Después de cuatro décadas de neoliberalismo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió el rumbo de México privilegiando políticas sociales que han mejorado las condiciones de vida y trabajo de su población. Como ha ocurrido con los gobernantes progresistas de América Latina esas transformaciones destaparon el odio de las élites que otrora manejaban el poder.

México también recuperó una firme visión y posición latinoamericanista, que históricamente ha sido el eje de sus políticas internacionales. Por eso, su decisión de no invitar al rey Felipe VI de España a la posesión presidencial de Claudia Sheinbaum ha ocasionado un impasse que, por el momento, no se ha agravado. Sin embargo, atrás del telón visible, lo que en el fondo se confronta es la posición del “hispanismo” cultivado por el partido VOX, las derechas y una serie de intelectuales que tratan de convencernos a los latinoamericanos que la conquista española fue “libertadora” de pueblos oprimidos por Aztecas e Incas, que la época colonial no fue tal, que las independencias fueron procesos errados y que Simón Bolívar, entre otros, es una figura despreciable. Un desconocimiento total de lo que es América Latina.

En forma paralela y aparentemente sin conexión, en la reciente Asamblea de la ONU el presidente del Consejo Presidencial de Haití Edgar Leblanc Fils reclamó de Francia la restitución de la deuda cobrada por la independencia del país como “indemnización” y cuyo monto de 150 millones de francos (unos US$ 21.000 millones) tuvo que pagar la república de negros libres durante 122 años. México y Haití obran en el marco de las reivindicaciones latinoamericanas sobre la deuda histórica que deberían asumir las potencias coloniales que durante por lo menos tres siglos sometieron a los pueblos aborígenes, destruyeron sus bases culturales, saquearon recursos, impusieron formas de explotación humana, implantaron la esclavitud, consolidaron la dependencia externa y crearon las estructuras fundamentales del subdesarrollo, sobre las cuales tuvieron que construirse después los Estados nacionales.   

Estas reacciones tienen sus antecedentes. La Conferencia Mundial sobre el Racismo, realizada en Durban, República Sudafricana (2001), fue pionera en plantear la deuda histórica como responsabilidad de los países del Norte, provocando que los Estados Unidos y los países europeos amenazaran con retirarse de la cumbre. Intelectuales y líderes africanos han reivindicado la deuda histórica por la esclavitud y el saqueo.

La comunidad afroamericana ha reclamado en los Estados Unidos compensaciones por los años de la esclavitud. Con ocasión del V Centenario en 1992, surgieron reivindicaciones latinoamericanas contra el coloniaje de siglos. Y existen casos concretos de deudas históricas cubiertas: por reclamos de la comunidad judía Alemania creó un fondo especial de indemnizaciones para los “trabajadores forzados” de la época nazi y en 1960 canceló unos 58 millones de euros a personas particulares; España demandó (1999) 700.000 pesos de plata del “Juno”, galeón español hundido en 1802 y hallado en las costas de Virginia, obteniendo resolución favorable del Tribunal de Norfolk; también logró que el Tribunal Federal de la ciudad de Tampa, Florida, facultara el retiro del tesoro que la empresa Odyssey Marine Exploration obtuvo (2007) de lo que se cree fue el galeón “Nuestra Señora de las Mercedes” hundido en el siglo XVII con cerca de 600 mil monedas de oro y plata, cuyo valor se estima en unos 500 millones de dólares que, por cierto, deberían pertenecer a América Latina; en 2002 la Asociación Americana de Juristas ante el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda Externa (Porto Alegre), demandó responsabilidades históricas, incluso penales; Jubileo Sur, surgida de la Cumbre Sur-Sur de Gauteng, Sudáfrica (1999), sostuvo que la deuda externa es ilegítima e inmoral; el bloqueo sufrido por Cuba durante décadas, configura una deuda histórica acumulada, que ha impedido el desarrollo de su pueblo; en 1993 los indígenas amazónicos de Ecuador demandaron en Nueva York a la Chevron Texaco Corp. por daños ecológicos causados por la explotación petrolera del pasado. Pueden sumarse muchos casos.

De todos modos, en el plano internacional, resulta significativo que por lo menos existan pedidos de perdón y disculpas como la del Papa Francisco a las comunidades aborígenes americanas, o las de los gobiernos de Bélgica, Canadá y Alemania por acciones del pasado.

Sobre la base de esas experiencias históricas, los estudios sobre deuda ecológica y los planteamientos de distintos académicos referidos a las responsabilidades de los países coloniales y los imperialismos contemporáneos, es posible reivindicar, desde América Latina, la deuda histórica, un tema que abordé por primera vez en el IV Congreso de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC, 2003) y que desarrollé ampliamente en el libro Deuda Histórica e Historia Inmediata en América Latina. De modo que el concepto deuda histórica exige reparaciones, indemnizaciones y compensaciones para los países de América Latina.

Estas demandas no se limitan al pasado remoto, sino que también abarcan el pasado reciente, como la deuda externa, que ha sido impuesta por el sistema financiero internacional (FMI) en condiciones que benefician al capital global en detrimento de las sociedades latinoamericanas.

En definitiva, el concepto deuda histórica ha cobrado fuerza en los últimos años para explicar y reclamar las consecuencias de siglos de colonización, explotación y desigualdad que han afectado profundamente a América Latina. Esta deuda no solo se refiere a una compensación económica, sino que abarca aspectos sociales, ecológicos y culturales que se han gestado desde la llegada de los colonizadores europeos y que continúan presentes en el contexto contemporáneo. El concepto deuda histórica ha evolucionado para incluir nuevas formas de explotación humana, la apropiación de recursos naturales, la biopiratería que ha permitido que empresas transnacionales registren patentes sobre plantas y conocimientos ancestrales sin compensar a las comunidades indígenas.

Además, la deuda histórica incluye la destrucción y saqueo del patrimonio cultural, documental y arqueológico latinoamericano, muchos de cuyos tesoros se encuentran hoy en museos y bibliotecas de Europa y Estados Unidos. Asimismo, la deuda histórica tiene una dimensión interna, pues las élites locales y los gobiernos empresariales de América Latina han contribuido a perpetuar la pobreza y la desigualdad. Estas élites han sido cómplices de la explotación de los recursos y de la fuerza laboral, generando una profunda división social que permanece inalterada.

En definitiva, hay una deuda histórica que desafía directamente a las potencias mundiales que hasta ahora han evitado asumir su responsabilidad por el pasado colonial y el presente de intervencionismos e injerencias imperialistas para asegurar sus intereses hegemónicos, y que también cuestiona la dominación interna de grupos económicos beneficiarios de la perversa consigna de “libertad económica” que, como se ha demostrado en la región, polariza a las sociedades latinoamericanas entre una cúpula que acumula riqueza y captura los Estados para garantizar sus “buenos negocios”, mientras en el otro extremo se halla una población que reproduce pobreza, desempleo, subempleo, desesperanza e inseguridad, porque las élites del poder han frenado el desarrollo económico con bienestar humano.

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A partir de 1492 la conquista española y portuguesa (otras potencias europeas sobre todo en el Caribe) marcó una nueva época histórica para América Latina y de allí parten una serie de condiciones económicas y sociales que resultaron herencias coloniales reconfiguradas durante la construcción de las repúblicas.

Las culturas indígenas y las formas organizativas de los grandes imperios Azteca e Inca fueron arrasadas por la conquista española. Las poblaciones que sobrevivieron lograron mantener su vida comunitaria interna, pero fueron subordinadas a los encomenderos. La colonia introdujo la esclavitud, con africanos destinados a las regiones con escasa o nula población indígena y a las zonas tropicales o las minas. El mestizaje complejizó la estructura social. A mediados del siglo XVII los rasgos fundamentales de la colonia estaban consolidados con un 71.1% de población indígena, 10.4% de negros, 9.4% blancos, 5.7% mestizos y 3.4% de mulatos, como lo ha destacado el historiador Manuel Lucena S. Una élite de “blancos” de origen español o americano por nacimiento (criollos) explotaban indios y esclavos, cuyas condiciones de vida fueron miserables; y, además, eran los grandes propietarios de tierras (haciendas, estancias, plantaciones), comercios y minas. La legislación sancionó un sistema de “castas”, con privilegios exclusivos para los blancos. Intentó proteger a los indígenas y regular su trabajo, así como el de los esclavos; pero en las colonias españolas fue usual la fórmula “la ley se acata, pero no se cumple”. El poder político, bajo la forma de monarquía, se organizó sobre la jerarquización social, de modo que solo los españoles blancos podían ejercer los cargos superiores como virreyes, presidentes de las audiencias o gobernadores, mientras que para los criollos quedaron los puestos menores y el resto de la población permaneció excluida del acceso al control de las instituciones del gobierno. Fue excepcional que algún indígena o mestizo (más raro aún que sea negro) llegara a tomar importancia y alcanzara el nombramiento para algún cargo significativo en la administración del Estado.

La rigidez de la estructuración política colonial provocó frecuentes “levantamientos” y “sublevaciones” indígenas, cimarronajes de esclavos, movilizaciones y protestas de los mestizos. La represión normalmente fue brutal. Las contradicciones entre criollos y españoles se profundizaron durante el siglo XVIII y estallaron a inicios del XIX, derivando en los procesos de independencia, aunque solo la de Haití (1804) fue conducida por negros y mulatos. Entre 1809 y 1824 las luchas independentistas, si bien tienen una importancia mundial e histórica por haber logrado la ruptura del coloniaje en plena época de despegue del capitalismo, de todos modos, fueron encabezadas por criollos y el poder político que instalaron no alteró la herencia colonial ni la explotación humana.

América Latina adoptó la forma republicana de organización política, basada en la tripartición de funciones (ejecutivo, legislativo, judicial), con autoridad suprema de la Constitución y con régimen presidencialista. Teóricamente se proclamó la democracia representativa. Pero se consagró el poder de los propietarios, pues adquirieron la categoría de ciudadanos aquellos que poseían cierta riqueza y sabían leer y escribir, con lo cual fue excluida la enorme mayoría de la población. La esclavitud fue abolida a mediados de siglo, pero la situación indígena no se alteró hasta bien entrado el siglo XX, aunque la Revolución Mexicana (1910) impulsó la primera reforma agraria. Gracias al avance y triunfo del liberalismo contra el dominio de los conservadores, se logró la igualdad jurídica ante la ley, fueron reconocidos los derechos individuales y se fortaleció la democracia representativa. El crecimiento de las clases trabajadoras, acompañado por los primeros partidos socialistas y comunistas, logró códigos laborales e instituciones como la seguridad social. En todos estos procesos también inciden factores internacionales. Además, cada país tiene historias propias sobre la conflictividad social expresada en luchas políticas que dieron origen a revoluciones, gobiernos constitucionales, caudillos civiles y militares, dictaduras, regímenes autoritarios o más “democráticos” y promotores del bienestar colectivo. Las instituciones del Estado y la administración política siempre han estado condicionadas por la evolución económica.

La forma republicana, la democracia representativa, el presidencialismo han progresado sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX y particularmente a fines del mismo, cuando se logró desalojar a los regímenes oligárquicos tradicionales y a las dictaduras militares macartistas y terroristas de la época de la Guerra Fría. Países como Ecuador lograron avances que no se han generalizado totalmente en América Latina, como los que contiene la Constitución de 2008 (dio continuidad a las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979), que fundamenta una economía social, reconoce amplios derechos individuales, sociales, de género, colectivos y de la naturaleza, así como el autogobierno y la justicia indígenas en las comunidades. Pero las proclamas teóricas no implican que la sociedad funcione como los ideales escritos.

Resulta paradójico que con el avance del siglo XXI el mayor obstáculo a la república democrática representativa ha pasado a ser el neoliberalismo y recientemente el libertarianismo anarco-capitalista, que es su expresión “superior”. Estas ideologías han permitido la reconfiguración del poder en manos de élites empresariales, sociales, mediáticas y políticas que, con el control del Estado, por medio de gobiernos que las expresan, han golpeado seriamente las instituciones que se tenían como bases para una nueva historia y han arrasado sobre todo con derechos laborales. Han favorecido la reconstitución de sociedades jerárquicas, además de beneficiarse con la captación privilegiada de los recursos públicos y el sometimiento del Estado a sus intereses crematísticos y rentistas.

En América Latina tanto Ecuador como Argentina han pasado a ser los países a la punta de lo que son las repúblicas democráticas oligárquicas (https://t.ly/UydyA), si seguimos los conceptos y el sentido que tuvo la democracia en la antigua Grecia, estudiada en Filosofía y democracia en la Grecia Antigua por la historiadora Laura Sancho R. En Ecuador pocos propietarios (olígoi) controlan los poderes económico y político (kratos); y han sometido a la población (démos) a condiciones en las cuales solo avanzan la inseguridad colectiva, el desempleo, la informalidad y el subempleo, el trabajo precario y flexibilizado, la dependencia externa, la corrupción privada. El presidente Javier Milei nuevamente ataca como aberrante a la justicia social, suponiendo que la redistribución de la riqueza es un “robo” a los propietarios de la misma (https://t.ly/PIDQC ; https://t.ly/z66ZN), mientras desconoce que es esa propiedad la que históricamente se ha erigido sobre la explotación humana y el robo al trabajo socialmente generado. Se identifica socialismo con pobreza, sin advertir lo que ha ocurrido con el neoliberalismo latinoamericano causante de la miseria en los países en los que sus consignas se han aplicado. Se reivindica como “libertad” sin Estado a un capitalismo de libre competencia y libre explotación a los trabajadores. En los dos países la defensa de la democracia-oligárquica se encamina a la criminalización y represión de la protesta social.

