Danna y su hermano saben quién es el femicida de su madre. César Narciso P. G., su expareja, habría cometido el delito. Habían salido unos pocos meses en 2020, pero nunca la dejó de perseguir. “Los vecinos lo vieron el viernes en la noche, afuera de la casa, gritando para que le abra la puerta. No lo vieron entrar, pero sí lo vieron salir el sábado en la mañana”, dijo Danna a diario El Universo.

Justicia indolente

Rosa Ramos había denunciado a su agresor tres veces por agresión física y violación. Vivió en una casa de acogida durante tres meses y se cambió de domicilio en cuatro ocasión. A pesar de todo, él hallaba la forma de encontrarla. El 22 de septiembre de 2023, el agresor fue detenido en flagrancia por violar a Rosa, sin embargo, la jueza Gladys Hernández, durante la audiencia de formulación de cargos, dictó medidas cautelares: uso de grillete y presentación periódica todos los miércoles. No cumplió con lo establecido y se abrió un proceso de revisión de las medidas cautelares.

En ese mismo caso, Rosa fue llamada a rendir nuevamente su versión en la cámara de gessell el 5 de enero. Para el 8 de enero se tiene prevista la audiencia preparatoria de juicio. También se ha convocado un plantón para exigir justicia en la Fiscalía Provincial del Guayas.

Mujeres en peligro

Un sistema de justicia desorganizado y negligente se llevó la vida de Rosa y mantiene a su presunto femicida libre, sin embargo también ha puesto en peligro la vida de más mujeres en el país. La abogada Ana Paula S. tiene tres procesos abiertos en contra de su expareja por violencia física, secuestro y agresión que avanzan de forma lenta. A eso se suma que el agresor aún intenta contactarla. «Mientras, mi vida sigue en riesgo. El 24 de diciembre, a través de terceras personas me trató de contactar nuevamente. Sé que sigo en peligro», escribió en su cuenta de X.

A pesar de las pruebas que tiene Ana Paula para demostrar la conducta peligrosa de su agresor, los jueces todavía titubean la pertinencia de llamarlo a juicio. «¿Qué más debe pasarme para que la justicia me proteja? No pido ningún favor solo pido que se actúe conforme a derecho y que lo hagan ya, no después de nueve años como Nina Gualinga o después de muerta como Rosa Ramos», expresó la abogada.

Por otro lado, la activista amazónica, Nina Gualinga denunció violencia psicológica en contra de su expareja en 2015 y una segunda vez en 2020, sin embargo, la audiencia de formulación de cargos todavía sigue en veremos, ya que se ha diferido para el 14 de febrero. La activista sufrió manipulación por parte de su agresor que, además le apuntó con una escopeta en una ocasión. Teme por su vida y la de su hijo. «Una noche me miré al espejo. Vi a una chica tan flaquita, tan pálida. Y me pregunté quién es ella. Porque ya no soy yo. (…) En ese momento pensé, tengo 25 años ya me ha amenazado con una escopeta, a los 30 ya no sé si esté viva”, expresó en una rueda de prensa.

(MIB)

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Según Alvear, hay sobreprecio en la compra de «54.4 megawatts (mw) a un total de USD 65 millones, a través de las 32 máquinas generadoras de electricidad». Recalcó que el precio normal de los mw es de USD 739 mil o USD 740 mil. No obstante, el país paga USD 1’194 por los mw. Apuntó que esa compra la estarían realizando mediante una intermediaria que la FGE deberá investigar.

«Compraron maquinitas del 2009 de casi USD 500 mil; si eso multiplicamos por los 32 equipos da un total de USD 16 millones y eso pagan», apuntó.

«Todo es negligencia»

El analista aclaró que la falla en el sistema eléctrico no es un «problema de emergencia, sino de negligencia del régimen». Indicó que las autoridades no ejecutaron las inversiones necesarias ni los protocolos de mantenimiento que debieron seguir.

