El documento emitido el 12 de septiembre manifestó que la Segunda Mandataria no cumplió la disposición de llegar a Turquía antes del 1 de septiembre, por el contrario, arribó el 9 de septiembre. La petición de este proceso administrativo vino de Cancillería.

Este hecho desató críticas en redes sociales, varios expertos aseguran que sería ilegal la destitución de Abad por la sanción de un sumario administrativo. El abogado Alberto Montenegro explicó a La Calle que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece que este proceso no aplica a los funcionarios de elección popular.

Agregó que solo el hecho de abrir un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria violentaría la seguridad jurídica. Montenegro citó el artículo 226 de la Constitución que establece que la competencia y las facultades de las instituciones y servidores públicos deben estar previstas exclusivamente en la Constitución y la ley, no en un acuerdo ministerial.

»Esto violaría la independencia de poderes (…) aunque en este país ya todo puede ser posible», resaltó. En este sentido, citó el acontecimiento del asalto a la embajada de México del pasado 5 de abril, un hecho al que calificó como »descabellado».

Por otro lado, señaló que también existiría una ilegalidad si Abad es sancionada en calidad de embajadora de Israel porque antecede su función de Vicepresidenta. Si la funcionaria es destituida como servidora de Cancillería, tendría que abandonar su otro cargo debido a que esta sanción impide que pueda ejercer un cargo público por dos años.

Ante estas intenciones, el jurista indicó que lo recomendable es que la segunda mandataria interponga un acción de protección.

»Pero es muy posible que el juez que llegue a conocer de dicha acción, la niegue y hasta la llegue a inadmitir por las tantas confusiones creadas por la Corte Constitucional», dijo

Un acuerdo improvisado

Como si de una casualidad se tratara, el 11 de septiembre el Ministerio del Trabajo firmó el Acuerdo Ministerial Nº MDT-2024-175. Este documento expide el procedimiento de Sumario Administrativo otorgando a la cartera de Estado la potestad de tramitar estas solicitudes en contra de funcionarios que se encuentren excluidos de la carrera del servicio público.

Si se consuma la destitución de Abad a través de esta acción, otras autoridades de elección popular podrían enfrentarse a la misma situación. (AGM).

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Rodríguez mencionó que el ordenamiento jurídico ecuatoriano brinda algunas protecciones especializadas a las personas con discapacidad. Es decir, la Constitución establece que las personas que pertenecen a este sector deben recibir una atención priorizada por parte del Estado. Enfatizó que de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidad, los ciudadanos solo necesitan acreditarse para recibir estos beneficios.

¿Todos se pueden beneficiar?

El abogado remarcó que no todas las personas que cuentan con la aprobación del Conadis pueden acceder a este beneficio, pues es necesario que reflejen al menos el 30 % de discapacidad para que puedan ser beneficiadas.

Mencionó que en el caso de personas con discapacidad física necesitan acreditar 2 años de aportación, cerca de 300 contribuciones. Mientras que los ciudadanos que presenten discapacidad intelectual necesitan 240 aportaciones; es decir, casi 20 años. Todos estos procesos se realizan sin un parámetro o límite de edad.

Esta es la principal diferencia con el otro régimen que también aspiran a una jubilación social, pues deben cumplir entre 30 o 40 aportaciones y mínimo 60 años.

¿Cuánto reciben?

Rodríguez comentó que las personas con discapacidad tienen derecho al 68,5 % del salario básico de un trabajador. Además, deberán considerar los cinco mejores años de remuneración y en función de eso ser acreedor de estos planes.

Mientras que, la jubilación patronal se mantiene de la misma manera, si el empleado permaneció 25 años o más, el empleador sigue las reglas básicas para ejercer ese proceso. El abogado indicó que si el empleador se niega a que el empleado acceda a este trámite, el perjudicado deberá acceder al Ministerio de Trabajo.

«Hay que recordar que si el empleador tiene un nómica de 24 trabajadores, obligatoriamente debe contratar a una persona con discapacidad «, explicó.

¿Cómo acceder a este beneficio?

Las personas que están a punto de ingresar en este proceso, pueden acceder a la página web del IESS, que permite colgar todos los documentos de manera virtual. Dependiendo del número de casos que tenga la entidad podrá despachar el informe en más-menos 15 días.

«Eso sí podrá acceder a todo eso siempre y cuando no haya mora, presentando todos los documentos y con todo en regla», alegó.

Sin embargo, recalcó que existe la posibilidad de que el empleador cree un tipo de «artimañas» para no legitimar este proceso. Por ejemplo, podrían acreditar a personas al Conadis, pero que no padezcan ningún tipo de discapacidad o evitar que los trámites de la jubilación avance.

Además, recalcó que en caso de un despido intempestivo las personas con discapacidad tienen derecho a 18 remuneraciones para reconocer su trabajo. Enfatizó que el Estado y el Gobierno debería velar porque las irrupciones en estos procesos no incrementen.

