El primer mandatario nombró a Michele Sensi Contugi como nuevo ministro de Gobierno y lo dejó encargado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Sensi Contugi es empresario y se encuentra en el círculo cercano de Noboa. Es accionista único y gerente general de las empresas Senco, fabricante de productos de caucho y plástico, y Sensistudio, de comercio al por mayor, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías.

Según el CNE, para las elecciones anticipadas de 2023, este funcionario aportó con USD 25.000 en artículos promocionales a la campaña de Daniel Noboa. (MIB)

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«Tengo una voz y la voy a hacer esuchar. Las candidaturas se verán el próximo año», dijo en entrevista con Ecuavisa, donde también se refirió a asuntos coyunturales. Específicamente al pronunciamiento de la Asamblea de responsabilizar políticamente a Lasso de peculado.

Sobre el pedido de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) dijo que era «una alternativa jurídica ante las pretensiones de los ‘omnubilados’ que querían, al principio, destituir y ahora censurar al expresidente (…) Después del zainete que hemos observado durante 48 horas se dieron cuenta de la imposibilidad de censurarlo. No sé por miedo a la ley o por seguir haciendo el ridículo».

«Un expresidente, según el artículo 129, no es sujeto de control político. Lo que ayer sucedió fue ‘un saludo a la bandera a dos manos’. Más que una sansión, se quería un seguimiento. Había antecedentes porque en la legislatura pasada durante el juicio se desviaron del tema que aprobó la Corte Constitucional», acotó.

Para Cucalón, retomar este juicio político sólo merecía un adjetivo «irrelevante». Ya que habían asambleístas que no conocían el expediente. «Hablaron de temas que no existen porque en el caso Flopec en el período del expresidente subieron las utilidades y hubo las denuncias. En el tema judicial, el caso ya está en la Fiscalía. No hay nada de qué sorprenderse».

Sobre los acuerdos

«El pueblo ecuatoriano no quiere la pelea por pelea, lo que no significa que puedas contrastar posiciones. Nadie quiere persecusiones, pero habrá momentos donde hayan distintas posiciones. Debe existir una unidad, no hay que caer en sectarismos, así asumo yo que eso quiso decir el presidente», declaró el exfuncionario.

«El problema no es con quién votas sino para qué votas» y añadió que es importante diferenciar entre legislación y fiscalización. «Un ejemplo es la ley de igualdad salarial. Eso es positivo. En el tema de fiscalización veo escaramuzas en el juicio político a la fiscal, es perder el tiempo. Me preocupa que no hay causales y van a distraer a la persona que tiene que luchar contra la corrupción, encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La quieren tener entretenida por una venganza».

En tanto que acerca del acuerdo trunco al inicio de la administración de Lasso, el exministro dijo que la decisión del expresidente de dejarlo sin efecto fue un «estilo» de gobernar.

«El precio de esa operación era la impunidad de uno de los integrantes (el correísmo (…) Son estilos en consecuencia a las acciones, el presidente Lasso fue crítico de quienes quisieron boicotear su gobierno, derrocarlo en su gestión. Yo respondo por mis acciones, siempre agradeceré (al PSC) el auspicio que me dieron para llegar a la legislatura. En la vida no todo es plano. Si hubiera sido solo un ciudadano y no ministro hubiera pensado lo mismo, que no habían razones para llevar al presidente a juicio». (MIB)

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«Desde que inició este proceso de juicio político, el Gobierno ha empezado a calentar los oídos de los asambleístas (aclaró que no dará los nombres), específicamente de dos», dijo en entrevista para Sonorama Noticias.

Una de las estrategias de convencimiento sería mediante la extorsión, Serrano señaló que a un asambleísta le amenazaron con quitarle el personal de seguridad. A otra parlamentaria le ofrecieron «las famosas partidas presupuestarias y ayuda para su provincia», resaltó.

Ya perdimos cuatro

«Recuerde usted que ya nos compraron cuatro, vinimos con 18 asambleístas», recalcó.

En sentido, destacó los nombres de los asambleístas Gruber Zambrano, quien renunció a la bancada en 2021 y actualmente es «independiente»; Washington Jachero, quien se cambió al lado oficialista. Respecto al exasambleísta César Rohon indicó que si bien no fue «comprado» ahora sucumbe ante los intereses del Gobierno.

El polémico comunicado

El Partido Social Cristiano (PSC) denunció y expresó el rechazo la presunta negociación de votos en la Asamblea Nacional para que no voten por la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el juicio político.

