La decisión fue anunciada al término de la primera sesión del Comité, un ente creado recientemente por Decreto Ejecutivo. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue enfático al señalar que la medida busca «quitar el financiamiento a las mafias de la salud que por años han luchado por capturar hospitales».

Lama reveló que existen al menos 100 investigaciones internas en curso por presuntas irregularidades y destacó la repetición «sospechosa» de ciertos proveedores en los procesos de compra. Afirmó que, por primera vez, se implementará un «sistema digital incorruptible» para rastrear de forma transparente el inventario y la distribución de todos los medicamentos.

Ajuste en el flujo de recursos y compras

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aportó cifras concretas que evidencian el problema: de los USD 200 millones presupuestados este año para medicamentos, apenas se han ejecutado USD 100 millones. Aseguró que, a pesar de esta inversión, el desabastecimiento en los hospitales persiste, lo que apunta a «muchas irregularidades» en los mandos medios operativos.

Jimmy Martín, titular de la cartera de Salud, detalló que la descentralización no recaerá en cada hospital o dispensario, sino que se concentrará en el Ministerio de Salud y el IESS, quienes asumirán la responsabilidad directa de las adquisiciones para garantizar mayor control y eficiencia. «Tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo», afirmó.

Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gellibert sentenció: «Durante décadas, la salud ecuatoriana siempre fue tratada como un negocio. Hoy este Gobierno le pone punto final al negociado en los hospitales».

Medidas insuficientes

La decisión gubernamental no estuvo exenta de críticas. Desde la bancada de Revolución Ciudadana, la asambleísta Christina Jácome tachó al nuevo Comité de redundante, al recordar que ya existe el Consejo Nacional de Salud (CONASA), establecido por ley y con experiencia en la materia. «Parece que algunos prefieren inventar comités y redescubrir el agua tibia», ironizó.

Su colega la asambleísta Viviana Veloz, consideró que la medida «llega tarde» y no ataca el fondo del problema: la falta crónica de presupuesto. Veloz exigió la declaratoria de emergencia del sistema de salud, argumentando que la crisis actual «desbordó hospitales y golpea más fuerte que en la pandemia«. Enumeró una serie de requisitos que, a su juicio, son indispensables: inversión real en infraestructura, equipos, pago a personal y una lucha firme contra la corrupción.

Frente al reclamo de emergencia, el Gobierno se negó en rotundo. Su postura oficial es que no existen las causales legales para tal declaratoria y que, además, esta podría abrir una «puerta a la corrupción».

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El exministro de Salud, Pepe Ruales, desmintió oficialmente que se haya saldado la deuda con SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer), revelando que el MSP adeuda 160 millones a sus 10 sedes provinciales —duplicando la cifra desde diciembre de 2023— y que solo ha pagado 26 millones en 2025.

Emergencia alimentaria en hospitales

Principales centros médicos de Quito, como el Hospital Enrique Garcés (330 camas) y el Eugenio Espejo (400 camas), recurren al Banco de Alimentos de Quito para obtener víveres. Una fuente de esa entidad confirmó a PRIMICIAS haber entregado más de 1.700 kilos de pollo y verduras desde junio de 2025, tras la solicitud de autoridades hospitalarias.

Personal médico y administrativo —incluyendo a profesionales con más de 20 años de servicio— denunció anónimamente que deben llevar alimentos desde sus hogares para cocinar y compartir con pacientes, debido a la falta de presupuesto. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos, corroboró que el Eugenio Espejo suspendió la alimentación a pacientes y trabajadores porque «los proveedores no reciben pagos«.

Protestas y denuncias de corrupción

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, exigió al gobierno «sensibilidad y solidaridad» ante la escasez de insumos para pacientes crónicos, especialmente renales. Kevin Valdez, portavoz de estos pacientes renales, reveló que la deuda estatal con centros de diálisis supera los USD 300 millones  e hizo un llamado de auxilio a organismos internacionales.

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La transferencia, que se suma a un pago anterior realizado en enero, busca cubrir deudas acumuladas con proveedores, clínicas y prestadores de servicios. Sin embargo, a pesar del monto millonario, los problemas en el sistema de salud pública persisten, y las críticas no se han hecho esperar.

TUIT MINISTERIO DE SALUD: https://x.com/Salud_Ec/status/1948382678358581292?t=cISBiWcbJyaKl8wpcsKapA&s=19

No se trata solo de pagar, sino de transformar el sistema

Diversos colectivos del sector salud han salido a las calles en los últimos meses para exigir no solo pagos y abastecimiento, sino también cambios estructurales. Desde sindicatos hasta asociaciones médicas y de pacientes, la crítica es clara: no basta con enviar recursos si no se transforman las condiciones en las que opera el sistema de salud pública en Ecuador.

Parte del malestar apunta también a las fallas dentro de las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional, que supuestamente buscaban reorganizar y modernizar la gestión del sector. En la práctica, aseguran los trabajadores, esas reformas no han solucionado los problemas de fondo y en muchos casos han generado nuevos obstáculos burocráticos sin impacto real en la atención.

¿Y los niños de Taisha?

A esta situación se suma un caso que ha estremecido al país: la muerte de varios niños en Taisha, provincia de Morona Santiago, por causas que pudieron haberse evitado con atención médica oportuna. Las comunidades amazónicas, históricamente olvidadas por el Estado, vuelven a enfrentar las consecuencias más graves del abandono institucional.

