El abogado Washington Andrade, quien representará el caso, señaló que la fiscal Diana Salazar abrió el caso y dispuso la respectiva notificación para el candidato. Por otro lado, la defensa solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifique la credenciales como asambleísta de Villavicencio.

Otra de las denunciantes del caso es la exlegisladora Mireya Pazmiño quien interpuso esta denuncia el 9 de mayo ante las autoridades. Sin embargo, no se abrió ninguna investigación y no se designó un fiscal para el caso »a diferencia de otros casos en donde se actúa con mayor celeridad», dicta el oficio que fue entregado a Fiscalía el 16 de junio.

Trabas

Andrade indicó que debido a que Villavicencio ya inscribió su binomio presidencial le manifestaron que no pueden investigarlo. Para el jurista esta justificación sería una mala interpretación de la norma. »Recuerdo a la Fiscalía que los principios de prioridad absoluta del menor deben regir en sus actuaciones», dijo en un tuit.

Ahora con la apertura del caso, la Policía Judicial deberá notificar a Villavicencio. Entre las evidencias de este presunto delito se encuentran los vídeos en donde el acusado expone al menor en la Asamblea Nacional y en medios de comunicación como Teleamazonas y Ecuavisa. (A.G.M).

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Frente al juicio político que iniciará el martes 16 de mayo, el legislador pidió unión dentro del movimiento Pachakutik (PK). «Llamo a mis compañeros a que recapaciten y se unan esta lucha. Tenemos que ir contundentemente a la destitución y censura del señor Guillermo Lasso», dijo para Radio La Calle.

«Para mí, el señor Lasso sí ha cometido peculado. Hasta la Corte Constitucional dijo que sí hay peculado. Las pruebas son públicas, nosotros hacemos control político, no somos abogados ni jueces», explicó Maita.

El asambleísta se refirió a Ricardo Vanegas como un «abogado de Lasso«. «Él defiende como que si fuera abogado de Lasso, no defiende la institucionalidad, no defiende la Asamblea, no defiende a los electores», manifestó.

Ángel Maita se mantiene firme en su decisión contra del presidente Lasso. Además, aseguró que votará para que se censure y se destituya «este gobierno de las élites». Asimismo, considera que sí llegarán a tener los 92 votos para destituir a Lasso.

La alianza

El 14 de mayo en el pleno del Legislativo, el asambleísta de PK, Ángel Maita fue elegido como el segundo vocal del CAL. El legislador obtuvo 96 votos positivos, 22 negativos y 7 abstenciones.

El logró del legislador se dio por la unión de los movimientos: UNES, PSC, PK e ID. «Al final del día los que han conformado el CAL y los que conformarán las comisiones dependen de las fuerzas políticas que se tiene internamente en la Asamblea», declaró.

Sin embargo, en 2021 estas mismas bancadas no llegaron a un consenso frente a la destitución de la legisladora Guadalupe Llori. El asambleísta Maita sostiene que «lo sucedido en 2021 con Llori fue diferente con lo de ahora, porque en ese tiempo se llegó a 71 votos y ahora se pasó de los 90».

Según Maita, aún no existe una negociación entre bancadas para decidir el futuro del juicio político contra Lasso. No obstante, esta unión es «prometedora» ya que llegaron a consolidarse hasta 100 asambleístas para la elección de las autoridades del Legislativo.

«La unión si se puede hacer cuando se trata del pueblo ecuatoriano, cuando se habla de autoridades es más complejo porque cada uno tiene diferentes ideales«, terminó diciendo el asambleísta.

División en la bancada de PK

Los asambleístas Ricardo Vanegas y Mireya Pazmiño buscaban la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, para el legislador Maita, eso «fue una decisión personal de ellos, mas no del partido».

«No hay dueños en el movimiento, sí hay una divergencia de pensamiento e ideología, pero a la final nos toca llegar a un consenso«, dijo el entrevistado. «En el caso de Vanegas, él no defiende el pensamiento, ni a PK», afirmó.

Una vez que se posesione el coordinador de Pachakutik, el movimiento tiene que decidir que hacer con los asambleístas que no están en la misma línea que PK. «Se tiene que depurar a las malas personas que están dentro del movimiento. Desgraciadamente hay asambleístas del movimiento velan por su interés personal, por eso hay que depurar», agregó.

Reforma Tributaria

El mandatario Guillermo Lasso entregó el 11 de mayo a la Asamblea un proyecto de ley para una reforma económica. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam) busca bajar los impuestos que su mismo gabinete subió.