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Quito, 12 abr (La Calle).- En su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905) el pensador alemán Max Weber (1864-1920) analizó la relación entre el pensamiento religioso protestante (calvinista, más que luterano) y el capitalismo de la Europa del Norte. Demostró que la “ética” protestante esperanzada por construir el Reino de Dios en la tierra sobre la base del trabajo personal y el hábito por alcanzar el éxito económico, favoreció el desarrollo del capitalismo. Fue una tesis que revolucionó la forma de apreciar el mundo de las ideas y su conexión con la economía. Sin duda refleja una verdad histórica si se contempla el papel jugado por el catolicismo en la colonización de América Latina y su herencia posterior, que no favoreció el desarrollo capitalista, mientras que el protestantismo resultó un factor dinamizador en los Estados Unidos. Pero la tesis weberiana queda corta para entender los procesos históricos latinoamericanos y su propio desarrollo capitalista, incluso porque el genial pensador no estudió a la región, lo cual no cabe entenderse como subvaloración de sus obras, que tienen enorme trascendencia en el pensamiento latinoamericano, como lo ha destacado, entre otros, el libro Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones, estudios empíricos y recepción, editado por Álvaro Morcillo Laiz y Eduardo Weisz (2016).
 
Está suficientemente demostrado que la época colonial de América Latina, en pleno mercantilismo, sirvió para la acumulación primitiva/originaria de capitales en Europa. Pero fueron las independencias y el surgimiento de los Estados nacionales en la región los factores que permitieron tomar al capitalismo europeo y a la economía norteamericana como referentes para la modernización de cada país. Sin embargo, durante el siglo XIX en todos los países latinoamericanos predominaron economías agrarias, precapitalistas, con mercados internos estrangulados por la hegemonía de relaciones laborales basadas en distintas formas de servidumbre y no de trabajo asalariado libre, con comercio exterior de bienes primarios e inevitable dependencia de los centros capitalistas. Si bien contados países (Argentina, Brasil, México) montaron industrias y manufacturas en la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo capitalista latinoamericano es propio del siglo XX y en varios países (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Centroamérica) solo queda definido a partir de mediados de este siglo.
 
Esa extensa historia económica fue acompañada por la formación de una “ética oligárquica” que, parafraseando las ideas de Weber, impidió o limitó el “espíritu capitalista”. Su origen es colonial, de modo que la clase de antiguos criollos dominantes pasó a ser la élite constructora de los nuevos Estados. En la ideología de esas élites los “valores” oligárquicos favorecieron la implantación de repúblicas con democracias censitarias; poder político concentrado en los propietarios de tierras, comerciantes, banqueros y patronos mineros; defensa de la propiedad privada; mantenimiento de las formas serviles de trabajo agrícola, incluyendo la esclavitud (hasta su abolición a mediados del siglo XIX); superexplotación a las poblaciones indígenas (México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y otros); clasismo, racismo y aristocratismo nobiliario frente al resto de la sociedad; tradicionalismo familiar, conservadorismo y cultura católica; localismos y regionalismos. En el combate a los conservadores, los liberales proyectaron una sociedad basada en los valores ilustrados, políticas democráticas, proclamación de derechos individuales e industrialización, pero tampoco asumieron la reforma agraria, hasta que la Revolución Mexicana (1910) la impuso marcando un nuevo proceso histórico para poner fin a los regímenes oligárquicos en la región, que se extendió en los diversos países con el avance capitalista del siglo XX.
 
El desarrollo capitalista latinoamericano es fruto del despegue y crecimiento de las burguesías; pero los Estados actuaron siempre como dinamizadores centrales. De modo que los empresarios de la región han crecido bajo las alas protectoras de los Estados. El “desarrollismo” de las décadas de 1960 y 1970 no se concibe sin ese intervencionismo económico. Durante el siglo XX las reformas impuestas por distintos gobiernos con inclinaciones sociales, las inversiones en bienes, infraestructuras y servicios públicos, o la industrialización sustitutiva de importaciones, permitieron dejar atrás las oprobiosas condiciones de vida y trabajo que caracterizaron a los regímenes oligárquicos del pasado.
 
Como se ha experimentado en América Latina durante las décadas finales del siglo XX, la introducción del neoliberalismo se asentó sobre el capitalismo en auge en la región y en el marco de la globalización transnacional con hegemonía de los EE.UU. tras el derrumbe del socialismo soviético. Provocó crecimiento y “modernización”. Pero no desarrollo con bienestar social. Y sus límites se han vuelto evidentes con el avance del siglo XXI y el renacer del neoliberalismo y su evolución al libertarianismo, porque se advierte que el viejo “ethos oligárquico” no se superó en forma definitiva sino que se mueve en un nuevo plano conceptual: achicar el Estado, privatizar todo lo público, evadir y suprimir impuestos a los empresarios, flexibilizar las relaciones laborales, re-primarizar las economías internas, fortalecer las relaciones de la dependencia externa a través de tratados de libre comercio, con ventajas al capital externo por medio de los arbitrajes internacionales, etc. El camino distinto ha correspondido a los gobiernos progresistas de la región, en tanto las reacciones oligárquicas están en pie de lucha contra ellos. Debe subrayarse que la moderna ética oligárquica neoliberal/libertaria se ha convertido en un freno histórico para el progreso económico y el bienestar social o el Buen Vivir, si se prefiere este término.
 
Ecuador es un país que ha pasado a ser ejemplo del giro a favor de la economía neoliberal con hegemonía política oligárquica. Desde 2017, lo que se identificaba en la década de los 60 como “cuadro del subdesarrollo” está a la orden del día en todo tipo de estadísticas nacionales o de los organismos e instituciones internacionales. Se ha unido el inédito avance del crimen organizado y la delincuencia común, ante un Estado debilitado y con la institucionalidad del derecho degradada. Sin importar lo que dice la Constitución, se añade la vinculación a las geoestrategias de los EE.UU. que ahora incluye acuerdos militares tanto en Ecuador como en Argentina. En ambos se ha facultado la presencia privilegiada de personal y misiones militares, en lo que constituye un eje de acciones entre el Pacífico, el Atlántico y la Antártida en la “conflictiva” Sudamérica, poseedora de oro, cobre, petróleo, agua, litio y otros recursos “necesarios” a la seguridad nacional de los EE:UU, según las conocidas previsiones realizadas por la Comandante del Comando Sur (https://t.ly/TqOpw). En contraste, tampoco ha importado la ruptura de relaciones diplomáticas resuelta por México a raíz de la inconcebible incursión en su Embajada en Quito para capturar a un ex vicepresidente a quien México le había otorgado el asilo político (https://t.ly/NEkue ; https://t.ly/6Nxsn). Las condenas internacionales ante este hecho fueron inmediatas.
 
Se trata de un cuadro histórico que no se ha vivido en Ecuador desde 1925, cuando la Revolución Juliana logró imponer el interés nacional al sector privado, principalmente bancario, que había convertido al Estado en un eslabón más de su cadena de dominación; o por lo menos desde 1944, cuando “La Gloriosa” derrumbó el renacer oligárquico bajo el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Son fenómenos que deben llamar la atención de los estudios sobre las “nuevas derechas” y el avance del fascismo en América Latina.

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La Sociedad Mont Pelerin, creada en Suiza en abril de 1947 a iniciativa de Friedrich von Hayek (1899‐1992), reunió a 36 economistas, historiadores y filósofos, para discutir “la crisis de nuestros tiempos” y concluyó con una Declaración de Principios. Hayek era un radical anticomunista, partidario del gobierno limitado y esas ideas guiaron la promoción de la MPS, así como su aguda polémica con J. M. Keynes.

De modo que para la MPS, “los valores centrales de la civilización están en peligro”, entre otras razones por “el crecimiento de una visión de la historia que niega todos los estándares morales absolutos y por el crecimiento de teorías que cuestionan la conveniencia del Estado de derecho”. Y, en esencia, “por una disminución de la confianza en la propiedad privada y el mercado competitivo”, sin los cuales “es difícil imaginar una sociedad en la que la libertad pueda preservarse efectivamente”. Desde su nacimiento proclamó ser “un movimiento ideológico”, sin partidismo ni ortodoxias, simplemente para “facilitar el intercambio de opiniones entre mentes inspiradas por ciertos ideales y concepciones amplias” y contribuir así “a la preservación y mejora de la sociedad libre”. Apuntó seis temas fundamentales a seguir. Concluía que los atentados a la “libertad” provenían de teorías erróneas (en definitiva cualquier “socialismo”), por lo que se comprometían a ganar la “batalla intelectual por las ideas”.

Había nacido así el primer tanque de pensamiento (think-tank) internacional, que creció en los siguientes años. La MPS entre cuyos miembros se encuentra casi una decena de galardonados con el Premio en honor a Alfred Nobel (propiamente no existe “Premio Nobel” de economía) como el propio Hayek (1974) y Milton Friedman (1976), realiza reuniones periódicas, que incluyen altos funcionarios gubernamentales, periodistas, juristas, expertos económicos y financieros de todo el mundo.
 
Cabe observar que en esa poderosa MPS se originan las ideas rectoras del “mundo libre occidental”, lo cual ha sido entendido, sobre todo, en dos planos: la democracia liberal (entre los fundadores también estuvieron Michael Polanyi y Karl Popper) y la economía de libre mercado, basada en la propiedad privada. Y aunque desde los inicios se excluyó toda “ortodoxia”, no hay cómo ocultar el hecho de que las variantes de ese pensamiento “liberal” acogen, en última instancia, la ideología neoliberal en lo económico.

Hayek y Friedman, a los cuales hay que sumar a Ludwig von Mises (1881-1973), otro de los fundadores, han sido sus más sonados exponentes y en América Latina son considerados los padres del neoliberalismo de la región y los héroes teóricos de los “libertarios” o “anarco-capitalistas”, como los reivindica en Argentina el candidato presidencial Javier Milei o el think-tank “Ecuador Libre” (www.ecuadorlibre.org), vinculado con Atlas Network, conocida red con sede en Estados Unidos, que auspicia, promueve y financia ONGs ultraconservadoras. Imposible olvidar que los “Chicago Boys”, discípulos de Friedman, asesoraron al dictador Augusto Pinochet y que el mismo Friedman fue recibido calurosamente en Chile, en 1975.
 
En la MPS, quienes teorizan y analizan la economía, se concentran en los grandes países capitalistas y solo en forma subsidiaria o nula sobre América Latina, a la que normalmente desconocen, como se comprueba en sus obras. Pero los planteamientos son acogidos por una serie de seguidores en la región y, además, fundamentan las políticas neoliberales que continúan causando los más graves estragos sociales en los diversos países, de la mano de gobiernos absolutamente empresariales, respaldados por burguesías propias del subdesarrollo.

Tratando de imitar el ejemplo de la MPS, pero exclusivamente desde el campo político, en 2020 la Fundación Disenso perteneciente al ultraderechista partido Vox de España, lanzó la “Carta de Madrid”, documento fundacional del “Foro Madrid” a la que adhirieron políticos latinoamericanos de igual línea. Y para estar a tono con ese marco, este año (2023) una serie de jefes y exjefes de Estado y de Gobierno “iberoamericanos” (por incluir a España), junto a otros políticos, conformaron el “Grupo Libertad y Democracia” (GDL).

Todos están identificados con las derechas más reaccionarias de América Latina y varios de aquellos gobernantes son los directos causantes de las desgracias sociales dejadas a su paso en los respectivos países, como Iván Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jeanine Áñez o el banquero ecuatoriano Guillermo Lasso, miembros del grupo, del que también forma parte Osvaldo Hurtado, expresidente ecuatoriano, cuyo giro intelectual es similar al que tuvo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien, por cierto, es un reconocido miembro de la MPS.

El propósito expreso del GLD es enfrentar a todo gobierno de izquierda y al “populismo”, contraponerse al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla, bajo la consigna de que prevalezcan la “libertad”, la “democracia”, el “desarrollo” y el “Estado de derecho”, entendidos a su modo. Bastaría comprobarlo al soportar las palabreras intervenciones durante su segundo encuentro realizado en septiembre (2023) en Buenos Aires. Se comprende, entonces, que tanto la Fundación Disenso como el Foro de Madrid respalden a Javier Milei para la presidencia de Argentina, así como el Grupo Libertad felicita el triunfo de María Corina Machado en las primarias de Venezuela y también “con entusiasmo” a Daniel Noboa, electo presidente de Ecuador.
 
Como puede advertirse, las ultraderechas latinoamericanas coinciden en los postulados económicos y políticos y ahora integran entidades internacionales poderosas, que cuentan con suficiente financiamiento y presencia, para dedicarse a la “batalla intelectual por las ideas”, inspirada, en sus orígenes, por la MPS.

