Farías advirtió que la institución no puede ejecutar su presupuesto, lo que pone en riesgo la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta. En el documento dirigido al ministro de Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, destacó la enorme responsabilidad que conlleva administrar el Parque Nacional Galápagos, la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Hermandad, áreas que juntas suman casi la mitad del territorio continental ecuatoriano. «Estas áreas no solo son vitales para el Ecuador, sino también para la comunidad internacional, dado su estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad», señaló la directora.

Farías explicó que el PNG depende de bienes y servicios esenciales para cumplir con sus objetivos de conservación, como el control y patrullaje, la erradicación de especies invasoras, el monitoreo de sitios de visita y la educación ambiental. Sin embargo, la falta de pagos a proveedores ha generado una crisis operativa. «Los proveedores acuden diariamente a la institución para reclamar sus pagos, pero no hemos podido cumplir con nuestras obligaciones financieras», lamentó.

Embarcaciones inoperativas y servicios críticos paralizados

Entre los servicios afectados se encuentran la seguridad y vigilancia, el aseo y limpieza, el mantenimiento de embarcaciones y vehículos, la reparación de infraestructura y la adquisición de equipos informáticos. La falta de combustible ha dejado inoperativas las embarcaciones del PNG, herramientas fundamentales para el patrullaje y control en las islas. «La situación es crítica e insostenible. Varios proveedores en Galápagos ofrecen servicios únicos debido a nuestra lejanía del continente, lo que agrava el problema», explicó Farías.

La directora también mencionó que, a pesar de haber realizado las solicitudes de pago y reprogramación presupuestaria al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los plazos establecidos, los proveedores llevan esperando más de cuatro meses. «Esto no solo afecta a los proveedores, sino que también pone en alto riesgo nuestra capacidad para cumplir con las competencias asignadas», alertó.

Un ecosistema único en peligro

Farías hizo un llamado urgente al ministro de Finanzas para que priorice los pagos y permita al PNG continuar con su labor de conservación. «Proteger, manejar y conservar la biodiversidad única de Galápagos es una responsabilidad no solo con el Ecuador, sino con el mundo entero», subrayó. La directora recordó que las islas Galápagos albergan especies endémicas y ecosistemas frágiles que requieren atención constante para evitar su deterioro.

La crisis financiera del PNG no solo amenaza la conservación de este patrimonio natural, sino también la economía local, que depende en gran medida del turismo y los servicios relacionados con el parque. La paralización de actividades clave podría tener un impacto negativo en la imagen internacional de Galápagos como destino turístico y en los esfuerzos globales por preservar la biodiversidad.

Un desafío que requiere acción inmediata

Mientras el Ministerio de Finanzas evalúa la solicitud, la comunidad científica, ambientalista y turística espera una respuesta rápida y efectiva. La situación del PNG es un recordatorio de la importancia de garantizar los recursos necesarios para proteger áreas naturales críticas, especialmente en un contexto global donde la conservación ambiental es más urgente que nunca.

Farías concluyó su oficio con un mensaje claro: «Sin los recursos necesarios, no podremos cumplir con nuestra misión de conservar este tesoro natural para las generaciones presentes y futuras». El mundo observa si el gobierno ecuatoriano actuará a tiempo para evitar un desastre ecológico en uno de los lugares más icónicos del planeta.

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El reciente desembolso forma parte del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) firmado en mayo de 2024, el cual contempla un financiamiento total de USD 4.000 millones en un plazo de 48 meses. Desde entonces, Ecuador ha recibido un primer desembolso de USD 1.000 millones en junio de 2024, y ahora suma este nuevo aporte. El acuerdo busca estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica del país.

Posición oficial: una apuesta por la estabilidad

La viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés, destacó que este apoyo financiero no solo asegura la estabilidad económica, sino que también facilita el acceso a recursos adicionales de la comunidad financiera internacional. “El FMI nos da el apalancamiento necesario para cumplir con los objetivos financieros de este año”, afirmó Avilés en una entrevista televisiva.

Según el Ministerio de Finanzas, el nuevo desembolso refleja el cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas en el acuerdo y los avances realizados en la implementación de reformas estructurales clave. Además, las autoridades destacaron que la consulta del Artículo IV del FMI avaló las acciones del gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa para fortalecer la situación fiscal, proteger el gasto social y mantener la estabilidad macroeconómica.

