La movilización, denominada «Firmes por Ecuador», profundiza la pugna entre el Ejecutivo y el máximo tribunal tras la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes emblemáticas del gobierno.

Según confirmaron fuentes legislativas, cerca de 69 asambleístas de la bancada oficialista gestionaron permisos por horas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), evitando ausentarse de la sesión plenaria de las 15h00 donde se evaluará el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La concentración iniciará a las 11h00 en el Puente del Guambra (centro-norte de Quito), avanzando hacia la sede de la Corte, en el sector de La Mariscal.

Crisis jurídica y tensión política

El conflicto se desató tras la decisión de la Corte Constitucional el 4 de agosto de admitir demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia – impulsadas por el Ejecutivo como «urgentes»–, paralizando artículos clave. Noboa calificó el fallo como un obstáculo para «derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza», anunciando la protesta durante un acto en Guayas.

Cuestionamientos a la movilización dorada

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) rechazó el carácter de la convocatoria presidencial: «Ninguna causa justa inspira esta movilización», señaló en un comunicado, exigiendo a la Contraloría fiscalizar el uso de recursos públicos y vehículos oficiales. Además, solicitó al Ministerio de Trabajo listas de asistencia para verificar que servidores públicos no abandonen sus funciones.

La protesta se realiza en medio de una crisis hospitalaria que cobró la vida de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil por falta de insumos. Este hecho contrasta con la ausencia de sesiones matutinas en comisiones clave donde ADN tiene mayoría, exceptuando la Comisión de la Niñez que abordará precisamente dicha emergencia a la misma hora de la marcha.

Simbolismo y dobles agendas
Mientras el gobierno moviliza bases oficialistas hacia la Corte, sectores sociales recuerdan que el pasado 7 de agosto miles de ciudadanos –incluyendo personal médico y docentes– marcharon hacia el mismo tribunal para exigir la inconstitucionalidad de leyes que afectan derechos laborales y sociales.

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El blindaje del Gobierno consistió en la declaratoria de estado de excepción en siete provincias que la Corte Constitucional tendrá que revisar. A ello se suma la participación del presidente Daniel Noboa y sus ministros en el XV gabinete binacional entre Ecuador y Perú.

Posición del Gobierno

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo que esperan que la jornada de protestas se realice de forma democrática, calmada y sin destrucción. «Nosotros esperamos que, con todo lo que ha hecho el Gobierno en estas semanas, una decisión técnica como es la compensación, en virtud de la eliminación de los subsidios, se entienda por los ecuatorianos e incluso los que están en las calles».

Torres considera que si todo sale como se planeó, la medida de eliminar los subsidios a las gasolinas sería «el gran hito político de este gobierno». La revisión de la compensación se realizará mes a mes, de acuerdo con el viceministro.

Acuerdos con los transportistas

El viceministro Torres formó parte de las tres mesas técnicas de diálogo que el Gobierno tuvo con los gremios de transportistas. Entre los acuerdos están los controles a la informalidad o la revisión de temas técnicos (vida útil de los medios de transporte).

«Es fundamental la seguridad, especialmente de los que transitan en horas de la noche o la madrugada. Hay varias rutas, las que circulan en el anillo de Quevedo en Los Ríos afectadas por la inseguridad. Con ellos haremos operativos específicos para contrarrestar este tema», expresó el funcionario. (MIB)

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El FUT junto a la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) convocaron a una nueva movilización a nivel nacional a partir de las 16h00.

Las organizaciones sociales calificaron a las medidas del gobierno como un »paquetazo antipopular». La UNE manifestó que el incremento del precio de los combustibles implica subir el costo de la vida, la inflación y el índice de la pobreza.

El pasado 19 de junio las organizaciones realizaron una movilización que partía desde la Caja del Seguro, en Quito, hasta el Banco Central. A la convocatoria acudieron alrededor de 300 personas.

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Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio.

En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.

La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores.

Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden.

Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada.

A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo.

En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú.

