«No daré detalles hasta que se pueda terminar con la captura de los implicados», repitió en Ecuavisa.

Plencia aseguró que la Policía Nacional realizó más de 10 allanamientos, sin embargo, aludió que no brindará mayor detalle hasta que se arreste a los implicados.

Sobre le famoso Plan Fénix, mencionó que supuestamente ya iniciaron con los planes de ese proyecto, pues aseguró que ya dieron un primer paso con los ministerios de Seguridad, Defensa, Interior y Gobierno.

Apuntó que el gobierno se mantiene en la búsqueda de apoyo internacional. Mencionó que espera cerrar el contrato con Estados Unidos por USD 200 millones que incluye algunos componentes. Además, señaló que esperan la donación de una fundación canadiense de USD 120 millones.

De la misma manera, reveló que mantienen proveedores impagos de los chalecos que debían recibir los uniformados y fue una promesa del gobierno de Guillermo Lasso. Según ella, de los 51 mil chalecos que tenían que recibir solo han entregado 17 mil.

Comentó que mantuvieron una reunión con un grupo americano que «fortalecerá en tecnología para la inteligencia». Además, mencionó que firmó un contrato entre el SRI, los ministerios de Gobierno y del Interior y la Unidad de Análisis Financiero para fortalecer seis unidades de inteligencia financiera y contra lavado de activos.

«Vamos a atacar a perseguir el crimen organizado y desde las estructuras del manejo de dinero», refirió.

Cárceles barcazas

Indicó que están trabajando en el proyecto y tendrán cuatro de megacárceles, dos cárceles de súper mega seguridad. Recalcó que eso se refiere a la seguridad más no al tamaño que mantendrán.

También señaló que la semana entrante llega el equipo y espera tener la remuneración adecuada para responder a los trabajadores y contar con mayor seguridad.

«Es un proyecto donde estará inteligencia central y todo está intervenido», apuntó.

La unión de los ministros

Aseguró que no se unirán las carteras de Estado, pues la realidad del país lo exige. Sin embargo, mencionó que la separación que se intentó realizar hace unos años nunca terminó. Alegó que los trabaja con otro equipo para que se formalice la separación definitiva de los ministerios.

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En entrevista para Ecuavisa, Cucalón hizo un análisis desde su llegada a la cartera de Estado hasta los últimos latidos del anterior régimen, que no pudo culminar su mandato por escapar del juicio político llevado a cabo por la pasada Asamblea Nacional.

Dos escenarios marcaron los casi 10 meses del secretario de Estado: uno, la muerte cruzada, la cual siempre estuvo sobre la mesa, afirmó; y dos, el magnicidio de Fernando Villavicencio, que consternó al Ejecutivo, según sus palabras.

El exministro señaló que Lasso no abandonará el Ecuador, incluso abrirá una galería en Guayaquil para exhibir los logros de su gobierno, documentos históricos y objetos que conformaron la Presidencia durante su periodo. En ese lugar también habrá una oficina dedicada a «seguir luchando» contra la desnutrición crónica infantil.

La salida de Lasso

El exjefe de Estado aseguró que salió por la puerta grande de Carondelet, pero los resultados de su gestión y la ciudadanía dicen todo lo contrario. Para Cucalón, Lasso «salió por donde entró. No salió en una ambulancia o en un helicóptero, no salió derrocado y no salió destituido».

Considera que la decisión de disolver la Legislatura fue una solución constitucional y democrática que tuvo como objetivo acabar con la crisis política. «Devolvió el poder a la gente (…) Nada más legítimo, nada más puro que haya una Asamblea elegida por el pueblo y un presidente en funciones elegido en un proceso diáfano y libre». declaró para el medio.

La posición del exfuncionario fue siempre enfrentar el juicio político, pese a la conflictividad que había desembocado en una «treta» por un supuesto peculado llevado a cabo en el Parlamento; y otro frente abierto en las calles por una persona afín al «comunismo indoamericano», en referencia al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aunque no lo nombró directamente.

Caso Encuentro y dos crisis

El caso Encuentro, en el que el cuñado de Lasso está implicado, no generó preocupación para Cucalón, quien afirmó que abogó por la investigación y sanción si fuera necesario, y desestimó las vinculaciones al expresidente.

En cuanto a la seguridad y la violencia, Cucalón defendió las acciones del gobierno, aunque admitió que es un desafío que trasciende un solo mandato y requiere esfuerzos continuos.

La entrevista también abordó la crisis energética, donde Cucalón admitió que las medidas podrían haber sido insuficientes, pero defendió la firma de contratos de concesión como un paso necesario en el cambio del modelo de generación energética.