La pregunta es inevitable: ¿quién responde por esas vidas perdidas? Mientras en Quito se anuncian pagos millonarios, en el interior del país muchas familias aún caminan horas para llegar a un centro médico sin insumos o se ven obligadas a improvisar soluciones frente a la ausencia del Estado.

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Una crisis que no se resuelve con comunicados

A pesar de los más de 400 millones invertidos, el sistema de salud sigue lejos de garantizar atención digna, equitativa y oportuna. Las cifras pueden llenar comunicados de prensa, pero no salvan vidas si no van acompañadas de reformas estructurales, voluntad política y una gestión pública que priorice a las personas sobre los informes contables.

Los trabajadores de salud, los pacientes y sus familias no piden milagros: piden un sistema que funcione. Porque, como ha quedado claro este año, no se trata solo de pagar. Se trata de reparar un sistema que por demasiado tiempo ha estado roto.

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En un comunicado oficial, la empresa explicó que la decisión responde a una deuda que se ha prolongado por más de un año y al agotamiento de los esfuerzos por sostener la prestación de servicios sin recibir los pagos correspondientes. “El monto y la antigüedad de la cartera vencida son críticos, por lo que mantener el financiamiento se vuelve insostenible para nuestra organización”, señaló indicó en un comunicado. A pesar de esta medida, la compañía manifestó su disposición a buscar soluciones caso por caso para minimizar el impacto en los pacientes.

Denuncias desde las clínicas de diálisis

Cristina Freire, vocera de las clínicas de diálisis, denunció la falta de recursos para la atención de los pacientes renales mientras el gobierno asigna fondos a otros sectores.

“El Estado debe 200 millones de dólares a las clínicas de diálisis. Dicen que no hay dinero para los tratamientos, pero sí para bonos electorales como el que se otorgará a policías y militares”, criticó en entrevista para La Defensa. Según Freire, cerca de 5.000 trabajadores del sector han dejado de recibir sus salarios por meses debido a la falta de pago estatal.

Freire también destacó que el personal sanitario de los centros de diálisis enfrenta una situación crítica, ya que muchos han tenido que recurrir a fundaciones para conseguir insumos. “Hay entre 3.000 y 3.500 especialistas en nefrología, cardiología, nutrición y psicología afectados, además de camilleros y licenciados en enfermería. También hay al menos 1.000 personas más que forman parte del personal administrativo y de apoyo, todos trabajando en condiciones precarias”, añadió.

Desabastecimiento de medicamentos en hospitales

El desabastecimiento de insumos médicos se ha convertido en una problemática recurrente en los hospitales públicos del país. Diego Jimbo, representante del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, alertó que la escasez de medicamentos ha llegado a niveles críticos y que, en algunos casos, los hospitales se ven obligados a prestarse medicinas entre sí para ocultar la falta de abastecimiento. “Ahora ni siquiera hay medicamentos que cuestan 10 o 20 centavos”, denunció.

Durante una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 20 de marzo, Jimbo reveló que un delegado del Ministerio de Economía aseguró que hay USD 226 millones destinados a la compra de medicamentos. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo ha ejecutado USD 29 millones de ese presupuesto. “Eso de que no hay plata no es verdad”, subrayó, cuestionando la ausencia de representantes del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la reunión.

Crisis en el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil

La falta de pagos también ha repercutido en la seguridad de los hospitales. En el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, los guardias de seguridad abandonaron sus puestos debido a atrasos en sus sueldos de hasta tres meses. La empresa Líder Seguridad, encargada del servicio, adeuda a 84 vigilantes, quienes decidieron retirarse ante la falta de respuestas.

“Sin utilidades, sin décimos, sin nada. Teníamos que trabajar tres días de mañana, tres días de noche y dos días libres. Solo vinieron el día que recibieron el contrato y de ahí desaparecieron”, denunció uno de los guardias afectados a Ecuavisa.

Esta situación ha generado alarma, especialmente por la presencia de internos con antecedentes penales en la casa de salud y la falta de control en los accesos. Desde la tarde del 26 de marzo, las dos garitas de ingreso al hospital han permanecido desprotegidas. Familiares de los pacientes han manifestado su preocupación por la falta de vigilancia, lo que incrementa la vulnerabilidad del establecimiento.

Ante la ausencia de los guardias, las autoridades del hospital activaron el Código Plata, un protocolo de emergencia utilizado cuando ingresa un paciente con heridas de bala y se requiere resguardo policial. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para tranquilizar a médicos y pacientes, quienes temen por su seguridad.

A la crisis de seguridad se suma la incertidumbre sobre el servicio de alimentación en el hospital. En redes sociales se denunció la suspensión del servicio debido a una deuda de seis meses con la empresa proveedora. Aunque posteriormente se informó que el servicio se mantiene de manera parcial, la falta de claridad sobre el abastecimiento de alimentos ha generado preocupación entre pacientes y familiares.

Ausencia de respuestas del Gobierno

El Ministerio de Salud Pública no ha emitido un pronunciamiento sobre la falta de pago a los centros de diálisis, la escasez de medicamentos o la crisis en el Hospital Monte Sinaí. La falta de respuestas ha generado indignación entre pacientes, familiares y trabajadores del sector sanitario, quienes exigen soluciones urgentes.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos advierten que, de no tomarse medidas inmediatas, la crisis en el sistema de salud podría agravarse, poniendo en peligro la vida de miles de ecuatorianos. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor continúan creciendo en un sector clave para la atención de enfermedades crónicas y catastróficas en el país.

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Pacientes renales en Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo y Tulcán se toman las calles para exigir el pago de más de USD 200 millones que el gobierno les adeuda desde hace 15 meses. Se desmiente al Gobierno por anunciar supuesto pago.

