Dos mujeres fueron detenidas en Estocolmo después de que arrojaran “algún tipo de pintura” a un cuadro del artista francés Claude Monet y luego se pegaran al marco, informó el miércoles el Museo Nacional de Suecia.

El cuadro, El jardín del artista en Giverny, formaba parte de una exposición del museo. La portavoz Hanna Tottmar dijo que la obra estaba envuelta en cristal y “ahora está siendo examinada por los conservadores del museo para ver si se ha producido algún daño”.

La exposición, titulada El jardín, estaba cerrada pero se esperaba que volviera a abrirse a los visitantes el jueves. “Naturalmente, nos distanciamos de las acciones en las que se corre el riesgo de dañar el arte o el patrimonio cultural… independientemente del propósito”, declaró Per Hedström, director en funciones del museo.

Antes de ser detenidos, los activistas mancharon de pintura roja el cuadro, según un video del incidente del miércoles.

“La situación es urgente. Como enfermera, me niego a mirar. La pandemia no fue nada comparada con el colapso climático. Se trata de vida o muerte”, gritó una de las mujeres, identificada en un comunicado de prensa como Emma Johanna Fritzdotter. “La gente no sólo morirá de insolación. Se propagarán nuevas enfermedades, y no podemos ni imaginar su alcance”, añadió.

Helen Wahlgren, portavoz del grupo activista Restore Wetlands, dijo que el objetivo de la acción en el museo era presionar al gobierno sueco para que redujera las emisiones de gases de efecto invernadero. “Tenemos que hacer todo lo posible para llamar la atención sobre esta catástrofe climática y nuestras exigencias de restaurar los humedales” que almacenan grandes cantidades de carbono”, dijo Wahlgren.

El jardín del artista en Giverny, que Monet pintó en 1900, es la última obra de arte de un museo que ha sido blanco de los activistas climáticos para llamar la atención sobre el calentamiento global. En octubre, el grupo británico Just Stop Oil arrojó sopa de tomate a Los girasoles, de Vincent van Gogh, en la National Gallery de Londres.

Los activistas de Just Stop Oil también se pegaron al marco de una copia antigua de La última cena de Leonardo da Vinci en la Royal Academy of Arts de Londres, y a El carro de heno de John Constable en la National Gallery.

Redacción: Infobae / AP

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Quito, 25 jul (La Calle).- El exviceministro de Minas del gobierno de Lenín Moreno en la cartera de Energía y Minas, Fernando L. Benalcázar, posee una colección de piezas arqueológicas en su residencia particular en Quito.

La tenencia de estos objetos por parte del exfuncionario presenta vacíos. Por una parte, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) confirmó a Radio La Calle que no existe evidencia de registros, inventario y autorización de la custodia del exfuncionario, pero por otro lado, Benalcázar remitió a este medio un acta de entrega-recepción para inventariar las piezas firmado por el INPC y un informe de inventario sin firmas.

Los bienes patrimoniales están registrados como «Colección arqueológica Benalcázar Lópezzar López». Sin embargo, este dato es lo único que sabe el INPC. Es definitiva: las propias autoridades desconocen qué piezas tiene; su origen; desde cuándo las tiene, cómo las obtuvo y por qué.

“Existe documentación oficial donde se menciona la ejecución del inventario, pero en el SIPCE no se constata la presencia de fichas relacionadas a tal inventario, se encuentra creada la colección pero sin registro de bienes arqueológicos ingresados”, respondió a Radio La Calle, la Dirección de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático (DAAPPS) del INPC.

La respuesta del Instituto (aquí).

Informe de inventario sin firmas de Benalcázar (aquí)

¿Estas son?

Benalcázar ha dado entrevistas en varias ocasiones a los medios de comunicación. Siempre en el mismo lugar: su oficina. En las fotografías se observa una estantería con libros y cuadros, algunos espacios están ocupados por piezas, al parecer, arqueológicas.

Réplica

Este medio se comunicó con el exviceministro Fernando L. Benalcázar, que prefirió responder las preguntas por escrito a través de comunicados oficiales. Según el exservidor, es aficionado a coleccionar piezas arqueológicas y artesanías desde niño. Además, sostiene que «esta colección privada fue cultivándose desde la década de los 90 hasta el 2007 y no tiene ningún valor ni fin comercial (…) y que no tiene relación con su cargo como funcionario público», reza el escrito.

