Fueron 915 muertes violentas en apenas 31 días. Superamos incluso a octubre de 2023, que ya había sido catastrófico con 831 asesinatos. Si nada cambia, este 2025 terminará con más de 9.500 crímenes, lo que dejaría una tasa de 52,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una cifra de guerra civil. Una cifra de país colapsado.

El Día de la Madre más sangriento

Domingo, 11 de mayo. En un país que celebra a las madres, 49 personas fueron asesinadas. Fue el peor día del mes. ¿El motivo? En un 85% de los casos, microtráfico y amenazas entre bandas criminales. Porque el crimen organizado ya no actúa desde las sombras: ahora reina a plena luz del día.

¿Dónde se mata más?

El 90% de las muertes violentas de este año ocurrieron en solo 70 cantones. Es decir, la violencia no está dispersa: está localizada, identificada, mapeada. Pero el Estado no actúa con la misma precisión.

Entre enero y mayo de 2025, esos 70 cantones pasaron de 1.976 asesinatos en 2024 a 3.578 este año. Un crecimiento del 81%. Y mientras tanto, en solo 44 cantones se ha logrado reducir la violencia.

¿Y el Gobierno?

Las autoridades se llenan la boca de declaraciones, decretos y comunicados. Pero en los barrios, en las calles, en las cárceles y hasta en los hospitales, sigue ganando el crimen. Cada día se abre una nueva fosa. Cada día una nueva familia entierra a alguien.

No hay plan. No hay justicia. Y no hay respuestas.

El presidente Noboa está de gira. Los ministros de seguridad cambian de discurso cada mes. Mientras tanto, los sicarios ya no se esconden: operan con horarios, listas, logística. Como una empresa más.

¿Qué podemos hacer?

La violencia no se resuelve solo con más policías o más armas. Se necesita educación, oportunidades y justicia real. Se necesita un Estado que proteja, no que mire hacia otro lado.

Este mes de mayo no puede ser otro número. Debe ser una señal roja. Una alarma encendida. Un llamado urgente a reconstruir un país que se nos está muriendo a tiros.

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Gjika, de 47 años, había ingresado a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal.

Desde entonces, construyó una red criminal transnacional vinculada a tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Su nombre figuraba en la lista roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados del país.

Red criminal con fachada legal

Según el Ministerio del Interior, la organización que lideraba contaba con un nivel directivo, logístico y de colaboradores que operaban en Ecuador y otros países. Empresas legales habrían sido utilizadas para blanquear fondos ilícitos y ocultar actividades comerciales y financieras asociadas al crimen.

Gjika enfrenta un proceso por delincuencia organizada en el marco del caso Pampa, una de las investigaciones más amplias contra redes narcoempresariales en el país. La captura tiene fines de extradición.

La detención de Gjika no solo representa un avance judicial. También expone la magnitud de las redes mafiosas que operan en Ecuador bajo estructuras sofisticadas y con conexiones internacionales. La pregunta ahora es: ¿cuántos más como él siguen operando bajo el radar?

La captura de Gjika llega en un momento clave, cuando Ecuador enfrenta una ola de violencia atribuida precisamente al poder creciente del crimen organizado y sus vínculos con estructuras internacionales. Aunque su extradición podría significar un avance judicial, los analistas advierten que desmontar estas redes exige mucho más que capturas aisladas: se necesita una estrategia sostenida que ataque los flujos financieros, la complicidad institucional y la impunidad con la que han operado por varios años.

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Así que mientras el país vive en penumbras y sin certezas a corto y mediano plazo, Noboa prefirió hablar de narcotráfico, hectáreas de cocaína y el trabajo de las Fuerzas Armadas. Una total desconexión con la agenda ciudadana y sin afrontar las críticas sobre cómo manejó el problema energético desde inicios de este año.

«A los ecuatorianos, aquí estoy», dice Noboa en una esquina del Palacio de Carondelet, con una bandera del Ecuador a su derecha y con una corbata morada (el color de su partido ADN) y agrega que no dudará en ofrecer su vida por el futuro de nuestros hijos. Un futuro que, por ahora, está en la oscuridad, ya que su propia ministra de Energía encargada indicó que los cortes de energía se extenderían a diciembre de este año.

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»Recibimos un país atemorizado con una profunda crisis, pero que hoy sueña y se lo ve distinto. Hoy trabajas con mayor tranquilidad», dijo la asesora presidencial, Diana Jácome.

La realidad que dibujan los voceros del gobierno es diferente a la realidad que ven los ecuatorianos. El lema del »gobierno que resuelve» se ve opacado por la contradicción en las cifras de inseguridad, la creciente ola de violencia en la zona costera- pese al Decreto de Conflicto Armado Interno- y la plaga en el sistema de justicia.

La tierra del narcotráfico

El narcotráfico constituye el principal eje de conflicto que desencadena la ola de violencia en el país. Las bandas criminales de Los Choneros y Los Lobos operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que disputan el mercado de drogas de Ecuador.

Estas pugnas intensifican la violencia extrema que se ven reflejadas en los ataques a actores políticos, periodistas, jueces y fiscales.

Durante su informe a la nación, el presidente Noboa expuso que desde el inicio de su mandato, se han ejecutado 126.251 operativos y 151 intervenciones en cárceles. Según el video presentado, hubo una reducción del 27 % en muertes violentas, se incautaron 129 toneladas de droga, se decomisaron 4.645 armas y 283.612 municiones.

Sin embargo, ni el presidente ni el video oficial mencionaron los 1.876 homicidios intencionales registrados en 2024, es decir, alrededor de 16 asesinatos diarios.

Tras su rendición de cuentas, la revista satírica de Francia Charlie Hebdo publicó una nota que daba a conocer las cifras de incautaciones de droga en Europa. El reportaje exponía a Ecuador como el principal país de exportación de cocaína por encima de Brasil y Colombia.

Una mirada a la situación actual

Según el análisis del ex comandante general del Ejército, Luis Altamirano, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades desembocan en el crecimiento de las actividades delictivas y en la creación de grupos criminales, sin embargo, estas problemáticas pasan desapercibidas.