Sobre Noboa y su gobierno

El exministro cree que el presidente Noboa se ha forjado correctamente una carrera política. Sus inicios como asambleísta demuestran que tiene vocación. Al respecto del pacto ADN-RC-PSC, argumentó que «el problema no es con quién se vota, sino para qué se vota». Piensa que este es el tema fundamental y los frutos se verán a futuro.

Sobre la propuesta de fusión de ministerios del Interior y gobierno, Cucalón se mostró neutral, esperando la justificación del tema y la capacidad del nuevo gobierno para gestionar ambas responsabilidades.

¿Qué será de su vida?

El exministro reveló sus planes futuros, que incluyen retomar actividades privadas y académicas, expresando su interés en seguir contribuyendo a la vida pública y política del país.

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La inestabilidad del gabinete no solo se evidenció en los desacuerdos con el Legislativo, sino también con los funcionarios que Lasso escogió para que conformaran su equipo de trabajo. Aquí el detalle.

Ninguno fue digno para Lasso

Los ministerios de Gobierno y Agricultura fueron los que más cambios tuvieron durante su periodo. Ambas tuvieron cuatro servidores, uno de ellos duró tan solo tres meses. Al momento, Henry Cucalón dirige el ministerio de Gobierno, mientras que Izaguirre se encarga del de Agricultura.

Otra de las instituciones más afectadas por los escándalos, fue la de Energía y Minas. Tuvo tres cambios, dos con juicios políticos y supuestos vínculos con casos de corrupción. El «finalista» es Fernando Santos Alvite, que ingresó el 28 de octubre de 2022, pero no todo fue color de rosa. Al inicio de su periodo lo acusaron de tener paraísos fiscales.

Algo similar ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lasso movió tres fichas y la última reagrupó. Uno de los cambios logró quedarse más del año, sin embargo, renunció luego de generar desacuerdos con las autoridades argentinas. La últma pieza es Gustavo Manrique, que se mantiene en el puesto.

De la misma manera, el Ministerio de Defensa tuvo tres cambios. Los dos llegaron solo a los seis meses y pasaron al olvido. Al parecer, Lasso pudo congeniar ideas con Luis Lara Jaramillo y se mantiene al frente de la entidad.

Ministerios con menos solo cambio

El Ministerio de Transporte tuvo solo dos cambios en este régimen. Los dos cambios estuvieron cerca de llegar al año de trabajo en la cartera de Estado. Sin embargo, las denuncias y las solicitudes de juicio político -contra uno de ellos- le costó el puesto.

El Ministerio de Economía, del Interior, Inclusión Económica y Social, Producción y Salud fueron las entidades con menos cambios. Durante el gobierno de Lasso hubo un solo reemplazo, que fue el definitivo. Aunque las quejas y pedidos de destitución no pararon contra algunos de los servidores, el jefe de Estado no ha tomado acciones para definirlos.

Vio que ahí no era

El Ministerio del Ambiente tuvo un solo cambio. El jefe de Estado removió a Gustavo Manrique de la cartera de Estado luego de casi dos años en el puesto. En su lugar designó a Juan José Dávalos, que se mantiene desde el 23 de abril de 2023.

Además, el Ministerio de Desarrollo Urbano tuvo un cambio, Dario Herrera fue removido al Ministerio de Transporte en junio de 2022. Once meses después de ocupar el cargo. En su lugar está María Gabriela Aguilera.

Los improvisados

Luego de la muerte de María Belén Bernal, el primer mandatario creó el Ministerio de la Mujer como reemplazo a la Secretaría de la Mujer. En aquel entonces, Bernarda Ordóñez se encargó de la entidad y renunció el 5 de mayo de 2022 por desacuerdos con Lasso.

Los sobrevivientes

Sin embargo, hay seis personajes de los ministerios que sobrevivieron a la decapitación y acompañan a Lasso desde el inicio, como las carteras de Estado de Educación, Turismo, Telecomunicaciones, Deportes, Trabajo y Cultura.

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A través de un comunicado se informó que el funcionario implicado en la licitación de seguros de Petroecuador, Alejandro Egas fue despedido. De la misma manera, confirmó que el caso fue puesto en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, sostuvo que no tolera ninguna conducta inapropiada en el servicio público. Además, que el resto de implicados en la conversación que fue difundida no serían trabajadores del sistema público.

La evidencia registrada en cámara

El pasado 12 de agosto, en redes sociales se viralizó un video en el que varios empresarios se reunieron para conversar sobre la poliza de seguros de la EP Petroecuador. Sin embargo, ninguno de ellos supo que su «secreta» charla estaba siendo grabada.