Redacción: El País

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“Veo con preocupación la posibilidad inminente de la extradición del periodista Julian Assange. Assange ha hecho un trabajo importante al denunciar las acciones ilegítimas de un Estado contra otro. Su arresto va en contra de la defensa de la democracia y la libertad de prensa. Es importante que todos nos movilicemos en su defensa”, publicó Lula en su cuenta de Twitter.

El 6 de junio, el Tribunal Superior de Justicia en Londres desestimó los ocho puntos de un recurso en el que Assange intentaba impugnar la extradición. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), la defensa tiene cinco días hábiles a partir de esa fecha para presentar una apelación de hasta 20 folios ante un panel de dos jueces, quienes convocarán una audiencia pública, y no podrá presentar más apelaciones en el Reino Unido, pero sí continuar con el proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La esposa de Assange, Stella, dijo que el nuevo recurso en Londres será presentado el martes.

La organización WikiLeaks fue fundada por Assange en 2006, pero saltó a la fama en 2010, cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada, incluso de Estados Unidos.

Desde abril de 2019, Assange está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras enfrenta un proceso en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje.

Si es declarado culpable, el fundador de WikiLeaks se expone a 175 años de prisión.

Redacción: Nodal

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El colectivo de educadores mencionó que la manifestación es frente a la “incapacidad de gobernar” del presidente Guillermo Lasso. Isabel Vargas, presidenta de la UNE, declaró días atrás que el mandatario debe dar un paso al costado por su incapacidad para resolver los problemas del país, además de estar envuelto en actos ilícitos.

El comunicado de la UNE mencionó que lucha por es en defensa del trabajo, del IESS, y de la educación. Así mismo, se exige la salida del mandatario.

La UNE

El 3 de marzo, la UNE junto a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), salieron a las calles de Quito con el mismo objetivo, pedir la destitución del presidente. La UNE asegura que Lasso debe salir por sus implicaciones con el narcotráfico y corrupción.

Este colectivo participó en la marcha por el Día de la Mujer, para exigir y reivindicar políticas públicas en favor de las mujeres del país. Incluso, por este motivo ratificaron que volverían a salir a las calles para el 14 de marzo.

FUT apoya

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó que después de la marcha del 8 de marzo, se harían presentes al llamado de la UNE. Dirigentes de FUT comparten que la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe ser una prioridad.

De la misma manera, rechazan el uso de recursos públicos para mejorar la imagen de dicha institución, tras la inversión de USD 90 000 en este ámbito. FUT continúa la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia y demandan a la Asamblea Nacional que aborde el proyecto sobre el Código Orgánico del Trabajo presentado por los sindicalistas.

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El riesgo país indica el nivel de peligrosidad que los inversionistas consideran para saber si un país es capaz de cumplir con sus obligaciones de deuda. Cuanto más alto, más negativo para el Ecuador porque ahuyenta a los mercados.

El indicador ha incrementado vertiginosamente desde la derrota del Gobierno en el referéndum. De 1.415 tras la elecciones seccionales, pasó a superar los 1.800 puntos. Sin embargo, el factor que más hizo repuntar el riesgo país es el eventual juicio político que podría enfrentar el primer mandatario.

Varios escenarios

Según diario El Universo, la banca de inversión Barclays sostiene que Lasso «es vulnerable» por la oposición que le presenta la Asamblea y por el descontento popular en las calles. No obstante, a juicio de la entidad financiera, el informe legislativo que recomienda su juicio político no tendría apoyo en la Corte Constitucional por «muy débil».

Aun cuando el escenario es la destitución de Lasso, asumiría el poder el vicepresidente Alfredo Borrero. «Sin embargo, los desafíos de gobernabilidad podrían obligar al vicepresidente a renunciar, lo que podría resultar en un llamado a elecciones anticipadas», reseñó el medio.

Para Barclays, los «logros económicos» del régimen -superávit, reservas internacionales, reducción de deuda- no pondrían en riesgo los compromisos adquiridos por Ecuador; incluso si «el correísmo asume el Gobierno».

Riesgo país desde el «NO»

El 6 de febrero el riesgo país en Ecuador subió 295 puntos tras el resultado de las elecciones seccionales y la derrota del la consulta popular de Lasso. Es decir, pasó de 11,20 % puntos a 14,15 %, de acuerdo a JP Morgan Chase.

