«El Ministerio del Interior ratifica su compromiso con la seguridad y el orden público en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente», dijo la cartera de Estado en un comunicado.

El habeas data buscaba permitir a Santiago acceder a detalles sobre las razones que motivaron su orden de expulsión de Ecuador, dictada hace seis meses. Sin embargo, tras la audiencia correspondiente, el juez rechazó el pedido. La defensa de Santiago reaccionó de inmediato, presentando una apelación oral en la misma audiencia.

Caso Alondra Santiago

Meses atrás el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un oficio a la periodista Alondra Santiago comunicándole la decisión de revocar su visa. El pedido lo realizó el Ministerio del Interior bajo el argumento de que «la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado».

Los documentos que el Ministerio del Interior envió a Cancillería el 11 de junio así como los anexos son «clasificados como secretos» por lo que no se muestran argumentos para definir los actos que habría cometido Santiago y que atentarían contra la seguridad del Estado. 

«Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la JUSTICIA quien ponga freno a esta arbitrariedad», escribió en su cuenta de X la periodista cuando recibió la notificación de la revocatoria.

El 28 de junio la periodista, activista y actriz Alondra Santiago anunció su salida del país para precautelar su integridad y mientras transcurre el proceso de apelación en el ámbito judicial.

Agregó que la quieren silenciar y que su integridad física, emocional y mental están en riesgo. «Mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen bien al presidente y quienes están en el gobierno me piden que me ponga a buen recaudo porque no parará», resaltó.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores envió un oficio a la periodista Alondra Santiago comunicándole la decisión de revocar su visa. El pedido lo realizó el Ministerio del Interior bajo el argumento de que »la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado».

La cartera de Estado- presidida por Mónica Palencia- argumentó que esta petición surgió a partir de una alerta del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en un documento clasificado como secreto.

La justificación de las entidades estatales pasaron a ser confusas tras la opinión de la subsecretaria de Gestión Gubernamental, Rosie Torres, quien aplaudió la acción de Cancillería por la ratificación del »respeto a los símbolos patrios», en referencia a un video en donde la periodista cuestionaba las acciones del gobierno, mientras entonaba el himno nacional con su ukelele.

Asimismo señaló que un gobierno no puede coartar la libertad de expresión ni de manifestación, pero en caso de que un acto implique »lesividad y falta de respeto al civismo» sería plausible que el gobierno establezca tales medidas.

El mensaje más confuso

El presidente Daniel Noboa también emitió una carta a la nación en donde señaló que en las últimas semanas las “mafias tradicionales” han buscado atacar al Gobierno, pues en unos meses serían las elecciones presidenciales para el período 2025-2029.

»Se han juntado, sin ningún sentido ideológico, los extremos de los dos lados, todo para parar la labor de un Gobierno que no negocia impunidad», resaltó.

También mencionó que en la máxima desesperación de los contratistas cuestionados por el Estado han querido usar a su hija como moneda de cambio. (AGM).

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El pasado 14 de marzo la cartera de Estado realizó un evento denominado “Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador”, el cual contó con la presencia del embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

El acto se desarrolló en el Parque de la Mujer, en Quito, con la cooperación de la empresa alemana GIZ. La ministra Nuñez entregó la certificación a un total de 21 instituciones públicas y cuatro privadas como petroleras y laboratorios clínicos.

«En el marco de este importante proceso, más de 50 000 funcionarios policiales se han capacitado y ahora tienen herramientas indispensables para cumplir con el compromiso, que ya es universal, hacia la igualdad», exhaltó la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Casos de acoso

En el 2022, tras la grave conmoción que ha generado la desaparición de María Belén Bernal, salieron a la luz las críticas contra el accionar de instructores y cadetes dentro de la Escuela Superior de Policía (ESP). 

La periodista Viviana Erazo narró como sus excompañeros de colegio – que habrían ingresado a la ESP- no pueden si quiera hablar con sus compañeras cadetes si un oficial las está acosando.

“Una vez salí a un bar con amigos, entre ellos, ex compañeros que estaban en la ESP. Al bar entró una chica muy guapa que casualmente también estaba en la ESP. Ellos la conocían, sin embargo no la saludaron, pero hablaron entre ellos”, explicó Erazo.

¿Cual era la razón? Uno de los superiores estaba merodeando a esa cadete. “A esa cadete no se le puede ver porque ya es de mi Capitán” escuché decir a uno.

– ¿Es de mi Capitán? Le pregunté… entonces me explicaron que si alguien de rango superior pone los ojos en una Cadete, a esa chica otro hombre no se le puede acercar”.