Según información de los manifestantes, la deuda del Ministerio de Salud con los centros médicos asciende a USD 200 millones , mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adeuda otros USD 90 millones. Esta situación ha afectado directamente a 10.000 pacientes, quienes han visto reducidas sus sesiones de hemodiálisis y han debido cubrir costos adicionales para su tratamiento.

«En muchas clínicas, los pacientes no reciben sus tres terapias semanales. Les piden comprar insumos que pueden costar hasta 70 dólares por sesión«, dijo a Radio Pichincha Gabriela Álvaro, representante de los pacientes renales.

Falsas promesas

Frente a las protestas, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el desembolso de USD 4 millones para 37 clínicas dializadoras. No obstante, los afectados aseguran que la cantidad es insuficiente y que no se ha especificado a qué centros se han destinado los fondos. «Esa cantidad solo alcanza para una semana de atención», señaló Álvaro.

Las manifestaciones también se registraron en otras ciudades como Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo y Carchi. Decenas de personas, muchas de ellas de la tercera edad, se concentraron en la Plaza Grande de Quito, frente al Palacio de Carondelet, exigiendo respuestas.

«Si no nos hacen la diálisis, vamos a morir en una semana. Con una diálisis que no nos hacen, nosotros nos intoxicamos y no avanzamos ni siquiera a caminar. No nos avanzamos a mover», gritaba una paciente renal.

Durante la jornada, los pacientes denunciaron que en ocasiones anteriores han sido desalojados con gas lacrimógeno cuando intentaban protestar en el Ministerio de Finanzas. Además, aseguraron que las autoridades no los atienden directamente, sino que delegan a funcionarios de menor rango que solo ofrecen promesas sin cumplir.

Según cifras de las asociaciones de pacientes, en 2024 más de 1.000 personas con insuficiencia renal fallecieron debido a la falta de tratamiento oportuno. «La diálisis es vida, queremos vivir», coreaban los manifestantes, quienes advirtieron que sin una solución inmediata, su situación seguirá agravándose.

La crisis sanitaria que atraviesan los pacientes renales se ha convertido en un problema humanitario que requiere una respuesta urgente del Gobierno. La exigencia es clara: que se cumpla con el pago de la deuda para garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar más pérdidas humanas.

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Las dializadoras enfrentan una grave crisis económica generada desde junio del 2023 por la deuda de más de USD 140 millones por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de USD 85 millones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La suspensión del servicio afectaría a 17 mil pacientes renales derivados del MSP y 8 mil afiliados y pensionistas del IESS. Asimismo, por la falta de pago las clínicas externas adeudan cinco meses de salarios al personal de salud.

Frente a este problema, los prestadores de servicios externos hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para sentarse a un diálogo que permita llegar a acuerdos concretos. De igual manera, solicitaron a los directivos del IESS que procedan a contratar una nueva plataforma digital que les permita subir información para la auditorías correspondientes.

El paquete integral de diálisis tiene un costo de USD 1.456 por paciente. El servicio incluye de 12 a 14 sesiones, chequeos y controles médicos con nefrólogos, nutricionistas, cardiólogos y psicólogos, exámenes periódicos, y tratamientos para controlar la hipertensión y diabetes que también padecen los pacientes renales.

El calvario de las dializadoras

“Nosotros no pedimos el pago total de la deuda, pero sí una voluntad de poder pagar y seguir atendiendo a los pacientes, que es lo más importante en este gran problema. Vamos a seguir, aquí o en las calles, reclamando hasta que se nos preste la atención debida”, indicó Juan Acurio, presidente del Directorio de Hemodiálisis, en las instalaciones de la Asamblea.

Agregó que para poder subsistir las clínicas tienen que prestarse los insumos médicos para las diálisis. También indicó que el coordinador provincial del IESS en Guayaquil, Javier Torres, manifestó dos soluciones para salir de este problema: cerrar las clínicas o demandar al IESS. (AGM).

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Según un reporte de Radio Pichincha, el pasado 10 de julio la empresa Wursta Technology of Ecuador S.A. denunció ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Contraloría y los integrantes del Consejo Directivo del IESS, un supuesto direccionamiento en la contratación del servicio de call center para el ente de la seguridad social.

Según detalló la empresa, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ganó el contrato aún cuando no presentó algunos requisitos solicitados por el IESS; CNT subcontrata el servicio de call center pese a las prohibiciones de la ley; y su oferta era la más alta en comparación a los demás postulantes.

Wursta argumentó que con la decisión del IESS existiría un perjuicio al Estado por USD 141.048,38. Asimismo solicitaron al SERCOP que emita las sanciones correspondientes a los funcionarios del IESS las sanciones correspondientes ante lo que sería un »claro favorecimiento a una empresa».

Por otro lado, ESPOLTEL, empresa que estuvo a cargo de este servicio hasta el 14 de julio, denunció que el IESS no respondió a sus oficios para que el IESS notifique la intención de dar continuidad al contrato o culminar el servicio.

Contratos millonarios

Según los datos del portal web del SERCOP, el IESS firmó el contrato con CNT por un valor de USD 5,000,171.17, mientras el Ministerio de Salud (MSP) adjudicó la misma prestación por USD 7,593,419.73 para los establecimientos de primer nivel de atención. El costo del servicio entre ambas entidades sumaría un total de USD 12 millones. La negociación fue bajo la modalidad de régimen especial.

Llama la atención que en el caso del MSP, el único oferente registrado sea CNT con un informe favorable de la comisión técnica sobre el cumplimiento de requisitos. El contrato fue suscrito el 26 de junio.

