El jefe de Bomberos, Estaban Cárdenas, confirmó para Radio La Calle, que la persona que falleció era un ciudadano que transitaba en el sector y oscilaba entre los 17 años.

El CBQ atendió la emergencia junto al Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Medicina Legal y Ciencias Forenses, ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

¿Hay un protocolo para los conductores escolares?

Gabriel Flores, propietario de una buseta escolar, indicó que los conductores que ingresan a laborar en una Unidad Educativa tienen que cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos, mantener un seguro de hasta USD 15 mil contra accidentes.

Adicional a eso deben tener toda la documentación en regla, la matrícula y haber cumplido con la revisión anual del vehículo. Flores detalló que en caso de existir un accidente, el transportista deberá asegurarse que los menores se encuentren estables, dar aviso a las autoridades y llamar a la aseguradora.

«Todo eso se aplica cuando el conductor tiene un contrato con la institución, pero si es un vehículo particular se desconocen los protocolos que siguen y la situación se complejiza», dijo para La Calle.

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El secretario de Estado volvió a repetir el discurso que el régimen de Lasso posesiona cada vez que ocurre algún hecho violento.

Zapata sugirió en Ecuavisa que –ante la nula protección del Estado– los pescadores asesinados «prefirieron» la seguridad de una organización criminal. En represalia, otra organización criminal –que también los extorsionaba– decidió arribar el puerto y abrir fuego indiscriminadamente.

Añadió que la Policía Nacional nunca fue alertada de las extorsiones para tomar acciones. Finalmente, argumentó que «es lo que hemos venido diciendo»: enfrentamientos delincuenciales entre bandas y por territorios.

Sobre la matanza

La mañana del 11 de abril, 30 sujetos armados arribaron a un puerto artesanal de pesca en Esmeraldas y asesinaron a nueve personas y cuatro quedaron heridas, según dijo Zapata a Primicias.

En videos que circulan en redes sociales se observa el desespero de los pescadores por huir de los criminales. Las víctimas se esconden entre la infraestructura del puerto y otros incluso se lanzan al agua para ocultarse.

Acciones

Las autoridades han realizado 60 allanamientos, pero hasta el momento no hay un solo detenido. Las Fuerzas Armadas también están apoyando en los operativos. Además, después de horas de haber ocurrido la tragedia, el presidente Guillermo Lasso se pronunció. Prometió que capturarían a los responsables.

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“Producto de esta desatención, la falta de medicación que es de alta complejidad, indispensable, básica e irremplazable, hace que los protocolos médicos en los casos de los niños con cáncer no tengan un feliz término”, dijo Rafael Palacios, presidente de la Asociación de padres de niños con cáncer a Radio Pichincha.

La cifra podría ser mayor ya que no hay datos oficiales a nivel nacional. Los datos se recavaron de tres hospitales: Hospital Francisco Icaza, derivados a Solca y Abel Gilbert. Palacios explicó que, a pesar de ganar una acción de protección para incluir 75 medicamentos en el cuadro básico, solo el 43 % formarían parte de la lista de fármacos que se comprarían por la emergencia. El Gobierno estaría condenando a muerte a los menores, ya que las medicinas funcionan en complemento.

Emergencia en la Salud

En contraste a esta dolorosa realidad, el ministro de Salud, José Ruales dijo que «hay un abastecimiento de entre 65% a 89% en hospitales públicos, dependiendo de la categoría de esos hospitales». El ministerio, de acuerdo con Ruales, compró 130 tipos de medicamentos, vía emergencia, para tres meses de abastecimiento.

En entrevista con Teleamazonas, Salud adquirió medicinas mediante el sistema de catálogo, donde se generaron 1.044 ordenes de compra, 653 de ellas ya se recibieron. Este proceso continuará hasta noviembre próximo y abastecerá de medicamentos por ocho meses.