Conociendo las raíces de las concepciones económicas del neoliberalismo de la región, revestidas como teorías universales, así como las organizaciones que internacionalizan sus ideas y acciones, desde las filas contrarias también es necesario librar esa batalla intelectual por las ideas. Además, existe una base sólida en cada país, para demostrar las nefastas consecuencias humanas de la aplicación de las consignas neoliberales. Ecuador incluso ofrece el cuadro más grave desde 2017, con los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y más todavía con el de Guillermo Lasso (2021-hoy), pues es el único país en el cual el bloque de poder dominante está hegemonizado por una cúpula de empresarios y funcionarios identificados con el libertarianismo anarco-capitalista. Ellos han provocado la inédita destrucción de lo que K. Marx llamó fuerzas productivas, por imponer el Estado mínimo y un capitalismo comercial-financiero, a costa de la pérdida en inversiones sociales, servicios e infraestructuras, con el abierto propósito de mejorar los negocios privados.

Vuelve a tener sentido, bajo otras condiciones, el título de un célebre libro de Andre Gunder Frank: el desarrollo del subdesarrollo.

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En medio de una situación en la cual Ecuador solo aparece en el mundo internacional como parte de las malas noticias y, además, dejó de ser un referente de adelanto y democracia, las elecciones de segunda vuelta, realizadas ayer 15 de octubre (2023), no dejaron de despertar la atención -y preocupación- en medios académicos y sectores progresistas de América Latina.

En ellos se entendió bien que estaban en juego dos proyectos de economía y sociedad: uno, de los grandes empresarios-oligárquicos identificados con la ideología neoliberal y representados por el candidato Daniel Noboa; y otro, vinculado con una diversificada gama de amplios sectores sociales, representado por la candidata Luisa González.

En la región se comprendió que la elección de Noboa era la continuidad de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes consolidaron la vía neoliberal. Y se tenían esperanzas, aunque bastante dudosas, sobre el triunfo de Luisa (así se trató a su candidatura), con quien podía preverse no tanto que retornaría el “correísmo”, sino que se abría la posibilidad de restaurar las bases para una economía de tipo social, sin grandes expectativas, pues su gobierno apenas duraría un año y medio.

La izquierda “auténtica y verdadera”, patrocinadora del voto nulo, podrá siempre dormir en paz, pues triunfa con cualquiera.

Las consideraciones que se han realizado entre los seguidores y estudiosos de las realidades ecuatorianas tomaron en cuenta que la polarización entre los dos modelos de economía y sociedad que estaban atrás de las candidaturas de Noboa y de Luisa, forman parte de una dinámica parecida a la que ocurre en América Latina.

La más cercana experiencia es Argentina, donde algo similar a la polarización ecuatoriana se advierte para las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, en las cuales el riesgo del triunfo de Javier Milei es apreciado como un acontecimiento de gravedad continental, pues sus propuestas rebasan el neoliberalismo tradicional y “avanzan” a los planteamientos libertarios anarco-capitalistas. La comparación, si bien es adecuada, tiene una diferencia de fondo: en Ecuador, entre las élites del poder apareció, en apenas seis años, una condición nueva e inédita para la sociedad ecuatoriana: la consolidación de lazos con las mafias. Ello, y el crecimiento paralelo del crimen organizado y la explosión de muertes violentas en tan solo los dos últimos años, acabaron con el Ecuador que se tenía como un país de paz y tranquilidad, atrayente para llegar a él, sin el sobresalto de cada hora y en todo lugar.

En Ecuador tiene larga tradición histórica la evasión tributaria y la explotación a la fuerza de trabajo. Hay estudios que lo han comprobado para cualquier época pasada. Pero, como nunca antes, el país ha aprendido que entre las élites ricas se han forjado prácticas económicas inéditas: ya tuvimos antecedentes sobre el aprovechamiento doloso de recursos públicos con la sucretización de las deudas privadas externas (1983) y la resucretización (1987), pero, sobre todo, con los “salvatajes” bancarios desde mediados de la década de los noventa y el feriado bancario (“corralito”, como se llamó en Argentina a un acontecimiento igual) que les acompañó en 1999. Pero, a través de labores serias de investigación y denuncia, como ha ocurrido con los Ina-Papers, los Panama-Papers y los Pandora-Papers, hoy la población nacional sabe que se esconden riquezas privadas en paraísos fiscales, que se engaña a las instituciones estatales para impedir que se detecte a los responsables de los dineros escondidos o de los impuestos no pagados, que se expiden leyes o se toman medidas desde el Estado para garantizar negocios y acumulaciones privadas, y que hay recursos ilícitos, de difícil o imposible rastreo, en el “blanqueo” de dineros.

Hay que sumar -lo que es aún más grave-, que la población vive la realidad de la delincuencia, las “vacunas”, los sicariatos y ahora también los asesinatos políticos, como nunca existieron en el país. Tampoco hay que dejar de lado el lawfare, la judicialización indiscriminada y la persecución política, que incluso ha llegado a esferas académicas, contra quienes investigan y escriben sobre ciertos temas de la sociedad (como la situación laboral en las plantaciones bananeras, por ejemplo) que estorban y molestan a quienes se sienten descubiertos. De modo que uno de los desafíos que enfrenta cualquier gobierno progresista será el de perseguir a esas “lumpenburguesías” y a las mafias ahora enraizadas en Ecuador.

La experiencia de Ecuador también debe servir para los estudiosos latinoamericanos desde otra perspectiva: el neoliberalismo “criollo” poco tiene que ver con el original, es decir, con las teorías como las que en su momento difundieron los economistas Friedrich von Hayek o Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Proviene de los comportamientos habituales de los grandes grupos económicos desde hace décadas y es una verdadera herencia cultural de las viejas y tradicionales oligarquías de agroexportadores (los “gran cacao” a la cabeza), comerciantes y banqueros que hegemonizaron el régimen oligárquico que rigió desde inicios del siglo XX hasta la década de 1960.

Aquellas élites del pasado siempre vieron al Estado como enemigo, excepto en sus recursos, de los que siempre han aprovechado; no pagaban impuestos y sobre-explotaban a los trabajadores, además de administrar despóticamente el poder político. La teoría neoliberal calzó perfectamente con esos comportamientos. Y aparecen ahora imitadores de Milei, pues también hay en el país flamantes “libertarios” y think-tanks que los cobijan. Hoy, las tesis sobre “achicamiento” del Estado y privatización de los bienes y servicios públicos solo exhiben -y en apenas seis años- los dramáticos resultados sociales y de vida cotidiana que transformaron al Ecuador y lo convirtieron en noticia mundial que duele y avergüenza.

Es evidente que el panorama a solucionar y enfrentar es muy difícil y complejo. Para un gobierno presidido por Luisa González el desafío habría sido mayor, pues en menos de dos años tenía que demostrar que es posible recuperar un camino viable para la sociedad de bienestar y buen vivir que espera la población.

Las derechas económicas y políticas no habrían desperdiciado un solo minuto para bloquearlo e impedirlo. De ello hay una enorme experiencia latinoamericana. Pero para Daniel Noboa, el camino de la continuidad es mucho más fácil, pues cuenta a su favor con la “institucionalidad” dejada por los dos últimos mandatarios a los que sucede y con los cuales coincide en el modelo económico y social a seguir.

Es previsible una mayor afectación a la seguridad social y a los derechos laborales. Si su gestión resulta igual o peor que la de Guillermo Lasso, podría pensarse que las derechas corren el riesgo de perder las elecciones presidenciales de 2025; pero el problema que han comprobado las elecciones de ayer es que no importa la mala gestión heredada, el país inconforme o un “pésimo” candidato, pues las derechas económicas, políticas y mediáticas, saben cómo realizar sus campañas de ideologización exitosa sobre la mayoría de la población y convencerla que sus gobiernos son los “buenos” y que cualquier alternativa progresista es lo peor que puede llegar.

Bajo una situación de conservadorismo generalizado, las izquierdas tendrán que aprender cómo levantar un proyecto anti-neoliberal y anti oligárquico.

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Aunque después de las independencias fue proclamada la democracia como forma de gobierno entre las distintas repúblicas latinoamericanas, el poder económico y político en manos de reducidos grupos dinásticos impidieron su desarrollo. Durante el siglo XIX la lucha política se concentró en caudillos, dictaduras o partidos (largamente predominó el conflicto entre liberales y conservadores), que implantaron regímenes oligárquicos.
 
El avance de la democracia representativa en América Latina es un proceso del siglo XX, vinculado con el desarrollo del capitalismo en la región. Al mismo tiempo, ha estado sujeto a los conflictos sociales y a las confrontaciones políticas, que son dos esferas con distinto alcance. En la conflictividad social se evidencia aquello que K. Marx denominó como lucha de clases, mientras las confrontaciones políticas esconden esa realidad a través de personas, partidos o movimientos que son los actores visibles. Afirmarlo tampoco es nuevo, porque las ciencias sociales latinoamericanas han esclarecido estos temas desde hace mucho tiempo.
 
Sin embargo, lo que sí se presenta como un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la democracia representativa del presente latinoamericano es la participación de los empresarios y millonarios en la vida política. Durante la época de los regímenes oligárquicos tradicionales, los políticos provenían normalmente de las capas dominantes, de manera que en la región cada país puede dar cuenta de los gobernantes y sus vínculos con la propiedad terrateniente (haciendas, estancias, plantaciones), el comercio, los negocios mineros, los bancos privados o las incipientes industrias. Pero con el desarrollo capitalista, la vida política fue quedando en manos de partidos organizados con propósitos electorales, que recubren con su ideología los intereses de clase a los que expresan y que es necesario descubrir.
 
A fines del siglo XX, en las condiciones creadas por la globalización, los empresarios y millonarios se alejaron de la vida electoral directa, confiando en que personalidades promovidas por ellos y partidos igualmente auspiciados, podían representar sus intereses y protegerlos. En todo caso, siempre han tenido la habilidad y capacidad para influir sobre los gobiernos de cualquier tendencia. Además, pueden extender esa influencia a otras funciones y aparatos del Estado, con variados mecanismos que van desde la posibilidad de conversar con las autoridades, promover leyes, presionar, alcanzar contratos, contar con el apoyo de los medios de comunicación, hasta ejercer verdaderos chantajes y corruptelas. De todo ello hay larga experiencia en América Latina. Cuando fue necesario, los empresarios y millonarios no tuvieron límites en brindar apoyo y sostener regímenes de muerte, como fueron las dictaduras militares terroristas del Cono Sur en la década de los setenta, y que Chile recuerda al conmemorar los 50 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende (1970-1973).
 
Un importante estudio de Inés Nercesian, al que me he referido en otra oportunidad y que se titula Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI (2020), se concentró en examinar la participación de los empresarios millonarios en la política del nuevo siglo. Una década atrás, la revista Nueva Sociedad había dedicado un número especial sobre “Empresarios a la presidencia”. No se trata de viejas oligarquías, ni de cualquier empresario pequeño o mediano, sino de grandes empresarios, dueños de poderosas empresas y evidentemente millonarios, que se decidieron por participar en las elecciones propias de la democracia representativa, en coincidencia con el desarrollo del período económico neoliberal. Varios llegaron a ser presidentes: “Goni” Sánchez de Lozada (Bolivia), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Álvaro Uribe (Colombia), Elías Antonio Saca González (El Salvador), Horacio Cartes (Paraguay), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela (Panamá). En esta fase contemporánea, el primer empresario-millonario en llegar a la presidencia del Ecuador fue León Febres Cordero (1984-1988), quien inició el neoliberalismo y realizó un gobierno orientado por los intereses de su clase, con graves repercusiones para la sociedad e incluso la democracia. El segundo es el banquero Guillermo Lasso, actual presidente del país.
 
Sin embargo, ninguno de los empresarios-presidentes impulsó relaciones económicas de bienestar social, desarrollo de derechos laborales y masiva atención con servicios públicos gratuitos en educación, salud, medicina y seguridad social. Ocurrió todo lo contrario, ya que apuntaron contra el “intervencionismo” estatal en economía, confiaron exclusivamente en las capacidades de la empresa privada y ajustaron su gestión a los intereses de los capitalistas locales y de las empresas transnacionales, guiados por la ideología de la competencia y el mercado libre.
 
Además, en lo que va del siglo XXI los empresarios-millonarios han encontrado un “enemigo” especial: el surgimiento de un amplio sector de población que ha respaldado gobiernos progresistas de nueva izquierda, que no está dispuesto a que la democracia representativa funcione al servicio de las élites del poder beneficiadas con el modelo neoliberal. Eso ha agudizado la “derechización” de la élite empresarial y, además, ha permitido un avance inédito de la ideología capitalista, en la cual el neoliberalismo pasa a ser insuficiente y avanza el “libertarianismo” de los “anarco-capitalistas”, que tienen en Xavier Milei a su representante ideal, con posibilidades ciertas de llegar a la presidencia de Argentina. Poco se habla y analiza sobre el surgimiento en América Latina de un sector identificado como “burguesía-mafiosa”, que por distintos estudios publicados tiene que ver con los lazos o beneficios que un segmento empresarial aprovecha del narcotráfico y la delincuencia organizada.
 