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El portal web de la Fiscalía General del Estado (FGE) evidencia una denuncia del 7 de junio del 2022 por parte la ciudadana Jessica Patiño Pallarozo debido al fallecimiento de una mujer que responde la nombre de Rocío de los Ángeles Pallarozo.

El registro coloca al actual ministro y a otros implicados en calidad de »sospechosos no reconocidos». Según los datos de la plataforma, la demanda incluye a Vicente P., Guido I. y Byron P., los dos primeros constan como accionistas de Hospifuturo S.A., compañía que tiene como gerente general a Naranjo.

La acusación no prosperó, pues la página del Consejo de la Judicatura (CJ) no registra el avance de este proceso.

Otras denuncias

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura registra 16 denuncias en contra de Naranjo, en su mayoría relacionada a actos administrativos relacionados a Hospifuturo, es decir, daño moral, acción de habeas data, despido intempestivo, entre otros.

Por ejemplo, en una demanda por una acción de habeas data en el 2021, una de las pacientes relató que acudió a una las sucursales de Hospifuturo en El Recreo, al sur de Quito, para realizarse una endoscopía. Durante el procedimiento, la mujer señaló que el personal no aplicó las medidas de bioseguridad necesarias por la pandemia del Covid-19 y los equipos estaban en mal estado.

Al despertar pudo percatarse de que el suero que le habían introducido estaba caducado por lo que entró en pánico y pidió a los médicos que llamaran a su esposo, sin embargo, el anestesiólogo del sitio le había manifestado que al ser un suero salino no había mayor problema.

Debido a la insistencia de la paciente, el doctor pidió que se retirara del lugar. La mujer solicitó a la clínica información certificada sobre los insumos médicos utilizados en su cirugía pero no recibió respuesta.

En el marco de la demanda, el juez negó la acción que solicitaba la paciente por un error en la justificación de la petición de la acción de habeas data. Sus abogados realizaron una apelación a la resolución del tribunal pero el proceso se quedó estancado.

Otro empresario en el gobierno

Según datos de la Superintendencia de Compañías (SuperCias), el ministro Naranjo figura como gerente y presidente de diez empresas, entre ellas Hospifuturo, Manta Hospital Center, Axxiscan e Inmobiliaria Masel.

Asimismo es accionista de las compañías antes mencionadas y otras adicionales como: Manta Imagen, Code in Salud y Hospicenter. (AGM).

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Los contratos relacionados a la compra de insumos médicos rodean los USD 34.3 millones, de los cuales USD 26.4 millones son costeados por el MSP y USD 7.9 millones vienen del IESS.

»Muchos de los proveedores tienen el RUC para confección de ropa, venta de licor y actividades de entretenimiento, es decir, no son personas idóneas», dijo Germán Rodas, presidente de la CNA en entrevista para Ecuavisa.

Explicó que las comisiones técnicas de contratación se encargaban de eliminar el número de oferentes, descartándolos por cualquier motivo hasta que solo queden dos ofertas. El análisis de los documentos de las negociaciones son del período 2023 y parte del 2024, y contemplan los hospitales; IESS Quito Sur; Carlos Andrade Marín, en Quito; Teodoro Maldonado, en Guayaquil; Monte Sinaí, en Guayaquil; entre otros.

Casos de nepotismo

Por otro lado, el pasado 25 de junio asambleístas del Azuay sesionaron en la casa legislativa de Cuenca para fiscalizar los problemas del sistema de salud en la provincia. A la mesa parlamentaria comparecieron funcionarios del Hospital de Especialidades “José Carrasco Arteaga” del IESS de Cuenca, institución que ya lleva dos denuncias por mala praxis médica.

Rosa Argudo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IESS, compareció ante las autoridades, pero se mostró evasiva ante ciertas preguntas por lo que su respuesta constante era que le »pidan por escrito» la información.

Pese a las constantes negativas, admitió que cinco de sus familiares trabajan en el hospital, pero no reconoció que la compañía Vending Company SAS, a nombre de una de sus hijas, es la empresa de máquinas expendedoras de alimentos en el IESS.

La funcionaria no respondió sobre el título de los nueve predios que tendría en la capital y evadió la pregunta en relación a la autorización de una auditoría a las finanzas del Sindicato de Trabajadores del IESS.

La penosa situación del sistema salud ocurre en medio de varias denuncias de desabastecimiento de medicamentos y falta de atención médica. Recientemente la Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) anunció que ya no atenderán a los pacientes derivados del IESS por falta de pago, la escasez de insumos médicos y la severa limitación de medicamentos oncológicos. (AGM).

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Los afectados relataron que ya no tienen dinero para sus gastos diarios. No obstante, las autoridades «les pidieron que esperen un poco más». Mientras tanto, los doctores continúan atendiendo en las unidad hospitalarias que se les designaron. Muchos comentaron que abandonaron sus plazas de trabajo o nombramientos por este contrato.

«Atravesamos una situación difícil. Pedimos que se respeten nuestros derechos y cumplan con los estatutos y normas pactadas», exclamó una afectada.

La representante legal, Estefanía Amaguaya, argumentó que existía una certificación presupuestaria para la suscripción de estos contratos; sin embargo, se desconoce el fondo real de este proyecto o el paradero del dinero. Reprochó que el Estado ecuatoriano «dio la espalda» a quienes velan por el bienestar de los ecuatorianos.

«Muchos no tienen para su vivienda o alimentación (…) Los héroes de capa blanca están abandonados por el Estado», exclamó.

