La petición la realizó después de la detención del legislador oficialista por el presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital de Pedernales.

En el documento, la legisladora se fundamenta en las prohibiciones constantes en los numerales 2 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

¿Qué dice la Ley?

Según el numeral 2 del artículo 163, los asambleístas no pueden «ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional». Además, el numeral 4 niega que los legisladores puedan «percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta».

Si los parlamentarios incurrieran en las prohibiciones, otro legislador podrá presentar una denuncia juramentada, debidamente motivada, dirigida al presidente del Legislativo, César Litardo.

Posteriormente, Litardo lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para, en el plazo máximo de cinco días, calificarlo.

Así, el pleno del Legislativo conformará una Comisión Multipartidista de investigación, con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta diez días. En ningún caso, ésta Comisión Multipartidista presentará su informe sin que el asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que no se presente en el plazo de tres días.

El pleno escuchará al asambleísta, después de conocer el informe.

Casi a la medianoche del mismo día, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva en contra de Mendoza y cuatro procesados más por la misma investigación.

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Según los argumentos de la fiscal, se trató de una estructura de delincuencia organizada. En la misma, Mendoza coordinaba acciones para obtener contratos de obras públicas en la provincia de Manabí.

La fiscal agregó que en chats materializados encontraron cómo le rendían cuentas. En uno de esos chats dice textualmente “de parte del asambleísta (Daniel) Mendoza”.

Pero no solo los chats fueron constancia, también las computadoras del Consorcio Pedernales-Manabí. En los dispositivos existen registros de pagos a funcionarios públicos donde estaban los nombres de Mendoza y del director general del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo.

Por esos motivos, Salazar solicitó la prisión preventiva en contra de Mendoza por existir un «alto riesgo de fuga». La misma medida pidió para Tamayo, Jennifer C., Tania S. y Ángel A.. Por su parte, para la también procesada Olga M. solicitó arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Para los seis requirió la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por USD 8 millones. Para validar la solicitud, presentó 15 elementos de convicción.

Defensa de los procesados

El asambleísta Daniel Mendoza intervino en la audiencia para defenderse. Dijo que es padre de tres niños pequeños y el sustento de su hogar.

Su abogada María Moreira agregó que el legislador colaboró con la justicia. «A pesar que no se encontraba en su casa, después del allanamiento, acudió por su voluntad a ponerse a disposición y colaborar con la investigación», resaltó.

A las 19:00 arribó hasta la Corte Nacional de Justicia, en Quito, el legislador para la audiencia de formulación de cargos. Minutos después, llegó Tamayo.

La defensa de Tamayo alegó que su defendido no está mencionado ni en la materialización de teléfonos, las escuchas telefónicas o el informe de la Contraloría General del Estado. Agregó que «vive de su sueldo». Dentro de su defensa, también resaltó la afectación médica de Tamayo y su edad. “Mi defendido tiene 64 años, 9 meses y 11 días. Antes de que la instrucción fiscal termine será un adulto mayor», dijo para añadir que dictar prisión preventiva podría ser «una sentencia de muerte». Así solicitó una la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

Las esperanzas de la construcción del Hospital de Pedernales se esfuman

La investigación gira en torno al presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. La ciudad fue el epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016. Cuatro años después, el anhelado hospital sigue en espera.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos descartó nuevamente la construcción del Hospital. «Estamos considerando varias opciones, quizás un hospital móvil -que no significa una carpa- que vamos a poner ahí, estamos conversando con varias instancias. Yo creo que hasta fines junio, si yo mismo me pongo esa meta, vamos a trabajar el Ministerio de Salud y las instancias necesarias para que el Hospital de Pedernales sea una realidad», declaró.

El operativo, para este caso, incluyó allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez. Las primeras indagaciones apuntan a Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza. El representante del consorcio que construye el hospital, José Véliz Saltos, ya había sido detenido el pasado 14 de mayo.

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