En abril del 2021, la aerolínea lanzó su oferta de vuelos a nueve ciudades del país como Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Manta, Lago Agrio, Coca y Macas, pero nunca se concretó el inicio de las operaciones.

Según la justificación de Delgado, las crisis políticas y sociales del país espantaron a los inversionistas. Por ejemplo, antes del decreto de Muerte Cruzada, emitido por expresidente Guillermo Lasso, la empresa captó una inversión de USD 30 millones por parte de unos ejecutivos de Medio Oriente.

Una semana antes de firmar el convenio y definir los desembolsos, el exmandatario ordenó la disolución de la Asamblea y »asustó» a los inversionistas, quienes cuestionaron la falta de gobernabilidad en el país. Asimismo detalló que la inseguridad y la cifra de muertes violentas elevaron el denominado riesgo país, lo cual implicó una gran afectación para los empresarios.

Un nuevo mecanismo de inversión

Actualmente, Ecuatoriana Airlines abrió un nuevo mecanismo de inversión a través de la plataforma digital de WeFunder, en donde cualquier ciudadano podrá invertir desde USD 250 a USD 5 mil y formar parte del club de fundadores.

El portal web cuenta con la protección y el monitoreo de la Comisión estadounidense de Bolsa y Valores que garantiza la seguridad y transparencia a los inversionistas. La meta de la aerolínea es llegar a USD 3.5 millones en inversiones.

»No se ha tocado un solo dólar de esa inversión, los fondos siguen ahí. Hoy por hoy tenemos 60 inversionistas», resaltó Delgado.

Agregó que las personas que decidieron apostar por esta iniciativa no forman parte de los grandes grupos económicos del país, sino todo lo contrario, son pequeños inversores y en su mayoría son jóvenes.

El dinero obtenido en Wefunder no sería suficiente para levantar una aerolínea, pues el límite de recaudación es de USD 5 millones. Según explica Delgado, lejos de un interés monetario esta estrategia tiene el propósito de atraer inversionistas ecuatorianos que sean leales a la marca.

Del otro lado, Ecuatoriana Airlines trabaja con delegados en el país y en otras partes del mundo para gestionar inversiones más grandes. Hasta el momento esperan cerrar un convenio de inversión por USD 30 millones .

El nombre tras Ecuatoriana Airlines

A su registro en el 2020, Ecuatoriana Airlines adquirió el nombre y la marca de la extinta empresa Ecuatoriana de Aviación. La antigua aerolínea fundada en 1957 bajo una alianza privada entre un consorcio de propiedad del estadounidense Clarense Shelton y las aerolíneas TAN de Honduras y APSA de Perú.

El 19 de enero de 1969 uno de sus aviones fue secuestrado por un comando armado que llevó a 77 pasajeros y a ocho tripulantes a Cuba, no hubo víctimas. En 1974 pasó a manos de la dictadura militar y en 1996 volvió a ser privada, sin embargo, quebró completamente en el 2006.

La reactivación de una empresa muerta

El proceso para obtener el permiso de operación (AOC’s, Air Operator’s) tiene cuatro fases y hasta el 2023 la empresa llegó a la tercera fase. Para llegar a la obtención del permiso en la fase es necesaria una demostración por lo que es necesario el capital para la adquisición de aviones y contratación de personal.

Actualmente, la empresa tiene seis aviones en California y no ha tomado posesión de los mismos. El transporte aéreo está listo para operar y se prevé que las unidades sean trasladadas al país próximamente. (AGM)

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Los abogados constitucionalistas Alberto Montenegro y Mauro Andino explicaron que por mandato constitucional Abad asumiría la Presidencia si Noboa decide ir a la reelección en 2025.

Montenegro comentó que independientemente del cargo o función que el presidente le haya designado, ella deberá suspenderla y asumir el nuevo rol en la Presidencia.

Sin embargo, ante el evidente distanciamiento entre el binomio cuestionó si la actual vicepresidenta logrará terminar el mandato junto a Noboa.

«Hasta que termine el período todo puede pasar y con lo débil que son las instituciones en el país, es incierto lo que se puede avecinar. Por ejemplo, Moreno tuvo cuatro vicepresidentes», apuntó.

Además, Andino indicó que si Noboa se postula en el próximo período presidencial deberá pedir una licencia sin remuneración; esto desde que inicia la campaña electoral hasta que termina. En caso de existir una vuelta electoral, al presidente le tomará 45 días y si existe una segunda vuelta el lapso será de tres meses aproximadamente, entre las dos.

Ambos coincidieron en que no existe ningún otro mecanismo constitucional que impida que ella- si se mantiene en funciones- asuma la Presidencia.

Todos pueden ser reemplazados

No obstante, la Constitución establece varios mecanismos que se aplicarían para reemplazar al vicepresidente, entre ellos:

• Juicio político, en el caso de delito contra la seguridad, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, por razones políticas o de conciencia.

Para este punto se necesitan 92 votos y el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Sin embargo, ya hay un antecedente en el que la entidad negó este proceso contra Guillermo Lasso.

«Al ser causales específicas es casi imposible que la conducta de Abad se encasille con las causales», remarcó Andino.

• Terminación de período presidencial;
• renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea Nacional; o,
• incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, avalado por médicos y declarada por la Asamblea Nacional;
• Por abandono del cargo;
• Revocatoria de mandato.

La elección de uno nuevo

Según la Constitución, en caso de una ausencia temporal del o la vicepresidenta, el Legislativo elegirá a su reemplazo con base en la terna enviada por el o la presidenta y con el voto conforme a la mayoría de integrantes.

En caso de que el Legislativo no se pronuncie en el plazo de 30 días, se sobreentenderá que la persona elegida es quien encabeza la lista.

Ya se habló de una reelección

Noboa en una de sus reuniones en Washington aseguró que para que sus planes económicos funcionen necesita ser reelegido. Según recoge Infobae, el mandatario entrante precisó que su proyecto solo será “sostenible” si los ecuatorianos lo vuelven a sentar en Carondelet en el 2025.

El presidente explicó su política económica a prestamistas multilaterales y banqueros de inversión, entre ellos autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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En entrevista para Ecuavisa, Cucalón hizo un análisis desde su llegada a la cartera de Estado hasta los últimos latidos del anterior régimen, que no pudo culminar su mandato por escapar del juicio político llevado a cabo por la pasada Asamblea Nacional.