La entidad financiera, a través de un informe, indicó que el escenario político que atraviesa el país es desafiante, por lo que el presidente tiene un margen de actuación limitado. Además, la posibilidad de que Lasso no termine su mandato creció.

El banco de inversiones enfatizó que el principal riesgo que tiene Lasso es el desarrollo de nuevas protestas sociales.

«Esto puede desencadenar un escenario político desestabilizador si el gobierno no logra contener el descontento social y tender puentes con la oposición y los grupos indígenas», mencionó.

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Ciudadanos en redes sociales denuncian el excesivo uso de la fuerza por parte de policías y militares. La violencia desproporcionada ha llamado la atención de los medios de comunicación internacionales, mientras la prensa local de ese país se alinea al discurso gubernamental.

Los ciudadanos se movilizan a favor del expresidente Pedro Castillo y exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso. Tras estas peticiones, proponen la instalación de una Asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales 2023.

El último manifestante que murió fue un dirigente campesino, identificado como Remo Candia Guevara, reportó la congresista Ruth Luque.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta el momento se reportan 40 personas muertas en enfrentamientos directos contra las fuerzas del orden, policías y militares.

Por otro lado, siete personas más han sido victimas colaterales de los enfrentamientos al morir en accidentes de transito y hechos vinculados al bloqueo de vías y carreteras, según las autoridades. (M.J.)

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Boluarte declaró el 12 de diciembre el estado de emergencia en las «zonas de alta conflictividad social» y envió una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024 hacia el Congreso; dos años antes de los previsto.

Los manifestantes bloquearon carreteras y el aeropuerto internacional de Arequipa. Esta última, junto al departamento de Apurímac, son los lugares que registran los enfrentamientos más violentos con las fuerzas del orden.

Fallecidos

Según reporta BBC Mundo, el primer fallecido fue un menor de edad de 16 años, tras ser disparado por un arma de fuego en Apurímac. Después se registró el deceso de un hombre de 38 años en los enfrentamientos en Cerro Colorado, Arequipa.

Posteriormente, dos hombres jóvenes también murieron en Apurímac, uno de 26 años y el otro de 18 años. Las últimas dos víctimas son apenas un adolescente de 15 años y otro de 18 años.

Origen de las protestas

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, después de que este disolviera al primero y decretara un gobierno de excepción.

Diferentes sectores políticos interpretaron esto como un intento de «golpe de Estado». Luego Castillo fue destituido por «incapacidad moral», detenido y acusado de «rebelión».

Las protestas comenzaron en Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno; demandaron la liberación del ya expresidente. «En varias ciudades, como en Andahuaylas, en Arequipa y en la capital, Lima, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 7 muertos y decenas de heridos», reseñó el medio.

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La concentración tendrá lugar en la Plataforma Gubernamental en la ciudad de Quito hasta el Ministerio de Educación. Mientras tanto, en Guayaquil el punto de encuentro será en el centro de la ciudad.

“La equiparación salarial no se ha generado en su totalidad, pese a la sentencia de la Corte Constitucional. Solo se han beneficiado 120 mil maestros dejando afuera unos 30 mil, violentando los derechos de estos docentes”, explicó la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, a diario Expreso.

Otra de las causas es la falta de ejecución presupuestaria por parte del Gobierno en el 2022. Según Vargas, han quedado fuera del presupuesto cerca de USD 28 millones. También no se ha ejecutado el plan de nivelación pedagógica, ni el de reinserción escolar. (A.G.M)

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«No se puede permitir que se ponga en riesgo la liquidez de una institución que sirve para sacar adelante a los emprendedores. Hemos expresado cómo el Gobierno Nacional está dando alivio de deudas de hasta USD 20 mil en BanEcuador. Lo adecuado es reprogramar las deudas. Condonar es condenar», enfatizó Arosemena.

Sin embargo, antes de la rueda de prensa y durante la charla con medios, el ministro dijo textualmente que desde el MEF «no van a aceptar la condonación de deudas (…) eso no se hará si es que me piden el dictamen».