Cámaras de seguridad registraron el ingreso del funcionario Egas, el abogado Paúl Auz Jarrín, el supuesto representante de una empresa aseguradora, Pablo Arosemena Mármol y David Auz.

En el audio se escucha a Arosemena decir que lo que el quiere «es una extensión para que se caiga el proceso«. Asimismo, Egas, afirmó que el contrato es triangulado entre «EMCO, Presidencia y Sercop».

Arosemena Mármol es el que realizó «la cuenta» y el acuerdo, en el que estimó que se necesita USD 1 millón para frenar el concurso de seis meses en adelante.

Actualmente, la póliza vigente de seguros de Petroecuador está a cargo del consorcio entre Hispana y Latina de Seguros. (DCJ)

Video: @MelodiaNews

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En el período que el exfuncionario trabajó en el Gobierno, fue un fiel defensor de Lasso. Sin embargo, ahora creará el nuevo partido político denominado Acción Ciudadana Organizada Nacional (Acción) que se desliga totalmente del Gobierno actual.

«Hemos decidido abandonar el movimiento político CREO, ya que está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias«, dijo en una rueda de prensa.

Para Jiménez, los ciudadanos quieren solucionar problemas de inseguridad, servicios públicos y «tener instituciones que realmente funcionen». No obstante, en reiteradas ocasiones afirmó que el Estado tenía todo bajo control.

En las movilizaciones de 2022, comentó que el paro se debía a «dos o tres actores que tienen intereses particulares o agendas particulares». ¿Ahora, Jiménez tiene un interés particular?

Sobre el juicio político contra Lasso

El exministro estuvo en desacuerdo con el juicio político contra el primer mandatario, incluso admitió que el decreto de la muerte cruzada estuvo planeado hace mucho tiempo atrás. Además, culpó a la Asamblea de forzar circunstancias para llevar al presidente a un estrado que no lo merece.

Sin embargo, ahora asegura que «el país requiere un gran y nuevo acuerdo político», en el que el presidente ya no es una opción. «Se requiere una agenda de unidad, sobretodo ciudadana. No tanto en nombres, sino en contenidos y en compromisos concretos», manifestó.

Movimiento Acción

Jiménez explicó que quieren darle forma a una nueva propuesta ciudadana, que es la del movimiento Acción Ciudadana Organizada Nacional (Acción). «Esperamos se convierta próximamente en una organización política con todas las acciones y responsabilidades que eso significa», afirmó.

Además, hizo un llamado a los líderes políticos a que «entiendan la importancia de crear una agenda de unidad que se centre en los valores democráticos que aún como país se ignora». (DCJ)

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El Gobierno entregará cinco nuevos decretos bajo el carácter de materia económica urgente. «Algunas reformas habían estado pensadas hace mucho tiempo, pero la Asamblea no los aprobó», dijo para Ecuavisa.

El artículo 148 de la Constitución establece que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, puede expedir decretos-ley de urgencia económica.

Aparte de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), que pretende disminuir el impuesto a la renta. El Gabinete incluirá a otros sectores dentro de estas reformas económicas.

Decreto para zonas francas

El Gobierno insistirá en una reforma legal para impulsar la creación de zonas francas, dijo Cucalón. En 2022, el Ejecutivo entregó una Ley de Inversiones en la que se abordaba temas relacionados con zonas francas.

Las zonas francas son áreas geográficas dentro de un país que se establecen con el propósito de fomentar el comercio y la inversión extranjera. En general, ofrecen condiciones especiales y beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operan dentro de ellas.

La ley proponía que la inversión Extranjera podría rápidamente multiplicarse como sucedió en Uruguay, en Costa Rica y en República Dominicana. Además, la reforma fue la que tiempo atrás la Asamblea dio de baja.

La última vez que se debatió la ley, los legisladores notaron que la reforma tenía los mismos artículos, las mismas falencias y los mismos errores. Además, el principal argumento para ese rechazo fue que la ley representaba la privatización indiscriminada de activos y servicios públicos.

Decreto en el ámbito petrolero

El ministro de Energía, Fernando Santos, explicó que los decretos que se van a aprobar es para acelerar los plazos que lamentablemente la “maraña burocrática y la desidia de infiltrados correistas han impedido“. El funcionario acotó que el sector privado debe ser el que impulse a la sociedad.

“El sector privado debe ser el que impulse el sector energético, en el de comunicaciones, el de obras públicas. Se dará mayor cabida al sector privado para sus nobles fines”, reiteró.

