Se tomó la votación de la moción de la asambleísta Pierina Correa (UNES) de allanarse al veto del presidente. No obtuvo los votos suficientes. 17 votos positivos, 73 negativos y 40 abstenciones. Llori no dio paso a más pedidos de votación.

Sin un pronunciamiento de la Asamblea y con la fecha límite del 16 de abril, la ley con los cambios que estipuló Lasso entrará por el Ministerio de la Ley.

Pedido de Alejandro Jaramillo

El asambleísta Alejandro Jaramillo criticó la suspensión de la sesión sin considerar el pedido de moción que él realizó para ratificar el texto original del Legislativo.

«¡Vergonzoso! Otra vez Guadalupe Llori le hace juego al Gobierno. Suspende la sesión sin considerar mi moción de ratificación del texto del Proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación. ¡El documento fue ingresado el 5 de abril y teníamos los 92 votos!», escribió. MIB

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“La Asamblea no debería aprobar el proyecto original de la Ley de Inversiones. Deberíamos evitar a costa que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que la Asamblea ha hecho ciertas modificaciones pertinentes y que hoy, esta ley, no es tan perjudicial como en un inicio. Sin embargo, existen cabos sueltos que deben ser discutidos en el Pleno.

“Otro camino mucho más sano que puede tomar la Asamblea es de entrada cortar y negar la ley”, aseguró Jaramillo.

El analista recalcó que el debate de esta ley se ha centrado en el esquema de las alianzas público-privadas. “Este esquema ya está vigente desde el 2015 en el país, por lo que no es necesaria dicha ley para dar paso a las alianzas”, afirmó.

También sostuvo que lo que al Gobierno le interesa, y lo medular de esta ley, son las reformas al Código Monetario y las reformas a la Ley de Poder de Mercado.

Jaramillo recalcó que el presidente Lasso ha anulado el rol de la Asamblea, con su perspectiva de gobernar vía decreto-ley, incluso sobrepasando los límites que le otorga la Constitución.

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Legisladores de UNES presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Proforma Presupuestaria, en rechazo a los recortes presupuestarios en distintas áreas, principalmente en educación y salud.

El documento fue firmado por los legisladores Blasco Luna, Diego Córdova, Marcos Alvarado, Mónica Palacios, Marcela Holguín, Silvia Núñez, entre otros. En el texto piden, además, la citación del presidente Guillermo Lasso.

El pasado 7 de diciembre, la Asamblea Nacional observó la proforma presupuestaria y solicitó modificar los presupuestos para salud, educación, pensiones jubilares, rehabilitación social, entre otras áreas. Asimismo, observaron el tema de la monetización de los activos del Estado. Las observaciones al presupuesto fueron aprobadas con 96 votos a favor.

Otros asambleístas manifestaron, en su momento, que es importante que la Proforma determine recursos para la seguridad social, cumpla con el 0.5% del PIB para el presupuesto a la educación y esté enfocado en sectores vulnerables.

La resolución de la Asamblea fue remitida al Ejecutivo, sin embargo, el Gobierno decidió publicarlo en el Registro Oficial, sin incluir las observaciones del Legislativo.

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Desde la bancada de UNES se cuestionó la decisión de Pachakutik de no aprobar el informe de minoría, propuesto por un legislador de la Revolución Ciudadana. Mientras que desde Pachakutik, la ID e incluso el Partido Social Cristiano, las críticas fueron hacia UNES por no apoyar la moción de negación y archivo de la Ley.

Sin embargo, entre todo el fuego cruzado, un sector se ha mantenido en silencio: el oficialismo. Ni el presidente Guillermo Lasso ni la bancada del Acuerdo Nacional ha emitido algún pronunciamiento sobre lo que sucedió en el Pleno legislativo.

El viernes, al clausurar la sesión, solo la asambleísta de CREO, Ana Belén Cordero, dijo que hay “una disquisición jurídica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de qué es lo que ocurre en estos momentos”

Aseguró, que no tienen una definición concreta, pero que no ven un escenario posible para que la normativa entre por el ministerio de la Ley, porque la Asamblea se pronunció.

El silencio del Gobierno

El sociólogo Agustín Burbano de Lara dijo a Radio La Calle que hay tres posibles lecturas. La primera, sostiene, es que al Gobierno no le conviene pronunciarse. Esto, explica el experto, “porque hay una conversación negativa y lesiva que está afectando las condiciones de posibilidad, en el mediano plazo y corto plazo, del voto conjunto o de la coincidencia en la votación de UNES, Izquierda Democrática y Pachakutik para elegir, en algún momento, una alternativa respecto a las políticas de Guillermo Lasso”.

Afirma que, en estos momentos, hay fuego cruzado entre las tres organizaciones. Sobre todo entre Pachakutik y UNES y, en este escenario, no es inteligente para el Gobierno interceder en la conversación pública, porque el poder de destrucción de estos intercambios perdería efecto.

Otra lectura es que el Gobierno está evaluando cuál discurso sostener ante sus bases comunicacionales e ideológicas más dogmáticas e intransigentes, como Carlos Vera, Los Pelagatos y algunas instancias de Ecuador Libre.