Arosemena brindó estas declaraciones mientras socializaba la Proforma Presupuestaria 2023 con los representantes de los medios de comunicación en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, al norte de Quito.

Se vienen los roces con la Fenocin

El presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, demandó los supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional respecto a la condonación de deudas. El líder de la organización manifestó que prepararán “medidas de hecho” en la región costa.

Según el líder de la organización, el decreto de la condonación de deudas se firmría entre el 17 y el 21 de noviembre. Sin embargo, aún no tienen respuesta por parte del Gobierno por lo que los acuerdos fueron solo de palabra.

“No vamos a esperar más, vamos a preparar las medidas en la costa ecuatoriana. No es un paro nacional”, recalcó Espinosa.

El 21 de noviembre, existía una convocatoria para continuar con la mesa de seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos. La reunión nunca se efectuó y el Ejecutivo tampoco se pronunció. Para Espinoza, “el Gobierno Nacional está provocando la ira del pueblo ecuatoriano”.

Agregó que si no se consolida el decreto, convocarán a la asamblea de la FENOCIN y de otras organizaciones. El objetivo sería reactivar el paro regional en la Costa durante los próximos días.

Para saber las peticiones de la Fenocin, clic aquí

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Según el líder de la organización, el decreto de la condonación de deudas se firmría entre el 17 y el 21 de noviembre. Sin embargo, aún no tienen respuesta por parte del Gobierno por lo que los acuerdos fueron solo de palabra.

“No vamos a esperar más, vamos a preparar las medidas en la costa ecuatoriana. No es un paro nacional”, recalcó Espinosa.

El 21 de noviembre, existía una convocatoria para continuar con la mesa de seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos. La reunión nunca se efectuó y el Ejecutivo tampoco se pronunció. Para Espinoza, “el Gobierno Nacional está provocando la ira del pueblo ecuatoriano”.

Agregó que si no se consolida el decreto, convocarán a la asamblea de la FENOCIN y de otras organizaciones. El objetivo sería reactivar el paro regional en la Costa durante los próximos días.

Las peticiones de la FENOCIN

Espinosa expuso algunos puntos para incluirse en el decreto de la condonación de deudas. Entre las consideraciones están:

• Las deudas deben ser condonadas hasta los USD 10 mil más intereses;
• que se considere a los deudores desde el 2022 hacia atrás, porque algunos mantienen deudas de hasta 20 años que son irrecuperables;
• una vez condonada la deuda, las personas deberán ser retiradas de la central de riesgos y pasar a categoría uno;
• los deudores de préstamos hipotecarios y quirografarios también deben ser incluidos en el decreto;
• y, que se considere a los pequeños productores de la ruralidad como a los ganaderos y pescadores.

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Según videos difundidos en redes sociales, los taxistas avanzan pitando por las principales vías del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Además, la Ruta del Río fue bloqueada por montículos de tierra, piedras, costales y llantas con fuego, reporta la periodista Tere Menéndez.

«Hemos tomado esta decisión en vista de que las autoridades no nos prestan atención. Ahora que tomamos una medida de hecho aparece la Policía. Por qué no nos brindan ese mismo contingente (ante la inseguridad). Nosotros sabemos que esto es penado, pero es la única forma de llamar la atención de las autoridades», señala uno de los manifestantes.

La provincia de Los Ríos es una de las zonas más golpeadas por la delincuencia y el crimen organizado. Según diario La Hora, las bandas delictivas extorsionan desde locales comerciales hasta familias. Se presumen que un dólar por casa cuesta la extorsión en los barrios de Quevedo.

Este es uno de los cantones controlados por las bandas narcodelictivas conocidas como los «Choneros» y «Los Lobos». Según medios locales, suelen decomisarse varios cargamentos de droga al mes y son frecuentes los tiroteros. A mediados de agosto, fue encontrada una cabeza humana cercenada en medio de una calle. A unos metros, el cuerpo partido en pedazos reposaban en una funda de plástico.

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“Va a ser una acción prevente con el fin de que el Gobierno se sensibilice a cumplir con los acuerdos que ellos mismos han firmado, y con las promesas de campaña que le hicieron al pueblo ecuatoriano”, aseguró Espinoza.

