La iniciativa, que modificará el artículo 216 del Código del Trabajo, apunta a garantizar la sostenibilidad del beneficio y frenar los despidos anticipados de trabajadores cercanos a cumplir los 25 años de servicio, según Nuñez.

El nuevo modelo plantea un fondo de ahorro acumulativo, alimentado por aportes de empleadores y trabajadores, cuyos porcentajes serán definidos mediante un estudio actuarial del IESS. Los recursos no dependerían de la continuidad laboral en una misma empresa, sino que se transferirían al trabajador tras acumular 25 años de cotización, incluso en múltiples empleos. El fondo operaría como un fideicomiso gestionado por el Banco del IESS (Biess).

Núñez argumentó que el sistema vigente —que obliga a las empresas a cubrir íntegramente la jubilación patronal tras 25 años de servicio— ha generado «incentivos perversos». Según datos del Ministerio, menos del 4% de los trabajadores del sector privado acceden a este beneficio. Resalt las empresas optan por desvincular a empleados con más de 19 años de antigüedad para evitar costos. «Hoy, el sistema castiga al trabajador experimentado y perjudica a las empresas, que pierden talento capacitado», señaló.

Tres motores de la reforma

1. Baja cobertura: Solo el 4% de los trabajadores acceden a la jubilación patronal.
2. Despidos estratégicos: Las empresas prescinden de empleados cerca de cumplir los 25 años, dificultando su reinserción laboral.
3. Pérdida de capital humano: Empleadores reconocen que despedir a personal calificado afecta su productividad.

Críticas y plazos

Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, cuestionó que los trabajadores deban aportar al fondo: «Sería un ahorro programado, no una jubilación patronal. Es una línea roja para nosotros». No obstante, admitió la necesidad de dialogar para «asegurar derechos y formalización laboral».

El Consejo tiene un mes para conformar una mesa técnica tripartita (empleadores, trabajadores e IESS), la cual dispondrá de 90 días para diseñar el proyecto definitivo. Posteriormente se lo enviará a la Asamblea Nacional, donde se debatirá su implementación.

La entrada ¿Regresión de derechos? Sobre la lupa nuevas reformas a la jubilación patronal se publicó primero en La Calle.

Dominique Dávila, defensa de la segunda mandataria, señaló que la sentencia del 23 de diciembre de 2024, que dejó sin efecto la suspensión de la vicepresidenta por 150 días a través de un sumario administrativo, no ha sido cumplida en su totalidad.

“Hemos solicitado a la jueza Vera que convoque a las partes procesales para que expliquen las razones del incumplimiento. Vamos a pedir sanciones para las autoridades responsables, ya que este desacato podría derivar en la destitución de los funcionarios involucrados”, enfatizó Dávila en entrevista para Sonorama.

La acción de protección aceptada por la jueza Vera concluyó que la suspensión de Abad vulneró varios derechos constitucionales, entre ellos la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso.

Como medidas de reparación, ordenó al Ministerio del Trabajo que emita una disculpa pública a la vicepresidenta a través de un mensaje a la nación y coloque una placa en su sede con un mensaje en favor del «respeto a la Constitución y los derechos laborales». Además, dispuso la devolución de los haberes económicos que Abad dejó de percibir desde su suspensión y exigió garantías de no repetición.

Sin embargo, según la providencia emitida por la jueza el 31 de enero, la Defensoría del Pueblo no ha informado si se ha ejecutado la sentencia. Asimismo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y la funcionaria que firmó la sanción, Ruth Avilés, tampoco han cumplido con las disposiciones judiciales.

Un escenario complejo

El incumplimiento de esta sentencia se suma a un complejo entramado de tensiones entre Abad y el gobierno de Daniel Noboa. La vicepresidenta se ha mantenido en el país, pese a la orden del Ejecutivo de trasladarse a Turquía para ejercer funciones diplomáticas. Mientras tanto, el gobierno ha promovido la designación de Cinthya Gellibert como vicepresidenta encargada.

La audiencia del 7 de febrero también se produce en medio de una investigación sobre presuntas presiones ejercidas sobre la jueza Vera. La magistrada ha denunciado ante la Fiscalía que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la habría presionado para emitir un fallo en contra de Abad. Este señalamiento agrava el panorama de interferencias en la justicia y refuerza las dudas sobre la independencia de las decisiones judiciales en el país.

