«Tengo mucho que agradecerle al Gobierno por su colaboración, pero por Dios, que de esto no haya una ministra que quiera hacer show. Si la ministra ha dicho eso, no tiene ni idea de cómo funciona el MIES y le digo yo que fui viceministro del MIES. No necesita ninguna información nuestra. Están allí desplazados funcionarios del MIES, entonces según esas declaraciones, o se están tomando fotos o están haciendo su trabajo», dijo el burgomaestre en entrevista con Radio Sucesos.

¿Qué dijo la ministra?

Rovira, en entrevista con diario La Hora, dijo que no podían brindar las ayudas en esta emergencia como los bonos del Estado porque el Municipio no declaró la emergencia. «Mientras el Municipio no declare la emergencia y no nos entregue la información, nosotros no podemos actuar. Lamentablemente, el Municipio, hasta este momento, no nos ha ayudado con información».

Según la funcionaria, esa información son los nombres de los afectados por el aluvión. Según el manejo del MIES, es pertinente entregar el bono de contingencia para damnificados por las emergencias, el que equivale a la mitad de un salario básico unificado, USD 230.

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El funcionario ocupó el cargo de Ministro durante el período presidencial de Lenín Moreno y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2019. Además, la Fiscalía resaltó que se pretende la liberación otros procesados por el mismo delito.

«Esta institución que demostró en las instancias legales correspondientes la responsabilidad del exfuncionario y de los otros involucrados en el delito imputado, rechaza este comportamiento repetitivo (…)», dice el comunicado de FGE.

La acusación a Espinel

En el 2019, el juez Henry Morán ratificó la sentencia de 10 años a Espinel. En el caso también se encontraban involucrados Juan Carlos B., Johanna V. y quienes tuvieron la sentencia de 3 años y cuatro meses de prisión.

Según la Fiscalía, Iván Espinel se benefició con activos de origen ilícito. Los acusados, por su parte, colaboraron para ocultar la determinación real de los fondos y prestar sus nombres o el de empresas para el cometimiento de delitos. (A.G.M).

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Observaciones

A primera vista, se descarta la tesis del régimen de Lasso. Son 17 sectores prioritarios que sufrirían recortes a su inversión, según la legisladora por UNES, Jahiren Noriega.

Por otro lado, el economísta Marco Flores resaltó que es necesario un cambio de política económica porque la economía que lleva a cabo Lasso es muy débil. Precisó que existen distorsiones en la comparación de valores o cifras de un año y otro. Además, apunta que la proforma no satisface a los 18 millones de ecuatorianos.

Acotó que hay un alto rubro para gasto corriente y apenas 7.3 millones de dólares para lo demás.

En cambio, María de Lourdes Lozada, representante de los Jubilados, solicitó el incremento del presupuesto para el pago a los maestros jubilados de los últimos tres años. A esta observación se unió el asambleísta de UNES, Blasco Luna, que mencionó que lo destinado para los jubilados en la proforma es preocupante, porque no alcanza para el pago.

Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, destacó que las universidades han sido víctimas del recorte presupuestario; por ejemplo, la Universidad de Cuenca. En la proforma se reduce el dinero en al menos diez instituciones de educación superior (IES).

Los parlamentarios del oficialismo, Eitel Zambrano y Guido Chiriboga señalaron que existe un incremento presupuestario a favor de las universidades. Asimismo, contradijeron la exposición de Lozada respecto a los maestros jubilados. «Es un tema netamente del incentivo jubilar y no de la jubilación. El incentivo no tenía una fuente de financiamiento», dijo Zambrano.

La asambleísta por UNES, Ana Herrera, refirió que sí existe un recorte a las IES. “Una cosa es lo que se dice y otra la que nos han entregado, por lo que es necesaria la revisión”, enfatizó.

Finalmente, la doctora Verónica Chávez, del Colectivo de Salud, indicó que el sector de la salud está en graves problemas. Los ejes del Plan Decenal, la baja ejecución presupuestaria, problemas urgentes, “banderas rojas”, entre otros puntos relacionados con el presupuesto son cabos sueltos.

Instituciones que perderían…

Según el Gobierno, para el 2023 está prevista una inversión social de USD 15.276 millones, superior a los USD 14.500 millones proyectados para el 2022. Además, considera que cumple con las normas constitucionales para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos aumentarían en total USD 1.223,7 millones.

Un análisis que no convence. Noriega asegura que hay instituciones de sectores prioritarios que ven decapitada su inversión desde el régimen. Entre las observaciones, la proforma no contempla la creación del Ministerio de la Mujer, anuncio de Lasso para apaciguar la violencia machista en el Ecuador.

La Secretaría de Derechos Humanos pierde una inversión del -46.5 %, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social -10 %. Sumadas las dos entidades encargadas del desarrollo social y las mujeres son más de USD 13 millones menos.

