González afirmó, desde las instalaciones de la Superintendencia en Guayaquil, que hará frente a las amenazas del Gobierno. A su vez, en el edificio de Quito, la Policía Nacional colocó avisos de que la atención será en línea. Solamente a través de una lista se dejó ingresar a funcionarios a las instalaciones.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un comunicado mencionó que “la función Ejecutiva no reconoce, ni puede reconocer al Ing. Raúl González como Superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas no lo aceptarán como tal”. Entre las referencias públicas constaron los ministerios de Finanzas y Economía, de Trabajo, Junta Monetaria, Financiera y Banco Central.

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, reiteró que “el Gobierno no va a permitir que se viole el estado de derecho”. Mientras que el ministro Jiménez agregó “instamos al Ing. González a no intentar, ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

Trámites en línea

A partir del resguardo policial en las afueras del organismo, solo personal autorizado y en lista ingresó a la matriz en Quito. Policías controlaron el paso al edificio. Ciudadanos que se acercaron a realizar trámites no pudieron ingresar. Entre estos trámites estuvieron: información del buró de crédito, pago de deudas y quejas por cierre de cuentas.

Los ciudadanos que requirieron los servicios de la empresa tuvieron que acatarse a los carteles que indicaban la atención en línea con el correo: atencionquito2@superbancos.gob.ec

Continua el proceso de designación

Según Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el proceso de designación del titular de la Superintendencia de Bancos continuará. Existe una disposición judicial que anuló el nombramiento de González. Ulloa también aseveró que mientras el proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá como subrogante en la Superintendencia. (J.P)

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Ángel Sánchez, presidente del FUT dijo Patricio Donoso no vela por los derechos de los trabajadores y que esto va en contra del Código de Trabajo y de la Constitución.

«No se da paso a pliegos de peticiones, a demandas hechas por los trabajadores y eso preocupa. El FUT está diciendo alto a la inoperancia de las autoridades de turno. Queremos que se cambie de ministro», manifestó el líder.

El plantón fue convocado en los exteriores del Ministerio de Agricultura, desde donde se dirigieron hasta el Ministerio del Trabajo, en el norte de Quito. Los dirigentes piden la salida inmediata del ministro Donoso, entre otras razones, por su «ausencia».

Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, sostuvo que retoman esta medida como inicio de las jornadas de movilización nacional propuestas para marzo.

«El Ministerio de Trabajo brilla por su ausencia», dijo Villavicencio. Subrayó que esta ausencia se evidencia claramente en que los extrabajadores de empresas públicas y privadas no han podido cobrar los recursos que por ley les corresponden.

Asimismo, denunciaron que el Ministerio intenta impedir el derecho a la contratación colectiva y organización de los trabajadores.

Respuesta del Ministerio

Jorge Benavides, viceministro del Servicio Público, expresó que el Ministerio trabaja «normalmente, comprometido con el respeto de los derechos y dentro del marco de competencias».

Benavides aseguró que «se busca beneficiar los derechos de los trabajadores en un contexto complicado, esperemos que todos podamos salir de la mejor manera posible». A pesar de que el funcionario recalcó que las autoridades son sujeto del escrutinio público, el ministro Donoso no ha emitido respuesta alguna hasta ahora.

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Así lo manifestó el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. La falta de acuerdos entre el Ministerio de Trabajo, el sector empresarial y los representantes de trabajadores llevó a ese escenario.

El aumento

«Llegó diciembre y el presidente debía cumplir con el aumento del salario básico y lo cumplió», indicó el ministro a los medios de comunicación.

De acuerdo con la autoridad, la medida beneficia a un número limitado de trabajadores. Entre 450.000 y 500.000 personas reciben el SBU de USD 400.

Expresó que no existe temor de que los trabajadores pierdan su empleo. «Nadie pierde el empleo por el aumento salarial y nadie prepara al trabajador para deshacerse de él».

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¿Medida política o técnica?

De acuerdo con Donoso, la decisión es técnica. «La parte técnica termina en centavos. Hay que reordenar y hacer uso de normativas como las de la OIT».

No obstante, el secretario general de Comunicación, Eduardo Bonilla, acotó que la decisión es de otra índole. «Es una decisión política que se inscribe en las promesas de campaña […] No se busca contentar a un grupo que amenace con una manifestación», dijo en referencia al anuncio del FUT de movilizaciones para enero, debido a la política laboral del Gobierno.

