Omar C., Ernesto F., Carlos C., Silverio C., Nelly Y., Gabriela G., Juan B., Alexis M. y Cristian C. fueron investigados por el Tribunal de Juicio de Pichincha por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

Los detalles del proceso

En noviembre de 2022, siete activistas y dos dirigentes indígenas fueron llamados a juicio tras ser acusados de delincuencia organizada. La jueza encargada del caso fue Ana Guerrón.

La resolución final fue emitida este viernes 14 de abril, tras cinco días de audiencia.

Cinco de los nueve implicados que se encontraban privados de la libertad, fueron partícipes de la audiencia vía telemática. Mientras que cuatro de ellos se defendieron legalmente en libertad condicional.

Alberto Ainagano, presidente de la Ecuarunari, ratificó su apoyo para los dos dirigentes indígenas en el transcurso del proceso.

Durante el mismo, la jurista Rosa Bolaños argumentó que durante la presentación de los elementos de convicción de la Fiscalía, no se estableción una conexidad de los hechos y, por ende, no se logró individualizar responsabilidades.

El dictamen

Finalmente, luego de nueve horas de deliberación, la jueza ponente, Fanny Altamirano, ratificó ratificó la inocencia por la inexistencia de pruebas de seis de los nueve ciudadanos procesados. Se trataba de Nelly Y., Juan Carlos B., Silverio C., Ernesto F., Cristian C. y Alexis M.

En tanto, los elementos presentados por Fiscalía determinaron a Omar C. como autor directo del delito de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados, por lo que deberá cumplir una pena de 16 años. Para el dirigente indígena Carlos C. se dictó una pena de 13 años, en calidad de coautor. Por último a Gabriela G. se le dispuso una pena de 5 años en calidad de cómplice. La defensa técnica de estas tres personas declaradas culpables apelaron.

De este modo, concluye el proceso iniciado el pasado 19 de mayo de 2022. El mismo empezó su etapa de investigación en agosto de 2021. El caso llevaba en etapa de juicio desde noviembre de 2022. Finalmente el Tribunal emitió su resolución final la tarde de este 14 de abril de 2023. 

JR

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Quito, 11 mar (Radio La Calle).- Este 10 de marzo, en el Complejo Judicial Norte de Quito, instaló la audiencia de juicio contra los siete activistas del Movimiento Guevarista Tierra y libertad y dos líderes indígenas. Sobre ellos pesa una acusación por supuestos delitos de crimen organizado y trata de personas, para conflictos armados.

La Fiscalía pide 26 años de cárcel argumentando el traslado de personas hacia La Segunda Marquetalia, para entrenarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) con el fin de constituir una guerrilla urbana en Ecuador o ser candidatos políticos. 

El juicio comenzó con el pedido de declinación de la competencia, que exhorta a dejar en manos de la justicia indígena el procesamiento de hechos que se habrían dado en estos territorios, por los que son investigados los líderes indígenas Silverio C. y Carlos C.

“No puede alejarse a las personas de su juez natural”, alegó la defensa, a lo que la jueza Fanny Altamirano respondió que, aunque el sociólogo designado en la investigación dijo que las comunidades en cuestión son aptas para juzgar a los involucrados, la Ley determina que estas deben haber enfrentado anteriormente procesos similares. Aún tras críticas de la defensa respecto a la visión «eurocéntrica» y el «irrespeto a las plurinacionalidades de su contraparte», la jueza negó la petición e instaló el juicio. 

La defensa alegó la necesidad de resolver este caso en el menor tiempo posible por el desgaste de salud de varios de los acusados, tres de ellos en prisión, aún sufriendo de bipolaridad el primero; síndrome de Marfan, que afecta la vista y corazón, el segundo; y una reciente intervención quirúrgica de urgencia por apendicitis realizada al tercero de los afectados.

También por el caso de gravedad de una de las implicadas, que se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria por poseer una enfermedad posiblemente terminal. Lamentablemente, la petición de pronta resolución del conflicto no podrá ejecutarse por la gran cantidad de testigos llamados, desde ambos lados, por lo que el juicio se extenderá por más de una sesión. 

“Esto es un despropósito de Fiscalía para criminalizar las luchas sociales. Hoy en día ya hubo nulidades y se violaron algunos principios jurídicos, por ejemplo uno de los abogados de una compañera no pudo presentarse porque está con COVID-19 y prácticamente obligaron a otro abogado a asumir el caso en un claro intento de instalar la audiencia violando todo principio”, dijo Ernesto Flores Sierra, uno de los Guevaristas acusados, a Radio La Calle.

La Fiscalía fue llamada a precisar sus argumentos en varias ocasiones. Los abogados de la defensa presentaron cada uno de los casos y contextualizaron respecto a la calidad de ciudadanos a los que se estaba juzgando, pues se trata de personas activas socialmente y muy respetadas por sus comunidades. La defensa no pudo pasar por alto la criminalización del activismo político y social que encierran las acusaciones en discusión. 

EL CASO

Una fuente anónima contó a Radio La Calle detalles del proceso de allanamiento, donce fueron arrestados los ahora procesados y resalta el uso de la violencia y el despliegue de un gran arsenal armado para detener a personas en sus casas, ante sus hijos menores de edad y familiares. 

Supimos que, en el caso de Gabriela G., fue un arresto vergonzoso pues la obligaron a desnudarse en la estación ante varios policías y tuvo que cambiarse de toallas sanitarias delante de ellos, pues se encontraba menstruando en ese momento. 