Estos temas toman actualidad en Ecuador. Como no ocurriera en cuatro décadas de democracia representativa, en la primera vuelta realizada el pasado 20 de agosto, cuatro empresarios postularon a la presidencia: Daniel Noboa, Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Xavier Hervas. Si se examinan sus programas de gobierno, por sobre los matices del lenguaje y las vaguedades de las generalizaciones y abstracciones que realizan, todos coinciden en dar continuidad al modelo neoliberal restaurado en el país con Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023). El programa de Tópic es el más claro en esa visión y este candidato fue el primero en lanzarse abiertamente contra el “correísmo”. Ninguno de estos empresarios-políticos fueron candidatizados por partidos propios (son “outsiders”). Según opiniones periodísticas, el debate entre los candidatos favoreció a Noboa, a quien se le dio poca importancia durante las campañas políticas. Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, el magnate bananero de Sudamérica, quien también, a su tiempo, se había postulado a la presidencia en cinco ocasiones, sin éxito. Pero, en estricto rigor, lo que el debate presidencial ocultó es la visión empresarial y neoliberal de Noboa, tras una apariencia de seriedad, discurso argumental y hasta juventud. La votación que obtuvo le ha permitido pasar a la segunda vuelta (se realizará el 15 de octubre), confrontando con Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana.
 
En las entrevistas posteriores, debiendo aclarar su programa y sus ofertas si llegara a la presidencia, Noboa ha puesto al descubierto las tesis “ocultas” de su visión económica, como puede comprobarse acudiendo a las múltiples noticias que han quedado registradas por internet. Ha adelantado nombres de posibles ministros, que provienen del área empresarial más conservadora; igualmente cree en un Ecuador más “competitivo” y se ha referido a las leyes laborales y los “altos” salarios; coincide con cambios en la seguridad social en la línea de la comisión especial que presentó reformas que afectan a las pensiones; expresamente ha sostenido que hay que ofrecer “incentivos tributarios” a las empresas. Son las mismas consignas de las elites económicas de Ecuador desde la década de los ochenta. De modo que, de triunfar en las próximas elecciones, Daniel Noboa pasaría a ser otro empresario-millonario presidente en la lista latinoamericana. Y eso implica que, siguiendo el concepto de Inés Nercesian, en el país no se alterará la “captura” del Estado por una élite empresarial que quiere mantener la economía orientada a sus rentabilidades y privilegios.

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El 10 de agosto de 1979 se inició la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia del Ecuador y, al mismo tiempo, con varios ciclos presidenciales. Entre 1979-1996 se sucedieron: Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996). Exceptuando a Hurtado (quien ocupó la presidencia por la muerte de Roldós), todos surgieron de elecciones. Fue un ciclo de estabilidad gubernamental que contrastó con el que siguió entre 1996-2006, cuando se sucedieron las presidencias de Abdalá Bucaram (1996-1997), Fabián Alarcón (1996-1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007). Rosalía Arteaga no fue presidenta, sino Vicepresidenta encargada de la presidencia durante un fin de semana conflictivo por la salida de Bucaram. Lo paradójico es que los tres únicos mandatarios electos (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) fueron derrocados por “golpes parlamentarios”, resueltos ante las imparables movilizaciones sociales en su contra. Incluso al caer Mahuad, se constituyó una efímera dictadura nocturna (21 de enero de 2000), con participación militar.
 
En perspectiva histórica, del reformismo popular con enfoque desarrollista que caracterizó al gobierno de Roldós y relativamente al de Hurtado, a partir de Febres Cordero (presidente empresario/millonario), despegó en el país un nuevo modelo de economía, inspirado en la ideología neoliberal que se extendía por América Latina a consecuencia de los condicionamientos sobre las deudas externas forzados por el FMI. El socialdemócrata Borja interrumpió ese proceso, que, recobrado por Durán Ballén, se consolidó en la década de los noventa. El modelo empresarial-neoliberal tuvo como soporte a las poderosas elites económicas del país. Favoreció un acelerado crecimiento capitalista, con privilegio a esas élites, ascenso de sectores de clases medias, profunda concentración de la riqueza y mantenimiento de las deterioradas condiciones de vida y de trabajo para la mayoría de la población nacional. Desde el año 2000 incluso se disparó la inédita emigración de ecuatorianos, cuyas remesas pasaron a ocupar el segundo lugar en ingresos, después de las exportaciones de petróleo. Al rumbo económico acompañó el debilitamiento del Estado y el deterioro de los servicios públicos, la imparable corrupción pública y también privada, así como la afectación a la vida de paz y democracia, ilusionada por los ecuatorianos.
 
En contraste con las décadas y ciclos anteriores, entre 2007-2017 gobernó Rafael Correa, electo en tres oportunidades. Se inició un nuevo ciclo porque fue desechado el modelo empresarial-neoliberal, para establecer una economía social, que permitió recuperar capacidades estatales, así como inversiones y servicios públicos, afirmando una nueva institucionalidad, de acuerdo con la Constitución de 2008. Los avances sociales de una década, con redistribución de la riqueza, reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo generales, fueron destacados especialmente por informes de organismos internacionales, además de estudios e informes nacionales. También creció la economía, beneficiada por altos precios del petróleo, así como la rentabilidad de distintos sectores empresariales. El país pasó a ser un referente latinoamericano, en el contexto de lo que en la región se identificó como primer ciclo progresista. Sin embargo, al sobrevenir la recesión económica (2014/15), se aflojó la vía de las reformas. En el camino, la polarización política entre partidarios y opositores al gobierno se profundizó y perdura hasta el presente. Es un síntoma de los distintos intereses de clase que se ubican en la sociedad, según la balanza se incline por el “correísmo” o por el “anticorreísmo”.
 
A pesar de que Lenín Moreno fue auspiciado por la Revolución Ciudadana, su gobierno (2017-2021) marcó otro ciclo, pues restauró el modelo empresarial-neoliberal y persiguió al “correísmo”, cuyos líderes más visibles (incluido Rafael Correa) fueron encausados por “corrupción”, “asociación criminal” o cualquier otra acusación que alimentara el imparable lawfare, con el que se presumió la culpabilidad de cualquier “correísta”. Bajo esas nuevas condiciones, se afirmó un bloque de poder dominante expresado en las derechas económicas, mediáticas y políticas. Las consecuencias de semejante giro histórico se advirtieron en la desestabilización institucional, la pérdida de capacidades estatales, la debacle de los servicios públicos, el renacimiento de los intereses de las élites económicas y sectores de clases medias identificados con ellos y la represión a los movimientos sociales. Retornó el derrumbe de las condiciones de vida y trabajo, con creciente pobreza, desempleo y subempleo, agravados en 2020 con la llegada de la pandemia mundial del Coronavirus, desatendida por el gobierno.
 
El sucesor Guillermo Lasso (2021-hoy), otro presidente empresario/millonario (banquero), pudo consolidar al bloque de poder que utilizó a Moreno para lograr la restauración de sus intereses. Esta vez, el modelo empresarial-neoliberal adquirió características oligárquicas, comparables con las que Ecuador vivió durante la primera “época plutocrática”, entre 1912-1925, basada en la dominación despótica privada. Así se explica no solo la continuidad de las políticas de Moreno, sino su ampliación, que han ocasionado el “achicamiento” del Estado, afectando sus capacidades y la institucionalidad nacional. Esta vez, el camino neoliberal ha sido el más profundo en cuatro décadas. En consecuencia, cayeron las políticas sociales y se sumó el imbatible despegue de la inseguridad ciudadana, por la explosión de la delincuencia y el crimen organizado, ante las incapacidades estatales para enfrentarla.
 
Frente a estas complejas situaciones históricas y la pérdida de legitimidad social del gobierno, en la Asamblea Nacional se propuso el juicio político al presidente Lasso, quien se adelantó al proceso aplicando la “muerte cruzada” (mayo 2023), un mecanismo constitucional que implica elecciones anticipadas tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. En los hechos, Lasso no pudo completar su período presidencial y se suma a los tres mandatarios derrocados del pasado inmediato, que tampoco concluyeron su ciclo de gobierno.
 
En esas circunstancias, los resultados de las elecciones del domingo 20 de agosto (2023) reflejan una realidad histórica: en la segunda vuelta (octubre 12) estarán Luisa González y el millonario empresario Daniel Noboa. Luisa González representa la posibilidad de avanzar en una economía social, cuyas bases, como ella ha destacado, las puso el gobierno de Rafael Correa. En cambio, Daniel Noboa, a pesar de la imagen de renovación política y juventud que ha proyectado (y que le ha dado sorpresiva victoria), tanto por su programa de gobierno, como por sus declaraciones y por el círculo empresarial y social al que está vinculado, representa la continuidad del modelo de economía empresarial-neoliberal y oligárquico. Como ya ocurrió en el pasado, la consigna será “todos contra el correísmo”. Una polarización que inquieta en América Latina, por los riesgos que tiene el proyecto progresista en Ecuador. Y que, sin duda, también estará en la mira de los Estados Unidos, en una coyuntura internacional en la cual toda inclinación de un país a la izquierda perjudica al americanismo-monroísta.

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La inédita Gran Depresión, desencadenada en 1929 con el crac de la bolsa de valores de New York, tuvo graves repercusiones, durante una década, sobre la economía capitalista mundial. También afectó a Latinoamérica, incidiendo en la caída de sus exportaciones, encareciendo las importaciones, volviendo impagables las deudas externas, con estrangulación a los ingresos estatales y freno a las inversiones públicas y privadas. Si en los Estados Unidos crecieron el desempleo y la miseria, en América Latina estas consecuencias sociales se agigantaron, además de ocasionar inestabilidades políticas e institucionales.
 
En los EE.UU. y Europa la crisis demostró el descontrol al que había llegado el modelo de “libre competencia”. En América Latina, en cambio, con economías subdesarrolladas y solo contados países en despegue capitalista, la crisis evidenció la persistencia de los regímenes oligárquicos. Para solucionar la crisis, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt (1933-1945) ensayó inéditas políticas económicas y sociales que rompieron con los dogmas de la teoría económica liberal clásica. Implantó el New Deal, que inauguró el activo papel del Estado: sancionó a empresarios deshonestos; hizo grandes inversiones públicas; reguló precios e intereses; impuso altos impuestos particularmente sobre rentas; estableció el sistema de seguridad social y garantizó derechos laborales; otorgó subsidios y ayudas (“bonos”) para pobladores en situación precaria; generó empleo en todo tipo de actividades; reimpulsó el consumo interno, que sirvió para levantar la oferta. En cien días la crisis fue controlada. En los sucesivos años las nuevas políticas destinadas a crear una economía social del bienestar en los EE.UU. fueron reforzadas y Roosevelt fue reelecto por tres ocasiones.
 
Bajo el marco de la crisis mundial, en Europa, la trilogía fascismo,nazismo y falangismo fue la respuesta política ante el avance de los partidos comunistas y los radicales movimientos de los trabajadores en Italia, Alemania y España, respectivamente. Pero una vez concluida la II Guerra Mundial (1939-1945), en los países europeos se extendió el modelo de economía social de mercado, como base de sus Estados de bienestar. En esencia, igualmente rompiendo con la ortodoxia liberal, se implantó la activa participación del Estado en la economía, con generalización de la seguridad social pública, amplias garantías a los derechos de los trabajadores y fuertes impuestos.
 
En América Latina fue difícil superar las economías del subdesarrollo, porque el despegue capitalista exigió derrocar la hegemonía oligárquica. Con la Revolución de 1910 y la pionera Constitución social de 1917, México inició el proceso de superación del régimen oligárquico; pero las bases para una economía de tipo social se afirmaron con el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). En Brasil, un camino similar se logró durante el gobierno de Getulio Vargas (1930-1945) y la implantación del Estado Novo. En Argentina fue Juan Domingo Perón (1946-1955) quien buscó consolidar un Estado de bienestar. Los tres gobernantes “populistas”, así calificados por la literatura sociológica clásica, con las contradicciones y límites que se quiera señalar, ejemplifican la búsqueda de una economía social, distante de los postulados de la economía capitalista de libre competencia.
 
La posibilidad de crear economías de tipo social y con Estados de bienestar en otros países latinoamericanos también rondaron en las décadas de 1920 y 1930. Uruguay, por ejemplo, inició ese camino en 1925, Costa Rica igual y Ecuador a partir de la Revolución Juliana y sus gobiernos entre 1925-1931. Pero es en las décadas de 1960 y 1970, con el despegue del desarrollismo como modelo industrial y de fuerte intervencionismo estatal, cuando propiamente se logró superar los regímenes oligárquicos e impulsar el definitivo desarrollo capitalista de la mayoría de los países latinoamericanos. En varios de ellos, como ocurrió en Ecuador, incluso favoreció el programa Alianza para el Progreso impulsado por EE.UU., que las oligarquías tradicionales resistieron y tildaron de “comunista”.

