En la resolución del pasado 13 de noviembre, la Asamblea condenó las acciones inconstitucionales de Ivonne Núñez como representante de la Institución, rechazó y desconoció el sumario administrativo que suspendió a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y resolvió presentar ante el órgano de la administración de justicia constitucional una acción de interpretación a los artículos usados para dicha sanción. Sin embargo, Núñez ha dicho en medios de comunicación que existe desconocimiento constitucional de las leyes por parte de los asambleístas y aseguró que no tiene responsabilidad directa sobre el sumario, por lo que no debía ser convocada a comparecer. Ha pretendido cargar de esta responsabilidad a una funcionaria subalterna, así como también lo ha hecho la Canciller Gabriela Sommerfeld en este mismo caso.

Sobre estas declaraciones, la asambleísta nacional por la bancada de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, quien impulsó una solicitud de inicio de juicio político en contra de la ministra ante la Corte, dijo en entrevista a este medio que la Constitución de la República, como norma suprema, establece claramente en sus artículos 131 y 149 la jerarquía del Legislativo para sancionar autoridades de elección popular. Sin embargo, el inicio de estas acciones inconstitucionales, según la asambleísta, habrían iniciado con el acuerdo ministerial Nro. MDT-2024-175 expedido el 11 de septiembre que buscó normar un proceso de sumarios administrativos a las autoridades electas democráticamente. Esta sería “la vía” que encontró el Ejecutivo para emprender la suspensión de la vicepresidenta, aunque no se haya logrado el objetivo de removerla de su cargo.

En la comparecencia, a la que estaría llamada por segunda ocasión la ministra Ivonne Núñez, debería explicar el sustento del sumario administrativo que sancionó a Verónica Abad con la suspensión de 150 días, cuando la LOSEP establece en su artículo 87 que la suspensión podía ser de 80 días, así como su responsabilidad en las acciones y omisiones del Ministerio del Trabajo. Estas inobservancias a la Ley han permitido que el presidente Daniel Noboa designe a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como encargada de las funciones vicepresidenciales. Por lo tanto, mientras no se dé el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se puede tener claridad sobre estas interpretaciones arbitrarias de la Norma Suprema, considerando, además, que se ha iniciado el proceso de renovación parcial de nueve jueces, lo que podría postergar aún más una respuesta.

El proceso de juicio político de Ivonne Núñez iniciaría en abril de 2025, por el orden de prelación de otros tres juicios en la Asamblea Nacional, pero esta serie de solicitudes realizadas por asambleístas, así como por organizaciones políticas y sociales del país, buscan dejar un precedente para la política nacional y evitar que se vuelva a violentar la Constitución de la República. Se esperaría que, por el tiempo que resta l actual cuerpo Legislativo, la próxima Asamblea continúe con el proceso de sanción o censura a la titular del Ministerio del Trabajo por incumplimiento y abrogación de funciones.

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«Cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran e la LOSEP inmediatamente abrimos un sumario administrativo (…) La Constitución de la República lo plantea en el artículo 229 y la LOSEP en el artículo 83 literal C que aquellas personas que son designadas mediante un proceso electoral son servidores públicos, no son de carrera», dijo en entrevista con Carlos Vera.

Agregó que cuando uno es funcionario diplomático debe ser prudente en las declaraciones que diga, esto por las declaraciones de Abad sobre la situación interna del Ecuador y su crítica al presidente por la situación que vive el binomio actualmente.

No obstante, la razón del sumario administrativo, llegar a Turquía después del 1 de septiembre, genera dudas ya que el decreto del 8 de agosto firmado por el presidente Noboa disponía ese traslado, pero sin una fecha límite para su efecto de tipo inmediato. Núñez indicó que sería un pedido administrativo de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Posibles consecuencias

Tampoco, dice la ministra, Abad envío un informe de funciones para justificar no haber llegado el 1 de septiembre a Turquía y que no saben qué pasó entre el 1 y 8 de septiembre. La vicepresidenta tiene un plazo de 10 días laborables para contestar la apertura del sumario administrativo, de allí lo califica la sustanciadora de trámites administrativos del Ministerio. Si cumple los requisitos se convoca a una audiencia oral y pública, donde estará la afectada y un delegado de la presidencia de la República.

¿Pueden destituir a Abad por esa vía? De acuerdo con la ministra, la vicepresidenta está siendo sumariada por funcionaria pública y no por vicepresidenta. «Vamos a ver lo que sucede al final en este caso – creo – hito del Ecuador. (…) Marca un ‘de ahora en adelante’, pero en el caso de la señora Abad ¿por qué no la catalogan cuando pone una denuncia contra el presidente? Ahí no se mide eso, pero cuando una ministra de Trabajo hace lo que hace y, además, lo hace bien ahí sí es una estúpida«.