Decreto en el ámbito laboral

Pese que el ministro no se refirió a la reforma laboral en el medio televisivo, el encargado del Ministerio de Trabajo, Patricio Donoso, recomendó al mandatario el decreto. “Yo también voy a recomendar el decreto«, dijo antes de ingresar a Carondelet el 17 de mayo.

El paquete de reformas laborales que se presentó en 2021, no contemplaba el respeto a las ocho horas diarias de trabajo, sino que proponía dividir las 40 horas a la semana. Asimismo, se ofrecía un sistema de contratación indefinido.

Decreto en el ámbito de inversiones

El ministro de Producción, Julio José Prado, agregó que el Gobierno planea que la Ley de Inversiones sea aceptada, porque ayudará al país a recibir un gran incentivo económico. Las inversiones del sector privado otorgarán USD 30 mil millones al Ecuador en 2025.

Decreto para el IESS

Este año, el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) realizó una comisión para elaborar alternativas para mantener la situación financiera del Seguro Social. La comisión aún no entrega la propuesta al presidente. Sin embargo, se espera que hasta julio esté lista.

Después de que el decreto sea presentado al mandatario, el Ejecutivo lo entregará a la CC como urgente. (DCJ)

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»Las movilizaciones como las protestas son parte de un régimen democrático, no hay por qué sorprenderse», dijo en rueda de prensa.

No obstante, manifestó que otra cosa sería que existan medidas de hecho o el »camuflaje del vandalismo» contra la institucionalidad del país. En este caso dijo que actuarán las fuerzas públicas.

De igual manera, defendió el hecho de que el mandatario haya acudido al Legislativo, pese a la supuesta falta de fundamentos y violaciones al proceso del juicio político por el presunto delito de peculado.

¿Qué pasará en estos meses?

Cucalón informó que ahora una de las prioridades del Gobierno, durante el plazo de tiempo que esté al frente del país, es agilizar las leyes (de carácter económico urgente) que se estancaron en la Asamblea Nacional.

Por otro lado, aclaró que sus cargos estarán a disposición del presidente. Enfatizó en que el Jefe de Estado también es uno de los afectados por su propia decisión. «Él también ha recortado el período para el cual fue elegido», mencionó.

De igual manera, tuvieron un reunión con el cuerpo diplomático y ampararon la decisión ya que se rige a lo que dice la Constitución. Al finalizar la rueda de prensa explicó que el mandatario y el vicepresidente Alfredo Borrero trabajaron juntos desde la mañana.

Advertencia de la Conaie

En meses pasados, la Conaie había alertado al Gobierno Nacional de una gran movilización si se firmaba el decreto de la muerte cruzada. El propósito de la organización era que Lasso asuma su responsabilidad en el caso de peculado en los contratos de FLOPEC y la inestabilidad política del país.

Iza afirmó que “el problema del país es Guillermo Lasso“. Además mencionó que estarán atentos a lo que ocurra en la Asamblea Nacional, en torno al caso de juicio político. (A.G.M).

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Cucalón enfatizó que todo este proceso se desarrolló y terminará «sin argumentos y lleno de vacíos». Además, mencionó que los 88 votos que dieron los asambleístas para que el juicio continúe no merece un «festejo y tampoco un velorio».

«Este juico político no tiene ni pies ni cabeza. El presidente acudirá para demostrar la verdad. Él le debe la verdad al pueblo», refirió en Contacto Directo.

Según el ministro, Lasso no ha incurrido en peculado, pues hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que lo confirme. Sin embargo, en la individualización de pruebas y el dictamen de la Corte Constitucional (CC) se evidenció que el mandatario habría incurrido en ese delito.

Además, en las últimas comparecencias el exprocurador Íñigo Salvador y el procurador Juan Carlos Larrea, en la Comisión de Fiscalización, afirmaron que el primer mandatario tenía conocimiento del lesivo contrato de Flopec y decidió renovarlo hasta 2024.

Luz verde al juicio político

El Pleno dio paso al proceso de juicio político con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. En la sesión estuvieron 116 de 137 legisladores.

La moción fue presentada por la asambleísta de UNES, Viviana Veloz quien recalcó que la naturaleza de este juicio es netamente político. Para que su propuesta sea aprobada necesitaba el respaldo de 70 votos.

El informe de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba que el juicio político contra el presidente Lasso no se lleve a cabo. La decisión se tomó con cuatro votos a favor y cinco en contra.

