«El país lo hemos encontrado destrozado y con al menos el 45 % de las vías en mal estado y 20 mil puntos críticos por alguna falla», dijo en Ecuavisa.

Luque comentó que las carreteras que «no son rentables» se quedarán con el Estado, mientras que las otras podrían quedar a cargo de la obra pública normal o ingresar a la Alianza Público Privado (APP).

«Así se disminuirá la carga del Estado para aportar en el mantenimiento. Además, la inversión estatal será mayor en la construcción y operación», mencionó.

Según el ministro, las partes concesionadas representan entre el 17 % al 20 % de todas las vías. «Eso se subsidia y el país condona algunas deudas allí. Solo en peaje se sacó USD 220 millones entre mediados del 2022 y 2023», recalcó.

Con la ‘soga al cuello’

Además, del pésimo estado en el que se encuentra el sistema vial, Luque apuntó que el problema para solventarlo es el número de recursos con el que cuenta. Argumentó que mantienen un presupuesto prorrogado de USD 220 millones, de los cuales USD 160 millones ya están comprometidos.

Comentó que gestionan un crédito con el Banco Mundial de USD 150 millones que se implementará en la compra de maquinaria y puentes bailey.

«Se trabajará con lo poco que hay»

El titular de la entidad puntualizó que existen USD 60 millones de libre disponibilidad, dentro de los cuales ya existen proyectos de conservación vial. Además «esperan» atraer un crédito para el primer trimestre de 2024, de cerca de USD 220 millones.

El ministro aclaró que ese financiamiento no se aplicará para rehabilitación, sino para ejecución de algunas obras, como cuatro intercambiadores de tráfico.

Mientras que los otros USD 150 millones del Banco Mundial serán divididos de la siguiente manera: USD 40 millones para maquinarias y puentes, USD 10 millones para una consultora y el restante se ejecutará en obras.

«El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ya dijo que el país tiene un pésimo panorama, pero estamos haciendo lo posible para recuperarlo (…) Hay que gastar con conciencia», dijo.

Pésimas carreteras y ya llega «El Niño»

Ecuador tendrá que afrontar las consecuencias del fenómeno El Niño con crisis en la mayoría de sistemas e instituciones. Ante esta situación, Luque señaló que no «durará en firmar una emergencia» para contratar en caso de que una obra lo requiera y mitigue el daño del fenómeno.

«Imagínense, sin el fenómeno El Niño ya hay carreteras en emergencia, peor con las consecuencias que vendrán», repitió.

Para enfocar los puntos de mayor afluencia, trabajan junto a la Secretaría de Gestión de Riesgo y los mapas de vulnerabilidad que el régimen mantiene de las carreteras para combinarlos y determinar las zonas de riesgo con amenaza alta y vulnerabilidad baja. (N.J.C)

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Tras el paro de transportistas el pasado 7 de julio, el mandatario decidió hacer caso a los problemas viales que desde hace tiempo aquejan al territorio amazónico. En este sentido, planteó cuatro proyectos a ejecutarse durante el tiempo que estará al frente del país:

• Mantenimiento por resultados en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos de la carretera E20/E45: Y de Baeza- Y de Narupa-Huataraco-Loreto-Coca.
• Estudios definitivos y construcción de la vía Los Zorros (Parroquias García Moreno. La Belleza, Chontapunta y Ahuano).
• Construcción de los 6 puentes de la via Coca-Dayuma ubicados en los ríos: Florida, Indillama, Jandiyacu, Cóndor, Salado Bajo y Salado Alto: «Puentes de la Muerte».
• Estudios definitivos y construcción de la variante definitiva San Luis- El Reventador, en las provincias de Napo y Sucumbíos.

De igual manera, el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon y el representante de los gremios de transporte, Eloy Veloz firmaron un acta de compromiso en donde se detallan las obras que deberán cumplirse.