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Núñez argumentó que este mecanismo se aplicó en «varios países del mundo y dieron resultados positivos». No obstante, este mecanismo se eliminó de Ecuador en 2008. ¿Pero qué opinan los expertos?

El abogado Washington Andrade argumentó, para Radio La Calle, que en el marco jurídico y constitucional actual esta «alternativa» no sería posible. Sin embargo, anotó que el país no se puede negar a nuevas modalidades de contratación; siempre y cuando se garanticen los derechos laborales.

Recalcó que si las autoridades pretenden implementar esta medida deberán demostrar que no es una manera de precarización, sino «una forma de aumentar la producción cuando se requiera«.

Para eso, la primera modificación que deberían realizar es el cálculo del valor de la hora de trabajo a un costo más alto. Mencionó que eso compensaría de alguna manera la ausencia de una indemnización al final del contrato o período laboral que se podría dar.

«Esta modalidad debería implementarse con la combinación de una reforma legislativa, constitucional y los acuerdos ministeriales para que no se cataloguen como ilegales e inconstitucionales«, puntualizó.

Otro escenario planteó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, quien difirió con la mención de la ministra. Aseguró que esto solo sería retroceder en la lucha de los derechos laborales, lo que representaría normalizar una mano de obra barata, flexibilidad y precarización laboral.

«Esto no es una alternativa para resolver el tema del desempleo. Lo que deberían implementar es un empleo digno y estable con todos los beneficios de ley», dijo para La Calle.

Resaltó que con estas decisiones, el 2024 se convertiría en un escenario de lucha y confrontación a la intención de «seguir protegiendo a los grupos acomodados y perjudicar a los ecuatorianos».

«Se sacrificarán algunos derechos»

Andrade aludió que la reforma laboral deberá combinará las nuevas reglas -en caso de implementarse- y las que ya se alcanzaron. Aclaró que si no existe esa unión algunos derechos como la liquidación, indemnizaciones, flexibilización laboral, entre otros, se sacrificarán.

Algo similar expresó Villavicencio, quien cuestionó que esta intención no garantiza tres aspectos importantes en el campo:

• – Estabilidad laboral.
• – Beneficios de ley como seguridad social, décimo tercero, décimo cuarto, entre otros.
• – No vulnerar a los convenios 87 y 88 que engloban la libertad sindical y la contratación colectiva ratificada por el Estado.

Para el representante del FUT, con eso solo se crearían medidas de «esclavitud moderna en la delicada situación que atraviesa el país«.

«Deberían revisar la historia y saber en qué condiciones pasaban los trabajadores cuando había el trabajo por horas antes del 2008», ratificó.

Tiene un riesgo agresivo

Según el abogado, esto también representaría un peligro para los trabajadores de mayor estancia en las empresas, aquellos que ya tienen derecho a una jubilación patronal proporcional y completa. Explicó que con la aprobación del proyecto de Ley Económico Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa y los incentivos que recibirían las empresas por la contratación juvenil, las autoridades se exponen a que exista un despido masivo.

«Los empleadores por recibir esos beneficios tributarios pueden despedir al personal antiguo y contratar nueva mano de obra en todos los sentidos. Los que más corren peligro son las personas de mediana y avanzada edad», apuntó.

Afirmó que el nuevo marco reglamentario -en caso de ejecutarlo- debería cuidar las normas de empleo definidas e imponer sanciones a los empleadores que pretendan beneficiarse a costa de despidos masivos.

Un segundo camino por analizar

Por su parte, Villavicencio indicó que hay otra posibilidad para generar empleo y es el «Trabajo parcial permanente», este incluye todos los beneficios de ley. Es decir, es una propuesta que les otorga la posibilidad de trabajar cuatro horas seguidas -sea en la mañana o en la tarde- y a la vez tener la oportunidad de estudiar.

Detalló que hay 800 mil jóvenes que no estudian ni trabajan por las condiciones en las que se encuentra el país. Además, mencionó que de ese 63 % no tiene mayor oportunidad en el campo profesional y laboral.

«Con eso trabajarían 20 horas a la semana y 80 al mes, y no una hora en la mañana y otra en la noche como ellos (los empleadores y autoridades) buscan. El único objetivo es la precarización», aludió.

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Núñez mencionó que al no existir un acuerdo entre el Consejo Nacional de Trabajo y Salario -conformado por empleadores y trabajadores- le compete a la cartera de Estado fijar el monto del SBU. Recalcó que la decisión se toma a consideración la inflación de 2.07 % que anunció el Ministerio de Economía.

Además, señaló que este incremento «está alineado con las políticas sociales y económicas» del presidente Daniel Noboa para «distribuir de manera adecuada la riqueza».

Desacuerdos en los montos

Los trabajadores pedían que el salario suba a USD 552 para equipar de algún modo el valor de la canasta básica familiar, que actualmente pasa los USD 700. Sin embargo, los empleadores rechazaron esta petición, pues aludieron que con la inflación que tiene el país «no se podía dar ese aumento».