A medida que se acerca la segunda vuelta electoral, el caso de Verónica Abad sigue siendo un punto de fricción en la política ecuatoriana. Con la posibilidad de que el incumplimiento de la sentencia genere nuevas sanciones para el gobierno de Noboa.

La entrada Jueza convoca audiencia para verificar el cumplimiento de la acción protección en favor de Verónica Abad se publicó primero en La Calle.

En esta audiencia estuvieron presentes Verónica Abad junto con sus abogados Dominique Dávila y Damián Armijos, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, participó de manera virtual.

La defensa de Abad inició la jornada con una réplica, reiterando que la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo es “ilícita y arbitraria”. Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, calificó la sanción como “una actuación titánica y déspota”, solicitando a la jueza que acepte la acción de protección y las medidas de reparación correspondientes.

Por su parte, Verónica Abad afirmó: “Han vulnerado mis derechos constitucionales y políticos. He llegado aquí con la esperanza de que el poder Judicial aplique solo lo que está en la Constitución y la Ley. El pueblo clama por justicia”. Además, la vicepresidenta denunció que la suspensión en su contra forma parte de una persecución sistemática: “Es un eslabón más de la larga cadena del abuso de poder, de la misoginia y salvaje persecución, que el presidente y su Gabinete ejecutaron en mi contra”.

Los bochornos del Ministerio del Trabajo

En su contrarréplica, la ministra Ivonne Núñez sostuvo que la suspensión de 150 días se fundamenta en el supuesto abandono de cargo por parte de Abad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en específico el artículo 15. Núñez también citó dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos similares.

No obstante, la jueza Vera cuestionó en reiteradas ocasiones a la ministra sobre el fundamento específico para imponer una suspensión de 150 días, exigiendo una referencia exacta a los artículos legales aplicables. “Lo que le vuelvo a preguntar por enésima vez, es qué artículos utilizan para sancionar por una suspensión de hasta dos años, por una falta grave. Díganos el artículo. Ilústrese”, enfatizó la magistrada, sin embargo, no logró convencer a la jueza.

Contexto y próximos pasos

La audiencia, que inició a las 09:20 y se extendió por más de tres horas, concluyó con la decisión de la jueza de suspender la sesión hasta el lunes 23 de diciembre. En esa fecha, se emitirá la sentencia definitiva que determinará si la acción de protección presentada por Verónica Abad será aceptada.

Este caso ha generado un amplio debate público, pues la vicepresidenta sostiene que la medida adoptada por el Ministerio del Trabajo forma parte de un intento por debilitar su posición dentro del Gobierno y obedece a motivaciones políticas. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la suspensión responde estrictamente al marco legal vigente.

La entrada Ministra del Trabajo no logra explicar la suspensión de 150 días a la vicepresidenta se publicó primero en La Calle.

El pasado 11 de septiembre el Ejecutivo consultó a Procuraduría si el abandono injustificado de trabajo por parte de un servidor público desembocaría en una inhabilidad para continuar en otro cargo. En este sentido, la respuesta del organismo se basó en el artículo 15, 9 y 12 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).

La consulta del Gobierno ocurre en medio del proceso de sumario administrativo que inició el Ministerio del Trabajo, a petición del Cancillería, en contra del vicepresidenta Verónica Abad por incumplimiento de funciones en el rol de embajadora del Ecuador, en Israel.

Según justifica la cartera de Estado, la Segunda Mandataria no acató la disposición del presidente Daniel Noboa de arribar a Ankara, Turquía, antes del 1 de septiembre, pues ella llegó a su destino el 9 de septiembre.

¿Puede Abad ser destituida del cargo de Vicepresidenta?

Varios expertos aseguran que sería ilegal la destitución de Abad por la sanción de un sumario administrativo. El abogado Alberto Montenegro explicó a La Calle que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece que este proceso no aplica a los funcionarios de elección popular.

Agregó que solo el hecho de abrir un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria violenta la seguridad jurídica. Montenegro citó el artículo 226 de la Constitución que establece que la competencia y las facultades de las instituciones y servidores públicos deben estar previstas exclusivamente en la Constitución y la ley, no en un acuerdo ministerial.