Dos escenarios marcaron los casi 10 meses del secretario de Estado: uno, la muerte cruzada, la cual siempre estuvo sobre la mesa, afirmó; y dos, el magnicidio de Fernando Villavicencio, que consternó al Ejecutivo, según sus palabras.

El exministro señaló que Lasso no abandonará el Ecuador, incluso abrirá una galería en Guayaquil para exhibir los logros de su gobierno, documentos históricos y objetos que conformaron la Presidencia durante su periodo. En ese lugar también habrá una oficina dedicada a «seguir luchando» contra la desnutrición crónica infantil.

La salida de Lasso

El exjefe de Estado aseguró que salió por la puerta grande de Carondelet, pero los resultados de su gestión y la ciudadanía dicen todo lo contrario. Para Cucalón, Lasso «salió por donde entró. No salió en una ambulancia o en un helicóptero, no salió derrocado y no salió destituido».

Considera que la decisión de disolver la Legislatura fue una solución constitucional y democrática que tuvo como objetivo acabar con la crisis política. «Devolvió el poder a la gente (…) Nada más legítimo, nada más puro que haya una Asamblea elegida por el pueblo y un presidente en funciones elegido en un proceso diáfano y libre». declaró para el medio.

La posición del exfuncionario fue siempre enfrentar el juicio político, pese a la conflictividad que había desembocado en una «treta» por un supuesto peculado llevado a cabo en el Parlamento; y otro frente abierto en las calles por una persona afín al «comunismo indoamericano», en referencia al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aunque no lo nombró directamente.

Caso Encuentro y dos crisis

El caso Encuentro, en el que el cuñado de Lasso está implicado, no generó preocupación para Cucalón, quien afirmó que abogó por la investigación y sanción si fuera necesario, y desestimó las vinculaciones al expresidente.

En cuanto a la seguridad y la violencia, Cucalón defendió las acciones del gobierno, aunque admitió que es un desafío que trasciende un solo mandato y requiere esfuerzos continuos.

La entrevista también abordó la crisis energética, donde Cucalón admitió que las medidas podrían haber sido insuficientes, pero defendió la firma de contratos de concesión como un paso necesario en el cambio del modelo de generación energética.

Sobre Noboa y su gobierno

El exministro cree que el presidente Noboa se ha forjado correctamente una carrera política. Sus inicios como asambleísta demuestran que tiene vocación. Al respecto del pacto ADN-RC-PSC, argumentó que «el problema no es con quién se vota, sino para qué se vota». Piensa que este es el tema fundamental y los frutos se verán a futuro.

Sobre la propuesta de fusión de ministerios del Interior y gobierno, Cucalón se mostró neutral, esperando la justificación del tema y la capacidad del nuevo gobierno para gestionar ambas responsabilidades.

¿Qué será de su vida?

El exministro reveló sus planes futuros, que incluyen retomar actividades privadas y académicas, expresando su interés en seguir contribuyendo a la vida pública y política del país.

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Benavides explicó que ni la Constitución ni el Código de la Democracia especifican los parámetros básicos para las nuevas postulaciones. Sin embargo, recalcó -en entrevista para Radio La Calle– que una sentencia de la Corte Constitucional (CC) especifica que el período (2023-2025), al ser atípico, no se considera «imputable para efectos de la reelección».

La sentencia 002-10 de la Corte indica que las elecciones anticipadas legislativas y presidenciables convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se deberán entender que son para completar el resto de los períodos. Por lo que, no podría considerarse «un nuevo período regular imputable para el caso de reelección».

«Es decir, todos podían ser candidatos para las elecciones. Los asambleístas nuevos, destituidos (con algunas salvedades) e incluso el propio presidente Guillermo Lasso», dijo.

También, mencionó que, si ahora hay rostros conocidos en el Pleno del Legislativo se debe a la sentencia de la CC, pues ellos sí podían postular para completar el período (2023-2025).

De la misma manera, el abogado constitucionalista Mauro Andino aclaró que existe otro escenario. Uno en el que los legisladores se postularon por primera vez, estos podrán culminar este lapso y postularse -de ser el caso- en las elecciones de 2025 y 2029.

«A ellos no se les contabiliza este tiempo entero y podrán postularse para el mismo cargo en los siguientes dos períodos», apuntó para Radio La Calle.

Los vacíos

Ambos juristas detallaron que los principales vacíos están en la Constitución y el Código de la Democracia. Tanto Benavides como Andino resaltaron la necesidad de generar otra interpretación a esta medida para que se puedan reglamentar los procesos que quedaron varados. «Por ejemplo, al disolver la Asamblea Nacional varias leyes, reformas y decretos se mantienen en el archivo», señaló Andino.

El abogado explicó que otras incógnitas surgen en los procesos de juicio político contra los diferentes actores políticos, los indultos o plazos interrumpidos.

Andino añadió que los principales cambios se deberían realizar a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa. Algo similar explicó Benavides, que argumentó que el CNE también podría establecer lineamientos para una nueva reglamentación en este caso.

Además, apuntó que sería propicio una interpretación del Procurador general para definir algunas limitaciones en este espacio.

En la Constitución, el único punto que topa la disolución del Legislativo es el artículo 148. Sin embargo, no especifica tiempos, relaciones, limitaciones o abstenciones de los actores políticos y las elecciones anticipadas.

Sobre la elección de los asambleístas

El artículo 93 del Código de la Democracia reza que los dignatarios de elección podrán reelegirse por una sola vez de manera consecutiva o no, para el mismo cargo en dos períodos. No obstante, esta decisión no rige para las autoridades de elección popular que ostenten la calidad de suplentes. En este inciso se incluye la salvedad del decreto de la muerte cruzada.

«Se entenderá por reelección, igualmente, la de las autoridades que habiendo sido elegidos para un cargo han pasado a desempeñar por subrogación definitiva otro cargo de elección popular», reza el artículo.

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Tras el último registro del 25 de agosto, el índice de Venezuela, Argentina y Ecuador fue de 384.71, 20.66 y 17.65 respectivamente. Estas tres naciones poseen los valores más altos de riesgo en América Latina.

El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación en base al entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. Si el riesgo país es alto, significa que el dinero de los inversores corre un alto riesgo de pérdida.

Punto de partida: Paro Nacional 2022

A partir del 13 de junio del 2022 empezaron las protestas en el país como una respuesta a problemas estructurales como la pobreza, falta de empleo e inequidad. El movimiento indígena se levantó en protesta durante 18 días con una lista de diez exigencias al gobierno, entre ellas la reducción de precios a los combustibles.