La defensa alegó que las supuestas víctimas del “tráfico de personas” confiesan ni siquiera conocer a los implicados. Solo se ha hecho público un testimonio que dio a la revista colombiana Semana, de una supuesta víctima ecuatoriana de“tráfico de personas” que logró escapar de La Segunda Marquetalia y de sus “planes de extenderse en Ecuador”.

Fuera del Consejo Judicial varios activistas mostraron su apoyo a los Guevaristas. Nadinka Flores, miembro del Consejo de Familiares y amigos de los Hijos de Mayo y hermana de uno de los acusados comentó: “Nos reunimos para apoyar a los chicos, conscientizar a la gente de lo que sucede y pedir justicia. Hoy estuvimos aquí tres grupos artísticos haciendo un performance rebelde y contestatario para apoyar este caso”. 

La investigación de las autoridades inició en octubre de 2019 y tomó tres años llegar a las detenciones que se ejecutaron en la madrugada del 19 de mayo de 2022. No obstante,  las declaraciones de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, el 26 de octubre del año pasado, señalan a los guevaristas por supuestamente haber generado actos de violencia durante de la marcha de movimientos sociales en Quito. Esta acusación devino en una cacería de brujas para la organización, que parece no tener fin.

“Estamos seguros de nuestra inocencia, el Estado no tiene ningún tipo de prueba para negarla y solo espero que esto se resuelva rápido para que nuestros compañeros puedan salir de la cárcel y el resto podamos continuar con nuestras vidas”, concluyó Ernesto Flores.

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La reunión fue con la participación de Bárbara Natalia Sierra Freire, en representación del Comité de Familiares de los Hijos de Mayo, conjuntamente con los señores Edmundo Patricio Almeida Torres y Aquiles Alfredo Hervas Parra, abogados defensores del caso Movimiento Guevarista.

La Comisión de Garantías Constitucionales del Legislativo tratará la verificación del caso de Omar C., Juan Carlos B., Nelly Y., Carlos C., Silverio C., Gabriela G., Ernesto F., Cristian C., y Alexis M. quienes sostienen su condición de perseguidos políticos. “Nosotros estamos al tanto de cómo la comisión efectúa el proceso, por el momento tienen una decisión tomada. Será un procedimiento respectivo tal y como mandan sus reglas. Todos los que seamos convocados estaremos predispuestos para entregar la información que se requiera”, aludió el abogado a cargo del caso, Aquiles Hervas.   

En la mesa legislativa, las preguntas en debate serán planteadas por los mismos asambleístas. “Estoy muy expectante a toda la información para que no haya elementos que no se dejen de preguntar”, señaló. Los guevaristas entregaron temas a la mesa legislativa como la tortura psicológica en territorio colombiano y el seguimiento investigativo.

Situación de los cinco presos

La crisis carcelaria preocupa al movimiento Guevarista por los amotinamientos y muertes violentas en lo que va del 2022. El abogado reiteró el daño psicológico, emocional y físico que podrían envolver a sus defendidos.

Caso Guevarista

El 19 de mayo de 2022, el juez Gonzalo Núñez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, en Quito, ordenó la detención y el allanamiento de diez personas del movimiento Guevarista. Según el exministro del Interior, Patricio Carrillo, el proceso fue por la presunta participación en trata de personas con fines de formación paramilitar.

Al momento se encuentran cinco personas privadas de libertad. Sus casos serán tratados por la Asamblea, cuatro con medidas alternativas y una persona deseida (sin concretar). Con respecto a los cargos imputados por las autoridades, “hay muchas señales de una razón política, de seguimiento e investigación y ahora lamentablemente procesamiento del grupo”, indicó la defensa.

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Las paredes de Quito, capital del Ecuador, siempre han sido la pizarra de la expresión popular. Me recuerdo a mí misma recorriendo las calles de mi ciudad leyendo los mensajes que los desconocidos nos dejan a los transeúntes, algunas veces en formas ilegibles, otras con dedicatorias dirigidas al amor perdido, pero en otras se han convertido en un manifiesto frente al abuso y la opresión del poder. Tal vez por eso decía Jorge Enrique Adoum que la única forma de ser leído en este país, es escribiendo en las paredes y puede que tenga razón.

Últimamente los muros de Quito hablan de libertad y utopías en un escenario histórico político en que la restricción a los Derechos Humanos se ha convertido en la carta de presentación del Estado ecuatoriano. No recuerdo un momento más oscuro para mi tierra como el que hoy vivimos. Catorce hombres de este suelo fueron asesinados por la Policía Nacional entre octubre de 2019 y junio de 2022, meses de paralización popular y absurda represión gubernamental.

Sin esos grafitis yo no habría descubierto una realidad escondida por los medios de comunicación y que a medida que iba preguntando o investigando me iba causando mayor impotencia. Quizás por eso decidí que honraré mi apellido escribiendo lo que se calla y que solo las Paredes podemos gritar. La realidad de los presos políticos en este pequeño país del sur de América, la historia de ocho, o tal vez más, hombres y mujeres criminalizadas y torturadas por estudiar, por pensar, por actuar, por aprender, por enseñar, por luchar y por creer en la dignidad.

Al indagar un poco, encuentro un nombre común en el tema de los presos políticos de Ecuador: Ernesto Flores Sierra.
¿Quién es Ernesto? ¿Dónde lo encuentro? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Cuándo lo encarcelaron? ¿Está libre o sigue recluido? ¿De qué lo acusan? Mientras voy encontrando respuestas a esas interrogantes una canción del grupo español SKAP suena en mi cabeza: “solamente por pensar”. Porque, para empezar, lo primero que descubro es que Ernesto es un profesional de cuarto nivel, psicólogo de la Universidad Central, Máster en Estudios Culturales por la Universidad Andina y Candidato a Doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Ernesto es un intelectual que piensa y produce pensamiento, ese sería su principal delito en un país en el que todo está prohibido menos obedecer.

