»Tengo a las 11h00 la reunión de transición con la Ministra de Gobierno y a las 12h00 será la sesión en el Consejo de Seguridad», informó el jefe ministerial a los medios de comunicación, en los exteriores del Carondelet.

¿Quién es?

Palencia es abogada penalista y experta en criminología, tiene un PhD en Ciencias Jurídicas, y un doctorado en Educación e Innovación. Inicialmente trascendió su nombre para que ocupara la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Según su perfil de Linkedin, tiene experiencia como docente en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Católica de Guayaquil.

Ha trabajado en el Fomento y Desarrollo del pensamiento en mujeres y niños. También fue Fundadora de Estudio Jurídico Palencia y fue creadora de la empresa Lipman con sede en Guayaquil.

Además estuvo casada con el exalcalde de Guayaquil, Francisco Huerta, quien falleció en 2022 y también fue ministro de Gobierno durante el mandato del expresidente de la República, Gustavo Noboa. (AGM).

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«El Comandante Cabrera envió una solicitud de los miembros del CPCCS, especialmente del miembro Hernán Ulloa. Solicitamos la presencia policial frente a la posibilidad de que se produzcan actos que impidieran la ejecucción de la sesión en esa institución», dijo en su intervención.

La funcionaria explicó que cualquier persona puede acudir a la Policía si son temas de interés público. “El Comandante de la Policía Nacional (Carlos Cabrera) solicitó mi autorización para realizar la intervención. La recibió porque igual que cualquier ciudadano puede solicitar a la Policía para proteger el orden público”, agregó.

Intervención policial en el CPCCS

Vela dijo que la intervención de la Policía el pasado 9 de febrero no fue abrumadora. Además, rechazó la posibilidad de una interferencia en las funciones del CPCCS.

«Aquì no ha habido ninguna intervención abrumadora de la Policía. Creo que es muy importante que se señale eso porque el término abrumador implicaría la posibilidad de que se considere que eso causó una interferencia a las funciones del Consejo. Lo rechazó. La actuación de la Policía respondió al número de contingente que se utiliza cuando existe un pedido por disturbio».

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«No es culpa de la ministra de Gobierno. No es que la Asamblea deba llevarla a juicio político. Es un problema que le compete a todos los sectores del país», dijo el mandatario.

Culpa de otros

El mandatario explicó que los problemas en su Gobierno son producto de que en el gobierno de Rafael Correa se pactó con el narcotráfico y en el gobierno de Moreno no se tomaron medidas.

«Mi gobierno encontró un descontrol total de las cárceles. Ni siquiera un censo. Necesitamos 4.000 guías penitenciarios, nos faltan 2.600. También debemos rehabilitar a los privados de libertad», añadió.

«Antes consumían de forma discreta. A partir de 2007 se instala en Ecuador el micro tráfico y con eso las pandillas, las bandas y las peleas por territorio. Hay países que reclaman que los contenedores llegan con droga a su destino y un gobierno responsable lucha contra eso», puntualizó.

De acuerdo con Lasso, la lucha por el territorio pasó de las cárceles a las calles, por lo que el resultado lleva a: asesinatos, sicariatos y violencia.

«No se han presentado amotinamientos por acción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La lucha se llevó a las calles. Que suceda en el día del amor y la amistad. Esto no es cuestión de que el gobernador no funciona o que enjuiciamos a la ministra. Es un problema de todos los sectores», dijo.

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Convocada para las 16:00, el presidente -tambaleante y con dos hojas en la mano- se apareció una hora después, a lado de la alcaldesa Cinthya Viteri, el gobernador del Guayas -el Avenger, Pablo Arosemena-, la silente ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y otros que ni fu, ni fa.

La ola de muertes viralizadas en redes sociales, los asaltos a mano armada, la delincuencia fruto del desempleo tomándose el país, requería de un pronunciamiento firme, claro, contundente. Obvio, eso no pasó. Después de una serie de diatribas en las que insistió que el país está muy bien, que lo que pasa en materia de seguridad es culpa de Correa, de Colombia, de Perú y de Venezuela, dijo que cambiaba a la impresentable comandante de Policía, Tannya Varela.

Nada nuevo bajo el puente. Sin embargo, y a tono con su idea de llamar a una consulta popular para meterle mano a la justicia, Lasso dice que va a pedir que se cree la figura de terrorismo para los que cometan asesinatos en las cárceles. ¿Esa es su brillante idea para acabar con la crisis carcelaria? ¿Qué va a hacer con los “terroristas”, los va a meter de nuevo en una cárcel en la que ya están? Es absurdo, lo sabemos, pero eso es lo que dijo.

