Las entidades estatales son:

• Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables con apenas un 5,01 %
• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con solo un 7,83 %
• Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades con un 9,69 %

Además, 13 de las 26 instituciones adscritas al Ejecutivo ejecutaron menos del 30 % de su presupuesto anual para los seis meses que transcurrieron en este año. El coordinador del OGP, Leonardo Ponce advirtió en entrevistas para los medios de comunicación que estas entidades deben ser vigiladas.

«A estas instituciones hay que hacerles un seguimiento particular para que luego, al final del año, no gasten a lo loco abriendo la puerta de para en par a la corrupción, para terminar el 2022 diciendo que ejecutaron todo», explicó Ponce.

Energía y Recursos Naturales No Renovables

La cartera de Energía ejecutó hasta junio USD 4,8 millones. Sin embargo, su presupuesto inicial se fijó en más de USD 140 millones, aunque su codificado se estableció en USD 97,5 millones.

Según el Observatorio, Energía redujo poco más de USD 43 millones de su presupuesto anual. Ajustó todas sus cuentas al punto que un 54 % de sus fondos se destinen a inversiones financieras, es decir, un USD 52,2 millones. Aunque este fondo no se usó en el primer semestre.

«Tampoco se devengaron un solo dólar de los USD 14,8 millones de las Transferencias para Inversión, ni los USD 6 millones para Bienes de Larga Duración. Los tres rubros mencionados tienen una ejecución del 0 % en seis meses», finaliza el análisis.

Desarrollo Urbano y Vivienda

Vivienda gastó hasta la primera mitad del año USD 5,8 millones. El Ejecutivo destinó un presupuesto de USD 74,1 millones y en el codificado registró un aumento de USD 111 mil.

El informe apunta que la cartera de Estado apenas ha comprometido USD 5,8 millones en un semestre. Su presupuesto anual para obra pública es de USD 1,2 millones pero no ha hecho nada con ese monto. De igual forma, los fondos para Bienes de Larga Duración y Transferencias para Inversión son menores al 1 %.

Secretaría de los Pueblos

La Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades tiene ejecutado un poco más de USD 1 millón. Su funcionamiento se pensó con USD 6,5 millones en un inicio, pero para el codificado se aumentó a casi USD 11 millones.

Esta entidad es nueva, pero hasta la fecha se desconocen sus avances y aportes. Lo que se sabe es que del 2022 ha devengado 39,6 % de los USD 2 millones destinados para Egresos de Personal y unos USD 682 mil para Bienes de Larga Duración.

No obstante, no ha tocado un centavo de los USD 1,9 millones asignados para Transferencias de Inversión, peor aún se le ha ocurrido gastar los USD 5 millones para Bienes y Servicios para Inversión.

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A través de un boletín de prensa, indicaron que distintos distribuidores del país ya se encuentran en el lugar para realizar un plantón pacífico. Mismo. Dicen que su actividad se considera un servicio público y requiere mayor atención del Gobierno.

«Nuestra actividad es considerada un servicio público y al ser parte del sector energético es estratégico, por tanto se debería atender las necesidades de este sector que ha confiado y servido al país», reza el comunicado. Aseguran que no se reconoce un margen justo de distribución de combustibles desde hace 19 años.

Asimismo, afirman que en la mesa técnica propuesta por el Ministerio de Energía, pusieron en conocimiento esta problemática. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva y solicitan una audiencia con el presidente Lasso.

Los temas a tratar

Piden revisar tres temas: La restitución del margen de comercialización de combustibles en 5 centavos adicionales por galón de combustible, gasolina extra, ecopaís y diésel distribuido y porcentualizado.

El flete del combustible, pues las Estaciones de Servicio (E/S) más alejadas asumen en sus costos un valor mayor por conceptos de transporte y deben vender el combustible a un precio fijo, a nivel nacional.