Lo busco en una red social y aparece frente a mí su imagen esposado, levantando sus manos en medio de los policías, haciendo una V con sus manos. Es el símbolo de la paz o el anuncio de la victoria sobre el poder de las élites políticas que los acusan de “trata de personas para conflictos armados”, como me contaría después en una conversación extensa y reveladora sobre el abuso estatal contra él y su organización política.

Nos encontramos en una cafetería que es muy familiar para mí y pido una sala reservada para escuchar la historia de quien se considera un militante político en defensa de la vida. Su conciencia, me explica, nació en el emblemático Colegio Mejía y se afianzó en la universidad pública donde surgió el Movimiento Guevarista, organización que dirige y en la que realiza acciones de educación popular, apoyo psicológico a población sin recursos y organización social para fortalecer el pensamiento político de izquierda.

Pero su historia de formación se relaciona a la de su familia, con una tatarabuela “guaricha”, de los ejércitos montoneros del General Eloy Alfaro, a la que reivindica en su narración y sus padres, quienes se conocieron y enamoraron en Alfaro Vive Carajo, movimiento político que apareció en la década de los 80 como respuesta a las medidas neoliberales que gobernaban el país y marcaron diferencias abismales entre las élites económicas y el pueblo común, sin acceso a derechos básicos ni condiciones de dignidad. Para Ernesto, el movimiento Guevarista es el heredero de la lucha social y el pensamiento político de la izquierda ecuatoriana.

“La burguesía siempre reivindica a sus héroes y por eso desde el proletariado debemos reivindicar a nuestros héroes y heroínas”

Para él, la formación académica ha sido una prioridad y una decisión política a la que ha invitado a sus compañeros a continuar, porque cree que la criminalización a los sectores populares solo puede ser frenada desde el desarrollo personal y la estabilidad económica que asegure la posibilidad de brindar su tiempo libre a la construcción organizativa. Los libros que ha escrito y ha publicado son un manifiesto de formación y educación a la ciudadanía tanto en el ámbito de la psicología marxista y popular como en el de la literatura heterogénea.

“Estudiar también es una forma de luchar para nosotros, por eso pedimos a los compañeros que se formen en la medida de sus posibilidades. En esta sociedad clasista incluso pudimos obtener una mejor celda gracias a nuestros títulos académicos”

Le pido que me cuente las condiciones en las que se fue detenido la mañana del 19 de mayo y me detalla que desde el paro de octubre de 2019, él y otros integrantes del Movimiento Guevarista fueron objeto de seguimiento por parte de representantes del Estado, pero que el día anterior la situación fue intensificándose, al punto de invitar a Gabriela y Omar (también detenidos en el operativo) a reunirse en un bar durante esa noche para brindar por lo que, entre risas me dice que bromeaba, serían sus últimas cervezas en libertad.

Horas después, entre 20 y 25 policías armados entraron a su vivienda buscando pruebas que sustenten las acusaciones del Estado, le apuntaron con fusiles y le redujeron al piso mientras él demostraba su colaboración por lo que dice, le permitieron vestirse y debió esperar desde las 6am hasta las 9am mientras los uniformados requisaban su casa. Entre los bienes que tomaron estaban libros, recuerdos, la cédula de su madre, su computadora y el teléfono con el que atendía a sus pacientes de la consulta psicológica.

En el calabozo de flagrancia debieron permanecer siete días, en los cuales perdieron la noción del tiempo y las horas. Encerrados en un subsuelo frío junto a otros PPLS con las luces siempre encendidas y sin acceso a un baño. La policía de manera agresiva les decía que usen los frascos de comida para evacuar sus necesidades biológicas. Solamente la primera noche pudieron ver a los abogados y salir a la audiencia de calificación de flagrancia, los restantes seis días permanecieron incomunicados en condiciones de tortura hasta que fueron movilizados finalmente al Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito.

Ocho personas fueron apresadas esa mañana, a través de un operativo simultáneo en tres provincias: Pichincha, El Oro y Chimborazo. En Quito fueron detenidos Ernesto, Omar, Gabriela, Alexis y Nelly; en Machala apresaron a Juan Carlos y en Guamote a Carlos Carguachiy Silverio Cocha, dirigentes de una comunidad a quienes la policía sacó de su territorio bajo el engaño de entregarles productos para los comuneros. En este último caso resalta la ilegalidad de la prisión, no solo por las mentiras que usaron, sino porque nunca se respetó su condición de quichua hablantes con lo que no pudieron conocer, sino hasta la audiencia, las razones por las que eran tomados por la fuerza pública y privados de su libertad.

La criminalización de la organización popular no es nueva para Ernesto y los otros siete presos políticos del Movimiento Guevarista, de su experiencia a partir de la lucha de los presos políticos en otros países como España o Paraguay, saben que los estados buscan asesinar la imagen de los luchadores sociales acusándolos ante la justicia de ejercer actividades aberrantes como terrorismo, secuestro o trata de personas. Pero su optimismo se impone en toda la conversación, no falta una broma o una perspectiva distinta a la que busca el poder. Lo que a mí me parece repudiable, por ejemplo, a él le parece una oportunidad porque mientras más increíble resulta el cargo que enfrentan, dice, más difícil les resulta a sus perseguidores probar cualquier hecho dentro de esa “farsa judicial”.

