fue la de Energía y Minas. Tuvo tres cambios, dos con juicios políticos y supuestos vínculos con casos de corrupción. El «finalista» es Fernando Santos Alvite, que ingresó el 28 de octubre de 2022, pero no todo fue color de rosa. Al inicio de su periodo lo acusaron de tener paraísos fiscales.

Algo similar ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lasso movió tres fichas y la última reagrupó. Uno de los cambios logró quedarse más del año, sin embargo, renunció luego de generar desacuerdos con las autoridades argentinas. La últma pieza es Gustavo Manrique, que se mantiene en el puesto.

De la misma manera, el Ministerio de Defensa tuvo tres cambios. Los dos llegaron solo a los seis meses y pasaron al olvido. Al parecer, Lasso pudo congeniar ideas con Luis Lara Jaramillo y se mantiene al frente de la entidad.

Ministerios con menos solo cambio

El Ministerio de Transporte tuvo solo dos cambios en este régimen. Los dos cambios estuvieron cerca de llegar al año de trabajo en la cartera de Estado. Sin embargo, las denuncias y las solicitudes de juicio político -contra uno de ellos- le costó el puesto.

El Ministerio de Economía, del Interior, Inclusión Económica y Social, Producción y Salud fueron las entidades con menos cambios. Durante el gobierno de Lasso hubo un solo reemplazo, que fue el definitivo. Aunque las quejas y pedidos de destitución no pararon contra algunos de los servidores, el jefe de Estado no ha tomado acciones para definirlos.

Vio que ahí no era

El Ministerio del Ambiente tuvo un solo cambio. El jefe de Estado removió a Gustavo Manrique de la cartera de Estado luego de casi dos años en el puesto. En su lugar designó a Juan José Dávalos, que se mantiene desde el 23 de abril de 2023.

Además, el Ministerio de Desarrollo Urbano tuvo un cambio, Dario Herrera fue removido al Ministerio de Transporte en junio de 2022. Once meses después de ocupar el cargo. En su lugar está María Gabriela Aguilera.

Los improvisados

Luego de la muerte de María Belén Bernal, el primer mandatario creó el Ministerio de la Mujer como reemplazo a la Secretaría de la Mujer. En aquel entonces, Bernarda Ordóñez se encargó de la entidad y renunció el 5 de mayo de 2022 por desacuerdos con Lasso.

Los sobrevivientes

Sin embargo, hay seis personajes de los ministerios que sobrevivieron a la decapitación y acompañan a Lasso desde el inicio, como las carteras de Estado de Educación, Turismo, Telecomunicaciones, Deportes, Trabajo y Cultura.

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Walter Pérez, abogado y vocero del colectivo, afirmó que han realizado el proceso sumarial y demostrado su inocencia dentro de un caso de cobros indebidos. Sin embargo, la directora distrital, mSc. Lilian López ha tratado a los profesores como culpables y adelantando su veredicto. «(Ella) ha manifestado reiteradamente que va a sancionar», manifestó Pérez.

Todo empezó el 22 de marzo del 2023 cuando una madre de familia denunció un supuesto cobro indebido por parte de docentes del plantel. Ella habría mandado una carta al Ministerio de Educación explicando estas y otras anomalías en la institución. A razón de ello, el Ministerio emite un informe técnico el 31 de marzo para verificar y determinar la denuncia.

En el informe se estipuló cuatro acusaciones: sobresueldo, pluriempleo, incumplimiento de la jornada laboral y cobros indebidos desde varios profesores del colegio. El abogado Pérez explica que tres de esos puntos fueron desmentidos con base en el reglamento del Ministerio y leyes del Código Laboral.

Todo el proceso fue plasmado en informes dentro del expediente del caso. El 2 de junio fueron notificados del inicio del proceso sumarial y a la fecha han recogido más documentos y testimonios que desmienten esas acusaciones. Siguen a la espera de que el Ministerio fije una fecha para la audiencia de resolución, que se espera, sea en los próximos 10 días.

La defensa de los docentes

«En este caso, no podría haberse dado ese sobresueldo porque quien lo hubiese realizado es el Ministerio de Educación y no lo ha hecho. Ellos no han ganado más dinero que el sueldo que ganan como profesores. Por lo tanto, no es aplicable la figura de sobresueldo», manifestó.

Siguiendo la siguiente acusación, de pluriempleo, Pérez ratifica que eso se hubiese demostrado si el acusado registra más de un nombramiento en el sector público. Hecho que desmintieron verificándolo en las aportaciones del seguro social.

A ello se suma que la entidad nominadora del nombramiento es el Ministerio de Educación. Algo incongruente si se pretende acusarlos de pluriempleo, cuando el responsable sería la cartera de Estado. Con respecto al tercer punto también aclaró que el distributivo de trabajo de los docentes también es emitido por entidades públicas.

Es decir, los distributivos son emitidos por los colegios fiscales y éstos a su vez son aprobados por el distrito educativo. El Colegio Mejía es competencia del Distrito Educativo número 4 (Centro). En ellos se determinó que su jornada obligatoria de trabajo es de 30 horas. Pérez añade que los maestros tenían participación extracurricular y sin percibir ingresos por ello.