»No es una negociación. Es corrupción en dos direcciones», dijo el PSC en un comunicado firmado por el jefe de bancada Esteban Torres.

La denuncia oficial de estos supuestos actos ilícitos vendrían del medio digital La Posta. Además, el PSC señaló que una de la vías irregulares sería la compra de votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros con dinero del Estado.

Otra «ruin»alternativa sería extorsionar asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales. El PSC resaltó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo sabía todo. (A.G.M).

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La propuesta sobre reformas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional serán enviadas a la Asamblea para su revisión aseguró Saquicela.

El titular del legislativo confirmó la extensión de mesas de diálogo con respecto de temáticas relevantes para el país como el tema laboral y agrícola en asuntos bananeros.

El vocero del Gobierno

En su agenda, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y con los miembros de la Comisión de Enmiendas.

El ministro señaló que están creando escenarios para forzar una serie de responsabilidades que “al día de hoy no hay ninguna”. Para el funcionario, la muerte cruzada tampoco es una opción, pues constituye un cambio brusco que puede generar problemas, sobre todo, si está de por medio “el odio y la voracidad política».

También tenía previsto reunirse con el presidente de la FENOCIN, Gary Espinoza, pero el encuentro no se concretó en la fecha estimada. Su plan es hablar con los diferente gremios de la sociedad civil como los transportistas, educadores y cámaras empresariales.

Según el ministro, el mismo presidente lo contactó para asumir el cargo, pues «él sabe que soy una persona formada en institucionalidad». Su objetivo es sentarse con los actores de los diferentes sectores de la sociedad para «generar gobernabilidad».

Para Cucalón, el Gobierno no vive una «tormenta» solo tiene días buenos y malos como en cualquier mandato. Los servicios, las obras públicas y la seguridad ciudadana serían las claves para «levantar la imagen del Gobierno».

El ministro está en la obligación de acordar diálogos con los poderes de la Asamblea. La medida se tomó a partir del acuerdo nacional rechazado del 9 de febrero que hizo Lasso. Dicho acuerdo fue rechazado por las principales fuerzas políticas (ID, RC, PSC, PK y la Conaie). (O.S.V)

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“En lo que respecta a estadísticas no tengo precisiones, pero no ha habido incremento de hechos delincuenciales y no nos olvidemos que del 100 % de hechos delictivos que se producen hoy, el 80% está relacionado con el crimen organizado transnacional (…) en cuanto a hechos delincuenciales comunes no ha habido incremento, sino estabilidad y en algunas provincias, reducción”, afirmó.

La página del Ministerio de Gobierno ,entre enero y agosto del 2022, informó que hubo un aumento de homicidios intencionales en comparación al 2021. Asimismo, en septiembre y octubre se produjo asesinatos al estilo sicariato y múltiples asaltos en varias provincias del país que se registraron en videos de seguridad.

Por otra parte, Manabí es la provincia con más muertes violentas con el 51,28 % de variación. Además, demostró que las muertes por género, 13, 245 no son definidas, 7.646 corresponden al género masculino y 968 al femenino. (A.M.B)

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Saquicela responde afirmativamente a la carta del Gobierno, enviada el 25 de julio. Allí, el Ejecutivo ya aceptó la invitación formulada para proceder a la integración de una comisión mixta, tanto Parlamento como Ejecutivo. La Asamblea ahora reafirmó que se proceda con la primera reunión de acercamiento y coordinación.

El titular del Legislativo aludió que “el único camino para el progreso del país: es ese diálogo franco, honesto, transparente, responsable y sobre todo con resultados”. Para el cual, la Asamblea designó delegados de distintas bancadas legislativas para integrarse a la comisión e iniciar la conversación.

En cambio, el Ejecutivo no se ha pronunciado con la designación de una comisión gubernamental. Sin embargo, Jiménez en su cuenta de twitter dijo que “el diálogo es hablar para buscar soluciones en conjunto, así como necesitamos diálogo en pareja, entre amigos, en el trabajo para llegar a acuerdos, un país también necesita diálogo para lograr un encuentro entre visiones diferentes y llegar a consensos. Construir una sociedad participativa y democrática”.  

Saquicela aseveró en el oficio que “la única manera de iniciar este proceso, es el pragmatismo y no los discursos políticos, razón por la cual convoco a su autoridad y delegados del Gobierno Nacional, a la reunión de trabajo e inicio del diálogo”.

