El 12 de septiembre, el asesor presidencial José Samaniego Coloma envió un quipux a distintas dependencias del Estado para que las autoridades coordinen los contenidos de cada ministerio para enviarlos a presidencia hasta el 19 de septiembre del 2023 y de esta manera poder crear el libro, así lo explicó el programa Bajo el ocaso de Radio Pichincha.

En este documento se indica que los contenidos de la obra se dividirán en los ejes: social, economía, seguridad, relaciones exteriores y que cada entidad debe escribir entre una y cinco páginas de dichos temas.

Algunos temas

En el caso del Ministerio de Economía deberá relatar sobre crecimiento económico, reducción de déficit fiscal, deuda pública, deudas históricas, reducción de impuestos.

El Ministerio de Defensa deberá escribir sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, inteligencia militar, capacidad operativa de la Fuerza Aérea, recuperación de capacidades de la Fuerza Terrestre. La Secretaría Técnica Ecuador crece sin desnutrición contará acerca de los hitos en este tema.

Además, el SNAI también escribirá sobre su trabajo, ya que el mandatario ha expresado que la política pública de rehabilitación merece un espacio en su libro, así como los operativos realizados en los centros de detención, la rehabilitación y traslados de los privados de libertad.

La Cancillería deberá narrar los mecanismos de inclusión económica, el ingreso de Ecuador al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La presidencia solicitó que en los textos se evidencien datos, cifras y testimonios. De acuerdo con Bajo el ocaso, el presidente no ha estado de acuerdo con algunos testimonios, pues pide más emotividad en ellos, recomendando incluso recrearlos. (MIB)

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Camacho denunció que una superintendenta encargada anuló a, través de oficio simple, una matriz de seguridad del Ministerio de Transporte avalada internacionalmente. Esta matriz precautela la salud de quienes descargan el crudo. Y además regula las horas de carga o descarga dependiendo del oleaje.

Según la activista, la matriz de seguridad fue implementada con carácter jurídico, a través de una resolución en enero del 2021, la cual, por medio de un oficio simple, fue anulada por la superintendenta encargada en septiembre del mismo año. Camacho afirma también que no han recibido respuesta del Ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, ante los reclamos por esta inusualidad.

Sin embargo, tampoco han podido realizar la queja respectiva al Ministerio de Ambiente. «El Ministerio de Ambiente, aunque suene absurdo, tiene potestad el momento en que haya un derrame. Mientras tanto, la única potestad es la del Ministerio de Transporte», puntualizó.

Consecuencias ambientales de los controles de seguridad anulados

Camacho señaló que el punto crítico de esta problemática es el tipo de remolcadores empleados. Estos vehículos movilizan el buque cargado de petróleo hasta la bomba de descarga. Según ella, si existiese algún malfuncionamiento de ellos o no fuesen los indicados, podrían causar un accidente rompiendo el casco del buque y generar otro nuevo derrame de crudo.

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La activista indica que esto podría suponer nuevas amenazas para la biodiversidad del país pues, el derrame alcanzaría rápidamente lugares como las Islas Galápagos. Explicó que por alguna razón desconocida, no emplean remolcadores aprobados y mas bien lo hacen a necesidad, sin ningún requisito o control «a dedo».

Además indicó que no existe responsabilidad ni prevención por este tipo de desastres ambientales. Explicó que arreglarlos toma años y que estos no solo significan la pérdida del crudo y mortalidad de flora y fauna. Sino también, representa pérdidas económicas en materia de recursos, comercio y turismo. La activista afirmó que los controles de seguridad anulados son necesarios para evitar todo ello pero que, aparentemente, no hay procesos internos del Gobierno para auditar este tipo de situaciones.

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