A pesar de los recurrentes procesos históricos para implantar economías sociales, comparables con las de Europa o Canadá e incluso con los EE.UU. de antes de la “reforma neoliberal” inaugurada por el presidente Ronald Reagan (1981-1989), quien abandonó el modelo rooseveltiano e implantó el neoliberalismo, en América Latina no lograron mantenerse ni consolidarse economías de bienestar. Permanentemente existió el freno de las oligarquías tradicionales y de las nuevas burguesías, porque su acumulación de riqueza dependió siempre de disminuir capacidades a los Estados, recortar impuestos a sus rentabilidades y negocios, pero sobre todo, explotar la fuerza de trabajo, en lo que existe una larga historia que bien puede remontarse a la época colonial.

El neoliberalismo introducido en la región en las décadas finales del siglo XX liquidó todo proyecto de economía social. Fue un retorno al capitalismo de “libre competencia”, con las consignas de reducir capacidades estatales, privatizar bienes y servicios públicos, suprimir impuestos, pero, sobre todo, flexibilizar las relaciones laborales, arrasando los derechos de los trabajadores. Las nefastas consecuencias de ese modelo se hallan en cualquier país latinoamericano. De manera que fueron los gobiernos del primer ciclo progresista en la primera década del siglo XXI, los que retomaron la construcción de economías sociales, bajo circunstancias históricas distintas a las del pasado. Lograron recuperar las capacidades del Estado, hacer amplias inversiones públicas, fortalecer y extender los servicios públicos, imponer sistemas redistributivos de la riqueza, así como garantizar derechos sociales, laborales y ambientales, al mismo tiempo que conducir políticas internacionales basadas en principios soberanistas, nacionalistas y latinoamericanistas.
 
Tras ese ciclo llegaron restauraciones conservadoras que revivieron la vía neoliberal. Sin embargo, en el segundo ciclo progresista, nuevamente se intenta restaurar economías sociales. En México, el presidente Manuel López Obrador alteró el pasado, inaugurando el nuevo rumbo. En apenas seis meses el presidente Lula da Silva retomó las reformas con significativo mejoramiento de las condiciones sociales en Brasil. En Colombia avanza el presidente Gustavo Petro, al mismo tiempo que encara la consolidación de la paz. En Argentina, el presidente Alberto Fernández es otro ejemplo del camino progresista. Pero en todos los países despiertan las furibundas resistencias de las elites económicas del poder. No están dispuestas a que se derrote al neoliberalismo con economías sociales a las que ahora bautizan de “comunistas”. Y en este juego de fuerzas opuestas, las elecciones presidenciales de Ecuador del próximo 20 de agosto reflejan las mismas circunstancias históricas que vive Latinoamérica: amplios sectores progresistas que ansían el bienestar, contrapuestos a elites privadas que solo se interesan por asegurar los buenos negocios, en las mejores condiciones de rentabilidad, sin propuestas sociales.

Foto: CELAG

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Los 8 binomios para la presidencia y vicepresidencia del Ecuador que se han conformado para las elecciones del próximo agosto (2023) son: Luisa González/Andrés Arauz por Revolución Ciudadana (RC-5); Jan Topic/Diana Jácome por Partido Social Cristiano, PSC; Partido Sociedad Patriótica, PSP; y Centro Democrático; Yaku Pérez/Nory Pinela por Unidad Popular, UP; Partido Socialista Ecuatoriano, PSE; Democracia Si, DS; Otto Sonnenholzner/ Erika Paredes por Avanza y Suma; Fernando Villavicencio/Andrea González por Movimiento Construye” (ex Ruptura de los 25); Xavier Hervas/Luz Marina Vega por Movimiento RETO; Bolívar Armijos/Linda Romero por Movimiento Amigo; Daniel Noboa/Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia, PID y Movimiento Mover (antiguo Alianza País). También serán elegidos los miembros de la nueva Asamblea Nacional y se realizará una histórica consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
 
Lo primero a tomar en cuenta es que la idea de que los partidos políticos son intermediarios entre el Estado y los ciudadanos, así como constructores de la democracia, es muy discutible en Ecuador. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) están registrados 6 partidos y 11 movimientos nacionales; 69 provinciales; 174 cantonales; y 19 parroquiales, un total de 279 agrupaciones políticas. La enorme mayoría de “partidos políticos” o “movimientos” no pasan de ser clubes electorales con simples membretes, alrededor de figuras que aglutinan amigos, familiares, simpatizantes y adherentes, más que a “militantes” propiamente dichos; sin ideología definida ni programa de gobierno significativo, con intereses personalistas o burocráticos. Las “alianzas” partidistas tienen fines coyunturales, clientelistas y aspiran a prebendas. Bajo estas realidades, es evidente que tampoco sirve una clasificación coherente y certera entre “izquierdas” y “derechas”, términos inexactos, que son usados para las más variadas interpretaciones. De manera que, en un régimen presidencialista como el de Ecuador y en la mira de las futuras elecciones, hay que observar las orientaciones partidistas de acuerdo con la trayectoria e identidad que demuestran frente a las realidades del país.  
 
Implacablemente perseguido durante 6 años (Lenín Moreno inició esa persecución, continuada por Guillermo Lasso), con líderes judicializados y sentenciados, militantes emigrados, atacado por todas las agrupaciones y movimientos que quieren levantar su espacio político, con una fuerza recurrente de apoyo (10 elecciones ganadas entre 2007 y 2017) y una personalidad (Rafael Correa) sobre la que orbitan directrices centrales, la RC-5 es, paradójicamente, el único partido-movimiento con amplia organización nacional, con ideario, programa gubernamental y experiencia en el Estado. En las elecciones seccionales y locales de febrero 2023, a pesar de las adversidades, el “correísmo” obtuvo un triunfo contundente. De igual manera, es una organización con diversidades internas y, además, centro de críticas y desengaños por parte de sectores que, sin embargo, pueden estar dispuestos a apoyar sus acciones y propuestas.
 
El PSC, la segunda fuerza nacional incluso en las elecciones de febrero, tuvo su época de gloria en el pasado inmediato, hegemonizó tres décadas en Guayaquil y adquirió significativa presencia en la Costa ecuatoriana. Sostuvo al gobierno de L. Moreno y también al de G. Lasso, hasta que rompió con él; pero está en declive, incluso por la separación de antiguos militantes que formaban parte del círculo central. El PSC ha expresado los intereses de la poderosa oligarquía guayaquileña, además de que los grandes empresarios del país lo apoyaron permanentemente. También las “derechas” sociales y políticas se sintieron representadas en él, hasta el aparecimiento de agrupaciones menores como CREO (patrocinador de G. Lasso en 2021, aunque hoy fuera de contienda) y Suma (hoy con Sonnenholzner). No pasa del oportunismo político o el cálculo burocrático, el respaldo actual del PSP y de CD, que son clubes electorales.
 
La candidatura de Y. Pérez, que se ofreció como alternativa al “correísmo” en 2021 (alcanzó el tercer lugar y el balotaje se definió entre Aráuz y Lasso), se halla en condiciones diferentes para el 2023. Hoy cuenta con el patrocinio de agrupaciones políticas tradicionales, que no han podido levantar una alternativa popular ni de gobierno desde hace décadas, pese a que se autodefinen como “verdaderas” y “auténticas” izquierdas y privilegian el “anti-correísmo”. Pérez ha tenido declaraciones a favor de Lasso desde 2017 e incluso se separó de Pachakutik; pero a último momento ha recibido el apoyo de la cúpula conservadora de Pachakutik, que tampoco ha podido presentar candidatos propios. Ello ha generado fricciones con la CONAIE, cuyo dirigente, Leonidas Iza (su candidatura habría contado con amplio apoyo entre las izquierdas sociales), ha señalado que las directivas de Pachakutik han tomado resoluciones personales ajenas a las decisiones colectivas de las bases. De modo que, con un movimiento indígena electoralmente dividido, Pérez no contará con el respaldo del pasado, por más que arrastre tras sí a sectores que nada quieren saber del “correísmo”.
 
En otro vértice, F. Villavicencio, calificado como el “principal abogado del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional” por quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de 2008, solo se ha caracterizado por el radical anti-correísmo, revestido como combate a la corrupción. Mientras X. Hervas ha destacado por su ubicuidad en la “centro-izquierda”; D. Noboa, por ser hijo del millonario Álvaro Noboa, otrora recurrente candidato presidencial del desaparecido PRIAN, que fue una agrupación familiar; y B. Armijos, por su baja presencia política.

Las definiciones colectivas en el movimiento indígena no alterarán las divisiones políticas ya manifiestas. El movimiento de los trabajadores, por su parte, está tan debilitado y fraccionado que la posición de sus dirigencias no tiene repercusión ante el conjunto de las clases trabajadoras del país. También hay organizaciones sindicales que han defendido a Lasso y privilegian el anticorreísmo. Entre los otros movimientos sociales, los ecologistas son sensibles contra todo extractivismo y el de mujeres contra los límites a la reivindicación de sus derechos.
 
Pero el esclarecimiento de la coyuntura política del Ecuador tampoco puede basarse en cuestiones de marketing o de estilos y figuras personales, sino en las condiciones históricas del país. Por consiguiente, es necesario comprender que, en esencia, lo que está en juego en las futuras elecciones, es el modelo económico y social. Moreno revivió el neoliberalismo-empresarial que Lasso afirmó con características oligárquicas, similares a las de la primera “época plutocrática” del Ecuador entre 1912-1925 (por eso en varios artículos me he referido a la “segunda época plutocrática”). La base de ambos gobiernos se halla en un sólido bloque de poder, hegemonizado por grandes empresarios “derechistas”, elites enriquecidas, medios de comunicación, capitalistas externos, el imperialismo y una internacional conservadora anti-progresista. Un bloque golpeado con el fracaso del gobierno de G. Lasso, que no tuvo más remedio que acudir a la “muerte cruzada” para salvarse del juicio político en la Asamblea, a mitad de su gestión presidencial.

Confiaron en que los intereses de los grandes grupos económicos y las capas ricas del país serían garantizados; lograron imponer esos intereses en el Estado; capturaron la conducción de [las instituciones estatales centrales; y se beneficiaron con la implacable “descorreización”, con la que pretendieron enterrar todo izquierdismo y progresismo. Con su atrasada visión del mundo, aquel bloque ha persistido en cuatro consignas económicas desde las décadas finales del siglo XX: reducir al Estado, reducir los impuestos, flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios públicos. Topic y Sonnenholzner representan la continuidad de ese régimen, aunque electoralmente dividen a las “derechas”. El PSC, que no presentó candidato propio, sino que decidió patrocinar a alguien ajeno a sus filas, confía, además, que el millonario empresario Topic, “soldado profesional”, paracaidista y experimentado francotirador, capte las decisiones electorales de una población desesperada ante la inseguridad cotidiana y el imparable crecimiento de la delincuencia y las mafias, un fenómeno inédito en la historia nacional, que apareció durante el gobierno de Moreno (el general Paco Moncayo confirmó que Moreno “desmanteló” el sistema de seguridad del país) y se desbordó en el de Lasso.
 
El peligro real para ese bloque de poder es el binomio González/Arauz. Entre sectores progresistas y de izquierda surgieron síntomas de frustración, sobre todo porque unos aspiraban la candidatura presidencial de Arauz; otros, la participación de Carlos Rabascall. También se dispararon las críticas contra la identidad “pro-vida” de L. González y su posición contraria al derecho al aborto. Sin embargo, hay condiciones históricas favorables para que la candidata progresista pueda convertirse en la primera presidenta de la historia del Ecuador, a pesar de que un consultor político piensa que la RC-5 ha optado “por la ¨soldada leal¨ con quien dificilmente ganarán las elecciones del 2023, pero la posicionarán para el 2025, con intención de que Rafael Correa sea su acompañante en la papeleta una vez nulitada su surrealista inhabilitación por ¨influjo psiquico¨… El proyecto correísta parece ser a 2025 y no para ahora, a la par se muestra cada vez más personalista y conservador”.  
 
Finalmente, habrá que tomar en cuenta las elecciones para la Asamblea, pues si se logra una mayoría identificada con el Ejecutivo, se garantizará un camino de convergencia en la conducción de las funciones del Estado que, de lo contrario, solo produciría un constante bloqueo y hasta una “pugna de poderes”.

De otra parte, quienes conocen las experiencias latinoamericanas y han seguido su historia saben bien que nunca se puede descartar el interés de la visión geoestratégica americanista de los EE.UU. en las elecciones que se realizan en cualquier país del continente. Desde su perspectiva, preferirán gobiernos empresariales y de “derecha”, a cualquier opción “peligrosa” de naturaleza progresista e izquierdista. Tienen experiencia con lo que sucedió durante el primer ciclo progresista latinoamericano y con aquellos gobiernos identificados con el segundo ciclo. Y de todo ello hay suficientes estudios académicos en la región. De modo que frente a la RC-5, les resultan bien aceptables Topic o Sonnenholzner, pero, en otra línea, también Pérez y, sobre todo, Villavicencio, quienes crean el espejismo ideal de una izquierdosidad muy conveniente para sepultar las aspiraciones de retorno del incómodo correísmo.
 