En el sector salud, el Ministerio del ramo tiene -7 % y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición infantil -30 %. Esto significa menos USD 21,4 millones.

La proforma recorta a la justicia más de USD 20 millones. El Consejo de la Judicatura refleja -75 % y la Defensoría Pública -38 %. La seguridad también pierde más de USD 30 millones. El Ministerio de Gobierno (-96 %) y el ECU-911 (-7 %).

Finalmente, a nueve universidades se les disminuye la inversión en más del 70 %. La Central, de Cuenca, Nacional de Educación, de las Artes, Técnica de Ambato, ESPE, Técnica del Norte de Ibarra, de Guayaquil, y Técnica de Manabí son las más afectadas. «En total 85% menos recursos para inversión», aseguró Noriega.

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El cierre de este servicio, tras siete años de funcionamiento, se debe a la falta de recursos económicos y desatención del Gobierno de Guillermo Lasso. El cierre del servicio de call center afectará a pacientes Guayas, Los Ríos, Manabí y Morona Santiago.

Gustavo Dávila, presidente de la fundación aseguró que no ha sido posible un diálogo con el ministro de Inclusión Económica y Social MIES), Esteban Bernal, sino solo con sus asesores. Dijo que llevan cinco meses a la espera de una respuesta.

«Nos han dicho que ya no deben haber excepcionalidades (…) Nosotros tenemos una población desde 2 años hasta 80 años de edad y el MIES solo atendía hasta los 19 años. Este proyecto era para 40 guerreros de los 1.400. Sin embargo se le entregaba un kit de víveres a cada uno mensualmente, más los cuatro técnicos», dijo Dávila.

Para el presidente de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, está bien que no existan excepcionalidades. Sin embargo, afirma que la obligación que tiene el MIES es la creación de una normativa técnica que permita que todas las organizaciones que atiendan a pacientes con doble y triple vulnerabilidad, especialmente enfermedades catastróficas, puedan ser atendidas por la institución.

Gustavo Dávila señaló que los pacientes con cáncer son un grupo prioritario que tiene derechos y debe ser atendido.

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El Municipio de Quito actualizó cifras de los afectados por el aluvión causado la tarde del pasado lunes, 31 de enero. El reporte indicó que los decesos aumentaron a 24 personas. La cifra de heridos se mantiene en 48, mientras que los desaparecidos disminuyeron a 12 ciudadanos.  

Esto se da horas después de que el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Santiago Guarderas, anunció en una rueda de prensa la cantidad de personas afectadas que dejo el aluvión en el sector de la Gasca, noroccidente de Quito.

Conforme a ello, autoridades del Gobierno resaltaron que el aluvión se originó por el colapso de un embalse de la quebrada El Tejado, producto de las fuertes lluvias. De modo en que generó el deslizamiento de las rocas y del lodo, por lo que el deslizamiento de tierra y escombros fue provocado por causas netamente naturales.

Por el momento, las calles y locales de la zona se encuentran cerrados. Apenas circulan pocos vehículos, dado a que las vías están llenas de lodo y de pérdidas materiales y humanas. Es así, que un contingente de personas y miembros de la fuerza pública continúan realizando trabajos de reparación y en búsqueda de personas u objetos damnificados. Esto con el objetivo de prevenir nuevos incidentes causados por las condiciones climáticas.

Apoyo para las familias

Por su parte, el Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, señaló que la entidad apoyará a las familias afectadas por este fenómeno. Asimismo, manifestó que les entregarán bonos de contingencia a diario. “Están listos 80 kits de ropa, 115 kits de aseo persona, 500 botellas de agua, que ya están distribuyéndose”, indicó.

Por otro lado, la funeraria Los Lirios expresó que ofrecerán servicios fúnebres completamente gratis para víctimas de escasos recursos económicos. Ante lo cual tendrán a su disposición personal para encargarse del retiro del cuerpo, un ataúd, preparación del cadáver, sala de velaciones y traslado del fallecido, para que sus familiares puedan despedir formalmente a las personas afectadas por el aluvión.

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Esta mañana, las docentes protestaron en las inmediaciones de la Plataforma Gubernamental del Sur, exigiendo que se respeten sus derechos.

«Se están vulnerando nuestros derechos al no cumplir con nuestros sueldos mes a mes. No es desde este año viene pasando desde años anteriores. Tampoco hacen llegar los kits de alimentación a las familias vulnerables», declaró una de las afectadas a diario El Comercio.

Las educadoras también exigen las firmas de los convenios que están estancados desde el 2020, dado que sin ello no pueden cobrar sus salarios.

Bajo la consigna «justicia, manifestación, señores del MIES requerimos solución», las manifestantes avanzaron por la Avenida Quitumbe Ñan hasta la Plataforma Gubernamental del Sur.

Hasta el cierre de esta nota, el MIES no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la situación de este sector laboral.

Dejen de enriquecerse ustedes y vean el dolor que pasa el pueblo

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