Sobre el diálogo

La reunión de trabajo y elaboración de la hoja de ruta correspondiente, entre Ejecutivo y Legislativo, está programada para el martes 23 de agosto, a partir de las 09:30 en el Palacio Legislativo, salón Tránsito Amaguaña.  

La reunión constará con la presencia de delegados del parlamento nacional y del Gobierno. Saquicela mencionó que el diálogo se lo debe hacer por un país mejor y que el Ecuador “está sobre cualquier otro interés”. Mientras que Jiménez afirmó “no vamos a parar el diálogo, la voluntad de ambos sectores debe continuar más allá de los intereses particulares”. (J.P)

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González afirmó, desde las instalaciones de la Superintendencia en Guayaquil, que hará frente a las amenazas del Gobierno. A su vez, en el edificio de Quito, la Policía Nacional colocó avisos de que la atención será en línea. Solamente a través de una lista se dejó ingresar a funcionarios a las instalaciones.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un comunicado mencionó que “la función Ejecutiva no reconoce, ni puede reconocer al Ing. Raúl González como Superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas no lo aceptarán como tal”. Entre las referencias públicas constaron los ministerios de Finanzas y Economía, de Trabajo, Junta Monetaria, Financiera y Banco Central.

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, reiteró que “el Gobierno no va a permitir que se viole el estado de derecho”. Mientras que el ministro Jiménez agregó “instamos al Ing. González a no intentar, ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

Trámites en línea

A partir del resguardo policial en las afueras del organismo, solo personal autorizado y en lista ingresó a la matriz en Quito. Policías controlaron el paso al edificio. Ciudadanos que se acercaron a realizar trámites no pudieron ingresar. Entre estos trámites estuvieron: información del buró de crédito, pago de deudas y quejas por cierre de cuentas.

Los ciudadanos que requirieron los servicios de la empresa tuvieron que acatarse a los carteles que indicaban la atención en línea con el correo: atencionquito2@superbancos.gob.ec

Continua el proceso de designación

Según Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el proceso de designación del titular de la Superintendencia de Bancos continuará. Existe una disposición judicial que anuló el nombramiento de González. Ulloa también aseveró que mientras el proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá como subrogante en la Superintendencia. (J.P)

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Este 29 de julio concluyó la tercera semana de diálogo para el tratamiento de las 10 mesas temáticas establecidas por los representantes de la CONAIE, FENOCIN y FEINE y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

En una rueda de Prensa , el ministro de Gobierno explicó sobre el desarrollo de las tres primeras mesas y cuáles han sido los acuerdos a los que se ha podido llegar entre las organizaciones.

Así también, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza indicó que existen coincidencias en algunos puntos con el Gobierno.

Sin embargo, Iza sostuvo que en la planificación de la política no se evidencia lo establecido.

Primera mesa temática: Focalización de subsidios para los combustibles

El ministro de Gobierno indicó que no se ha llegado a ningún consenso en relación a la focalización de subsidios y que se continua con su tratamiento.

«Esta semana se terminó el trabajo de esta mesa. No se ha podido llegar a un acuerdo todavía. Se entiende que se va a seguir trabajando en la mesa de focalización la próxima semana», dijo.

Con respecto a la primera mesa temática, las organizaciones sociales presentaron al Gobierno 8 pedidos, con los que se busca trabajar en la identificación de los beneficiarios y en los mecanismos de implementación de la focalización.

«Para ello, el Gobierno se compromete a presentar la documentación necesaria hasta el día 7 de agosto, para el diseño de la política de focalización», indicó Iza en el Pronunciamiento de la CONAIE.

El líder indígena sostuvo que los recursos derivados de la focalización deberán beneficiar a la población con indicadores más pobres y los sectores más vulnerables, así como a los sectores productivos de mayor impacto para la economía del país.

Por su parte, Francisco Jiménez dijo que de no lograrse un acuerdo con respecto a la primera mesa, el tema será tratado en la mesa de coordinación al final de todas las 10 mesas temáticas.

«A parte de existir las 10 mesas de trabajo, existe una mesa de coordinación donde llegan los resultados de todas la mesas que no se llegó a un acuerdo y que puedan ser tratas al final», señaló.

Segunda mesa: Financiación y condonación de deudas con la Banca

Entre los acuerdos establecidos en la condonación de deudas se incluye los intereses de mora y gastos legales y la eliminación de las medidas dictadas dentro de los procesos de coactiva una vez condonado el crédito.