El Paro Nacional terminó el 30 de junio con un acuerdo entre el Ejecutivo y las organizaciones. A partir de este día se instalaron mesas de diálogo para llegar a consensos. Más tarde, el movimiento indígena denunció que no se cumplieron con los acuerdos establecidos en estos espacios.

Esta movilización provocó que el índice del riesgo país llegue a los dos dígitos. A inicios de junio del 2022 el RP era de 7,96 y a finales de mes llegó a 11,65, es decir, hubo un incremento de más de dos puntos.

El nivel de aceptación del presidente Guillermo Lasso en sus 14 meses de mandato era de apenas el 17 %. Luego del Paro Nacional la credibilidad del primer mandatario quedó aún más manchada.

“Esto señala que los inversores del extranjero no ven en el Ecuador una buena perspectiva porque ven un país conflictivo con un gobierno débil” señaló el economista Juan Pablo Jaramillo en entrevista para Radio La Calle en julio del 2022.

Caso Bernal: Crisis en la Policía Nacional

Un hecho que también marcó la historia del país fue el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía. Este suceso fue calificado por exministro del Interior, Patricio Carrillo como una de las peores crisis de vida institucional de la Policía.

Más adelante sería precisamente este caso y el de la represión de junio del 2022 los detonantes para que el exfuncionario fuera censurado dos años por resolución del Legislativo.

Después de un largo proceso para la captura el autor del crimen, Germán Cáceres, un juez lo sentenció a 34 años y ocho meses de prisión por el femicidio de Bernal. No obstante, la madre de la víctima Elizabeth Otavalo señaló que hasta el momento no existe una sentencia para la Escuela Superior de Policía donde fue asesinada su hija.

A inicios de septiembre el riesgo país se ubicaba en un índice de 15,61, tras el caso Bernal los valores del RP incrementaron hasta que a fin de mes llegó a 17,53.

Caso Gran Padrino en la Asamblea Nacional

Con 94 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una Comisión Multipartidista para investigar »El Gran Padrino» o caso de presunta corrupción en sectores estratégicos en el gobierno de Guillermo Lasso.

La Comisión Multipartidista estuvo liderada por la exasambleísta Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r). La mesa también estuvo conformada por Pedro Zapata (PSC), Diego Esparza (independiente), Rodrigo Fajardo (ID), Gruber Zambrano (BAN) y Augusto Guamán (independiente).

El plazo de investigación de la comisión finalizó y ni el presidente Lasso ni su cuñado, Danilo Carrera, comparecieron en la Asamblea, solo hubo excusas. Los asambleístas expusieron su indignación respecto a la postura y el silencio del mandatario.

Finalmente a finales de febrero, la comisión recomendó el proceso de juicio político contra el mandatario con un informe de más de 220 páginas con las observaciones de las evidencias y comparecencias en la mesa parlamentaria.

Tanto el mes de enero y febrero tuvieron sus altibajos en los índices de riesgo país, el mes de enero empezó con un RP de 12,45 y el mes de febrero con 17,65, lo cual indica un aumento de más de cinco puntos.

Muerte Cruzada

El mes de mayo del 2023 fue el más decisivo en el escenario político del país pues el Pleno del Legislativo dio paso al juicio político contra el presidente Lasso. Sin embargo, el 17 de mayo a un día de la votación para su destitución decidió emitir el decreto de muerte cruzada para disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas.

El mes de mayo empezó con un índice de 17,40 y terminó 19,11, un valor que solo fue aumentado con el paso del tiempo. Más adelante el país empezó a manejarse sin Asamblea, ahora los decretos deben pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Solo a finales del mes de junio el RP puntuó 19,22.

Asesinatos políticos

Tras dos asesinatos políticos el RP fue incrementando y el mes de julio cerró con 19,71. Sin embargo, durante los dos primeros días del mes de agosto el país presentó índice de 20,18 y 20,35 respectivamente. Estos valores elevados incluso sobrepasaron el RP de Argentina, un país sumido en la crisis económica después de Venezuela.

El economista Diego Borja agregó que uno de los motivos para la subida abrupta del RP es la capacidad de la producción petrolera, la cual ha disminuido en los últimos años y se ha estancado en el mercado internacional.

Por otro lado, antes y después de la muerte de Villavicencio el RP pasó de 20,33 a 19,94. Mientras que en las elecciones anticipadas existió un registro de 17,50. (AGM).

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Según un reporte del Observatorio Legislativo, ambos exlegisladores presentaron dos proyectos de ley durante los dos años que permanecieron en la Asamblea Nacional. El sistema registró a González con 546 asistencias y Noboa con 286.

Respecto a la destitución y el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, González voto a favor mientras que Noboa envió a su suplente Ana Carolina León, quien votó por la »abstención» y un »sí» respectivamente.

¿Qué hizo Luisa González?

González Alcívar Luisa Magdalena fue asambleísta provincial por Manabí en representación de la Alianza de Unión por la Esperanza (UNES) que comprendía los movimientos políticos de la Revolución Ciudadana y Centro Democrático. De igual manera formó parte de la Comisión Permanente del derecho a la salud y deporte.

Dentro de su rol fiscalizador realizó 96 pedidos de información y recibió respuesta de 62. Además en 70 ocasiones delegó a su suplente en el Pleno Legislativo y tuvo 43 ausencias en las votaciones. La ocupación de su curul fue del 93.47 %.

Reformas a la Ley de la Función Legislativa

Su primera propuesta junta a la exlegisladora Patricia Mendoza fue la de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que consistía en la modificación a 25 artículos.

Las parlamentarias proponían la posibilidad de priorizar los juicios políticos por decisión de la mayoría absoluta del Consejo de Administración Legislativa (CAL) con el objetivo de dar mayor dinámica en el trámite legislativo. El planteamiento era dar una facultad al Secretario General para que lea las conclusiones, recomendaciones y la parte resolutiva de los documentos conocidos por el Pleno.

Respecto a la integración de las comisiones legislativas especializadas se establecía un nuevo mecanismo en la designación, de modo que la elección sea comisión por comisión y no en bloque como lo venían haciendo.

Asimismo propusieron que la sustanciación de la solicitud de juicio político al Presidente y Vicepresidente de la República la realice una Comisión Pluripartidista y no la Comisión de Fiscalización, entre otros aspectos.

Según el repositorio del Legislativo este proyecto quedó en trámite para revisión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La propuesta no alcanzó a llegar a primer debate en el Pleno de la Asamblea.