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En cambio, de los asesinatos por asalto, de los robos a mano armada, del sicariato que cobra la vida de tantos inocentes en el Ecuador y que los ciudadanos tenemos que ver a razón de siete diarias -siete muertos cada día, solo en los 24 días que tiene este año-, de todo eso, nada dijo.

Cambiar a Varela es un acierto; dejar a Arosemena, un error de magnitudes siderales; mantener a Alexandra Vela, una tragedia para el país; seguir en el cargo con la escasa inteligencia, con ese grupo de gerentes y CEO que creen que manejar lo público es como manejar las empresas que heredaron, es una afrenta que no podemos tolerar mucho más tiempo.

El banquero vela por los banqueros no por los ecuatorianos: veta una ley para que los bancos nos sigan cobrando lo que les plazca y cuando les plazca. Su presencia en el gobierno es insostenible. En un editorial del pasado se lo recomendamos, hoy se lo recordamos y lo haremos hasta que suceda: este cargo le quedó grande, vaya a gerenciar su banco y los dineros que esconde en paraísos fiscales, váyase, presidente.

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«BUENAS NOTICIAS. La @AsambleaEcuador, a través del CAL, dio el visto bueno para que el “Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales” sea tratado por @EducacionAN. Estamos más cerca de fortalecer la formación de @PoliciaEcuador«, escribió en su red social.

El pasado año, el Consejo de Educación Superior (CES) aprobó en segundo debate el informe conclusivo sobre la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales (Usecipol),  presentado por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES.

Seguidores del “Gobierno del Encuentro”, sostienen  que la creación de esta universidad cumple con los criterios establecidos en el artículo 6 del Instructivo para la emisión de informes determinados en los artículos 108 y 112 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

En enero del 2020, este proyecto denominado  “Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales” fue presentado por el Ministerio de Gobierno  y la Policía. Ese mismo año, el Ejecutivo señaló que el proyecto beneficiará a la ciudadanía ecuatoriana y que es urgente destinar cerca de USD 50 millones adicionales al presupuesto, para la institución de educación superior de la Policía y otras tareas.

En la actualidad, los oficiales se forman a través de la modalidad de pregrado en la Escuela Superior de la Policía y en convenios con otras entidad académicas como la Universidad Central, Espíritu Santo, Católica, San Francisco, Técnica Particular de Loja, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

En marzo del 2021, la institución policial calificó esta propuesta como adecuada para la ciudadanía ecuatoriana, así mismo las autoridades manifestaron que esta dependencia académica se ofertarán  tres carreras:Licenciatura en Investigación Criminal y Forense, Inteligencia Estratégica y Gestión de Seguridad Ciudadana.

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En un video grabado en el interior del patio de la prisión se puede observar a los privados de la libertad lanzando piedras al exterior donde empezaba la inspección de la ministra y compañía, a pocas horas de que termine el estado de excepción.

Amotinamientos

Autoridades carcelarias informaron de un amotinamiento en la Cárcel Regional del Guayas. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela y otras autoridades realizaban un recorrido por el lugar cuando tuvieron que ser evacuados.

Un fallecido

«En el #CRSGuayas No. 4, esta mañana se reportó un interno sin vida, se desconocen las causas del deceso. Las autoridades investigan el caso y se aclara que este hecho no está relacionado con los reclamos que se efectuaron en otro centro penitenciario» indicó el SNAI.

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La decisión se adoptó luego de horas de debate entre las organizaciones indígenas, que tuvo lugar la víspera. El máximo dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, no se ha pronunciado al respecto. En un trino aseguró que respeta las decisiones orgánicas y colectivas. 

La cita será en el Palacio de Carondelet, el próximo 10 de noviembre, pese a que el primer mandatario denigró a Iza durante su gira europea. 

El gobierno tiene reparos respecto de la presencia de medios de comunicación y de la transmisión en vivo de la cita. “Que no se convierta esto en una asamblea abierta, en donde no vamos a avanzar porque el objetivo en ese caso va a ser más uno de manejo político”, dijo con pocas luces la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. 

Lasso confirmó la invitación a través de una carta que hizo pública en sus redes sociales. 

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Romo permanecía en Estados Unidos, donde dictaba clases en una universidad, desde noviembre de 2020, cuando la Asamblea la censuró y destituyó por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre de 2019 y la acción policial en centros que acogieron a manifestantes.

Analistas sostienen que la llegada de Romo al Ecuador responde a la crisis política que atraviesa el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Las movilizaciones en todo el país son solo una de las aristas que el mandatario enfrenta por estos días.

¿Puede ser funcionaria de Lasso?