A su criterio, el gobierno debería plantear políticas a largo plazo para evitar la migración masiva. Altamirano detalló que la tercera ola migratoria que recientemente atravesó el país dejó a más de un millón de ecuatorianos sin retorno, es decir, que existiría un alto porcentaje de menores de edad que quedaron al cuidado de hogares monoparentales o de familiares cercanos, por lo cual buscan una »referencia emocional» en pandillas o grupos delictivos.

Por otro lado, indicó que la declaratoria de Conflicto Armado Interno era el único instrumento jurídico para requerir el amplio apoyo de las Fuerzas Armadas. Si bien resalta que la militarización temporal en las cárceles es necesaria para evitar que las bandas criminales tomen el control, es importante que no pierda su institucionalidad sin desnaturalizar su verdadero rol. (AGM).

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Noboa tomó esta decisión durante la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Presidencia, los ministerios de Gobierno y el Interior; el Servicio de Rentas Internas (SRI); el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

«Es la primera vez que vamos a atacar a los terroristas de cuello blanco (…) que lavan el dinero y se muestran como personas respetadas«, detalló Noboa.

La Unidad de Investigación Conjunto perseguirá la cadena de las economías ilícitas que financian el narcotráfico y crimen organizado. La entidad trabajará de la mano con el eje investigativo de la Policía Nacional y la Secretaría Política Pública Anticorrupción. El jefe de Estado detalló que los mecanismos ejecutados serán complementarias a las acciones que lleven las otras instituciones.

Por su parte, el secretario de Política Pública Anticorrupción, José Julio Neira, mencionó que la nueva unidad se apoyará en la tecnología para velar el cumplimiento de las reservas, la confidencialidad y la exclusividad de la información.

«Hoy es un día histórico porque se concreta una asociación para no delinquir, disminuirá la impunidad de la delincuencia económica(…)», exaltó la ministra de Gobierno y el Interior, Mónica Palencia.

Noboa resaltó que la Contraloría General del Estado (CGE) necesita tecnologías, pues «se ha usado la función y contratación pública como lavado de activos». De acuerdo con las declaraciones del mandatario, en los 100 días de trabajo priorizaron la seguridad y bienestar de los ecuatorianos.

• Imagen referencial.

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En este escenario, el excandidato presidencial Christian Zurita solicitó a las autoridades la exhumación de los restos de Norero para confirmar su muerte. Sin embargo, la fiscal indicó que tienen la prueba forense que verifica este suceso.

Murió y resucitó

Norero ya había fingido su muerte en 2020. Luego de ser arrestado por el delito de tráfico de drogas, las autoridades ecuatorianas y peruanas preparaban su extradición. No obstante, el caso se archivó tras presentar un certificado de su supuesta muerte por covid-19.

Norero resucitó en medio de un operativo, donde los agentes decomisaron 42 lingotes de oro, USD 6,4 millones en efectivo, 8,9 millones de pesos, 155.000 euros, entre otras cosas. El criminal pasó cuatro meses en prisión, hasta que el 3 de octubre de 2022 fue asesinado en un motín en la cárcel de Cotopaxi.

“De lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las víctimas”, dijo a los medios el subdirector del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), Jorge Flores.

Caso Villavicencio

Salazar aludió que el caso de Fernando Villavicencio no avanza por las «argucias» de las defensas de algunos procesados. La Policía Nacional logró detener a 13 supuestos implicados. No obstante, siete de ellos fueron asesinados (seis en la Penitenciaria del Litoral y uno en la Cárcel de El Inca). Aunque aún tiene a seis presuntos autores materiales del crimen, todos se acogieron al derecho del silencio.

«Los casos están resueltos (…) pero se trata de desvalorizar el trabajo que se hace desde Fiscalía», reprochó en Ecuavisa.

La fiscal enfatizó que el resto de criminales enfrentarán cargos por su participación en el magnicidio. Además, mencionó que la información sobre los autores intelectuales está en marcha. De la misma manera, argumentó que examina junto a otros expertos el teléfono el político oriundo de Alausí, otro tema que estuvo inmerso en varias teorías. Para ella, el caso Metástasis abre otro camino para continuar con la investigación respectiva y dar con los responsables.

«Nos comprometemos desde el primer día a dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales. Es un compromiso de la institución«, dijo.

Lasso ausente…

En marco del caso Encuentro, Salazar habría solicitado en varias ocasiones la comparecencia del expresidente Guillermo Lasso. Sin embargo, el exjefe de Estado no se ha presentado. El caso se desató a partir de la filtración de varios audios que revelaban una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Uno de los implicados es el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, quien permanece con arresto domiciliario.

Otro de los presunto responsable es Hernán Luque Lecaro, exgerente de EMCO, quien fue arrestado en Argentina, pero su deportación no se ha oficializado. La fiscal indicó que ese proceso le corresponde a la Corte Nacional de Justicia y no a su institución.

«De tener implicaciones se realizarán todos los procesos y de no existir responsabilidad no estamos para perseguir a nadie políticamente (…) Aún no se puede determinar la participación o no de Lasso», apuntó.

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Los ocho sospechosos por delincuencia organizada en la presunta red criminal conocida como caso Encuentro serán acusados ya cuando Guillermo Lasso esté fuera del poder.

La Fiscalía expresó su rechazo a la decisión del juez Renán Andrade de reprogramar la audiencia para mediados de diciembre. En contraste, la justicia argumentó que han sido las acciones de Fiscalía las que han postergado el proceso.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

«Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento», reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que «se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía».

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señala que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién hoy, lunes 13 de noviembre, conoce el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, aduce que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional se debe reagendar la audiencia y por tercera ocasión se convoca a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023 desde las 09:00 hasta las 16:00 en la sala de audiencias 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

«Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía«, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Fedenador

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La investigación posiciona a Ecuador en el undécimo puesto de los 193 países con mayor puntaje de criminalidad. El país pasó de tener 6,25 puntos en 2021 a 7,07 en 2023.

De la misma manera, el documento señala que el país está en el tercer puesto de criminalidad de Sudamérica y el cuarto lugar de América. A eso se suma el comercio de cocaína y cannabis que subieron 1,50 puntos de 2021 a 2023. El primero pasó de 7,00 a 8,50 y el segundo de 4,00 a 5,50.