”Esto violaría la independencia de poderes (…) aunque en este país ya todo puede ser posible”, resaltó. En este sentido, citó el acontecimiento del asalto a la embajada de México del pasado 5 de abril, un hecho al que calificó como ”descabellado”.

Por otro lado, señaló que también existiría una ilegalidad si Abad es sancionada en calidad de embajadora de Israel porque antecede su función de Vicepresidenta. Si la funcionaria es destituida como servidora de Cancillería, tendría que abandonar su otro cargo debido a que esta sanción impide que pueda ejercer un cargo público por dos años.

Ante estas intenciones, el jurista indicó que lo recomendable es que la segunda mandataria interponga un acción de protección.

”Pero es muy posible que el juez que llegue a conocer de dicha acción, la niegue y hasta la llegue a inadmitir por las tantas confusiones creadas por la Corte Constitucional”, dijo

Un acuerdo improvisado

Como si de una casualidad se tratara, el 11 de septiembre el Ministerio del Trabajo firmó el Acuerdo Ministerial Nº MDT-2024-175. Este documento expide el procedimiento de Sumario Administrativo otorgando a la cartera de Estado la potestad de tramitar estas solicitudes en contra de funcionarios que se encuentren excluidos de la carrera del servicio público.

Si se consuma la destitución de Abad a través de esta acción, otras autoridades de elección popular podrían enfrentarse a la misma situación. (AGM).

La entrada Procuraduría, la ficha estratégica para impedir que la Vicepresidenta asuma el poder se publicó primero en La Calle.

»La remuneración mensual unificada de los servidores y trabajadores del sector
público, que integran las instituciones del Estado, incluidas las entidades que conforman el
régimen seccional autónomo y las Empresas Públicas (EP), en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del Presidente de la República», dicta el Acuerdo Ministerial MDT-2024-039-20254 firmado el 17 de marzo.

En comparación a enero del 2024, antes de la firma del acuerdo ministerial, no existe una diferencia en los sueldos que perciben más de 10 trabajadores de la estatal. Por ejemplo, el Gerente General mantuvo su salario de USD 6.210 hasta junio, el actual Gerente Subrogante recibe una remuneración de USD 5.256.

Por otro lado, varios cargos registrados en la última nómina de julio no constan en la de enero. La lista de julio expone que un Subgerente de Proyectos Especiales gana USD 6.120, en enero no existía este puesto según los datos de la Empresa Pública.

¿Qué establece la ley?

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2024-039-20254 establece que las entidades públicas que registren cargos que sobrepasen la remuneración de grado 10 por razones de interés público deberán presentar un informa justificado al Ministerio del Trabajo.

De igual manera, el directorio de cada empresa pública debía emitir la normativa correspondiente, a fin de que las remuneraciones del personal se sujeten a los valores determinados en la escala nacional establecida.

Este medio de comunicación consultó a Petroecuador si existen excepcionalidades en los salarios de sus empleados. El mismo cuestionamiento fue enviado al Ministerio del Trabajo y seguimos a la espera de una respuesta.

Un dólar menos que el Presidente

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) también formaban parte de la lista de »sueldos dorados», actualmente el salario más de alto que puede percibir un funcionario es de USD 5.071, es decir, un dólar menos que el Presidente de la República.

Por ejemplo, la Gerencia General de CNT pasó de ganar 5.707 mensuales a USD 5.071 según el último reporte de agosto. (AGM)

La entrada Funcionarios de Petroecuador aún conservan sus sueldos dorados se publicó primero en La Calle.

A raíz de la suspensión del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Patricio Chávez, por inhabilidad para ejercer un cargo público salieron a la luz más casos similares en los que estarían involucrados otros legisladores.

Frente a esta situación, la Asamblea notificó a los servidores involucrados y dispuso un plazo de 15 días para que puedan regularizar y subsanar su situación.

»Se incurre en inhabilidad especial por mora para el ingreso al servicio público, cuando las personas se encuentren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento (50%) o más con recursos públicos, empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; o, que sean deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible; o, que se encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada», establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

La entrada 85 funcionarios de la Asamblea tienen impedimento para ejercer cargos públicos se publicó primero en La Calle.