Si se rompe esa ‘regla’, el cadete en cuestión puede ser sometido constantemente a castigos, prohibirle los francos e incluso llegar a expulsarlo de la ESP. “Solo por tocar a la mujer de su superior. Superior que seguramente es casado y tiene hijos”.

Acoso sistematizado

Las cadetes mujeres que ingresan a la Escuela Superior corren el riesgo de convertirse en objeto de acoso por parte de los oficiales instructores. En esta historia, el oficial que perseguía a la chica era 10 años mayor y ella no quería nada con él. No obstante, el rechazo habría impedido que siga desarrollando sus actividades y truncaría su sueño de ser subteniente.

“La chica consideró que no tenía otra opción que responderle los mensajes, aceptar las salidas”. Además que denunciar no es una opción. Sus superiores no le creerían y el «compadrazgo» dentro de los rangos superiores empeoraría la situación para ella. (AGM)

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»Teníamos todo en contra, pero estamos ganando la batalla. Las muertes violentas han pasado de 38 a 6 diarias», dijo en su intervención durante la ceremonia de entrega de equipos a la Policía Nacional.

El mandatario entregó 1.752 radios de comunicación y 21.787 chalecos para mantener a la Policía »empoderada, valiente y entregada». No obstante, sus declaraciones no coincidieron con los otros miembros de su gabinete.

Cifras inconsistentes

El comandante Zapata afirmó ahora son de 27.6 a 10.8 de muertes violentas diarias, y según información de la ministra Palencia esta cifra de redujo de 29 a 14 homicidios día a día. Las estadísticas no tienen claridad aún y se desconoce el origen de estas especulaciones.

Según datos de la Policía Nacional, en 2023 se registraron unas 7.592 muertes violentas, mucho más que los 4.426 homicidios registrados en 2022. (AGM).

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La entidad mencionó que solo los niños, niñas y adolescentes acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad no presentarán este requisito. La cartera de Estado instó al personal que realiza los controles a mantenerse alerta en la frontera.

«Esta decisión se toma en aras de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de nuestra nación», reza el comunicado.

Todos los documentos que se presenten a las autoridades tienen que ser apostillados para que sean validados. La entidad mencionó que esta resolución se difunde con el fin de evitar que los sujetos que sean considerados como «amenaza o atenten» contra la seguridad pública causen desorden.

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«No daré detalles hasta que se pueda terminar con la captura de los implicados», repitió en Ecuavisa.

Plencia aseguró que la Policía Nacional realizó más de 10 allanamientos, sin embargo, aludió que no brindará mayor detalle hasta que se arreste a los implicados.

Sobre le famoso Plan Fénix, mencionó que supuestamente ya iniciaron con los planes de ese proyecto, pues aseguró que ya dieron un primer paso con los ministerios de Seguridad, Defensa, Interior y Gobierno.

Apuntó que el gobierno se mantiene en la búsqueda de apoyo internacional. Mencionó que espera cerrar el contrato con Estados Unidos por USD 200 millones que incluye algunos componentes. Además, señaló que esperan la donación de una fundación canadiense de USD 120 millones.

De la misma manera, reveló que mantienen proveedores impagos de los chalecos que debían recibir los uniformados y fue una promesa del gobierno de Guillermo Lasso. Según ella, de los 51 mil chalecos que tenían que recibir solo han entregado 17 mil.

Comentó que mantuvieron una reunión con un grupo americano que «fortalecerá en tecnología para la inteligencia». Además, mencionó que firmó un contrato entre el SRI, los ministerios de Gobierno y del Interior y la Unidad de Análisis Financiero para fortalecer seis unidades de inteligencia financiera y contra lavado de activos.

«Vamos a atacar a perseguir el crimen organizado y desde las estructuras del manejo de dinero», refirió.

Cárceles barcazas

Indicó que están trabajando en el proyecto y tendrán cuatro de megacárceles, dos cárceles de súper mega seguridad. Recalcó que eso se refiere a la seguridad más no al tamaño que mantendrán.

También señaló que la semana entrante llega el equipo y espera tener la remuneración adecuada para responder a los trabajadores y contar con mayor seguridad.

«Es un proyecto donde estará inteligencia central y todo está intervenido», apuntó.

La unión de los ministros

Aseguró que no se unirán las carteras de Estado, pues la realidad del país lo exige. Sin embargo, mencionó que la separación que se intentó realizar hace unos años nunca terminó. Alegó que los trabaja con otro equipo para que se formalice la separación definitiva de los ministerios.

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En entrevista para EFE, Zapata anticipó que propondrá esta medida al ministro de Defensa Nacional de Colombia, Iván Velásquez, en una reunión bilateral dentro del encuentro ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Brasilia.