Luego se ubican los mercados criminales que subieron de 6,00 puntos en 2021 a 6,73 en 2023. La trata de personas creció 0,50 puntos, pasó de 6,00 a 6,50, mientras que el contrabando pasó de 5,50 puntos a 6,50. Por último, el tráfico de armas pasó de 7,50 en 2021 a 8,00 en 2023.

«Los narcotraficantes se benefician de la ausencia de autoridades en Esmeraldas y Sucumbíos, donde la mayoría de drogas circula en carretera», detalla el informe.

Un descontrol total

A la par, incrementaron los actores criminales, pues pasaron de 6,50 a 7,40 en el mismo periodo de tiempo. Uno de ellos, los «grupos al estilo mafioso» pasaron de 6,50 a 8,00 y las redes criminales de 5,50 a 7,50.

De acuerdo con la investigación, la lucha por el control de las rutas de la droga desató una guerra entre pandillas que tiene más impacto en la sociedad.

«Las fuerzas policiales y militares no pueden hacer cumplir la ley, lo que permite que el país se convierta en el centro del crimen organizado», apunta.

Algo diferente ocurre con la resiliencia en el país, que se ubica en el puesto 96 a nivel mundial. En este apartado disminuyó el liderazgo político y gobernanza, políticas y leyes nacionales, el sistema judicial y detención, y el cumplimiento de la ley.

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Asimismo, señaló que aquellos que se oponen a su movimiento político, conocido como correísmo, jugaron un papel en la muerte del candidato Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. Esta declaración surge en el contexto de la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 15 de octubre, donde Luisa González, candidata del movimiento de Correa, compite por la Presidencia.

«Íbamos a ganar. Teníamos de 42 a 44%. Asesinaron a un candidato, acérrimo rival nuestro. Nos culparon, nos bajaron nueve puntos y ganamos la primera vuelta, pero con 33%», explicó.

El exmandatario sostiene que la muerte de Villavicencio fue una estrategia para evitar que su movimiento ganara en la primera vuelta electoral del 20 de agosto. «Villavicencio les era más útil muerto que vivo», dijo Correa, quien atendió a los medios en el Museo Internacional del Barroco durante el último foro del Grupo de Puebla.

A pesar de la ventaja que las encuestas otorgan al oponente de González, Daniel Noboa, Correa se muestra confiado en las posibilidades de su candidata en la segunda vuelta. Sin embargo, advierte que quienes se oponen a su movimiento emplearán todos los medios a su alcance para obstaculizar su victoria.

En relación con el asesinato de Villavicencio, Correa mencionó que, aunque ya se detuvo a los supuestos autores materiales del hecho, persisten interrogantes sobre los motivos detrás del crimen, ocurrido poco antes de las elecciones. Este incidente, afirma, ha alterado el clima político del país, asemejándolo a situaciones vividas en otros países de la región en décadas anteriores.

Correa, quien ha residido fuera de Ecuador tras su mandato, aludió a la categorización política conocida como «correísmo», reconociendo que, a pesar de los desafíos y las críticas, su movimiento sigue siendo una fuerza política relevante en el país. A su vez, manifestó su disposición a colaborar en un posible gobierno de Luisa González, quien ha mencionado que Correa sería su principal asesor.

Por último, ante la pregunta sobre sus planes si su movimiento no resultara victorioso en las próximas elecciones, Correa expresó que su objetivo sería prepararse para las elecciones de 2025.

Foto: EFE

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Un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO) revela un diagnóstico diferenciado de este fenómeno a nivel provincial. Se vale del concepto «cadenas de valor» para comprender los productos o servicios del narcotráfico desde la obtención de la materia prima, pasando por la producción y el transporte, hasta el consumo.

Para empezar, es necesario saber qué grupos de delincuencia organizada (GDO) operan en qué territorios de la Costa, Sierra y Oriente. El OECO realiza la siguiente radiografía al respecto:

• Los Choneros: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Loja, Azuay, Cotopaxi, Cañar, Los Ríos, Pichincha.
• Los Tiguerones: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha.
• Los Lobos: Sucumbíos, Pastaza, Zamora Chinchipe, Azuay, Napo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja, Cañar.
• Los Lagartos: Santa Elena, Guayas.
• Los Chone Killers: Guayas.
• Los Latin Kings: Guayas, Pichincha.

Etapas de los bienes y servicios ilícitos

El Observatorio desmenuza la interrelación de oferta y demanda de un abanico de bienes y servicios ilícitos en cinco etapas, pero esta nota se centrará en el narcotráfico:

• Materia prima: Cultivos ilícitos (hoja de coca, marihuana, amapola), gasolina, precursores químicos.
• Producción: Laboratorios de cristalización y refinación.
• Logística: Fletes marítimos, infraestructura vial, vehículos, lanchas rápidas, bodegas portuarias.
• Distribuidores: Expendedores, joyerías, empresas fachadas.
• Consumo: Sicarios, mercados emergentes, población joven.

Tráfico por mar, aire y tierra

El OECO señala que las bandas delictivas con presencia en provincias con perfil costero y fronterizas como Manabí y Santa Elena se especializan en el transporte de droga mediante embarcaciones pesqueras y aeronaves de bajo rendimiento. Cuatro puertos de salida manabitas (San Mateo, Puerto Cayo, Jama y Jaramijó) y tres santaeleneros (Anconcito, Santa Rosa, Chanduy)

En estas dos provincias se concentran 54 pistas clandestinas para el tráfico aéreo de drogas y los pescadores artesanales perciben USD 30.000 por cada viaje para transportar las sustancias.

En El Oro prima la contaminación de contenedores en sus puertos marítimos. El informe sostiene que clanes familiares con experiencia en el contrabando ejecutan esta actividad ilícita bajo la modalidad de doble fondo.

Por su parte, el Guayas requiere un análisis particular debido a que en él convergen una serie de delitos, desde el tráfico marítimo hasta el consumo. En sus puertos prevalece la contaminación de contenedores (principal problema) y existen redes de relacionamiento con la ciudadanía. Además, junto a Manabí y El Oro, se observaron diferentes prácticas corruptas vinculadas al narcotráfico.