Proyección económica a la baja

Pese a los desembolsos del FMI, las perspectivas económicas de Ecuador para 2024 han sido revisadas a la baja. El mismo FMI proyecta una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 0.4% este año, en contraste con una estimación anterior de crecimiento del 0.3%. La economía del país se ha visto afectada por una crisis de seguridad, una sequía histórica y una crisis eléctrica que impactaron negativamente en la actividad productiva. El organismo prevé una recuperación moderada del 1.6% en 2025, con una inflación estable en torno al 2%.

Críticas al modelo económico

El economista Marco Flores cuestionó la creciente dependencia del FMI y la falta de resultados concretos en términos de empleo y crecimiento económico. Flores señaló que la deuda total de Ecuador con el FMI podría alcanzar los USD 11.000 millones, incluyendo intereses y recargos, y advirtió sobre los retos para financiar el Presupuesto General del Estado 2025. Además, alertó sobre el colapso de servicios públicos y la reducción de la inversión gubernamental.

“En Ecuador, el ministro de Finanzas celebra cada nuevo endeudamiento como un triunfo, pero no el crecimiento económico con empleo”, criticó Flores, señalando que el país deberá pagar al FMI al menos USD 1.579 millones en 2025.

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«Estas reuniones tienen como objetivo discutir las perspectivas y políticas económicas del país, así como compartir los avances que el Ecuador ha realizado en la implementación de su programa económico en el contexto del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF)», dijo la cartera de Estado en un comunicado.

El pasado 31 de mayo la entidad financiera desembolsó los primeros USD 1.000 millones al país. El siguiente desembolso previsto para mediados de noviembre será de USD 500 millones, sin embargo, el FMI debe evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa del SAF. El compromiso que adquirió el Gobierno gira en torno a los siguientes ejes:

• Fortalecimiento fiscal
• La estabilidad macroeconómica
• Impulso de políticas de protección social

Actualmente el panorama económico en el país no es el más alentador. Según la proyección del Banco Mundial, el Ecuador tan solo crecerá un 0.4% a finales el 2024, uno de los peores pronósticos junto a Argentina y Haití.

En el top cinco de deudores

La deuda del Ecuador con el FMI ascendió de manera estrepitosa. En 2017, el monto de adeudamiento fue de USD 361.597 millones, pero hasta abril de 2023, el valor sobrepasaba los USD 8 millones. Además, en diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones que dejó al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

“El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública”, fue la respuesta del exministro de Economía, Pablo Arosemena.

Pese a que Noboa inició un proceso de pago con el multilateral y redujo la deuda a USD 7.949 millones al finalizar el 2023, los “avances” que han presentado no impiden que el país adquiera más créditos.

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El monto destinado por el Gobierno equivale aproximadamente al 50 % del presupuesto establecido por el CNE. El 23 de mayo el Consejo del organismo electoral determinó que el valor determinado para este proceso, al que se une la consulta popular por el Yasuní, sea de USD 79. 940 millones.

La cifra destinada se dividirá en USD 48.317 millones para la primera vuelta y USD 31.623 para una posible segunda vuelta. La distribución para las diferente gestiones se resolvieron de la siguiente manera:

Desacuerdos con el CNE

El 10 de junio el CNE informó que pese a recibir las asignaciones parciales del MEF, la cartera de Estado no aprobó la emisión de certificaciones plurianuales para contratar impresión de papeletas y otros bienes y servicios.

» Alertamos al país que están poniendo en riesgo la organización del proceso democrático. El órgano electoral se reserva el derecho de adoptar las medidas que como máxima autoridad en periodo electoral, establece el Código de la Democracia», dijo el organismo en un tuit.

Pagos a JRV

Hasta mayo del 2023, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, manifestó en radio Sonorama que el MEF aún no pagaba a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en las elecciones seccionales. Agregó que si no saldaban esa deuda a los ciudadanos tomaría acciones en contra del ministro, Pablo Arosemena.

Sin embargo, este 19 de junio la entidad informó que ya el 72 % de los JRV recibió su compensación económica. (A.G.M).

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Maldonado aseguró que el acuerdo 027 emitido por la cartera de Estado disminuye un 5,46 % del presupuesto de las entidades para obtener recursos y atender a las poblaciones.

«Esta disminución es un duro golpe para la prestación de servicios y el ejercicio de competencias cantonales. Esto es preocupante considerando que los Gobiernos Municipales atraviesan situaciones graves», resaltó.