El colectivo argumenta que la instancia superior de la Dirección Distrital es el Ministerio de Educación. De acuerdo con López, ella sigue órdenes superiores. Por ello relatan que al haber demandado respuestas de esa cartera de Estado, el colectivo no la obtuvo y tachó estas acciones como persecución.

Subrayan que Lilian López decidió deliberadamente desestimar el expediente con las resoluciones e informes de los abogados sustanciadores. Es decir, tomó una decisión arbitraria y ello parece ser claramente un acto de persecución para los acusados.

A la espera de la resolución

Frente a las pruebas físicas y testimoniales que contradicen las anteriores acusaciones y los cobros indebidos, los docentes siguen a la espera de su resolución. A pesar de que una directora jurídica determinó la improcedencia de las acusaciones, la directora distrital Lilian López la despidió y consideró al informe como referencial, según el jurista.

Esto quiere decir que el informe de este proceso fue desvirtuado por López, cuando este determina la resolución de los acusados. Para el abogado Pérez, la directora distrital cometió prevaricato. Delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

Según él, López habría manifestado haber llegado a ‘sancionar, a poner las cosas en orden, que va a sancionar a los del Mejía’ de manera reiterada y pública. Pérez recalca que eso no le da una seguridad dentro del caso ya que desde un inicio los abogados sustanciadores, quienes llevan el proceso contra estos docentes, aseguraron que no existe nexo causal.

Ellos determinaron que no existen elementos de convicción para poder sancionarlos y por lo tanto recomendaron el archivo de la causa. Sin embargo, la directora López ni siquiera habría leído las resoluciones sustanciadas dentro del expediente del proceso. Para el vocero de estos maestros, la directora distrital ha vulnerado el debido proceso y esto se ha convertido en una persecución.

Los antecedentes

El presidente del Comité Central de padres de Familia presentó el proyecto de conformación de una comisión de deportes. Esta era conformada exclusivamente por los padres de familia. Y entre sus propuestas estaba el apoyar las actividades extracurriculares como el arte y el deporte.

Para ello solicitaron apoyo al plantel con el espacio para desenvolver estas actividades. Las instalaciones dadas se encontraban en pésimo estado. Por ello usaron los fondos voluntarios recaudados por el comité para realizar un acondicionamiento integral del lugar. Cristian Tipán, presidente de la comisión y Blanca Ontuña, tesorera de la misma, fueron delegados directos del comité central.

Ellos determinaron las necesidades de cada club extracurricular y financiar su atención. Esto lo hicieron con programas como la inscripción de campeonatos deportivos. Inscribirse costaba aproximadamente USD 80. La mensualidad de estos clubes era de USD 30 debido al costeo de carnets, vocalías, implementos y el arbitraje de los encuentros deportivos.

Con ello explica el jurista que los profesores no tenían nada que ver en la parte económica de estas actividades. Él también recalca que si se pagaban a profesores era porque estos eran externos al plantel. Ello debido al déficit de personal de la institución.

Radio La Calle intentó contactarse con el Distrito Educativo 4 que comprende las zonas de San Juan, Chilibulo, Centro Histórica, parque Itchimbía y Puengasí, sin embargo, no respondieron a nuestras llamadas. (S.B.)

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Loa padres de familia mencionaron que esupuestamente el conserje se llevaba a los niños con engaños a lugares donde no había maestros ni alumnos. La cartera de Estado señaló que la institución no reportó a las autoridades jurisdiccionales las infracciones y vulneraciones en el plantel.

El ministerio activó un plan de contingencia para identificar centros educativos cercanos y que ningún estudiante se quede sin matrícula. De la misma manera, detalló que los cupos estarán disponibles en 02 al 13 de agoto de 2023, y a partir del 2 de agosto brindarán asesoría a los padres y representantes.

Además, junto al Ministerio de Salud brindarán seguimiento psicológico a los estudiantes que lo necesiten.

Sobre el caso

El pasado 26 de abril, los representantes de los menores alertaron que más de una docena de pequeños habrían sido víctimas de abuso sexual. Además, denunciaron que las autoridades del plantel estarían encubriendo al sospechoso.

En esa fecha, el Ministerio de Educación confirmó a Radio La Calle que se reunió con los padres de familia de los menores afectados para realizar la respectiva investigación.

No obstante, el supuesto agresor salió libre después de ocho horas porque el delito no era flagrante, es decir, “con las manos en la masa”.

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La noche del 17 de julio los habitantes de la cooperativa Realidad de Dios, en Monte Sinaí, fueron víctimas de vientos intensos que provocaron el desprendimiento de los techos de diversas casas de la zona.

Además se reportó daños considerables en la escuela fiscal Luis Alfredo Martínez. Hasta el momento se espera que el Ministerio de Educación (Mineduc) evalúe las afectaciones. Por otro lado, el Municipio de Guayaquil revisó los daños para tomar acciones.

Esta zona cuenta con alrededor de 40 mil habitantes y es uno de los epicentros de pobreza extrema en la Perla del Pacífico.

No hubo alertas

El último informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó fuertes vientos tanto en la Sierra como en la Amazonía pero no en la región Costa. Según la institución, este evento ocurrió gracias a la formación de nubes de convección llana llamadas »nubes embudo».

Este fenómeno tiene la forma de embudo que se forma con gotas de agua condensada y se extiende desde la base de una nube madre. (A.G.M).

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