Ley por Emergencia Sanitaria

En abril del 2021 González junto a los exasambleístas Marcos Molina, Ronal González, Patricia Mendoza, Joel Abad Verdugo y Rafael Lucero presentaron el proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por pandemia.

La propuesta pretendía regular la restricción de ciertos derechos, por ejemplo el de la libertad de tránsito y reunión en zonas de alerta sanitaria declarados por la autoridad de Salud Nacional, sin necesidad de establecer un estado de excepción.

El proyecto solo llegó a primer debate y se esperaba su difusión para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea.

Daniel Noboa

Noboa Azin Daniel Roy-Gilchrist fue asambleísta provincial por Santa Elena representando al movimiento Ecuatoriano Unido fundado por el hermano del expresidente de la República, Lenín Moreno. También presidió la Comisión de Desarrollo Económico.

Dentro de su rol fiscalizador realizó 54 pedidos de información y recibió respuesta de 43. Además en 296 ocasiones delegó a su suplente en el Pleno Legislativo, es decir, tuvo más protagonismo su legisladora alterna. Además tuvo 63 ausencias en las votaciones y la ocupación de su curul fue del 88.15 %.

Fracaso en la Ley de Inversiones

La vez en la que Noboa tuvo los reflectores de la Asamblea fue en su ponencia para la aprobación de la Ley de Inversiones enviada por el Ejecutivo, en marzo del 2022.

Durante el debate en el Pleno, varias bancadas enviaron sus observaciones para que el proyecto de ley no caiga en la privatización de bienes. La expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori le dio una hora para que realice las respectivas modificaciones al informe, sin embargo, luego del plazo no se presentó y la propuesta fue archivada.

Meses después se unió a la alternativa de la muerte cruzada como una opción sensata. »Pocos serán los que podemos irnos a nuestras casas con La Paz de haber hecho lo correcto», dijo en su cuenta de X.

Ley de Protección Marítima

El 20 de octubre del 2021, Noboa presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial, para Sancionar los Delitos en los Espacios Acuáticos Nacionales.

La propuesta tenía como objetivo establecer políticas para sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales. Además planteaba reformas en la Ley Orgánica de Navegación, a fin de que se pueda ejercer el control de la seguridad del transporte marítimo.

El proyecto quedó en trámite para que la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales revise la propuesta y envíe un informe para primer debate.

Reformas a la Ley de Compañías

El 24 de enero del 2022 propuso un proyecto reformatorio a la Ley de Compañías para el Fomento del Gobierno Corporativo en las Sociedades, mismo que fue aprobado con 114 votos afirmativos, en diciembre del 2022 y publicada en el Registro Oficial el 15 de marzo del 2023.

Según Noboa, el propósito de esta ley es » disminuir la burocracia, proteger a los accionistas, sobre todo a los inversionistas minoritarios, garantizar la libre contratación, y simplifica los procedimientos para reclamar el cumplimiento de obligaciones societarias».

Uno de los cambios que trajo esta nueva ley es la constitución de compañías sin la necesidad de una escritura pública avalada por una notaria. Además, las empresas podrán continuar operando aunque reporten pérdidas. (AGM).

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Luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, Saquicela anunció que regresaría al Legislativo con el amparo del PSE. Sin embargo, el partido rechazó la postulación e indicó que impugnarán esa decisión.

Le dijeron no

Al Partido Socialista no le pareció que Saquicela se postule en las elecciones legislativas de agosto de 2023. El PSE indicó que en una reunión del 13 de junio resolvieron no aceptar la postulación de Saquicela.

Su ilusión

El exasambleísta indicó que caminará “a la lid” con el cobijo del color rojo. Según él, es momento que Azogues demuestra que “tiene políticos dispuestos a server”.

Saquicela llegó a la presidencia del Parlamento luego de que Guadalupe Llori fuera destituida por el incumplimiento de funciones. Después, el 14 de mayo de 2023, fue reelegido como jefe del Legislativo. Sin embargo, duró solo tres días en el cargo tras el decreto de la muerte cruda. (N.J.C)

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El departamento de Talento Humano les había dado un plazo de 30 días para que esos problemas sean solventados. Sin embargo, el plazo se irrespetó y los exempleado continúan en zozobra.

«Han sido desconocidos los derechos de personas en vulnerabilidad, entre quienes se encuentran compañeras en periodo de maternidad, personas de la tercera edad, personas con enfermedades catastróficas, otras», reza el comunicado.

Además, exigieron a la Administración General de la Asamblea Nacional cumplir con todas las disposiciones legales.

Lasso hizo humo la Asamblea

Lasso, disolvió la Asamblea Nacional a través del decreto 741 de muerte cruzada la mañana de este miércoles 17 de mayo de 2023.

El jefe de Estado gobernará vía decretos-ley los siguientes seis meses sin el contrapeso del Legislativo, pero no terminará su mandato. Sin embargo, la Corte Constitucional verificará que sus decisiones no sean contrarias a la Carta Magna.

El Gobierno tomó esa decisión a puertas de que el Pleno resolviera si se da o no la censura y destitución del presidente. El mandatario enfrentaba un juicio político por el presunto delito de peculado. Un medio digital reveló una posible red de corrupción en las empresas públicas e involucraban al cuñado del mandatario, Danilo Carrera.

En ruinas

Tras la disolución de la Asamblea, el Palacio Legislativo es un fantasma que sigue en pie. Actualmente se encuentran laborando 228 funcionarios, es decir, hubo una reducción de más de mil servidores públicos.

Según los registros oficiales, hasta finales de abril constaban en el directorio 1.323 funcionarios, entre asambleístas, asesores, chóferes, secretarios, entre otros. El último recorte de información apuntó que al terminar el mes de mayo la nómina tenía un registro de 228 trabajadores, en su mayoría del área administrativa.

La entrada Exempleados de la Asamblea denuncian falta de pago de sus liquidaciones se publicó primero en La Calle.

Además, comentó que respeta las competencias de control de constitucionalidad de la Corte. Sin embargo, afirmó que los decretos-ley en materia económica son urgentes y de exclusiva decisión del jefe de Estado.

«Debo señalar que, si bien respeto, no comparto las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad constitucional del presidente de expedir decretos-ley de urgencia económica», escribió.

Según Lasso, los ecuatorianos deben conocer las razones jurídicas por las que el Gobierno discrepa las decisiones de la Corte. Asimismo, asegura que aunque la CC debe limitar el poder político, también debe ser limitada a cumplir su rol.