Otra realidad vivieron algunas entidades bancarias, es el caso del Banco de Pichincha y el Banco de Guayaquil a los que el presidente Guillermo Lasso exoneró una gran cantidad de dinero en impuestos, los primeros meses del año.

La economista Wilma Salgado reveló que esos bancos se habrían ahorrado USD 112 millones en impuestos.

El representante detalló que esta disminución afectará a la gestión de sus competencias y a la prestación de servicios como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y control del espacio público.

“Los alcaldes son responsables de solucionar los problemas de educación, salud e infraestructura. Sin embargo, los recursos son los que nos limitan y hoy, precisamente, nos encontramos aquí por esta gran preocupación a nivel nacional», indicó.

Respuesta del Gobierno

Según el Ministerio de Economía, cada cuatro meses deben revisar las asignaciones a las instituciones y que los ingresos estén acorde. Comentó que al tener un registro menor de ingresos permanentes y no permanentes el segundo cuatrimestre del años tendrán una reducción de más del 5 %.

En un comunicado, el Ministerio recalca que estas medidas «mantendrán la sostenibilidad fiscal».

Por su parte, Maldonado enfatizó que si Finanzas no transparenta las razones de este recorte los GAD’s presentarán una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo que fue presentado. (N.J.C)

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Los exlegisladores ganaban mensualmente USD 4759, por lo que se estima que el valor sea de 4 mil dólares. Sin embargo, la liquidación final será ajustada al tiempo que trabajaron.

Se prevé una reunión con el Ministerio de Finanzas y los encargados de la Asamblea para fijar los valores a pagar. Además, se espera que la resolución de la liquidación para todos los exempleados se establezcan hasta el 30 de mayo.

El resto de exempleados

La Administración de la Asamblea verificará los convenios de cada uno de los acompañantes que tenían los exfuncionarios. Asimismo, se examinará los contratos de los extrabajadores antes de establecer el valor de liquidación, recogió La Hora.

El Pleno Legislativo tiene que coordinar la liquidación de 1000 personas excluyendo a los 137 exasambleístas. Los contratos pertenecen a los asesores, asistentes, comunicadores de los medios legislativos, y demás personal.

Por otro lado, 88 funcionarios continuarán con su funciones en la Asamblea. Dentro de este grupo está personal de carrera que mantienen nombramiento en la institución. De la misma manera, se respetará al personal vulnerable, es decir, a personas con discapacidad y mujeres que estén en periodo de lactancia.

¿Quién está en la Asamblea?

El administrador general de la Asamblea, Miguel Pesantez, afirmó que dentro del edificio Legislativo hay personal «para que la Asamblea se mantenga y siga funcionando». Además, explicó que el funcionamiento administrativo debe continuar aunque el área legislativa dejó de operar.

«Esto nos tomó de sorpresa a todos, nunca antes se había dado, pero la Asamblea sigue funcionando», dijo. (DCJ)

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Data concerniente a dosis y fases de vacunación covid, inmigración, Fuerzas Armadas, números de contacto WhatsApp, Ministerio de Finanzas, PetroEcuador, Presidencia, IESS, BIESS, Universidad de las Fuerzas Armadas, Corporacion Electrica del Ecuador, entre otras, estarían a la venta.

Solamente en números de celular registrados en WhatsApp existe una cifra de 6.172.706. Todos esos datos estan clasificados por provincias. En este caso, un usuario llamado BlackMind05, vende dicha base de datos en otro foro de la internet.

Similar caso ocurre con la base de datos vinculada a las Fuerzas Armadas. En dicha categoría «se incluyen datos personales de soldados, defensa externa, defensa interna, documentos secretos, estrategia de guerra entre otros«, reveló Oporto a través de Twitter. Se calcula que en este apartado existen 5.49 Gb de archivos.

Base de datos del MSP fueron el primer indicio

Oporto expuso el pasado miércoles que una base de datos con información del Ministerio de Salud Pública, relacionada al proceso de vacunación contra la Covid-19 estaba a la venta en la web. Este fue el primer indicio que lo guió hacia nuevos hallazgos.

Posteriormente, dicho Ministerio le respondió que sus servidores informáticos nunca fueron vulnerados. No obstante, según explicó Oporto, esas bases de datos «no estaban anonimizadas». «simplemente publican ellos mismos todo«, mencionó refiriéndose al MSP.

«Remito mi denuncia que publicaron reiteradas veces ustedes mismos todos los datos de vacunación. No se necesita vulnerar un sistema informático cuando se hace algo mal. Lo que están vendiendo es real, no más justificaciones«, respondió Oporto al Ministerio de Salud en Twitter.