En el tráfico marítimo por contaminación de contenedores, las organizaciones delictivas europeas han puesto sus ojos en los puertos para consolidar sus cargas para los centros de consumo.

Allí estarían asediados los terminales en San Lorenzo, Esmeraldas, Manta, La Libertad, Posorja, Guayaquil, Bolívar, Salinas, Balao y Bahía de Caráquez.

Carchi, El Oro y Sucumbíos comparten el tráfico terrestre de cocaína y marihuana como el principal giro de negocios de las agrupaciones ilegales transfronterizas. En Sucumbíos, la droga entra por los ríos limítrofes. Los antisociales utilizan lanchas y distribuyen por camiones a través de «La Bonita» (vía Loreto). También pueden continuar directamente por Santa Bárbara para ser guardada en Julio Andrade (Carchi).

Los pasos legales son parte de este entramado, en especial dos que quedan en Carchi: El Puente Internacional de Rumichaca en Tulcán y el paso en la parroquia de Tufiño. Además de los pasos ilegales en Tulcán, Tobar Donoso, El Chical, Maldonado, Urbina y El Carmelo.

En lo que respecta al tráfico por vía aérea, existen pistas clandestinas en Santa Elena concentradas en Chanduy, Salinas y San Rafael. Entre Pedernales y Santa Elena hay reportes de al menos siete pistas; mientras que desde 2019 se reportaron 40 pistas en Manabí.

Cultivos y laboratorios

Las provincias de Sucumbíos y Carchi registran cultivos ilícitos de hoja de coca y laboratorios de pasta base y refinamiento en cantones fronterizos con Colombia. Se considera que la razón es la afluencia hídrica de la frontera; sumado a la falta de control estatal, los grupos colombianos se asientan con centros de producción.

Sucumbíos sería un nexo clave para el tráfico de combustibles con la finalidad de elaborar la cocaína en ese país vecino. A la vez que -desde la pandemia- las bandas levantan laboratorios de refinación de clorhidrato de cocaína en zonas fronterizas.

Mientras que los territorios de Carchi son importantes para «la provisión de precursores químicos a través de la alta disponibilidad de farmacias en la ciudad de Tulcán«, reseña. Asimismo, no descarta la presencia de cultivos y laboratorios en zonas fronterizas.

Los laboratorios de cristalización y refinamiento son un problema también para Esmeraldas. Su cercanía con cultivos ilícitos de Carchi y zonas colombianas, abastecimiento de precursores químicos y laboratorios develan un «proceso de innovación e inserción a la cadena de producción de cocaína en el Ecuador», recoge.

El narcotráfico es la máxima expresión criminal en el Ecuador y "subsidia" a otros delitos como el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de armas y de hidrocarburos.

Distribución y consumo

La distribución de droga está relacionada con el número de homicidios. Las disputas de las bandas criminales por las plazas de microtráfico se concentraron en en Manabí, Guayas y Santa Elena. Asimismo, son estas tres provincias en las que se ha manifestado mayor consumo de sustancias ilícitas.

Entre 2020 a 2022, se duplicaron los números de homicidios en las ciudades de Portoviejo, Guayaquil, Manta, Durán, Samborondón, Chone y La Libertad.

El fenómeno del microtráfico se estaría acentuando en Manabí y Guayas. El informe reporta una causalidad entre el almacenamiento de drogas ilícitas y el microtráfico. En Guayas, las bandas «brindan seguridad y acopian drogas ilícitas» y se han iniciado en el tráfico a pequeña escala.

En cuanto a Manabí, el almacenamiento de drogas ha provocado una dinamización del negocio hacia las ciudades. Sin embargo, en Santa Elena llama la atención el tráfico para consumo interno de drogas sintéticas en sus centros turísticos.

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El informe señala que Ecuador se encuentra en el último puesto con un índice global de crimen organizado de 6.25. A la cabeza está Colombia (7.67), seguido de México (7.57) y Honduras (6.98).

Las redes criminales son el tipo de actor criminal que más aumentó en el continente. Sobresale la expansión de grupos delincuenciales provenientes de Colombia, México y Perú, pero también tienen participación los grupos de los balcanes en el Ecuador.

En cuanto a resiliencia, la capacidad para superar una situación adversa, ha reducido en la transparencia gubernamental y otras instituciones del Estado. También han perdido puntuación actores en defensa de los derechos humanos y ambientales y el periodismo que denuncia y cubre al crimen organizado.

En Ecuador, todos los tipos de actores criminales aumentaron: grupos de tipos mafiosos, redes criminales, actores integrados en el Estado, actores extranjeros y del sector privado con un promedio de 7,40.

Estudio de caracterización del crimen organizado

Renato Rivera, coordinador del OECO, explicó que el narcotráfico es la máxima expresión del crimen organizado con un 23 % de participación en los mercados ilícitos. Depués le sigue la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y el tráfico de hidrocarburos.

Añadió que otro problema es que el narcotráfico no es investigado ni combatido de forma correcta desde el Estado. Además, cada provincia cumple un rol diferenciado en la cadena de valor.

El estudio (abril 2022-febrero2023) apunta que tras la pandemia de la Covid-19 se profundizaron las disputas entre bandas criminales en el país por el control de los sectores estratégicos como rutas y sitios de almacenamiento.

La investigación señala que, tras la pandemia se agudizaron las disputas entre bandas criminales por controlar las rutas y lugares de almacenamiento de drogas y las zonas para extorsionar a la gente, traficar combustible y armas, especialmente en ciudades fronterizas.

El lavado de activos se concentra en actividades económicas vinculadas a la construcción, inmuebles, vehículos, farmacias, cooperativas de ahorro y crédito, y centros de apuestas online.

Foto: RTS

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Lo «más sano» sería que Ecuador y Venezuela restablecieran las relaciones, dijo a la Voz de América el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un comentario que marca un giro en su discurso, desde que en abril del 2022 dijera al presidente de Argentina Alberto Fernández que analizaría una propuesta de este tipo pero indicó entonces que su gobierno «no estaba listo para tomar la decisión».

Lasso está en Nueva York, donde asiste a las reuniones de la 78 Asamblea General de la ONU. El mandatario visitará la capital estadounidense desde este viernes.