También expresó que realizó el registro de los bienes con todo el procedimiento acorde a la Ley ante el INPC. Según él, existe un informe de octubre de 2020 que describe los 91 objetos que posee. «61 son réplicas y 30 son consideradas patrimonio cultural (…) Benalcázar es custodio legal y transparente según registros del INPC».

Además, recalcó que el INPC es el responsable de mantener los archivos y que la normativa técnica de tenencia privada «se encuentra en el Ministerio de Cultura desde 2019 para ser aprobada, pero tres años después permanece con avance nulo».

Finalmente, se solicitó a Benalcázar el informe de criterio técnico, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Este documento califica las condiciones ambientales y las normas técnicas y legales para aprobar una custodia particular.

Recordatorio

La custodia de estos objetos no está apegada a la Ley Orgánica de Cultura (LOC). La norma, vigente desde 2016, estipula que el Ministerio puede reconocer a personas naturales o jurídicas como tenedores particulares. Sin embargo, el artículo 85, literal b, de la LOC dicta que solo se admitirá cuando «se acredite el inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso público«.

Existen dos problemas: el inventario que no consta en los registros del INPC y el acceso público. Las piezas están en su residencia privada y no existen fichas en la web del Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE). Un ejemplo similar a lo que ocurre con la colección del expresidente Moreno, como Radio La Calle reveló en su reportaje «El exclusivo museo de Lenín Moreno«.

Actualización

La ubicación exacta de las piezas arqueológicas fue retirada de la nota por tratarse de información personal del exfuncionario.

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Quito, 11 jul (La Calle).- El expresidente Lenín Moreno es custodio no autorizado de 159 invaluables piezas arqueológicas del Estado ecuatoriano. Solicitó el inventario de esta colección en 2020, pero las autoridades no saben ni quién se la dio ni por qué o desde cuándo la tiene. Aun así, adornan su domicilio particular en el duodécimo piso del edificio Las Cumbres, parroquia Rumipamba, en el norte de Quito.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) confirmaron a Radio La Calle que no hay evidencia alguna de autorización y transferencia de tenencia privada de los bienes que posee el exmandatario.

La custodia de estos objetos no está apegada a la Ley Orgánica de Cultura (LOC). La norma estipula que el Ministerio puede reconocer a personas naturales o jurídicas como tenedores particulares. Sin embargo, el artículo 85, literal b, de la LOC dicta que solo se admitirá cuando «se acredite el inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso público«.

¿Qué piezas tiene Moreno en su casa?

Según el inventario del INPC, son 159 bienes arqueológicos registrados entre agosto y octubre de 2020 por la dirección de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático (DAAPPS). Hay vasijas, cuencos, copas, urnas, estatuillas, entre otros. No obstante, gran parte de la colección son hachas (125).

El informe detalla que se desconoce la filiación cultural de 117 piezas, pero 42 pertenecen a las culturas: Napo (32), Bahía (4), Piartal (2), Tacalshapa (2), La Tolita (1) y Tuza (1).

Ninguna de las piezas puede verse en la página web del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). La razón de ello radica en que solo fueron registradas en estado de edición, pero “no se creó la respectiva ficha de colección”, afirmó la DAAPPS.

¿Dónde están?

Los documentos entregados por el INPC señalan que los objetos están ubicados en la residencia privada de Moreno, en el penúltimo piso del edificio Las Cumbres, próximo al Centro Comercial El Bosque, en el norte de la capital.

Se pidió al Instituto copias del archivo fotográfico y del informe de criterio técnico de la colección para verificar su estado y condiciones actuales. Hasta el cierre de esta edición, no dio respuesta.

¿Cómo obtuvo estas reliquias?

El INPC es el responsable de registrar el patrimonio cultural a nivel nacional. Sin embargo, respondió que «no cuenta con documentación relacionada al inicio y término del proceso, únicamente dispone de designación de responsabilidades del inventario».

El Instituto precisó que la tenencia debe ser aprobada por el Ministerio de Cultura, pero aclaró que «de la recopilación documental no existe evidencia de dicha autorización». Adicionalmente -y gracias a la revelación de este medio- emitió un comunicado hacia la Contraloría General del Estado para que inicie «Acciones de Control por afectación al Patrimonio Cultural».

En busca de dicha autorización, se solicitó información a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. La cartera de Estado contestó que ni enterada estaba del tema, aun cuando es la encargada de aprobar la tenencia.

«(…) conforme lo señala la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, se informa que no existe documentación de registro de bienes arqueológicos que se hubiere podido localizar en custodia de la familia Moreno ni informes relacionados a su afirmación», reza la respuesta del Ministerio.