Los asambleístas tienen 30 días para aprobar o desaprobar la reforma económica. Para Ángel Maita, se tiene que «analizar objetivamente y jurídicamente para ver que beneficia al pueblo ecuatoriano». (DCJ)

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La entrevistada habló sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, la mención de Iza se produjo cuando se cuestionó a la legisladora sobre si votaría por Iza como presidente.

Pazmiño dijo que Leonidas Iza no es terrorista. No obstante, el locutor repitió paulatinamente «¿vio cómo aterró a Quito?, secuestraron a militares y que golpearon a policías mujeres«.

«Leonidas Iza es terrorista, porque él genera terror para tener el control del poder y así salirse con la suya», reclamó Vera. Asimismo, la entrevistada defendió al involucrado, a lo que nuevamente Vera respondió «él quiere volver al Tahuantinsuyo».

«Usted es comunista, porque votaría por Leonidas Iza para la presidencia de la República», le dijo Vera a su invitada. Según él, Iza promueve el comunismo latinoamericano.

¿Qué otras joyitas dijo Vera?

Además, Carlos Vera aseguró que la ciudadanía ya no quiere que las personas salgan a las calles, en el caso de que Lasso no sea destituido. «La gente no quiere más convulsión, la gente quiere paz«, manifestó Vera.

Según el periodista, la situación del país es evidentemente mala porque así la dejó el «correismo» y el mandatario solo se «ha estado preparando para actuar». De la misma manera aludió a que «las respuestas del presidente son tardías e insuficientes, pero han comenzado, desde permitir portar armas a civiles hasta la declaratoria para tratar a los terroristas de una forma diferente». (D.C.)

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El plazó establecido para presentar el documento vence el 6 de mayo, según dicta el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto, tras completarse la etapa de práctica de la pruebas de cargo y descargo, en el marco del proceso de enjuiciamiento.

En ese período de tiempo, un equipo técnico integrado por asesores de asambleístas es el encargado de preparar el informe final previo a su exposición en el Pleno Legislativo.

«Esperamos que hasta el jueves o viernes tendremos listo el informe borrador para el pleno. Yo no estoy elaborando el informe, lo hacen profesionales«, enfatizó Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización

El funcionario, afirmó que dicho documento se fundamenta con base en el dictamen de la Corte Constitucional. El informe también está sustentado por miles de fojas y horas de grabaciones presentadas en el proceso sustanciación.

Los encargados de preparar el informe

El equipo asesor de la Comisión, es coordinado por Santiago Becdach y María Sol Sevilla. Ellos son los responsables de procesar la información recibida adjunta a la solicitud de juicio presentada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de ID).

«Solo habrá un informe motivado y solo puede haber una motivación: si las pruebas conducen a identificar si el presidente es responsable de lo que se le acusa y, si no hay prueba, entonces no», advertió Villavicencio.

El borrador del final será expuesto antes del sábado 6 de mayo. Este será analizado por los nueve integrantes de la Comisión, previo a su envío al Pleno y Presidencia.

El informe final deberá especificar las razones por las que recomienda o no el enjuiciamiento político contra el primer mandatario.

JR

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La asambleísta Patricia Sánchez de la bancada de Pachakutik envió una solicitud de investigación y sanción en contra de Mireya Pazmiño en la Asamblea por supuestas irregularidades del informe sobre la empresa Flopec y sus transacciones en los últimos años.

La demanda permitirá recoger detalles de la forma en que se elaboró el informe sobre el caso. Sánchez afirma que lo realizaron personas externas a la mesa de Régimen Económico y que Pazmiño no socializó el documento antes de su votación.

La legisladora espera que la investigación llegue al Comité de Administración Legislativa y califique el documento al Comité de Ética de la Asamblea para su respectiva sanción a la funcionaria.  

Mientras tanto, Pazmiño enfrenta a otras acusaciones en la Fiscalía por sus colegas en el marco del juicio político de Lasso por pregonar los mismos informes. La Fiscalía se encuentra en comparecencias por las respectivas demandas.

Otras Demandas

La funcionaria enfrenta dos denuncias presentadas por presunto fraude procesal y falsedad ideológica presentados por el legislador Fernando Villavicencio y otros asambleístas de UNES. En razón de elaborar presuntos reportes falsos en la Comisión de Régimen Económico para las empresas de Flopec y Amazonas Tanker.

La petición de investigación se deriva luego de que Pazmiño y otros legisladores promovieron la solicitud del juicio político en contra de Guillermo Lasso por el presunto delito de concusión y peculado. (A.F.)