Autoridades como Fiscalía o Policía Nacional no han dado declaraciones al respecto.

JR

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La Comisión de Régimen Económico recalcó que el 55,36% de cifras y datos están respaldados con información oficial. Sin embargo, un 17,86% tiene imprecisiones y para el 26, 78% no se encontraron datos y cifras de las instituciones que avalen la información.

“Frente al informe que presenta Lasso es penoso que quiera engañar a un país entero con apenas el 55,36 % de datos”, afirmó la legisladora Pilar Llano.

Pazmiño también detalló que el Ministerio de Finanzas entregó el Informe Presupuestario el 3 de octubre, cuando el plazo venció el 28 de septiembre. “La entrega tardía de este informe también incurre en el incumplimiento del Plan de Gobierno”, aseveró.

La asambleísta por UNES, Ana Raffo manifestó que en el informe presentado por el Ejecutivo no se verifica el cumplimiento de metas y objetivos, por lo tanto existe una vulneración constitucional.

El legislador Blasco Luna aseguró que el primer mandatario no presentó información sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Esta omisión de información podría ser una causal de destitución de Lasso.

Por último, Pazmiño agregó que la Comisión de Régimen Económico ya tenía un informe de observaciones sobre el Plan de Gobierno. No obstante, la administración anterior, a la cabeza de Guadalupe Llori, no permitió que se analizara el documento en el Pleno.

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Entre el 19 y 22 de agosto, el Riesgo País subió 90 puntos, esto debido a la incertidumbre en los mercados por la caída del precio del crudo. A su vez, dicho índice permite medir la probabilidad de que el país caiga en mora, puesto que, mientras más alto es el puntaje el riesgo es mayor. El mismo da como resultado que sea más costoso buscar un préstamo en el mercado internacional de capitales.

Riesgo País de Ecuador y el petróleo

La caída del precio del barril de petróleo WTI coincidió con el crecimiento del Riesgo País desde julio de 2022. Para el lunes 22 de agosto el barril de petróleo WIT estaba cotizado en 89. 2 USD. Hasta este martes, el precio sube a 90. 88 USD.  El petróleo WTI es referencial para la producción ecuatoriana. Las exportaciones son una de las principales fuentes de ingreso del Estado.

Preocupaciones por Riesgo País

De acuerdo con un reporte de Primicias, los mercados se encuentran tensos, lo que generó incertidumbre global de que posiblemente la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) siga subiendo las tasas de interés. Existe temor por el probable aumento de las exportaciones de petróleo de Irán y preocupación por la posible recesión en China.  

Factores que influyen en el Riesgo País

Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal afirmó que “hay dos grandes elementos que inciden en el riesgo. El primero es la debilidad estructural de sus finanzas públicas y una frágil estabilidad macroeconómica y el segundo elemento es el precio del petróleo”.

Según Primicias, en junio de 2022, Ecuador registró que el Riesgo país creció aceleradamente debido al paro nacional por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). El promedio entre enero y mayo de 20222 fue de 800 puntos, pero a partir de dichas movilizaciones llegó a 1.600 puntos en junio.

A su vez, debido al diálogo pactado entre el Gobierno y la Conaie para solventar el paro, el Riesgo País bajó, pero con el pasar de los días nuevamente se elevó acercándose a 1.600 puntos. Cuando sube el precio del petróleo, baja el riesgo país y viceversa.

Carrera dijo que “esto evidencia que Ecuador es muy vulnerable en su sector externo a los precios del petróleo. El país tiene un alto endeudamiento para el tamaño de su economía, por eso si hay menores ingresos petroleros, el riesgo país obviamente se dispara”.

Préstamos internacionales

Si Ecuador presenta un Riesgo País elevado se le complica la solicitud de préstamos en mercados internacionales. Según Primicias “si Ecuador emite bonos con un Riesgo país de 1.600 puntos, tendría que pagar una tasa de interés del 18 % anual”.

Para esto, el Ministerio de Finanzas aseveró que descartaría la emisión de bonos de la deuda externa en 2022, pero sí sería una opción para el 2023, ya que hasta ese año Ecuador no estará financiado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).  (J.P)

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De acuerdo con el MEF, la deuda por contribución del 40% de pensiones jubilares y otras obligaciones suma USD 1.235 millones. Las cifras todavía siguen en revisión por el Ministerio y el IESS en caso de que exista algún saldo pendiente. Las otras obligaciones encierran el seguro social campesino, magisterio fiscal, IVA, etc.