“Si te acusan de que estás haciendo trata de personas o que eres un secuestrador o que eres un terrorista o asaltante bancario pues quedas desacreditado, por suerte es tan delirante la acusación de fiscalía que nadie se la cree y se evidencian las violaciones al proceso y es una acusación llena de engaños que posiblemente nunca puedan probar y más cuando el movimiento Guevarista jamás se ha involucrado en esas cosas”

Ernesto fue liberado por la revocatoria de la prisión preventiva y dos de sus compañeros obtuvieron su libertad por medio de Hábeas Corpus. Con estas acusaciones siguen detenidos cinco ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas entre ellos los dirigentes de comunidades en Guamote y la dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas, Nelly Yacelga quien está en la cárcel de Latacunga enfrentando el terror de la crisis carcelaria en Ecuador, que solamente esta última semana se manifestó con dos motines en esa prisión de máxima seguridad. Su esperanza es que en la audiencia de formulación de cargos se revise esta arbitraria desproporción y sea liberada para enfrentar el proceso judicial sin riesgos a su vida e integridad.

“Dejé colgado en el Facebook que se quedaron los policías la canción ‘Sois ejemplo’ del grupo español Hábeas Corpus, que es un homenaje a las y los presos políticos porque presentía que ese 19 de mayo venían por nosotros”

Ernesto perdió su trabajo como docente universitario y su estabilidad económica. Cuando regresó a su casa debió limpiar el desorden que dejaron los policías después del allanamiento y la requisa de sus bienes como primer paso para recuperar su vida. Con orgullo me dice que lo mejor de toda esta experiencia es saber que ninguno de sus compañeros se “quebró” ante los abusos del poder. Todas y todos se mantuvieron firmes sin caer en las presiones para lograr delaciones falsas en contra de la organización. Habla de las redes de afectos que los apoyaron dentro de la prisión, desde familiares que se encargaron de proveer los recursos para “pagar el colchón” donde podían dormir, hasta los consejos y palabras que sus compañeros de celda les brindaban constantemente.

“Sales ya con la conciencia de que ya te metieron a la cárcel ¿Qué más te pueden hacer? Lo único que pueden hacer es matarte, pero tenemos claro que también es una contingencia que los revolucionarios podemos enfrentar”

Me quedan dos preguntas importantes en esta larga pero reveladora conversación con Ernesto y empiezo por la más política. ¿Qué significa ser guevarista?, le cuestiono como para ir cerrando las ideas que hemos desarrollado durante una hora. Siento que no ha enfrentado esta interrogante porque reflexiona alrededor de esta en voz alta, primero con una corta risa y luego con la seriedad que uno asume cuando habla de lo que ama. Ser guevarista, me explica, es rescatar la memoria de las historias de nuestro pueblo, es tener palabra, es hacer lo que se dice, es ser consecuentes, es no bajar la cabeza después de enfrentar la cárcel, es bajar el discurso político a las masas populares y seguir peleando por quienes son los más olvidados por el poder.

“Nosotros siempre hemos dicho que nuestra organización tiene que ser esa organización de nuevo tipo que se ponga al frente de la lucha social ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos decidido, no sé si eso alcance pero hemos visto que eso es lo que falta y eso lo hemos asumido porque nadie más lo está asumiendo y si otra organización lo hace nos sumaremos a ese esfuerzo por recordarle al pueblo que tiene derechos y que debe luchar por ellos”

Antes de pasar a la última pregunta señala que el exministro Carrillo quiso mostrar al país una organización urbana aliada a la CONAIE que pretendía realizar actos de terrorismo por coincidir con el pensamiento del periodista, escritor y filósofo peruano, José Carlos Mariátegui, con el que se reconoce afín porque en su movimiento todos leen, escriben y estudian. Una vez más me queda claro que la criminalización no es sobre cualquier persona, sino sobre aquellas que acceden a la educación y la cultura que el Estado les niega. Me cuenta que espera publicar sus escritos desde la cárcel y le digo que no solo me recuerda al propio Mariátegui, sino también al emblemático Gramsci y todas y todos quienes han sido visto como enemigos solamente por pensar.

“Si Carrillo realmente me entendiera le daría más miedo posiblemente, porque no hablamos de tirar piedras y tomarnos las calles sino de una real transformación del mundo andino en donde se incluyan todas y todos en las decisiones y la construcción del país”

Finalmente le pregunto por Natalia Sierra, la mujer que se convirtió en su voz durante los 110 días que estuvo en prisión y me habla del ayllu, que significa familia y no solamente porque sea su tía, sino porque es la madre que lo cuidó desde que el Estado le arrebató a Sayonara Sierra, la mujer que lo alumbró y cuyo caso forma parte de las ejecuciones estatales extrajudiciales determinadas por la Comisión de la Verdad en 2010; sino además porque ha sido ella junto a Wladimir Sierra, quienes lideran lo que él define como su “red de afectos”. Le pregunto si algo nos queda por añadir y me dice que solamente eso: saber que la red de afectos es la que salva la vida y que mientras no les llegue la hora de morir, serán sus familias, compañeros, amigos y estudiantes quienes les sigan cuidando frente al odio estatal.