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El pasado 12 de enero, el cuerpo de Juan Andrés Medina, de tan solo 18 años, fue encontrado en quebrada del río Machángara. Según la versión de sus familiares, el joven salió a pasear con su mascota cerca de su residencia. Sin embargo, las hipótesis indican que fue interceptado por delincuentes que lo amedrentaron, golpearon y asesinaron por robarle sus pertenencias. 

En su cuenta de Twitter, la hermana del joven expresó: “Vivimos en una situación tan dolorosa y en tanta inseguridad (…) si debo ir a pararme todos los días en la Fiscalía del Ecuador para que investiguen el asesinato de mi hermano, lo haré (…) merecemos Justicia”.

¿Cuál es la respuesta del Estado ante estas situaciones? 

El «Gobierno del Encuentro” y la Policía Nacional afirman que detrás de homicidios intencionales y muertes violentas está la existencia de bandas de narcotráfico en el país. Según sus declaraciones, uno de los principales factores para el incremento de la inseguridad en el Ecuador es la constante disputa entre bandas delictivas, por espacios territoriales, para traficar o vender droga.

Sin embargo, no existen acciones concretas o políticas públicas en temas de seguridad para enfrentar este problema. Los indicadores de casos de muertes violentas han aumentado significativamente y son peores que hace 10 años.

Diego Perez, experto en seguridad, menciona que el nivel de violencia que está experimentado el Ecuador, se debe a “la deficiencia de resolución de problemas en la capacidad de control del Estado”.

Pese a que el Gobierno de Lasso ha reiterado en varias ocasiones que una de sus prioridades es la planificación de políticas que garanticen la seguridad ciudadana, las cifras muestran lo contrario. Hace 4 años (2018), se contabilizaron 994 casos de homicidios intencionales, mientras que en el 2019 las muertes violentas se incrementaron a 1.187 casos. Es decir, hubo un incremento del 19,42%. En el 2020, los casos de muertes violentas fueron 1.372, incrementándose en 15,58% a diferencia del año 2019, según datos del Ministerio de Gobierno.

¿Qué dicen las autoridades?

En la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el pasado 7 de octubre, en la Asamblea Nacional, la funcionaria descartó que se estén presentando casos de  violencia generalizada.Expresó que, aunque la violencia se ha extendido en todo el territorio ecuatoriano y los datos analizados así lo demuestran, las cifras más preocupantes se registran en las ciudades de Guayaquil,Quito, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. 

El Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, también dijo que “en los últimos 60 días del 2021 las muertes violentas cayeron en 11%, a causa del buen trabajo de la fuerza pública”. 

El porcentaje de variación interanual de homicidios intencionales, elaborado por el Ministerio de Gobierno, enfatiza en que al cerrar el 2021, se rgistraron 2.257 incidentes o muertes violentas y que al inicio del 2022, el Ecuador ya ha experimentado 42 casos, con corte al 5 de enero.

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De acuerdo con informes preliminares indican que siete serían los presos que habrían sido encontrados colgados. Los prisioneros serían del pabellón 10. Uno de los guardias reportó a la Policía que habría encontrado siete reos fallecidos por suspensión.

La información fue confirmada por el Servicio de Protección a Privados de Libertad (SNAI).

«El SNAI informa que en el el área de visitas íntimas del pabellón 10 del CPL del Guayas N.1 ( Penitenciaría), se registra presunto suicidio de 7 PPL. El @SNAI_Ec brinda todas las facilidades a la Policía Nacional y la Fiscalía para que se investigue este hecho», indicó en un tuit.

Noticia en desarrollo…

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De acuerdo a los últimos datos entregados por la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestro (Dinased). Hasta la fecha 859 personas se han quitado la vida en todo el país, mientras que durante el año pasado fueron 1.207, informó Ecuavisa.

Imágenes de personas intentado lanzarse desde puentes, edificios o viviendas, tienen registro en más de un vídeo.

En el primer semestre de 2021, los intentos de suicidios aumentaron un 15%. En total, los sistemas de videovigilancia de Seguridad del ECU911 evitaron 357 casos.