Además, la Cámara de Industrias y Producción señaló que cualquier solución que supero los USD 9.32 estaría fuera del marco legal y de las opiniones técnicas.

Promesa de Lasso heredada a Noboa

El debate del incremento del salario quedó en manos del gobierno de Noboa, luego de que el expresidente Guillermo Lasso no pudiera cumplir una de sus promesas de llegar a USD 500 hasta el final de su periodo, es decir en 2025. En 2022, los trabajadores tuvieron incremento de USD 25 en el salario, pasando de USD 425 a USD 450.

Sin embargo, con el decreto de la muerte cruzado y -por ende- las elecciones anticipadas eso quedó en el limbo, por lo que en esta ocasión el gobierno de Noboa solo incrementó USD 1O a los USD 450 fijados. Además, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega advirtió que la economía del país estaba en pésimas condiciones que se trasladarían al pago de sueldos del mes de diciembre.

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En los e-mails, Valencia, supuestamente, le ofrece disculpas al ministro de Trabajo, Pedro Donoso, por haber tomado dinero dentro de la cartera de Estado. Además, justificó el acto alegando que «es algo que todos hacen porque el sueldo que no les alcanza el sueldo».

«Seré más cuidadoso cuando se trata de esos asuntos, pero tu sabes que esos cachuelos es lo único que nos queda», detalla una parte de ese correo.

Luego de las reiteradas disculpas que le ofrece a Donoso, Valencia enfatiza que cuidará los detalles en estos asuntos y la de sus trabajadores. Además, recalca que no fue su intención lastimar el supuesto trabajo que realiza el ministro con estos actos.

De la misma manera, relata una supuesta relación entre el viceministro y otra funcionaria, por la que apela para que no pague por los actos que habría cometido el implicado. Según él, tendrá más cuidado con ese tipo de detalles.

«Te insisto en que no dejes que ella salga más afectada. Además, tú sabes que ella es leal igual que yo y que hacemos bien las cosas que nos encargas», dice el mail.

El Ministerio responde

La entidad, a través de un comunicado, mencionó que los correos difundidos supuestamente son falsos. Señaló que iniciaron con las acciones legales para dar con los responsables y sancionar la publicación y difusión de los mismos.

«Estos actos mal intencionados solo buscan dañar la imagen de nuestros funcionarios e institución. Esta cartera de Estado rechaza enérgicamente las mentiras y desinformación», reza el comunicado.

Réplica

Radio La Calle intentó comunicarse con el ministro Donoso mediante llamadas telefónicas y mensajes de Whastsapp. Sin embargo, el funcionario no atendió a las solicitudes. (N.J.C)

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El Gobierno entregará cinco nuevos decretos bajo el carácter de materia económica urgente. «Algunas reformas habían estado pensadas hace mucho tiempo, pero la Asamblea no los aprobó», dijo para Ecuavisa.

El artículo 148 de la Constitución establece que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, puede expedir decretos-ley de urgencia económica.

Aparte de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), que pretende disminuir el impuesto a la renta. El Gabinete incluirá a otros sectores dentro de estas reformas económicas.

Decreto para zonas francas

El Gobierno insistirá en una reforma legal para impulsar la creación de zonas francas, dijo Cucalón. En 2022, el Ejecutivo entregó una Ley de Inversiones en la que se abordaba temas relacionados con zonas francas.

Las zonas francas son áreas geográficas dentro de un país que se establecen con el propósito de fomentar el comercio y la inversión extranjera. En general, ofrecen condiciones especiales y beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operan dentro de ellas.

La ley proponía que la inversión Extranjera podría rápidamente multiplicarse como sucedió en Uruguay, en Costa Rica y en República Dominicana. Además, la reforma fue la que tiempo atrás la Asamblea dio de baja.

La última vez que se debatió la ley, los legisladores notaron que la reforma tenía los mismos artículos, las mismas falencias y los mismos errores. Además, el principal argumento para ese rechazo fue que la ley representaba la privatización indiscriminada de activos y servicios públicos.

Decreto en el ámbito petrolero

El ministro de Energía, Fernando Santos, explicó que los decretos que se van a aprobar es para acelerar los plazos que lamentablemente la “maraña burocrática y la desidia de infiltrados correistas han impedido“. El funcionario acotó que el sector privado debe ser el que impulse a la sociedad.

“El sector privado debe ser el que impulse el sector energético, en el de comunicaciones, el de obras públicas. Se dará mayor cabida al sector privado para sus nobles fines”, reiteró.

Decreto en el ámbito laboral

Pese que el ministro no se refirió a la reforma laboral en el medio televisivo, el encargado del Ministerio de Trabajo, Patricio Donoso, recomendó al mandatario el decreto. “Yo también voy a recomendar el decreto«, dijo antes de ingresar a Carondelet el 17 de mayo.

El paquete de reformas laborales que se presentó en 2021, no contemplaba el respeto a las ocho horas diarias de trabajo, sino que proponía dividir las 40 horas a la semana. Asimismo, se ofrecía un sistema de contratación indefinido.