“Como Mariátegui decía somos convictos y confesos por estudiar y formarnos, lo reconocemos y si quieren perseguirnos pueden hacerlo pero que se reconozca que es por esto y no por lo que están inventando en nuestra contra, que se sepa porqué nos están criminalizando”

Ernesto se despide, tiene una serie de actividades públicas planificadas por su organización, que debe acompañar como coordinador. Mientras guardo la grabación de esta entrevista y mis apuntes pienso en que cinco personas del movimiento Guevarista aún duermen en las cárceles del país por pensar distinto al poder y que su historia se asemeja mucho a la de Jorge Glas a quien otro sector político, también de izquierda, ha calificado como otro preso político tras cinco años de reclusión en cárceles de máxima seguridad y negaciones constantes de acceder a la defensa en libertad.

Me asusta pensar que, en una sociedad como la mía, en la que vivo y en la que crecen nuestros hijos, no solo puede matarnos la delincuencia, sino que un día cualquiera, el odio y la ignorancia de políticos ineficientes y demagogos puede arrebatarnos de un plumazo la vida que conocemos y nos obliguen a cambiar las aulas por prisiones y los libros por lamentos ¿Está alguien a salvo del odio burgués? Creo que esa pregunta quedará para nuestro siguiente encuentro en el que espero ya pueda contarme que los ocho guevaristas y todos los presos políticos del país están libres. Mientras busco el final de esta crónica suena de fondo Lucas Masciano y la Frente Marchita de todos los injustamente perseguidos por el neoliberalismo asesino. Una historia vieja que espero tenga, alguna vez, nuevos resultados.

*El 19 de mayo de 2022 fueron detenidos Gabriela Gallardo Sandoval, Ernesto Flores Sierra, Edison Omar Campoverde, Alexis Moscoso, Nelly Yacelga Ortega, Juan Carlos Bustamante Rueda, Carlos Carguachi Capito y Silverio Cocha.

Hasta el 9 de octubre de 2022, fecha en que se realizó esta crónica siguen en condición de presos políticos Edison Omar Campoverde, Nelly Yacelga Ortega, Juan Carlos Bustamante Rueda, Carlos Carguachi Capito y Silverio Cocha.

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Gallardo se mantiene bajo medidas sustitutivas después de ser acusada por presunto delito de trata de personas para conformar organizaciones armadas. La activista comentó que el fiscal a cargo decidió tomar las imputaciones en conjunto a todos los miembros del movimiento y no atenderlos de manera individual como dicta le ley.

El operativo se llevó a cabo en el domicilio de la militante sin presentar información sobre el allanamiento o los cargos imputados. Al lugar llegaron alrededor de 20 efectivos fuertemente armados con cascos, pistola y fusiles. Cuando Gallardo se dirigió a la puerta de su casa una serie de fusiles apuntaron contra su rostro.

“Me obligaron a desnudarme en frente de más de 12 personas. Les pedí que me den privacidad para cambiarme porque estaba con mi periodo y me dejaron ir con unos policías y una teniente que me gritaba que estaba detenida y punto”, manifestó.

Irregularidades en el proceso de detención

Gallardo informó que a los detenidos nunca se les comunicó la existencia de una investigación en su contra. Ningún oficial leyó sus derechos ni presentó orden de detención. Además, mencionó que solo le permitieron hablar con su abogada minutos antes que se presentara la audiencia por la formulación de cargos.

“Nos dejaron en detención durante varios meses sin haber sido informados. Se inició una investigación de carácter privado cuando varios jueces indicaron que no se autorizaba ninguna investigación de ese tipo”, enfatizó.

A lo largo del allanamiento, los oficiales se encerraron en las habitaciones, requisaron bloques de ropa, zapatos, libros y documentos. Se llevaron celulares, computadoras (más la de su hijo), revistas y panfletos del movimiento.

“La documentación que se llevaron pertenecía a las organizaciones de otros países, como sus propuestas políticas que era información de conocimiento público. Hasta el momento no entiendo que estaban buscando”, explicó.

El proceso desobedeció las sentencias emitidas por parte de la Corte Constitucional (CC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente a las personas con enfermedades catastróficas. La activista presenta un tumor cerebral y su compañero Alexis, otro detenido, padece el síndrome de Mafangue.

“Yo no recibí atención médica en el tiempo que estuve detenida, pese a que informé mi situación al Juez, a la Fiscal y al médico de flagrancia. Esto implicó un deterioro para mi salud”, recalcó.

Persecución Política

Meses antes de la detención, el MGTL denunció el hostigamiento que padecen por parte del gobierno. Gallardo relató que a cada lugar que acudían para brindar una conferencia o charlas, grandes bloques de policías los detenían, requisaban sus pertenencias y golpeaban su auto.

“En estos controles preguntábamos por qué nos hacían eso y solo respondían: dejen de hacer lo que hacen y los vamos a dejar tranquilos”, contó la activista. (N.J.)

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A la voz de “Movimiento Guevarista, tierra y libertad. Libertad y justicia para Ernesto Flores, libertad, a los presos por luchar”, aguardaron en vigilia los simpatizantes y familiares de Ernesto en los exteriores del Centro de Detención Provisional (CDP) Inca, al norte de Quito.

El 14 de septiembre se tramitó oficialmente la boleta de salida de Ernesto Flores. No obstante, los abogados ya habían realizó todas las diligencias correspondientes para que el vocero salga, aún así el CDP Inca impuso demasiadas trabas para este proceso.

“Esto es muestra de un Estado violento, violador de los Derechos Humanos y del debido proceso”, postearon los integrantes del MGTL en su página oficial.