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

Para Villavicencio, el objetivo de UNES y el PSC era “obligarles” a aprobar un informe alternativo que planteaba el enjuiciamiento a Lasso. “Ventajosamente la presidencia de la Comisión logró impedir que esta moción de cambio del orden del día sea aprobada”, resaltó. (N.J.C)

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Baby Yunda es procesado por asociación ilícita en presuntos actos de corrupción en la anterior administración de su padre en el Municipio de Quito. “Soy inocente y estoy feliz de estar con mi familia luego de dos años”, dijo para La Hora.

El caso

Fiscalía sostiene que Sebastián metía a familiares y amigos en el Municipio, cuando su padre era alcalde. Se lo acusa por presuntas irregularidades en dos contratos para la compra de cámaras de videovigilancia por USD 1,7 millones, firmados por el cabildo.

La caución fue posible después de que un Tribunal ratificará la inocencia de Adrián Haro, Cynthia Puga y Wang Yilong, quienes eran procesados junto a Yunda hijo en el caso de asociación ilícita.

En su teléfono celular se encontraron conversaciones, donde gestiona pruebas PCR y eventos artísticos para sus amigos, con empresarios y funcionarios de la Alcaldía.

La detención

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que Sebastián Yunda, fue localizado y detenido el 1 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina. El acusado tenía orden de prisión desde octubre del mismo año.

“Su detención se realizó mediante cooperación internacional entre las Policías de Ecuador y Argentina, en atención a la notificación roja de Interpol que pesaba sobre él desde noviembre de 2021”, señalaron los funcionarios. (D.C.)

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«Un verdadero atentado a la razón y al sentido común. Primaron conjeturas y desatinos. (La Asamblea Nacional) pretende de forma perversa fabricar una fábula que no es verdad para configurar un juicio político al vuelo. No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización», dijo el titular de la cartera de Estado.

Cucalón cuestionó las causales por las que se sustentó el informe de la Comisión multipartidista que investigó el caso «El Gran Padrino». Según él, hubo un «manoseo constitucional» ya que la mesa legislativa había sostenido que los presuntos nexos del primer mandatario con la supuesta estructura criminal establecían el delito de traición a la Patria. A la final fue retirada.

También tachó de «pintoresca» la causal más fuerte del informe. En este apartado, el jefe de Estado es acusado de delitos contra la administración pública en el grado de omisión. De igual forma, criticó la causal de incapacidad mental propuesta por la legisladora Mireya Pazmiño.

El representante del régimen precisó que no hay evidencia alguna contra el presidente «con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar» y no hay mérito para un juicio político.

El juicio político le respira en la nuca

Con 104 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión que investigó el caso «El Gran Padrino», que recomienda el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El informe obtuvo el respaldo de cuatro fuerzas políticas: Unión por la Esperanza, Partido Socialcristiano, Packakutik e Izquierda Democrática. La resolución se dio la tarde de este 4 de marzo tras siete horas en el Palacio Legislativo.

La presidenta de la Comisión multipartidista, Viviana Veloz, mocionó por la aprobación del informe y durante 50 minutos argumentó las causales por las que el presidente Lasso habría cometido delitos contra la administración pública en el grado de omisión por la presunta trama de corrupción «El Gran Padrino», estructura criminal que estaría liderada por su cuñado, Danilo Carrera.

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«(Sobre el caso Sobornos) me parece que eso fue estirar el derecho de una forma que yo no había visto antes, así como pasó con muchos otros casos en el pasado. Soy abogado y profesor de universidad durante 15 años y honestamente he visto cosas en el derecho que jamás pensé que iba a ver», mencionó Jiménez, quien añadió que el caso presenta muchas «interrogantes».

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que se acusa al expresidente Rafael Correa y otros altos exfuncionarios de su gobierno de haber recibido presuntas coimas para la campaña de las elecciones seccionales de 2014. El caso desembocó con la condena de varios años de cárcel a la mayoría de los involucrados, incluyendo a Correa.

El caso ha sido muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente debido a que el exmandatario fue sentenciado por influjo psíquico y la prueba principal de la Fiscalía habría sido un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez, en donde estarían escritos los montos de los sobornos.

Otras declaraciones

El exministro de Gobierno de Lasso manifestó que la libertad de prensa siempre tiene una contracara. Reiteró que el régimen es el que más ha impulsado esa libertad.

Por otra parte, ante el posible escenario sobre un juicio político hacia el presidente, espera que no fuercen los mecanismos para ello, como sucedió el año pasado. Esto reforzaría la inestabilidad política, refirió.