Adicionalmente, el equipo periodístico de La Calle conversó con funcionarios del Ministerio. Explicaron que Cultura y Patrimonio pidió la información referida al INPC. Expresaron que el Ministerio no tiene un registro de transferencia de bienes a personas particulares ya que eso es competencia del INPC.

«Revisamos los archivos de la Subsecretaría y no encontramos ningún antecedente sobre este tema (…) esa documentación (del expresidente) nunca llegó aquí», aseguraron.

¿Y cuánto cuestan esas piezas?

Expertos arqueológicos explicaron que el valor de estas piezas depende del mercado en donde se vendan.

Apuntaron que cada una de las piezas puede costar entre USD 100 a 200 en el mercado negro interno. Sin embargo, el precio de cada pieza se dispara por diez fuera del Ecuador, es decir, por cada reliquia se puede obtener entre USD 1.000 a 2.000.

En suma, el avalúo de la colección que posee el exgobernante oscila entre los USD 15.900 a 31.800 dentro del país. Mientras que el costo internacional va entre los USD 159 mil a 318 mil.

Réplica

Radio La Calle buscó la réplica del expresidente Lenín Moreno, pero no se logró un acercamiento directo. Se envió un mensaje interno a su redes sociales de Facebook e Instagram, mientras que en Twitter fue imposible ya que tiene desactivada la opción de mensajería. Asimismo, este medio se comunicó con personas que trabajaron muy cerca de su gobierno para que actuaran como intermediarios. Tampoco hubo resultados.

Finalmente, se intentó dejar un recado en la recepción del edificio, pero no fue recibido argumentando que si bien el exfuncionario posee un inmueble allí, por el momento, nadie vive en él. Por tanto, el comunicado no podría llegarle.

En el limbo…

Con más dudas que respuestas, no es muy clara la tenencia de estos objetos por parte de la familia Moreno Garcés – González.

No obstante, la LOC describe que los bienes arqueológicos son propiedad exclusiva del Estado, sin importar el régimen de posesión. Su comercialización, apropiación, ocultación, adulteración y falsificación están prohibidas, según los artículos 85 (a,b) y 91 de la Ley.

En cuanto al Código Orgánico Integral Penal (COIP), su artículo 238 tipifica el transporte ilícito de bienes arqueológicos con una pena privativa de libertad de siete a diez años.

Aclaración

Aunque las solicitudes de información de este medio fueron muy claras, ninguna de las autoridades consultadas respondieron quién y por qué se entregó estas piezas al exmandatario.

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«El MAAC fue clausurado tras un análisis realizado por la Dirección de Control de Edificaciones, Usos de Suelo y Urbanizaciones, que determina que la infraestructura general se encuentra deteriorada», publicó la Municipalidad a través de Twitter.

Según medios locales, la infraestructura del museo presenta daños y focos de insalubridad en varios sitios. Cerámica rota, pintura desgastada y lonas rasgadas. Asimismo, desprendimiento de materiales por la antigüedad y el contacto a la radiación solar y lluvia, destacan notas periodísticas locales.

Finalmente, el Municipio aclaró que el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el único encargado de la edificación. Además, indicó que se solicitó a la cartera de Estado el mantenimiento en ocasiones anteriores.

Según reporta diario El Universo, este viernes 10 de junio se tiene previsto un evento sobre Ecuador Fotofest en el lobby del museo a las 18:30.

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“La Presidencia no asume su responsabilidad de transparentar y aportar información. Por segunda vez se ha dedicado a dilatar y restar importancia a los comunicados y al proceso que llevamos a cabo”, mencionó el subcoordinador de la veeduría, Ángel García. 

Esta entidad de vigilancia está encargada de supervisar y verificar el estado de los bienes y obsequios que formaban parte del Museo de la Presidencia.

El sitio fue cerrado parcialmente en febrero de 2018 durante el Gobierno de Lenín Moreno. Un año más tarde, la emergencia sanitaria por la Covid-19 y la falta de respaldo político obligó a cerrarlo definitivamente.  Al cierre de esta edición, el Gobierno de Guillermo Lasso no ha arrojado ninguna luz sobre el tema.    

La misma historia con la anterior veeduría

Esta es la segunda veeduría que tiene por objetivo cuidar los obsequios del Museo de la Presidencia. La primera, creada en julio 2020, no pudo realizar su trabajo porque Presidencia jamás respondió sus comunicados y solicitudes de información.  