Decreto en el ámbito de inversiones

El ministro de Producción, Julio José Prado, agregó que el Gobierno planea que la Ley de Inversiones sea aceptada, porque ayudará al país a recibir un gran incentivo económico. Las inversiones del sector privado otorgarán USD 30 mil millones al Ecuador en 2025.

Decreto para el IESS

Este año, el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) realizó una comisión para elaborar alternativas para mantener la situación financiera del Seguro Social. La comisión aún no entrega la propuesta al presidente. Sin embargo, se espera que hasta julio esté lista.

Después de que el decreto sea presentado al mandatario, el Ejecutivo lo entregará a la CC como urgente. (DCJ)

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En una entrevista para radio La Calle, la abogada especialista en Derechos Humanos (DD. HH) resalta que este tipo de delitos está naturalizado al punto de volverse imperceptible. En su mayoría, los trabajadores confunden tal agresión como un chiste de mal gusto. En otras instancias, las víctimas prefieren no denunciar el hecho por temor a represalias como despidos intempestivos.

“Vemos que no hay ningún control, prevención o protección en derechos a la integridad física o psicológica en los trabajadores”, asegura la experta en DD.HH.

En realidad, desde el 2017, si existen normativas y garantías constitucionales que el Gobierno ofrece para tratar dichos casos, aunque no se pongan en escena ni se usen. “El Ministerio de Trabajo hace poco por proteger a las personas, las denuncias llegan y quedan en su gaveta”, concluye.

Según el Ministerio del Trabajo, en 2021 se registró un promedio de 2 a 24 denuncias de acoso laboral al mes. En todo el año, hubo más de 251 denuncias registradas. Los datos para el año 2022 aún no han sido liberadas.

Último caso en Ambato

Un caso mediático sucedió hace tres días, cuando un médico internista de 28 años del Hospital de Ambato Fabricio López se quitó la vida por el acoso laboral que recibía puertas adentro de la institución de salud. Durante días, el mismo médico y sus compañeros aseguran haber pedido ayuda para frenar el maltrato laboral que ocurría. Sin embargo, no fue tratado como un tema de relevancia para los entes encargados.

¿Cómo identificar cuando hay acoso laboral?

Paulina Mogrovejo asegura que los delitos de acoso laboral provienen de algún tipo de discriminación debido a una característica puntual. Entre ellas, pueden intervenir situaciones de género, labor, orientación sexual, lugar de origen, religión, línea política, etnia, entre otros.  Aun así, para la experta, nada de esto tiene justificación alguna.

“Nosotros como sujetos y los movimientos sociales debemos evitar a toda costa estas prácticas, quitarnos el miedo de perder el empleo y denunciarlas con la relevancia pertinente”, manifestó.

El perfil de un agresor puede variar en distintas situaciones. A veces, la persona puede parecer estar del lado de los derechos de las personas, incluso pertenecer a un movimiento social. Aunque en la vida privada hagan totalmente lo contrario. (J.P.C)

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La tarde de ayer 26 de julio, el COE Nacional informó sobre un aumento de contagios por COVID-19 en el país, resolviendo retomar el teletrabajo en el sector público.

Tras la disposición, este 27 de julio, el Ministerio del Trabajo otorgó a las autoridades de las entidades públicas la facultad de decidir sobre el personal que trabajará bajo la modalidad del teletrabajo y de forma presencial.

«Las disposiciones que llegaren a adoptar las máximas autoridades con relación a implementar la modalidad de teletrabajo, sobre la base de la resolución del COE-N señalada en este comunicado, tendrá vigencia por el plazo de quince días, a partir del jueves 28 de julio de 2022», dice el comunicado.

La cartera de Estado indicó que la disposición puede ser ampliada en caso de una nueva resolución del COE.

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La Superintendencia de Bancos (SB) alertó sobre la ilegalidad de esta captadora el 28 de abril, por lo que el Ministerio debió haber cancelado cualquier convenio o trabajo en conjunto con ByDzyne.

«La entidad ByDzyne no está autorizada por la Superintendencia para realizar actividades de captación de dinero», publicó en su momento la Súper. Además, ByDzyne está registrada en la Superintendencia de Compañías, pero no en la de Bancos. Sin embargo, su actividad comercial debería ser mercantil para inscribirse en Compañías.

El Ministerio de Trabajo borró las publicaciones en redes sociales. Un usuario en Tik Tok alertó a mediados de junio y explicó mediante un video las presuntas irregularidades. Posteriormente, internáutas se quejaron en las publicaciones de la cartera de Estado por tener convenios con una captadora ilegal.

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El 17 de marzo fue la primera reunión. Aquí se sentaron las bases para el diálogo del 5 de abril. Los agremiados buscan una evolución en materia de derechos laborales, según explicó el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y miembro del FUT, José Villavicencio.