Doble IVA ya que las estaciones de servicio pagan por adelantado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que se llama IVA Presuntivo. Alegan que las instituciones públicas retienen el 100% del IVA en compras de combustibles, lo cual ocasiona una doble retención, afectándolos negativamente en sus ingresos.

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Finalmente aclararon que su plantón no representa una paralización en la distribución de combustibles.

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En dicha solicitud dirigida al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, también se le solicitó que remita la copia del expediente de cambio de modalidad contractual y los plazos previstos.

Bermeo mencionó que el plazo para solicitar la migración de contratos de servicios específicos que las empresas mantienen con Petroecuador a contratos de participación vence el 11 de abril, según informó diario El Oriente

Según la cartera de Energía, el Estado tendrá diversos beneficios como la recuperación de las reservas de hidrocarburos, inversiones adicionales en explotación y exploración y el incremento sostenible en el volumen de producción.

El Ecuador tiene como objetivo producir 495.000 barriles diarios de petróleo a finales de 2022. El incremento preve alcanzarse mediante planes de desarrollo adicionales para cada uno de los bloques petroleros, según informó el mismo diario.

Contexto

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables recibió 23 solicitudes, por parte de empresas petroleras privadas, para migrar los contratos que mantienen con el Estado ecuatoriano. Las solicitudes requieren migrar hacia una modalidad contractual de participación.

La modalidad contractual de participación hacer referencia a que el socio privado da la tecnología y recibe como pago una parte del crudo producido. Es decir, el país solo se quedará con el remanente.

Mientras que, el contrato de servicios establece que el Estado debe pagar a las empresas por los servicios prestados, según informó Bloomberg en línea.

Las solicitudes presentadas, en específico, para una migración libre y voluntaria corresponden a 8 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos con el Ministerio. Y 15 contratos son de servicios específicos que mantienen las compañías privadas con Petroecuador.

El Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) deberá aprobar las solicitudes y garantizará el cumplimiento de la normativa, según recopiló diario El Comercio.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa también se manifestó al respecto y dijo que con los «contratos actuales, (…) todo el excedente del precio es para el pueblo ecuatoriano. Con nuevos contratos, la empresa deja tan solo un porcentaje de la producción, y se nos lleva gran parte del excedente».

Durante su mandato, Correa obligó a las empresas a suscribir contratos de servicios con lo que el Estado era dueño total de las reservas.

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La carga que provino de Panamá llegó en 2 isotanques diseñados para el almacenamiento y transporte del GLN; y corresponde a la primera importación de este tipo de combustible en la historia del país.

La importación fue realizada por la empresa privada SYCAR LLC, que fue calificada y autorizada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para esta actividad.

Por su parte, esta cartera de Estado informó que la adquisición se realizó en el marco del Decreto Ejecutivo N° 95, expedido en julio de 2021, que define la nueva política hidrocarburífera.

En el acto de recepción de la carga, la viceministra de esta entidad, María Cristina Cadena, señaló que “la participación del sector privado en la importación del gas natural permite un alivio a la caja fiscal al dejar de destinar recursos para la importación”.

Agregó también que “el gas natural constituye una fuente de energía limpia que desplazará el uso de combustibles fósiles”.

Según boletín de prensa emitido por el ministerio, la funcionaria también hizo mención del trabajo conjunto de empresas públicas y privadas para la eliminación gradual de la quema de gas en las plataformas de petróleo.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter, Juan Carlos Bermeo, ministro de la entidad, publicó qué el gas sustituirá un equivalente a 14,000 galones de diésel para procesos industriales.

En el boletín también se detalla que la empresa importadora explicó que la distribución al cliente final se realizará directamente desde el isotanque, por lo que no se utilizará la infraestructura de Petroecuador.

De igual manera, también se expone que, según la planificación presentada por SYCAR LLC, «el primer trimestre del año 2022, se introducirán 7 millones de pies cúbicos de GNL mensuales. A partir de abril de 2022, SYCAR prevé una programación de cargamentos equivalentes a 14 millones de pies cúbicos de GNL por mes, a fin de fortalecer el suministro del derivado».