Mencionó que, ahora el Estado deberá pagar USD 600 millones a Colombia por la compra de energía durante seis meses y a eso se suma los USD 300 millones que pagarán por comprar gas.

Sin embargo, en 2021, el gerente general de Celec, Gonzalo Uquillas, presentaba una realidad diferente. Aseguró que con una inversión de USD 800 millones se daría mantenimiento a las termoeléctricas y ya no habría apagones, pero el pasado 4 de octubre, el Gobierno alertó que sobre posibles apagones por la crisis en el sistema eléctrico.

«Nunca se invirtió y nunca hicieron nada. Ahora, el país tendrá que pagar USD 600 millones por energía. Quieren hacer lo que les da la gana a cuando les queda pocos días para irse», dijo.

Una primera alerta

El pasado 4 de octubre, Alvear advirtió que las irregularidades en el sistema eléctrico del país crearían un perjuicio para el Estado de alrededor de USD 310 millones.

«Estamos en manos de funcionarios que, sabiendo el problema, no previeron nada para generar una emergencia que desemboca en contrataciones y compras irregulares”, explicó para Radio La Calle.

El experto anticipó que Uquillas debería ser investigado por la Fiscalía por el perjuicio millonario que crea al Estado. “No es nada ligero lo que está gente, a través de esta negligencia, ha cometido”, finalizó.

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Identificado como Alirio Javier Quiroz, era residente en el barrio Mazato en Manta, Manabí. Según El Diario, al hombre lo declararon muerto unas horas el 16 de junio cuando lo llevaron al centro de salud «Daniel Acosta», en la parroquia Eloy Alfaro.

«Desde el subcentro lo entregaron en caja. A lo que llegó a la casa, los vecinos que estaban aquí abrieron la caja, lo tocaron y él estaba caliente, tenía lágrimas. Allí lo sentaron y dijeron Alirio está vivo y le empezaron a dar primeros auxilios y mi papí respiró, hizo un resuello. El movía la boca y a un vecino le apretó la mano», aseguró su hija Adriana al periódico manabita.

Su esposa añadió que cuando vieron que tenía señales de vida llamaron a una ambulancia para conducirlo a un hospital. Luego de haber esperado 30 minutos por el vehículo, lo trasladaron en el carro de la funeraria, pero fue demasiado tarde. En el automóvil, Adriana dijo que su padre «se volvió a quedar» en el camino y que lo declararlo muerto oficialmente.

En el hospital trataron de resucitarlo de nuevo, le practicaron un electrocardiograma, donde comprobaron que, en efecto, su corazón no daba muestras de vida. La familia apunta a que se trató de una supuesta negligencia médica por parte del subcentro.

El caso de Bella

En un vídeo compartido en redes social se puede ver a Bella Montoya, oriunda de Babahoyo, Los Ríos, respirando dentro del ataúd ya abierto, mientras dos hombres la asisten.

«Con la mano izquierda golpeaba la caja, y la mano latía», dijo a los medios su hijo Gilbert Balberán. La familia había gestionado la donación de la caja, ya que no tenían el dinero.

Montoya fue declarada muerta en el hospital Martín Icaza de Babahoyo. Según el Ministerio de Salud Pública, habría tenido un paro cardiorrespiratorio sin dar respuesta a la reanimación por lo que el médico la declaró como fallecido.

A pesar de los intentos por mantenerla con vida, Bella Montoya falleció el 16 de junio. El MSP investigará quién fue el responsable de la supuesta confirmación de su deceso. (MIB)

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«La solidaridad del Gobierno con la familia de la víctima y la sociedad ecuatoriana. Este es un hecho violento que nos duele a todos. Estamos enfrentando un crimen atroz que no quedará en la impunidad. Se anunciarán, este lunes, las cabezas que rodarán por la falta de transparencia y negligencia en las investigaciones«, dijo a los medios. Las desvinculaciones serán para las personas que estuvieron en la Escuela Superior de Policía durante el 10 y el 11 de septiembre.