El líder social afirmó que preparan acciones en conjunto con la Corporación de Montuvios del Litoral (Cormolit), dirigida por Benito Zárate y otras organizaciones de productores. Esta medida buscaría el cumplimiento de los acuerdos firmados en las mesas de diálogo y las promesas de campaña del presidente Guillermo Lasso.

Cierre del diálogo

El 14 de octubre finalizaron las mesas de diálogo entre el Gobierno, que estuvo representado por el ministro Francisco Jiménez, y los representantes del movimiento indígena: Conaie, Fenocin y Feine.

El Gobierno aseguró que se habrían logrado 218 acuerdos. Sin embargo, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza desmintió esa información. El líder indígena aclaró que se obtuvieron 92 acuerdos, 102 desacuerdos y 24 procedimientos, lo que da un total de 218 resoluciones.

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«Compañeros de Balzar, Palestina, Santa Lucia y Daule estaban preparados para levantarse en este inicio de semana. Sin embargo, les hemos dicho que tengamos paciencia», dijo.

Este 30 de agosto, el presidente de la Fenocin señaló que las organizaciones se encuentran a la espera de la firma del decreto de la condonación de deudas de hasta USD 10.000 en toda la Banca pública por parte del presidente Guillermo Lasso. Dicho tema fue tratado en la segunda mesa temática.

Según uno de los dirigente de la Fenocin, Leandro Ullón, el Gobierno se habría comprometido a firmar en un plazo de 15 días el decreto, pero todavía no han obtenido respuestas.

Espinoza sostuvo que de no llevarse acabo la firma, las organizaciones tienen previsto reunirse para evaluar las próximas acciones. Además, informó que este jueves se reunirán para tomar decisiones.

«Los compañeros de la Costa, Sierra y Amazonía están a la espera de la firma de este decreto que reglamenta la condonación de la deuda de la Banca pública», indicó.

Así también, mencionó que el decreto debe incluir a toda la Banca pública: SFN, Banco Nacional de Fomento y Liquidación y no solo a BanEcuador.

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Así lo informó la entidad en un comunicado de prensa, en el que remarca que la segunda parte de la primera división Serie A empezará el 8 de julio.

Mas no el 1 de julio como estaba previsto en un principio. Esto por la imposibilidad de mover a los equipos a las ciudades donde debían jugar.

En el documento, el organismo que rige el fútbol profesional en Ecuador aclara que tomo está decisión para precautelar el bienestar de los equipos.

Los mismos, que incluso se han visto imposibilitados de realizar con normalidad sus entrenamientos.

El titular de la Liga Pro ecuatoriana, Miguel Ángel Loor, expuso las razones por las que el directorio tomó esta determinación.

«Luego de un análisis general sobre la situación que atraviesa el país, conversado con nuestro Directorio y GolTV hemos tomado la decisión de aplazar el reinicio de la fecha 16 de nuestra Liga Pro», comentó el dirigente.

Reprogramar el inicio del torneo para buscar al finalista

La segunda fase del campeonato ecuatoriano buscará al rival de Barcelona, campeón de la primera, para definir al monarca 2022.

En caso de que el club más popular del país repita el triunfo se proclamará automáticamente como campeón nacional.

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Quito, 21 Jun (La Calle).- Tomaré prestado, el mecanismo que un periodista al que admiro mucho utilizó en sus crónicas sudamericanas. Un adjetivo que refleja lo que ha pasado durante los últimos días en la capital ecuatoriana.

Las avenidas más importantes de Quito se han teñido de plomo por el humo de los gases lacrimógenos. La Policía los lanza sin tregua contra los manifestantes. Como una escala musical, el ambiente de represión fue aumentando con los días.

A una semana de las protestas, el Estado policial y militar en el que Guillermo Lasso se asienta apareció en todo su esplendor. En nombre de la democracia, Patricio Carrillo ha enviado a toda la fuerza policial, esa que en los motines carcelarios, los casos de sicariato y los robos no aparecen. Miles de policías contra un pueblo que ejerce su derecho a protestar. Un derecho que está en la Constitución.