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«Aquí está presentada la denuncia formalmente y Fiscalía deberá hacer las investigaciones pertinentes y con todo lo que se está solicitando. Y no solo que se revise a Guillermo Lasso por peculado, sino también a Hernán Luque, Danilo Carrera«, reveló la presidenta de la Comisión Régimen Económico esta mañana.

Entre las pruebas recopiladas para sustentar dicha denuncia figuran el contrato con la compañía Amazonas Tanker, el dictamen de Contraloría, las comparecencia de las autoridades que han acudido a la Comisión de Fiscalización.

La respuesta de Villavicencio

En contrapartida, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, también presentó una denuncia contra Mireya Pazmiño y su equipo asesor, la tarde de este miércoles en Fiscalía. Según Villavicencio el informe presentado por Pazmiño fue elaborado por técnicos vinculados a Amazonas Tankers y Andes Tankers.

«Hay ciertos legisladores que pretenden desviar el sentido del juicio político contra Gullermo Lasso. Han salido varios comentarios, se podría decir mentiras de parte de Fernando Villavicencio«, mencionó Pazmiño al respecto.

«Tenemos los documentos de descargo para respaldar el trabajo y elaboración de los informes de esta Comisión. Estan las actas y los documentos. Otra cosa es que han salido ex asesores y ex secretarias, y con ‘chismes de pasillo’. Porque sabemos quienes estan atrás de estas personas, cuáles son los asambleístas que estan hablando con estas personas para desviar esa atención», respondió Pazmiño.

Pazmiño recibió Amenazas de muerte

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Régimen Económico confirmó que empezó a recibir una serie de amenazas a través de su dispositivo móvil. Esto luego de presentar su denuncia en Fiscalía.

«Tengo amenazas, apenas presente la denuncia, salieron amenazas hacia mi vida… que me van a matar. Y ahora, como había de esperarse, también tenemos las amenazas de parte de los legisladores de esta mesa. Está a disposición de Fiscalía y de ustedes colegas legisladores, mis computadoras, el trabajo de esta Comisión y el de los asesores quienes eleboraron ese informe»

Pazmiño explica que se presentó la denuncia al presidente Lasso por el delito de peculado porque existen todas las pruebas necesarias. «Tengo entendido que vamos a comenzar una persecución, más de lo que ya se ha vivido hasta el día de hoy«, enfatizó.

«No se han dado nombres, no se han pasado documentos para no distraer. Pero he pedido, y hago un llamado a Fiscalía, para que haga su trabajo y que llame a comparecer. Aquí estoy, no tengo porque ocultarme», concluyó la legisladora.

JR

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La legisladora comentó que esta demanda también va para el expresidente del Directorio de EMCO, Hernán Luque; el cuñado del presidente, Danilo Carera; el exsecretario de Administración Pública, Iván Correa y Osca Zambrano.

Recalcó que entre las pruebas que ratifican este delito están: el contrato de la empresa Flopec, el dictamen de la Contraloría y las comparecencias de las autoridades en la Comisión de Fiscalización.

«Sabemos que la Fiscalía va a actuar con rectitud porque esto es de interés de todo el país. Cómo es posible que un presidente interprete la ley y dé más poder a Luque. Él sabía que se estaban llevando la plata de los ecuatorianos», aseguró.

Por su parte, el abogado de la legisladora Washington Andrade solicitó a la fiscal, Diana Salazar, que incluya a Pazmiño y a su familia en el programa de víctimas y testigos por la gravedad de la denuncia.

«La asambleísta ha decidido dar sustento real y hay muchos riesgos porque esta trama de corrupción hace presumir que hay mafias incrustadas en el país», mencionó el abogado.

Apoyo internacional

Andrade indicó que solicitaron asistencia penal de Panamá y Estados Unidos para que el caso tenga la sustentación del caso.

• Información de inversiones, socios y accionistas relacionados con la empresa Amazonas Tanker Pool Company. Asimismo, declaraciones de impuestos y patrimoniales, activos y transacciones financieras o bancarias, realizadas por la compañía con ocasión de sus ingresos provenientes del contrato con Flopec.
• Toda la información respecto de si se ha iniciado algún proceso investigativo o de determinación tributaria (o su equivalente) respecto de la compañía Amazonas Tanker Pool Company, sus accionistas o relacionados.