Asimismo, el directorio de BanEcuador implementará el destino de USD 100 millones para el servicio de una línea de crédito productivo para pequeños y medianos productores.

Los créditos que se otorguen deberán ser por montos desde USD 5 000 hasta USD 20 000 al 5% anual y hasta 10 años plazo.

Iza indicó que pese a los acuerdos establecidos aun existen temas pendientes referidos al pedido sobre la Banca y aseguró que se necesita avanzar en un mecanismo de seguimiento.

«Hay temas pendientes. Los ecuatorianos salimos a las calles por el punto número dos pero hasta el momento nos han comunicado que las deudas bancarias no se están resolviendo. Puede ser que esté firmado pero en realidad no se están avanzando», señaló.

Tercera mesa: Control de especulación de precios y productos de primera necesidad

En relación a la mesa de control de precios se dio a conocer que se encuentra en su etapa inicial.

El presidente de la CONAI señaló que como primer paso para el desarrollo de la tercera mesa, se debe iniciar por la identificación de los productos de primera necesidad que necesiten que se garantizase el control en sus precios.

Iza aseguró que son 44 productos los que presentan una constante variación en sus costos.

Así también, el líder indígena recalcó tres puntos que deberán ser tratados en las próximas reuniones.

• Creación de una tabla de control de precios para los productos que han sido identificados.

• Control externo de precios, con el fin de establecer políticas y acciones orientadas al control de contrabando.

• Limitar la expansión de Tratados de Libre Comercio.

Respuesta del ministro de Gobierno sobre la subida de precios

Por su parte, el ministro de Gobierno recalcó que no todo es culpa del Gobierno.

Sino más bien, explicó que el tema de la inflación es una cuestión internacional que involucra la recomposición de la economía tras dos años de Pandemia, mediante la subida de precios a nivel mundial.

Además, Jiménez afirmó que el Ecuador estaría entre el tercer país con más baja escala inflacionaria de Latinoamérica.

«Factores internacionales y la guerra de Ucrania y Rusia provocó el cierre de algunos mercados internacionales afectando al Ecuador con el tema del camarón, banano y la uria, generando un impacto en las exportaciones», dijo.

Jiménez manifestó que no siempre van a estar de acuerdo ambas partes y que son las mesas de diálogo, donde se puede intercambiar ideas.

Mientras tanto, Iza hizo una invitación a la ciudadanía para estar pendientes.

«Les invitamos a todas las compañeras y compañeros ha estar pendientes que estos 90 días signifiquen participación, debate, decisiones, para que pongamos nuestra voluntad en resolver los problemas más sentidos en este país», indicó.

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Este 13 de julio de 2022 se instaló las dos primeras mesas temáticas con presencia de miembros del Gobierno y representante de las organizaciones para tratar la focalización de subsidios a los combustibles y la moratoria de deudas.

La reunión inició con la intervención de los representantes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN, quienes pidieron respeto al proceso de diálogo en desarrollo y la rectificación o comprobación de las acusaciones realizadas por el presidente Guillermo Lasso en contra de las protestas sociales.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) indicó que las declaraciones del presidente de la República pone en riesgo al avance en el diálogo.

«Luego de instalado el diálogo seguimos escuchando las declaraciones del presidente de la República y pone en riesgo lo que hemos empezado. No podemos aceptar que se nos siga acusando que hemos pagado USD 8 a cada manifestante y que son recursos del narcotráfico», dijo.

Iza ratificó la predisposición de las organizaciones para dar continuidad a las mesas temáticas. Sin embargo, aseguró que tomarán otra posición de seguir existiendo descalificaciones o acusaciones por parte del Gobierno.

Así también, el presidente de la CONAIE pidió a la Conferencia Episcopal ecuatoriana contar con la presencia del Relator Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros veedores en la mesa de negociaciones.

A su vez, Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) recalcó la solidaridad del pueblo ecuatoriano con el paro nacional indefinido.

«Nosotros siempre hemos estado con la voluntad del diálogo. Dialoguemos con la verdad, transparencia y con la decisión de sacar algún insumo de esta lucha», expresó Eustaquio Toala, representante del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE).

Intervención del Gobierno

Por su parte el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez reconoció la molestia de las organizaciones frente a los acontecimientos. Aunque reiteró su disponibilidad para cumplir con el «Acuerdo de Paz», anteriormente firmado.