La Ley Orgánica de la Función Legislativa incluyó una inhabilidad para que los funcionarios censurados por el Parlamento no puedan volver a ejercer cargos públicos por dos años. Sin embargo, en su momento, el expresidente de la Asamblea aseguró que esta inhabilidad no aplica en el caso de Romo.

“La inhabilidad aplicará para los casos que hayan ingresado a la Asamblea, luego de que entren en vigencia las reformas a la Ley. La aplicación de la Ley no es de carácter retroactivo. Respetamos las garantías básicas del debido proceso y seguridad jurídica”, dijo Litardo.

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“Existe una sobreproducción de arroz a nivel internacional e interno, como consecuencia de eso el precio de la libra de arroz se encuentra entre 28 y 30 centavos y el precio de sustentación fijado por el Gobierno es de 35 centavos. Los agricultores solicitan que se compre a 35 centavos. Por un lado, tienes productores que piden un precio mayor y consumidores que solicitan un precio menor”, dijo en una entrevista.

El Gobierno está buscando un mercado fuera del Ecuador para el arroz, porque a nivel interno no puede comprar a 35 centavos y luego venderlo a 28. “Eso significaría que habría una glosa contra un funcionario público. El ministro de Agricultura está trabajando en un mecanismo que permita exportar el arroz”.

Paralizaciones

Grupos campesinos de Guayas, Los Ríos y Manabí anunciaron la paralización de sus jornadas para el 18 de octubre. Solicitan el congelamiento del precio de los combustibles y el respeto de los precios de sus productos.

Perrillo en Daule, Valdivia en Santa Lucía , Limonal en Daule, Redondel los Bancos en Durán. El Redondel de Samborondón, San Lorenzo kilómetro 46 en Lomas de Sargentillo y El Rosario en El Empalme están sin circulación en Guayas.

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“Ir a una consulta popular no es un mecanismo de presión. Es señalar que frente a una fragmentación y los pronunciamientos antes de leer el proyecto es una alternativa democrática”, dijo en entrevista con A Primera Hora.

La funcionaria también se refirió a las posibilidades discrepancias entre Ejecutivo y Legislativo alrededor del proyecto de ley de Oportunidades que se entregará el 24 de septiembre bajo el carácter de económico urgente.

«Desde el 24 de septiembre iniciaremos una ronda de reuniones con los miembros de las bancadas del Legislativo para tratar el proyecto de ley», precisó.

Vela agregó que el proyecto consta de dos partes. «El proyecto de ley contiene una reforma tributaria y laboral que esperan cinco millones de desempleados en el país, lo que es la prioridad del Gobierno. No es posible que el país transite por una senda donde no todos los ecuatorianos tengan un trabajo ordinario. Será enviado como económico urgente».

Al momento, la Asamblea discute la proforma presupuestaria de 2021. Sobre el tema, Vela indicó que «la Proforma presupuestaria de 2021 es, de acuerdo a los tiempos, la proforma del anterior gobierno. Ya se ha ejecutado en su mayor parte y con ella analizaremos el presupuesto de 2022. Si se cierran y devuelven la propuesta nos quedan pocas opciones».

100 días

Vela expresó que los problemas que debe resolver el gobierno actual vienen desde los 14 años anteriores y que tomará tiempo.

«Durante los 100 primeros días los gobiernos tienen una especie de luna de miel. Como es lógico todavía que el gobierno solucione problemas que vienen desde hace 14 años principalmente que no nos han llevado por el camino correcto. Desde 2014 con la última crisis del . Nadie tiene una varita mágica para resolver todo en 100 días», sentenció.

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«El gobierno ya dialogó con el FUT de forma productiva. También hablamos con varios sectores indígenas. El 4 de octubre se producirá el diálogo con la Conaie, así lo estimó el presidente de la República», dijo en una entrevista con A Primera Hora.

Las declaraciones aparecen tras el pronunciamiento de Conaie que solicitaba como fecha de diálogo el 1 de octubre

En su reunión de Consejo, la organización publicó el documento de resoluciones. En el comunicado recalcan su voluntad política de establecer diálogo con el presidente Guillermo Lasso y plantean una comisión general de pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales y populares.

Consejo de Conaie

El documento consta de 7 puntos, en los que se exige al Gobierno tomar medidas sobre la grave crisis económica, y social que atraviesa el país.

También se menciona que se declarado la conformación de asambleas permanentes en los territorios de la CONAIE para tratar los temas que están afectando de manera local y nacional en el país. Además de temas que ya se han tratado con anterioridad como el incremento de combustibles.

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La organización rechaza contundentemente la medida. Esto debido a que es una de las pocas iniciativas, en políticas públicas, para no criminalizar a consumidores y microempresarios.