Se había acordado que Ernesto salga a las 11:00, luego de que el SNAI le colocara un grillete. Sin embargo, cuatro horas después las autoridades no otorgaron ninguna respuesta ni información del detenido.

“Acaso al SNAI le falta también el presupuesto para comprar papel y esferos, por qué se están demorando, porque retrasan el proceso de liberación de nuestro compañero”, explicó un simpatizante del movimiento.

Detención de Ernesto Flores

Hace cuatro meses Ernesto fue encarcelado y la Fiscalía tramitó su detención bajo la acusación de trata de personas. Según la entidad de control, el vocero viajaba a Colombia para el reclutar personas con el fin de instruirlos para formar parte de su organización.

Uno de los abogados de Ernesto, Patricio Almeida comunicó que la Fiscalía no contaba con los argumentos y pruebas necesarias para proceder con la detención de su defendido. Para la Fiscalía, los viajes de Ernesto eran evidencia suficiente.

“Fiscalía no debe probar que se hicieron viajes, sino que en ellos se hizo algo ilícito”, mencionó el abogado para el medio Pressenza. 

Se mantiene en espera la liberación de otras cinco personas que forman parte del Movimiento Guevarista y que también fueron retenidas en mayo del 2022. “Seguiremos en las calles y plazas exigiendo la libertad de nuestros compañeros aún recluidos en las mazmorras de la burguesía”, recalcó un miembro del MGTL.

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“A esos grupos se han unido otros de igual dimensión radical como los grupos asociados a las organizaciones guevaristas con formación mariateguista que son identificados en estos escenarios. Estudiantes violentos, comités de la Revolución Ciudadana, líderes de los comités de la Revolución Ciudadana en barrios periféricos de Quito como Cutuglahua y Calderón. Allí se ubican y han realizado acciones terroristas como colgar claves en medio de las vías en la ruta viva y vía a la Mitad del Mundo”, dijo el ministro a los medios.

Protestas en el Puyo

El funcionario se refirió a los sucesos que dejaron un fallecido en la ciudad del Puyo. De cuya muerte, la Policía ha dicho que se debió al uso de artefactos explosivos. Los miembros de su comunidad denunciaron que el fallecimiento se produjo por el impacto de una bomba lacrimógena. En un video se observa como el humo sale del cuerpo del fallecido.

“Ha resultado ineficiente el diálogo en la ciudad del Puyo, es el lugar donde se realizó las mayores hostilidades. Gente en estado etílico. Se generaban turbas impresionantes que no permitían que las personas se atendieran en salud, el paso de ambulancias, de víveres. El desabastecimiento en la ciudad llegaba a niveles intolerables. Aproximadamente a las 18:00 se generan dos grupos: un grupo de ciudadanos que pedían la paz y el diálogo. Además el grupo este, radical de comunidades kichwas y shuaras del lugar que, con explosivos, lanzas y carabinas empezaron a atacar a personal civil y policial”, dijo.

Carrillo añadió que se ha pedido realizar una autopsia del ciudadano fallecido en el Puyo con forenses que no pertenecen a la institución. “En este desarrollo la turba busca incendiar patrulleros con policías dentro. Realiza saqueos de instituciones público – privadas como el Banco de Guayaquil y la Cruz Roja. Hasta terminar instalaciones de la policía nacional en el centro del Puyo”, expresó.

El ministro dijo que es una protesta sino un acto criminal y responsabilizan a los dirigentes nacionales y locales como Marlon Vargas, presidente de la Confenaie. “Presentaremos en fiscalía la denuncia formal porque estos actos irracionales no son protesta social sino actos criminales”. Agregó que el saldo fue un fallecido, seis policías heridos, tres retenidos y 18 policías desaparecidos, 18 vehículos y UPC incendiadas.

“Estamos tomando acciones para desalojar al personal policial de esa comunidad que ya vivió un trauma exagerado. Decidimos enviar personal policial formado en derechos humanos para buscar las empatías necesarias y conseguir un orden público”. MIB

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Miembros de la Policía Nacional allanaron en un operativo múltiple las viviendas de los militantes del movimiento. Los operativos se realizaron en cinco provincias del país: Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Portoviejo y Santo Domingo.

Omar Campoverde, Ernesto Flores, Gabriela Gallardo, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza, son los demás dirigentes detenidos según señalaron los voceros del movimiento.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, denunció la arbitrariedad e irrespeto de los derechos humanos fundamentales cometidos en las detenciones.

La Fiscalía fundamentó las detenciones con presuntas acusaciones de asociación ilícita, pero los dirigentes guevaristas afirmaron que se trata de una persecución política del gobierno en contra de la organización.

“Nos pinchan los teléfonos e incluso han impedido que publiquemos nuestro semanario”, expresó Ernesto Flores, uno de los detenidos.

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La organización se solidarizó con los activistas sociales que fueron detenidos este jueves. Además, manifestaron que se vulneraron sus derechos en el proceso de la detensión.

Ante esta situación, la organización manifestó que el Estado se ensaña y se persigue las ideas, sin embargo, ha demostrado una inoperancia contra las mafias del crimen organizado.

Asimismo, en el comunicado se alertó que estos allanamientos puede convertirse en la exposición de falsos positivos. Esto en medio de la grave ola de violencia, delincuencia y masacres que azotan al país.

“No podemos perdernos en la cortina de humo de un gobierno que quiere dejar por fuera de la opinión pública la crisis carcelaria más grande en la historia del país, la ausencia de medicina básica y trabajadores de la salud en los hospitales públicos”, expresó.