«Estamos aquí dando la cara, poniendo nuestro contingente con altísimos funcionarios del Gobierno dispuestos a abordar con seriedad las soluciones que el país necesita2, expresó Jiménez.

Metodología de trabajo

En la reunión se establecieron dos mesas temáticas, cada una encabezada por un ministro, el equipo técnico de ambas partes y representantes de las organizaciones.

La primera mesa relacionada con la focalización de combustibles estuvo liderada por el ministro de Trasporte, Darío Herrera. Mientras que la segunda con referente a la renegociación de deudas con la banca está a cargo del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena.

A través de una rueda de prensa, Leonidas Iza indicó que se estableció trabajar por separado la mesa de la focalización de los combustibles.

Entre tanto, en el tema del sistema financiero se pidió a la Junta de Regulación de Finanzas una evaluación de los sectores de la sociedad que se encuentren impagos.

El líder indígena sostuvo que existe un plazo de 3 a 5 días para establecer acuerdos sobre los dos temas en cuestión.

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El pasado 7 de julio, representantes de las organizaciones sociales y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez establecieron la metodología con la que trabajarán en los 90 días para el tratamiento de los 10 puntos planteados.

Frente a esto, la primera mesa temática inicia este 13 de julio tratando 2 de los 10 pedidos.

El primer tema está referido a la focalización de subsidios a los combustibles con la presencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dario Herrera.

Mientras que el segundo está enfocado en la moratoria y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero y contará con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena.

Sin embargo, frente a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre la supuesta financiación de las movilizaciones por parte del narcotráfico, la situación se agrava.

¿Quién tiene las de perder?

Para el economista, Pablo Dávalos, el Gobierno no tiene la voluntad de cumplir con los acuerdos, considerando lo indicado por el ministro de Economía de «ajustar la economía» para alcanzar el superávit de alrededor de USD 1 000 millones para este año.

«El gobierno no tiene ni capital político ni margen de maniobra. Es el gobierno quien tiene que ceder o aceptar los condicionantes. Pienso que el gobierno no tiene la más mínima voluntad política de cumplir con ningún acuerdo», dijo Dávalos a Radio la Calle.

Así también, el economista, Juan Pablo Jaramillo explicó que existe un error por parte del Gobierno al querer priorizar el tema de alcanzar el superávit como lo indicó el ministro de Economía y Finanzas.

«No hemos salido todavía del impacto de la Pandemia. La meta es recuperar la economía», sostuvo.

Frente a la condonación de deudas con la banca pública y privada, Jaramillo explicó que se tendría que hablar una refinanciación con tasas de interés más bajas y a largo plazo, donde el Gobierno tenga que intervenir para buscar soluciones.

«El Estado debe fijar parámetros y generar un marco conceptual», aseguró.

Sin embargo, Jaramillo sostuvo que no existe la voluntad de hacerlo, considerando que Lasso es parte de la banca e implica intereses personales.

¿Quién debería ceder?

Por su parte, el analista político, Xavier Flores sostuvo que en este diálogo las partes involucradas deberían ceder, con el fin de llegar a un consenso en beneficio de la ciudadanía.

«Creo que, para el éxito de un acuerdo, ambos deberían ceder. El Ecuador es una perpetua lucha sin acuerdos. Lo que menos me va a extrañar es que fracasen estas conversaciones», dijo.

Además, Flores aseguró que la posibilidad de un regreso a las calles sigue latente de no llegar a acuerdos en el plazo de los 90 días establecidos.

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“Yo creo que es evidente que el Gobierno le apuesta al diálogo. Queremos un país para los montubios, mestizos, blancos, cholos. Todo el mundo tiene derecho a vivir con seguridad y construir una familia. Sabemos que atravesamos días duros, pero también estamos cambiando la historia de los 17 millones de ecuatorianos. Vamos a prevalecer. Esta no es la lucha de un gobierno, sino de un pueblo. De la gente sencilla que tiene un objetivo de lucha: quiere vivir mejor. No hay razón para el vandalismo, para estar en la calle. Hay razón para trabajar”, dijo el ministro de Gobierno

Por otro lado, Orlando Tipán, presidente de UNORIC dijo que es la primera vez que un gobierno lo invita a charla en el Palacio de Carondelet. Insistió en el diálogo como forma de resolución de problemas.