«La Corte no debe rebasar sus facultades generando una apariencia de haberse convertido en un súper órgano que inobserva lo establecido en la misma Constitución», expresó. Asimismo, resaltó que el sistema de gobierno en el país es presidencial, por lo que tiene la responsabilidad de la dirección política, administrativa y económica de la Nación.

De la misma manera, agregó que desde que activó la muerte cruzada, el puede expedir decretos-ley de urgencia económica. Sin embargo, la Corte se estaría extralimitando al decidir que los decretos-ley no abordan materias de economía urgente.

¿Por qué el presidente redactó la carta?

El presidente, Guillermo Lasso remitió la carta hacia la Corte Constitucional, porque en los próximos días enviará tres nuevos decretos. Además, porque la iniciativa relacionada con las zonas francas fue rechazado el pasado 16 de junio.

Para el mandatario, la CC está tomando decisiones que no le competen, pues su función no es determinar si las decisiones del presidente en materia económica son o no urgentes. «Hacer eso, supone rebasar se tarea que está limitada a realizar un dictamen previo de constitucionalidad», sostuvo.

Lasso mencionó que este sería un enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político-económico de hecho. El funcionario terminó su escrito explicando que aunque el no definió la Constitución, la cumple. Además, que la Corte está violando la ley y que por ello, debe protestar enérgicamente. (DCJ)

La entrada Lasso acusa a la Corte de rebasar sus funciones por rechazar decretos-ley se publicó primero en La Calle.

“Hay distintas maneras de poder gravitar en la política, una de ellas es la oposición, pero una oposición seria, no una oposición ciega”, dijo y agregó que no descarta una participación de su partido para 2025, aunque no específico si el puede ser un potencial candidato.»Los ejércitos se repliegan para volver a entrar, así que haremos eso».

Sí cumplí

El mandatario dijo que se han cumplido ciertos aspectos que se prometieron en campaña. “El punto de partida es cómo recibí el Ecuador el 24 de mayo de 2021. Era un país con una crisis sanitaria, económica y moral. En cuanto a la crisis sanitaria cumplí (…) en materia económica recibí un país con un déficit de 7,7 puntos porcentuales del PIB, el país cerrará a finales de 2023 con un déficit de alrededor de 2 puntos de del PIB”.

Lasso, además, exlamó que «he librado una lucha contra la corrupción durante todo este tiempo”. Sin embargo, varios miembros de su gobierno y cercanos a él tuvieron acusaciones por presuntos casos de corrupción. Uno de ellos es el Gran Padrino, por el cual fue llevado a juicio político y que derivó en el llamado a elecciones.

Sin embargo, para el presidente, “un portal de producción de contenido digital se enfocó en atacar al Gobierno con dineros” provenientes de personajes, a su juicio, corruptos. (MIB)

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Según los registros oficiales, hasta finales de abril constaban en el directorio 1.323 funcionarios, entre asambleístas, asesores, chóferes, secretarios, entre otros. El último recorte de información apuntó que al terminar el mes de mayo la nómina tenía un registro de 228 trabajadores, en su mayoría del área administrativa.

Respecto al presupuesto destinado al Legislativo existe una brecha marcada antes y después de la muerte cruzada. Para este período estaban destinados alrededor de USD 50 millones anuales.

Ahora, el monto se redujo a más de USD 26 millones, sin embargo, aún no se sabe si existirá una variación después de la posesión de las nuevas autoridades que estarán al mando hasta el 2025.

¿Contradicciones?

A finales de mayo, el administrador general de la Asamblea, Miguel Pesantez, afirmó que dentro del edificio Legislativo hay personal “para que la Asamblea se mantenga y siga funcionando”. Además, explicó a La Hora que el funcionamiento administrativo debe continuar aunque el área legislativa dejó de operar.

Además, se tenía previsto que únicamente 88 funcionarios continúen con sus funciones en la institución. Dentro de este grupo estaba el personal de carrera que mantenía nombramiento. De la misma manera, se respetaría al personal vulnerable, es decir, a personas con discapacidad y mujeres que están en período de lactancia.

Las liquidaciones

El administrador también manifestó que los ex asambleístas recibirán USD 4 mil en promedio por liquidación, tras la disolución de la Asamblea. Los valores por liquidación de cada legislador podrían variar. Recalcó que los funcionarios “por su puesto que tienen derecho” a recibir liquidación. (A.G.M).

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El CNE indicó que la cartera de Estado no aprueba las certificaciones para contar con la impresión de papeletas y otros servicios.

«Alertamos al país que están poniendo en riesgo la organización del proceso democrático», detalló en un tuit.

Además, recalcó que aunque la entidad recibió asignaciones parciales para los comicios no es suficiente para completar las contrataciones en el proceso. De la misma manera, mencionó que se reserva el derecho de adoptar medidas que establece el Código de la Democracia.

El presupuesto que destinarán

El CNE aprobó el presupuesto de USD 79.940 millones destinado para las Elecciones Presidenciales y Legislativas 2023.

El pasado 23 de mayo, el pleno del órgano electoral se reunió para aprobar el calendario, el plan operativo y el porcentaje de cálculo del presupuesto para las próximas elecciones. 

Sin embargo, la consejera Elena Nájera cuestionó la cifra destinada a la gestión de comunicación. Indicó que sería una buena estrategia dotar de equipo y tecnología a esta área para no tener la necesidad de contratar agencias publicitarias externas.

Además, señaló que existe un incremento notable al presupuesto para el monitoreo de medios de comunicación.

Avanza el primer paso de las elecciones

Los binomios electorales y la lista de asambleístas tienen plazo para inscribirse hasta el 13 de junio de 2023. A partir del 4 de junio hasta el 3 de agosto se notificarán a los miembros de las juntas receptoras del voto.

Del 10 al 17 de agosto serán las campañas electorales y, finalmente, el 20 de agosto serán las votaciones. En caso de que el proceso llegue a segunda vuelta será el 15 de octubre. (N.J.C)

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El artículo 138 de la Constitución detalla el proceso a desarrollarse en el caso de que el Presidente de la República decida disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, existían vacíos legales, pues no se especificaba si los legisladores podían aspirar a la reelección.

El 9 de septiembre del 2010 la Corte Constitucional (CC) interpretó este apartado y dispuso que los exlegisladores pueden lanzarse a la reelección para completar el respectivo período. También el expresidente tenía la facultad de volver a candidatizarse.

¿Todos de vuelta?

En entrevista con Radio La Calle, el abogado constitucionalista André Benavides manifestó que también podrían volver a la reelección los expresidentes y exasambleístas que cumplieron sus dos períodos, y según la ley podrían volver a postularse.