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La legisladora presentará sus alegatos este miércoles 26 de abril durante el proceso de sustanciación vigente, efectuado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Estos alegatos estarán sustentados en las comparecencias y purebas documentales solicitados por los integrantes de dicha Comisión.

En el proceso se espera la presencia de los asambleísta acusadores en el proceso de juicio político contra el primer mandatario. La lista la integran Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex Pachakutik), Rodrigo Fajardo (separado de ID), Pedro Zapata (PSC). Sus alegatos serán presentados desde las 09h00. Posteriormente, Edgar Neira Orellana, abogado defensor empezará su intervención a las 11h30.

Viviana Veloz argumenta que Guillermo Lasso «conoció, auspició y permitió la corrupción en las empresas públicas, entre ellas, Flopec». Respecto a los recursos que se habrían desviado a favor del jefe de Estado expuso que «hubo una distracción de fondos públicos, y para eso hay que contratar un perito para que haga esa auditoría».

Según el examen de auditoría de la Contraloría General del Estado, hasta el pasado 5 de noviembre de 2021, Veloz señala la existencia de una pérdida de más de USD 6 millones.

Sin embargo, desde aquel mes hasta la actualidad la cifra habría alcanzado USD 110 millones. Pero quien debe determinar aquello es un perito, según explicó Viviana Veloz. De momento, en el marco del enjuiciamiento se tomará como referente la primera cifra señalada por Contraloría.

JR

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«La gravedad de estos hechos que amenazan el Estado de derecho y que desnaturalizarían la institución del juicio político exigen una intervención vigilante de la Corte Constitucional para que haga cumplir su dictamen», expresó en un oficio dirigido a la CC remitido el 14 de abril.

Además, resaltó los puntos resueltos por el dictamen de la Corte Constitucional en donde se inadmitieron dos cargos referentes al delito de concusión, enmarcados en la solicitud de juicio político interpuesto por la asambleísta Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (PK-r), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID).

El jefe de Estado también recalcó que el dictamen dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, inferencias y pruebas relacionadas a las causales de concusión que no fueron aprobadas.

Pruebas a conveniencia

El 10 de abril, el abogado del Presidente, Edgar Neira solicitó a la Comisión de Fiscalización que la documentación requerida no sea solo desde el 2021 sino desde el 2018 para evitar confusiones en los pedidos de pruebas.

La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.

El juicio en la Asamblea

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que la próximo sesión para el tratamiento del juicio político será el 18 de abril y se prevé socializar el cronograma de comparecencias.

El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales. (A.G.M).

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El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.

Sin embargo, «el hecho 7» de las pruebas presentadas tuvo una contradicción por parte de FLOPEC. La estatal aclaró que el contrato que sigue vigente con la empresa internacional es al acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tanker Pool , firmado en diciembre del 2020.

Si hubo contrato…

El exasambleísta alterno y abogado constitucionalista, Luis Fernando Molina señaló que el pronunciamiento de FLOPEC es falso. En esta fecha la estatal habría firmado un contrato con los mismos accionistas de la compañía extranjera pero con el nombre de Agoyan Tankers.

Agregó que en octubre del 2022, se firmó una adenda al contrato con Amazonas Tankers para asumir nuevas obligaciones y en diciembre del mismo año existió una renovación en las negociaciones “desconociendo el informe de Contraloría en noviembre del 2022”, dijo en un tuit compartido por Veloz.

Por otro lado, en entrevista con Ecuavisa, el presidente Lasso aseguró que el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán si revocó los contratos con Amazonas Tanker después de enviarle la carta donde le advertía de las irregularidades en dicha empresa pública. La evidencia la constató en una carta de Estupiñán al Ministro de Energía de ese tiempo, Xavier Vera.

Pazmiño y FLOPEC

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño tuvo en sus mano la fiscalización de FLOPEC, en el 2021. En el informe emitido por la mesa parlamentaria se recomendó que el Gerente General y Gerente Comercial de FLOPEC realicen un análisis periódico de evaluación de los ingresos y demás condiciones de todos los acuerdos comerciales vigentes de la estatal.

El asambleísta Fernando Villavicencio, en su afán por defender al presidente Guillermo Lasso, señaló que Pazmiño defendió la gestión de Hernán Luque y se opuso a la terminación del contrato con Amazonas Tankers.

No obstante, el documento que publicó como prueba es una solicitud de información realizada por la asambleísta al entonces presidente de EMCO, Hernán Luque, en donde le manifiesta su preocupación respecto a FLOPEC.

La legisladora reclamó a Luque que tanto los exgerentes generales Johnny Estupiñán y Pilar Ferri no emitieron la información solicitada respecto al rendimiento de la empresa pública.