“Nosotros como organización social nunca hemos pensado en sentarnos así con el primer mandatario. Antes no tomaban en cuenta a las organizaciones como la nuestra que es fuerte. Invitamos a los pueblos y nacionalidades del ecuador entero y a los líderes sentarse a dialogar. Sin diálogo no hay camino. Cuente con total respaldo desde las organizaciones que creemos en el cambio constructivo, la prosperidad para el país entero”.

“No somos solo de Cotopaxi, somos de Chimborazo, Pichincha, Carchi, Imbabura. Juntos a construir. Gracias autoridades. Queda abierta la puerta, nunca ha habido un mandatario que converse con nosotros”, agregó. MIB

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En una entrevista, Francisco Jiménez afirmó que el Gobierno ha estado predispuesto a dialogar y escuchar propuestas. Además, aseguró que algunos de los 10 puntos planteados por el movimiento indígena ya se están cumpliendo.

Así también, Jiménez dijo que las desciones del Gobierno son tomadas en funsión a los intereses de las grandes mayorías y no de grupos determinados o intereses particulares.

Con respecto a los hechos de octubre de 2019, el ministro de Gobierno aseguró que esos hechos no se volverán a repetir.

«Eso no va a volver a pasar, eso no lo vamos a permitir, este Gobierno va a actuar con claridad, confirmeza, con diálogo, pero no vamos a permitir que los hechos de octubre de 2019 se vuelvan a producir», dijo Jiménez.

Accionar policial

El ministro de Gobierno aseguró que la Policía buscará una aproximación con la gente. Sin embargo, ratificó que de no lograrlo tienen la orden de actuar.

«La policia tiene un protocolo que supone hacer primero una aproximación con la gente, hablar con ellos, intentar dialogar, pero una vez que esto se revele como infructuoso, ellos tiene la orden de actuar», explicó.

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«La seguridad debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado y sus distintos niveles, los municipios, la sociedad e inclusive el sector privada y en consecuencia trabajar en colaboración. Esta es una lucha de todos», dijo el titular de Gobierno. A la par que citó la Código Orgánica de Organización Territorial (COOTAD) para crear consejos de seguridad ciudadana municipal.

Jiménez señaló la «vital relevancia» que tienen los municipios para combatir la inseguridad y ola de crímenes que afectan al país. Mencionó que en materia de prevención, el Gobierno central, los GADs y la sociedad deben actuar como «un solo puño».

También refirió que el gobierno de Lasso no es el responsable de la situación actual, sino que es un problema de años atrás. «Estas no son condiciones que provocamos, sino que heredamos. Y ahora debemos enfrentar y lo estamos haciendo», acotó.

El plan según Jiménez

El ministro manifestó que el COOTAD le otorga a los GADs la potestad de crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana municipal junto a la Policía Nacional, la comunidad y organismos relacionados. Sostuvo que la seguridad ciudadana es un tema de corresponsabilidad y cooperación entre los distintos niveles del Estado y la sociedad.

«Que no se malentienda, no se trata de un desplazamiento de responsabilidad, pues todos aquí tenemos bien claro que en materia de mantenimiento del orden público (delitos), el Estado y la Policía son los que tienen la responsabilidad».

Precisó que los GADs y la sociedad deben aportar a la seguridad ciudadana «en materia de prevención y coordinación (…) y mucho pueden hacer (…) en eso, el rol de ustedes (alcaldes) es fundamental».

Acciones emprendidas según Jiménez

La autoridad también expuso que han efectuado una serie de operativos en todo el país. Entre enero y mayo de 2022 realizaron 463 mil operativos en Ecuador, así como intensificar la cooperación con «líderes de seguridad» como EE.UU., Israel y Colombia.

Añadió que han reforzado los protocolos de intervención en los centros penitenciarios y que están atentos a las decisiones de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza.

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De acuerdo con Jiménez, en democracia, el Ejecutivo “está en la obligación de dialogar con todos los sectores, incluidos los de oposición, cuando el bienestar del pueblo y el futuro del Ecuador están de por medio. […] “La visión del Gobierno del Encuentro siempre ha sido la de aportar y tender puentes de diálogo entre las diferentes funciones del Estado”, expresó.

Jiménez adelantó que se busca consensos sobre temas que tienen que ver con lo político, económico y social; sin descartar que se analicen temas que no estén en la agenda y que sean de interés de los representantes de las diferentes tiendas políticas.