El grupo de defensores de derechos humanos afirma que esto representaría un acto inconstitucional, pues el artículo 364 respalda que las adicciones deben tratarse como un problema de salud.

De la misma forma, el colectivo asegura que el proyecto de Ley implica un retroceso en materia de derechos. En el comunicado presentado por el grupo, se pide al gobierno analizar la problemática con criterios psicosociales y de asistencia sanitaria.

Asimismo, enfatizan en que la medida que elimina la tabla de consumo ocasionaría efectos negativos en los grupos más vulnerables.

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«El problema no está en el ámbito jurídico porque eso está resuelto, está en el ámbito político. Es indispensable llamar a la ciudadanía a respaldar las decisiones de su cabildo. Hacer un llamado a todos los involucrados, incluyendo al alcalde Yunda para que respete a la ciudad que lo eligió antes y que a través de la decisión de sus representantes en el Concejo Municipal le han quitado esa confianza», dijo en una entrevista con Radio Quito.

Yunda contestó a las declaraciones en un tuit preguntando al presidente Guillermo Lasso si esa posición es de la ministra o de todo el gobierno.

«¿Por qué si todo está resuelto como afirma la Ministra de Gobierno, aún no me han sacado con fuerza pública del Municipio y la mayoría de concejales asisten a las sesiones de Concejo? Presidente Lasso, ¿esta es la postura del gobierno o solo de la señora Ministra?», escribió.

Audiencia pendiente

A las 16:00 de este lunes tendrá lugar la audiencia de revocatoria de las medidas cautelares otorgadas al alcalde Yunda. La jueza encargada del caso negó el pedido de cambio de fecha de la audiencia que realizó la defensa del todavía Alcalde de la capital ecuatoriana.

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Abogada de Derechos Humanos

“Voy a juicio político porque les molesta que una mujer haya enfrentado la crisis” expresa entre otros argumentos, la Ministra María Paula Romo, en un video del 25 de octubre de 2020 difundido en la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno.

Para legitimar su relato, Romo echa mano de algunos elementos simbólicos asociados a la igualdad de género, tales como la presencia alternada de mujeres y hombres policías que la respaldan, y la relevante referencia que realiza a la frase “la Ministro de Gobierno”.

Palabra aparece en repetidas ocasiones, en los documentos e informe que se tramitó en la Comisión de Fiscalización. 

En ese sentido, es importante reflexionar alrededor del uso de los símbolos de igualdad política  en los que se apoya la Ministra, ante la falta de pruebas que desvirtúen su responsabilidad en la violenta represión de octubre 2019.

Pensar  sobre todo, en la forma en la que María Paula Romo se apropia de una histórica lucha de las mujeres víctimas de persecución y violencia. Lucha en la que cree poco, con la exclusiva finalidad de obtener ventaja política.

Para el efecto, partimos de reconocer que la participación numérica de mujeres en los puestos de decisión, sin duda es una conquista a defender.

Sin embargo, también hay que decir que dicha participación resulta insuficiente, si desde esos espacios –por acción y omisión- se continúan negando los derechos políticos a las mujeres que vienen detrás y al mismo tiempo, se utiliza el discurso de igualdad como armadura para aferrarse al poder.

En tales circunstancias, la representación de las mujeres sufre históricos retrocesos a pesar de los grandes números. Mientras desde el discurso oficial se reivindica la igualdad de género,  al tiempo se reprime salvajemente a mujeres políticas, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos que piensan diferente.

Ha sido el caso de Yajaira Urresta, víctima de las políticas represivas de Romo. Esta periodista, en octubre 2019,  perdió su ojo debido al impacto de una bomba lacrimógena de la Policía. La bomba se usó como proyectil en su contra. ¿La razón? oponerse en las calles a los acuerdos con el FMI y la expedición del Decreto 883.

También es el caso de niñas y mujeres embarazadas que en el levantamiento de octubre sufrieron lesiones producto de la brutalidad policial, tal como lo señala el propio informe de Human Rights Watch.

En tal virtud, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien se asume ante la opinión pública  como víctima de discriminación por ser mujer, utiliza la lucha contra la violencia política para su propio beneficio. Sin embargo, mientras cuestiona  el lenguaje machista de la Comisión de Fiscalización expresado en la frase “la Ministro de Gobierno”. Legitima discursos violentos, insultos y burlas asociadas a lo femenino.

Términos como “perra”, “fea”, “gorda”, “despeinada”, etc., lejos de asumirse por la Ministra Romo como formas de violencia simbólica, los considera como parte del debate político.   

En el caso de Romo, la violencia simbólica también se expresa en el uso de las mujeres policías como adorno en el video producido por la Ministra para su defensa.