En entrevista para Radio La Calle, aclaró que en los dos informes emitidos por la Comisión nunca sugirió que el contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tankers continúe. “Son mentiras del señor Fernando Villavicencio”, resaltó.

Lasso y el delito de peculado

La tercera causal aprobada por la Corte Constitucional (CC) para el juicio político contra Lasso se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones.

“El Presidente de la República y Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”, dicta el documento del Legislativo.

Las advertencias de Estupiñán

En el 2020, FLOPEC firmó contratos perjudiciales que Contraloría revisó y recomendó no volver a hacer negociaciones bajo condiciones nocivas. El exgerente general de FLOPEC, Johnny Terán, quiso acatar las sugerencias pero fue destituido del cargo bajo la orden Hernán Luque por “incumplimiento de resoluciones”.

Ante esta situación, Estupiñán informó al mandatario sobre su remoción del puesto y le advirtió sobre las irregularidades de las condiciones contractuales con Amazonas Tanker Pool. En su gestión, el extitular de FLOPEC tenía la intención de romper lazos con esta empresa internacional.

“Solicito muy comedidamente que me conceda audiencia para explicarle la situación de FLOPEC y las consecuencias de su mala administración, considerando que podría volver a ser una empresa eficiente”, dijo en una carta dirigida al presidente el 22 de marzo del 2022.

La resolución de la Corte Constitucional

La CC encontró veracidad en los argumentos de los interpelantes del Legislativo. Estupiñán habría advertido por dos ocasiones al mandatario sobre las irregularidades en FLOPEC. 

Además, estos argumentos se sustentan en el informe de Contraloría, en donde se informa sobre las altas tarifas y largos plazos establecidos en los contratos con Amazonas Tanker Pool.

“El presidente Lasso Mendoza sabía que el gerente general de FLOPEC fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano y Amazonas Tanker Pool Company LLC. A pesar de ello, el presidente Lasso Mendoza no ejecutó acción alguna para investigar o remediar esta situación”, dicta la resolución de la CC. (A.G.M).

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Tras confirmarse la elección, la jueza Nuques recibió la carpeta que alberga la documentación correspondiente a la solicitud de juicio político. La misma fue evaluada horas antes por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Según Romel Jurado, jurista constitucional, la jueza designada podría, durante el proceso, decantarse por un criterio o postura que imposibilite admitir el jucio político contra el primer mandatario.

«La Jueza Nuques, es alguien que tradicionalmente ha fallado hacia la derecha, seguramente no traicionará al presidente Guillermo Lasso«, expuso Romel Jurado respecto de los antecedentes de la jueza ponente en el caso de Juicio Político, previo a la designación, durante una entrevista en el Noticiero La Ventana.

«Será una de las pocas juezas en las que es muy previsible creer, que si por razones políticas fuera, ella defendería la posición de no admitir el juicio político«, recalcó el jurista constiticional en referencia a posibles escenarios que podrían ocurrir durante el citado proceso.

En el pasado, Nuques figuró como directora del centro de mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando era dirigida por Pablo Arosemena, actual Ministro de Finanzas.

La decisión final la tendrá el pleno de la Corte

Alí Lozada Prado, presidente de la CC, confirmó que aunque Teresa Nuques fue designada como ponente, la decisión final de admitir o no el pedido de juicio contra Lasso le corresponde al pleno de la Corte.

«La decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional», enfatizó Lozada.

Para que el pedido de juicio político contra el presidente Lasso pase el filtro de la Corte, se requieren seis votos a favor de los nueve magistrados que integran el pleno.

Los antecedentes previos a la designación de Nuques

La solicitud de juicio político fue presentado por los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (ex Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (apartado de ID). Previamente, el documentó fue sometido a correcciones y ajustes en sus textos. El documento entregado a la Corte ya no contiene errores.

Por ahora, el coordinador general jurídico de la Asamblea Nacional expuso que el plazo para que la CC emita el dictamen de admisibilidad, empieza desde este viernes. Para dicha tarea tendrá cinco días (tres días para que la jueza Nuques presente un informe y dos para que el pronunciamiento del pleno).

Se espera que entre el 29 y 30 de marzo ya se debería tener la resolución de la CC.

JR

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Tras esto, la decisión inicial del CAL se queda sin fundamentos. De este modo, en lugar de remitir el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional (CC), dispone a los solicitantes completar los requisitos correspondientes, e incluso corregir errores.