»Hay que pedirle a Dios»

El estado vial del Ecuador ha sido uno de los innumerables puntos flacos del régimen de Guillermo Lasso. El mismísimo ministro César Rohon, ha aceptado que las carreteras del país son paupérrimas.

En entrevista con Ecuavisa, el titular de la cartera de Estado aseguró que el mal estado de las vías se debe a las condiciones climáticas adversas. Señalo que así es imposible luchar contra la naturaleza y que los ecuatorianos deben “pedir a Dios que deje de llover”. (A.G.M).

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Pabón mencionó, en entrevista con Radio La Calle, que junto a otros gobiernos provinciales solicitaron USD 148 millones para tener 48 equipos camineros que atiendan cualquier emergencia en las 24 provincias. Resaltó que el ministro de Transporte demostró en el desastre de Esmeraldas que carece de capacidad operacional.

«El país tuvo que pasar por ese doloroso y traumático momento y tuvo solución gracias al apoyo de otras Prefecturas, pero si todos colapsan no habrá solidaridad y eso de debe evitar», refirió.

Detalló que en 2013, se invirtió cerca de USD 1500 para la construcción y mantención de las obras. Sin embargo, durante el periodo de Lasso la inversión no llega a las USD 200 millones.

«Si antes de que llegue el fenómeno el sistema vial está en colapso, imagínense después. Si nunca hubo un mantenimiento o limpieza de cunetas», dijo.

Otra promesa al aire…

La prefecta indicó que la construcción del puente sobre el Río Blanco aún culmina. Una de las promesas del gobierno de Lasso fue que estaría listo para finales de junio. Sin embargo, ahora comentan que estará finalizado para julio o agosto.

«El exministro de Transporte hizo un calendario en su cuenta de Twitter sobre el cronograma de la construcción, pero no tuvimos respuestas claras», apuntó.

El pasado 4 de julio, la servidora denunció la falta de atención del Gobierno Nacional en la emergencia del puente del río que conecta a provincias de la Sierra y la Costa. La funcionaria envió el 25 de marzo una propuesta técnica para levantar un puente liviano sobre el río. Sin embargo, el régimen aseguró que ellos se harían cargo de esa calamidad.

Han pasado más de tres meses y el puente no tiene una construcción firme que conecte a las provincias. (N.J.C)

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Informó que para mitigar la emergencia sobre el estado vial se están colocando puentes Bailey como una solución temporal ante los problemas de acceso en ciertas poblaciones afectadas por la inclemencia del tiempo.

También hizo un llamado a los ciudadanos a no tapar las alcantarillas, tirar plásticos o basura y pidió la colaboración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la reconstrucción vial del país.

Corto periodo

Sobre su designación en este Ministerio, comentó que respondía a su buen nombre y que para cuidar su capital político, trabajará por el Ecuador en lo que le quede de tiempo a su gobierno. (M.W.S)

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Tras el levantamiento de reserva en la información del caso “El Gran Padrino”, un informe de la Superintendencia de Bancos reveló que el exministro de Transporte, Jorge Hidalgo y su actual homólogo, Dario Herrera, estarían presuntamente vinculado con las empresas de los albaneses.

En el documento también constan nombres de asambleístas, concejales, alcaldes y ministros, tanto actuales como de anteriores períodos presidenciales. Entre los nombres más notables se encuentran:

Asambleístas

• Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID)
• Carlos Bergmann, exasambleísta de Alianza PAIS (Mover)
• Fernando Cedeño, actual asambleísta por UNES
• Hugo Cruz Andrade, exasambleísta por Creo, quien falleció en 2022
• Daniel Mendoza Arévalo, exasambleísta por Alianza PAIS (Mover)
• Xavier Santos, asambleísta por la Izquierda Democrática
• Tanlly Vera, exasambleísta por Creo y exministra de Agricultura del período de Lasso
• Mariano Zambrano Vera, exasambleísta de Alianza País.

