El comunicado enfatiza que en lugar de reconocer la gravedad de los hechos, Loffredo declaró en una rueda de prensa que la jueza Tanya Loor, quien dictaminó la desaparición forzada, había actuado “de manera injusta” y fuera de sus competencias legales.

Pronunciamiento de las organizaciones

En respuesta, las organizaciones firmantes emitieron un comunicado rechazando las declaraciones del funcionario señalando que constituyen un intento por obstaculizar la justicia y generar impunidad. Estos son los puntos más destacados:

1. Condenan las “falsas disculpas públicas” ofrecidas por Loffredo, calificándolas como un intento por evadir la responsabilidad estatal en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los menores.
2. Rechazan la impugnación de la sentencia de hábeas corpus realizada por el Ministerio del Interior, considerando que busca desviar la atención de la responsabilidad estatal.
3. Denuncian la persecución política contra la jueza Loor, afirmando que se vulnera la independencia judicial y el Estado de Derecho.
4. Advierten sobre los riesgos de las políticas de militarización en la seguridad ciudadana, que han derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
5. Reiteran su compromiso de acompañar a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos.

Contexto

El 8 de diciembre de 2024, dos camionetas de las Fuerzas Armadas interceptaron a los niños y adolescentes que regresaban de jugar fútbol cerca del barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según las investigaciones, Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron detenidos arbitrariamente, incomunicados y abandonados a 50 kilómetros del lugar de su detención.

El 24 de diciembre, la justicia constitucional determinó que los hechos constituían desaparición forzada y ordenó medidas de reparación. Ese mismo día, se hallaron restos incinerados e irreconocibles en el río Taura, confirmándose el 31 de diciembre, mediante pruebas de ADN, que los cuerpos correspondían a los menores.

“Esta injusticia en contra de las Fuerzas Armadas fue cometida por una jueza en materia constitucional declarando la existencia de una desaparición forzada, a pesar de que no tenía capacidad ni facultad legal alguna para hacerlo”, subrayó el ministro, quien también anunció una investigación contra el uso del discurso de derechos humanos como un aparente instrumento de persecución política.

Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, también criticó el dictamen de la jueza y amenazó con acciones legales por dañar la “imagen institucional” del Ministerio de Defensa.

Contexto legal e impacto

El dictamen de la jueza Loor reconoce que la desaparición forzada comenzó con la detención y posterior incomunicación de los menores, en concordancia con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia incluye medidas de reparación, como disculpas públicas y la garantía de no repetición.

Sin embargo, las declaraciones de Loffredo y Palencia han generado críticas nacionales e internacionales, pues son vistas como intentos de desacreditar el sistema judicial y debilitar los mecanismos de protección de derechos humanos.

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Este domingo 17 de julio, el consejero de Gobierno, Diego Ordóñez reiteró que la investigación a la denuncia que presentó el líder indígena, Leonidas Iza y el asambleísta de Pachakutik (PK) Ángel Maita en contra del presidente Lasso y de los ministros de Defensa, Luis Lara y del Interior, Patricio Carrillo por posible privación ilegal de la libertad del presidente de la CONAIE debe realizarse por la Fiscalía.

Sin embargo, Ordóñez dijo que luego del proceso la denuncia deberá archivarse y continuar con el juicio en contra de Iza por ser autor de los hechos de violencia en el paro nacional.

«La investigación tiene que hacerse, hay una denuncia presentada. A la le corresponde cumplir con la ley, agotar el proceso de indagación previa y, como es obvio y natural, deberá archivarse esa denuncia», aseguró Ordóñez a diario el Comercio.

La notificación sobre el proceso previo que iniciará la Fiscalía llegó a la Presidencia de la República y a la Coordinación Jurídica del Ministerio del Interior.

Así también, jurídicos del ministerio del Interior indicaron que la investigación no tiene sentido debido a que la detención de Iza ya se declaró legal.

Se tiene previsto que los denunciantes están convocados a rendir su versión en la Fiscalía este martes, 19 de julio de 2022 en Quito.

Petición de juicio político

El pasado 12 de julio, el Consejo Ampliando de la CONAIE desarrollado en Salasaka, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua adoptó varias resoluciones.

Entre las cuales, el pedido de un juicio político a la Asamblea Nacional en contra del ministro del Interior y Defensa.

«Exhortamos a la Asamblea Nacional se lleve acabo el juicio político al Ministro del Interior, Patricio Carrillo y Ministro de Defensa, Luis Lara, por ser los responsables directos de la violación a los DDHH», dice la resolución . PC

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«La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que permiten la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Las acciones de grupos violentos, cuyo único objetivo es crear el pánico agrediendo y extorsionando a las empresas, instituciones y autoridades».