Sin embargo, la sentencia de la CC detalla que la elección para completar el período »no es imputable para efectos de reelección». Lo cual quiere decir que un ciudadano podría permanecer en este cargo durante nueve años.

Vacíos legales

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, manifestó que el organismo se enfrenta a grandes obstáculos, tomando en cuenta que tienen siete días para convocar a elecciones.

Además, señaló que llevar el proceso electoral en 60 días iría en contra de los tiempos normales. Sin embargo, dijo que se regirán a lo establecido por la ley.

Según él, los plazos no fueron meditados por los legisladores que promulgaron y redactaron la ley, ya que nadie esperaba que ocurra una situación así. También enfatizó en que existen vacíos legales porque no se determinaron los procedimientos en caso de que ocurra una segunda vuelta. (A.G.M).

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Los exlegisladores ganaban mensualmente USD 4759, por lo que se estima que el valor sea de 4 mil dólares. Sin embargo, la liquidación final será ajustada al tiempo que trabajaron.

Se prevé una reunión con el Ministerio de Finanzas y los encargados de la Asamblea para fijar los valores a pagar. Además, se espera que la resolución de la liquidación para todos los exempleados se establezcan hasta el 30 de mayo.

El resto de exempleados

La Administración de la Asamblea verificará los convenios de cada uno de los acompañantes que tenían los exfuncionarios. Asimismo, se examinará los contratos de los extrabajadores antes de establecer el valor de liquidación, recogió La Hora.

El Pleno Legislativo tiene que coordinar la liquidación de 1000 personas excluyendo a los 137 exasambleístas. Los contratos pertenecen a los asesores, asistentes, comunicadores de los medios legislativos, y demás personal.

Por otro lado, 88 funcionarios continuarán con su funciones en la Asamblea. Dentro de este grupo está personal de carrera que mantienen nombramiento en la institución. De la misma manera, se respetará al personal vulnerable, es decir, a personas con discapacidad y mujeres que estén en periodo de lactancia.

¿Quién está en la Asamblea?

El administrador general de la Asamblea, Miguel Pesantez, afirmó que dentro del edificio Legislativo hay personal «para que la Asamblea se mantenga y siga funcionando». Además, explicó que el funcionamiento administrativo debe continuar aunque el área legislativa dejó de operar.

«Esto nos tomó de sorpresa a todos, nunca antes se había dado, pero la Asamblea sigue funcionando», dijo. (DCJ)

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El presidente no pudo “convencer” a todos los asambleístas, pero al parecer si pudo “convencer” a ciertos asambleístas los cuales no apoyaron el juicio político, más allá de posturas de izquierda o de derecha, de estar a favor o en contra del gobierno. Es importante remontarnos a lo que expresó Jaime Bayly: “Guillotinar al Congreso antes que el Congreso lo guillotine a él, gobernar de facto por decretos, resulta que el Congreso fue elegido por el pueblo en los comicios donde se lo eligió a Lasso”.

Un Presidente demócrata no clausura Congresos, no hay conmoción interna ¿Dónde estás las muertes producidas por las manifestaciones? La muerte cruzada acarrea un pésimo precedente. Cualquier presidente que se sienta acorralado por el Parlamento decretará esta figura en forma discrecional y subjetiva. Más aun cuando se comprobó que esta Corte se alineó a los designios y a los caprichos del mandatario. Ojalá la Corte salga por sus propios fueros y no de paso a todos los decretos leyes del mandatario.

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El pleno del CNE se reunió para aprobar el calendario, el plan operativo y el porcentaje de cálculo del presupuesto para las próximas elecciones. La consejera Elena Nájera cuestionó la cifra destinada a la gestión de comunicación.

Para la funcionaria, sería una buena estrategia dotar de equipo y tecnología a esta área para no tener la necesidad de contratar agencias publicitarias externas. De igual manera, señaló que existe un incremento notable al presupuesto para el monitoreo de medios de comunicación.

No obstante, recalcó que una de sus mayores preocupaciones fue la cifra asignada a los viáticos de los funcionarios de planta central, cantidad que se triplicó a comparación del monto designado en 2021.

Con las observaciones sobre la mesa, el Pleno aprobó el presupuesto designado a este proceso electoral. Se prevé el gasto de USD 48.317 millones para la primera vuelta y USD 31.623 para una posible segunda vuelta.

Calendario Electoral

En otro punto del orden del día la mesa de consejeros aprobó el calendario establecido para este período:

• 25 de mayo al 7 de junio, inscripción de alianzas electorales;
• 28 de mayo al 10 de junio, inscripción de la candidaturas tanto para los binomios presidenciales como asambleístas;
• 4 de julio al 3 de agosto, notificación a miembros de juntas receptoras del voto;
• Del 5 de julio al 20 de agosto, capacitación a miembros de juntas receptoras del voto (JRV);
• 30 de julio, primer simulacro electoral;
• 8 de agosto, publicación del listado oficial de candidaturas inscritas;
• 10 al 17 de agosto, campaña electoral;
• 13 de agosto, debate electoral;
• 20 de agosto, elecciones generales;
• 15 de octubre, sufragio en caso de segunda vuelta.

Unificación de elecciones

El 23 de mayo la Corte Constitucional (CC) aprobó el pedido del Consejo Nacional Electoral (CNE) para extender los plazos a la consulta popular del Yasuní, por ende, se unificará este proceso junto al de las elecciones anticipadas.

El 22 de mayo el CNE envió la propuesta, después de aprobarla en el Pleno con cuatro votos a favor y una abstención. Los plazos para la consulta popular Yasuní correrán a partir del 9 de junio.

Este proceso electoral estaba previsto para el 23 de julio. Sin embargo, la decisión le habría costado al Estado alrededor de USD 51 millones adicionales. (A.G.M).

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En el período que el exfuncionario trabajó en el Gobierno, fue un fiel defensor de Lasso. Sin embargo, ahora creará el nuevo partido político denominado Acción Ciudadana Organizada Nacional (Acción) que se desliga totalmente del Gobierno actual.

«Hemos decidido abandonar el movimiento político CREO, ya que está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias«, dijo en una rueda de prensa.

Para Jiménez, los ciudadanos quieren solucionar problemas de inseguridad, servicios públicos y «tener instituciones que realmente funcionen». No obstante, en reiteradas ocasiones afirmó que el Estado tenía todo bajo control.

En las movilizaciones de 2022, comentó que el paro se debía a «dos o tres actores que tienen intereses particulares o agendas particulares». ¿Ahora, Jiménez tiene un interés particular?