Funcionarios del Ejecutivo

• Darío Herrera, actual ministro de Transporte
• Jorge Aurelio Hidalgo, exministro de Transporte en el gobierno de Lenin Moreno
• Ronald Cedeño, exdirector nacional de Estrategias de Prevención del Ministerio de Salud

Alcaldes

• Agustín Intriago, alcalde de Manta
• Tyrone Vega, alcalde de San Miguel de Urcuquí
• Walter Cevallos, alcalde de Bolívar
• Natael Paján, alcalde de Paján

No es una afirmación de delito

El legislador Vanegas recalcó que pese a que los nombres estén en el listado no significa que hayan cometido algún delito. También enfatizó en que el informe no demuestra “ni una sola pista” involucre al presidente Lasso en razón al juicio político.

“De ninguna manera se ha señalado que estas personas son parte de una mafia. Lo que están diciendo es que hay amigos de albaneses y empresas que se han ido formando, que han generado una preocupación en la Superintendencia, y por eso se hace esta investigación”, resaltó. (A.G.M).

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«Tenemos un presupuesto, donde existe un problema de ejecución. Estamos intentando resolver estos problemas lo antes posible. Nuestro presidente Guillermo Lasso está preocupado por la reactivación económica, se necesita generar empleo y es lo que vamos a hacer», dijo el funcionario a Radio La Calle.

«Cuando uno financia el presupuesto en un ministerio como el de Vivienda o de Transporte, es necesario entender los diferentes programas. En Vivienda teníamos ciertos rubros atados a distintos programas que tienen un financiamiento condicionado. Por ejemplo una vivienda se entrega a ciudadanos específicos, que pertenezcan a los tres quintiles más pobres de la ciudadanía».

En el caso del MTOP, el caso es diferente porque la obra pública es de carácter masivo, donde hay fondos fiscales y de organismos multilaterales para financiar, pero funcionan diferentes criterios. El presupuesto del Ministerio para este año es de USD 337 millones para inversión»

Agregó que se ha ejecutado ya el 27% de ese presupuesto y un 52% se han asignado ya a proyectos. «Los proyectos existen. Para que se puedan comprometer estos recursos a proyectos específicos se deben hacer estudios. Eso necesita ejecutarse en este año. Lo que hemos hecho estas dos semanas es tomar los 122 proyectos y priorizar cuáles se realizarán». MIB

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El paquete se divide en dos tipos de aeropuerto: dos, con intenso movimiento de aeronaves y otros dos con actividad menor. “Tenemos 21 aeropuertos. De ese total, tres se hallan bajo concesión con el sector privado: el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito; el José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil; y Seymour, en las Galápagos. También hay un aeropuerto que fue delegado al Municipio de Cuenca. Eso significa que existe una red de 17 aeropuertos en manos del Gobierno, la mayoría funciona. Pero en ellos no operan líneas aéreas comerciales, sino aviación menor como vuelos privados puntuales”, dijo el viceministro de Transporte, José Luis Aguilar a Primicias.

El funcionario también explicó el modelo de paquetes para la concesión. “Este tipo de plan fue exitoso en Uruguay, Chile y Perú y significa que los aeropuertos se licitarán en grupos. La decisión obedece a que muchas veces los inversionistas apuntan solo a la concesión de la infraestructura que tiene más movimiento. Y ha pasado que el Gobierno se queda con los aeropuertos pequeños y con poco movimiento aéreo”.

Por el momento los operadores extranjeros mostraron interés en las terminales de Latacunga, San Cristóbal, Manta y Santa Rosa. Los empresarios son de Estados Unidos, Colombia, México y Corea del Sur. A mediados de año terminarán de armar los paquetes y después, el Gobierno empezará la licitación. MIB

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La idea del esta multinacional es construir una línea férrea entre los puertos marítimos de Puerto Bolívar, Guayaquil, Posorja y Esmeraldas, a través de una concesión pública – privada. La propuesta es que el 75% de su utilidad se destine a tareas de carga, un 20% para pasajeros y otro 5% será turístico.

Según los representantes de esta empresa, el objetivo es «realizar viajes cortos» y «generar empleos en el Ecuador».