Respuesta de Abad

La respuesta de la vicepresidenta llegó a la Asamblea Nacional, la vicepresidenta solicitó al Legislativo la fiscalización y control contra la ministra de Trabajo y la canciller. «Vamos a ponerlo en el orden del día del próximo martes (24 de septiembre) porque ya no podemos modificar la sesión de este jueves 19. El Pleno escuchará los argumentos que pone en la carta y tendrá que resolver de forma pública», dijo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

Añadió que se reunirá con los jefes de las bancadas legislativas e incluso con el gobierno para el procedimiento y lo que se va obtener de la resolución del Pleno. «La forma de destitución del vicepresidente/a está en la Constitución, me preocupa que utilicen otros mecanismos que vayan en contra de la Constitución». (MIB)

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¿Qué se derogó?

• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-156, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Las directrices que regulan el contrato de trabajo especial para trabajadores con expectativa próxima de jubilación”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-157, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “El contrato de trabajo de relaciones especiales en el sector de los centros de contacto”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-158, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Reformar el Acuerdo Ministerial MDT-2020-222 que regula el contrato de emprendimiento”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-159, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Reformar el Acuerdo Ministerial MDT-2021-219, mediante el cual el Ministerio del Trabajo expidió la normativa técnica que regula el procedimiento de visto bueno”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-160, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Reformar el Acuerdo Ministerial MDT-2020-220, mediante el cual, el Ministerio del Trabajo expidió la norma que regula la modalidad contractual especial para los sectores productivos”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-161, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Las directrices para la aplicación de las jornadas laborales”.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nro. MDT 2023-055, se derogó la Resolución Ministerial Nro. MDT-2023-045, de 21 de noviembre 2023 que expidió “Las Directrices para Regular la Gestión de Recaudación de Multas y Consignaciones a través de Plataformas de Pago en Línea”.

La ministra Núñez destacó que la derogación de estos acuerdos se realizó luego de un análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

“Las puertas de esta cartera de Estado están abiertas para todos, para escuchar, para debatir, para proponer, porque solo así lograremos ese nuevo Ecuador” destacó la titular de esta cartera de Estado.

Los acuerdos derogados habían sido criticados por organizaciones sindicales y trabajadores, quienes consideraron que vulneraban los derechos laborales.

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La asociación recalcó que Televicentro es parte del grupo empresarial de Ángel Torres, el dueño de El Comercio. El canal funciona en las mismas instalaciones del diario en el sur de Quito.

El equipo indicó que esta «maniobra» intentaría dejar sin propiedades al grupo El Comercio, que aún mantiene pendiente el pago de liquidaciones y jubilaciones a los extrabajadores y jubilados. Además, adeuda el salario y las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a sus trabajadores.

«Solicitamos al Consejo de la Judicatura (CJ) no ceder ante estas maniobras, a través de las cuales quiere dejar sin propiedades al grupo», detalla el comunicado.

Además, alertó que el proceso «recayó» en Iñaquito, con la jueza Carmen Romero, cuando el proceso debió tramitarse en la Unidad Judicial de Quitumbe, lugar donde funciona El Comercio y TVC en la misma propiedad.

Por su parte, el abogado Washington Andrade mencionó en su cuenta de X que el sindicato de extrabajadores y jubilados prepara acciones legales para «evitar que estas maniobras judiciales y actos societarios lesivos se consuman».

Esta demanda surge luego de que el pasado 27 de noviembre, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, atendiera a todos los perjudicados y se haya comprometido a dar trámite al pliego de peticiones presentadas por el comité.

El fantasma de El Comercio

El 6 de junio de 2023, la edición impresa del diario dejó de circular definitivamente, por lo que su único soporte fue la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio. Ante ese panorama un grupo de empleados cesó sus actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, reza el comunicado.

Ante las demandas, la representante legal del diario, Paola Montenegro, fue quien se encargó de enfrentarlas y realizar los pagos correspondientes. No obstante, detrás de Montenegro se encuentra el propietario del medio, Ángel González, quien es también conocido como “El Fantasma”.

A la vez, Ramiro Rivera, presidente del Directorio, no se ha pronunciado y se mantiene distante y despreocupado de la situación de los trabajadores y extrabajadores.

Fueron 107 años de edición impresa

El Comercio publicó algunos contenidos en su página web hace algunos meses. Lo que mucha gente lamentó es que después de 107 años de fundación la edición impresa ya no se distribuyera en el país.

“Lamentablemente, los cambios de modelos económicos y la pandemia complicaron aún más la crisis financiera de la empresa”, dijo el medio de comunicación en un comunicado.

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