«Las FF.AA miran con profunda preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones».

Relación con el narcotráfico

Lara dice que las acciones coinciden con las acciones narcotraficantes y el crimen organizado. estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia.

«Las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional. Quiero ser enfatico en selakar que la protesta social es legítima, siempre y cuando no atenten con los derechos de la mayoría de personas que quieren trabajar, educar a sus hijos, producir y moverse».

Lara habló sobre octubre del 2019 y comparó la situación. «Ya no procede la excusa de que hay infiltrados que realizan destrozos, agreden periodistas y ciudadanos desarmados. Es evidente que actúan con consentimiento de quiénes arman la movilización». MIB

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«Con un cordial saludo, permítame Señor Presidente presentarle mi renuncia como Ministro de Defensa Nacional, cargo con el que me honró el 18 de octubre del 2021. He cumplido en estos 6 meses con las políticas impuestas por su digno gobierno», dice parte de la misiva.

Añadió que ha llevado a las Fuerzas Armadas por el camino que ha creído correcto. «Me despido, Señor Presidente, agradeciendo su confianza y le hago llegar mis mejores deseos para su Gobierno».

Escándalos

El pasado 7 de abril, el dueño de la captadora ilegal Big Money, Miguel Ángel Nazareno, ‘Don Naza’ apareció en los parqueaderos del Ministerio de Defensa. Después se conoció que Nazareno entró dos veces en las dependencias de esta institución para realizar trámites.

Ese escándalo vendría acompañado de la muerte de ‘Don Naza’, el pasado 14 de abril. Un fallecimiento del que todavía no se conocen las motivaciones.

Además salió a la luz que miembros de las Fuerzas Armadas también entregaron su dinero a Big Money, lo cual sería un delito de captación ilegal de dinero.

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“Se tiene el control de toda la Penitenciaría, sin duda. Este momento, la Penitenciaría, por primera vez no sé en cuántos años, está bajo el control del Estado. Todos los pabellones están controlados. Desde el lunes están controlados”, dijo en entrevista con Radio Sucesos.

La contradicción del Ministro

En una entrevista del 18 de noviembre, Fernández indicó que el control de los pabellones en la Penitenciaría del Litoral lo tienen ciertas bandas delictivas y no las fuerzas del orden.

“Este momento las Fuerzas Armadas están en el perímetro de la Penitenciaría. El control de la parte interior lo tienen ciertas bandas. Es un proceso que va a hacerse lentamente. Queremos un mínimo efecto en muertes, que no haya temas que tengamos que lamentar después. Policía y Fuerzas Armadas controlan el borde aledaño a los pabellones”, dijo en entrevista con RTU.

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Fallecidos

En la masacre del 13 de noviembre, la cifra de asesinados llega a 62 reos. La Fiscalía informó que algunos cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus familiares. En lo que va del año, más de 300 personas han perdido la vida en los Centros de Privación de Libertad del país.

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Hernández es general en servicio pasivo. Fue representante de Pichincha en la Asamblea Constituyente de Montecristi y, en 2018, la Asamblea Nacional lo eligió como integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

Su designación ocurre a pocas horas de que el presidente Guillermo Lasso anunciara una cadena nacional, para pronunciarse sobre temas de seguridad y paralizaciones.

De igual forma, el cambio de funcionarios se da tras las paralizaciones del sector campesino de Guayas, Los Ríos y Manabí, para demandar al mandatario el congelamiento del precio de los combustibles y el respeto de los precios de sus productos.

“Este nombramiento es un reconocimiento a un prestigioso oficial de las Fuerzas Armadas, quien defendió al Ecuador en la Guerra del Cenepa junto con los generales Paco Moncayo, Gallardo y Lima. Y también es un reconocimiento a la nítida vida profesional del general Hernández. Entiéndase bien, se trata de una reivindicación a un prestigioso general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas del Ecuador”, aseguró el presidente Guillermo Lasso

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«El día que me toque salir lo haré por la puerta grande y con la cabeza en alto. […] Estoy gozando de perfecta salud. Me siento mejor que nunca y con fuerza para dar palo a mis detractores», añade en su comentario.

¿Qué dijo el ministerio?

El Ministerio de Defensa confirmó la veracidad de la información e indicó al medio digital Ecuador Verifica que se trata de una opinión personal del ministro, «sin ofensa alguna».

Este mensaje, que correspondería a un grupo privado de WhatsApp se filtró y descontextualizó, según la Dirección de Comunicación de esa cartera de Estado.

“En este mensaje, el ministro de Defensa solo destaca el trabajo en equipo de las Fuerzas Armadas. (…) No falta el respeto a nadie. Cuando se refiere a dar palos a sus detractores, se trata de una expresión militar (…) que indica que está en buena forma para seguir trabajando”, aclararon.