«Yo creo que lo más sano es normalizar relaciones en homenaje a los pueblos de Venezuela y Ecuador», dijo Lasso. «Más allá del próximo gobernante lo que yo siempre pensé es que en bien del pueblo venezolano y del pueblo ecuatoriano, que son pueblos hermanos, debería restablecerse esa situación», agregó.

Ecuador y Venezuela rompieron relaciones en 2018, tras la expulsión de las representaciones diplomáticas en ambas naciones. La crisis diplomática la desencadenó las declaraciones del ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del entonces presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, después que este solicitara a Asamblea General de la ONU «una acción continental» para los problemas de ese país que han derivado en la migración de miles de venezolanos. Rodríguez llamó a Moreno «mentiroso».

En abril del pasado año, el mandatario argentino le dijo a Lasso que era el momento de «ayudar a Venezuela» en el contexto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para su recuperación como país y como sociedad. Lasso «acogió» la recomendación pero dijo: «No estamos listos para tomar una decisión».

«El tiempo no me dio espacio para lograrlo», aceptó Lasso el martes en conversación con la VOA.

¿Qué cambiaría de lo hecho en 30 meses de gobierno?

Sobre la próxima transición y su periodo reducido en la presidencia dijo: «No cumplí el periodo que esperaba porque debí disolver la Asamblea dentro del marco constitucional para evitar un desgaste mayor dentro de la economía y un mayor impacto negativo sobre la población ecuatoriana.

«No todo fue hecho a la perfección, quizás en materia de comunicación, quizás en materia económica lograr mejores números en cuanto al déficit fiscal, crecimiento económico, pero así es la vida, uno no cuenta con imponderables como el crudo invierno de 2022, de 2023 y ahora tenemos que invertir recursos para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño.

«Claro que sí, hubiera aspirado a terminar los cuatro años», dijo a la VOA. Recalcó que el presidente que los ecuatorianos elegirán en noviembre solo será por un año y medio, «para terminar mi periodo de gobierno».

Lasso resaltó lo que catalogó como «logros» de su gobierno, como una reducción de la desnutrición crónica en el país en 3,5 puntos porcentuales. «Esto es muy importante porque hemos salvado a más de 20.000 niños. Es decir, salvado el futuro de Ecuador».

Citó además la «contribución de Ecuador al cambio climático a través de la creación de la reserva marina en Galápagos».

Avances en la economía, la creación de empleo, el apoyo a microempresarios, la construcción de escuelas «muy modernas», las construcción de tres de cuatro hospitales previstos, fueron otros de los logros que identifica Lasso de su mandato.

Seguridad

Consultado por la VOA acerca de qué fue lo que impidió que su gobierno consiguiera reducir los índices de seguridad, prometidas durante la campaña, Lasso respondió: «El problema [del narcotráfico] ya estaba ahí [antes de su gobierno]. La semilla o el virus ya estaba inoculado en la sociedad ecuatoriana».

El presidente ecuatoriano, no obstante, resaltó que su gobierno incautó 500 de toneladas de drogas en dos años, que representa un promedio de 250 toneladas por año, lo que lo ubicó en el tercer país de incautación de drogas, de acuerdo con la ONU.

«Los gobiernos anteriores no incautaban más de 40 o 50 toneladas (…) Frente a ese resultado [de su gobierno en dos años] hubo una reacción violenta», dijo, argumentando que lo que tenía a su mano era «una fuerza del orden desmantelada por gobiernos anteriores» y una policía nacional «que requería de más personal» para ser efectiva.

Dijo que contrató un 20 % más de policías y compró equipamiento que deberá llegar próximamente al país.

Plan Colombia

A una pregunta de la VOA acerca de si un Plan Colombia sigue siendo una salida a los problemas de seguridad de Ecuador, Lasso dijo que un plan similar al de Colombia «se ha logrado», pero admitió que se ha difundido poco un memorando de entendimiento firmado entre la Secretaría de Defensa de EEUU y el Ministerio de Defensa ecuatoriano que tiene 169 objetivos para los próximos siete años.

«Eso es lo más cercano a un plan Colombia», afirmó.

El Plan Colombia, también conocido como Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz, es un acuerdo bilateral concebido entre los gobiernos de Colombia y EEUU en 1999 durante la administración del presidente colombiano, Andrés Pastrana. Los objetivos específicos apuntaron a generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado de décadas y crear una estrategia antinarcótica.​

A la pregunta de si su sucesor debería seguir impulsando este tipo de plan, Lasso respondió: «Creo que por sentido de responsabilidad sí, porque es el apoyo de EEUU a Ecuador, ¿por qué negarse a recibir apoyo y ayuda?».

Dijo que la situación de inseguridad «es agobiante» para la población de su país y prometió que mientras siga en el cargo seguirá «actuando con mano dura con la delincuencia».

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

Acerca de cómo marcha la investigación en torno al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio a comienzos de agosto, Lasso dijo que «no le corresponde hablar».

«Es la Fiscalía la encargada de la investigación y el gobierno no puede estar dando información que le corresponde dar a la Fiscalía que es un poder judicial independiente del poder ejecutivo», remarcó.

Villavicencio fue asesinado por desconocidos a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito. Al confirmar la muerte de Villavicencio en agosto, Lasso dijo que «el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley».

El asesinado aspirante, de 59 años y que se postulaba por el partido Movimiento Construye Ecuador, era una de las voces críticas más fuertes en contra de la corrupción, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Presentó denuncias personales ante la justicia contra muchos de sus más altos integrantes.

Relaciones «realmente excelentes» con EEUU

Lasso dijo que las relaciones con EEUU son «excelentes, realmente excelentes», y citó el campo de la seguridad, el campo económico.

A la vez expresó su deseo de que «los próximos» gobiernos mantengan el mismo vínculo con el gobierno estadounidense: «Comprendan que nuestro principal aliado internacional son los Estados Unidos».

Incluso citó por ejemplo que cuando una pareja se enamora y se casa, siempre piensa en la luna de miel en EEUU, cuando tiene hijos quieren traerlos a divertirse y a estudiar a EEUU y si se quedan sin trabajo vienen a buscar trabajo o a emprender en EEUU.