Anteriormente, el expresidente Lenín Moreno liquidó Ferrocarriles del Ecuador. Una de las promesas de campaña de Guillermo Lasso fue rehabilitar esta empresa.

La concesión de Ferrocarriles forma parte de la planificación que el Gobierno de Lasso anunció para las empresas públicas en liquidación. Bajo la cortina de la rehabilitación, el Estado remató bienes de la empresa antes del proceso de concesión.

Pese a que el costo de inversión es de más de USD 2.000 millones, el Gobierno no ha tomado una decisión. Este tipo de construcciones tomarían cerca de cinco años. Una de las tareas pendientes es rehabilitar más de 1.600 kilómetros de línea férrea que siguen en el abandono estatal.

El ministro Cabrera destacó que a través de concurso, se deberá seleccionar a la empresa encargada de la concesión.

La subasta

La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador invitó en 2021 al remate de bienes inmuebles de la institución, en las ciudades de Ibarra, Quito y Ambato.

Los artículos estarán en venta desde el 18 de agosto hasta el 20 de septiembre del 2021. Si bien las locomotoras y vagones no se rematarán porque la Constitución prohíbe la venta los activos patrimoniales; los terrenos, equipos tecnológicos y bienes inmuebles son parte de los procesos de subasta.

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Las autoridades de las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo, junto con funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recorrerán la carretera el lunes 24 de enero. Allí constatarán los baches, desniveles y demás afectaciones del asfaltado de esta importante vía que conecta la Sierra y Costa.  

“El día lunes tengo previsto hacer un recorrido en la vía Alóag-Unión del Toachi para verificar los inicios de los trabajos con la empresa contratista y el equipo de fiscalización de la Prefectura de Pichincha. Hemos recibido la respuesta que hemos venido insistiendo y agradezco al Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, señaló la prefecta Paola Pabón al medio de comunicación.

La vía se habilitó tras protestas

La tarde del pasado martes 18 de enero, un grupo de transportistas pesados bloqueó la carretera en el kilómetro 56. Los conductores protestaron por las pésimas condiciones de la arteria vial. Estacionaron sus vehículos e impidieron el paso hasta las 21:00 del mismo día aproximadamente.

El gremio reclamó que las autoridades arreglen la vía, puesto que las condiciones actuales representan un peligro para el transporte. Indicaron que no pagarían el peaje hasta que se dé una solución.

En redes sociales circulan videos que evidencian el pésimo estado del asfaltado, grandes baches, piedras sueltas, entre otros problemas.

La Prefectura respondió

Frente esta situación, la Prefectura de Pichincha emitió un comunicado. En él expresa que desde septiembre de 2021, la institución envió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas cinco propuesta para ser analizadas.

No obstante, la Prefectura no obtuvo respuesta –hasta ahora- por parte del ministerio del ramo. Asimismo, menciona que solicitó al Ministerio que organice una comisión técnica para terminar bajo mutuo acuerdo el contrato para la administración de la vía.

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«Agradezco a Patricio Pazmiño por la gestión realizada en las funciones que se le encomendaron. En las próximas horas firmaré el decreto designando a Gabriel Martínez como Ministro de Gobierno», escribió el mandatario.

«Los retos democráticos son ineludibles, cuando Ecuador necesita que estemos a su servicio. Agradezco al presidente Moreno por su confianza. Ofrezco mi compromiso de trabajo en seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática», contestó Martínez.

El nuevo ministro

Martínez se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas desde el 21 de agosto de 2019. Aún no se sabe quién será su sucesor.

El funcionario es guayaquileño y tiene título de economista por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Antes de ingresar al sector público fungió como Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

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Quito, 14 ene (La Calle).- En Santo Domingo se desarrolló una mesa técnica con la presencia de representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) como de las distintas organizaciones de transporte de la provincia Tsáchila.

El objetivo era analizar la situación cobro anticipado del peaje, previo a la ampliación a cuatro carriles de la vía Santo Domingo-Quevedo-Babahoyo-Jujan.