¿Cuántas veces en nuestra historia esta capital se ha convertido en epicentro de la libertad? El 10 de agosto de 1809, el 24 de mayo de 1822 ¿Cuantas veces Quito vio huir a presidentes que mintieron e incumplieron sus promesas? el 21 de enero del 2000, el 5 de abril de 2005.

Quito es la ciudad herida por el poder político, por el clasismo y el racismo que corroe y quema nuestra forma de vivir. Es la ciudad herida por los gritos con insultos racistas a los indígenas por parte de quiteños que dicen defender la ciudad.

Quito es la ciudad dividida por los ciudadanos que miran por debajo del hombro a las comunidades indígenas que llegan a la capital. Dividida por los que disparan a los manifestantes en Tumbaco y quieren atropellarlos.

¿A quién le pertenece Quito? ¿A los que insultan, a los racistas? ¿A la gente que protesta justamente por mejores condiciones de vida? Saque usted sus conclusiones, es libre de hacerlo.

Yo creo que Quito nos pertenece a los ciudadanos de a pie, que buscamos ganarnos la vida y caminamos por estas calles, ahora llenas de gas y que pasamos por la Casa de la Cultura, ahora tomada por la Policía. El Gobierno y sus acólitos, al parecer, piensan lo contrario.

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«El presidente no ha atendido nuestras demandas, hasta la fecha ningún resultado. Ante la negativa, nos hemos convocado de manera progresiva para el 22 de junio de 2022 a movilizarnos aquí en la capital», dijo Simbaña en rueda de prensa la mañana de este lunes 20 de junio.

Simbaña manifestó que las bases de AMARU de la Costa, Sierra y Amazonía están llegando a Quito. Una vez en la ciudad se concentrarán en la sede de la organización para marchar pacíficamente el próximo miércoles.

Además, recalcó que coincidirán con la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Sin embargo, no aseguró que se adhieren a las manifestaciones de la CONAIE.

Diálogos con el Gobierno

AMARU mencionó que los diálogos con el Gobierno Nacional «no ha servido de nada». Precisó que en cuatro ocasiones solicitó reuniones con el presidente Lasso. Sin embargo, en un año de peticiones, no ha sido atendida.

«Han habido reuniones que quedaron en palabras, a la final se minimizaron nuestros planteamientos. Es un año sin ninguna respuestas. Nos mandaron a la Dirección de Conflictos, pero sin resultados. No hay voluntad política para responder», expresó Simbaña.

También exhortó al Gobierno Nacional a no criminalizar la protesta social. «No puede ser que se criminalice por estar parado y reunido en una esquina».

Frente a ello, la organización hizo un llamado a la Asamblea Nacional a tomar las «mejores decisiones». «En manos de la Asamblea también están los destinos del país, entonces asambleístas actúen junto al pueblo frente a la crisis del Ecuador», manifestó.

Demandas de AMARU

Simbaña señaló que han pedido al régimen de Lasso atender sus problemas económicos y sociales, que son:

1. Condonación de deudas en la banca pública;
2. Solicitud de semillas de ciclo corto e insumos para enfrentar la crisis alimentaria;
3. Agilizar los procesos de adjudicación de las tierras comunitarias e individuales;
4. Fortalecr el sistema de salud y seguro campesino y la red de salud del Ministerio en lo urbano y rural
5. Fortalecer la educación en la ruralidad;
6. Reformar los reglamentos y leyes crediticias tnto para la banca pública como privada, debido a los altos intereses;
7. Establecer políticas públicas de protección del medioambiente, agroecológica y del agua;
8. Fortalecer el sistema de red vial para transportar los productos a la ciudad;
9. Fortalecer la economía comunitaria e intercultural;
10. Destinar becas para el sistema universitario para los pueblos y nacionalidades; e
11. Iniciar programas de vivienda rural.

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“El estado de excepción no se le ocurre al presidente. Tiene unas causas dictadas por la Constitución y el presidente de la República tiene que invocar una de esas causas para decretar estado de Excepción. Si él invoca a una grave conmoción social, conflicto armado o desastre natural, eso debe señalarse en el decreto”, dijo el jurista a Radio La Calle.

