Al revisar la página del SRI se pueden encontrar varios datos de funcionarios de Lasso que pagan un mínimo de impuestos e incluso no los declaran. A continuación, se muestran algunos nombres:  

Pablo Arosemena

El ministro de Finanzas paga USD 32 dólares de impuestos pese a su millonario patrimonio. En promedio, durante el gobierno de Lenín Moreno pagaba USD 7.000, en el período de Rafael Correa eran USD 20.000. Con el gobierno de Lasso, su pago por impuestos responde a un sueldo de USD 900 dólares, cuando la realidad es que solamente como ministro su sueldo es de más de USD 5.000 dólares al mes.

María Gabriela Aguilera

La ministra de vivienda estaría adeudando el impuesto predial desde 2018 según el medio digital La Posta. Sin embargo, en su declaración juramentada a la Secretaría de Gobierno señaló que no está en mora.  

José Ortega

El presidente del Consejo Directivo del IESS tiene un patrimonio de USD 28.8 millones. La polémica surgió porque una de las empresas con la que está vinculado tendría un conflicto con el SRI por un monto de USD 4 millones.

Andrés Castillo

Es candidato la Prefectura de Pichincha y en su discurso proclamaba su rechazo a la corrupción. Sin embargo, cuando buscamos su información en el SRI observamos que no paga ni declara impuestos.

Arturo Moscoso

El académico y director de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) es otro evasor y sus empresas tampoco han presentado declaraciones de impuestos.

Andrés Crespo Arosemena

Un actor de comerciales que ha sido crítico con la corrupción del país, pero al buscar su nombre para analizar os impuestos que paga se evidencia que no declara al SRI.

Néstor Landeta Vargas

Lo mismo pasa con el exdirigente deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del Club Deportivo El Nacional quien no presenta declaraciones del impuesto a la renta en varios años y en otros paga USD $0 de impuesto.

Landeta es otro de los personajes que defiende a Lasso en redes sociales y hace especial mención en luchar contra la corrupción de sus enemigos ideológicos, pero aquella corrupción parece que lo cobija a él mismo.

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González afirmó, desde las instalaciones de la Superintendencia en Guayaquil, que hará frente a las amenazas del Gobierno. A su vez, en el edificio de Quito, la Policía Nacional colocó avisos de que la atención será en línea. Solamente a través de una lista se dejó ingresar a funcionarios a las instalaciones.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un comunicado mencionó que “la función Ejecutiva no reconoce, ni puede reconocer al Ing. Raúl González como Superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas no lo aceptarán como tal”. Entre las referencias públicas constaron los ministerios de Finanzas y Economía, de Trabajo, Junta Monetaria, Financiera y Banco Central.

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, reiteró que “el Gobierno no va a permitir que se viole el estado de derecho”. Mientras que el ministro Jiménez agregó “instamos al Ing. González a no intentar, ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

Trámites en línea

A partir del resguardo policial en las afueras del organismo, solo personal autorizado y en lista ingresó a la matriz en Quito. Policías controlaron el paso al edificio. Ciudadanos que se acercaron a realizar trámites no pudieron ingresar. Entre estos trámites estuvieron: información del buró de crédito, pago de deudas y quejas por cierre de cuentas.

Los ciudadanos que requirieron los servicios de la empresa tuvieron que acatarse a los carteles que indicaban la atención en línea con el correo: atencionquito2@superbancos.gob.ec

Continua el proceso de designación

Según Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el proceso de designación del titular de la Superintendencia de Bancos continuará. Existe una disposición judicial que anuló el nombramiento de González. Ulloa también aseveró que mientras el proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá como subrogante en la Superintendencia. (J.P)

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“El avión presidencial, efectivamente, se transfirió a la Fuerza Aérea colombiana (…) Entiendo que se vendió y deberíamos recibir próximamente los recursos. Todos esos son recursos para la caja fiscal y para seguir avanzando”, aseguró Cueva.

El funcionario afirmó también que existen más de 15 interesados en la venta del Banco del Pacífico, cuyos recursos, dicen las autoridades, servirán para afrontar el problema de desnutrición infantil.

Los aviones presidenciales

El Ecuador contaba con dos aviones presidenciales: el Falcon 7X y el Legacy EMB-135BJ, este último valorado en USD 28 millones y adquirido en diciembre de 2008, en reemplazo de los Avro que sirvieron por muchos años a los anteriores presidentes del país.

Si bien, el presidente Lasso puso a la venta el avión presidencial Legacy EMB-135 BJ, el pasado 31 de agosto de 2021 mediante el Decreto Ejecutivo No. 180, aún no existe un pronunciamiento oficial del mandatario sobre la efectividad de la venta.

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Dentro de este tema, convocaron a los rectores a la audiencia pública para exponer su situación. La misma, según el comunicado de la Función Judicial se dará “el día viernes 04 de septiembre del 2020, a las 10:00”.

Entre los rectores de las universidades que enfrentarán al Gobierno en este proceso están: Universidad Central, ESPE, ESPOCH, UNACH, YACHAY, IKIAM, UNAE, Universidad de Guayaquil y más de 20 universidades más. Antes de la audiencia, las instituciones deberán entregar documentos que avalen su declaración. Tal es el caso de una “copia certificada o constancia debidamente certificada de la fecha que enviaron al Ministerio de Finanzas el Comprobante Único de Registro de pago por el mes de julio del 2020”.

Antecedente

En el mes de julio, la Federación de profesores universitarios y politécnicos del Ecuador (FEPUPE) exigieron la devolución de los recursos públicos por parte del Ministerio de Finanzas.

«En la segunda instancia de la acción de inconstitucionalidad no hay un dictamen, pero si una resolución. Debían devolver los recursos porque quitarlos es una medida inconstitucional. Reducir el presupuesto a lo público atenta contra la Constitución. Ese dinero le pertenece directamente a las universidades”, indicó Joselito Tañez, representante de la FEPUPE.

Un docente de la Politécnica Nacional indico que el Gobierno tiene apuro para pagar o renegociar la deuda externa y no, en cambio, para trabajar en la crisis del país. “Hasta finales de año existirán 850.000 desempleados y al final del período de Moreno serán un millón”, dijo.

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