El secretario de Estado señaló que el 11 de noviembre es el plazo máximo para que los extranjeros en Perú puedan regularizar su registro migratorio permanente. Sin embargo, se estima que entre cinco y seis mil venezolanos sean repatriados de suelo peruano.

«Estamos trabajando con Cancillería, autoridades de Migración del Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y DD.HH., la ONU y ACNUR para generar una hoja de ruta del corredor humanitario para las personas que no cumplan con los registros para que sean trasladadas directamente a Venezuela», dijo.

Esfuerzos con Colombia

Zapata mencionó que se reunirá con autoridades colombianas y peruanas. En Brasilia tiene pensado abordar el tema con su homólogo colombiano para expresarle la necesidad de trabajar juntos para alcanzar ese objetivo.

«En Ecuador, el problema es que la Ley de Movilidad no nos permite pedir el pasado judicial (de las personas que crucen acá) si tienen cédula. No hay causal para generar una expulsión o deportación. Tampoco en pasos ilegales, es decir, si en un control migratorio no se puede acceder a su pasado es complicado para Ecuador», explicó al medio internacional.

Zapata aclaró que entabló conversaciones con el canciller Gustavo Manrique para activar este comité. Sin embargo, advirtió que Ecuador depende de Colombia para cumplir con el corredor: «a ellos también les sirve la medida para que (los extranjeros) no se queden en territorio colombiano. Depende de las voluntades de los tres países (incluido Perú)».

Finalmente, manifestó a partir del 11 de noviembre -que rige la ley peruana- se palparán las expulsiones. Por ello, el Gobierno Nacional se activará por los pasos legales e ilegales. En estos último, Zapata declaró que reforzarán los controles con elementos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sobre todo en puntos como Huaquillas y sectores fronterizos con Perú como las provincias de El Oro y Loja.

Foto: EFE

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El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, aclaró que el informe tiene un análisis de riesgo personal e informes de inteligencia necesitan de un proceso para levantar el sigilo y proceder con su desclasificación.

El secretario de Estado refirió que la Secretaría de Seguridad es la entidad encargada de ese trámite y que por parte del Ministerio y la Policía no tienen nada que esconder. El protocolo ya ha sido realizado junto a la Fiscalía General del Estado (FGE).

«El Ministerio del Interior ya entregó nuestro informe en el cual recomendamos la desclasificación como mejor muestra de transparencia», afirmó Zapata en rueda de prensa la mañana de este viernes 6 de octubre de 2023.

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Brown argumentó, en La Posta, que de los 147 casos de niños asesinados en lo que va del 2023, ninguno ocurrió «dentro de un plantel educativo». De acuerdo con las cifras que presentó la ministra, 95 casos fueron en la vía pública, 23 en sus casas y al menos cinco en los parques. Sin embargo, hace unos meses dos menores de edad murieron luego de ser víctimas de atentados cuando se dirigían al colegio.

De la misma manera, varios padres de familia exigieron a la cartera de Estado que dé paso a las clases virtuales para proteger a sus hijos, pero la entidad mantuvo la negativa.

«Lo mejor es continuar con la presencialidad, pues con el otro método los jóvenes se convierten en puntos frágiles para el reclutamiento forzado, actividades ilícitas y pueden ingresar a lo grupos delictivos» dijo.

¡Cierto!, había un «Plan Escuela Segura»

En octubre de 2022, la Policía Nacional y los ministerio de Educación y del Interior crearon el «Plan Escuela Segura» para «reducir los niveles de inseguridad». Sin embargo, a pocos días que la iniciativa cumpla un año no ha dado resultados positivos.

Para Brown, el plan contempla tres ejes: prevención, protección y protocolos de acción que fueron aplicados a 220 unidades educativas. Recalcó que la entidad «no puede extenderse de las facultades que le corresponde», por lo que solicitó a los agentes que redoblen esfuerzos para cuidar a los niños y jóvenes. No obstante, los representantes de los estudiantes indicaron que los policías solo van a las instituciones para «tomarse una foto y se van».

«También, se pidió que hagan una evaluación de lo que ha sucedido con el Plan y ver si tenemos que hacer arreglos o cambios», mencionó.

«Abandono escolar»

La ministra confía y espera los resultados del censo 2022 para tener un dato exacto de los jóvenes que salieron de las escuelas. Según la servidora, las encuestas boca a boca que realizaron demuestran que la deserción escolar se debe a la inseguridad, embarazos adolescentes y falta de recursos.

«Eso también depende de la natalidad y si no hay niños las inscripciones en los planteles también cambiarán, pero ya se sabrá con los datos del censo», afirmó.

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Brown indicó que el plan contaría con el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Según la funcionaria, los uniformados realizaron un «análisis exhaustivo» para determinar los sectores con mayor riesgo. Entre esos puntos se encontraba Guayas, Esmeraldas y Manabí.