Frases como: «La atención primaria muere. Becarios sin becas», «Médico becario sin pagos», «Somos médicos, pero también seres humanos con necesidades» o «Dignidad para los becarios» gritan más de 500 posgradistas en los exteriores del Complejo Judicial Norte para exigir sus pagos.

El escenario se repite…

En medio de la crisis sanitaria por Covid-19, varios integrantes del área de salud fueron separados de la institución. El 18 de septiembre de 2020 se cumplió cuatro días de protestas en Quito y Guayaquil por la demora en el pago de las remuneraciones de los becarios.

La Ley Humanitaria, de ese entonces, especificaba que médicos posgradistas que presten sus servicios durante la emergencia se suscribirían a un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud o el IESS. En atención a este apartado, los médicos recibirían una remuneración igual a la de médico general. No obstante, los médicos denunciaron que esa disposición no se cumplió.

Foto: Ecuador Inmediato.

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Angus explicó que el caso que lleva ocurrió en diciembre del año pasado y desde entonces no han dado con los responsables. Además, mencionó que la menor no continuó con sus estudios desde esa fecha debido a las trabas en el sistema judicial y de parte de las autoridades de la institución.

Comentó que a la víctima no le realizaron la intervención psicológica adecuada. También cuestionó que las instituciones consideren que ya «cumplieron el protocolo» con llenar formularios, pero no se encargan de las necesidades emocionales y educativas de las víctimas o su familia. De la misma manera, aludió que las instituciones están más preocupadas por «mantener y controlar el impacto mediático«.

No es la primera víctima

El pasado 5 de marzo, se difundió el caso de otra joven que habría sido violada por tres compañeros de clase en un paseo de fin de año en Punta Cana. Los abogados de la víctima indicaron que el hecho ocurrió en noviembre de 2023, pero por negligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), dos implicados ya están fuera del país.

Según sus declaraciones, los victimarios contaminaron la bebida de la joven provocando que ella se desmaye para trasladarla hacia su habitación. Los magistrados solicitaron la asistencia judicial de República Dominicana, lugar donde inició la pesadilla, para una cooperación internacional.

Allí no termina el escenario, pues el 6 de marzo otra víctima levantó su voz y denunció otro caso de abuso en el mismo colegio. Los padres de la joven pidieron al abogado Fernando Rosero que también los represente. La menor no hizo público el acto por vergüenza y para no revictimizarla, detalla El Universo. Este caso ocurrió el mismo día del paseo de fin de año y posterior a la agresión de la primera víctima. Uno de los implicados en el caso difundido fue identificado como el presunto agresor en este acto.

¿Qué pasa con las instituciones del Estado?

Angus cuestionó que no existe una hoja de ruta o planificación clara de los protocolos en caso de abusos sexual. Enfatizó que el Ministerio de Educación debería levantar las alertas sobre violencia sexual registradas en la entidad. Además, relató que debería existir un trabajo en conjunto con los ministerios de la Mujer, Salud y la Fiscalía.

«Los protocolos en estos casos son el resultado de una lucha de años. Sin embargo, mencionó que las instituciones los utilizan como un escudo burocrático», refutó en Radio Pichincha.

De la misma manera, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores también debería participar en este caso, tras la presunta fuga de dos implicados. Resaltó que Cancillería debería solicitar una vinculación interinstitucional y mecanismos de cooperación.

Detalló que muchos casos quedan impune debido a la falta de recursos del sistema judicial y de la víctima, omisión de los abogados, falta de cooperación de los planteles involucrados y la poca sensibilización.

«El recorte de presupuesto y falta de personal cobra factura en estos momentos, cuando las víctimas deberían ser prioridad», manifestó.

«Libre de responsabilidades»

El colegio emitió un comunicado en el que asegura que la institución «no tuvo participación alguna en la elaboración o realización del viaje». Sin embargo, brindó su «solidaridad» con las personas afectadas. Argumentó que, pese a que los hechos ocurrieron en las instalaciones separadas al colegio, «tomaron acciones y activaron el protocolo respectivo».

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»Siempre será necesario visibilizar aquello que tratamos de ocultar. No ocultemos un problema latente en el Ecuador. Los datos son alarmantes (…) nosotros el día de hoy enviaremos este informe al Ejecutivo y la Asamblea a fin de que se tomen los correctivos necesarios», dijo el defensor del Pueblo, César Córdova.

Según la investigación comprendida entre el 1 de enero del 2018 hasta el 16 de junio del 2023, de las más de 52 mil denuncias presentadas solo se aceptó la documentación del 17.41 %; el 4.15 % llegaron a una sentencia; y peor aún, el 3.02 % logró un dictamen acusatorio.

Datos alarmantes

Por otro lado, con base a información enviada por el Consejo de la Judicatura (CJ) se expuso que de los 9006 casos judicializados; 2.097 fueron resueltos con sentencia condenatoria; 428 ratificatorias de inocencia; 41 casos con sentencia mixta, es decir, con más de dos implicados; y el institución no posee información de 6.440 casos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 9.774 notificaciones por violencia sexual a niñas, niños y adolescentes en el período 2021-2023.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Mineduc) declaró que de los casos que ha denunciado a Fiscalía, la gran mayoría corresponde a niños entre 8 y 14 años. Entre el 2018 y 2023 se han presentado 20.698 denuncias por este delito, de las cuales 5.865 ocurrieron al interior de un plantel educativo. (AGM).