Uno de sus requerimientos es que los sindicatos puedan conformarse por 10 trabajadores, sin embargo, el Ejecutivo señala que deben ser a partir de 50. Existen otras diferencias en cuanto a la distribución de las 40 horas laborales, el desahucio y la indemnización por despido intempestivo. También plantean la jubilación patronal acumulativa, consiguiendo que una persona añada ese derecho de trabajo en diversas empresas y acceda a este beneficio en 25 años. El empleador debe aportar al IESS el 10% del salario mensual desde el primer día de la relación laboral.

«Hemos ratificado nuestra postura de que exista la voluntad de discutir un solo Código Integral Laboral. El Gobierno ha planteado que su propuesta es una ley paralela», declaró el dirigente advirtiendo que si el Gobierno no cede a tratar una sola ley, el FUT abandonaría la mesa del diálogo. «Sin consenso, no tendría lógica», acotó.

El Gobierno y sus pretenciones de «acuerdos»

En mayo van a comparar el contenido de los dos proyectos con el Código Laboral vigente. El FUT quiere demostrar «aspectos regresivos que violan convenios y la constitución», manifestó Edwin Bedoya, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).

Actualmente, no existe ningún tipo de acuerdo y si el Ejecutivo insiste «en su plan neoliberal, tendrá una respuesta en las calles», aseguró Villavicencio. El diálogo es encabezado por el consejero presidencial Diego Ordóñez. Según él, en principio concluyeron que no abordarán temas relacionados al derecho colectivo del trabajo.

De acuerdo al funcionario, «hay abundantes razones» para que el Gobierno no ceda al crear una nueva ley que exista con la ya vigente. Es necesaria una normativa que «regule los contratos hacia el futuro, eso no pasa por una reforma al Código de Trabajo actual sino por establecer nuevos esquemas de contratación», indicó Ordóñez.

El FUT ratificó las movilizaciones convocadas para el 23 de marzo

También afirmó ‘que no habrá precarización laboral’ y criticó el proyecto del FUT. Según Ordóñez «hace inmanejable la contratación laboral y la generación de empleo». Explicó que las 40 horas laborales pueden ser distribuidas hasta en seis jornadas semanales.

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A través de un comunicado, la CUT dijo que rechaza la posición del FUT que «bajo chantajes y presiones de un grupo reducido de manifestantes pretenden afectar la imagen del Gobierno Nacional, en especial la del Ministro de Trabajo”.

“Ratificamos nuestro respaldo al diálogo con el Gobierno Nacional para discutir los asuntos que realmente le importan a la clase trabajadora, como son la generación de empleo, la seguridad social, el fortalecimiento de los derechos laborales y el diálogo tripartito como mecanismo de solución a los conflictos”, sostuvo la CUT en el comunicado.

Asimismo, la organización reiteró que estarán activos y vigilantes de las acciones que pretendan atentar contra la democracia y contra “el competente y honesto trabajo que desarrolla el ministro de Trabajo, Patricio Donoso”.

Advirtieron, además, que se movilizarán a favor del Gobierno de Lasso de ser necesario.

Donoso escribió en su cuenta de Twitter: “El Gobierno Del Encuentro, liderado por Guillermo Lasso está en permanente búsqueda del bienestar del país y de sus trabajadores. Mi agradecimiento a la CUT por su solidaridad con nuestra gestión, ratificamos nuestro firme compromiso con los trabajadores y sus derechos».

Por su parte, Ángel Sánchez, presidente del FUT, dijo que Patricio Donoso no vela por los derechos de los trabajadores y que esto va en contra del Código de Trabajo y de la Constitución.

«No se da paso a pliegos de peticiones, a demandas hechas por los trabajadores y eso preocupa. El FUT está diciendo alto a la inoperancia de las autoridades de turno. Queremos que se cambie de ministro», manifestó el líder.

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«He recibido notificación del Ministerio del Trabajo donde se me reconoce y acredita como Presidente del CPCCS. La escolta de seguridad de la señora expresidenta Sofía Almeida fue retirada. Estoy en espera de la asignación de seguridad correspondiente», dijo en un tuit.

«Para los efectos legales pertinentes, certifico que el instrumento transcrito acredita la designación de los funcionarios Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira como presidente y vicepresidenta del CPCCS», dice el comunicado.

Este es el cuarto presidente del CPCCS en 2 años y 7 meses. Primero llegó José Tuárez (13-07-2019 al 14-08-2019). Después Christian Cruz (20-08-2019 al 13-10-2020). Finalmente Sofía Almeida (16-10-2020 al 9-02-2022).

Destitución

Con los votos de cuatro consejeros del CPCCS – María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo – y 3 ausencias, Hernán Ulloa fue elegido como nuevo presidente del organismo. Rivadeneira será la vicepresidenta.

Almeida denunció que se trata de las pretensiones del Ejecutivo para manejar este poder del Estado y los concursos de autoridades de control. Después de la toma de juramento, realizaron una limpia de la oficina y la silla que utilizará el nuevo presidente.

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“El plazo máximo de duración de un contrato de servicios ocasionales será de un año y no podrá ser prorrogado salvo los casos establecidos en la Ley. Una vez superado el plazo se entenderá como necesidad institucional permanente, lo que conllevará a la respectiva creación de un puesto”, indica parte de la circular.