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“Ni siquiera conozco que es Vox. No lo he oído, ni me interesa la política de esos extremistas. Ahora me debo a la política que emita el Presidente de la República. Si él considera pertinente una aclaración, yo seguiré esa política”, dijo en una entrevista en un Café con JJ.

“Eso es una de las tantas cosas que salen en las redes sociales. Yo desde que salí de la Armada tenía todo el derecho a participar en política y no lo hice. Integro un grupo de oficiales en servicio pasivo llamado Movimiento Cívico-Militar. A este movimiento se le ocurrió apoyar la carta de Madrid, opuesta al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, a los que también nos oponemos como militares. Sabemos que lo que buscan es la destrucción de las Fuerzas Armadas”.

Agregó que no llegaron a firmar la Carta de Madrid. “El 24 de mayo, se acercaron unos españoles, se tomaron una foto conmigo. Ahora sale que yo he firmado la Carta de Madrid y que yo soy parte del grupo VOX […] Es totalmente falso, yo no pertenezco a nada”.

Inteligencia estratégica

“Debemos restructurar el Centro de Información Estratégica (CIES) debido a que adquirió una reputación nada agradable. Todos somos testigos de que la Senain y luego el CIES han cometido una serie de acciones calificadas como delitos. Persecución a políticos, enemigos del régimen, inclusive a periodistas. La decisión del presidente es que cambie la institución y recuperar su nombre”, dijo.

De acuerdo con Donoso, de la inteligencia estratégica surge la inteligencia operativa, de táctica en operaciones militares o policiales.

”Vamos a investigar caso por caso la actuación de todos los funcionarios y tomaremos las medidas necesarias”, añadió.

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“El Almirante Fernando Donoso liderará el Ministerio de Defensa Nacional, la cartera de Estado encargada de dirigir y administrar las Fuerzas Armadas. Garantizaremos la seguridad y la paz de las familias ecuatorianas”, escribió en su cuenta de Twitter.

El almirante estuvo al frente de la Comandancia General de la Marina y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De esta manera, Lasso mantiene a un miembro militar en servicio pasivo al frente de la Cartera de Defensa, como su predecesor Lenín Moreno. También se confirma la salida del general Oswaldo Jarrín de ese ministerio.

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Informes preliminares afirmaron que la mayoría de fallecidos eran jóvenes abatidos por las armas de fuego y la represión de las fuerzas del orden. En dos días de protesta, según el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, registran 209 civiles y 194 policías heridos.

Respuesta de la alcaldesa López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró en una rueda de prensa que, «nadie dio la orden de usar armas de fuego, pero hay evidencia de que así ocurrió». De acuerdo a la investigación, dijo “tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares”.  Y finalizó mencionando que “destruir a Bogotá no va a arreglar la Policía, destruir a Bogotá no va a restablecer el evidente déficit de confianza que hay en la Policía y los cuerpos de seguridad”. Por eso insistió en una “reforma integral” de la institución y agradeció el papel de la Procuraduría quien asumió la petición.

El descontento acumulado del pueblo colombiano estalló la noche del 09 de septiembre. Ese día la población se alzó en rechazo contra la brutalidad policial de Colombia. Esto después de que Javier Ordóñez, un abogado de 46 años y padre de dos hijos, fuera inmovilizado en un procedimiento policial y recibiera varias descargas eléctricas con una táser que llevó al ciudadano a la muerte. Las imágenes publicadas en todas las redes sociales detonaron las protestas ante la crueldad y la represión policial. Desconcertada, la sociedad colombiana demostró su indignación tanto en las redes como en las calles. (AB)

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«No todo está comprado en efectivo al ciento por ciento, son compras plurianuales… para el próximo año, hacemos una evaluación de las capacidades estratégicas conjuntas. Con lo que hemos adquirido vemos qué se completó, será mínimo lo que quede para el próximo año, para realizar una nueva adquisición”, dijo.

Entre las compras están: seis helicópteros bimotores para operaciones de búsqueda y salvamento, ocho aeronaves para entrenamiento básico. También armamento de calibre mayor y menor, radares para el sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo.

Además, doce lanchas para operaciones en la selva, un simulador de ciberdefensa, un buque multipropósito, un remolcador, dos botes, sistema de mando y control, adquisición de un helicóptero liviano, una aeronave de transporte, equipo de rescate, tres camionetas.

Jarrín explicó que se integraron el presupuesto del 2018 y del 2019 para obtener mejores condiciones de cumplir con el plan de capacidades estratégicas y realizar la compra de estos equipamientos. Todos los procesos están realizados, en no menos de 45 días, de gobierno a gobierno, todos con licitación internacional.

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