A través de una rueda de prensa, la titular de la cartera de Estado justificó la cifra de más de 105 mil empleos juveniles, entre diciembre del 2023 hasta abril del 2024, que señaló el presidente Daniel Noboa durante su informe a la nación. La lista estaría encabezada por la provincia del Guayas con un total de 34.469 contrataciones.

El gran cuestionamiento respecto a estos datos gira en torno a las condiciones de empleabilidad. Según la ministra Nuñez, la modalidad de los contratos es de plazo indefinido a un año, sin embargo, cuestionó las cifras de afiliaciones que registra el IESS.

Realizando una comparación, durante el período de abril del 2023 al 2024 existió una caída de 8.752 afiliados y durante de diciembre del 2023 hasta febrero del 2024 más de 13 mil jóvenes de hasta 30 años dejaron de aportar al IESS.

Nuñez indicó que esto podría deberse a un registro tardío por parte del Seguro, asimismo anunció que pedirá una reunión con los técnicos de la entidad para que manejen de mejor la información estadística en la página web.

«Nunca va a existir un incremento como nosotros lo tenemos marcado. El IESS registra los avisos de entrada, pero también los avisos de salida. Ese número va variando cada mes», resaltó la funcionaria.

Las cifras y las condiciones de empleo

De acuerdo a lo expuesto, la provincia del Guayas encabeza la lista de contratación juvenil con una cifra de 34.469 empleos; Pichincha con 30.753; Azuay con 7.006; y Manabí con 5.497. La mayoría de nuevos contratos están relacionados a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, del otro lado, existen 103 empleos bajo relación de dependencia en el sector público.

La empresa privada lidera la generación de empleo juvenil y a partir del 2025 recibirá los incentivos tributarios que establece la Ley de Empleo Joven. En el caso particular de Quito, las compañías con más contrataciones han sido Utopía Farms; Cresa Retail; y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La ministra aclaró que los empleos no son de alto rango por la edad de los jóvenes. Además, publicará la información actualizada de estos datos una vez esté restaurada la página web del Ministerio del Trabajo, pues alegó que quedó destruida por la anterior administración. (AGM).

La entrada Empleo joven: Ministra del Trabajo cuestiona las cifras del IESS respecto a las afiliaciones se publicó primero en La Calle.

Según los datos solicitados por la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, el pico más alto del decrecimiento de afiliaciones de los adultos de 30 a 35 años se registra en Esmeraldas con una cifra de 1.006 casos. Asimismo, El Oro registra una dismunición de 676 afiliaciones; Loja -594; Imbabura – 416; y Carchi -296.

Por otro lado, la información expone la crítica situación de los jóvenes ante el escenario del desempleo. En este caso, El Oro es la provincia con un notable decrecimiento de personas asegurada al IESS, pues existen una disminución de 1.841 afiliados; le sigue Imbabura con -1.458; Esmeraldas -1.451; Santa Elena -746; y Napo -483.

¿Y el empleo joven?

A mediados de marzo, con alevosía y orgullo, el presidente Daniel Noboa anunció que más de 63 mil jóvenes cuentan con un empleo “digno y legal”. Según el primer mandatario, este sería el resultado de la aprobación de la Ley de generación de empleo.

El proyecto de ley se aprobó hace apenas dos meses y medio. Sin embargo, el jefe de Estado alegó que “esta es la oportunidad” para que los jóvenes se incluyan en la “reactivación económica” del país.

“Por más que sufran los sufridores esa es la cifra real. Es el ejemplo claro de que esto es una realidad y que seguirá creciendo”, dijo en la conferencia.

El otro lado de la moneda

En contraparte a las declaraciones de Noboa, los datos del Ministerio de Trabajo y el INEC revelan otra realidad. De enero al 5 de febrero de 2024, más de 80 mil personas se quedaron sin empleo. Según la entidad, el finiquito responderían a: un acuerdo entre las partes, conclusión de la obra o contrato, entre otros.

Además, el INEC detalla que la tasa de desempleo se ubicó en 3,9 % hasta enero de 2024. En comparación al 2023, el desempleo bajó tan solo el 1 %. En enero de 2023, se ubicó en 3,8 %. De acuerdo a la entidad, el empleo a jóvenes de entre 15 y 24 años alcanzó al 8,7 %. Mientras que, al sector de 25 y 34 años se mantuvo en 27.3 % entre enero de 2023 y 2024.