No obstante, el plan quedó en palabras, un plan piloto y una «primera fase». La primera prueba se desarrollo el 8 de octubre en algunos planteles de Guayaquil, de ahí no se ha presentado una operación similar. La cartera de Estado, detalló que el plan iniciaría con 220 instituciones.

El plan que presentaron los servidores pretendía garantizaría la seguridad e integridad de los estudiantes y planteles educativos. Además, enfatizó que era de carácter obligatorio para los planteles y contaría con cinco ejes de acción: articulación, acción preventiva, sensibilización, atención y servicio y comunicacional.

Las cifras dicen otra cosa…

Brown señaló que más de 2 mil policías cubrirían los colegios a escala nacional, estos cubrirían el ingreso y salida de clases. Sin embargo, los padres de familias denunciaron que los uniformados «solo se quedaban para la foto y después se retiraban de los centros».

Además, los datos de la entidad señalan que durante el periodo lectivo 2022-2023 se reportaron 57 casos de extorción, al menos 36 sicariatos y más de 100 amenazas a profesores y rectores de los planteles.

Producto de ese episodio, los estudiantes y sus representantes exigieron a Brown acepte que los menores regresen a clases virtuales por la ola de violencia que azota al país. Algunos menores alertaron que antisociales les exigían una suma de dinero para «que no les pase nada». Además, los centros educativos han sido víctimas de robos, supuestos explosivos, «vacunas», balaceras al interior y exterior de las instituciones y otros disturbios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran 200 mil homicidios entre jóvenes del 10 y 29 años, en todo el mundo, de esa cifra 20 o 40 jóvenes resultaron heridos.

Algunos eventos desde el anuncio del plan

Una semana después de que la ministra anunciara la implementación del plan, una balacera se registró en la escuela Alfonso Aguilar, producto del ataque dos personas resultaron heridos, entre ellos un menor de edad. Otro estudiante fue asesinado en los exteriores de un establecimiento en Flor de Bastión.

Además, “los vacunadores” pedían dinero a maestros y padres de familia de las escuelas en la Ciudad de Victoria. En esta ocasión son USD 5 a cambio de su seguridad y evitar que se cumplan las amenazas que reciben.

En 2023, el escenario no ha cambiado, pues el pasado 21 de junio, un estudiante fue asesinado al estilo sicariato en el sector de Las Lomas. El 14 y 21 de junio, antisociales asesinaron a dos estudiantes. Uno cuando se dirigía al plantel y otro en los exteriores.

Además, otros estudiantes murieron tras ser víctimas colaterales. Es el caso de un estudiante de odontología que murió por evitar que asalten a una de sus amigas.

De la misma manera, hace seis días hubo una masacre afuera de un centro educativo en Guayaquil. En este incidente, cuatro personas murieron y tres resultaran heridas.

De los más seguros a los más violentos

Según la Policía Nacional, de enero a julio de 2023 se registraron 3.513 muertes violentas. Es decir, aumentó en un 58 % las muertes violentas, en comparación al 2022. Expertos y analistas mencionan que si la tendencia continúa creciendo, el país alcanzará una cifra de 40 muertes por cada 100 mil habitantes.

La tasa de homicidios creció vertiginosamente desde el 2017 con 5,6 % a 25,5 % en el 2022, en Ecuador. Esto significa que se quintuplicaron los crímenes intencionales como asesinatos, femicidios y sicariatos. Una cifra récord e histórica en el país, según cifras de la Policía Nacional.

Radio La Calle intentó comunicarse con un delegado del Ministerio de Educación, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Clic para leer el plan.

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La Policía Nacional abrió una nueva convocatoria para 7.400 aspirantes, en junio del 2023. Después de seis meses de formación serán parte de la institución y de la meta establecida por el jefe de Estado.

Para participar en este proceso, los postulantes deben pagar absolutamente todo, desde el uniforme que usan, las camas en donde descansan, incluso, las municiones para los entrenamientos de tiro, según una investigación de Connectas e Informe Reservado.

Formación sin inversión

Hasta julio del 2023, el ministerio del Interior fue una de las entidades con menor ejecución pues tan solo ocupó el 8.8 % de su presupuesto anual. Mientras tanto, los uniformados que se trasladan a las ciudades con altos índices de violencia no tienen dónde dormir.

En mayo del 2022, el presidente Lasso prometió invertir USD 1.200 millones adicionales al presupuesto de la Policía Nacional hasta 2025 para la compra de equipamiento y mejoramiento en tecnología.

De acuerdo a una investigación periodística, el Gobierno destinó USD 26.9 millones a los procesos de formación del 2023. Sin embargo, la inversión directa a las escuelas fue de USD 2.7 millones. El resto se fue a los sueldos de los instructores, es decir, solo hubo una inversión del 0.26 % a la formación policial.