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La titularidad de la cartera de Estado será asumida por el ahora exsocialcristiano Henry Cucalón. La posesión formal del nuevo ministro será a las 17:00 de este jueves 9 de febrero, en el Palacio de Carondelet, según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

El referéndum del 5 de febrero fue la prueba de fuego de Francisco Jiménez como el «gran negociador» del régimen de Guillermo Lasso. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano le dijo «NO» expresando su gran rechazo hacia el Gobierno Nacional sin haber cumplido los dos años en el poder.

Henry Cucalón, el nuevo ministro

Henry Eduardo Cucalón Camacho fue secretario general de la Procuraduría General del Estado desde 1998 hasta el 2002. Dejó su anterior cargo para asumir la Secretaría Municipal de Guayaquil , hasta 2012. Además, fue elegido como Director del partido Madera de Guerrero en el 2016. También fue el encargado de capacitar a los jóvenes líderes en lo que se llamó “La Cantera de la 6”.

En el 2013, llegó a la Asamblea Nacional desde el Partido Social Cristiano- Madera de Guerrero (PSC-MG), duró ocho años de gestión en el cargo de legislador. Al culminar su período, se alejó por un tiempo de la política.

Sin embargo, al inicio del mandato del presidente, Guillermo Lasso fue propuesto como Gobernador del Guayas. Pero tras la ruptura entre el PSC y CREO se fueron abajo los acuerdos políticos pactados por ambos partidos.

Es abogado de profesión, graduado en la Universidad Internacional SEK de Quito. Tiene una maestría en Derecho Administrativo otorgada por la Universidad Católica.

La renuncia de Jiménez

El exministro Jiménez expuso su carta de renuncia en Twitter y le deseó «fuerza y éxitos» a su sucesor. En el documento resaltó que cuando asumió el cargo recibió un escenario que no era el que necesitaba el país. Según el exfuncionario, la anterior administración rompió los puentes con varios actores y sectores políticos, lo cual fue difícil de «reconstruir».

«No es fácil dirigir un país donde los adversarios políticos siempre esperan agazapados para asestar un golpe, con herramientas que frecuentemente no son legítimas, señaló.

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“Estos resultados no los tomo con un plebiscito o un rechazo. Después de todo, los resultados no estuvieron tan separados”, expresó. Sin embargo, tiempo atrás el régimen vaticinaba que los que estaban contra esta consulta eran narcotraficantes y corruptos.

Desdramatización

Jiménez indicó que el proceso de la consulta popular sufrió una fuerte dramatización. Sin embargo, mencionó que el Gobierno Nacional desdramatizará esto con las nuevas políticas económicas, públicas y sociales que prevén implementar.

Señaló que el Ejecutivo presentará una agenda en los próximos días para proponer nuevos ejes de seguridad, institucionalidad y economía.

“Son nubes medio oscuras, la política nunca ha sido fácil. Se construye un país con estabilidad y aceptando la decisión de la ciudadanía”, dijo en entrevista para Ecuavisa.  

Una posible salida

El ministro resaltó que está a disposición de las decisiones del presidente ante la derrota de la consulta popular. Enfatizó que de ser necesario y por orden de Lasso dejará.

“El que pone la última palabra aquí es el presidente y si así lo requiere estoy a sus órdenes. No pensamos que nos íbamos a quedar para siempre”, expresó.

En el mensaje a la Nación

Guillermo Lasso en cadena nacional mencionó que esta consulta fue una oportunidad para escuchar y conectar con los ecuatorianos. Es decir, en dos años de gobierno no ha sido capaz de detectar las exigencias de los ciudadanos.

“Estamos gobernando y estamos tomando las mejores decisiones. El presidente ha sido enfático vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, alcaldes y políticos con claridad y transparencia”, reiteró Jiménez. (N.J.C)

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Según el ministro, ratificó su postura de que personas vinculadas al narco impulsan el NO a la consulta, pero desmintió haber mencionado que organizaciones lo hagan.

Sin embargo, Jimenez en entrevista con Diario Expreso mencionó que es probable que el narco financie el NO a la consulta de Lasso.

“Se van a tomar decisiones que van a perjudicar al crimen organizado, pues es probable que quienes formen parte de este entramado estén desinteresados en que la consulta se apruebe”.

Jiménez señaló que la Corte Interamericana de Derechos menciona que los políticos “no tiene derecho a sentirse insultados”, por lo tanto, los que se mueven en este ámbito deben ser más tolerantes.

Sin embargo, el presidente Lasso en reiteradas ocasiones ha acusado a de corruptos y narcotraficantes a quienes se oponen a la consulta popular.

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Este plan contempla el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior y el SNAI, Institución encargada de las cárceles.