Estas mismas mujeres o sus compañeras, en octubre 2019, estuvieron en riesgo de perder su vida o integridad por el uso de gas lacrimógeno caducado. Este material se considera potencialmente peligroso y hasta letal, aunque el Gobierno ecuatoriano no lo reconozca.

La violencia contra las mujeres policías se manifiesta además, cuando sus denuncias por abuso sexual durante las protestas se investigan con menos prioridad que los casos contra los adversarios políticos del actual régimen. 

Ahora bien, con respecto a la Policía,  la Ministra Romo pregunta a la Asamblea ¿cómo debió actuar la Policía en cuanto al uso de la fuerza frente a manifestaciones tan violentas?

Sin embargo, el 19 de enero de 2019, en la ciudad de Ibarra, Diana Carolina R.V. fue tomada como rehén durante 90 minutos por su ex pareja en plena calle. Durante ese tiempo los policías presentes hicieron caso omiso.

Bajo la excusa de no saber cómo hacer un uso progresivo de la fuerza, la Policía permitió que el ex conviviente  asesine a Diana frente a todos, asestándole dos puñaladas mortales.

Solo entonces, los gendarmes lo detuvieron. Frente a esta injustificada omisión, la única respuesta de la Ministra de Gobierno fue cambiar de Gobernadora y de Jefe provincial de Policía, sin ninguna investigación, sanción, ni reparación adicional.

Finalmente, durante estos años, María Paula Romo ha sido la más efectiva operadora del gobierno de Moreno, especialmente en la Asamblea. Bajo su dirección política se aprobaron leyes como la de Fomento Productivo y Apoyo Humanitario, cuestionadas en su constitucionalidad y por vulnerar derechos.

Sin embargo, la Ministra de Gobierno, en tanto operadora política de Moreno, es incapaz de llevar adelante una agenda política feminista o sobre derechos de las mujeres. Esto con el fin de promover acceso a la tierra, vivienda, propiedad, salud sexual y reproductiva, empleo, no discriminación, etc.

Tampoco gestionó, con igual tenacidad que para otras leyes, el financiamiento de la Ley para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El resultado fue que en el feriado de noviembre, cada día una mujer haya sido brutalmente asesinada en las ciudades de Babahoyo, Cuenca, Quito, Esmeraldas y Ambato.

En 2020, 91 mujeres han sido víctimas de femicidio en nuestro país.

A pesar de todo eso, Romo se defiende de la censura apelando a su condición de mujer. Nada más alejado de la verdad. Basta comparar su conducta con la práctica de Nela Martínez, Matilde Hidalgo Navarro, Manuela Espejo, Olympe de Gouges, Clara Campoamor.

También Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Manuela Cañizares, entre otras mujeres políticas, perseguidas, agredidas e incluso asesinadas por defender con su vida nuestra dignidad y derechos de humanas.  Pioneras de la lucha por las mujeres que hoy nos inspiran a quienes venimos detrás.

Romo es responsable política, junto con Moreno, de imponer un Acuerdo con el FMI vulneratorio de derechos sociales, de forma inconsulta y represiva. Valiéndose del uso indebido de la fuerza para sostener su plena vigencia.

El uso de sofismas y falacias por parte del Gobierno como estrategia para desfigurar sus responsabilidades en la vulneración de derechos humanos, como dice Lincoln, puede funcionar un tiempo, pero no todo el tiempo.

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Quito, 06 nov (La Calle). – El 25 de octubre del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, subió un video a su cuenta oficial Facebook, aludiendo a los hechos ocurridos durante el paro nacional en Octubre del 2019. En él, la ministra señala que, entre muchas otras causas, su cuarto juicio político responde a una venganza por parte de los líderes sentenciados por el paro nacional.

“A algunos además les molesta que frente a este episodio y esta crisis haya estado una mujer […]”. Esta frase, tomada del segundo 56 del video, resulta importante porque coloca las acciones ejecutadas por la ministra del Interior en un plano discursivo coyuntural. Romo se apropia del discurso feminista lo convierte en una herramienta de propaganda política que desvía la atención del problema real.

Tomar el discurso feminista en un momento en el que los movimientos, colectivos, activistas y académicos han permitido un punto de reflexión cada vez más amplio sobre las demandas y necesidades de las mujeres resulta estratégico a la hora de reconstruir la imagen política de la ministra. Esto se debe a que las acusaciones hacia ella se reducen a un aparente ataque colectivo que se realiza por el hecho de ser mujer. Si se piensa desde una perspectiva teórica, el que las mujeres sufran ataques por ser mujeres tiene en efecto un punto de discusión.