La Corte Constitucional determinó, en 2018, que el Ministerio de Economía aporte el 40% para el fondo de pensiones del IESS. La sentencia debía empezar a funcionar en 2019.

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Deuda de salud

En el caso del rubro de salud, la cifra llega a los USD 4.534 millones. Al 30 de abril del 2022, en los balances del Fondo de Salud del IESS consta ese valor por prestaciones médicas a jubilados, enfermedades catastróficas, jefas de hogar y discapacitados. Esta cifra también se revisará.

Uno de los pedidos del FMI

La aclaración de cifras en la deuda con el IESS aparece a unos pocos días para que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el desembolso de USD 1.000 millones. Una de las peticiones del multilateral era que se revisen estos datos.

De acuerdo con el IESS, la deuda era de USD 8.309 por pensiones y salud. Una cifra más alta a la preliminar del MEF. Simón Cueva, ministro de Finanzas, anunció la semana pasada el pago de USD 140 millones en concepto de salud. USD 120 millones a fines de mayo y los USD 20 millones restantes en junio. MIB

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Según un comunicado, el monto asignado se coordinó entre el Ministerio de Finanzas y el CNE, a través de reuniones entre los equipos técnicos. 

Asimismo, el documento señala que prevaleció el criterio de optimización en el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento cabal de todas las etapas que corresponden a la organización del proceso electoral.

“Dentro del presupuesto asignado constan los requerimientos de otras instituciones que participan en el proceso electoral. El Ministerio de Finanzas será el encargado de coordinar la asignación de recursos para financiar los convenios establecidos con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Instituto Geográfico Militar y Corporación Nacional de Telecomunicaciones. De esta manera, se logrará una mejor coordinación que, igualmente, permita la optimización de los recursos”, señala el texto.

De igual forma, menciona que el CNE dispone de los recursos que corresponden al presente ejercicio fiscal y podrá iniciar los procesos de contratación, de tal forma que se cumplan los plazos previstos en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

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Este fue suscrito en 2020 y se renegoció en 2021 por un total de USD 6.500 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer que alcanzaron este acuerdo a nivel técnico con el FMI y que el país estará sujeto a menos revisiones en 2022, lo cual es un signo de confianza.

Si el país cumple con las «metas previstas» por el FMI este desembolsaría a Ecuador USD 700 millones para diciembre de este año. Este desembolso es adicional al de USD 1.000 millones en caso de que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe las dos revisiones planteadas.

«Parte de las discusiones ha sido como ir reorientando, dado el contexto internacional, dada la crisis internacional, dado los mayores precios del petróleo, e ir priorizando más gasto público y algo más de pago de atrasos que implica liquidez», manifestó el Ministro Simón Cueva, en rueda de prensa.

El programa actual con el FMI prevé un ajuste de 4.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir USD 5 mil millones, hasta 2025. Cueva aseguró que para alcanzar esto, sumarán mayor gasto en vialidad, unos USD 160 millones. Con ello se alcanzarían 3.5 puntos del PIB y otro de contribuciones tributarias.

El FMI desembolsa USD 1.000 millones a Ecuador

Sin embargo, hay objeciones del lado del FMI. Este cuestiona la lentitud para auditar a Petroecuador y Petroamazonas. Ceyda Oner, jefa de la Misión del FMI para Ecuador, explicó en un comunicado que el inicio de las auditorías se ha visto retrasado. A ello se suma que tampoco emitieron las directrices de contratación pública. «Un rápido progreso en estos aspectos será esencial para la culminación de las revisiones combinadas».

El programa actual con el FMI finaliza en diciembre de 2022, no obstante, el ministro Cueva no descarta un posible acuerdo de extensión aunque no se sabe si el país llegue a requerirlo. «Hay muchas opciones posibles», aseveró.

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“Dando atención urgente a este pedido, el MEF asignó USD 9,1 millones para la adquisición de bienes de larga duración y USD 2,4 millones para la actualización y mantenimiento tecnológico policial, dotación de combustible y matriculación. Adicionalmente, conforme a lo solicitado por la Policía Nacional, hoy se prevé asignar USD 2,4 millones más, correspondiente al presupuesto del 2023, con la finalidad de continuar con el objetivo de luchar contra la inseguridad”, dice el comunicado.