Es evidente, entonces, que la polarización política y electoral está entre la RC-5 y las candidaturas de Topic y Sonnenholzner. Aquí está en juego el modelo económico-social. Sin embargo, Pérez y Villavicencio aparecen como contradictores del “correísmo” y posiblemente sumen adhesiones de “derecha” y de “izquierda”. Pero todos apuntarán contra la RC-5 y mucho más si los resultados electorales conducen a la segunda vuelta. De hecho, apenas presentadas las candidaturas para el registro oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la calificación del binomio de la RC-5 (y el de Villavicencio), argumentando incumplimientos de “formalidades legales” y fijando plazo para subsanarlas. Es solo un “incidente”, pero ¿qué más podrá venir en las siguientes semanas? El “anti-correísmo” despierta tales pasiones, que hasta la irracionalidad despega. Es un fenómeno ya experimentado en toda América Latina por el lawfare y el combate mediático contra cualquier liderazgo progresista, como ocurrió con Lula en Brasil o Cristina Fernández en Argentina.
 
En definitiva, así como al bloque de poder todavía vigente le interesa preservar su hegemonía económica y estatal, a los sectores del progresismo y la izquierda sociales interesa la definitiva defunción del neoliberalismo-empresarial “libertario” y oligárquico, que tanto daño ha hecho al Ecuador, como puede comprobarse en diversos estudios. Una economía de tipo social o una economía empresarial-neoliberal están en los polos opuestos de las elecciones de agosto. Se dará solo el primer paso, porque más decisivas serán las elecciones de 2025, cuando podrá marcarse un camino de larga duración para la sociedad ecuatoriana.

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Una vez iniciado el proceso de juicio político, el 16 de mayo, pasado el mediodía, el presidente Guillermo Lasso acudió ante la Asamblea Nacional. En la intervención no solo hizo su defensa, sino que enfatizó en la “estabilidad” del país, utilizando una serie de . Sin embargo, a las 7am del siguiente día, en cadena de radio y tv, anunció el decreto 741 por el que disolvía la Asamblea, aplicando la “muerte cruzada” y utilizando la causal de “ y ”.

El 18 de mayo, entrevistado por , Lasso no solo volvió sobre su defensa, argumentó contra el “bloqueo” permanente de la Asamblea, aclaró la “constitucionalidad” de su decisión, y dio a conocer que reunió a sus funcionarios del Estado para decirles: “tenemos que hacer, en 5 o 6 meses, lo que nos tocaba hacer en los próximos 2 años”. Pero, además, remarcó: “la decisión de disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la Fiscal, luego por el Contralor, por el Procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente (se refiere a Rafael Correa), que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia”.

En una intervención igualmente difundida al país, las Fuerzas Armadas y Policía anunciaron respaldar la decisión de Lasso y sentenciaron que es “”. Mucho más tarde la Corte Constitucional desechó toda demanda de inconstitucionalidad, con un argumento sorprendente: “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el ”. Y, como no podía faltar, también el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick dijo que Estados Unidos “respeta los procesos internos y constitucionales de Ecuador” y “seguirá trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano”.

Así es que el cuadro está completo. Por primera vez en la historia de la democracia ecuatoriana, un presidente fue sometido a un juicio político, interrumpido con la “muerte cruzada”. Un gobierno con desaprobación ciudadana entre el 80 y 90%, similar a la que ha tenido la Asamblea Nacional, ha querido evitar el bochorno internacional de la destitución por presunto peculado, al mismo tiempo que se auxilia en la Constitución de 2008, la del “correísmo-chavismo”, como ha sido atacada desde las derechas políticas y “”.

El gobierno de los gerentes, de los “libertarios” que soñaban en el paraíso neoliberal, de quienes saben hacer la riqueza, administrar el Estado como una empresa, generar trabajo y hacer buenos negocios, fracasó en dos años y termina social y políticamente derrotado. Como ya ocurrió en el pasado con el gobierno del millonario León Febres Cordero (1984-1988), los empresarios en el poder otra vez han demostrado carecer de la visión y los conocimientos capaces de dar solución a las deterioradas condiciones de vida y de trabajo de la población y de promover el desarrollo nacional con bienestar. Han creído que la economía está bien cuando funciona exclusivamente para su beneficio. Solo que esta vez se suma la imparable delincuencia y la inseguridad, un fenómeno que comenzó a ascender durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien revivió el modelo empresarial-neoliberal, y que ha explosionado, en forma inédita en la historia republicana, durante el gobierno de Guillermo Lasso, de acuerdo con los múltiples informes y que existen sobre el tema. Desde luego, solo a las mentes que han apoyado estos “cambios de rumbo” se les ocurre pensar que la inoperancia, ocasionada con el “achicamiento del Estado” por parte de dos gobiernos de las derechas económicas y políticas sucedidos desde 2017, son consecuencias de las herencias del “correísmo”.

La crisis política que ha vivido Ecuador solo parece actual; pero si se atiene a las palabras del presidente Lasso, viene desde mucho antes, pues “desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”, esto es, desde junio 2022, cuando, según el mandatario, se produjo la protesta de “los violentos” (el movimiento indígena) unidos a la Asamblea. Bajo la lupa sociohistórica, es el resultado de la conflictividad y de la polarización sociales que solo han crecido.

El gobierno endosa a cada uno las responsabilidades: la Asamblea disuelta; el PSC, antiguo socio político, cuestionado por su “alianza” con el “correísmo” que el mismo niega; el “correísmo” atacado por querer retornar al Estado y, por cierto, aceptando una salida política que su máximo líder reclamaba hace tiempo (aunque Correa califica la decisión de Lasso como “”; los movimientos sociales y particularmente los indígenas descalificados, reprimidos y al borde de ser considerados “terroristas”. La discusión jurídica sobre el tema, que viene desde todos los ángulos imaginables, aunque es importante, tiene el riesgo de desenfocar el telón de fondo de las realidades socioeconómicas del país.

Hablando con perspectiva histórica, lo que se ha producido es una solución política temporal, que conduce a que las próximas elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo dentro de los 6 meses, se conviertan en el espacio de disputa para la reconfiguración de las fuerzas sociales en el control del Estado. Pero, lo que está atrás de todo este drama es la conducción económica. Si Ecuador no encara la definitiva sepultura del modelo empresarial-neoliberal y oligárquico reconstruido desde 2017, no habrá cambios en el rumbo nacional y peor desarrollo con bienestar humano y colectivo. Y, por lo que declara el mismo mandatario en retirada (“A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes…”), en los próximos meses, el bloque de poder de las derechas económicas y políticas, buscará que queden blindados, con un aparato legal ultraliberal, los intereses de la poderosa y atrasada oligarquía ecuatoriana. Ha resultado memorable que, haciendo suyas las famosas palabras del expresidente Jaime Roldós (1979-1981), atacado de “comunista” por las élites del poder de su época, el presidente Lasso repita: “Mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano”.

Foto: Diario 1

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Después de una década de dictaduras militares, que felizmente no siguieron el rumbo del terrorismo de Estado que se instaló en el Cono Sur para extirpar al “comunismo” en América Latina, Ecuador inició, en 1979, la más larga fase de gobiernos constitucionales de su historia. Prácticamente se han sucedido cuatro ciclos: el primero, entre 1979-1996 con 5 gobiernos (1 por sucesión constitucional); el segundo, entre 1996-2006 con 7 gobiernos (3 electos y derrocados, más 1 dictadura nocturna); el tercero, entre 2007-2017 con 1 presidente reelegido en 2 oportunidades, y el cuarto, entre 2017-2023, con 2 gobiernos. Han regido 3 Constituciones: 1979, con enfoque desarrollista; 1998, que consagró el neoliberalismo; y 2008, con los principios de una economía social del Buen Vivir. Durante cuatro décadas y media se afirmó la democracia representativa, que no es lo mismo que una democracia social.

A partir del desarrollismo inicial, desde 1984 los sucesivos gobiernos, a pesar de sus diferencias ideológicas, consolidaron un modelo de economía empresarial. Se dijo que respondía a las condiciones mundiales determinadas por la globalización transnacional y el derrumbe del socialismo de tipo soviético, que volvían utópica la búsqueda de una sociedad postcapitalista. Pero respondió también a la crisis de la deuda externa, los condicionamientos del FMI y la difusión de la ideología neoliberal. Ese proceso fue interrumpido durante la década 2007-2017, porque logró impulsarse un modelo de economía social distinto, con fuertes capacidades estatales, que desplazó la hegemonía empresarial privada y el privilegio al capital en el Estado. Desde 2017 este ciclo fue revertido por dos gobiernos sucesivos, que recuperaron el modelo empresarial y, además, lo han reforzado con características oligárquicas, similares a las que América Latina mantuvo hasta mediados del siglo XX y que Ecuador desarrolló particularmente entre 1912-1925, durante la primera “época plutocrática”.

La evolución del Ecuador no está alejada de lo que ocurrió en América Latina. Los gobiernos empresariales, inspirados en el neoliberalismo, han sido devastadores en la región, al impedir transformaciones sociales para el bienestar colectivo. El privilegio de los negocios privados, afectando todo tipo de capacidades estatales, desnaturalizó el desarrollo económico, convirtiendo a la democracia representativa y al régimen político en instrumentos de afirmación del poder de los grandes grupos económicos y de garantía de las rentabilidades privadas. Los gobiernos progresistas del primer ciclo, que articularon economías sociales, fueron gravemente perseguidos y sus logros destruidos por la recuperación del poder por parte de las derechas políticas más radicales, las elites ricas y los grupos económicos. Desde 2017 en Ecuador se produjo una literal destrucción de fuerzas productivas, al descuidarse servicios que ya estuvieron avanzados y al abandonar, bajo su natural deterioro, a las mayores obras e infraestructuras construidas en una década. Es un fenómeno históricamente inédito.

Los gobernantes del segundo ciclo progresista, que no han logrado un frente común por las evidentes debilidades y claudicaciones políticas en varios países, no por ello han dejado de ser asediados desde el primer momento por las elites económicas y las fuerzas políticas desplazadas, que buscan cohesionar bloques de poder unidos con el único propósito de impedir una nueva afectación a sus intereses. El golpismo despierta en Colombia. Mientras en Ecuador el gobierno de Guillermo Lasso, deslegitimado socialmente y confrontado con antiguos aliados de la derecha política, ensaya todo tipo de acciones para sostenerse ante un juicio político en marcha, sin dejar de contar con el respaldo del grueso del bloque de poder empresarial, político y mediático, que a toda costa busca impedir el retorno del “correísmo” o de lo que cree que es.

Se ha clarificado en la región el contenido de la actual coyuntura histórica: hay una confrontación entre bloques de poder empresariales-oligárquicos (cada vez con mayores vínculos mafiosos), dispuestos a defender el sistema de economías para el privilegio privado, rentista y elitista, mientras, en el otro frente se encuentra el conjunto de la ciudadanía, con empresarios menores y diversificadas capas medias, bajas y populares, que anhelan economías sociales para el bienestar colectivo. En esta confrontación central, la misma democracia representativa está en jaque, porque las derechas empresariales y políticas (neo-derechas) se volvieron anti democráticas, rechazan el pluralismo, condenan a los movimientos sociales y no están dispuestas a que su poder acabe en manos de “comunistas”, “terroristas” o “progresistas”.

Lo paradójico es que también en las filas de las izquierdas hay ambigüedades. En Chile partidos como el Comunista se unen a las derechas pinochetistas que ahora hegemonizan el proceso constituyente; mientras en Ecuador partidos de la izquierda tradicional, junto con una serie de líderes y dirigentes del FUT, Pachakutik y CONAIE apuntalaron al gobierno de Lenín Moreno y lo repitieron con el de Guillermo Lasso. En el juicio político que deberá afrontar el presidente, son asambleístas de Pachakutik, la Izquierda Democrática y varios “independientes” los que han anticipado pronunciamientos en defensa del .

Ecuador, país poco estudiado en el contexto latinoamericano, tiene singulares experiencias históricas que pueden compararse con otros. Hasta 2016, llegó a ser el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile (los informes y estudios al respecto son contundentes; entre tantos: ; ; ; ; incluso un Informe de la Policía Nacional en 2016, que ya no está en la ). Pero ahora, de la mano de gobiernos derechistas, es el país más inseguro (;; https://bit.ly/3Bmaim7), en una región en la que se extiende, en forma imparable, la delincuencia internacional. Hace poco se aprobó en Chile la jornada laboral de 40 horas semanales, una conquista conseguida en Ecuador en 1979. En ambos países las consignas empresariales desnaturalizaron esa jornada, sujeta ahora al reparto semanal a conveniencia del capital. La nueva Constitución chilena va a ser fruto de un proceso hegemonizado por el pinochetismo y las derechas, está sujeta a una comisión de expertos (puede seguirse los esclarecedores análisis del historiador chileno Sergio Grez); pero en Ecuador, una asamblea constituyente, que se asumió por encima de los intereses nacionales y populares, aprobó la neoliberal Constitución de 1998, que ahora añoran los grupos de poder, en contra de la progresista Constitución de 2008. En Chile, el presidente Gabriel Boric ha frustrado las esperanzas del progresismo latinoamericano; mientras en Ecuador el presidente Lasso ha frustrado las de sus aliados, que ven con terror el posible retorno del “correísmo” y, por tanto, concluyen en defenderlo, a pesar de que claman contra su ineptitud. En Argentina se discute la posibilidad de “dolarización” monetaria, que en Ecuador se adoptó en 2000, por presión de un sector empresarial y del capital financiero.