“Ni la Secretaría del Gabinete de Lenín Moreno, ni el Ministerio de Cultura y Patrimonio ni ningún servidor público de la Presidencia nos entregaron datos exactos de dónde estaban todos los objetos del Museo (…) ellos nos boicotearon”, expresó Walter Gómez, ex subcoordinador de la primera veeduría que observó el Museo.

Ahora, la nueva veeduría lleva dos meses en funciones, sin embargo, las dos comunicaciones enviadas por el Sistema de Gestión Documental Quipux al presidente Guillermo Lasso no han generado respuesta.

Presidencia nos dejó en visto…tres veces

En su momento, Radio La Calle envió dos solicitudes de entrevista al expresidente Lenín Moreno, y al exsecretario de Gabinete de la Presidencia, Jorge Wated, para conocer el estado y paradero de los bienes patrimoniales del Museo. Sin embargo, los pedidos nunca fueron respondidos.

De igual forma, el 29 de marzo, este medio ingresó una solicitud de acceso a la información pública a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de la Presidencia (Quipux). El resultado, el pedido simplemente fue archivado.

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Un museo para la memoria.

En nuestros países presenciamos los más vergonzosos esfuerzos retóricos, desde el poder, por ocultar la exclusión que la pandemia va dejando al descubierto. Es lo que América Latina presencia en estos días, sumado al salvataje a las leyes del capital que desnuda la debilidad de las políticas sociales y la falta de gestión de los gobiernos neoliberales. Cuando un país es gobernado por esta vorágine capitalista, crece en la población la necesidad de recuperar la memoria colectiva, para alertar sobre los riesgos de repetición de los errores del pasado.

El oficio de la memoria radica en la posibilidad de reconstitución del tejido social a través del recuerdo de hechos significativos para la sociedad. La memoria provee herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la acción democrática, la gobernabilidad y la igualdad social. Sin embargo, desde la práctica de lo público, el ejercicio de la memoria puede contribuir también a la legitimación de intereses particulares promovidos por lo que Paul Ricoeur llama la memoria manipulada; la memoria impedida y la memoria dirigida abusivamente. Estas dimensiones están relacionadas al efecto opuesto a la memoria: el olvido, que también afecta al avance democrático y a la construcción de la diversidad, causa procesos de amnesia colectiva y atiende a un esquema de dominación y poder que, en el plano colectivo, expresa la fragilidad institucional, el retroceso en la garantía de derechos y el abuso autoritario.

El uso de la memoria en la lógica de lo público

Bajo esta perspectiva es importante comprender que muchos escenarios de re significación del pasado se relacionan estrechamente con procesos de democratización política, a través de la instauración del Estado constitucional de derechos; pero muchos otros pueden priorizar la prevalencia de memorias que se identifican con el valor y la gloria de hechos heroicos que comúnmente responden a ejercicios de violencia, dominación y humillación del otro.

Si tanto la memoria como el olvido están limitados por el interés colectivo, es necesario revisar el rol del Estado como ente dominador (desde la perspectiva de dominación legítima) y articulador de ese interés; para lo cual impulsa o define qué, cómo y dónde se debe recordar. Por ello, la legitimidad de las demandas sociales, de la ley y la norma jurídica, así como de la institucionalidad estatal, hace que se logre establecer mecanismos para la reivindicación de la memoria social como herramienta visible dentro de las agendas públicas.

El caso ecuatoriano

En el caso ecuatoriano, uno de los ejercicios más significativos de recuperación de la memoria es la conformación de la Comisión de la Verdad en el año 2008, como mecanismo de justicia transicional, cuya investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos entre 1984-1988 y otros períodos produjo políticas y recomendaciones que dieron paso, entre otras acciones, a la reforma integral del Sistema Nacional de Justicia con la creación del Ministerio del Interior; el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, lo que limitó la acción policial y militar al control, resguardo ciudadano la administración de las instituciones encargadas de las personas privadas de libertad; el Ministerio Coordinador de la Política; la instauración de la Doctrina de Seguridad Ciudadana que eliminó el uso de la anterior Doctrina de Seguridad Nacional, la aprobación de la Ley de Reparación de Víctimas, etc.

En países como Chile y Argentina, donde se vivió profundamente el drama de desapariciones y torturas sistemáticas, se establecieron mayores impulsos al desarrollo de mecanismos de justicia transicional y la implementación de políticas de reparación. Ejemplos positivos de reparación simbólica son el Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile o el Espacio Memoria y Derechos Humanos de Argentina, en el mismo edificio que fuera testigo de los actos de tortura, la Escuela de Mecánica de la Armada conocida por sus siglas como ESMA.