¿A qué errores se refiere?

La reconsideración llega tras el surgimiento de nuevas alertas sobre errores en el expediente presentado. Los legisladores solicitantes invocaron artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vinculados a concusión y peculado, derogados desde febrero de 2021.

En razón de ello, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, convocó nuevamente al CAL para revisar lo aprobado previamente. Fue así como se obtuvo una nueva resolución.

Las asambleístas Johanna Moreira y Nathalie Arias, integrantes del CAL (quientes votaron en contra), expresaron que no se busca «completar» requisitos, sino «corregir» los errores.

Durante la tarde de este martes, el asambleísta Esteban Torres (PSC) había manifestado que el documento final no deberá tener fallas, previo a ser enviado a la CC. Asimismo, explicó estos acontecimientos ocurren dentro del plazo establecido en la norma para calificar el pedido de juicio.

¿Qué implica esto?

Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID) deberán completar dichos requisitos en el plazo de tres días.

La solicitud previa de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, tenía cinco días en el CAL. Se esperaba que el expediente correspondiente fuese enviado a la Corte Constitucional para que efectue el dictamen de admisibilidad.

JR

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Este sábado 4 de marzo, el Pleno Legislativo sesionará para «conocer, debatir y resolver» el informe presentado por la Comisión ocasional (liderada por Viviana Veloz), en el que se recomienda ejecutar juicio político en contra del presidente Lasso. Según el criterio de los legisladores, la conducta del jefe de Estado se adecua al cometimiento de delitos contra la seguridad del país, invocando el artículo 129 numeral 1 de la Constitución.

Los asambleístas que votarían a favor de dicho informe pertenecen al movimiento Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados en Izquierda Democrática y Pachakutik, principalmente. A ellos se sumarían los votos del grupo de independientes liderados por el presidente del Asamblea, Virgilio Saquicela. Entre estas bancadas obtendrían cerca de 70 votos.

Luego de aprobar, o no, el informe en cuestión, la labor de la Comisión habrá culminado. En el caso de aprobación, y para que el proceso de enjuciamiento contra el mandatario prosiga, cualquiera de los legisladores podrá plantear una solicitud con las pruebas y firmas suficientes para que primero pase el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). No obstante, los grupos de oposición todavía no determina quien, o quienes, serán los asambleístas que cumplan con esta acción.

Asambleístas cuestionan las últimas acciones de Lasso

«Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura un pie y al otro día está caminando, qué le pasará al presidente mentalmente (…) Aquí el grave problema es Guillermo Lasso. Y hay muchos caminos para deshacernos de ese problema (…) Y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles y el pueblo ecuatoriano se estará levantando, pero la solución hay que darla», expresó Mireya Pazmiño, vicepresidente de la Comisión ocasional.

«Cuando termina la confianza en un mandatario no hay más remedio que cambiarlo. Ningún pueblo merece vivir en la desesperanza. Deshacerse de la corrupción de un mal Presidente no solo es una obligación política, es un imperativo ético y moral«, manifestó Viviana Veloz, respecto de la pérdida de credibilidad del presidente Lasso.

Por ahora, de aprobarse el informe de la Comisión, será la CC encargada de decidir la ejecución de enjuiciamiento. La votación de sus nueve magistrados, definirán el futuro del mandatario. Dicho organismo tendrá un plazo de seis días para emitir dictamen, luego de que el CAL remita la solicitud de enjuiciamiento.

JR

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La acusación de las contribuciones ilícitas en campaña electoral se basa en las declaraciones de Leonardo Cortázar, quien afirmó que los aportes económicos que él junto a otras personas realizaron en campaña sobrepasa el USD 1 millón. La gestión de este aporte se realizaba a través de Danilo Carrera. 

La legisladora Pazmiño citó lo establecido por artículo 281, numeral 6 de la Ley Orgánica Electoral que señala lo siguiente:

 “Las candidatas o candidatos de las organizaciones políticas o alianzas que hayan sido electos y cuyos responsables económicos o procuradores comunes, hubieren presentado las cuentas adulteradas perderán el cargo para el que fueron electos, además de las sanciones que establece la presente Ley, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar”.

El financiamiento de Cortázar

Cortázar agregó que colaboró con insumos médicos y “otras necesidades” para el movimiento CREO, del mandatario. Todas estas pruebas las entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por otro lado, aclaró que nunca aportó económicamente a la campaña presidencial de Andrés Arauz. Según él, apoyó «territorialmente» al correísmo. El portal La Historia sostiene que Cortázar aportó con centrales políticas, insumos médicos y juguetes a la campaña del excandidato. El aporte fue a través del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del cual es el líder. (A.G.M).