«Independientemente de (las ideologías) de los gobiernos, el pueblo ecuatoriano mira a EEUU como su principal aliado, su principal amigo», concluyó.

Redacción: Voz de América

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Los números son alarmantes, pues solo en los dos primeros meses de 2023 se registró un aumento del 46 % de incautaciones de droga en relación con el año pasado.

El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló para Ecuador Verifica que -hasta el 1 de agosto de 2023- un total de 40 toneladas de droga han sido incautadas solamente en el Puerto de Guayaquil. En 2021, las autoridades decomisaron 54.8 toneladas en todos los puertos y, en 2022, la cifra ascendió a 77 toneladas.

Escáneres, parte de la solución

Una forma para mejorar los controles de la carga es la implementación de escáneres antinarcóticos, equipos tecnológicos que sirven para detectar droga sin que la Policía vulnere las estructuras de los contenedores y -a la vez- los productos en el interior.

En octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto 227 en el que dispuso la aplicación de un sistema de escaneo para todas las cargas que salgan del país. El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) emitió en julio de 2022 un proyecto normativo para establecer tarifas por el uso de los escáneres.

Sin embargo, su instalación y operación se ha pospuesto desde la firma del decreto. En julio de 2022, la entonces directora del Senae, Carola Ríos afirmó que el 11 de noviembre de ese año debían estar listos los escáneres en los puertos.

No obstante, la fecha había vencido y solo dos de 10 puertos realizaron el proceso de compra y colocación de escáneres: el de Manta y el de Posorja, recoge Primicias. Ante el evidente retraso, el plazo se postergó a junio de 2023, pero no se concretó. Así lo reconoció el actual director del Senae, Ralph Suástegui:

«Conseguir que este sistema de control entre a funcionar en su totalidad al menos demorará tres meses más (…) dijo haber ordenado una investigación para determinar el avance que lleva este proceso de instalación y operación de equipos en los diez puertos», reseñó diario Expreso.

Suástegui atribuyó el atraso a problemas logísticos relacionados con el conflicto bélico Rusia-Ucrania, ya que este último es proveedor de componentes radioactivos que se emplean en estos equipos. «Eso ha hecho que los procesos se alarguen», sostuvo.

Finalmente, había precisado que los equipos estaban llegando, por eso el aplazamiento de tres, que se supone finiquitó el pasado 7 de septiembre de 2023 y los puertos ya deben tener los escáneres.

¿Están operando?

Para operar se necesita que la autoridad portuaria pertinente -junto con el Senae- fije una tarifa por el uso de los escáneres de seguridad a las empresas exportadoras. Desde el Gobierno se estableció una tarifa máxima del 8 % de salario básico unificado por contenedor, es decir, USD 36.

No obstante, el cobro varía dependiendo de la autoridad portuaria. Por ejemplo, el Terminal Portuario de Manta (TPM) cobra una tarifa de USD 34. Sin embargo, exportadores explicaron a Radio La Calle que recién la anterior semana el directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y el Senae se pusieron de acuerdo para establecer un monto.

En Guayaquil la situación es la más grave, debido a que desde los puertos de esta ciudad se incautan las cantidades más grandes de droga. Del Puerto de Guayaquil se decomisa entre el 33 % al 37 % de los estupefacientes a nivel nacional.

La Policía incautó del Puerto Marítimo de Guayaquil (Contecon) 38 de las 54 toneladas decomisadas a nivel nacional durante el 2021, detalla Primicias. Asimismo, al menos 26 de las 77 toneladas del 2022 le pertenecían. En cambio, el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) se ubicó en 2021 y 2022 como el cuarto puerto con más incautaciones de droga.

José Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y vicepresidente de la Corporación de Gremios Exportadores (Cordex), dijo para este medio que Senae les informó que los escáneres entrarán en funcionamiento en los puertos Naportec, Contecon e Inarpi en la primera quincena de noviembre. En el caso de Puerto Bolívar se espera su operación en 2024.

Sobre la tarifa

Hidalgo apuntó que se estableció la tarifa en USD 36 por contenedor. No obstante, declaró que este costo debería asumirlo el Estado como responsable de la seguridad. Se oponen al cobro del uso de los escáneres, no al control de los contenedores.

A pesar de ello y dadas las «reglas del juego» lo que esperan es un compromiso por cambiar el tipo de inspección intrusiva (canes y taladrar contenedores) a no intrusiva (escáneres). «Debemos trabajar en el protocolo para que el costo interno de las inspecciones intrusivas disminuya – hay un impacto calidad y costos, pues abren cerca del 40 % de nuestra carga», manifestó.

El Gremio advierte que la tarifa es un incremento a sus costos de alrededor del 52 % y que el Senae debe definir este problema para evitar una afectación en la competitividad. «La tarifa es un impacto anual de USD 12.5 millones para el sector bananero y para el sector exportador alrededor de USD 20 millones».

Expuso que los exportadores solicitaron en múltiples ocasiones al Senae conocer los fundamentos técnicos usados para la fijación de la tarifa máxima. Sin embargo, no obtuvieron respuesta al pedido.

Foto: Ecuador 221

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El 18 de julio la DNA dio a conocer la evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador entre los años 2019 al 2022. Entre los principales centros de incautación de droga se encuentra Manabí, Loja, Imbabura, Guayaquil, Esmeraldas, Quito, y Carchi.

En este período la Policía incautó 619 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización. De esta cantidad, el 87 % corresponden al tráfico internacional de drogas y el 13 % al tráfico para consumo interno.

En el Ecuador, el 98 % (233 hectáreas) de cultivos de cannabis detectados en campo abierto se encuentran registrados en el departamento del Valle del Cauca en Colombia (frontera de Ecuador y Colombia). Un gran porcentaje se ubican en resguardos indígenas con difícil control y acceso para el Estado, dicta el informe de la Policía.

Las secuelas sociales en Quito

En la capital y en la Perla del Pacífico, el promedio de edad de personas que consumen por primera vez marihuana es de 15 años. Por otro lado, las redes del narcotráfico se han convertido en la principal causa de violencia en el país por las pugnas entre grupos criminales.