En Ecuador no existe un museo de la memoria y los derechos humanos a pesar de ser una demanda pendiente en la Ley de Reparación de Víctimas aprobada en diciembre del 2013, que determinó que el Ministerio de Cultura y Patrimonio debía ocuparse de su implementación.   

Memoria y voluntad política

A propósito del incumplimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ejecución del Museo de la Memoria -estipulado en la referida Ley- es importante hacer una reflexión sobre el contexto actual en el que se pretende cumplir tal obligación.

Aunque el recuerdo es un acto individual por sí mismo, el ejercicio de la memoria requiere de una articulación colectiva para establecer significados que trasciendan en el tiempo y construyan modelos identitarios. Es decir, la conceptualización, el diseño y la implementación de un repositorio de la memoria -como espacio simbólico, cognitivo y cultural- no puede ni debe ser un acto unilateral o exclusivo del Estado. Por el contrario, necesita la interacción de colectivos ciudadanos relacionados para su abordaje temático, en un ejercicio de consenso. Y es de eso, del consenso, de lo que justamente el Estado actual carece.

Un gobierno de carácter neoliberal

A partir del 2018, el gobierno ecuatoriano dejó en mayor evidencia su carácter neoliberal, favoreciendo esquemas de poder del capital por sobre los derechos de las personas. El estancamiento de la obra publica, la reducción casi total de la inversión en el ámbito de lo social, el incremento del costo de vida y la desregulación y desinstitucionalización estatal son ejemplos de una forma de gobierno volcada al beneficio de las élites corporativas. Todo esto sumado a la represión de la fuerza pública ante la lucha social y la criminalización de la protesta.

Los hechos de octubre de 2019, fueron determinantes para comprender que la noción de seguridad ciudadana ya no formaba parte de la agenda pública, y había sido sustituida nuevamente por la de seguridad nacional, tal y como se clarificó con la justificación del uso indiscriminado de la violencia policial y miliar, que derivó en la mutilación y muerte de miembros de la sociedad civil. Nada nuevo para Ecuador, basta revisar o traer a la memoria el informe de la Comisión de la Verdad.

Como se ha dicho al inicio de este artículo, la pandemia desnudó aun más la precaria situación social y económica de nuestro país, y puso en evidencia visiones políticas diferentes entre Estado y sociedad. Esas diferencias irreconciliables radican en la permanente vulneración de derechos por parte del gobierno y la debacle institucional que la sociedad ha debido presenciar. Entonces ¿es pertinente la construcción de un museo de la memoria en las condiciones actuales?

Contradicciones y perversiones

La memoria social actúa como un elemento incidental dentro de un proceso de cambio. A través de la lógica del aprendizaje -la memoria- recoge del pasado, lo más significativo para una sociedad, para aplicarlo o para no repetir errores anteriores.

Se han repetido uno a uno los errores del pasado y hemos entrado a un estado de anomia, que se traduce inclusive en una pérdida de identidad ¿Cómo hablar de la memoria desde el Estado, cuando la sociedad convulsiona en un período de agonía? ¿Cómo introducir la lógica de la reparación en un Estado que destruye los derechos ciudadanos? ¿Cómo reflexionar sobre la construcción de ideales colectivos cuando el egoísmo material, empresarial y elitista ha sido la premisa?

Justicia y transición

Hablar de transición y justicia implica dejar claro la convergencia entre un proceso de cambio y de re significación del pasado. Es pertinente que los compromisos asumidos por las entidades públicas para la reparación -ya sea material, administrativa o simbólica- tengan su justo momento, y no se actúe atropelladamente por cumplir un compromiso burocrático. El disfraz del cumplimiento burocrático no puede ser aceptado por la sociedad, porque tiene una carga de hipocresía que evidencia la falta de voluntad política del Estado, no solo con la memoria sino con la vida y los derechos humanos.

La independencia de poderes en la administración de justicia, la autonomía de pensamiento en las entidades de cultura, el respeto a la libertad de expresión y la erradicación de la corrupción, son pasos que se deben exigir del nuevo gobierno para poder construir, finalmente, el museo de la memoria que tanta falta le hace al Ecuador, un museo que se reafirme en el aprendizaje, en la reparación y en la reconstrucción de la nación.

Ciertamente sería una perversión inaugurar un museo de la memoria en las condiciones actuales, pues sería apagar un cigarrillo en un charco de sangre. En la sangre de las víctimas de la Comisión de la Verdad, en la de los muertos de la pandemia y en la de los mutilados de octubre.

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