Durante 2020, las cinco provincias con la tasa de suicidio más alta por cada 10.000 habitantes fueron: Carchi, Guayas, Sucumbíos, Orellana y Azuay. Sin embargo, la misma tendencia se repite en lo que va de 2021 para Carchi, donde se han cometido 25 suicidios, cinco más que en todo el año anterior.

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Después de que un policía le disparara siete veces por la espalda a Jacob Blake de 29 años en Kenosha, Wisconsin. Los ciudadanos salieron a protestar, quemar llantas, destruir edificios. Las protestas dejaron dos muertos, también expusieron otros casos de violencia policial en este año. Blake quedó paralítico.

Asfixiado con una funda

El pasado 23 de marzo, Joe Prude llamó al departamento de policía de Rochester, Nueva York para que ayuden a su hermano que sufría un episodio de enfermedad mental. En un video de la cámara frontal del policía que llegó a manos de la familia el pasado 3 de septiembre, se puede ver a un oficial pidiendo a Daniel Prude echarse boca abajo en la calle.

Con esposas en sus muñecas, un policía le coloca una funda plástica en la cabeza. El ciudadano intenta levantarse, pero tres agentes se lo impiden. Lo someten en el suelo y colocan una rodilla sobre su espalda. En un momento Prude vomita dentro de la bolsa mientras lucha por respirar.

Minutos después llegan los paramédicos. Sin embargo, Prude ya tenía muerte cerebral. Falleció el 30 de agosto y en su autopsia se cuenta como causa de la muerte “homicidio por asfixia”. La presión de los habitantes en Nueva York permitió que se suspenda a los tres oficiales.

Muerte en Los Ángeles

Otro episodio violento ocurrió en Los Ángeles, donde el pasado 31 de agosto, un grupo de agentes de la oficina del sheriff dispararon una veintena de tiros a Dijon Kizzee, quién huyó después de que le pusieran una infracción cuando iba en bicicleta. En la persecución Kizzee golpeó a uno de los policías.

Después, dejaron allí al cadáver y lo esposaron, aunque ya estaba muerto. El hecho suscitó protestas en la localidad durante dos noches. Más violentas de las de Kenosha.

Visita de Trump

Cuando los periodistas le preguntaron por la brutalidad policial durante la visita del presidente Donald Trump a Kenosha, él respondió. “No lo creo. Creo que la policía hace un trabajo increíble y creo que hay algunas manzanas podridas (…) También está la otra situación, en la que están bajo una tremenda presión y no la manejan bien”.

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“ Se exhorta al Gobierno nacional a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad que están bajo su custodia; y, a conocer del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y de la Fiscalía General del Estado, las acciones implementadas para la protección de testigos/as. Además, a que se investigue con celeridad los casos de sicariato para establecer si existe relación con el caso principal”, indica el comunicado.

El artículo 35 de la Constitución ecuatoriana reconoce a las personas privadas de libertad (PPL) como parte del grupo de atención prioritaria. El Estado debe garantizar el respeto a sus derechos humanos, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El derecho fundamental de los PPL es el respeto a su “integridad física, psíquica, moral y sexual”.

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«Una cantidad pasmosa de personas murió —aproximadamente 7600 más que el promedio en los últimos años— en Ecuador del 1 de marzo al 15 de abril», señala el informe del medio estadounidense.

Mientras tanto, el gobierno mantiene la cifra de 576 fallecidos. Sin embargo, en cadena nacional, el pasado 2 se abril, el presidente Lenín Moreno aceptó que las cifras no son exactas: “Sabemos que tanto en número de contagios, como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos”.

Los testimonios de personal médico acerca de cadáveres colapsando los hospitales y del viacrucis que, sobre todo los guayaquileños, tienen que sufrir hasta encontrar los cuerpos de sus familiares, son una muestra del gran aumento de la mortalidad en el país.

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