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En esa fecha, las empresas internacionales podrán participar en la licitación para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. Las empresas interesadas y precalificadas deberán hacer una inversión de USD 2.400 millones. Cifra que el Estado cancelará a la organización durante los próximos 25 años.

Versión del ministro René Ortiz

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el acto no pueden considerarlo como una privatización porque el bien solo permanecerá privado por 25 años y regresará a manos estatales una vez concluya el plazo. Ademas, indicó que el contrato incluye la reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, e implementación del proceso de alta conversión en la Refinería de Esmeraldas, con financiamiento total de la empresa adjudicataria.

Para el ministro, la cifra de los USD 2.400 millones es la mayor inversión de la historia del país.

De acuerdo al cronograma, el 12 de febrero de 2021 el Ministerio espera adjudicar la Refinería. Así mismo, en los 19 días posteriores continuará con la negociación de contratos.

En el modelo de negocio se indica que es el Estado quien entregará el petróleo al gestor privado y los derivados que resulten, serán de propiedad estatal, por lo que Petroecuador tendrá que comercializarlos. De existir controversias con la adjudicataria, se podrán dirimir en tribunales internacionales, siempre y cuando se cuente con el aval de la Procuraduría del Estado.

De acuerdo a los pronósticos gubernamentales, aún restan varios activos del Estado por privatizar, o concesionar. Entre ellos el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además de las hidroeléctricas.

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“Seguimos demostrado al mundo que la vida es más importante que el petróleo. Seguimos firmes en nuestra lucha para que el gobierno cumpla esta sentencia. Nuestra lucha es mantener el territorio Waorani en Pastaza libre de petróleo para siempre. Tenemos el derecho de decidir, y esa es nuestra decisión” dijo Nemonte Nenquimo, Coordinadora General del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani del Ecuador – Pastaza (CONCONAWEP).

Dentro del caso, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Procuraduría General del Estado argumentaron ante la CC sobre aparentes vulneraciones a futuro con el accionar de los Waorani. Entre estos supuestos constan: “la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y al debido proceso en las garantías a la motivación y a ser escuchado en el momento oportuno”. Sin embargo, la CC alegó que las entidades no mostraron un argumento claro que permita comprender la aparente vulneración.

Actualmente, la Corte constitucional de Pastaza ha pedido que se envíe la sentencia a la CC en el caso Waorani para la generación de jurisprudencia nacional. Así como se lo realizó con la sentencia a favor de la comunidad A’I Cofán de Sinangoe.

CLL

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En el decreto también acepta la renuncia de José Augusto Briones como Secretario General de la Presidencia de la República y lo designa como el nuevo Ministro de Energía. Por otro lado, Johana Pesántez está encargada de la Secretaría General de la Presidencia hasta nueva disposición.

Pérez presentó su renuncia el lunes 11 de noviembre e indicó que si la aceptan, dedicará el tiempo a su familia”. Este decreto aparece después de que, junto con el Ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, se pronunciaran acerca de la posibilidad de llamar a un adelanto de elecciones o “muerte cruzada”.

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Además, el ex consejero presidencial Santiago Cuesta, en junio de 2019 reveló la necesidad de privatizar la Refinería de Esmeraldas. A fin de “mejorar la calidad de la industria y disminuir la contaminación ambiental”.

La Refinería de Esmeraldas, con 42 años de operación, es la más grande de las 3 que existen en Ecuador. Produce combustibles como gasolinas, diésel, jet fuel, GLP, entre otros. Actualmente laboran 654 funcionarios y opera desde 1977 en la planta.

El anuncio de privatización no es del agrado de los más de mil trabajadores de ese complejo. El secretario nacional de los Trabajadores de Petro Ecuador, Dick Borja Quiñónez, dice que el Gobierno ahora aduce que por falta de personal con experiencia pretende privatizar a la Refinería de Esmeraldas.

SL/EC

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