El 4 de mayo, el ministro Carrillo solicitó que se asigne a la institución policial recursos fiscales para fortalecer los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia en Guayaquil. “El proyecto para la seguridad de Guayaquil por USD 9 millones se ha enviado desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional al ministro de Finanzas, Simón Cueva para su desembolso. El compromiso del presidente Guillermo Lasso es firme y no descansará hasta que la ciudad pueda vivir en paz.

Estado de Excepción

Desde el pasado viernes 29 de abril se han registrado al menos once asesinatos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Además de varias tentativas que han ocasionado algunos heridos.

Este 5 de mayo, un ciudadano fue ultimado a tiros en la entrada del hotel Sheraton en Guayaquil. El occiso responde al nombre de Walter Vallejo Pino, abogado del estudio jurídico Purelex, ex candidato a la alcaldía de Balzar. También uno de los abogados de alias Gerald, a quien se le conoce como el «Pablo Escobar ecuatoriano». MIB

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La providencia la emitió el presidente de la Corte, Alí Lozada Prado. El tema a tratar será la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que ha confrontado al Gobierno de Guillermo Lasso con el Legislativo, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros gremios docentes y de estudiantes.

Esta audiencia se llevará a cabo de forma telemática, el jueves 12 de mayo a las 09:30. Cada parte involucrada podrá exponer sus argumentos sobre estas reformas. Además, la Corte dispuso un plazo de tres días a la Asamblea Nacional (AN) para presentar un informe motivado que justifique el proceso de subsanación de la ley impugnada, así como los documentos e informes de dicho proceso.

Este mismo plazo fue otorgado al Ejecutivo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Procuraduría General del Estado, para enviar el informe impugnando o defendiendo el proceso de subsanación de la Ley.

Jorge Escala, dirigente de la UNE, sostiene que «lo importante de la providencia es que la Corte no valora en sus antecedentes ni en sus consideraciones el absurdo veto del presidente Guillermo Lasso».

Equiparación salarial: una piedra en el zapato del Gobierno

Lasso, el pasado 14 de abril, vetó totalmente las reformas a la LOEI que aprobó la Asamblea, argumentando inconstitucionalidad. El presidente sostuvo que los asambleístas ‘no respetaron las disposiciones de la Corte. Además, sostuvo que dieron paso a las reformas, a pesar de que el Ministerio de Finanzas no emitió un dictamen favorable para cubrir el incremento salarial docente.

Tras agotar los diálogos con el Gobierno, la huelga de hambre inició este 3 de mayo en Quito y Guayaquil. Hasta el momento, 14 educadores se adhirieron a esta medida en defensa de sus derechos y de la educación.

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«He detectado un error y es que incorporan la cuenta CFDD (cuenta de financiamiento de Derivados Deficitarios) al gasto permanente (como gasto en bienes de consumo) que es un error teórico, conceptual y metodológico. La cuenta CFDD es la que registra la importación de derivados de petróleo, en especial diesel y GLP. Quien asume ese gasto y ese ingreso por la venta de Derivados es Petroecuador. Por lo tanto, la proforma está mal hecha», explicó a Radio La Calle el economista Pablo Dávalos.

De acuerdo con el experto, la cuenta CFDD es responsabilidad de PetroEcuador por lo que es un error grave ponerla en la proforma. «Va en contra del artículo 286 de la Constitución. La CFDD no es gasto permanente», añadió.

¿Por qué se incurre en este error?

«Es una imposición del FMI», señala el experto. Lo que están haciendo es ilegal. «Imaginemos un balance de una empresa en el que se alteran los pasivos para poder negociar de mejor manera con el banco mientras se esconden los activos. Es lo que están haciendo», explicó.

¿Cuál es la solución?

A juicio de Dávalos, como indica la Ley y el debido proceso, la solución está en las manos de la Asamblea Nacional.

«Tiene que resolver la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributación. Si no lo hace, habrá que poner una demanda de inconstitucionalidad», alertó.

¿A cuánto asciende?

El monto de la Proforma enviada Guillermo Lasso es de USD 32 948,64 millones, incluida la cuenta de compra de derivados que suma USD 4 205 millones. La Proforma es algo más alta a la que propuso el expresidente Lenín Moreno para 2021.

La brecha fiscal, es decir, el déficit del presupuesto del Estado ecuatoriano es de USD 4 812 millones.