El Ministerio también indica que las solicitudes para autorizar contratos de servicios ocasionales se entregarán hasta el 15 de cada mes. Deberán tener los siguientes requisitos: el oficio de requerimiento, el informe justificativo, la certificación presupuestaria y la matriz de contratos.

Además, la Unidad de Talento Humano de cada institución debe poner a consideración, hasta el 10 de cada mes, el detalle del personal que trabajará por servicios ocasionales. También si existen prórrogas.

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Despidos

El pasado 6 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso anunció que las dependencias del Estado bajarán el número de trabajadores. A su criterio, es demasiado personal al que el Estado debe pagar.

El mandatario explicó que, en 2017, en la Presidencia de la República trabajaban alrededor de 890 empleados, actualmente laboran 600, y la meta para diciembre es contar con máximo 450 funcionarios.

“Eso tendrá que suceder en muchas instituciones públicas, porque hay trabajo que es inútil, que no es necesario, que no genera valor. Hay un objetivo que es producir más con menos recursos”, aseguró.

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Ante la falta de consensos, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, estableció que la decisión será tomada hasta el 22 de diciembre. Para ello, firmó el acuerdo ministerial 268, en el que señala que solamente por esta vez habrá una nueva reunión para determinar el valor salarial del año entrante.

La propuesta de los trabajadores se basa en la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso (subir a USD 500 en cuatro años). Lo que supone un incremento de USD 25 en el año. Esto dividido en dos partes. La primera, USD 12.5 en enero de 2021 y los restantes USD 12.5 al empezar el segundo semestre del 2022.

Por el contrario, representantes de los empleadores indicaron que el incremento que reclaman los trabajadores no es viable en términos productivos. Este sector propone un incremente de USD 2.60.

Ambas partes rechazaron las propuestas presentadas. Frente a esta situación, el ministro del ramo espera que en estos 22 días las partes alcancen un acuerdo. Sin embargo, de no haber consenso, el Ministerio de Trabajo definirá el salario para el 2022, según dicta la ley.

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Quito 15 de dic (La Calle).- A vísperas de que se venza el plazo máximo del pago del décimo tercer sueldo, el Gobierno se escuda en la figura de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario para violar la política salarial.

Como se conoce, la fecha máxima para el pago de este beneficio es el 24 de diciembre de este año.

«La capacidad adquisitiva de los trabajadores está por los suelos. Es evidente que la política pública es favorable al sector patronal y empresarial. Que no nos sorprenda que sigan tomando acciones de esta naturaleza. La única posibilidad aquí es la reacción social» señaló Eduardo Valdéz, presidente de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).

El pasado 11 de diciembre, el Ministerio de Trabajo informó que la decimotercera remuneración podría pagarse en cuotas. De acuerdo a la Cartera de Estado es una opción que implica que el empleador y al trabajador lleguen a un acuerdo respecto a las condiciones económicas de la relación laboral.

El expresidente del Consejo Directivo del IESS Hugo Villacrés considera que el derecho del trabajador establece un acuerdo para postergar el pago, pero no para tramitarlo en cuotas. «Eso equivaldría a la violación del código de trabajo y los acuerdos internacionales. En el peor de los casos, el trabajador se enfrentaría al despido si no accede a este acuerdo», acotó.

Una evidente disminución de la liquidez

Villacrés afirmó que esta decisión equivale a la contracción económica del país. «Una parte de los ciudadanos accederán a medios de pago alternativos como tarjetas de crédito y otras, pero la otra mitad dejaría de consumir. Hay una afectación directa al consumo en los hogares», señaló.

El décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio correspondiente a la 12ava parte de las remuneraciones que reciben los trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada año.

Aquellos empleados que trabajaron por un tiempo inferior al año, comprendido desde 1 de diciembre hasta 30 de noviembre, tienen derecho a una parte proporcional al sueldo.

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«Se recuerda a las autoridades gubernamentales que las y los trabajadores ejercen su derecho a la huelga; la fuerza pública no puede intervenir hasta que el caso concluya; en observancia, aplicación y respeto de los estándares del régimen laboral y derecho humanitario», dice parte del comunicado de DPE.

Defensoría solicitó que el Ministerio de Trabajo envíe una persona que constate la situación en los exteriores de Explocen, frente al posible desalojo.

150 días de protesta

Los empleados de la empresa llevan 150 días de protesta en los exteriores de EXPLOCEN C.A. El Colectivo Acción Jurídica Popular denunció que los trabajadores despedidos ¨fueron arrojados a la calle en pandemia sin indemnización, alegando fraudulentamente la aplicación del Art. 169 del Código del Trabajo”.

Por su lado, la Fiscalía de Cotopaxi solicitó la comparecencia de los miembros directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Entre ellos, el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín.