Sobre el juicio político contra Lasso

El exministro estuvo en desacuerdo con el juicio político contra el primer mandatario, incluso admitió que el decreto de la muerte cruzada estuvo planeado hace mucho tiempo atrás. Además, culpó a la Asamblea de forzar circunstancias para llevar al presidente a un estrado que no lo merece.

Sin embargo, ahora asegura que «el país requiere un gran y nuevo acuerdo político», en el que el presidente ya no es una opción. «Se requiere una agenda de unidad, sobretodo ciudadana. No tanto en nombres, sino en contenidos y en compromisos concretos», manifestó.

Movimiento Acción

Jiménez explicó que quieren darle forma a una nueva propuesta ciudadana, que es la del movimiento Acción Ciudadana Organizada Nacional (Acción). «Esperamos se convierta próximamente en una organización política con todas las acciones y responsabilidades que eso significa», afirmó.

Además, hizo un llamado a los líderes políticos a que «entiendan la importancia de crear una agenda de unidad que se centre en los valores democráticos que aún como país se ignora». (DCJ)

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Damiano, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que ninguno de sus temas fueron creados con fines políticos, por lo que pidió a Villavicencio y a quienes estén detrás de su campaña abstenerse a utilizar sus canciones.

En cuanto el primer mandatario firmó el decreto de la muerte cruzada, Villavicencio empezó la difusión de su campaña con el nombre «Gente Buena» y una lista de personajes que supuestamente lo acompañarían. No obstante, hasta el momento, o lo rechazan o no se e pronuncian sobre esta idea.

«Nadie puede utilizar las canciones de otro autor y menos en política. Hice el pedido cordial para que la gente que lo ayuda no tome mis temas», mencionó.

Además, el compositor recalcó que no tienen ninguna intención de que sus temas salgan en alguna campaña. Indicó que para poder utilizar las canciones deben pedir una autorización a las Sociedades de Gestión que protegen sus obras.

¿Villavicencio a la Presidencia?

Luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional con el decreto de la muerte cruzada, el pasado 17 de mayo, Villavicencio anunció que se postulará a las elecciones.

Según él, sus primeras conversaciones las tuvo con la hija de León Febres Cordero, Liliana Febres; la Fiscal General Diana Salazar y el exministro del Interior, Patricio Carillo. Sin embargo, Salazar declinó y anunció que no formará parte de ningún binomio presidencial.

Juró ser su amigo y lo abandonó…

A puertas de las elecciones anticipadas, Villavicencio dijo en una entrevista que no tiene nada que ver con el presidente.

“Yo no tengo nada que ver con el presidente Lasso. Absolutamente nada. Yo tengo mi proyecto, mi agenda. Si el amigo Otto Sonnenholzner quiere conversar, primero que venga al Ecuador. Entiendo que está en Estados Unidos. Si el compañero Yaku Pérez, encantado, con quien compartimos algunos proyectos como la defensa de la diversidad”, dijo para Teleamazonas.

No tenía nada que ver con el jefe de Estado, pero en noviembre de 2021 apoyó a Lasso frente a la investigación de los Pandora Papers.

Villavicencio, anunció que presentaría un informe paralelo sobre los Pandora Papers, las empresas offshore de las que, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se deshizo, además de sus operaciones en Panamá y la compra del yate de uno de sus hijos. (N.J.C)

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La aplicación de la muerte cruzada -con la que disolvió la Asamblea Nacional para escapar del juicio político- le costó la jefatura del Estado. El primer mandatario podrá gobernar vía decretos-ley hasta por seis meses máximo. Con suerte, Lasso se irá con un poco más de dos años en el poder.

Sin embargo, no es el único que no acabó su periodo presidencial. La Historia del país registra al menos siete casos más, todos ellos por razones distintas.

Emilio Estrada Carmona

El revolucionario liberal Emilio Estrada Carmona gobernó Ecuador durante cuatro meses, desde el 1 de septiembre de 1911 hasta el 21 de diciembre del mismo año.

Su fugaz periodo se debió a una insuficiencia en el corazón que provocó su muerte a los 56 años.

En 1911, un grupo de liberales presentó su candidatura a la Presidencia de la República y obtuvo el respaldo del general Eloy Alfaro -que se mostró positivo de entregar el mando a un civil.

Después de conocer sobre sus problemas de salud, Alfaro le pidió que renunciara porque temía que eso le impidiese ejercer bien el cargo. Estrada se negó y, en consecuencia, desató una reacción política y militar que culminó con la caída de Alfaro en el mismo año.

José María Velasco Ibarra

Fue un político quiteño miembro del Partido Conservador. Pasó a las memorias del Ecuador por haber tomado las riendas del Estado en cinco ocasiones, pero solamente una vez completó su gobierno en 1952-1956, por el «boom económico» del banano que permitió estabilidad económica y política.

En las otras cuatro oportunidades fue depuesto por los militares. Fue derrocado por golpes de Estado militar en 1934-1935; 1944-1947; 1960-1961; y 1968-1972. Su carácter autoritario y prepotente lo llevó a ganarse enemigos políticos, a tal punto que tuvo que exiliarse en Colombia y Argentina tras su primer y último golpe, respectivamente.

Jaime Roldós Aguilera

Fue un abogado y político guayaquileño que estuvo al frente de la nación desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 24 de mayo de 1981. Roldós estuvo en el poder un año, nueve meses y 14 días.

No pudo culminar su mandato debido a que murió en un «accidente aéreo» la tarde de ese 24 de mayo. El avión presidencial se estrelló en el cerro de Huariapungo, en Loja. Roldós, su esposa y su comitiva viajaron en conmemoración de un acto castrense.

Las causas de su muerte han sido cuestionadas. Su abierta posición en contra de las dictaduras militares tanto en Ecuador como en la región le dio amplio respaldo ciudadano. Del mismo modo, su poderosa oratoria y discurso en pro de los derechos humanos no eran bien vistos por la derecha tradicional. Sectores de izquierda alegan que se trató de un atentado, porque Roldós no estaba alineado a los intereses de Estados Unidos.

Abdalá Bucaram Ortiz

Apodado como «El loco», Abdalá Bucaram fue presidente de la República durante cinco meses y 25 días. Alcanzó la silla de Carondelet el 10 de agosto de 1996 y la dejó el 6 de febrero de 1997.