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Los heridos fueron atendidos por paramédicos de Bomberos Mejía, miembros de Panavial y el Ministerio de Salud Pública. Entre los lesionados se encuentran una joven de 23 años, un niño de 7 años y una niña de 8 años, que fue evaluada in situ y quedó bajo la custodia de la Policía Nacional.

En las imágenes publicadas por la entidad, se observa como el parabrisas del autobús quedó parcialmente trizado y la motocicleta totalmente dañada.

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El sector de la salud se une a la lista de deudas pendientes que ahora pertenecen al gobierno de Daniel Noboa. Encalada explicó en entrevista con Ecuavisa que ya informó sobre esta millonaria deuda al Ministerio de Finanzas »para que ellos vean la factibilidad de desembolsar la cantidad que ellos consideren».

El Ministro resaltó la importancia de gestionar estos pagos pues sería terrible que le cierren las puertas. Agregó que dentro de su hoja de ruta para el 2024 planean contratar 1024 especialistas y a casi 800 médicos familiares.

Entre enero y febrero del próximo año deberá ser desembolsado el nuevo presupuesto a la cartera de Estado. La asignación del 2023 fue de USD 3.050 millones, de los cuales cerca de USD 220 millones se destinaron para inversión. Destacó que este último rubro se distribuye de acuerdo a los problemas temáticos en la salud. (AGM).

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Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca (CBC), Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial del Azuay y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Los paramédicos brindaron atención a los 13 heridos y los trasladaron a los centros de salud más cercanos, en los casos que era necesario. Para eso se movilizaron 11 ambulancias, cuatro del IESS, tres del CBC, tres de la Cruz Roja y una del Ministerio de Salud.

A la par, dos buses de la cooperativa Marcelino Maridueña se chocaron de manera frontal y dejaron cuatro fallecidos y once heridos. El hecho ocurrió en la vía Durán-Tambo, provincia del Guayas.

Los cuerpos de los occisos fueron trasladados a la morgue del cantón Milagro, mientras que los heridos fueron reubicados en hospitales del cantó y de Durán.

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Los decretos fueron publicados en el portal de la Presidencia entre el 10 y el 11 de noviembre de 2023.

Pese a la crítica situación que atraviesa el seguridad, salud y gobernabilidad, los condecorados son los ministros de Defensa, Vivienda y Salud, Luis Lara Jaramillo, José Ruales y María Gabriela Aguilera; el director del SNAI, Fausto Cobo; y el secretario de Administración Pública, Sebastián Corral.

Aunque aún no ha salido de manera oficial el decreto sobre la condecoración de este último, el periodista Fabricio Vela ya lo anunció en su red social X.

Por encima de la ley

Aunque el artículo 152 numeral 2 de la Constitución detalla que no podrán ocupar el cargo de ministros las personas:

• naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Corral y Lasso hicieron caso omiso a este apartado, pues según la Superintendencia De Compañías, Sebastián Corral tiene un capital de USD 2’518.557 como accionista en el CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., la empresa a la que pertenece Teleamazonas.

Además, el exgerente de TC Televisión, Rafael Cuesta a su salida del canal reveló que Corral tiene una cuenta en paraísos fiscales, hecho que lo inhabilita para ser servidor público. También, recalcó que Lasso dispuso su despido para beneficiar a su secretario de Administración.

El descaro…

Corral insistió ,en el programa Vera a su Manera, que no tiene ningún impedimento legal para ejercer el cargo y que no tiene ningún conflicto de interés. Aseguró que no puede cambiar lo que ha hecho durante toda su vida por algo que podría durar un día o seis años.

«Esto es un tema temporal y no tengo ningún conflicto. Yo desconozco las cifras de TC y no tengo idea de cómo va Teleamazonas», dijo.

Condecoración al director del SNAI

Cobo recibirá la condecoración de la Orden Nacional «Al Mérito», en el Grado de Gran Cruz. El documento emitido desde Presidencia enumera algunas razones por las que Cobo es acreedor del premio; sin embargo, no enfatiza los logros u objetivos alcanzados en su gestión.

Los únicos detalles que enlistan son sus ocupciones como secretario general de la Administración, subgerente del Banco del Estado, director de la Academia de Guerra y director generla del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). En el ámbito internacional, fue vicepresidente del Parlamento Andino y asesor de la Organización de Estados Americanos.

«Ha servido a la Nación en la Asamblea Nacional, donde integró mecanismos internacionales de trabajo en énfasis de seguridad, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado», reza el informe.

Clic para ver el documento.

La realidad de su agenda

El 23 de julio de 2021, Cobo estuvo al frente de la dirección del SNAI. En ese entonces, prometió que los resultados de los cambios en la entidad se verían en los seis meses siguientes. Sin embargo, solo duró 66 días en el cargo y la situación se mantuvo. Luego, el mandatario lo cambió el CIES, hasta que el 7 de octubre de 2023, Lasso lo nombró nuevamente cabeza de la institución.

Cobo resonó en una denuncia que interpusieron cerca de 1.500 servidores penitenciarios por el delito de odio. El director mencionó, en una entrevista televisiva, que los vigilantes «no sirven y que debería ser la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) quienes deben imponer el orden y la presencia del Estado».

En su segundo cambio y con una versión «más centrada», aseguró que en las ocho semanas que le restan al gobierno no podrá “resolver toda la decadencia de las cárceles del país”. “Me toca ir con lo que tengo y con lo que cuento. No voy a cambiar capitanes a media batalla”, dijo en Teleamazonas.

El casi desaparecido Lara

El ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, también recibirá una condecoración de la Orden Nacional «Al Mérito», en el Grado de Gran Cruz.