La entrada ¿Y las promesas de Noboa? IESS registra una disminución de 8.720 afiliaciones de jóvenes se publicó primero en La Calle.

“Vamos a ahorrar USD 20 millones mensuales y más de USD 200 millones anuales, que el Estado sí lo requiere”, dijo la titular de la cartera de Estado, Ivonne Nuñez.

La tabla compartida por el Ministerio se divide en 10 grados, en donde los salarios van desde los USD 2.115 hasta los USD 5.072, que es el sueldo que recibe el Jefe de Estado. Además, la Contraloría será la encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo apenas sea publicado en el Registro Oficial.

Los sueldos dorados: Caso CNT

A inicios del 2024 la ministra Nuñez anticipó que en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) hay sueldos que rondean los USD 7 mil, un monto que se habría establecido a pocas semanas de que el presidente Noboa asumiera las riendas del país.

No obstante, la empresa aclaró que el máximo sueldo es de USD 5.635, que recibe el gerente general, mientras que para el administrador de agencia regional el sueldo es de USD 3.890 con base a la tabla aprobada por el directorio en el 2013.

Por el contrario, el informe técnico de la cartera de Estado expuso que USD 6.973 es el segundo mayor sueldo de CNT, el cual lo percibe el asesor de gerencia general. El tercer y cuarto mayor sueldo corresponde al gerente nacional jurídico y el asesor de gerencia general, quienes recibían USD 6.492.

Celec y Petroecuador

El documento también expuso la situación de Petroecuador y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), en el primer caso el sueldo más alto lo tiene el supervisor de operaciones de transparencia y almacenaje de Esmeraldas, el cual es de USD 10.567, en este sentido, hay 149 trabajadores que ganan más que el presidente.

El panorama en CELEC es más crítico, pues el salario más alto es el del jefe de Tesorería, en Esmeraldas, quien gana USD 64.845, un monto incluso mayor a la remuneración del presidente de EE.UU (que es de alrededor de USD 40 mil), luego está el técnico de mantenimiento mecánico en Manta con un salario de USD 35.238 y el asistente técnico de operaciones en Santa Elena con un sueldo de USD 28.460. En la estatal 28 empleados ganan más que el presidente.

Aunque el gobierno haya tomado cartas en el asunto y regule los salarios queda suelto el control en los viáticos que reciben los funcionarios en los sectores estratégicos que se convirtieron en el principal foco de corrupción. (AGM)

La entrada Adiós a los sueldos dorados: El Ministerio del trabajo regula los salarios del sector público se publicó primero en La Calle.

El pasado 14 de marzo la cartera de Estado realizó un evento denominado “Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador”, el cual contó con la presencia del embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

El acto se desarrolló en el Parque de la Mujer, en Quito, con la cooperación de la empresa alemana GIZ. La ministra Nuñez entregó la certificación a un total de 21 instituciones públicas y cuatro privadas como petroleras y laboratorios clínicos.

«En el marco de este importante proceso, más de 50 000 funcionarios policiales se han capacitado y ahora tienen herramientas indispensables para cumplir con el compromiso, que ya es universal, hacia la igualdad», exhaltó la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Casos de acoso

En el 2022, tras la grave conmoción que ha generado la desaparición de María Belén Bernal, salieron a la luz las críticas contra el accionar de instructores y cadetes dentro de la Escuela Superior de Policía (ESP). 

La periodista Viviana Erazo narró como sus excompañeros de colegio – que habrían ingresado a la ESP- no pueden si quiera hablar con sus compañeras cadetes si un oficial las está acosando.

“Una vez salí a un bar con amigos, entre ellos, ex compañeros que estaban en la ESP. Al bar entró una chica muy guapa que casualmente también estaba en la ESP. Ellos la conocían, sin embargo no la saludaron, pero hablaron entre ellos”, explicó Erazo.

¿Cual era la razón? Uno de los superiores estaba merodeando a esa cadete. “A esa cadete no se le puede ver porque ya es de mi Capitán” escuché decir a uno.

– ¿Es de mi Capitán? Le pregunté… entonces me explicaron que si alguien de rango superior pone los ojos en una Cadete, a esa chica otro hombre no se le puede acercar”.