La reforma laboral

Por otro lado, el ministro Donoso indicó que la reforma laboral, que plantea entregar el Gobierno en 2022, se socializará con los ciudadanos, la academia y demás actores implicados. «Hubo un par de errores que se deslizaron, pero éstos se corrigieron».

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El pedido, tras el juicio político que se llevó a cabo contra Isch, obtuvo 45 votos afirmativos, 15 negativos y 56 abstenciones.

El debate

Después de que la asambleísta Marcela Holguín, una de las interpelantes del juicio, expusiera las razones del incumplimiento de funciones del Ministro Isch, los legisladores dieron su opinión.

Para Gabriela Larreátegui, el ministro no incumplió la ley y las motivaciones serían de carácter personal. «Este juicio político definitivamente inicia por la animadversión contra el ministro Isch, seguramente porque en el gobierno anterior estaban acostumbradas a que se haga lo que las interpelantes querían».

Por otro lado, la legisladora Mónica Alemán indicó que existen varias personas en el desempleo. «Hace un años en cuidades como Guayaquil clamaban por atención en los Centros de Salud. En medio del caos las familias se quedaron sin sustento. Este es el juicio político de los trabajadores».

Réplica y contraréplica

Isch explicó al Pleno que «la Ley de Apoyo Humanitario creó dos herramientas para que no se pierdan más plazas de trabajo y se generen nuevos contratos de trabajo, lo que desaceleró la pérdida de plazas de trabajo y se incorporó nuevo personal».

No obstante, la asambleísta Holguín indicó que los empleadores utilizaron el Código de Trabajo para despedir a varios empleados de forma intempestiva y que el Ministerio no realizó un control adecuado.

Isch estuvo acusado de incumplimiento de funciones respecto a la interpretación del Art. 169.6 del Código del Trabajo, no entregar información al Observatorio de la  Ley de Discapacidad y la progresividad en la fijación del salario básico unificado.

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De acuerdo con el cronograma las asambleístas proponentes del juicio político, Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga rendirán su versión el próximo 24 de febrero a las 08:30 de la mañana.

La Comisión también recibirá a los testigos de las proponentes. La directiva del Comité de Empresa de los Trabajadores  EXPLOCEN, Edwin Bedoya, el vicepresidente de la CEDOCUT, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín son algunos de los llamados a testificar.

La elaboración del informe por los miembros de la Comisión tendrá plazo hasta el 24 de marzo y una extensión de cinco días. Por lo que los resultados del juicio político saldrá el 29 de marzo.

Antecedentes

“Las causales del juicio político convergen en un punto en específico. Simple y llanamente el ministro no ha cumplido su trabajo. Isch no garantizó el derecho de los trabajadores y tampoco atendió las necesidades de los empresarios responsables. Ahora en Ecuador tenemos un millón de desempleados”, dijo la asambleísta Holguín cuando presentó el pedido de juicio político en diciembre pasado.

Entre las causales del juicio político a Isch están: privar de las garantías legales a los trabajadores en su derecho a la huelga. Este es el caso de los trabajadores de Explocen que mantienen una huelga de 161 días, también se habría atribuido funciones que no le correspondían al aprobar directrices para la reducción de la jornada laboral. Además de violar los artículos 172 y 173 de la Ley de Apoyo Humanitario al no proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad.

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“Las causales del juicio político convergen en un punto en específico. Simple y llanamente el ministro no ha cumplido su trabajo. Isch no garantizó el derecho de los trabajadores y tampoco atendió las necesidades de los empresarios responsables. Ahora en Ecuador tenemos un millón de desempleados”, indicó Marcela Holguín.

Una vez que el juicio político llegue al Consejo de Administración Legislativa (CAL), sus miembros tendrán 10 días para dar paso al trámite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. “Por lo tanto ya no hay excusas para no resolver el pedido como sucedió como la exministra de gobierno, María Paula Romo y los juicios que continúan contra el exministro de Economía, Richard Martínez”, expresó.

Causales del juicio a Isch

Entre las causales del juicio político a Isch están: privar de las garantías legales a los trabajadores en su derecho a la huelga. Este es el caso de los trabajadores de Explocen que mantienen una huelga de 161 días.  