Según el Observatorio de Gasto Público, el presupuesto destinado a inversión pública debía ser USD 46 millones, de los cuales solo fue devengado USD 6 millones, es decir, el 13.2 % del presupuesto total.

Son ocho las instituciones que se beneficiarían del presupuesto general del Estado, tres son las más destacables:

El SNAI contaba con un presupuesto de USD 31 millones, incluyendo prestamos externos. Contemplaba cubrir cuatro programas relacionados con la rehabilitación social de los privados de libertad. Al cierre del 2022 solo se han invertido USD 7,2 millones, un 25 % del total.

El Ministerio del Interior presupuestaba un monto de USD 17 millones para cubrir equipamiento básico de los servidores policiales, adquisición de equipamiento especializado y, dotación de equipos tecnológicos. Al cierre del año no se usó un solo centavo del presupuesto, según el informe que recoge los datos del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio de Gobierno presupuestaba USD 41,6 millones, bajo la premisa de fortalecer la seguridad y la estabilidad democrática. El año cerró con solo USD 11,5 millones invertidos. (O.S.V)

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La disposición del primer mandatario se da luego de que La Posta filtrara un audio como parte de la investigación del “Gran Padrino”.

En el audio se escucha cuando Luque pide USD 150 mil mensuales a cambio de contratos y nombramientos en empresas públicas. Además, pretendía abrir una cuenta en Andorra con todo el dinero recaudado. Además, Chérrez solicita USD 30 mil para Danilo.

El presidente comentó que en caso de que los implicados hayan salido del país se activarán procesos de cooperación internacional con la Interpol. Lasso insistió que no «tolerará» ningún caso de corrupción en su Gobierno y reiteró que la Fiscalía contará con toda la información que requiera.

“No voy, señora Fiscal General, a cejar en el empeño de combatir la corrupción todo nivel, caiga quien caiga”, señala el documento.

Se quemó las manos…

El 15 de enero Lasso envió una carta a la Fiscal General, Diana Salazar, en la que aseguraba que no existe ningún caso de corrupción en su Gobierno. También, ofreció toda la información de contratos públicos y de los sectores del Ejecutivo para que la investigación termine lo antes posible.

“El Gobierno Nacional que dirijo, señora Fiscal General, proclama la necesidad de actuar con absoluta transparencia y con estricto apego a la ley en todos los ámbitos”, reza la carta.  

Asimismo, remarcó el pedido que le hizo al secretario Anticorrupción, Luis Verdezoto, para que investigue los últimos acontecimientos. Aseguró que todas las dependencias entregarán la documentación según lo requiera la Fiscalía.

Afirmó que la labor de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido ninguna “estructura criminal” en su Gobierno. (N.J.C)

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Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso nunca estuvo presente en estas mesas y el movimiento indígena sostiene que el Ejecutivo no ha cumplido con dichos acuerdos.

Leonidas Iza, a través de Twitter, refutó a Lasso. Además, enfatizó que el primer mandatario nunca “dio la cara”.

“Hablan del encuentro, pero nos criminalizan y persiguen. Su diálogo es puro marketing no resultados para el pueblo”, expresó.

En apoyo a esta “gran iniciativa”, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, mencionó que lo más importante fue que “por primera vez” los movimientos indígenas se sentaron a dialogar con el Gobierno.

“Para el Gobierno, ha sido una extraordinaria oportunidad de acercarse a los grupos vulnerables del país y, de manera conjunta, ir diseñando y discutiendo políticas de Estado”, refirió.

El primer mandatario aseguró que “durante su gestión ha quedado evidenciado que el diálogo es la mejor ruta para construir un país de paz, de libertades y progreso “como lo estamos haciendo todos los días”. (N.J.C)

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“No creo que él merece un tratamiento especial, pero si con particular resguardo. Yo creo que lo importante aquí y lo que le conviene al Gobierno y a los 18 millones de ecuatorianos es que esté lo más protegido posible”, dijo el titular en Ecuavisa.

Años en cárcel

Las autoridades colombianas capturaron el 30 de diciembre al exteniente de Policía, Germán Cáceres, en Santa Marta, al norte del país vecino. En estos momentos, las fiscalías de ambos países realizan los procesos de repatriación para que Cáceres sea juzgado en Ecuador.

El exteniente deberá enfrentar un proceso por el presunto delito de femicidio, que acabó con la vida de la abogada María Belén Bernal el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela de Policía, al norte de Quito.

El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina una pena de privación de la libertad de 22 a 26 años para quien cometa femicidio. Este delito se configura cuando una persona mata a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. El crimen se lleva a cabo gracias a “las relaciones de poder manifiestas en cualquier tipo de violencia”, reza el Código.