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Faltan menos de diez días para que la Comisión Ocasional exponga el informe no vinculante sobre el presunto entramado de corrupción en el Gobierno Nacional. Si en el documento existe una recomendación de juicio político, se necesitarían 47 firmas de respaldo para la propuesta sea aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Corte Constitucional.

Posteriormente, la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador Fernando Villavicencio, deberá analizar las pruebas de cargo y descargo contra el mandatario, y analizar si recomienda el juicio político o el archivo. Finalmente, el Pleno de la Asamblea tiene la última palabra, fue la explicación de Pazmiño a BN periodismo.

La prórroga a la Comisión “El Gran Padrino”

Con 108 votos afirmativos la Asamblea aprobó la prórroga de diez días solicitada por Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Legislativa que fiscaliza el Caso Gran Padrino. Desde el oficialismo recalcaron que “no hay pruebas” que involucren al presidente, Guillermo Lasso, con el narcotráfico.

Antes de la resolución, se discutió la gestión de la Comisión en un debate. Por parte del oficialismo, 20 asambleístas votaron en contra de la moción y cuatro se abstuvieron.

El legislador Juan Fernando Flores manifestó que “no van a avalar más mentiras y mucho menos el oportunismo político”. Además, enfatizó en que no existen vínculos del presidente de la República, Guillermo Lasso, con temas del narcotráfico y «no ha logrado comprobarse» esta acusación. (A.G.M).

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“En estos momentos es cuando se necesita el apoyo de amigos y familiares. Es por eso que queremos expresarle un fraterno y cordial saludo señor Presidente. A nombre del mando institucional, de las y los  52 mil damas y caballeros de la paz le deseamos señor presidente una pronta recuperación”, dice el mensaje de la Policía Nacional.

A través de este vídeo difundido en redes sociales “las fuerzas del orden brindaron su apoyo al presidente”. Sin embargo, para varios usuarios y ciudadanos es evidente la politización que sufre la institución policial.

Desde la Asamblea Nacional, la legisladora (PK-r), Mireya Pazmiño recalcó que “ la Policía es para defender a los ecuatorianos y no proteger a los amigos”. En este sentido, cuestionó las investigaciones que sigue la institución como el caso Bernal, el informe del Gran Padrino y el de León Troya.

De igual manera, la asambleísta Alexandra Arce expuso la ineficiencia de los uniformados, sobretodo en este feriado. Los antisociales que causaron el descontrol en Salinas fueron justamente los que al final del día ayudaron a empujar la patrulla. “Se dan cuenta de lo grave que es la situación. No tapemos el sol con un dedo”, enfatizó.

El accidente del Presidente

Guillermo Lasso, presidente de la república, recibió el alta médica después de sufrir una caída en el baño de su domicilio. La misma le ocasionó una fractura de tibia y peroné, el pasado viernes 17 de febrero.

No podrá asentar el pie izquierdo y usará silla de ruedas durante las próximas tres semanas, afirmó el mandatario en las últimas horas. (A.G.M).

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La comisión multipartidista que investiga «El Gran Padrino» entregará el informe No Vinculante al Pleno de la Asamblea y este determinará el futuro de Lasso. El régimen atraviesa una crisis de gobernabilidad debido a los presuntos casos de corrupción que han estallado en su contra.

Pazmiño comentó que toda la indagación realizada al supuesto entramado de corrupción «El Gran Padrino» apunta al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, quien habría actuado bajo la venia del primer mandatario.

Además, enfatizó que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ratificó la existencia del documento policial de Inteligencia de Antonarcóticos que presentó La Posta, y habría sido archivado.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, todo esto ocurrió porque Fiscalía «no habría encontrado los sustentos y evidencias necesarias» para proseguir con esa investigación.

¿Dinero del narcotráfico?

La parlamentaria también expuso que la campaña presidencial de Lasso habría sido financiada con dinero del narcotráfico y como compensación a estos «favores» colocó a varias autoridades en puestos estratégicos.

«Se sospecha que el presidente recibió más de un millón del narcotráfico. Para pagar esos favores se habría puesto a varias autoridades en puestos específicos para que pueda pasar el negociado del narcotráfico», refirió.

¿Es posible un Juicio Político?

Según el artículo 129, para este proceso se necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) y no se requiere juicio político previo. Esta opción es viable en caso de:

• Delitos contra la seguridad del Estado;
• concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito;
• genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidios.