Carrillo anunció que existen cuatro procesos investigativos. El primero para aclarar qué fue lo que pasó el 11 de septiembre cuando se produjo la desaparición de María Belén y determinar a los responsables. «En segundo lugar, he dispuesto al comandante general que elabore todos los sumarios administrativos para los miembros de la Escuela de Policía que, por acción u omisión, permitieron muchos de los actos que derivaron en el fatal incidente».

Agregó que tienen un equipo de búsqueda sobre el presunto autor. «no vamos a dejar que se nos vaya. Bajo las piedras, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, lo encontraremos y lo someteremos a la administración de justicia. (…) Ese sujeto aparecerá en algún momento«

El último proceso es la búsqueda de la víctima. «Técnicamente todavía es una persona desaparecida y continuamos en ese proceso

Más mujeres en la Policía

En el Ecuador, al parecer, las mujeres deben desaparecer en la Escuela de Policía para que los entes rectores recuerden la equidad de género. Sin embargo, no hay una garantía para la reestructuración de la educación policial solo por el género de persona a cargo de la escuela.

«El Ministerio del Interior no es el guardia de la Escuela de Policía, sino el organismo rector de la política pública en seguridad. Nos corresponde reestructurar la educación y en ese sentido hemos dispuesto que la dirección estratégica de la Escuela Superior de Policía esté bajo el gobierno de mujeres. Se posesionarán la directora y su equipo que manejará la malla curricular y dirigirá al grupo de instructores».

Carrillo reafirmó la intención del Gobierno de resolver este caso. «Es un delito complejo que nos avergüenza no solo como Policía sino a la sociedad ecuatoriana en términos de cultura machista. Las unidades más exitosas tienen que responder».

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“La renuncia de la rectora se recibió y aceptó. En horas de la tarde se conformó una terna para sustituir a la autoridad. El 27 de abril tendremos la resolución de cuál sería el miembro de la terna que sería el nuevo rector o rectora de esta institución educativa”, dijo la ministra María Brown.

No obstante, algunas horas atrás, Brown dijo que el Ministerio de Educación confirmó que se cumplió con el protocolo en estos casos. Según la ministra, el mismo día de la agresión, se llamó al 911 y efectivos policiales arribaron a la institución. «Seguimos investigando cómo se dieron los hechos, cómo se recibió a la estudiante. También cuál fue el accionar de la policía», dijo.

Paradero desconocido

Roberto Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación, admitió el paradero del ciudadano que conducía el transporte escolar del colegio Dillon aún no se conoce. No obstante, explicó, existe un avance en la investigación para recabar más detalles del presunto abusador. Estas acciones se dan en coordinación con la compañía de transporte, la cual separó al sujeto. MIB

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María Isabel López contó que llegó al Hospital del IESS, Carlos Andrade Marín, en Quito, a las 05:00. A pesar de ser ingresada en la casa de salud, ningún médicos le brindó atención adecuada. La mujer fue diagnosticada con apendicitis y, puesto que esta condición requiere una cirugía de urgencia, pedía ayuda o que le quiten la vía para trasladarse a otra casa de salud.

“Solo me han dicho que haga lo que quiera. No me han sacado todavía la vía. No desean ayudarme con eso. Me quieren hacer firmar una salida voluntaria, lo cual hacen que se eximan de culpa totalmente”, dijo la paciente en su cuenta de Instagram.

La ciudadana señaló que solicitó por cuatro veces que le quiten la vía sin resultados. “No lo quiero hacer por cuenta propia para no desangrarme, pero parece que tendré que hacerlo”, dijo la ciudadana.

Más tarde, María Isabel narró que llegó al Hospital IESS Sur, en el sector de El Recreo. «Fue lo mejor que pude hacer. Salve mi vida de esa manera. Los médicos me dijeron que de haberme quedado una hora más hubiéramos tenido lamentables consecuencias”, agregó.