En Ecuador hay un amplio sector social progresista, democrático y de izquierdas que anhela ser representado por alguna fuerza política renovadora que supere la vía empresarial oligárquica en que se halla el país y que solo ha traído el estancamiento del desarrollo nacional con el privilegio a las élites del capital privado.

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Cada 1 de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores en recuerdo y homenaje a la huelga general promovida por el movimiento obrero de Chicago el 1 de mayo de 1886, que terminó con una escandalosa represión, la captura de varios dirigentes, su enjuiciamiento y, al año siguiente, el ahorcamiento de Spies, Parsons, Fisher y Engel, la sentencia a 15 años de trabajos forzados para Neebe, prisión perpetua para Schwab y Fielden, mientras Lingg hizo explotar una bomba.

La II Internacional (Francia, 1899), fue la primera en reivindicar el 1 de mayo, la jornada de 8 horas y una legislación protectora para los trabajadores, que los patronos consideraron como declaratoria de guerra. La conmemoración del 1 de Mayo se extendió por Europa.  

En América Latina, las reivindicaciones obreras aparecen a fines del siglo XIX y sobre todo en el XX, pero no en todos los países. Argentina celebró tempranamente el 1 de Mayo como Día del Trabajo en 1890. Siguieron Cuba (1890), Brasil (1891), México (1891), Chile (1898), Perú (1905), Bolivia (1906), Costa Rica (1913), Colombia (1916), Nicaragua (1920), Venezuela (1924). En Ecuador, el I Congreso Obrero se realizó el 10 de Agosto de 1909, para conmemorar el Centenario de la Revolución de Quito, con la que comenzó el proceso de la independencia frente a España; pero recién en 1911 se conmemoró el 1 de Mayo, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil. El gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez consagró oficialmente “el Primero de Mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador” (Decreto, 23/04/1915). Al año siguiente (1916) se decretó la jornada de 8 horas, que sistemáticamente fue burlada.

La Constitución de México de 1917 inauguró la legislación social en América Latina y quedaron fijados tanto el principio pro-operario como los derechos fundamentales de los trabajadores: contratos, jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, seguridad social. Tuvo influencia inmediata en la región. Y el triunfo de la Revolución Rusa (1917) permitió el fortalecimiento de los partidos comunistas y socialistas que aparecieron a partir de la década de 1920. El Partido Comunista de Argentina se fundó en 1918, como escisión del Partido Socialista fundado en 1896. En Ecuador, los gobiernos julianos (1925-1931) reconocieron los primeros derechos laborales que se consagraron en la Constitución de 1929. Abierto el espacio político de las izquierdas, se fundó el Partido Socialista (PSE, 1926) y años después el Partido Comunista (PCE, 1931), que por décadas tendrían acciones decisivas para la organización y lucha de los incipientes proletarios ecuatorianos.

Los procesos descritos han formado parte de la época heroica de los trabajadores asalariados latinoamericanos. Naturalmente, en la marcha del siglo XXI las condiciones históricas han cambiado. Las clases trabajadoras se han diversificado ampliamente, las luchas sociales también responden a múltiples intereses, se volvió insoslayable la defensa del medio ambiente, la democracia electoral y representativa no puede ser marginada de las expectativas políticas de los trabajadores, los partidos marxistas no son las únicas fuerzas que se identifican con los intereses proletarios, por lo que han surgido nuevas izquierdas; los gobiernos progresistas de la región se han inclinado a favorecer a los trabajadores, superando las perniciosas actuaciones de los gobiernos neoliberales que siempre se levantaron sobre el privilegio a los empresarios y el cumplimiento de políticas flexibilizadoras y precarizadoras del trabajo; al mismo tiempo hay estrategias conscientes de las élites del poder para fomentar la división entre los trabajadores, apartarlos o combatir sus organizaciones y, de la mano de neoliberales y “libertarios”, frenar sus reivindicaciones, acabar con los derechos laborales históricamente conquistados e impedir las políticas estatales que afectan las rentabilidades, la competitividad y las ganancias.

Los avances tecnológicos y la renovación de la organización y conducción de las empresas, presionan para el cambio de las legislaciones laborales tradicionales y la movilización de la fuerza laboral en interés de los capitalistas. Y aunque los resultados del neoliberalismo han sido socialmente desastrosos para América Latina, su ideología sigue presente. A pesar de los avances que han provocado los gobiernos progresistas, los cambios estructurales latinoamericanos no llegan a ser profundos y el camino al socialismo del siglo XXI sigue frustrado. Los variados estudios de la CEPAL incluso apuntan sobre el retroceso económico y social sufrido por países como Ecuador en el último lustro.

En estas nuevas circunstancias, las organizaciones y dirigencias sindicales y, en general, de los trabajadores, se encuentran en un momento de deslinde de épocas entre el pasado, el presente y el futuro. Las retóricas proletarias y las consignas tradicionales de la lucha social se muestran insuficientes y flojas. La legislación conquistada se estanca al no progresar hacia nuevos derechos desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores y no de los empresarios. Se imponen recambios generacionales. Se vuelve utópica la lucha por el “socialismo” sin enfrentar los desafíos del presente. Y en Ecuador, se multiplican las centrales sindicales, junto con la ubicuidad y derechización política de una serie de dirigentes. Es evidente la debilidad del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que tanta importancia tuvo durante las décadas de 1970 y 1980, con evidente decaída posterior hasta el año 2006, recuperación en la década inmediata y nuevo declive desde 2017. Acompaña la arremetida neoliberal de los dos últimos gobiernos sostenidos por las mismas elites empresariales. Todo ello ha colocado al movimiento de los trabajadores en una situación desventajosa para liderar las luchas sociales. En el país la hegemonía de las derechas neoliberales-oligárquicas se mantiene, a pesar del revés electoral de febrero 2023 y del posible enjuiciamiento político al presidente Lasso.

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El capitalismo clásico ya no funciona. Pero impulsadas por las crisis mundiales cada vez más recientes y el inminente colapso climático, están surgiendo ideas concretas de reforma: menos crecimiento, más objetivos estatales.

Últimamente parece que Ray Dalio lee por las mañanas «Das Kapital» de Karl Marx en lugar del «Wall Street Journal» en su mansión de 2000 metros cuadrados. «El capitalismo ya no funciona así para la mayoría de la gente», dice Dalio. Hasta ahora, el hombre no ha sido sospechoso de ser afín a tendencias socialistas. Es el fundador del mayor fondo de cobertura del mundo. Según las estimaciones, posee unos 22.000 millones de dólares. Su biblia de gestión «Los principios del éxito», de lectura obligatoria para los futuros banqueros de inversión, ha vendido dos millones de ejemplares.

Pero ahora dice este tipo de frases sobre el capitalismo: «Si las cosas buenas se exageran, amenazan con destruirse a sí mismas. Deben evolucionar o morir». La riqueza y la prosperidad sólo se distribuyen de forma unilateral, los que una vez fueron pobres siguen siéndolo, apenas hay rastro de igualdad de oportunidades. Dalio exige que se ponga fin a esto. El capitalismo necesita una reforma urgente y fundamental. De lo contrario, perecerá, y merecidamente.

Dice mucho sobre el estado del mundo cuando los supercapitalistas suenan de repente como fans de Karl Marx.

En principio, la crítica al capitalismo no es nada nuevo. Pero en los albores del cuarto año de la pandemia y el segundo de la guerra de Ucrania, está cobrando una fuerza notable. Demasiadas cosas ya no funcionan: la globalización se desmorona y con ella el modelo alemán de prosperidad. El mundo se atrinchera en bloques hostiles. La inflación hace que ricos y pobres se distancien cada vez más. Se han incumplido casi todos los objetivos climáticos. Y los políticos ya no pueden seguir parcheando todas las grietas siempre nuevas del sistema.

Los llamamientos en favor de un nuevo orden económico arrecian ahora desde todos los rincones, a menudo sorprendentemente desde los más insospechados: El «Financial Times», portavoz internacional de los mercados financieros, anunció que había llegado la hora de que el neoliberalismo se retirara de la escena mundial: ahora el Estado debe tomar el relevo. En las empresas, desde Bosch hasta Goldman Sachs, se habla de poner por fin los intereses sociales por encima de los de los accionistas.

En muchos lugares, gobiernos y sedes empresariales, pensadores intelectuales y pragmáticos se plantean una pregunta fundamental: ¿Podemos seguir con este orden económico? ¿Con un capitalismo asesino del clima que se recorta para conseguir más y más: más y más consumo, beneficio, crecimiento? ¿Y que al mismo tiempo produce cada vez más y más injusticia?

El Club de Roma ya planteó esta cuestión en 1972, pero durante mucho tiempo sólo se debatió teóricamente, o más bien ideológicamente. Sonaba a JuSos (organización juvenil de los socialdemócratas alemanes) y fundamentalistas verdes. Pero ahora, hay muchos indicios de que el capitalismo ha pasado su mejor momento. Al menos en su forma desatada de los últimos 50 o 60 años.

Eso suena a que se necesita un giro ¿Pero otro giro más? La mera palabra puede hacer que muchos retrocedan cansados […] Pero la situación podría invertirse de forma positiva: Por fin existe una posibilidad real de desarrollar un capitalismo más suave. Más justo. Más sostenible.

En el pasado, el capitalismo industrial proporcionaba una prosperidad y un crecimiento tan constantes que nunca fue posible aplicar enfoques fundamentalmente nuevos sobre cómo queremos gestionar, trabajar y compartir. La historia demuestra que mientras el sistema produzca suficientes ganadores, incluso sus excesos más evidentes son difíciles de revertir.

Mientras tanto, sin embargo, las debilidades son tan evidentes que no hace falta recurrir a teóricos como Marx o Thomas Piketty («El capital en el siglo XXI»): La globalización se nos ha ido de las manos, casi todas las ganancias de prosperidad acaban en manos del diez por ciento más rico de la población. El consumo demencial de recursos está arruinando el planeta. La industria financiera se entrega a nuevos excesos.

El historiador económico británico Adam Tooze lo expresa así: «Bienvenidos al mundo de la policrisis». Un gran problema sigue al siguiente, y todos están interconectados. Crisis energética, guerra comercial, guerra mundial en ciernes. La democracia está siendo atacada por populistas y autócratas.

Hasta hace poco, se habría propuesto una solución a todos estos problemas: El mercado lo resolverá. Pero, ¿quién se lo cree seriamente hoy en día todavía? Sobre todo teniendo en cuenta el gran multiplicador de todas las distorsiones, la crisis climática.

Al menos muy pocos jóvenes lo hacen. Desde hace años, en los países industrializados se extiende una cólera palpable contra el capitalismo: No por razones ideológicas, sino porque los alquileres se disparan, porque la propiedad se ha vuelto inasequible. ¿Por qué aceptar una máquina de prosperidad que devora recursos si ya no produce prosperidad para todos? ¿Bajo estas circunstancias no sería mejor trabajar sólo cuatro días a la semana, por ejemplo?

En Japón, un joven profesor de filosofía se convirtió en una estrella con una crítica ecológica del capitalismo basada en Marx. Marx, dice Kohei Saito, ya había reconocido los peligros para el planeta hace 150 años, ahora es el momento de tomarse en serio sus propuestas: No más crecimiento. Simplemente hay que distribuir mejor la riqueza existente.

Ya existen ideas para un orden más justo, más ecológico y que siga siendo de libre mercado. Las propuestas de ese capitalismo más suave proceden de campos ideológicos muy diversos, pero se pueden discernir líneas comunes: menos mercado, más Estado controlador y menos crecimiento por las buenas o por las malas. Llama la atención que a menudo sean pensados por mujeres economistas, filósofas y políticas. Un orden mundial más femenino también tendría su mérito.

I. Por qué los millennials vuelven a pensar que Marx es bastante bueno: La búsqueda de una vida sin estrés y respetuosa con el clima

Los últimos 30 años han sido muy buenos. Los ingresos de los hogares alemanes subieron constantemente, un 25% entre 1995 y 2019. La economía: una única historia de crecimiento, con sólo algunas interrupciones menores. En definitiva, las cosas aparentemente han mejorado en todos los países industrializados occidentales. Todas las cifras y datos parecen demostrarlo: El capitalismo moderno funciona muy bien en equilibrio.

¿Pero dónde están los aplausos? Especialmente entre los jóvenes, menores de 30 años, surgen en cambio emociones completamente distintas: frustración, resignación, ira. Y un nuevo amor por las ideas socialistas. En Estados Unidos, el 49% de los jóvenes de 18 a 29 años tiene una opinión positiva del socialismo. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, de 32 años, que se autodenomina «socialista democrática» y exige un impuesto sobre la renta del 70% para las rentas más altas, es una estrella con más de 20 millones de seguidores en las redes sociales. Casi la mitad de los alemanes cree que el capitalismo ha llevado al mundo a la crisis climática, según una encuesta representativa realizada por el instituto de estudios de opinión Civey por encargo de SPIEGEL.