En el vídeo, Lasso no precisó la causa de esta declaratoria. “Si esa causa no se señala es muy difícil que el proceso de convalidación, que hace la Asamblea y la Corte Constitucional, se produzca”.

El artículo 164 de la Constitución señala como causales de un estado de excepción a : agresión, conflicto armado internacional o nacional, grave conmoción interna, calamidad pública y desastre natural. “Si el presidente decidió que existe una grave conmoción interna en estas tres provincias debe decirlo. Si no puede ser una causal de juicio político”.

Lasso tiene 48 horas para entregar el decreto a la Asamblea. El Legislativo puede anularlo en cualquier momento, sin perjuicio de lo que diga la Corte Constitucional. “Si el estado de excepción llega a las 09;30 del domingo, la Asamblea podría reconocerlo y dejarlo sin validez. Para el lunes, el presidente habría sufrido otra derrota. Además, la emisión de un decreto no desmoviliza automáticamente a la movilización indígena. Por lo que ha dicho en relación a los pedidos, podría querer cumplirlos”.

¿Qué significa el estado de excepción?

La medida de estado de excepción es una herramienta excepcional y esto implica que se pierden algunas libertades y se pueden hacer algunos actos como la utilización de fondos públicos o la recaudación anticipada de tributos. La policía puede violar el domicilio y el correo de los ciudadanos, puede impedir la libertad de tránsito, limitar la libertad de asociación, reunión e información”.

En el documento del decreto, que ya es público, el presidente declara el estado de excepción por grave conmoción interna en las tres provincias. Declara a Quito como zona de seguridad y dispone que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se desplacen a esos territorios.

La medida durará 30 días. Se suspenden los derechos de reunión y asociación. Las fuerzas del orden controlarán las aglomeraciones en sitios públicos. También se restringe la movilización hasta el 18 de julio desde las 22:00 hasta las 05:00.

En esta línea se excluyen a los servidores de salud, seguridad, emergencia vial, Ministerio de Gobierno y del Interior, sector exportador, personas que tengan vuelos, abogados, comunicadores y sectores estratégicos.

También se restringe el derecho a la información en la calidad de los servicios de telecomunicación fija, móvil e internet.

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“Él juzga el país desde la burbuja de Samborondón ¿Cómo no va a haber un detonante? Cuando la gente va al mercado y las cosas están caras, tenemos seis puntos más de pobreza, tenemos 1’050.000 pobres nuevos, la gente va a los hospitales por atención y no hay medicinas, cuando la gente pierde a sus hijos de 16, 18 años por robarles un celular”.

Añadió que la gente no cree en ninguna institución (Asamblea Nacional, Ejecutivos, medios de comunicación). “Cuidado pensar que la Revolución Ciudadana son solo las autoridades de elección. Representamos a las personas de los sectores populares que deben estar marchando allí. Nosotros apoyamos de forma absoluta a la protesta social. Nuestros militantes tienen toda la libertad de marchar y están allí”.

El legislador expresó que existe dignidad en las movilizaciones. “¿Cómo se llama que 10 policías encierren con los escudos a una mujer? Se llama dignidad. ¿Que los quiteños salgan en sus barrios a golpear las cacerolas porque están vacías? Eso es dignidad. Ponerse al frente de una movilización puede ser imprudente, porque los dirigentes políticos no podemos estar al frente de una marcha ciudadana”.

Para el asambleísta hay tres soluciones: la renuncia del presidente, la muerte cruzada por parte del presidente o la Asamblea Nacional y la revocatoria del mandato que es la que tiene más posibilidades.

“La Ley Humanitaria no debió aprobarse nunca. Unos días antes de la presentación de la ley de Moreno, yo presenté una ley que no pasó. Pedía que, por tres meses, no les cobren las deudas del sistema financiero. La deuda dividida en 12 meses y las cuotas sin intereses. Moreno planteó una ley erróneamente humanitaria. Apareció la precarización, el abuso y el despido y, por suerte, logramos eliminarla”. MIB

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