Policías exprés

Antes de la meta ambiciosa planteada por el presidente Guillermo Lasso, los policías de tropa tenían una formación de tres semestres y salían con título técnico en Seguridad Ciudadana y Orden Público. Tras la reducción de tiempos en el proceso ahora serán llamados Policías de Línea, quienes seguirán formándose después de su incorporación y deberán sacar una título técnico más adelante.

El exministro del Interior, José Serrano calificó a las promesas del presidente Lasso como una cortina de humo para distraer a los ecuatorianos y piensen que un policía en cada esquina los va a proteger.

»Un policía formado por seis meses no va a tener ni la capacidad técnica en materia policial ni la capacidad de conocimientos legales y constitucionales para actuar bajo el uso progresivo de la fuerza cuando lo requieran», dijo a Radio La Calle.

Serrano resaltó que el gobierno se está aprovechando de las necesidades de empleo que tienen los jóvenes y no de las necesidades de seguridad que tiene el país.

A esta postura se suma el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, Mario Ramos, quien señaló que esta medida populista no soluciona el problema real. Además indicó que es importante fortalecer los protocolos del ingreso a los aspirantes.

El tiempo y el presupuesto en contra

La falta de presupuesto también afectó los entrenamientos de tiro pues se redujo a 70 municiones por aspirante, cuando aproximadamente en el 2008 tenían prácticas de tiro con 150 y 200 municiones.

De acuerdo con un exmilitar de las Fuerzas Armadas (FF.AA) esta cantidad de tiros no garantiza que los policías en formación se gradúen con la capacidad suficiente para utilizar un arma frente a la delincuencia.

»Talvez en un día se puede aprender las nociones básicas como el mantenimiento del arma, como colocar las balas y como desarmarla, sin embargo, otra cosa distinta es el adiestramiento que deben tener los policías frente a casos de delincuencia», dijo para Radio La Calle.

Agregó que es necesario que los uniformados aprendan sobre técnicas de tiro para que sepan como atacar a un delincuente y saber a dónde disparar en caso que lo requieran. Solo en la etapa de acoplamiento el aspirante necesita al menos cinco municiones para familiarizarse con el arma porque es muy común que con los primeros disparos se asusten.

De igual manera dijo que en el peor de los casos para que pasen la etapa de adiestramiento necesitarían practicar arduamente con 100 municiones al día por un mes, durante el día y la noche porque ambos escenarios son distintos al momento de disparar.

Antes de la planificación del presidente Lasso, esta práctica era distribuida en cuatro niveles de seis meses, es decir, 2.400 horas en total. Actualmente, los nuevos policías salen a enfrentar la delincuencia solo con un nivel aprobado.

Uniformados víctimas de la delincuencia

El 28 de agosto del 2023 se difundió un video en donde se puede observar que tres policías comunitarios fueron asaltados por un grupo de antisociales en la Avenida Tránsito y Carlos Rodríguez, al sur de Quito. Los moradores del sector reclamaron la falta de equipamiento de los uniformados ya que ahora se encuentran vulnerables ante la delincuencia armada. (AGM)

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»Nosotros no cedemos, nuestra postura es inamovible, jamás pactaremos con el crimen organizado. Nos mantenemos firmes y decididos, los enfrentamos sin tregua», dijo el presidente Guillermo Lasso.

Horas antes, la organización criminal de »Los Lobos» emitió un comunicado en donde agradecían al ministro del Interior, Juan Zapata, por llegar a un supuesto diálogo de paz. Sin embargo, resaltaron que si cualquier otra banda no cumple con los acuerdos estarán listos para enfrentarlos.

¿Pactos?

El punto de inseguridad en el país es tan crítico que los mismos criminales salieron a rendir declaraciones en busca de acuerdos de paz. El primer vídeo en filtrarse fue el de »Los Choneros» dirigido por alias ‘Fito’, quienes entregaron sus armas de manera simbólica. Además, señalaron que llegaron a pactos con la demás bandas para que se detengan las extorsiones y enfrentamientos.

Ante este video difundido, Zapata confirmó a Teleamazonas que el hombre con uniforme que aparece en el video es un agente policial y que ya levantaron la investigación correspondiente.

A este pedido de paz se sumaron »Los Tiguerones», en donde se puede observar al director de la cárcel de Esmeraldas, Iván Toledo, en una mesa junto a los miembros de la banda. En el video también aparece una mujer a la que se refieren como una delegada de la Comisión de Derechos Humanos y un sacerdote. (A.G.M).