Participación política de las mujeres

La participación de las mujeres en la esfera social está condicionada. La paridad de género en el trabajo o en la vida política no implica necesariamente una participación real y las cifras responden únicamente a términos cuantitativos. Es decir, las mujeres no opinan, no deciden y por lo tanto no legislan.  

Si investigamos cuántas mujeres ocupan cargos políticos en el Ecuador, las cifras arrojan que el 17,4 % de las prefecturas las ocupan mujeres; en el 8,1%% de las alcaldías hay una mujer a cargo y el 38% de la Asamblea Nacional está conformado por mujeres. Estas cifras muestran un problema de género, en cuanto a la participación política de las mujeres en el Ecuador. Por lo tanto, resultaría factible pensar que la ministra de Gobierno forma parte de ese problema.

¿María Paula Romo está bajo ataque por su condición de mujer?

El 16 de diciembre del 2019, en un artículo del diario El País, la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero dijo. “En Ecuador tenemos una Ministra del Interior. La critican mucho. La llaman fascista. Pero a pesar de todo lo que se destruyó, no sacó tanques como si creo, perdón, que hubiera hecho un hombre. No cayó en esa cosa visceral de ‘los matamos ahorita’. Respiró y se lo pensó.”

Esta corta declaración sirve de ejemplo para entender cómo se busca minimizar, a través de un tema de género, la respuesta violenta de la ministra durante el Paro Nacional de 2019. En el mismo video María Paula Romo dice “Aún no sé yo ni ellos tampoco, si me enjuician porque la policía actuó con mucha fuerza o con poca fuerza […]”. Durante las manifestaciones, desde la Caja del Seguro del IESS, parque El Ejido y parque El Arbolito hasta el Centro Histórico se colocó un cerco policial impenetrable, se solicitó ayuda de los militares, agentes metropolitanos y vehículos blindados. Se utilizaron bombas lacrimógenas caducadas y perdigones.

Las zonas de paz como la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las Universidades, que se colocaron como centros de acogida para mujeres y niños, recibieron ataques en más de una ocasión.  

La represión por parte de la policía durante los 11 días de Paro Nacional dejó como resultado ocho fallecidos, 1.350 heridos y 192 detenidos entre los que estaban menores de edad. Según la
Defensoría del Pueblo, varias de estas muertes se deberían al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

Ejercicio de la violencia

La violencia es un problema estructural, la pueden ejercer también por las mujeres y puede, a su vez, responder a una lógica patriarcal. El machismo también puede ejercerse y perpetuarse a través de las mujeres cuando estas nos son conscientes de que sus acciones vulneran a otras, otrxs y otros.

La violencia está presente dentro de las instituciones gubernamentales y los proyectos políticos que invisibilizan las demandas de las mujeres como la eliminación de la brecha salarial o el derecho al aborto. Recordemos lo sucedido en el año 2013 cuando Paola Pabón presentó una moción para la legalización del aborto en casos de violación.

Tras la moción, el entonces Presidente del Ecuador, Rafael Correa, amenazó con renunciar si el bloque de Alianza País persistía en la idea. Días después, Pabón retiró el proyecto.

La situación actual  no dista mucho de la de hace siete años. Resulta poco creíble que la ministra Romo represente la lucha de las mujeres mientras trabaja para un gobierno que a finales de 2019 e inicios de 2020 redujo el presupuesto para atención a víctimas de violencia de género con un recorte de aproximadamente el 80% del presupuesto estimado. Además, vetó el Código Orgánico de Salud basándose en argumentos morales y con tintes religiosos.

Responsabilidad política

María Paula Romo no está bajo ataque por ser mujer, pues este juicio político cuestiona la acciones del Ministerio del Interior, el uso de material bélico caducado y el excesivo uso de la fuerza policial. No se cuestiona su participación como mujer, su posición política; sus escasos o nulos avances en materia de mujeres, salud, educación y trabajo no están en cuestionamiento.

Se cuestiona la violencia.  Sin embargo, esta apropiación y vaciamiento del discurso feminista y la lucha de las mujeres no es nuevo. En más de una ocasión ha servido como plataforma política y en más de una ocasión las necesidades de las mujeres se han puesto de lado. Hace poco en un tweet, una de las figuras “feministas” de la política ecuatoriana dijo que María Paula Romo es una giganta en el país de los enanos. Probablemente María Paula Romo es la voz de la violencia en el país del silencio.  

Hay una frase bastante conocida de Simone de Beauvoir que dice “No se nace mujer, se llega a serlo”. Quizás se le debería agregar algo así como “No se es feminista por ser mujer, se llega a serlo”.  El feminismo es un trabajo diario y extenuante, pues entre las muchas reflexiones que se obtienen desde y para las mujeres, está la certeza de que el feminismo no puede prestarse a los beneficios personales de políticos de turno.