Según Presidencia, el secretario de la cartera de Estado tuvo una destacada carrera militar en favor de los altos mandos del Ecuador. Además, participó en el conflicto del Alto Cenepa, donde ganó la Cruz de Honor al Mérito de Guerra, y fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Al igual que Cobo, la entidad asegura que brindó «grandes aportaciones en materia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado».

Aquí el documento.

¿Qué otras cosas hizo?

En junio de 2022, Lara comentó que la «mano del narcotráfico y crimen organizado están detrás de la movilización social», que estuvo encabezada por la CONIE. Además, detalló que las FF.AA. no permitirían que se rompa el orden constitucional en el país.

“Las FF.AA. miran con profunda preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones”, dijo.

Otras de sus apariciones ante medios de comunicación fue cuando el jefe de Estado envió el decreto del porte y tenencia de armas. En su corta intervención mencionó que el Acuerdo Ministerial incluye un proceso altamente regulado que permitirá certificar que la persona es capaz de tener un arma.

Mientras que ante la elevada ola de inseguridad repitió que las mafias le declararon la guerra a Ecuador” y responderán con todo el rigor de su poder. Sin embargo, hasta el momento el país no ha visto resultados de esas «grandes acciones».

Otro premio para Ruales

Lasso consideró que el actual ministro de Salud, José Ruales, también era acreedor de la Orden Nacional «Al Mérito», en el Grado de Gran Cruz. El primer mandatario solo destacó el desempeño del funcionario en el sistema público dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Secretaría de Salud del Municipio de Quito y Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

Según la entidad, Ruales promovió políticas de desarrollo y reformas al sistema de salud y construcción de redes integrales de servicios (protección social y aseguramiento).

Su estadía en este sector

Salud es uno de los sectores que más recortes presupuestarios ha tenido; sin embargo, el ministro ha preferido mantenerse al margen de todas estas «acciones inconstitucionales», como las califican varios analistas.

A eso se suma la pésima ejecución presupuestaria que han mantenido en los últimos años. Razón por la cual varios ciudadanos han reclamado la falta de medicinas, instrumentos quirúrgicos y médicos en los hospitales.

Otrita para la ministra de Vivienda

María Gabriela Aguilera, ministra de Vivienda, también resuena en la lista de decretos que subió Lasso. De acuerdo con él, la experiencia de Aguilera en «generar planes maestros que solucionarían los problemas de hábitat, espacio público y vivienda» son motivos suficientes para recibir una condecoración.

«Ha cumplido una distinguidísima labor por el bienestar de los ecuatorianos, hecho que queda plasmado en la formulación y presentación de la Política Urbana Nacional».

Un dato extra

A pocos días de su posesión en 2022, el medio digital La Posta reveló que la servidora estaría adeudando el impuesto predial desde 2018. Sin embargo, en su declaración juramentada a la Secretaría de Gobierno señaló que no está en mora.  

En cuanto al plan, Lasso prometió entregar 50 mil casas en la ruralidad durante cada año de su período con apoyo del proyecto. Sin embargo, el régimen logró ese número apenas en diciembre de 2022, es decir, seis meses después de lo prometido.

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Durante un coloquio académico organizado por la Universidad Católica de Ibarra, en el Centro de Convenciones Fernando Rielo, el aspirante a Carondelet planteó sus propuestas de campaña a los estudiantes universitarios.

Respecto a los problemas del sistema de salud en el país, Noboa detalló los inconvenientes que engloban esta situación, entre ellos los problemas de acreditación por parte del Senescyt y el Ministerio de Salud a los especialistas que se prepararon en otros países.

Si bien los contratiempos de la atención médica se deben a la falta de personal, para el candidato la mejor solución es trasladar a la Secretaría de Educación Superior a la administración de otra cartera de Estado completamente opuesta.

Después de sus polémicas declaraciones, no se retractó ni aclaró su planteamiento. Además, los moderadores del conversatorio no cuestionaron sus palabras e inmediatamente dieron paso a las preguntas de la audiencia. (AGM).

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Ruales indicó que a partir del lunes 24 de julio, 600 centros de salud a nivel nacional aplicarán estas dosis a población en riesgo o que presente agravaciones en su salud a causa del COVID-19. Las vacunas son bivalentes, de la empresa Pfizer-BioNtech y serán aplicadas a quienes tengan las dosis de refuerzo (con vigencia de hasta 6 meses).

Al momento se encuentran habilitados algunos centros de salud para aplicar la dosis. Por ello, las autoridades instan a la ciudadanía a informarse a través de su portal web para conocerlos. Posteriormente se abrirán los demás centros de salud por lo que reiteran que se debe consultar constantemente su página web.

La vacuna bivalente es primero aplicada en personal de salud que trabaja con enfermedades respiratorias. Es decir, con quienes tienen contacto directo con pacientes de neumología (COVID-19), emergencias y cuidados intensivos. Ahora, el Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó con la aplicación a personas mayores de 65 años.

Estas últimas deben tener su esquema completo de cuatro vacunas. Quienes entran también en población de riesgo son personas con inmunosupresión u otra enfermedad preexistente. En el mismo grupo están aquellos que poseen prescripción médica.

Base de datos de vacunados contra la Covid-19 en Ecuador, se vende en internet

Los centros de salud destinados a la vacunación serán los tipo B y tipo C de acuerdo con las autoridades. No obstante, el personal de salud recibirá la dosis en todos los 204 hospitales del MSP a nivel nacional.