Además, la organización manifestó que el Estado ha desmantelado servicios públicos como el Registro Civil y el Banco del Pacífico, que pretende venderlo y provatizarlo.

“Exigimos la misma celeridad de la Fuerza pública y Fiscalía para tratar las denuncias de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y delitos de cuello blanco, que correspondan al país por estos casos”, insistieron.

Sobre el incidente, Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, se pronunció en su cuenta de Twitter. “Nuestra solidaridad con los activistas y luchadores sociales perseguidos y criminalizados. Clarísima la cortina de humo que Lasso, fuerza pública y Fiscalía pretenden para tapar su inoperancia e incapacidad de enfrentar la violencia, crímenes, delincuencia y corrupción”, dijo.

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De acuerdo a las autoridades, hasta el momento han detenido a 8 personas, en allanamientos donde se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela.

La tragedia de las familias

Las familias y abogados de los detenidos han sido claros en denunciar que estas detenciones fueron ilegales y son parte de una persecución política en contra de activistas y organizaciones sociales, desde el Gobierno de Guillermo Lasso. Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, sostuvo que sus familias son chivos expiatorios de un Gobierno que no ha podido manejar la crisis de seguridad que vive el país.

Asimismo, Natalia Sierra, docente y tía de Ernesto Flores, uno de los detenidos, responsabilizó al Estado por la seguridad de los detenidos y los efectos que estas detenciones puedan tener sobre sus familias.

Ana Vera, una de las abogadas de Surkuna, insistió en que el Gobierno está creando un enemigo político. Llamó a la ciudadanía a unirse en este caso, pues hoy fueron los miembros del Movimiento Guevarista, pero mañana podría ser cualquier activista político o defensor de los derechos humanos.

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Sierra responsabilizó al Gobierno por la seguridad de sus familiares detenidos y de las repercusiones que pueden darse en su familia, como en su madre de 80 años. Reiteró que los allanamientos se realizaron sin el debido proceso y utilizando un uso desmesurado de la fuerza.

Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, sostuvo que están pidiendo prisión preventiva para sus familiares detenidos. En este sentido, cuestionó que pretendan llevar a sus familias a las mismas cárceles que el Estado es incapaz de sostener. “Donde hay matanzas van a llevar a nuestra familia. Siguen llenando de detenidos a esas prisiones, con todos esos problemas de seguridad y con toda esa desprotección de derechos que tienen las personas privadas de la libertad”, inquirió

Insistió en que no existe ninguna garantía para sus familiares y por eso la máxima exigencia de los abogados de los detenidos será evitar la prisión preventiva. Enfatizó en que existen otras opciones, pero que se resistirán a la prisión preventiva.

Gallardo insistió en que hay que contextualizar lo que ocurre en estos momentos en el país, como la visita de autoridades estadounidenses. “Somos el chivo expiatorio de un Gobierno incapaz de proteger a las personas y de tener acciones que sirvan puntualmente para reducir los problemas de seguridad y en las cárceles”, asevero.

De igual manera, dijo que los medios de comunicación masiva están difundiendo información que no está comprobada, porque ni siquiera existe aún la acusación de la Fiscalía, porque no se ha constatado nada. Insiste en que esto es parte de una agenda política y mediática y que están utilizando a sus familias como chivo expiatorio, para desviar la atención sobre los problemas de seguridad que no ha podido manejar el Gobierno.

Gallardo contó que el allanamiento ocurrió en horas de la mañana en presencia de adultos mayores y menores de edad. En este sentido, cuestionaron cuáles son las garantías para sus familias y de seguridad de los detenidos. “Ser un defensor de derechos humanos, ser pareja de un defensor de los derechos humanos o ser hijo de personas que son activistas políticos no es un delito”, aseguró.

La defensa

Ana Vera, abogada de Surkuna, aseguró que los Guevaristas son reconocidos como una organización social, cuyo trabajo es reconocido desde hace unos 15 años. Denunciaron los operativos violentos, sin explicaciones, en los que fueron sometidos a violencia, sin decirles lo que sucedía y sin permitirles hablar con sus familias. Asimismo, dijo que los abogados tuvieron problemas para contactarse con los detenidos.

Vera calificó estas detenciones como una persecución política contra defensores de Derechos Humanos y luchadores sociales. “En este sentido queremos denunciar esta práctica estatal y queremos llamar a toda la gente a sumarse. Hoy es el Movimiento Guevarista, mañana puede ser cualquiera de nuestros movimientos y organizaciones sociales, porque la persecución política estatal se configura justamente en identificar personas y grupos, para convertirlos en enemigos del Estado”, dijo.

La abogada del INREDH informó que posiblemente la audiencia se realizaría a las 19:00 horas. Asimismo, sostuvo que mantuvo contacto con varios de los activistas detenidos y que junto con otras organizaciones sociales serán parte de la defensa y acompañamiento en todo el proceso. Lamentó que la justicia haya regresado a la década de los 80 y siga rondando el fantasma de las patrullas volantes. «Hoy ocho personas cargan con el derecho penal, por quienes tienen interese políticos en una agenda de securitización y legitimación de la violencia».

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Sin embargo, es de conocimiento público que quienes son parte de esta organización son estudiantes, docentes o personas que han dedicado su vida al trabajo comunitario y a la organización popular; y que sus posturas han sido difundidas  frontalmente, a través de los propios medios de comunicación. 

En este sentido, el movimiento rechaza la forma arbitraria e ilegal en la que se realizó las detenciones, pues aseguran que no hubo el debido proceso. 