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En la ceremonia, Romo se refirió al juicio e indicó que la Comisión de Fiscalización les dio victoria a los “golpistas” en el Paro Nacional de octubre pasado. «Frente a ese triunfo momentáneo, circunstancial, que hoy les han dado a los violentos, tenemos una Policía que cuenta con el cariño, el respeto, el respaldo y la legitimidad del Ecuador. Dudo que se pueda decir lo mismo de la Asamblea y ese en cambio es el triunfo y la reivindicación de la Policía», dijo.

El reconocimiento a la ministra vino de manos del comandante de la Policía, Patricio Carrillo. El gendarme reiteró el «sentimiento de profunda gratitud» que la institución tiene con la funcionaria.

«Las impresiones policiales reconocen en usted, señora ministra y señor viceministro la firmeza y la frontalidad para asumir el rol y ejercer el control. No han utilizado a la Policía como mecanismo de opresión y persecución política (…) No es nada fácil ser rectora de la política de seguridad», expresó.

Juicio Político

La comisión determinó el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el ataque a centros de paz y la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas como las causales del proceso contra la ministra. Sin embargo, la comisión desestimó el último punto, pues evaluaron que la convocatoria del comité no era potestad de Romo.

La mayoría de los asambleístas coincidió en que sugerir el juicio contra Romo era parte de sus competencias y una responsabilidad histórica. El informe se aprobó con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención.

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“Análisis y aprobación del informe, dentro del proceso de juicio político en contra de María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, indica la agenda del Legislativo del jueves. Si los votos son afirmativos el juicio llegaría al Pleno de la Asamblea para el debate.

La decisión llegará después de la presentación de pruebas de los interpelantes del juicio (Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta) y la comparecencia de la ministra el pasado 31 de octubre.

Defensa de la funcionaria

Romo se defendió de las tres causales del juicio. Indicó que la policía no mató a nadie durante las protestas y que las bombas lacrimógenas caducadas no causan daños a la población.

“Las bombas caducadas no provocan ningún daño adicional a la población (…) Según un certificado de la empresa Cóndor (Brasil) que dentro de los cinco años no produce daño a la salud y su funcionamiento disminuye”, dijo.

Sin embargo, se contradijo cuando mencionó los ataques a los Centros de Paz. “Es una confusión deliberada. Los interpelantes confunden el derecho internacional humanitario en momentos donde hay guerra. No se puede hablar de zonas de paz ¿entonces cuáles son las zonas de guerra? La noche del 9 de octubre de manera accidental, no sabemos si fue la Policía. Fueron bombas lacrimógenas. Dije que no se repetiría y no se repitió”, explicó.

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Con una sonrisa, Romo interactuó de forma tolerante y tranquila con los comediantes. En primera instancia en un ascensor, Arauz le pregunta: “en las siguientes elecciones ¿usted quién quiere que gane? Un banquero, un socialista o un cantante”. “Con que no sea pillo me conformo”, dice la ministra.

Vizuete le pide que le cante una canción (por Daniela Romo) a lo que la funcionaria responde con una risa diciendo que no se preocupe, que no pasa nada. Seguido hacen referencia a los emoticones y stickers que aparecieron en los chats que Romo mantenía con Daniel Mendoza y un medio digital sacó a la luz pública “Hago una aclaración emoticones solo uso para el trabajo, con los amigos uso los stickers”, responde.

El que la hace la paga

Ya en el estudio, Arauz le pregunta: ¿qué lección nos debe dejar el Caso Sobornos a todos los ecuatorianos? Romo dice: Yo creo que hay una regla básica para vivir en sociedad y es el que la hace la paga. Así deberíamos vivir. Si alguien comete alguna incorrección debe asumir las consecuencias. Y a veces hay gente que cree que si tiene contactos o si tiene poder no tiene porque pagarlas”.

El 19 de octubre empezaron las sesiones para recoger las pruebas de los interpelantes en el juicio político de María Paula Romo. El juicio se da por incumplimiento de funciones en el caso de octubre pasado porque la policía utilizó bombas lacrimógenas caducadas y el ataque a las zonas de paz por parte de los gendarmes. El reparto de hospitales también entraría en el proceso.

Sin embargo, la funcionaria pidió un juicio presencial, dijo que los asambleístas que la acusan (Amapola Naranjo, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez) deben salir de la comodidad de sus secciones de zoom y dar la cara. La respuesta de los legisladores no se hizo esperar.

“Señora ministra, este no es el Ministerio de Gobierno, esta es la Asamblea Nacional, la primera función del estado. Exijo que se respete la independencia de los poderes del Estado”, dijo el asambleísta Franklin Samaniego. La misma Comisión de Fiscalización instó al presidente Elio Peña a defender la dignidad del trabajo que realiza.