La paciente mencionó que al momento de la intervención se encontraba en estado crítico. Por tal motivo, se mantiene en observación en el hospital con la posibilidad de que la vuelvan a intervenir. Responsabilizó de su estado actual al hospital Carlos Andrade Marín por la inoperancia de la institución.

«Casi me cuesta la vida. Aparentemente debo quedarme aquí por lo menos cinco días. De no superar la situación me tendrán que volver a operar, ya no de forma laparoscópica. Me van a tener que abrir para hacer una limpieza profunda”, puntualizó.

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La casación era el útimo recurso que le quedaba a Brenda para exigir justicia. El abogado del caso, Ramiro García, dijo hace poco que había suficiente evidencia para demostrar que los tres acusados cometieron el delito. Pero el recurso de casación fue negado.

¿Negligencia del abogado?

La abogada Sonia Vera, integrante del equipo internacional de defensa del expresidente Jorge Glas, critió en su cuenta de Twitter al abogado del caso. «Ha estado muy ocupado hablando en todos los medios del habeas corpus de Glas y no va a la audiencia», escribió.

Resolución de la Corte

La resolución de la Corte indica que “resolvió por unanimidad, declarar improcedente los recursos de casación interpuestos por la Fiscalia General del Estado y la señorita C.B.G.L. en calidad de víctima, al no hallarse debidamente fundamentados los medios impugnatorios planteados, por lo que se conforma de esta manera la sentencia recurrida, en todas sus partes y se ratifica la inocencia de los encausados.”

La resolución también señala que los recursos de casación solicitaban “una nueva valoración de las pruebas”, procedimiento que no le corresponde a la Corte Nacional de Justicia, según el artículo 656, inciso segundo, del Código Integral Penal.

Luego de la resolució, según expuso una amiga de la víctima, enviarán un recurso extraordinario a la Corte Constitucional para que revise el caso. No se rendirán, aunque no comprenden el fallo sobre el recurso de casación.

Fuente: GK

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La JIA también maneja una hipótesis de que la falla del radar fue causada por un elemento externo. El área donde se encontraba el radar no contaba con seguridad física tal como videovigiliancia, concertinas, mallas. Ni siquiera había iluminación.

El radar habría explotado tras 11 días de operación en el cerro de Montecristi. Una serie de fallas y negligencias explicaría este suceso. Sin embargo, esto habría ocurrido ya que fue objeto de un atentado. Esta fue la hipótesis declarada en un informe interno tras descartar desperfectos o mal funcionamiento de varios componentes del radar.

El documento destaca que el radar fue ensamblado ‘al apuro’. No contaba ni con infraestructura de seguridad mínima, planes de riesgo o con estudios de seguridad. La estructura contaba únicamente con un grupo de uniformados para su vigilancia las 24 horas del día.

Esta vulnerabilidad significó una ventaja para concretar el atentado que destruyó una parte considerable del equipo, mismo que quedó inservible. A raíz del atentado, en febrero de este año, la empresa española, fabricante del radar, entregó su informe técnico. Ahí descarta que la explosión se debiera a un cortocircuito o falla mecánica interna del equipo.

Fallas salen a la luz

Según estos detalles, las autoridades confirman que fue un atentado premeditado que hoy, Fiscalía está investigando. A esto se suma que el radar instalado en Montecristi no era nuevo. Autoridades de la FAE decidieron trasladar el radar LTR-20 de Indra, que operaba desde 2016 en Lumbaqui, provincia de Sucumbíos, hacia Manabí. Esta solicitud de movilizar dicho radar la realizaron el 15 de octubre de 2021 y su traslado fue 4 días después, el 19 de octubre, todo en una sola jornada.

Entre el 22 y el 26 de octubre se desplegó y empezó a funcionar el 27 de octubre. Esto lo anunció el comandante de la FAE, Geovanny Espinel, en la ceremonia de conmemoración de los 101 años de la Aviación Civil y el Día de la FAE. Después de 11 días, el 7 de noviembre, ocurrió el atentado. Este reveló la falta de protocolos de seguridad que, según oficiales de las Fuerzas Armadas consultados por una investigación del portal Primicias, debían implementarse antes de la operación del radar.