Si se rompe esa ‘regla’, el cadete en cuestión puede ser sometido constantemente a castigos, prohibirle los francos e incluso llegar a expulsarlo de la ESP. “Solo por tocar a la mujer de su superior. Superior que seguramente es casado y tiene hijos”.

Acoso sistematizado

Las cadetes mujeres que ingresan a la Escuela Superior corren el riesgo de convertirse en objeto de acoso por parte de los oficiales instructores. En esta historia, el oficial que perseguía a la chica era 10 años mayor y ella no quería nada con él. No obstante, el rechazo habría impedido que siga desarrollando sus actividades y truncaría su sueño de ser subteniente.

“La chica consideró que no tenía otra opción que responderle los mensajes, aceptar las salidas”. Además que denunciar no es una opción. Sus superiores no le creerían y el «compadrazgo» dentro de los rangos superiores empeoraría la situación para ella. (AGM)

La entrada La Policía fue reconocida como un espacio laboral libre de violencia a las mujeres se publicó primero en La Calle.

«La política social del presidente Daniel Noboa impulsa el cumplimiento de un derecho constitucional: el trabajo. En la actualidad en Ecuador si se trabaja por horas. El tipo de contrato que nosotros tenemos se llama contrato de jornada parcial permanente», dijo tras una reunión del gabinete en la Gobernación del Guayas.

Según la ministra, con la enmienda constitucional buscan cambiar lo que «los constituyentes hicieron en el año 2007, conceptualizar que el trabajo por horas lleva a la precarización laboral», pero de acuerdo a su postura, el contrato contendrá la afiliación al IESS y los beneficios de ley.

La cartera de Trabajo presentó una nueva base de cálculo al trabajo por horas. El Código del Trabajo divide el salario básico unificado por 240 horas, al mes al contarse el sábado y domingo como días laborables, si se aprueba la pregunta en la Consulta Popular, se dividiría por 160 por la semana de 40 horas.

De acuerdo con la ministra, ese nuevo cálculo arroja el valor de la hora por «encima de los USD 3» antes de sumar los proporcionales, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y los aportes al Seguro Social. «Puedo decir que la hora de trabajo, en la mínima escala, aumentando lo que la ley establece en el artículo 55 del Código del Trabajo, en Ecuador oscilaría por encima de los USD 8».

La entrada Valor de la hora de trabajo estaría a USD 3, promete ministra Núñez se publicó primero en La Calle.

Empiezan los cuestionamientos respecto a uno de los funcionarios del gabinete de Daniel Noboa. Varios datos arrojan la ilegalidad del nombramiento del Ministro del Deporte, Andrés Guschmer.

En primer lugar, registra impedimento en el Ministerio del Trabajo para ejercer un cargo público dado que tiene una deuda pendiente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Accionista en Teleamazonas

Además registra acciones de USD 68 mil Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. (Teleamazonas), la cual estaría manteniendo contratos con el Estado. Este caso sería similar al del exsecretario de Administración Pública, Sebastián Corral quien seguía siendo accionista de la misma compañía mientras cumplía con sus funciones en el gobierno de Guillermo Lasso.

”No podrán ser ministras o ministros de Estado las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales”, dice el artículo 152 de la Constitución.

Otro punto en contra es su declaración patrimonial en la Contraloría, pues en el apartado de »acciones y participaciones» registra USD 23.813 pero el valor expuesto en el portal web de la Superintendencia de Compañías es mayor.

La entrada Ministro Guschmer con impedimento legal para ejercer cargos públicos se publicó primero en La Calle.

»El Ministerio tendrá la inmensa responsabilidad de aplicar la tabla sectorial en el trabajo por horas», dijo Núñez en entrevista para Sonorama.

Informó que a criterio de la cartera de Estado, la base del pago por hora sería de USD 2.87 tomando en cuenta que el sueldo básico es de USD 460 y 160 horas laborales al mes. la división de estos valores definen el pago por hora. También recalcó que existirá otro tipo de cálculo en el caso de las horas extra, incluso, podría sobrepasar los USD 5.

La funcionaria consideró que no existe una precarización laboral, pues el trabajador tendrá el derecho de ser afiliado al seguro social y los empleadores tendrán las mismas obligaciones. Además manifestó que se regirán en base a una tabla sectorial.