Pachakutik no va

El coordinador del Bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, dijo que no asistirá a la reunión. “Recibí un correo electrónico con la invitación para esta sesión, primero a las 5 de la tarde y ahora a las 10 de la mañana. Como siempre Pachakutik toma las decisiones de forma colectiva, la bancada y dirigentes nacionales nos reunimos y ha dicho que no asista a esta reunión”, dijo.

De acuerdo con Lucero, necesitan primero aclarar algunas cosas. “Necesitamos que se diseñe una hoja de ruta y vamos a hacerlo desde Pachakutik. Una propuesta para presentar en una sesión, por eso no asistiremos”. MIB

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Soy de naturaleza policía, pero de formación demócrata y creo que hay muchos hechos políticos que en tiempo coinciden con algunos aspectos relacionados a los amotinamientos en las cárceles. Nosotros tendremos que hacer es un trabajo fuerte de inteligencia, nos hemos articulado con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) investigar cuáles son los poderosos y esta venganza de los poderosos ante los hechos políticos que están sucediendo”, dijo el funcionario.

Carrillo recordó dos hechos que, según su juicio, estarían relacionados. “Después de la detención del excontralor del Estado durante el período anterior se dio un amotinamiento. Se detuvo a gente relacionada al caso ISSPOL se dio otro amotinamiento. En estos últimos hay la versión del exministro Pólit y se da otro amotinamiento. Al menos pueden ser distractores con una locura desmesurada. No se puede entregar evidencia, pero en tiempo hay una coincidencia”. MIB

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“Estoy convencido que, con una visión de país, con serenidad y la firmeza que usted nos ha sabido transmitir señor presidente, podemos seguir forjando ese anhelo de un país incluyente, diverso y próspero. La política permite y organiza la relación entre seres humanos diferentes. Nuestro país viene de una historia convulsa y actualmente enfrentamos distintas visiones sobre el rumbo que debemos seguir”, dijo el nuevo ministro.

Añadió que el dialogo será importante en su gestión. “Hablaremos con todas las bancadas. Buscaremos tender puentes con las organizaciones políticas nacionales o regionales”. Jiménez también recordó a la militancia de CREO, incluyendo a sus miembros fallecidos como el exministro de Gobierno, César Monge. “Por ellos y para ellos también es esta lucha”.

Lasso por su parte indicó que su nuevo ministro de Gobierno actuará como operador político del Ejecutivo. “El doctor Francisco Jiménez se encargará, desde el Ministerio de Gobierno, de encontrar las vías más idóneas para concretar varios objetivos políticos, no de este Gobierno sino del interés nacional. Es ante todo un demócrata y leal a sus principios. Lo conocí por César Monge allá en 2014 cuando se empezó a socializar la enmienda para la relección presidencial indefinida a la que ambos nos apusimos fervientemente”, expresó el mandatario.

Un jurista en el Ministerio

Francisco Jiménez es abogado. Se especializó en derecho internacional privado en la Universidad de París. Fungía como asambleísta por la provincia de Guayas para el período 2021-2025. Fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil en 2019. También forma parte de la directiva nacional del Movimiento CREO.

Fue funcionario en el período presidencial de Rafael Correa. Trabajó como subsecretario del Ministerio de Gobierno y Gobernador del Guayas. MIB

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«CREO felicita a Francisco Jiménez, primer vocal de la directiva nacional de nuestro movimiento y presidente de CREO Guayaquil por su designación como ministro de Gobierno», dice el texto.

Extraoficialmente se conoce que se retomará la división de ministerios del Interior y de la Política. Así, Jiménez pasaría al Ministerio de la Política y, posiblemente, el excomandante de Policía, Patricio Carrillo, asumirá como principal del Ministerio del Interior.

Estos cambios ocurren luego de la renuncia de Alexandra Vela. La exministra argumentó que no coincide con la línea política de Lasso para enfrentar la crisis con el legislativo. Durante su gestión, Vela no logró ejecutar un plan adecuado para controlar la crisis del sistema penitenciario ni de inseguridad en el país.

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¿Quién es Jiménez?

Jiménez fue secretario del Tribunal Electoral del Guayas en 2002. En 2008, fue subsecretario del Ministerio de Gobierno. Entre 2008 y 2009 fue gobernador de la provincia del Guayas. En el 2013 fue candidato a la Asamblea por el extinto movimiento Ruptura de los 25.