Ante ello, Espinel confirmó que 25 militares (16 oficiales y 9 aerotécnicos de la FAE) enfrentan procesos disciplinarios por fallas en el manejo de la seguridad física y negligencia al obtener y haber instalado mal el ‘radar antinarcos’.

Entre otras fallas, especifican que no se acataron las recomendaciones para el transporte e instalación del radar, así como advertencias técnicas establecidas en protocolos para estos procedimientos. Además se especifica que existió descoordinación y premura durante estos procesos, aparte de que no existió un estudio ni contrato firmado que garantice su soporte técnico.

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Según el funcionario, la CFN está saturada de deudores, quienes han incurrido en mora «teñida de mala fe». También denunció que existen acuerdos fraudulentos con funcionarios, incluso, durante los últimos años de crisis económica que vive el país.

Un trabajo de Santiago Basabe, analista político e investigador, para el medio Primicias, revela que «quienes se encargaron de asirse con los recursos públicos fueron aquellos que las abuelas identificaban como los ‘Gran Cacao'». Es decir, quienes ascienden socialmente por abusar de las arcas fiscales.

Según Basabe, los deudores no justifican estos préstamos pues no tienen como finalidad un crédito educativo, productivo o de consumo.

«Al pobre, a la clase media, al profesional o al artesano, más impuestos y más controles. Al dilapidador de grandes sumas de dinero, al que viste de terno y corbata, ostenta autos de alta gama, vive en los barrios privilegiados de Quito o Guayaquil y frecuenta restaurantes en los que en cada visita paga lo que buena parte de la población gana en un mes o incluso en más tiempo, nada».

Encubrimiento del Estado

El investigador también expone que el gobierno de Guillermo Lasso podría revelar los nombres de los deudores, sin embargo mantiene su sigilo bancario. «Existe la pretensión de encubrir a los deudores de la CFN (…) desde el gobierno hay interés en que estos deudores no se vean sometidos al escrutinio público», expresa Basabe.

La respuesta del Ejecutivo ha sido «frenar el atraco a los recursos públicos y luchar contra la corrupción». A pesar de la campaña anti-corrupción que embandera el gobierno, se evidencia que la corrupción ha dejado sin recursos a todas las instituciones públicas.

La deuda ‘incobrable’ de la CFN supera los USD 600 millones, mientras hospitales públicos, escuelas y hasta el sistema carcelario carecen de los recursos para su correcto funcionamiento.

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Esta quebrada, se encuentra activa la construcción de edificios de departamentos a cargo del proyecto Urkupamba. Construcción que cuenta con la autorización y el aval de las autoridades municipales y gubernamentales. «Se trata de una Iniciativa innovadora en donde prevalece la conservación del ambiente, de árboles y vegetación propias de las laderas del Pichincha» expresa su sitio web.

Según esta misma página se detalla que va a ser usado un espacio de menos de dos kilómetros cuadrados (0,2 hectáreas) para el proyecto arquitectónico. La idea es mimetizar los demás espacios planificados del proyecto que abarque menos del 15% del área protegida. Este también propone la construcción de cenizarios para el mantenimiento biológico del área de bosque protegido que pretenden intervenir.

Urkupamba sería ilegal

Sin embargo, a través de su cuenta de twitter, la activista Sybel Martínez denunció que desde el 2012 está prohibido construir ni autorizar edificaciones en las quebradas. Esto lo basó en un documento adjuntado en el tweet que muestra la resolución número C:350. La resolución manifiesta una declaración como patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico al sistema de quebradas del distrito metropolitano de Quito. En este documento también se afirma que existirán estrategias destinadas a la recuperación y gestión ambiental de estas zonas geológicas.