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“El mayor recorte presupuestario se evidencia en el ejercicio fiscal del 2018 que alcanza el valor de USD 551’.526.801 y se concentra en la disminución del presupuesto de inversión destinado principalmente a Obra Pública, Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración”, indica parte de la misiva.

Por otro lado, en los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se evidencia una disminución del 12% y 24% en la asignación de presupuesto con respecto al del 2018. La disminución se centra en Obra Pública, Bienes y Servicios de Consumo.

Recursos adicionales y retiro de presupuesto

El gobierno central tampoco entregó recursos adicionales por fuera del presupuesto 2020 para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con un oficio del 18 de marzo (inicio de la emergencia), el viceministro de Finanzas indica que “se exhorta al MSP que utilice y priorice los recursos para atender la posible emergencia que puede tener el país a consecuencia del Coronavirus”.

Además, se realizó un retiro de recursos del presupuesto 2020 del Ministerio de Salud por un valor de USD 198’049.688 bajo el concepto de “regulación del presupuesto vigente”. Hasta el 4 de noviembre, los casos de Covid-19 en el país llegaron a 171.433, mientras que el número de fallecidos es de 12.704 (8.394 confirmados y 4.310 probables).

A pesar de las críticas al manejo de la pandemia y los casos de corrupción en los hospitales del país. El presidente Moreno recalcó que la gestión de su gobierno y la “conciencia social” del Fondo Monetario Internacional permitieron que Ecuador se convierta en un ejemplo del manejo de la pandemia.

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Los afectados realizarán un plantón este viernes 2 de octubre a las 10h00 en la Plaza Grande, Centro Histórico de Quito. Exigen el pago de aproximadamente USD 6’900.000 correspondientes a sus jubilaciones.

«¡Nos desangraremos y encadenaremos exigiendo nuestros derechos!. Nos han venido dilatando en el Ministerio de Salud y actualmente en el Ministerio de Finanzas sin concretar fecha de inicio de pago», reza el comunicado de los afectados.

«Yo soy una de las personas que se va a desangrar en el plantón. Vamos a escribir nuestras inconformidades en pancartas como una forma de protesta de la situación que vivimos», dijo para Radio La Calle el Dr. Luis Vega.

Los afectados fueron desvinculados del Ministerio con base en el Art. 47 literal a de la LOSEP, cuyo derecho al beneficio contemplado en el Art. 129 de la LOSEP fue restituido el 4 de junio del 2019.

Raúl Guijarro, presidente de la comisión de jubilados desvinculados, aseguró «vamos a seguir con estas medidas de hecho, en la misma Plaza Grande. Si es necesario, nos movilizaremos a la Plataforma Financiera hasta que haya una respuesta de parte del Gobierno a través del Ministerio de Finanzas».

La deuda creciente del Ministerio de Finanzas

El Ministerio de Finanzas tiene una mora de pagos a los servidores públicos de USD 308.6 millones hasta el 11 de septiembre, de acuerdo con la ejecución presupuestaria en la página web de la institución. Además, los salarios devengados desde enero al 11 de septiembre son USD 5.722 millones, pero lo pagado es USD 5.413 millones.

El Gobierno indicó que se está pagando a la Policía, Fuerzas Armadas y Salud, que han definido como sectores prioritarios. Sin embargo, son las entidades a las que más se adeudan. Al Ministerio de Educación se debe USD 126 millones; a Salud, USD 30 millones; al Ministerio de Defensa USD 10 millones y la Policía, USD 9 millones.

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El CNE sostiene que para llevar adelante las elecciones se necesitan USD 114 millones. Sin embargo, para el MEF alcanza con el mismo presupuesto del año pasado, es decir USD 99 millones. Esta institución ya entregó USD 1,35 millones para pagar a quienes integren las Juntas Electorales en cada provincia y en ese rubro surgen las discrepancias.

Para Diana Atamaint, presidenta del CNE, los vocales de Junta deben ganar USD 2.597 en tanto que para el ministerio solo deben percibir USD 2.368. Lo mismo sucede en el caso de los secretarios de Juntas provinciales. El CNE propone un salario de USD 1.212, mientras que Finanzas insiste en que sea de USD 986. De acuerdo a la cartera de Estado, la asignación entregada permitirá la contratación de 149 personas.

Atamaint dijo que, de los USD 20 millones solicitados por el CNE a Martínez para poder empezar con los procesos de compras públicas, el órgano electoral no ha recibido un solo centavo del Ministerio de Finanzas. “Apenas hemos recibido dinero para los sueldos de los miembros de las Juntas Provinciales Electorales, que incluso está reducido y eso tiene que ser analizado si es pertinente o no”, dijo Atamaint.