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Este porcentaje es mucho menor si los comparamos con otros ministerios. El de Deportes ha ejecutado el 58.5%; el de Telecomunicaciones, 52.1%. Son las únicas carteras de Estado que pasan más del 50% de la ejecución.

El Ministerio de Gobierno gastó, en ese mismo período, el 48.8%. El de Energía, 39.6%; Defensa, 37.8%; Cultura, 33.3%; Transporte y Obras Públicas, 28.1%; Trabajo, 23% por mencionar a algunos.

Lenta ejecución

Según datos del MEF, en los seis meses del 2023, el Ministerio del Interior utilizó USD 8.6 millones de USD 96.9 millones de su presupuesto para todo el año. Lo que llama la atención debido a la grave crisis de inseguridad que el país atraviesa y se ha recrudecido en 2022.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, la ejecución del presupuesto se verá reflejada a finales de año, ya que, de acuerdo con la autoridad, la compra de equipos para la Policía Nacional está en proceso. “Nosotros estaremos firmando todos los contratos y haciendo todas las adjudicaciones entre el mes de julio y primeros días de agosto (de 2023). Las fechas tope hasta octubre y noviembre. Cuando se pague todo, obviamente ahí se ejecuta”, dijo el ministro a diario Expreso. (MIB)

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La Policía Nacional mencionó que el cargamento arribó desde Estados Unidos (EE.UU.) hasta el puerto de Guayaquil. De acuerdo con la institución, más de 58 mil oficiales se beneficiarán de esta adquisición.

De la misma manera, Zapata comentó que ahora los gendarmes cuentan con 18 millones municiones de corto y largo alcance.

Además, recalcó que el pasado 4 de julio ya recibieron un primer cargamento con 4,3 millones de municiones y esperan completar los 24 millones que solicitaron.

Sin embargo, la promesa del gobierno de Lasso fue equipar a la Policía desde el 2021 y hasta el momento ese ofrecimiento no se cumplió. De hecho, el comandante de la Policía, Fausto Salinas confirmó que los uniformados deben compartir un arma para salir a patrullar.

Otro escándalo en seguridad

De la misma manera, Zapata «denunció», hace poco tiempo, un supuesto intento se soborno por la compra de chalecos antibalas. Confesó que le habrían ofrecido USD 2 millones para que acepte, pero no los denunció antes porque “no grabó la conversación”.

“Créame que me he parado duro para que estos procesos salgan (la adquisisción de chalecos), porque hay muchos interéses que querían que estos procesos no salgan. A mi mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron dos millones por el proceso de chalecos“, comentó para Expreso.

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El 8 de mayo la empresa extranjera envió un oficio dirigido al mandatario; al ministro del Interior, Juan Zapata; al exdirector del SERCOP, Dennis Valencia; y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas. En el documento se detallaron varios cuestionamientos en torno al proceso de compra de chalecos antibalísticos.

“La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un »requisito» dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un »modelo» específico de producto y con un »género» específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas”, dice el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha.

Además, la empresa solicitó que se realice de nuevo este concurso que garantice transparencia. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el Ministerio del Interior continuó con el proceso.

Otros reclamos

En un oficio dirigido al general Salinas, la empresa multinacional chilena Enhanced Combat Performance denunció irregularidades en el concurso y la falta de garantías a la libre competencia. »Podrían estar favoreciendo a un proveedor específico y no necesariamente al más calificado ni al de mejor calidad o mejor precio en el mercado», resaltó.

A esta denuncia se sumó otra empresa, Zeta Group, que envió un oficio el 16 de mayo a Zapata, Valencia y el contralor general del Estado, Carlos Riofrío, en donde se denunció un sobreprecio del 25 % en el proceso y un alto grado preferencial a otros proveedores.

De igual manera, se detalló que el concurso no fue publicado en medios extranjeros ya que se trataba de un concurso internacional. En este sentido, se pidió que se declare desierto este procedimiento.

»Las empresas extranjeras han corroborado que Ecuador se caracteriza por se un país donde no existe transparencia en los concursos públicos», dice la carta expuesta por el medio de comunicación.

¿Sobreprecio?

El Ministerio del Interior realizó la adquisición de 51.870 chalecos antibalas para la Policía Nacional, sin embargo, este proceso de compra registra múltiples irregularidades y reclamos por parte de las empresas participantes.

Después de varias promesas del exministro Diego Ordóñez la dotación de chalecos antibalas a la fuerza pública ya es un hecho. La cartera de Estado planteó un presupuesto de USD 32.044.579 millones para la adquisición de estos implementos.

La comisión técnica de la cartera de Estado realizó un informe que recomendaba la adjudicación parcial de las »ofertas económicas más bajas» realizadas por dos empresas norteamericanas. La primera es U.S Armor Corporation que ofertaba 51.385 chalecos por un valor de USD 23.503.935 millones.