En 2019 fue presidente de la directiva de CREO Guayaquil y candidato a la alcaldía de la ciudad por el movimiento. Desde mayo del 2021, es asambleísta por la provincia del Guayas y preside la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales.

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“En múltiples reuniones con tozudez he sostenido que, para el bien de su gobierno, las reformas que necesita la economía y la permanencia de la democracia es mejor la “muerte cruzada”, dice parte de su misiva de renuncia. La ahora exfuncionaria se ha pronunciado por medio de su cuenta de Twitter.

“Al no coincidir con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea Nacional, presenté mi renuncia. Preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada”, expresó.

La renuncia de Vela

En su carta, Vela recuerda el momento en que Lasso la llamó para formar parte de su gabinete. Esto tras la muerte de César Monge, titular de la cartera de Gobierno. Dijo que dejó su cargo como decana, la consultora que había fundado y el cuidado de su hermano. “La mañana del 14 de julio de 2021 abandoné la casa de mi hermano y viaje a Quito para asumir el Ministerio de Gobierno. Enfrenté ese enorme desafío con el objetivo de aportar con mi conocimiento y experiencia a la recuperación de la democracia”.

Añadió que en pocas semanas advirtió que la Asamblea sería un problema para la gobernabilidad. “Hemos constatado que muchas de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional, lejos de defender convicciones ideológicas y buscar el bien común, convirtieron la política en la expresión de intereses corporativos y personales”. MIB

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Quito 28 de abr (La Calle).- De acuerdo a las declaraciones del Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, el amotinamiento en la Penitenciaría del Litoral dejó cuatro fallecidos, dos heridos y 37 personas detenidas. El funcionario manifestó que en este momento la situación está «completamente controlada».

Después de conocida la muerte de Harrison Salcedo se produjo una balacera en el centro penitenciario a las 10:00 de este miércoles. «Estamos investigando la posibilidad de un causal entre la muerte del abogado Harrison Salcedo y el amotinamiento en el centro penitenciario», dijo Martínez durante una entrevista para Ecuavisa.

El ministro también ratificó que mantienen los controles en los centros penitenciarios a nivel nacional para evitar lo ocurrido en Febrero.

Amotinamientos en cárceles

79 personas fallecieron el miércoles 24 de febrero de 2021, producto de los amotinamientos simultáneos en Guayas, Azuay y Cotopaxi. En cuatro centros carcelarios del país se registró una carnicería; 34 fallecimientos se contabilizaron en la cárcel Turi, en Cuenca; 31 en la regional Guayas, ocho en Cotopaxi y seis en la Penitenciaría de Guayaquil.

Esmeraldas

En diciembre de 2020 se registraron seis fallecidos y más de una decena de heridos a causa de un tiroteo durante un motín en el Centro de Rehabilitación de Esmeraldas. Al día siguiente, los privados de libertad (ppl) intentaron fugarse del centro penitenciario a través de las vallas de alambre de la puerta principal.

Sucumbíos

El 19 de agosto del año pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) pidió el traslado de un grupo de internos desde Sucumbíos debido a que los consideró de difícil adaptabilidad. Un grupo de internos intentó perpetrar un amotinamiento en el centro penitenciario de Lago Agrio.

Para esto, el 11 de agosto, el Presidente declaró Estado de excepción en todo el sistema penitenciario a nivel nacional.

Ambato, Tulcán y Latacunga

Durante el mismo año, las cárceles de Ambato, Tulcán y Latacunga fueron escenario de incidentes donde los privados de la libertad exigían atención médica.

El 19 de abril,un grupo de privados de la libertad protagonizaron un motín en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato.

Cuenca

El martes 8 de junio, los internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi en Cuenca realizaron un amotinamiento para exigir implementos de bioseguridad y atención médica frente a la emergencia sanitaria.

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«Agradezco a Patricio Pazmiño por la gestión realizada en las funciones que se le encomendaron. En las próximas horas firmaré el decreto designando a Gabriel Martínez como Ministro de Gobierno», escribió el mandatario.

«Los retos democráticos son ineludibles, cuando Ecuador necesita que estemos a su servicio. Agradezco al presidente Moreno por su confianza. Ofrezco mi compromiso de trabajo en seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática», contestó Martínez.

El nuevo ministro

Martínez se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas desde el 21 de agosto de 2019. Aún no se sabe quién será su sucesor.

El funcionario es guayaquileño y tiene título de economista por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Antes de ingresar al sector público fungió como Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

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