Desde el 2021, la Policía y la Fiscalía están detrás de la pista de »Los Lobos» en Quito desde fines de diciembre de 2021. Según investigaciones, la banda delictiva habría tomado el control de zona que en su momento estuvieron al mando de distintos clanes familiares para la venta de drogas y para el cometimiento de otra clase de delitos.

Entre los sectores con mayor influencia estarían el Comité del Pueblo, Carapungo, Cotocollao, Quitumbe y Nueva Aurora, en donde recientemente tres personas murieron a causa de un ataque armado.

En el informe policial se detalló que en la capital se incautaron 1.508 kg de marihuana durante 2022. Sin embargo, el 2020 fue el año con más incautaciones pues se retuvo 6.360 kg de este tipo de droga.

Alertas

El Informe Mundial sobre las Drogas de 2021(UNDOC), alertó que la legalización del cannabis en algunas partes del mundo parece haber acelerado el consumo diario y las consecuencias relacionadas para la salud.

»El crecimiento demográfico del número de personas jóvenes que han consumido marihuana, en la actualidad creció considerablemente en comparación a años anteriores», dicta el documento. (A.G.M).

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La frase es de Joaquín Gallegos Lara, y tras un 5 de febrero digno, a los tres meses vuelve a emerger en memorioso cuestionamiento estructural debido al catatónico «confort» sin zona delimitada que la sociedad demuestra ante la barbarie.

El Ecuador es un país cuyas realidades y noticias más sobresalientes cada día son: cuádruple asesinato de Chérrez, autor y testigo potencial de narco-corrupción de un presidente y su círculo más cercano; bolsonariano porte de armas como gigante cortina de humo, con todo y tuit canallamente escrito por ese mismo presidente; amenazas de muerte contra periodista que denunció el caso «Gran Padrino» y su familia; amenazas de muerte y exilio obligado de otra periodista; multitudinario éxodo de ecuatorianos por el arriesgado tapón del Darién; ola de violencia y de asesinatos diarios, secuestros, ejecuciones espantosas, vacunas masivas, femicidios y desapariciones forzadas y bajo engaño; sin que el Estado y en el centro el gobierno ejecutivo, actúen: por vez primera en un siglo se devela no sólo incompetencia gubernamental sino ineptitud de clase (la élite parasitaria que vive a costa de 15 millones de ciegos, sordos y mudos), mientras aparecen indicios evidentes de mafialización de la fuerza pública y de la «mexicanización» de la justicia, la fiscalía y los aparatos armados del Estado.

Y, por contraste, se informa como cosa natural, el aumento de las ya de por sí escandalosas ganancias del banco Guayaquil y la destrucción (premeditada) de los servicios públicos y del fin social del Estado: salud, seguro social, jubilación, educación, carreteras, registro civil, instituciones, empleo, alimentación diaria reducida, bancarrota de tantos, desigualdad, injusticia social, etc. Pero mi aldea no es París incendiada. Teme y detesta más a las protestas que el vil estado de cosas.

Y más me llama la atención, por la total impunidad de la clase media y su absoluta ausencia de autocrítica, de las personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que votaron por este señor, y que no se responsabilizan hasta hoy en lo absoluto, de lo que ahora significa haber votado por un banquero, por total desconocimiento de lo que significa el propósito de la banca y del capital especulativo y parasitario.

Cada uno de ellos, mientras no reaccionen, me recuerdan a la sociedad alemana de los años ’30, que votó por Hitler y los nazis solamente por un patológico odio ideológico a la izquierda, sociedad que se hizo la pendeja cuando empezó la primera gran masacre silenciosa y olvidada: el exterminio de cientos de miles de Tahisítas, niños y adultos con Discapacidades graves y de los pacientes terminales como Nelly, y los pacientes con enfermedades mentales. Ante ese primer crimen callaron en nombre de un repugnante individualismo social y con la anuencia masiva de la atrocidad.

El lassismo como élite delincuencial se alegra de tanta ignorancia y cobardía. Y de que se vayan los ecuatorianos huyendo del país que un día tuvimos: no son vistos como familias ni seres humanos sino como remesas. ¿Me comprende usted?

El Ecuador desconoce por completo el ejemplo del pueblo italiano que un día despertó, con miedo natural sí, pero con la fuerza arrolladora de su voluntad para parir y movilizar el primer movimiento social masivo anti-mafia; ergo: anti-gobierno.

Sólo las universidades y uno que otro sector disidente han sacado la cara por la dignidad del país ante la infame bolsonarización decidida en el porte de armas, que la enfermiza élite lumpen de la sociedad aplaude.

«De toda la política, sólo entiendo una cosa: la rebelión», escribió Flaubert. Y Marx escribió: «Un pueblo que se indigna (para insurreccionarse) es un tigre que se agazapa y salta».

‘Ni Flaubert ni Marx son ecuatorianos’, responde la piara.

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“El narcotráfico gobierna a quien debía gobernarnos”, dijo en entrevista para Radio La Calle.

En el 2021, el embajador de EE.UU, Michael Fitzpatrick anunció el retiro de visas a “narcogenerales” y manifestó su preocupación por la penetración del narcotráfico en el Ecuador. En este sentido, Burbano se cuestiona si la información fue contrastada o la Embajada fue víctima de una causa armada. Además, generó una interrogante, “¿qué  acciones y correctivos tomó la Fiscalía y el Gobierno?”

Los “abogados” de Lasso

“En verdad creen que el país va a soportar dos años más de esto. Se nos está yendo el país por el barranco”, señaló.

Agregó que el arma para vencer la desestabilidad en el país sería el juicio político que viene a ser una herramienta democrática para que el mismo pueblo recupere el mandato. Sin embargo, algunos abogados constitucionalistas hablan del juicio como un mecanismo de desestabilización, una situación que le parece “irreal”.

El alcahueteo de los medios de comunicación

Por otro lado, indicó su preocupación sobre el encubrimiento de los principales medios de comunicación respecto a los nuevos audios difundidos por La Posta.  En esta nueva evidencia, los generales Mauro Vargas y Giovanni Ponce hablan del archivo de su investigación por el perjuicio que le ocasionaría al presidente Lasso.