Asimismo se estipula la seguridad y prevención de daños por medio de sanciones. También el control conjunto de los distintos cuerpos de funcionarios municipales y centrales tales como los bomberos. Esa institución puso el visto bueno para la puesta en marcha del proyecto Urkupamba. Las denuncias muestran una presunta negligencia e ilegalidad en la autorización de los permisos. Hasta ahora no existe respuesta ni aclaración de parte de las autoridades municipales ni se han dado declaraciones desde la empresa que promueve el ‘cenizario’.

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En ese momento, la variante Ómicron pululaba entre los países de África y ya se reportaba un caso en Asia. La pareja atravesó El Cairo, Estambul, Amsterdam, Panamá y Quito. Al llegar al aeropuerto no les solicitaron ni realizaron una prueba PCR para ingresar al territorio nacional.

«Lo único que me hicieron llenar fue una hoja de pasajero donde tenías que reportar si tenías algún síntoma, tu dirección, los países donde estuviste los últimos 15 días. Nos pidieron el carnet de vacunación. Se llenaba una hoja por familia», explica esta ciudadana a Radio La Calle.

Tres días después, Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, anunció la prohibición de ingreso a pasajeros desde África. No obstante, las autoridades ya sabían de Ómicron por lo que una PCR y seguimiento a los viajeros era necesario desde antes de la prohibición.

El virus

El esposo de Ana perdió el sentido del gusto al día siguiente de su regreso. Ambos se realizaron el examen y resultaron positivos para COVID-19. Tras la respuesta, ella reportó el caso al Ministerio de Salud (MSP).

«Me realicé la prueba en un laboratorio privado. Me preguntaron la razón de la prueba y les comenté del viaje. Preguntaron a dónde fuimos. Cuando los resultados dieron positivo me llamaron para recomendarme reportar al Ministerio de Salud por la nueva variante», explicó.

Solo gracias

Cuando Ana llamó y les explicó la una respuesta fue «gracias por avisarnos, si se siente mal vaya a un Centro Médico». Ella insistió sobre su estadía en Egipto y la nueva variante y preguntó si no necesitaban observación y otra clase de pruebas. «Me volvieron a dar las gracias».

Al terminar el aislamiento y visitar al doctor para el chequeo, éste les indicó que una secuencia y análisis podían determinar si la variante era Ómicron, Delta o cualquier otra. El procedimiento que el MSP realizó con el que sería el primer paciente con la variante, reportado el 14 de diciembre.

Ana y su pareja viajaban con 100 personas más que pudieron contagiarse de COVID-19. En muchos casos, pacientes asintomáticos transmiten el virus sin saber que lo padecen. Sin el control y seguimiento respectivo surgen dudas de si el ingeniero que llegó desde Sudáfrica e hizo escala en Panamá es en verdad el primero en traer la Ómicron al Ecuador.

Además, los funcionarios del MSP deben realizar seguimiento y control si los pasajeros que llegan de África y Europa, la variante está ya en Reino Unido y Alemania, reportaron un caso de COVID -19. Acción que en el caso de Ana no se realizó.

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«La Coordinación zonal 8 del Ministerio de Salud ante el vídeo que circula sobre la inoculación de Antonio M. de 57 años informa que, efectivamente, el ciudadano en primera instancia no fue vacunado contra el COVID-19», dice parte del comunicado.

Las autoridades agregan que «poco después, al detectar el error humano cometido se le aplicó inmediatamente el biológico de forma correcta».

El documento indica que la enfermera firmaba parte del equipo de trabajo de la institución educativa y que van a tomar medidas en el asunto para garantizar la inoculación de la ciudadanía.

¿Qué sucedió?

El ciudadano tomó la precaución de grabar su proceso de vacunación. En un primer momento se ve a la enfermera introduciendo la aguja en su brazo y sacándola sin colocar el líquido de la vacuna.

Al darse cuenta de que no lo vacunaron, el ciudadano reclama y la enfermera coloca la dosis de manera correcta. «Hay que grabar sino a uno no lo vacunan», dice el hombre en el vídeo.

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