También tiene una solictud de revocatoria

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reactivará el proceso de revocatoria al presidente de la República, Guillermo Lasso, interpuesto por la ciudadana Kerly Carvajal. También dejó sin efecto la negación de la revocatoria dictada en primera instancia por el juez Joaquín Viteri.

El documento con firma del 9 de febrero es firmado por el secretario general del TCE, David Carrillo. A su vez dispone la designación de nuevo juez electoral, quien resolverá si se procede o no con la entrega de formulario para las firmas de adhesión a una revocatoria. (N.J.C)

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“ Quien quedará mal no será la comisión, será el presidente de la República por constante negativa de darles respuestas al país, de poder sancionar y juzgar a quienes están involucrados en actos de corrupción”, recalcó Veloz.

La comisión para el Caso Encuentro

El 26 de enero se realizó la primera sesión de la comisión ocasional del Caso Encuentro. La mesa parlamentaria designó a  la asambleísta Viviana Veloz (UNES) como presidenta y a Mireya Pazmiño (PK-r) como vicepresidenta.

Entre los demás integrantes que conformarán la comisión está Pedro Zapata (PSC), Rodrigo Fajardo (ID), Diego Esparza (Partido Socialista), Gruber Zambrano (BAN) y Augusto Guamán (Independiente).

Desde el 23 enero, que fue el día de notificación para conformar la comisión, corre el plazo de 30 días para elaborar un informe con recomendaciones y conclusiones que será presentado ante el Pleno de la Asamblea. Durante este período, los legisladores deberán convocar a los funcionarios implicados en esta presunta red de corrupción.

Lasso cuida de los suyos

En noviembre del 2022, la Asamblea pidió la comparecencia de varios funcionarios del Gobierno tras la intensa crisis de seguridad. Sin embargo, el Presidente ordenó a todos los ministros y secretarios , especialmente de seguridad, no asistir a las convocatorias de las Comisiones de la Asamblea.

Una de las principales razones de esta decisión gira en torno al «hostigamiento» de los asambleístas hacia los funcionarios. (A.G.M).

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Esto se suscitó, luego de que Ulloa anunció que interpondrá una acción de incumplimiento de sentencia en contra de la Asamblea por el retiro de la placa (cuya frasa inscrita dice: «Ningún poder del Estado está en por encima del control constitucional», ordenada por el juez Ángel Lindao.

Además, Ulloa presentará otra acción de incumplimiento contra la Asamblea Nacional por no posesión del Superintendente de Bancos y por la no posesión de consejeros suplentes.

«La Asamblea Nacional, en representación de los ciudadanos, sus verdaderos mandantes, no se someterá a intervenciones inconstitucionales de ninguna otra Función del Estado, ya que estos carecen de eficacia jurídica y no claudicará en la defensa de sus derechos y aspiraciones de mejora y desarrollo del pueblo«, concluyó el comunicado.

Los asambleístas que firmaron la proclama son Mireya Pazmiño (Pachakutic), Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), Luis Esteban Torres (PSC) y Mauricio Zambrano (UNES) junto al presidente de Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

JR

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Los legisladores fueron llamados a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria respecto a este caso. La investigación gira en torno a Manuel Párraga, el ciudadano que presentó las siete acciones de protección.

Además, solicitaron una investigación al juez Ángel Lindao, quien aceptó uno de los recursos de Párraga. La autoridad judicial restituyó a los consejeros en su cargo y dispuso que la Asamblea posesione al superintendente de Bancos, Roberto Romero.

Una destitución sin efecto

El 22 de noviembre, el juez de Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó una medida cautelar interpuesta por el ciudadano Manuel Párraga. La acción dejó sin efecto la destitución de los consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Ante la situación, Saquicela solicitó una revocatoria en la resolución.

Como respuesta, el denunciante cambió la medida cautelar autónoma a una medida de protección en el mismo trámite. También aseveró que si no se da la revocatoria va a presentar la apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo.

“Yo creo que cualquier juez, menos el que está comprometido con esta situación, podrá revocar una situación de esta naturaleza”, resaltó Saquicela en entrevista para Radio La Calle.

Además, mencionó que, en el informe el juez pedía que se deje sin efecto la sesión 112, que fue el día de la recomendación de juicio político. Sin embargo, días más tarde ratificó un “error de tipeo” en el documento por lo que pedía que fuera anulada la sesión 115, que fue el día de la destitución. (A.G.M).

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