“De una u otra manera la reacción y la disputa interna, en el seno de UNES, a cualquier lector externo da la impresión de que en realidad hubo un pacto y eso es inadmisible. Entonces, si en algún momento hay temores o dudas de un pacto por la posible prelibertad de Jorge Glas o la unificación de penas, para estos sectores intransigentes va a ser algo innegociable”, argumenta.

Reitera que es posible que el Gobierno esté tratando de ver como detiene eso. Finalmente, la tercera opción sería la expuesta por Ana Belén Cordero, que no esté clara la situación jurídica y se considere que el proyecto no pasará por el ministerio de la Ley, aunque asegura que esto es erróneo.

Por su parte, la socióloga política, Paulina Mogrovejo, en entrevista con Radio La Calle, dice que posiblemente el Gobierno esté estudiando la situación jurídica de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. “Es inédito que se haya negado dos informes, uno de mayoría y otro de minoría, y que esto no se haya definido desde la Asamblea y la Presidencia, si es que en verdad tiene como efecto jurídico que pase por el ministerio de la Ley”, sostiene.

A su criterio, el Gobierno está analizando jurídicamente todos los efectos y, quizá, sobre esa base se pronuncie mañana sobre lo que viene con el proyecto de Ley económico urgente.

«Ese vacío de respuestas, de parte de las funciones Ejecutiva y Legislativa, hace que desde la opinión pública se trate de interpretar este tema, pero evidentemente es necesario un pronunciameinto, que esperamos sea lo más pronto posible, para terminar con esta incertidumbre.

Negativas y abstenciones

Mogrovejo sostiene que no quisiera hablar de pactos entre UNES y el Ejecutivo, en contra del propio proyecto político histórico, que llevó a ganar varias elecciones a Rafael Correa. “Si podría hablar de una irresponsabilidad con el pueblo ecuatoriano, en relación a las consecuencias jurídicas de abstenerse. Ayer leía tuits del propio Rafael Correa, que es quien tiene el liderazgo de esta organización, y señalaba que lo hicieron porque Pachakutik y Social Cristianos no votaron por su informe. Yo no creo que ese sea un argumento válido para justificar y mirar para otro lado en este tema”, cuestiona.

Resalta que hay una crisis política en la Asamblea Nacional, pues ninguna bancada ha podido articular diálogos, consensos o proponer debates en favor de los intereses de la ciudadanía, más allá de sus propios intereses partidistas y de grupos.

Por su parte, Burbano de Lara señala que en lo personal, si es que existiría un pacto, llama muchísimo la atención que en los espacios direccionales de UNES, luego de la constante agresión en términos de golpistas, desestabilizadores, terroristas, corruptos, guerra sucia, de la persecución política, de la cuestión con fiscalía, contraloría, pensar que hay un mínimo de confianza para tener amplitud con el Gobierno.

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La organización política sostiene que el proyecto fue rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional, por tanto su aprobación es ilegítima.

La CONAIE rechaza también la postura de la bancada de UNES, que decidió abstenerse de votar por la moción propuesta desde Pachakutik, para negar y archivar el proyecto de Ley.

“Es lamentable que la bancada de UNES-Revolución Ciudadana le haya dado la espalda a la propuesta de los asambleístas de Pachakutk de archivar el proyecto, favoreciendo a Lasso y al FMI, para que cumplan con su cometido”, sostiene la CONAIE, en el documento.

Asimismo, saluda la postura de los legisladores del Movimiento Pachakutik que fueron consecuentes con los principios ideológicos políticos, en consonancia con las demandas sociales y la lucha popular.

Indican que el Consejo Ampliado CONAIE analizará la actuación integral de la bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional.

“UNES-Revolución Ciudadana tuvo una nefasta actuación que merece una crítica y rechazo contundente, pues no es consecuente con una postura progresista, ni de izquierda votar abstención, con un posible pacto con un gobierno neoliberal antipopular, sabiendo que esto significaba que la ley entraría en vigencia por decreto. Cumpliendo el cometido de cobrar más impuestos al pueblo, mientras el país se cae a pedazos y las familias intentan recién superar la pandemia, en medio de una compleja crisis económica, el aumento del precio de los combustibles, salarios bajos, emergencia en el campo y más desempleo, temas sobre los cuales el gobierno no ha dado ninguna respuesta”, argumentan.

Reiteran que la CONAJE pronunció con insistencia que esta ley no corresponde con el momento de grave crisis económica del país, que requiere de incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social.

Señala también que el presidente Guillermo Lasso carece de legitimidad para imponer más impuestos al contribuyente común, pues él usa paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.

“Desde un primer momento llamamos a rechazar la reforma tributaria, fortaleciendo un frente plurinacional y popular que empuje propuestas para superar la crisis económica, pensando en el bien común y superando los pactos oscuros de los poderes políticos”, dicen.

La CONAIE advierte que cada vez es más claro que la responsabilidad de conformar un frente patriótico, plurinacional y popular será responsabilidad del propio pueblo. “La clase política decepciona con su falta de coherencia y sus pactos de poder. Llamamos a consolidar la resistencia social”, sentencian.

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