Asimismo, datos del Ministerio del Ministerio de Trabajo revelan que el gerente perjudicó a 72 trabajadores, con un total de 1.977 días sin remuneración. Un video ciudadano evidencia el abuso de poder por parte de la fuerza pública; los trabajadores reivindican su lucha a la voz de «Explocen no se vende, Explocen e defiende».

Finalmente, frente a esto el director del Centro de Derechos Económicos y Sociales–CDES, Pablo Iturralde, aseguró que el Ministerio de Trabajo «tiene la obligación de revisar que los contratos sean legales y que respeten los derechos de los trabajadores».

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«Los nuevos contratos que permiten la reducción de la jornada laboral en la Ley de Apoyo Humanitario se están realizando de manera retroactiva. Por ejemplo, el empleador puede firmar un nuevo contrato en octubre, pero lo hace correr desde el 22 de julio y eso es ilegal», explicó a Radio La Calle Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales–CDES.

La Ley establece que el traspaso, de un contrato de tiempo completo a otro de reducción de jornada laboral, debe correr de forma posterior al registro. Esta reducción se puede aplicar hasta por un año, renovable por el mismo periodo, por una sola vez.

Sin embargo, datos del Ministerio de Trabajo revelan que 5.888 empresas
dejaron de pagar a sus trabajadores entre USD 18 y USD 25
millones de dólares.

Caso Explocen

Uno de los ejemplos latentes es el caso Explocen. El Gerente General de la empresa, con el respaldo del ISSFA, rebajó la jornada laboral y en consecuencia las remuneraciones de la mayoría de trabajadores. El Gerente perjudicó a 72 trabajadores, con un total de 1.977 días que no fueron remunerados completamente.

La Fiscalía de Cotopaxi solicitó la comparecencia de los miembros directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Los comparecientes, incluido el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, deberán responder sobre actuaciones de la empresa EXPLOCEN contra sus trabajadores.

Entre las empresas que afectaron a los trabajadores están nombres reconocidos como: Grupo El Comercio, Universidad de las Américas, Avianca, Dilipa, Deli Internacional y KFC.

Iturralde asegura que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Trabajo. «Tiene la obligación de revisar que los contratos sean legales y que respeten los derechos de los trabajadores».

El CDES en conjunto con el Frente Acción Jurídica Popular evaluarán la situación para tomar acciones con las organizaciones de trabajadores.

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Las cifras

Según cifras del INEC, el impacto de la crisis del Covid-19 en el empleo fue cuestión de un par de meses. A decir del INEC, la tasa de desempleo en los meses de mayo y junio alcanzó la cifra de un 13.3%. Sin embargo, para septiembre, esta cifra ya se redujo al 6.6%. Es decir, en menos de tres meses, el Ejecutivo ya celebra un celebra un escenario pos pandemia.  

No obstante, a pesar del entusiasmo del ministro de Trabajo, la reducción del desempleo viene acompañada por un incremento en las cifras de empleo informal, subempleo y empleo no remunerado. De diciembre del 2019 a septiembre del 2020, el subempleo aumentó del 17.8% al 23.4% y el empleo informal pasó del 46.7% al 48.6%.

“Son cifras mejores que las esperadas”

Según Isch, en referencia a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que pronosticaban la pérdida de más de 850 mil empleos en el país para fines del 2020, los resultados obtenidos son mejores de lo esperado.

De acuerdo con el Ministro, estos resultados, abismalmente diferentes a las proyecciones de organismos internacionales, son resultado de un óptimo manejo de la crisis. “Gracias a la Ley Humanitaria, se han generado 72 mil plazas de trabajo y se han creado 200 mil nuevos contratos”, precisó.

Desempleo en el Gobierno de Moreno

El desempleo, los despidos intempestivos y la precarización laboral son indicadores constantes en la gestión del Gobierno. Según el mismo INEC, entre junio de 2019 y junio de 2020, 1’852.410 personas perdieron su empleo.

Además del constante aumento del subempleo, hasta junio de 2020, 10.000 personas sufrieron despidos intempestivos y 270.000 personas fueron desafiliadas del Instituto de Seguridad Social. (JEB).

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Como resultado los trabajadores afectados dejaron de asistir a las mesas de negociación. Se reactivó el tribunal de conciliación y arbitraje que llamó a dictar la audiencia el pasado viernes 25 de septiembre.

“Los trabajadores hicimos un reclamo formal al Ministerio de Trabajo. Expusimos que deben tener más cuidado porque están llevando adelante una negociación entre empleador y trabajador. Además debían enviar el acta diaria a las partes implicadas”, dijo Angélica Porras, abogada de los trabajadores afectados, en entrevista con Radio La Calle.

Irregularidades

El Director Regional De trabajo, quien preside el tribual de conciliación y arbitraje, no cumple con los requisitos del Código de Trabajo No.518 para desempeñar su cargo. El Director no cuenta con el requisito mínimo de cinco años de ejercicio profesional notorio.

La abogada Porras aseguró que existen muchas irregularidades más. En este caso el Director Regional de Trabajo está causando incompetencia en el tribunal.                

