Quito, 18 abr (La Calle).- El Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) alertó sobre un intento de contacto con el pueblo Taromenane, en aislamiento voluntario dentro del territorio ancestral Waorani y el Parque Nacional Yasuní. La denuncia se dirige contra la fundación estadounidense Come to the Rainforest y su directora, Karen Duffy, por promover «diálogos» e «intercambio de recursos» con este pueblo, acciones que violarían estándares constitucionales e internacionales.

En un comunicado público, la NAWE subrayó que los Taromenane, junto a otros pueblos como los Tageri y Dogakairi, tienen derechos reconocidos en sus estatutos y en el Art. 57 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe cualquier intervención que amenace su autodeterminación o supervivencia. «El contacto forzado implica riesgos de epidemias, desplazamientos y pérdida cultural, como ya ocurrió en nuestra historia», advirtió Juan Bay Guiyicamo, presidente de la NAWE.

Base legal y condena internacional

La denuncia se sustenta en:

1. Constitución del Ecuador (Art. 57): Garantiza el derecho de los pueblos en aislamiento a permanecer libres de contacto y obliga al Estado a proteger sus territorios.
2. Sentencia de la Corte IDH (marzo 2025): Condenó al Estado ecuatoriano por no evitar invasiones en zonas de pueblos no contactados, exigiendo medidas de no repetición.
3. Código Penal (Art. 80 COIP): Tipifica el etnocidio con penas de hasta 19 años de prisión para quienes destruyan la identidad cultural de estos pueblos.

La NAWE acusó a la fundación de Duffy de actuar «con desprecio a la voluntad de los Taromenane» y exigió al gobierno, a la Corte Constitucional y a organismos como la CIDH que investiguen y sancionen estos actos. «No permitiremos que se repitan los errores del pasado», agregó el comunicado firmado por Guiyicamo, refiriéndose a contactos anteriores que derivaron en masacres y reducción demográfica de pueblos amazónicos.

Contexto crítico

Los Taromenane habitan una de las zonas más biodiversas del Yasuní, también codiciada por actividades extractivas. Su territorio, protegido teóricamente por moratorias petroleras y fallos judiciales, enfrenta presiones de turismo no regulado, madereros y ahora esta fundación. La NAWE recordó que, en 2013, un intento de contacto por misioneros evangélicos terminó en un ataque con lanzas que dejó más de 20 muertos.

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