Por otro lado, la propuesta de Point Blank Enterprises Inc para la adquisición de 1.035 chalecos con un precio de USD 2.240.423 millones. En total existiría una inversión de USD 25.744.358 millones que según el Ministerio significaría un ahorro de USD 6.300.221 millones, es decir, el 19.66 % del presupuesto referencial del proceso.

En base a la investigación de Radio Pichincha existen otros seis ofertantes, incluso, una empresa nacional que proporcionaba un ahorro de más de USD 9 millones en comparación con las empresas que fueron recomendadas por la cartera de Estado. (A.G.M).

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«Créame que me he parado duro para que estos procesos salgan (la adquisisción de chalecos), porque hay muchos interéses que querían que estos procesos no salgan. A mi mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron dos millones por el proceso de chalecos«, comentó para Expreso.

Además, dijo que estas personas son «sinvergüenzas», pero que ahora saben que él jamás caerá en esas trampas.

Sobre el sobrepecio en la adquisición de chalecos

Según Zapata, los chalecos son costosos porque tienen la certificación NIJ, que es mundial, pero que siempre hay personas que malinterpretan y hablan de «sobreprecio». Sin embargo, la adjudicación ha provocado denuncias de irregularidades en esta compra valorada en USD 9 millones, según una investigación periodística.

Por otro lado, el Ministerio emitió un comunicado en el que se informó que el proceso de compra de chalecos de protección balística cumple con la normativa legal y técnica.

Policía en emergencia

Para el ministro, el hecho de que la entidad haya sido declarada en emergencia, no significaba que se iba a solventar las necesidades ese momento, sino que era para disminuir los tiempos en los que se mejoraría la infrestructura de UPCs y se potenciaría a los oficiales.

«Ahora, en las declaratorias de emergencia, usted no gana mucho (tiempo), porque se tienen que cumplir los requisitos», respondió. «El estado no tiene los recursos, ya que se aproxima el fenómeno del niño y es ahí donde se deben llevar todo el dinero», admitió.

De la misma manera, manifestó que hay muchos UPCs y por eso la dificultad de mejorarlos, pero que el presupuesto ya está en los comandos. «Entiendo que en Guayaquil en estos días ya se generará la adjudicación», comentó.

Asimismo, explicó que el presupuesto es adjudicado a cada comandante de las diferentes zonas y que ellos son los encargados de que los contratos se realicen.

La deseada entrega de los chalecos

Después de 8 meses desde que la Policía fue declarada en emergencia, Zapata expresó que dentro de un mes se hará la primera entrega de chalecos en Guayaquil. Asimismo, afirmó que hasta noviembre se implementará la totalidad de chalecos.

«Espero que no hayan los boicots internos y externos que están generando por los chalecos, porque hicimos una adquisición internacional y con certificación», sostuvo. Además, dijo que la compra se realizó en el exterior porque los policías no puede tener cualquier chaleco, ya que los están atacando con fusiles. (DCJ)

Se denuncia supuesto sobreprecio en compra de chalecos antibalas para la Policía

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Los uniformados preparan los papeles para la deportación del implicado. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, indicó que el detenido salió en libertad tras obtener algunas medidas cautelares. Señaló que incumplió algunas de esas medidas como presentarse periódicamente ante la justicia, por lo que ordenaron su aprehensión.

«Esta es una muestra del combato frontal que tiene con las organizaciones delictivas», dijo el ministro del Interior, Juan Zapata en su cuenta de Twitter.

Arboleda salió en libertad el 1 de abril, luego de que el juez Byron Orejuela del cantón Flavio Alfaro, en Manabí, concediera su libertad.

El sentenciado había sido procesado por tráfico de drogas, armas y explosivos. La justificación del magistrado para boletas de excarcelación es que en el proceso existen vulneraciones a la integridad física y de salud de los carcelarios.

Además estaría involucrado en el asesinato del exdirector de la Cárcel El Inca, Santiago Loza. La víctima murió a estilo sicariato, el pasado 1 de julio.

Esta sería la tercera vez que «Gordo Luis» es detenido. La primera fue el 4 de febrero de 2022, en Samborondón, pero fue liberado en abril del mimo año. Luego fue arrestado en diciembre de 2022 en un operativo para detener a otros integrantes de la banda.

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El Ministerio del Interior ha otorgado a US Armor Corporation y Point Blank Enterprises INC el contrato para la compra de 51 870 unidades de protección balística, con un valor total de USD 25.744.358. Según el Ministerio, este monto representa un ahorro de más de USD 6 millones en comparación con el presupuesto inicial de USD 32.044.579,40.