La oposición

Este 1 de febrero el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentará ante la Corte Constitucional un recurso de amicus curiae a esta propuesta de la Consulta Popular. La presidenta del FUT, Marcela Arellano, indicó que hay una “falsa información” que el trabajo por horas va a provocar incremento del salario.

“Que un trabajador por horas va a ganar USD 15, igual que gana un trabajador en Estados Unidos, eso no va a ocurrir acá en el Ecuador, no solamente pierde derecho, sino obviamente el trabajo por horas acá en el Ecuador es absolutamente barato. Recordemos que la canasta básica familiar en Quito está en más de USD 800, hay una brecha de alrededor de USD 340 para acceder a la canasta básica familiar y un trabajador por horas en el mes no va a lograr los USD 460″, enfatizó. (AGM)

La entrada ¿Cómo sería el cálculo del trabajo por horas? se publicó primero en La Calle.

La causal de impedimento es la censura y destitución del cargo de Ministro del Interior tras un juicio político en la Asamblea en febrero del 2023. La información es de conocimiento público ya que este tipo de certificación consta en la página web del Ministerio del Trabajo.

Esto dice la ley

Según el Código de la Democracia, en el numeral dos del artículo 95 detalla que los requisitos para ser asambleísta son:

Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o gobernador
regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 

En todos los casos, las ciudadanas o ciudadanos, como requisito para la inscripción de sus
candidaturas, presentarán una declaración juramentada ante Notario Público en la que indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.

Por su parte, la Constitución del Ecuador no indica la inhabilidad para ejercer un cargo público como impedimento para ser asambleísta. Así lo indica el artículo 115:

Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, indica que la censura y destitución impide al funcionario enjuiciado políticamente ejercer un cargo público por dos años.

Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

¿Son lo mismo el goce de derechos políticos que la inhabilidad para ejercer un cargo público?

No, una persona goza de sus derechos políticos si no tiene sentencias ejecutoriadas o insolvencia. Por lo que la inhabilidad para ejercer un cargo público no está registrada ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución del Ecuador como impedimento para ser asambleísta.

Posesión en la Asamblea

Carrillo cobró protagonismo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En el primero se desempeñó como comandante general de la Policía y estuvo al frente del paro de Octubre del 2019. El estallido de la paralización de junio de 2022 llegó cuando era ministro del Interior del presidente Lasso. A eso se suma el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo en la Escuela de la Policía Nacional y donde, según el Legislativo, Carrillo hizo un trabajo nefasto.

Para las elecciones anticipadas de 2023, Carrillo se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno, María Paula Romo (MIB)

La entrada Carrillo tiene impedimento para ejercer cargo público, pero puede ser asambleísta se publicó primero en La Calle.

En total, se registraron 75.602 actas de finiquito, de las cuales 54.548 corresponden a hombres y 21.054 a mujeres.

La provincia de Guayas registró la mayor cantidad de despidos, con 23.192 actas, seguida de Pichincha, con 23.408 actas.

Razones de los despidos

La cartera de Estado reveló que la principal causa de los despidos en octubre de 2023 fue el acuerdo entre las partes, con un total de 46.931 actas de finiquito, lo que representa el 62,07 % del total.

La segunda causa más frecuente fue la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato, con 10.716 actas. Le siguió las causas legalmente previstas en el contrato, con 8.505.

En cuarto lugar se encuentra la terminación dentro del periodo de prueba, con 4.777 actas. El despido intempestivo fue la quinta causa más frecuente, con 2.988 actas. En último lugar se encuentra el desahucio, con 1.291 actas.

La entrada 75.000 empleos se perdieron en octubre se publicó primero en La Calle.

La resolución se tomó tras una reunión del 5 noviembre en donde los empleados manifestaron su preocupación por los sueldos atrasados. Para ellos la creación de este sindicato simboliza la lucha por salvaguardar sus derechos laborales.

«¿Cómo es posible que una compañía mantenga impagos, cerca de seis meses, a sus trabajadores y el Ministerio de Trabajo ni siquiera haga una inspección integral para establecer multas y sanciones a sus directivos o accionistas?», dijo el abogado de los empleados, Washington Andrade.

Además, señaló que el medio de comunicación aún mantiene las concesiones de frecuencias a las radios y un canal de televisión relacionados con el dueño del periódico Ángel González, conocido como El Fantasma.