El Congreso lo destituyó por «incapacidad mental». Su gobierno estuvo envuelto en numerosos casos de corrupción y mala administración de la cosa pública. Fue acusado de nepotismo y enfrenta juicios por delincuencia organizada relacionada a la venta de insumos médicos irregulares durante la pandemia del coronavirus.

Finalmente, se autoexilio en Panamá desde febrero de 1997 para escapar de los delitos acusado. Regresó en 2017 en el periodo de Lenín Moreno.

Rosalía Arteaga

Tras la destitución de Bucaram, la sucesión automática dictaba que la vicepresidenta Rosalía Arteaga asumiera la primera magistratura. Sin embargo, el Congreso alegó la existencia de un «vacío constitucional» y resolvió designar un «presidente interino».

El titular del Parlamento, Fabián Alarcón fue elegido para el cargo ese mismo 6 de febrero de 1997. Este capítulo es conocido como la «noche de los tres presidentes». Al día siguiente, Ecuador tenía tres figuras que reclamaban la jefatura del Estado: Bucaram, Arteaga y Alarcón.

El mandato de Arteaga duró apenas cinco días. Las fuerzas opositoras del Congreso no le permitieron posesionarse. De hecho, se vio obligada a renunciar al puesto antes de que el Legislativo se lo arrebate. Al fin y al cabo, Alarcón ganó.

Jamil Mahuad

Artífice de la peor crisis económica, social y política del Ecuador. Su gestión empezó el 10 de agosto de 1998 y terminó el 21 de enero de 2000 por un derrocamiento popular con apoyo militar.

Fue autor intelectual del feriado bancario, que marcó su caída. Ya había recibido un país en crisis, pero sus decisiones neoliberales -en pro de la banca y los grandes grupos económicos- la profundizaron.

En marzo del 1999, aseguró que no incautaría el dinero de las cuentas bancarias de los ecuatorianos, pero eso mismo hizo. A través de un decreto ejecutivo congeló los depósitos de las cuentas con más de dos millones de sucres. La gente no podía retirar sus ahorros. Ese dinero fue utilizado para sostener la solvencia de entidades financieras.

Tuvo un gobierno plagado de corrupción, la inflación (60,7 %) era la más alta de Latinoamérica, el sucre se devaluó en un 400 %, el precio de la gasolina se disparó estrepitosamente y la crisis migratoria se agudizó.

Días antes de ser expulsado del poder, dolarizó la economía con grandes pérdidas para el Estado y los ecuatorianos. Finalmente, fue derrocado por una masiva movilización social encabezada por la Conaie, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y representantes de fuerzas políticas.

Lucio Gutiérrez

Fue uno de los integrantes que lideró el derrocamiento a Mahuad. Fue arrestado por golpista y 120 días después el Congreso le concedió la amnistía.

Su participación le valió la notoriedad como para formar un partido político, el llamado Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, conformado. Dos años después, participó en las presidenciales.

El 24 de noviembre de 2002 ganó los comicios. Llegó a Carondelet con un discurso de izquierda y apoyado por organizaciones sociales y sindicales que luchaban por los derechos de las clases populares. No obstante, en la práctica sus política públicas fueron en la misma dirección que Gustavo Noboa, incluso en la línea de Mahuad.

Los sectores de izquierda le retiraron el apoyo tras la visita de los Estados Unidos y su coalición con el Partido Social Cristiano ante la falta de representación en el Parlamento.

Las reformas privatizadoras, los casos de corrupción, el alza del costo de la canasta familiar, su actitud dictatorial y la política económica neoliberal desembocaron en una multitudinaria manifestación con participación militar que lo sacó de la Presidencia el 20 de abril de 2005.

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El 10 de mayo, el Gobierno del Ecuador firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gigante asiático. Un acuerdo que el régimen difundió como un logró de su gestión.

Según el ministro de Producción, Julio José Prado, el país se abriría a uno de los mercados más grandes del planeta, pues esa nación tiene 1.400 millones de consumidores.

A través de redes sociales, el primer mandatario enumeró los beneficios del TLC: aumento de exportaciones no petroleras, reducción arancelaria para productos ecuatorianos y acceso a tecnología china.

Sin embargo, el acuerdo comercial no podrá entrar en vigencia tras la disolución de la Asamblea Nacional, pues ella se encarga de la aprobación.

Es con Asamblea sí o sí

La Constitución obliga a que los acuerdos comerciales con otros países deban ser examinados, en primera instancia, por la Corte Constitucional y después por la Asamblea Nacional. Esta última tiene la potestad de aprobar o rechazar los tratados comerciales.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón reconoció que el acuerdo «solo puede ser ratificado por el Legislativo, pero eso no va a ser posible por la muerte cruzada», señaló en rueda de prensa el 17 de mayo.

El secretario de Estado argumentó que se necesita de una nueva Asamblea para la ratificación, pero rescató que ya fue suscrito. Solo faltaría el voto favorable del siguiente Parlamento para que se ponga a caminar.

El Ejecutivo tenía previsto que el trámite duraría hasta finales de 2023 e inicios de 2024, pero con el nuevo panorama político que desató tendrá que demorarse más.

Beneficios del TLC

Según el Gobierno, el acuerdo comercial contempla una reducción arancelaria al 0 % para el 99.6 % de los productos ecuatorianos que ingresen a territorio chino.

El presidente Guillermo Lasso destacó que crecerán las exportaciones no petroleras entre USD 3 mil y 4 mil millones. “Para proteger nuestra industria, productos chinos como textiles y confecciones, calzado escolar, azúcar, arroz, leche, papas, maíz, entre otros, no ingresarán con beneficios al mercado ecuatoriano”, publicó el primer mandatario.

Asimismo, refirió que “el 50 % de exportaciones entrarán con cero aranceles. Lo demás se desgraban de cinco a diez años”.

Los aranceles dependerán de los productos. Por ejemplo, el atún y las sardinas se grabarán con un 0 % de entrada, mientras que el cacao o el camarón iniciarán con un 8 % y 5 % de aranceles y se reducirán a 0 % en cinco y diez años, respectivamente.

Otros productos que ingresarán a China serán los lácteos, carne de cerdo, pollo, pitahaya, piña, mango, arándanos y quinua con aranceles más bajos.

Por otro lado, Ecuador tendrá acceso a tecnología china. Celulares, auriculares, computadoras, impresoras, cámaras digitales, televisores, entre otros, para incorporar a la industria ecuatoriana. Sin embargo, textiles, confecciones, calzados, azúcar, leche, papa y más de 800 productos chinos se excluyeron para “cuidar” la industria nacional.

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