“Haremos el requerimiento necesario para la ejecución de las actividades del 2020 y que deben entregarse de forma inmediata porque estamos con los tiempos y plazo justos”, dijo Atamaint.

La impresión de papeletas

El Ministerio de Finanzas entregó USD 3,12 millones al Instituto Geográfico Militar, que es la institución encargada de de imprimir las papeletas electorales. En ese hecho, se sostiene esta cartera para defenderse de las acusaciones de la presidenta del CNE, máxima autoridad del país durante el período de elecciones.

Finanzas defiende sus acciones bajo el argumento de que entregará los recursos económicos en la medida en que el proceso se desarrolle. Sostiene que no puede entregar todo debido a la crisis económica que atraviesa el país.

Richard Martínez, bajo presión

Tendremos que analizar la posibilidad de mirar de cerca de que no se esté entorpeciendo el desarrollo y el desenvolvimiento normal del proceso electoral”, señaló Diana Atamaint a la prensa el pasado viernes 18 de septiembre. La presidenta no descarta denunciar al Ministro de Economía, Richard Martínez, por incumplir con la asignación presupuestaria correspondiente a la primera fase del proceso electoral. 

“No es una amenaza, estamos salvaguardando un proceso planificado, presupuestado para llegar a cumplir un calendario electoral. Esto se trata de defender la democracia”, mencionó la presidenta.

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El Gobierno indicó que se está pagando a la Policía, Fuerzas Armadas y Salud, que han definido como sectores prioritarios. Sin embargo, son las entidades a las que más se adeudan. Al Ministerio de Educación se debe USD 126 millones; a Salud, USD 30 millones; al Ministerio de Defensa USD 10 millones y la Policía, USD 9 millones.

Acción de protección

El retraso llevó a la Defensoría del Pueblo, la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la Unión Nacional de Educadores a presentar una acción de protección. El pedido lo acogió un juez de la Unidad Judicial de Iñaquito que ordenó el pago puntual.

Para agosto, Finanzas indicó que por la crisis económica que atraviesa el país, los pagos se priorizaron en relación con el artículo 286 de la Constitución ecuatoriana. “Se irá cumpliendo con los pagos de nómina en la medida de la disponibilidad de recursos económicos en la caja fiscal”, dijo la cartera de Estado.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, explicó que mensualmente el rol es de USD 620 millones y lo cancelado hasta este viernes último fue USD 200 millones. De manera que la mora superaría los USD 400 millones en el mes de agosto.

El 16 de septiembre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) retomará las protestas contra las medidas del gobierno nacional y los despidos de trabajadores por la pandemia de la COVID-19. El retorno a la movilización nacional será a las 16:00 en la Caja del Seguro Social, centro norte de Quito.

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“No se debe considerar que se dio luz verde a un recorte. La Corte constitucional lo que hace es un esfuerzo constitucional con el fin de coordinar adecuadamente como se utilizan los presupuestos”, dijo Gonzalo Lascano, coordinador jurídico del MEF.

Lascano se refirió de manera enfática al artículo 20 numeral b de la Ley Orgánica de Educación Susperior (LOES). Este indica que uno de los componentes del presupuesto son las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).

EL FOPEDEUPO, entre otras cosas se compone de un 10% de la recaudación del IVA y un 1% del impuesto a la renta. “El presupuesto a la educación superior no fue reducido. El presupuesto no es una realidad es una herramienta técnica”, añadió.

Mantener la calidad con el nuevo presupuesto

Por otro lado, la sentencia también insta a las Universidades a restructurar sus respectivos presupuestos sin afectar la calidad de la educación.

“La Corte decide instar a las Facultades y Escuelas Técnicas para que, en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país y en el ejercicio de responsabilidad y solidaridad. Por mandato de la constitución y la ley mejoren inmediatamente la racionalización y optimización del gasto sin afectar a la calidad de la educación”, indica el fallo de la Corte.

La Educación Superior atraviesa momentos difíciles en el país. Los profesores universitarios no reciben sus sueldos desde hace dos meses y tampoco percibieron el décimo. El recálculo dificulta las medidas de casa Universidad.

El 9 de septiembre, la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto las acciones de incumplimiento presentadas por miembros de las Universidades Públicas. Las acciones se prestaron por el recorte de USD 98 millones para 12 Universidades Públicas.

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