US Armor Corporation ha sido adjudicada con la compra de 50 835 chalecos, de los cuales 42 048 son de nivel IIIA y 8 787 son de nivel II, por un valor de USD 23 503 935. Por otro lado, Point Blank Enterprises INC se ha encargado de la adquisición de 1 035 chalecos de nivel IIIA-III, a un precio de USD 2 240 423,10, reporta Radio Pichincha.

Hay una Comisión técnica

Una comisión técnica encargada de la etapa precontractual ha recomendado la elección de la oferta económica más baja. Sin embargo, las otras seis empresas oferentes presentaron montos inferiores por hasta USD 9 millones. Estas denuncias señalan un posible sobreprecio en la adquisición de los chalecos.

Además, se ha revelado que US Armor Corporation presentó su oferta fuera del límite de tiempo establecido, un día después del plazo. Esto ha generado sospechas sobre supuestas irregularidades en el manejo del proceso de licitación.

El medio también pone el ojo en que «uno de los miembros de la comisión técnica, el mayor de Policía Hernán Solís Bartilotti, no firmó el acta de recomendación de adjudicación a las dos empresas estadounidenses». Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia y la validez de la decisión tomada.

Señalan una «injusticia»

El consorcio Burnham-Santa Bárbara EP, que fue descalificado en el proceso, ha presentado una solicitud de rectificación de la calificación al Ministro del Interior y a los miembros de la Comisión Técnica. Alegan que cumplieron con todos los requisitos y fueron perjudicados de manera injusta.

El documento presentado por el consorcio ha sido enviado a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y el Sercop para su investigación. El consorcio sostiene que su oferta fue verificada por la comisión en la apertura de ofertas y que cumplieron con los requisitos establecidos en el proceso precontractual.

Un proceso difícil

La compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional ha sido un proceso lleno de obstáculos y retrasos desde diciembre del año pasado. En un primer intento, las empresas nacionales fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos, lo que siguió denuncias de irregularidades. Luego se convocó a un concurso internacional en el que participaron 23 compañías y consorcios de varios países como Estados Unidos, Turquía, España, México y Colombia.

En resumen, el proceso de compra de chalecos para la Policía Nacional ha estado rodeado de cuestionamientos debido a denuncias de irregularidades, posibles sobreprecios y la participación de empresas descalificadas. Las autoridades competentes deben investigar a fondo estas evidencias para salvar la transparencia y los aparatos en los procesos de adquisición del Estado.

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Luego de cinco días en cautiverio, la Policía Nacional lideró un operativo para rescatar al empresario. Según los uniformados, en el uso legítimo de la fuerza abatieron a uno de los antisociales. Hasta el momento no hay otros detenidos por el acto.

Sin embargo, los moradores indicaron que Colonico apareció en su restaurante, al norte de Guayaquil, y en ese momento llamaron a la Policía.

Además, el restaurante un comunicado en el que detallan que «pronto darán declaraciones oficiales», según ellos, con el afán de que no se generen noticias falsas.

El día del secuestro

Antisociales disfrazados como policías ingresaron al restaurante ubicado en un centro comercial de la Garzota y secuestraron a Colonico.

Una cámara de videovigilancia captó el secuestro del ciudadano. En él se observa a quien -en un inicio- parece ser un miembro de la Policía Nacional, pero actúa como “campana” para que sus compañeros perpetren el rapto.

En otra toma, dos antisociales vestidos de color negro y gorras ingresan al establecimiento con armas largas y se llevan a la víctima. Cuando Colonico desaparece de la toma, otro hombre con prendas presuntamente policiales y un arma se va del lugar junto a su compañero disfrazado. (N.J.C)

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Debido a los altos índices de inseguridad y crímenes en el país, la Policía Nacional decidió dotar de vehículos, efectivos y logística para los recorridos de los candidatos a la jefatura del Estado. Asimismo, confirmó que se brindará seguridad a los asambleístas que lo necesiten.

La rueda de prensa se llevó a cabo con la presencia de las máximas autoridades de la Policía Nacional y los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del CNE, Diana Atamaint señaló que se realizó un análisis de riesgo para que los comicios sean seguros y se garantice la normalidad de las precampañas y las campañas electorales.

«Las autoridades añadieron que se destina un presupuesto de USD 2.059.115 a la Policía para que 59 mil uniformados velen por la seguridad del 20 de agosto de 2023, día de las elecciones», publicó la cartera de Estado.

Zapata acotó que la seguridad policial se brindará para siete binomios, debido a que el candidato Fernando Villavicencio ya contaba con este resguardo desde que era asambleísta. No obstante, no precisó si aumentará o si habrá un cambio de algún tipo con el personal que ya tiene esa tarea.

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