En defensa propia

En el programa, la Ministra hace referencia a sus juicios anteriores y al que ahora enfrenta. “Yo he comparecido a la Asamblea 40 veces ya. Voy a batir algún récord seguramente. Después de octubre que fue durísimo, que nunca debería repetirse, tuve tres pedidos de juicio (…) Hoy hay un grupo de asambleístas, tres que han vuelto a solicitar un juicio político”.

La participación de Romo en el programa bordea los 21 minutos y el video está colgado en la página de YouTube del Ministerio de Gobierno

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“Quiero solicitar a usted que exija que los asambleístas interpelantes salgan de la comodidad que representan las sesiones vía zoom. En sus hogares, donde han permanecido siete meses, mientras yo he enfrentado la pandemia, como enfrenté octubre, como enfrentaré cualquier adversidad para el país. Por esta razón, exijo que mi juicio político sea presencial. Que quienes me interpelan den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan”, indicó Romo en la misiva.

La solicitud causó malestar entre algunos asambleístas. “Señora ministra, este no es el Ministerio de Gobierno, esta es la asamblea nacional, la primera función del estado. Exijo que se respete la independencia de los poderes del Estado”, precisó el legislador Franklin Samaniego en su disertación por el juicio político al presidente del CPCCS, Christian Cruz.

Juicio politico

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, envió la resolución con la que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó el proceso de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Esta solicitud fue aprobada por ese Consejo hace un mes.

El pasado 8 de septiembre, el CAL determinó que la solicitud reunía los requisitos. Entre ellos, 35 firmas de respaldo para su trámite en la Comisión de Fiscalización. El trabajo de los asambleístas será decidir si el caso pasa al Pleno del Legislativo.

En enero de este año, los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, presentaron el pedido, ya que, a su juicio, Romo incumplió con sus funciones acerca de la actuación de la Policía en las protestas de octubre de 2019.

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Rivadeneira realizó una cronología de los sucesos que aparecen en el libro. “Nuestra ministra nos dijo ‘Esto no es un paro’. Y yo me pregunté si esto no es un paro ¿qué es?”, expresó.

“Un día importantísimo es el día siete cuando el movimiento indígena llegó a Quito. El asedio a la ciudad fue impresionante. El objetivo era llegar al palacio presidencial. Fue una decisión estratégica que el presidente firmara el cambio de la sede del gobierno a Guayaquil el 8 de octubre”, narró.

¿País secuestrado?

La periodista se refirió también al 8 de octubre, cuando, según ella, en la sala de crisis de la Policía vio que «el país estaba siendo secuestrado». «Yo ingenuamente creí que la paz iba a volver. Fue una noche de muchísima convulsión”, puntualizó. Rivadeneira habló de la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi.  “Esa noche murió Inocencio Tucumbi, está en investigación esta muerte y parte de esta dice que llegó a la calle Solano, intentó subirse a un portón y se cayó. No hubo balas, no hubo pisotones”, añadió. «Se cayó», recalcó.

“Necesitamos más información y menos mentiras para esclarecer lo que pasó en octubre. La muerte de Inocencio Tucumbi generó el secuestro de policías y periodistas. Freddy Paredes es el símbolo de lo que la resistencia indígena rechazaba. Es el símbolo de la prensa que fue cuestionada. Creemos que esa fue la prensa que ayudó a sostener la democracia”, sentenció.

El terror en Quito

La ministra Romo calificó de «terror» lo que capital ecuatoriana vivió en octubre. “Si bien había bloqueos en 90 puntos del país. El terror se hizo presente en mayor magnitud en la ciudad de Quito (…) Encontramos el ‘Manifiesto de Quito’ en manos de políticos correístas que hablaban de la toma del palacio de Carondelet”, dijo.

La funcionaria también defendió el retiro de los subsidios a los combustibles. “Una decisión necesaria, valiente, polémica y popular que fue el asunto de los combustibles (…) La postura del gobierno no era contra el subsidio sino contra los subsidios no focalizados a los combustibles fósiles”, expresó.

“En el debate político está en juego el resentimiento. Creo que hay que entender la toma de las gobernaciones como un mensaje político (…) Secuestrar a 400 policías es secuestrar a quienes representan la protección y la seguridad (…) Lo que pasó en octubre no se ha resuelto”, declaró.

Estallido

En contraparte, Leonidas Iza, Andrés Tapia y Andrés Madrid presentaron el libro «Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador» en agosto pasado. El libro recoge las vivencias y testimonios de esos días y la reflexión del contexto político-económico que derivó en ese estallido social.

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