Los representantes de la transportación se muestran firmes en su posición, de oponerse al cobro anticipado del peaje, sin que se realicen primero los trabajos de ampliación en la vía se podría iniciar el cobro del peaje pero con un 50% menos del valor total y con la rehabilitación de los primeros 14 kilómetros de la vía Santo Domingo-Quevedo.

Los delegados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas acordaron dar una respuesta la siguiente semana.

El pasado 3 de diciembre de 2020, Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, ratificó su posición de cobrar desde enero de 2021 la tasa por la utilización de la vía, sin que haya iniciado la obra, porque así está acordado en el contrato.

Las múltiples manifestaciones y rechazo de las comunidades, organizaciones civiles y empresariales han postergado esta disposición para el mes de febrero.

No se oponen a la ampliación

Fernando Ortiz, dirigente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), manifestó que no se oponen a la rehabilitación de la vía ni a la ampliación de esta a cuatro carriles, pero no están de acuerdo a que se cobre una tasa sin que la obra esté finalizada ni con el hecho de que no se haya socializado el modelo de contrato con los transportistas y comunidades de las provincias involucradas en el proyecto vial.

“Lo que está pasando es una barbarie. No le creemos al gobierno, porque está de salida y lo único que está haciendo es imponernos a la fuerza un peaje del que pretende cobrarnos anticipadamente 18 meses, para luego ejecutar la obra. Además, no se socializó el contrato de la obra de manera previa. No hay la confianza ni garantías del proyecto” explicó Ortiz.

El anuncio de la ampliación a cuatro carriles de la E-25, no es nada nuevo, el 14 de febrero del 2016, en el Gobierno del expresidente Rafael Correa también lo notificó, pero como se observa, no se cumplió lo ofrecido.

A escasos meses de culminar su período presidencial, Lenin Moreno comunicó la concesión y posterior ampliación de la vía que va desde Santo Domingo de los Tsáchilas hasta el cantón Jujan provincia del Guayas e incluso el miércoles 12 de agosto de 2020 acudió personalmente a la inauguración, que según él estaría lista en tres años y superaría los 500 millones de dólares.

La obra tiene un plazo de 30 años; de estos, cuatro serán destinados a construcción y 26 a la operación y mantenimiento.

La concesión fue otorgada a la empresa Santo Domingo CSRD S.A. ​Esta constructora es una sociedad gestora, que fue conformada por la empresa Técnica General de Construcciones (TGC), vinculada al caso Sobornos 2012-2016.

El contrato establece que durante los primeros tres años de concesión se deben hacer dos obras. La primera: bacheo, señalización y limpieza de la vía, lo que actualmente ya se ejecuta.

Lo segundo: la ampliación de la vía, de dos a cuatro carriles. Luego de ello se colocarán dos estaciones de peaje: se cobrará USD 1 a los vehículos livianos y a los otros transportes de acuerdo a sus ejes, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No obstante, la construcción de uno de los peajes está cerca de ser culminada, lo que ha causado malestar en los ciudadanos afectados.

El jurista Stalin Naranjo, indicó que, lo que se busca es que se cumpla con el propósito establecido en el modelo del contrato, que dice que la tasa se cobrará cuando ya esté terminada la obra, es decir cuando esté en operación.

“Un primer periodo es la etapa de construcción y ampliación y el segundo periodo es el de operación, hay un artículo que dice que se cobrará el peaje desde el periodo de operación y para que inicié el periodo de operación tiene que haber un certificado de obra concluida”, añadió Naranjo.

 “La vía Santo Domingo – Quevedo, es el principal corredor logístico del país, por esa razón siempre hemos pedido a los gobiernos de turno se haga la ampliación de la vía. Ahora se nos quiere hacer el cobro adelantado del peaje, un cobro donde los más afectados son los transportistas y nosotros los agricultores”, expuso Estuardo Carriel, agricultor del recinto El Descanso.

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