En 2015 la gerencia intentó vender Explocen a una empresa china. Los trabajadores se opusieron. Ahora, presenciamos un segundo intento de privatizar la empresa. Existe un acta de enero 2020 donde se habla de un presupuesto definido para despedir a todos los trabajadores de Explocen.   

El movimiento indígena de Cotopaxi

Explocen se ubica en una zona de territorios indígenas, en la vía que conduce Saquiislí a Poaló.

La intervención del movimiento indígena de Cotopaxi ha sido de solidaridad y acompañamiento a los trabajadores. Sin embargo, existe otra cuestión que tiene que ver con las tierras.

La abogada dijo que existe la posibilidad que el territorio donde se ubica Explocen pertenezca al movimiento indígena de Cotopaxi; pero, desconoce la posible toma de tierras por parte del movimiento.

Los hechos

En medio de la crisis del Covid- 19, empresas ecuatorianas despidieron a su personal, ante esto la Asamblea dispuso que las empresas se acojan al numeral 6 del Art. 169 del Código de Trabajo. Ese artículo señala que una causa para la terminación del contrato es un “caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitarícu”

Desde el pasado mes de julio, las y los trabajadores de la fábrica de explosivos Explocen, perteneciente a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, permanecen en una huelga legítima, encaminada a exigir al instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y otros accionistas les suscriba un nuevo contrato colectivo.

Las protestas adquirieron mayor fuerza tras el despido de cinco trabajadores y el anuncio de un posible cierre de las instalaciones adjudicada al confinamiento por Covid-19.

El pasado 24 de agosto, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT decidieron sumarse a la huelga que protagonizan los trabajadores de Explocen. 

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El pasado 12 de junio, Poveda expuso que la cifra de despidos ascendía a 173.000 personas. El miércoles 17 de junio, cinco días después, las empresas dejaron sin empleo a 7.852 personas.

Con esta cifra, Poveda puntualizó las normativas a las que se acogieron los empleadores para separar a sus colaboradores. Los despidos intempestivos dejaron sin trabajo a 15.724, el 8,69%; el acuerdo entre las partes, llegaron hasta los 100.797 empleados en la calle, un 55,73% del total; 47.457 personas se quedaron sin empleo por otros motivos, el 26,24%.

Pero lo más preocupante es el despido aplicando el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Sobre la base de esta normativa, 16.874 personas se quedaron sin trabajo. Es decir, el 9,33% del total. Con el artículo, los empleadores tienen carta abierta para despedir a sus colaboradores sin el desahucio y el monto por despido intempestivo que estipula la ley.

Sobre este artículo, el Ministro se excusó alegando que «es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo, no es un despido intempestivo y tiene que ser aplicado, debidamente, por el empleador. En el momento en que no se emplee correctamente, el juez del trabajo mandará a pagar por despido intempestivo. No es el ministerio de Trabajo el que realiza esto porque no es de nuestra competencia«.

Las cifras de teletrabajo

El titular de la cartera de Trabajo añadió que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, un total de 425.424 empleados se alinearon a la modalidad de teletrabajo. De esa cifra, más del 50% pertenecen al sector público, unos 286.401; y la cifra restante, al sector privado (139.023).

En cuanto al teletrabajo permanente, parcial u ocasional, el veto ejecutivo explica que el empleador proveerá los elementos necesarios a sus empleados para el desempeño de sus labores, con un tiempo estimado de desconexión de al menos 12 horas continuas.

El porcentaje que muestra el Ministerio de Trabajo respecto a despidos intempestivos (8,69%) no refleja la realidad que enfrentan miles de personas desempleadas. La gente se tomó las calles para exigir respeto a sus derechos laborales, al mismo tiempo que la cifra se incrementa.

Entonces, ¿de dónde las autoridades obtienen las cifras que exponen libremente?. La realidad grita por sí sola:

A finales de marzo, La Universidad Nacional de Educación (UNAE) despidió a 142 docentes del Programa Nacional de Profesionalización Docente, en las provincias de Cañar, Azuay, Chimborazo y todas las provincias de la Amazonía

El pasado 7 de abril, 29 trabajadores de la empresa cartonera Incasa recibieron un correo electrónico con sus despidos. Algunos de ellos trabajaron más de 12 años en la empresa o son personas con discapacidad.

A finales de abril, la Panadería California en Guayaquil separó a 150 trabajadores de sus puestos y los obligó a firmar la renuncia voluntaria por parte de su empleador, De forma similar, más de 1.500 docentes que tienen nombramiento provisional se quedaron sin empleo y La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) despidió a más de 60 de sus empleados, entre administrativos y entrenadores.

El Primero de Mayo, Día del Trabajador, el Ministerio de Educación (Mineduc), por medio de un memorando, indicó la finalización de contratos y la reducción de salario para los trabajadores de la educación. A mediados del mismo mes, Indurama, una de las empresas más grandes de Cuenca despidió a 630 personas de todas las áreas de la compañía.

Son una parte de la realidad que vive el sector laboral en Ecuador.

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