Además, dijo que existen acciones ilógicas en el juego de la prensa. Por ejemplo, el actual secretario de Administración Pública es Sebastián Corral, accionista de Teleamazonas. Por otra parte, recalcó que claramente “Ecuavisa es una sede CREO y Carlos Rojas es el administrador y conserje”, enfatizó.

No hay confianza en el Gobierno de Lasso

Burbano señaló que existe una crisis de confianza en la Presidencia y hay varios hechos que lo demuestran. En primer lugar, tenemos un mandatario que se contradice, pues en entrevista con Carlos Vera, dijo que Hernán Luque salió del cargo para “tomar otros rumbos”. Días más tarde le dice a Milton Pérez que pidió su renuncia “porque no confiaba en él”.

Y en este caso, Burbano cuestiona las contradicciones de sus palabras, pues Luque fue alto funcionario del Banco de Guayaquil desde 1993, es decir, lleva varios años trabajando junto a Lasso.

Por otro lado, dijo que la repentina salida de varios funcionarios del gabinete presidencial y sus presuntos vínculos con el narcotráfico son causales suficientes para que el poder público revise fiscalice el caso. (A.G.M).

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La investigación señala a Ecuador como el país con mayor número de incautaciones de toneladas de cocaína con 176,9 en los 11 meses del año pasado. Al finalizar el 2022, la cifra ascendió a 201 toneladas de drogas, que el 90 % eran cocaína, según fuentes del Ministerio del Interior.

El aumento de los flujos de drogas a través de Ecuador ha traído consigo un aumento de la violencia. La tasa de homicidios del país prácticamente se duplicó en 2022 por segundo año consecutivo, y la policía atribuye la mayoría de estos asesinatos a enfrentamientos entre organizaciones narcotraficantes, según reportó el centro de pensamiento Crisis Group.

El papel de otros países

El estudio divide en tres funciones el tráfico de drogas: producción, transito y tránsito secundario.

Colombia es el principal país productor de cocaína y, en 2022, las autoridades incautaron 671 toneladas. Le siguen Perú y Bolivia con 56 y 20,3 toneladas retenidas, respectivamente.

Después están los países de tránsito. Por cuestiones estratégicas de rutas y control de territorio, los países productores utilizan a los países vecinos. Por esta razón, precisamente Ecuador encabeza la lista de tránsito al tener fronteras con Colombia y Perú.

Sin embargo, como tránsito también figuran, en orden, Panamá (108), Brasil (96,6), Costa Rica (33,1) y México (41,8) con toneladas incautadas.

Finalmente, existen países de tránsito secundario como:

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La cónyuge del afectado recibió múltiples llamadas de extorsión en las que exigían dinero por el rescate de su pareja. La suma que los implicados pedían por Neptalí ascendía a USD 50.000.

«Nos queda debiendo la Asamblea unas cuantas leyes, porque estamos aquí (siendo víctimas de la delincuencia). Los buenos somos más y vamos a luchar. Y gracias, Policía, otra vez, Policía Nacional y Policía Judicial. Dios los bendiga», expresó Neptalí R.

La Policía advirtió la detención de los presuntos secuestradores. Además, se confirmó la tenencia de una arma de fuego en su poder y un auto que había sido reportado como robado.

Los investigados tienen antecedentes por narcotráfico. Posteriormente se confirmó los vínculos entre los implicados con el grupo delictivo antes mencionado.

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Los crímenes en la provincia no paran a pesar del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso frente al aumento de la inseguridad.

Las Fuerzas Armadas realizan operativos de control desde el pasado viernes 3 de marzo. Tras el incidente, la institución continúa realizando las diligencias pertinentes ante las autoridades para dar con los autores del hecho.

«Como consecuencia de este enfrentamiento falleció en actos de servicio el cabo primero del Ejército. Las Fuerzas Armadas se solidarizan con su familia y realizarán las acciones legales para determinar culpables de este reprochable suceso», señala el escrito publicado a través de redes sociales.

Estado de excepción

A través del decreto ejecutivo 681, el presidente Lasso dispuso el estado de excepción por 60 días en la provincia de Esmeraldas. Con ella, se estableció un toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00. Asimismo, están suspendidos los derechos de libertad de asociación y reunión, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Durante este tiempo, los militares brindarán apoyo a la Policía Nacional en pro de mantener el orden público.

Según datos del Ministerio del Interior, Esmeraldas registra 70 homicidios desde que inició el 2023. También se han reportado 374 denuncias por robo, 94 personas detenidas por narcotráfico y 1.432 kilos de sustancias sujetas a fiscalización retenidas, de acuerdo a EFE.

La violencia en Esmeraldas

Entre los homicidios ocurridos en los dos primeros meses del año se encuentra un policía que fue asesinado con armas de fuego.

Un usuario en redes sociales publicó una video donde se escuchan disparos justo en la ciudad en la que ocurrió el ataque al grupo militar. Se desconoce si se trata del mismo suceso o tiene conexión alguna.

Debido a que es una zona fronteriza, Esmeraldas es un punto de disputa de los grupos delictivos que pelean por el control de las rutas y territorios por el mercado de varios negocios ilícitos como drogas y armas.

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La visita de la comisaria está centrada en la cooperación que debe tener la UE con Ecuador y Colombia, países clave para el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. La comisión empezó el 26 de febrero y finalizará el 3 de marzo.

Johansson y la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Verlien, fueron recibidas por el vicecanciller ecuatoriano, Luis Vayas, según informó el Ministerio del ramo.

Johansson declaró que su recorrido por la ciudad portuaria se debe a la preocupante cantidad de cocaína que se exporta desde esa ubicación a territorio europeo, reportó Ecuavisa.

La comisaria comparó la situación de Guayaquil con el puerto belga de Amberes. «Durante los últimos cinco años, aquí, en Amberes, hemos batido récords. El año pasado se incautaron 89 toneladas de cocaína en Amberes «. declaró la Portavoz de Finanzas de Bélgica, Florence Angelici.

El objetivo de la corresponsal europea es reforzar la cooperación de las autoridades locales contra la delincuencia organizada, la trata de personas e incrementar la seguridad en América Latina, según Primicias.

Johansson busca apoyar desde la UE para un plan piloto en el que Colombia intercambiaría información con Europol.

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