En los próximos días continuará la presentación de varias acciones judiciales para salvaguardar los activos de la empresa, así como exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales tanto para los trabajadores activos como para los que fueron despedidos. Ellos exigen el pago de sus salarios y también las liquidaciones de los que fueron despedidos.

La caída de El Comercio

El 6 de junio, el diario dejó de circular definitivamente su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio un grupo de ellos paralizaron actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, rezó el comunicado.

En el mismo escrito, criticaron la promesa vacía del presidente Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero de 2022.

“Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores del diario El Comercio”, lamentaron. (AGM).

La entrada Trabajadores de El Comercio fundan sindicato para defender sus derechos se publicó primero en La Calle.

El Ministerio del Trabajo indicó que esta medida será aplicada para sectores que constan en las respectivas comisiones. La cartera de Estado señaló que existen 22 categorías, que son:

El sueldo no alcanza

En entrevista para Radio La Calle, el economista Marco Flores explicó que, pese a que el Ecuador es el segundo país con el sueldo más alto de Latinoamérica, se considera el más caro. En otras palabras, aunque los ecuatorianos reciban en 2023 un sueldo de USD 450 no les alcanza para comprar bienes y servicios. “Se trata de ampliar, y mejorar este crecimiento. De generar una reactivación a todo el cuerpo social y esto no está pasando”, detalló.

Agregó que este problema se debe a que año tras año la inversión social pública fue destruida y ahora el Estado “este cruzado de brazos”.

Disensos con el alza del SBU

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el incremento salarial no significa una mejora en la vida de los ecuatorianos, sino todo lo contrario. Entre más costoso es contratar un trabajador, menos capacidad tienen los empleadores de dar trabajo. Esto impide el crecimiento de la nómina de empleados en las empresas.

Por otro lado, señalan que debe considerarse el artículo 118 del Código del Trabajo, que establece que este aumento no debe superar los USD 11.37. De esta manera, el impacto sería menor en el mercado laboral.

La influencia de incremento salarial

Según el INEC, el alza del salario básico unificado abarca a 628.085 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Además, este incremento no solo repercute al salario de los trabajadores. Por ejemplo, la multa por no usar cinturón de seguridad es del 15 % de un SBU, hasta 2022 la sanción era de USD 63.75 y ahora sería de USD 67.50.

En el caso de pensiones alimenticias, también existe un incremento en el valor. El costo más bajo de la pensión de un hijo es del 28.12 % de un salario básico, es decir, USD 119.51 hasta 2022. Para el próximo año se estima que la cifra suba a USD 126.54. (A.G.M)

La entrada El salario básico sube para 22 sectores en 2023 se publicó primero en La Calle.

Una de las notas más relevantes del escrito resalta el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El párrafo detalla que la persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante la autoridad, falte a la verdad bajo juramento y cometa perjurio será sancionada con tres a cinco años de cárcel.

Otros pasos sospechosos

El medio español Público reveló que Santos tiene una empresa offshore en Santa Laura Victoria Ltd., en Bahamas, que sigue activa hasta el día de hoy. Según la documentación difundida, la empresa se ofrecía para «garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación». Al tiempo que preveía «dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad», que no estuviese prohibida «por ninguna ley vigente en Bahamas».

El asambleísta por Pachakutik, Darwin Pereira solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) la copia de la declaración juramentada del funcionario. También pidió a la embajada de Bahamas toda la información de esta empresa. Sin embargo, le comunicaron que debe hacer una solicitud a través de los canales diplomáticos del país.

Por su parte, Santos en entrevista para Radio Sonorama, afirmó que fue propietario de esta empresa antes que Lasso lo posicione como ministro de Energía. Además, según él, no es un delito ser director de una offshore. El problema surge cuando constan en las empresas, reciben y sacan dinero.

 “Como persona privada tengo una cuenta en el Banco Pichincha y a duras penas una tarjeta de crédito en el Banco de Guayaquil”, alegó.

Por otro lado, el portal web del Consejo de la Judicatura registra 15 procesos judiciales contra Santos. Las causas son por injuria, alimentos, nulidad de laudo arbitral, pago de haberes laborales e indemnización por despido. (A.G.M)

La entrada Ministro Santos tiene prohibición para ejercer un cargo público se publicó primero en La Calle.