La Alianza de Organizaciones por los derechos humanos denuncia también que en uno de los allanamientos, los agentes policiales no se identificaron y no se exhibió la orden judicial correspondiente, únicamente se indicó que se trata de una investigación por asociación ilícita y terrorismo.

Asimismo, sostiene que es evidente el uso indiscriminado de la figura de terrorismo para perseguir, hostigar y criminalizar a activistas sociales. 

En este sentido, la exigencia desde el movimiento y desde las organizaciones por los derechos humanos es que la Fiscalía entregue de manera inmediata información clara y precisa sobre el móvil de estos allanamientos y detenciones.

Asimismo, es urgente que la Defensoria del Pueblo haga acto de presencia en la Fiscalía por presuntas irregularidades y para que vigile que se cumpla el debido proceso.

“Nos mantenemos vigilantes, respaldando a nuestros compañeros Ernesto Flores, Omar Campoverde, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza; cuya detención responde a una estrategia más del Gobierno Neoliberal de turno, como intento de tapar su inoperancia ante diferentes realidades nacionales que no desean visibilizar en el informe a la Nación del 24 de mayo”, sostuvo el movimiento en un comunicado. 

“Nosotros no somos terroristas, exigimos que el ataque sistemático que hemos sufrido culmine y nos dejen continuar caminando junto al pueblo, que es a quien nos debemos”, añaden. 

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«Los allanamientos se hicieron en cinco provincias: Santo Domingo, Manabí, Cotopaxi, Portoviejo y Pichincha y se arrestó a siete dirigentes», dijo a Radio La Calle, Diego Rivera, miembro de este movimiento.

Añadió que la Fiscalía los acusa de asociación ilícita y que se trataría de una persecusión política del gobierno en contra de la organización. «Nos pinchan los teléfonos, Ernesto Flores dijo que lo siguen e incluso han impedido que publiquemos nuestro semanario».

Por el momento, los detenidos esperan la formulación de cargos.

El pronunciamiento

El Movimiento Guevarista rechazó fervientemente la detención de sus líderes. «Nuestra lucha siempre ha sido transparente, visible y en muchas ocasiones mediática, razón por la cual no aceptamos la manera en la que se ha llevado a cabo la detención de nuestros compañeros, ya que no se ha seguido el debido proceso».

Añadieron que no son terroristas y exigen que el ataque contra ellos finalice. «Responsabilizamos a la Justicia ecuatoriana y a la Policía Nacional de cualquier daño, lesión o afección a la salud e integridad de nuestros compañeros».

Los dirigentes detenidos son: Ernesto Flores, Omar Campoverde, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza. MIB

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“La Policía realizó dos allanamientos en la casa de Nelly Yacelga, dirigente del Movimiento Guevarista y la casa de los esposos Omar Campoverde y Gabriela Gallardo. Fiscalía no ha proporcionado ninguna información al respecto, simplemente dicen que es trata de blancas, pero no justifican. Parece más una posición para descabezar los movimientos sociales”, dijo a Radio La Calle el abogado Patricio Almeida.

En principio, el vocero del Movimiento, Ernesto Flores no contestó el teléfono y lo apagó después, según el relato del abogado, lo que llevó a pensar en la posibilidad de desaparición. Ese hecho ocurrió a las 6 de la mañana cuando informaron al jurista de las detenciones. No obstante, a las 8:30, la Policía apareció con él en la Unidad de Flagrancia, al igual que con un joven de nombre Andrés Caiza.

La Policía no permitió tomar fotografía del parte y simplemente para todos los detenidos, la razón es trata de blanca. Una teoría que podría aplicarse en este caso es lo que sucedió en Colombia con Iván Márquez, implicado en el supuesto delito de trata de blancas. Una de las jóvenes, ecuatoriana y menor de edad, declaró en Colombia que le ofrecieron una beca y que la reclutaron a la fuerza.

El procedimiento

Las autoridades tienen 24 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos que están en la unidad de Flagrancia. “Estoy recabando los documentos que justifiquen el arraigo porque en este país, con la fiscal Diana Salazar, a todo el mundo le dan orden de prisión preventiva sin fundamento y abarrotan las cárceles. Deben poner medidas sustitutivas porque no veo ningún elemento de convicción para detener a los dirigentes sociales. Fiscalía va a formular cargo, de todas formas”.

Los familiares de Gabriela Gallardo se comunicaron con el abogado para solicitar su ayuda. La madre de Gallardo se encuentra en Flagrancia y al tener un problema de salud llamaron a los paramédicos. “No permiten que la hija pueda ver a su madre. No se sabe el estado de la señora si está detenida o entró a acompañar a su hija”. MIB

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El vocero explicó que ya no se encontraban en el momento de los enfrentamientos en la plaza de Santo Domingo. «Las declaraciones de la ministra Vela las escuchamos en nuestra oficina».

«El Estado ya es violento. Es violencia que cataloguen de terroristas a un grupo de jóvenes, mientras aplauden a la derecha que se reúne en Cusín», añadió.

Flores expresó que ninguno de sus miembros ha sido detenido, sin embargo denuncia una vigilancia permanente.

¿Qué hace el movimiento?

Flores agregó que su trabajo es para la comunidad. «Realizamos escuelas de formación política, economía solidaria. Si una organización nos pide apoyo, nosotros vamos a ayudar. Tenemos un centro de psicología para la comunidad, también formamos una escuela para los niños que no podían acceder a la educación durante la pandemia».

El vocero indicó que están cerca de los sectores populares, no obstante, no pertenecen a ninguna organización o partido político fuera del movimiento guevarista.

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