Otras indicaciones de la nueva fase de inmunización contra el COVID-19

Muchos de los hospitales donde se realizará la vacunación son los de segundo y tercer grado. Esto quiere decir que aquellos lugares cuentan con servicios de terapia intensiva, neumología y emergencia. Según Cristina Jácome, directora nacional de Inmunizaciones MSP, se encuentran distribuidos en las nueve coordinaciones zonales a nivel nacional.

También explicó que el personal médico ya se encuentra capacitado sobre los lineamientos y quienes son beneficiarios de estas dosis. Jácome acotó que el departamento de talento humano de cada hospital se encuentra verificando el número de profesionales que recibirán este refuerzo.

La directora explica que se aplicará una dosis, una vez al año. Dependiendo del tipo de paciente ya que existen pacientes inmunodeprimidos, los médicos recomiendan dos dosis. Una cada seis meses. Aunque no descartan colocar la vacuna a la población en general el próximo año, esperan ver los resultados de aceptación de las bivalentes este año.

A ello también recalcó que toda vacuna puede causar efectos adversos o secundarios como fiebre o malestar en general. Esto se debe a la reacción normal del cuerpo frente a las vacunas. Sin embargo, Jácome hace un llamado a mantenerse informados por canales oficiales y evitar la desinformación ante un tema tan importante.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de Guillain-Barré ataca parte del sistema nervioso periférico. Esta enfermedad puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles.

Aunque se cree que es un trastorno autoinmunitario, las autoridades de la salud indican que se relaciona a la ingesta de alimentos que contienen la bacteria Campylobacter jejuni y otros patógenos gastrointestinales.

La poco usual patología puede afectar a personas de todas las edades, no obstante, es más frecuente en adultos de sexo masculino. Los principales síntomas de la enfermedad son:

• Una sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, los tobillos o las muñecas
• Debilidad en las piernas que se difunde a la parte superior del cuerpo
• Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras
• Dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye hablar, masticar o tragar
• Visión doble o incapacidad para mover los ojos
• Dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre, y que puede empeorar en la noche
• Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal
• Frecuencia cardíaca acelerada
• Presión arterial alta o baja
• Dificultad para respirar

El MSP recomienda a la población lavar todos los alimentos antes de consumir, lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de utilizar el baño; beber agua segura, y ante síntomas como debilidad u hormigueo en brazos y piernas acuda al centro de salud más cercano.

Situación actual de la epidemia de Guillain-Barré

La cartera de Estado afirmó que frente a la situación en Perú, mantendrá vigilancia epidemiológica y realizarán los protocolos correspondientes para tratar los casos ya registrados a nivel nacional. El pasado 8 de julio, Perú declaró estado de emergencia sanitaria en todo el país debido al aumento de casos del síndrome.

La declaratoria sanitaria durará 90 días, no obstante ya se contabilizan 165 casos y 4 fallecidos en lo que va del año. El Estado peruano señaló que también actúan con vigilancia epidemiológica, control e investigación de casos. Así como también, el abastecimiento de productos farmacéuticos, monitoreo, atención y evaluación de pacientes en casas de salud. (S.B).

Emergencia sanitaria en Perú por casos con el Síndrome de Guillain Barré

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Ante la emergencia sanitaria en Perú por esta patología, el MSP indicó que mantendrán la vigilancia epidemiológica y ejecutarán diversos protocolos para manejar los casos ya existentes en el país.

»La causa es desconocida, sin embargo, esta enfermedad se la ha relacionado con ingesta de alimentos que tengan la bacteria Campylobacter jejuni entre otros patógenos gastrointestinales; esta enfermedad causa debilidad de miembros inferiores y superiores, que puede ser de leve a severa», detalló la cartera de Estado.

Casos en Perú

El 8 de julio,  el Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional debido al aumento de casos del Síndrome de Guillain Barré, la declaratoria durará 90 días. Se han reportado 165 casos y 4 fallecidos en lo que va del año.

El plan de acción por parte del Estado, incluye actividades relacionadas con la vigilancia epidemiológica, investigación y control del incremento de casos. De igual manera, se prevé el abastecimiento de productos farmacéuticos, atención de pacientes en servicios de salud, comunicaciones y monitoreo y evaluación.

¿Qué es el síndrome Guillain Barré?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de Guillain-Barré ataca parte del sistema nervioso periférico. Esta enfermedad puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles.

Se trata de una afección rara. Si bien pueden verse afectadas personas de todas las edades, es más frecuente en adultos y en el sexo masculino. Algunos de los principales síntomas son:

• Los primeros síntomas consisten en debilidad u hormigueo, que suelen empezar en las piernas y pueden extenderse a los brazos y la cara.
• En algunos casos puede producir parálisis de las piernas, los brazos o los músculos faciales. En el 20 % a 30 % de los casos se ven afectados los músculos torácicos, con lo que se dificulta la respiración.
• En los casos graves pueden verse afectadas el habla y la deglución. Estos casos se consideran potencialmente mortales y deben tratarse en unidades de cuidados intensivos.
• La mayoría de los casos, incluso los más graves, se recuperan totalmente, aunque algunos siguen presentando debilidad.
• Incluso en los entornos más favorables, del 3 % a 5 % de los pacientes con el síndrome mueren por complicaciones como la parálisis de los músculos respiratorios, septicemia, trombosis pulmonar o paro cardiaco.

Recomendaciones

El MSP recomienda a la población lavar todos los alimentos antes de consumir, lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de utilizar el baño; beber agua segura, y ante síntomas como debilidad u hormigueo en brazos y piernas acuda al centro de salud más cercano. (A.G.M).

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