También se habría atribuido funciones que no le correspondían al aprobar directrices para la reducción de la jornada laboral. Además, de violar los artículos 172 y 173 de la Ley de Apoyo Humanitario al no proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad. “Este es el caso de Cristian Almeida, quien después de dos años de trabajo recibió una liquidación de USD 5 cuando le correspondían USD 1.200. El ministro le dijo en respuesta a su denuncia que debía seguir el proceso vía judicial”, explicó Holguín.

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Según los datos que el ministro presentó, desde el 22 de junio, día que pasó al Registro Oficial la ley , 155.990 empleos se crearon y 71.919 se salvaron.

Además, Isch mencionó que el 6,11% de los despidos en esta época correspondieron a la aplicación de la causal de caso fortuito. En su mayoría se dieron en los primeros meses después del establecimiento de la Ley de Apoyo Humanitario.

Para finalizar su comparecencia, también indicó que las denuncias han bajado y que 24.420 de 27.375 se atendieron en el Ministerio del Trabajo.

Desempleos

Doris Soliz, asambleísta por Azuay, después de la intervención de Isch señaló que el empleo en el sector público está atravesando una situación difícil. Se despidieron h a profesionales de distintas áreas bajo la idea del Estado mínimo. Entre las áreas afectadas se encuentran, la educación y la salud, que han estado en constante movilización por las decisiones del Ejecutivo.

Según la asambleísta, entre las denuncias que reciben a diario, despidieron a alrededor de 400 personas en SENAGUA. El sector de la seguridad que mantiene un contrato con el Estado no ha recibido salarios. Hay varios casos en los que los trabajadores no reciben su liquidación y el conflicto de Explocen aún no se resuelve.

Ante el tema puesto sobre la mesa, por la asambleísta Soliz, el asambleísta, Fernando Callejas de CREO, aseguró que hay que seguir despidiendo a personas. Esto porque hay un Estado “obeso” que no cumple bien su función y está lleno de corrupción.

«Estado obeso»

Andrés Isch, ante las diferentes posturas de los asambleístas sobre las desvinculaciones del sector público mencionó que los recursos del Estado deben utilizarse para los más necesitados y que su gasto sea eficiente.

El problema de liquidez y el incumplimiento de las obligaciones del Estado dice Andrés Isch, que se debe al tamaño del Estado y según sus declaraciones el Gobierno seguirá reduciendo plazas de trabajo en el sector público.

Se conoce que mañana, profesores de la Universidad Central del Ecuador se movilizarán a las 15 horas por el despido de 640 personas, sin embargo, según Isch en el sistema de la educación las desvinculaciones son pocas.

Además, mencionó que el Ministerio de Trabajo cumple un rol administrativo que tiene sus límites y que quienes tienen que determinar si se aplicó bien la norma interpretativa de la ley de Apoyo Humanitario es la función judicial.

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El anuncio lo dio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en rueda de prensa virtual este sábado 8 de agosto de 2020. En la reunión también participó el ministro de Trabajo Andrés Isch.

Entre las cifras que más llaman la atención es el aumento de personas en el subempleo. Según la encuesta cerrada en junio, las personas en esta categoría suman casi un millón (953.688) de subempleados.

En el tercer año de gobierno de Lenín Moreno (2019-2020), el desempleo creció a casi el 300%. De acuerdo a las cifras, en 2019 habían 366.163 personas desempleadas. En 2020, en cambio, son 1’009.583 personas que no cuentan con empleo.

¿Y las promesas de campaña?

Para 2017, el entonces candidato a la Presidencia por Alianza PAIS, Lenín Moreno, prometía aumentar el empleo en 250.000 nuevos trabajadores al año. Ahora, a inicios del cuarto año de gobierno de Moreno, el país tiene la desazón de conocer que aquella promesa de campaña se tradujo a una realidad inversa.

Este último año de mandato, el país debería esperar llegar al millón de empleos; pero, lo que en realidad pasó, es que ahora las decisiones políticas de Moreno hará que los ecuatorianos tengamos un millón de desempleados.

Nunca sobran las excusas

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, no tardó en presentar las excusas sobre la disminución del empleo. En primer lugar, alegó que en toda la región existen también personas que perdieron su empleo. En segundo lugar, culpó a la emergencia sanitaria por Covid-19. «Cuando termine la crisis, habrá un movimiento del subempleo al empleo adecuado», prometió el ministro.

El corte de las cifras de empleo, desempleo y subempleo que presentó el INEC cerraron hasta junio de 2020. Aún resta por considerar a aquellas personas que perdieron sus empleos en los meses de julio y agosto.

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