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El coordinador de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos (Cucomitae), Carlos Castellanos, indicó que en lo que va del 2022, la cantidad de “préstamos informales” se ha duplicado en comparación al 2021. También comentó que estos prestamistas amenazan a los comerciantes con quitarles su mercadería o agredirles si no tienen el dinero a tiempo.

Una de las realidades a las que se tienen que ver sometidos los ecuatorianos, mientras el presidente Guillermo Lasso vocifera que la economía del país continúa creciendo y las plazas de empleo de la misma manera.

La Fiscalía General del Estado informó que cerca del 56 % de las denuncias reportadas, entre enero y noviembre de 2022, responden a este tipo de delito en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Chimborazo.

Según Castellanos, los pequeños comerciantes están dispuestos a pagar tasas de hasta 240 % anual de interés con tal de obtener la mercadería que necesitan, detalla Primicias.

Delito tipificado en la ley

“Chulco o usura” es un delito que consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que responde a las siguientes sanciones legales:

• Art.  584.- (Pena).-Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el que se dedicase a préstamos usurarios.
• Art. 585.- (Encubrimiento de usura).- Será reprimido con prisión de dos a cuatro años y multa de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el que encubriere, con otra forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario.

Una realidad adversa

El coordinador de Cucomitae indicó que las denuncias en la Fiscalía no reflejan el alcance de este problema, pues la mayoría de ciudadanos se abstiene de poner una denuncia por miedo a represalias.

Por otra parte, los bancos conceden préstamos con una tasa de interés de hasta 28,2 % anual. Para acceder a un microcrédito los pequeños negocios deben tener ingresos de USD 5 mil y 10 mil aproximadamente, planes de negocio y estar al día con los pagos en el SRI. Un factor que muchas veces los comerciantes no están en la capacidad de reunir y continúan accediendo a los “préstamos informales”.

¿Cómo actúa un chulquero?

 1.- Los prestamistas ofertan créditos a dueños de locales comerciales o personas deudoras.

2.- Para recibir el dinero, las víctimas firman letras en blanco, condición de los chulqueros.

3.- El cobro generalmente se lo hace puerta a puerta en moto (intereses del 10 al 15% mensual).

4.- Los dueños de los negocios son amenazados o agredidos si no pagan las cantidades requeridas,

5.- Al no pagar, el usurero puede demandarle y apropiarse de sus bienes.

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Miembros de los bloques de UNES, Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Socialcristiano, a través de un comunicado, expresaron su disconformidad con las recientes respuestas y posiciones del Gobierno.

Por una parte, denunció la constante intromisión de otras Funciones del Estado en las decisiones del Legislativo. Además, remarcaron su respaldo en el artículo 131 para llamar a juicio político contra los cuatro consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

También mencionaron el desacato de los consejeros al presentar más de seis acciones de protección en su necedad de permanecer en sus puestos, que fue aceptada por el juez Ángel Lindao. “Cayó en manos de un juez que ya fue desacreditado por actos dudosos y reñidos con la ley”, refirieron.

Desacuerdo a la respuesta del Gobierno

Además, rechazaron la postura del Gobierno Nacional al emitir el comunicado donde criticaba el accionar de la Asamblea al no presentarse en la posesión del superintendente de Bancos el domingo 18 de diciembre.

“En lugar de rechazar tales acciones, una vez más, pretende lacerar al Estado Constitucional de Derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan arbitrariamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”, detalla el comunicado.

En cuanto al accionar del juez Ángel Lindao enfatizaron que agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales.

“Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y a la Corte Interamericana de Derechos Humano, a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional”, reiteraron.

Una primera advertencia…

La mayoría legislativa emitió un primer comunicado el pasado 18 de diciembre, en este se negaban a reconocer a Roberto Romero como el nuevo superintendente de Bancos. Aseguraron que esta designación respondía a la «intromisión de un juez desacreditado (poder judicial) en la Primera Función del Estado».

Los asambleístas rechazaron y advirtieron el «ridículo» abuso de derecho con el que se pretende utilizar la justicia para beneficiar a Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. Esta designación dada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) es un proceso que «carece de legitimidad», dijo la Asamblea Nacional.

Respuesta del Gobierno Nacional

El Ministerio de Gobierno acusó que la decisión de la Asamblea de no presentarse a la sesión 833 es una “omisión que no solamente denota indiferencia e indolencia (…) sino que irrespetar y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales”, reza el comunicado. (N.J.C)

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