El diario británico «The Economist» ya ve «el regreso del socialismo» porque ofrece una crítica acertada de todo lo que ha ido mal en las sociedades occidentales. Y hay muchas cosas que andan mal, dice Carla Reemtsma, de 24 años, portavoz de Fridays for Future en Alemania.

«Ni un solo país del mundo ha conseguido hacer crecer su producto interior bruto utilizando menos recursos y emitiendo menos CO₂», afirma Reemtsma. A ella y a muchos otros de su edad no les preocupan las cuestiones políticas individuales, sino el panorama general: «Con un cambio fundamental del sistema que haga posible una vida mejor para todos, no sólo para unos pocos».

Cuando se le pregunta qué quiere decir con esto, Reemtsma afirma que «nosotros como sociedad» deberíamos «volver a ocuparnos de las cosas colectivamente». Por ejemplo, el transporte: en lugar de subvencionar los coches individuales, el Estado debería promover el uso compartido del coche, la expansión del ferrocarril y los carriles bici, de los que todos se benefician. Para Reemtsma, el billete de 9 euros por mes para el transporte ferroviario en toda Alemania, que el Gobierno introdujo durante tres meses en verano, es un ejemplo positivo de cómo podrían funcionar las cosas en el futuro: Pensado como un alivio social, un pasaje de tren tan económico era al mismo tiempo ecológicamente sensato.

Reemtsma estudia «economía de los recursos» en Berlín. No cree en el principio de crecimiento, ni en el principio de maximización de ganancias y beneficios. Reemtsma, tan segura y ágil en sus pensamientos como si tuviera diez años más, imagina una «economía orientada al bien público». Acompañado de una política más activa: «Si regulas la protección del clima principalmente a través del mercado, tendremos un problema social».

No acepta el argumento de muchos empresarios de que los elevados costes de una producción más amigable con el medio ambiente ponen en peligro los puestos de trabajo: «Las empresas automovilísticas obtienen enormes beneficios y siguen subcontratando trabajos más sencillos a empresas de trabajo temporal, trabajadores precarios que luego tienen que hacer frente al dumping salarial. No veo que las empresas se preocupen por el bienestar de los trabajadores.

¿Suena demasiado a idealismo juvenil o a activismo de izquierdas? Glenn Hubbard, catedrático de Finanzas de la Columbia Business School y en su día principal asesor económico del entonces Presidente de EE.UU. George W. Bush, no suena muy distinto: «Un sistema económico de éxito permanente debe elevar el nivel de vida del mayor número posible de personas. Parece cuestionable que el capitalismo actual permita amplias ganancias de prosperidad». En cambio, dice, aporta mucha prosperidad a unos pocos.

Según el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), el diez por ciento más rico posee más de dos tercios de toda la riqueza, mientras que toda la mitad inferior tiene que conformarse con el 1,3%. También hay una brecha en el crecimiento de los ingresos: mientras que el poder adquisitivo de la décima parte más baja de la sociedad alemana aumentó algo menos del 5% entre 1995 y 2019, la décima parte más alta ganó más del 40%.

A esto se añaden tendencias a largo plazo que hacen que especialmente las generaciones más jóvenes tengan la sensación de que ya no pueden llegar al bando ganador, por mucho que se esfuercen. La explosión de los alquileres hace que la vida en las grandes ciudades sea cada vez más inasequible. Al mismo tiempo, se ven amenazados por la prolongación de su vida laboral y la reducción de sus pensiones. Según una encuesta representativa entre jóvenes de 18 a 32 años, casi tres cuartas partes están preocupadas por el descenso del nivel de las pensiones. ¿De qué sirve tanto trabajo en la rueda del hámster capitalista si al final no resulta rentable? La promesa de progreso y prosperidad de las generaciones anteriores suena vacía hoy en día.

En Estados Unidos, la situación es aún más dramática, critica Ray Dalio, el multimillonario de los fondos de cobertura. La mayoría de los ingresos han crecido poco o nada a lo largo de las décadas. Por otra parte, los ingresos del 1% más rico casi se han triplicado desde 1980, el comienzo de la era neoliberal moderna. La solución propuesta por Dalio: «redistribución».

A 11.000 kilómetros de la sede de Dalio, cerca de Nueva York, Kohei Saito se sienta en un pequeño estudio de la Universidad de Tokio y aún se pregunta qué ha provocado su libro entre la juventud japonesa. Saito, profesor de filosofía, sólo tiene 35 años, por lo que forma parte de una generación «fuertemente influenciada por el impacto de la crisis financiera y el accidente nuclear de Fukushima». Como estudiante, Saito empezó a pensar en ambas cosas a la vez, el orden económico y la destrucción del medio ambiente, y terminó con: Karl Marx.

«De hecho, Marx se ocupó de las consecuencias ecológicas del capitalismo mucho más intensamente de lo que generalmente se sabe», afirma Saito. Sobre esto escribió su tesis en 2016, en la Universidad Humboldt de Berlín: «Naturaleza versus capital. La ecología de Marx en su Crítica inacabada del capitalismo».

Con ello, causó un gran revuelo en los círculos profesionales. Más sorprendente es lo que vino después: Saito escribió un libro sobre un nuevo ecosocialismo a finales de 2020, interpretando la crisis climática como una «manifestación de la producción capitalista» totalmente en el sentido de Marx. El colapso del planeta sólo puede detenerse mediante un sistema postcapitalista en el que no haya más crecimiento, la producción social se ralentice y la riqueza se redistribuya de forma selectiva.

Mientras tanto, su «Capital in the Anthropocene» ha vendido más de medio millón de ejemplares en Japón. Un orden de magnitud reservado a «Harry Potter» hasta entonces. Pronto su libro se publicará también en inglés y alemán. La cadena de televisión pública NHK dedicó un documental en cuatro partes a la interpretación moderna que Saito hace de Marx. Desde entonces, la literatura de Marx ha gozado de una asombrosa popularidad en las librerías de Tokio, incluido «Das Kapital» como cómic manga. Incluso el Primer Ministro japonés, Fumio Kisihida, promueve ahora una «actualización del capitalismo hacia una versión más sostenible».

Saito explica el éxito de su libro por el hecho de que sus homólogos japoneses llevan mucho tiempo luchando contra la inestabilidad económica y los «excesos de la globalización». Están abiertos a una «nueva forma de vida». Todas las medidas neoliberales, como la desregulación o la reducción del Estado del bienestar, que se han utilizado para impulsar el crecimiento han dejado tras de sí fracturas sociales e inestabilidad, afirmó. «Por qué debemos seguir así, centrando toda nuestra vida en trabajar, ganar dinero, consumir, es lo que se preguntan muchas generaciones jóvenes de aquí», afirma Saito.

La pandemia fue un punto de inflexión, afirma. Las normas sociales cambiaron de repente; en lugar de quedarse en la oficina, muchos se quedaron en casa con sus familias. El alegato de Saito a favor de una cura marxista de contracción, con jornadas laborales más cortas y una mayor atención al trabajo menos lucrativo pero socialmente importante, como el cuidado de ancianos y enfermos, caló hondo.

Pero, ¿puede Marx, cuya crítica del capitalismo, de 150 años de antigüedad, fue escrita cuando aún traqueteaban las máquinas de vapor, dar realmente una respuesta a la crisis ecológica actual? Saito piensa que sí: al menos más que todos los políticos que venden como solución objetivos de sostenibilidad menos vinculantes. «Esto no es más que el nuevo opio para las masas. Se supone que hay que pacificar a la gente».

II. Todo el poder para el Estado: sobre el fin del neoliberalismo y cómo el economista favorito del Gobierno federal quiere construir una economía verde

El conservador London Times llamó en su día a Mariana Mazzucato «la economista más temible del mundo». Lo cual era bastante despectivo. Cualquiera que quiera restar poder a los mercados y a la industria financiera y convertir al Estado en el líder de la economía se crea enemigos per se. Sobre todo cuando la idea la propone una mujer inteligente y segura de sí misma.

Mazzucato puede vivir con el título. No está de más tener fama de ser un poco peligrosa. Sobre todo cuando se trata constantemente con Jefes de Estado y de Gobierno de la talla del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o del Canciller alemán, Olaf Scholz.

Mazzucato no está de viaje, sino dando la vuelta al mundo. En las últimas semanas, primero estuvo en Venezuela para asesorar al presidente de ese país, luego hizo una que otra intervención en la Conferencia Mundial sobre el Clima en Egipto y, por último, una vez más, estuvo en Berlín. Así es cuando hablas con ella: Todo es rápido y no hay que esperar demasiado con la siguiente pregunta.

Esta italoamericana, nacida en Roma y criada en Estados Unidos, tiene energía para tres. Y así ha llegado a convertirse en la economista más influyente del mundo actual: Mazzucato proporciona a numerosos gobiernos guiones para «Green New Deals», es decir, la reestructuración amigable con el clima de la economía y la industria. El SPD (socialdemócratas) de Berlín ha incluido sus ideas en su programa electoral. El Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, no deja de intercambiar ideas con ella.

Esto es, cuando menos, sorprendente. La mayoría de los economistas y gobiernos occidentales tenían una idea clara del orden jerárquico del mundo económico en las últimas décadas. Y se veía así: El mercado decide hacia dónde van las cosas, el Estado sólo interfiere y debe mantenerse al margen en la medida de lo posible.

Mazzucato sostiene todo lo contrario: el mercado por sí solo no tiene ninguna oportunidad en la lucha contra los retos del siglo XXI, especialmente el cambio climático. A las empresas les falta voluntad, incentivos y una visión de conjunto. «El Estado debe marcar el rumbo y fijar objetivos ambiciosos», exige Mazzucato. Debe nombrar los objetivos de la sociedad y concentrar todas las fuerzas en ellos. La transición a una economía de emisiones cero requiere «misiones de innovación» que transformen toda la economía, «desde la forma en que construimos hasta lo que comemos y cómo nos desplazamos». Si se pueden poner en marcha terminales de gas natural licuado en un año porque el Gobierno quiere [debido a las consecuencias de la Guerra en Ucrania], ¿por qué no una nueva industria solar y 10.000 nuevos aerogeneradores?

Mazzucato, de 54 años, ha sido profesora de economía durante 25 años y actualmente enseña en el University College de Londres. Ha ganado todo tipo de premios por sus investigaciones sobre cómo se crean las innovaciones. Sin embargo, si se menciona su nombre en una conversación con otros economistas de renombre, a menudo se levantan las cejas. No es infrecuente la referencia a la famosa frase de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía: «Los grandes avances de la civilización nunca han procedido de un gobierno centralizado». La cita, sin embargo, data de 1962, y Mazzucato no tiene en mente ni una economía socialista planificada ni una política industrial alcahueta en la que los funcionarios del ministerio gestionan las empresas.

Le preocupan los grandes objetivos, los «moonshots»: igual que en su día el gobierno estadounidense afirmó querer volar a la luna en una década. Para lograrlo, sin embargo, primero hay que borrar la vieja narrativa, según la cual el Estado sólo está ahí para corregir los fallos del mercado. Se sigue pretendiendo que es imposible desde el principio dar al capitalismo un propósito, una dirección.

Pero, ¿cómo hacerlo? «Sencillamente», dice: «No sólo orientando cuidadosamente a empresas y sectores industriales enteros en esta dirección, sino obligándoles». Incentivos como un impuesto sobre el CO2 están muy bien. Sería más eficaz, dice, si se exigiera a la industria que utilizara sólo cemento «verde», y el Estado ayudara económicamente a cambio. Otra idea: el gobierno podría vincular las subvenciones estatales a la condición de que las empresas reduzcan sus emisiones. Es lo que hizo Francia con sus préstamos a Air France durante la pandemia o con sus garantías de préstamo a Renault.

Hay muy pocas directrices de este tipo. El culpable, dice Mazzucato, es un «importante defecto de diseño» del capitalismo accionarial moderno. Permite a las empresas invertir sus beneficios no en innovación, sino en transacciones financieras y recompra de acciones, de las que sólo se benefician los inversores. Mazzucato se pone visiblemente nerviosa con este tema. Para 2022, las empresas estadounidenses han anunciado que destinarán alrededor de un billón de dólares a la recompra de acciones en lugar de invertirlos en nuevos productos, incluso sostenibles. «Es una locura», dice.

Se imagina un Estado emprendedor que incentive a las empresas a invertir su dinero en objetivos de más alto nivel. Lo que el Ministro de Economía alemán, Habeck, presentó a principios de diciembre parece sacado directamente del manual de la economista.

A partir del año que viene, el gobierno federal quiere firmar con la industria los llamados contratos de protección del clima: Quienes produzcan de forma respetuosa con el clima, aunque sea más caro, recibirán del Estado el reembolso de los costes adicionales durante un máximo de 15 años. Sobre todo, hay que animar a las industrias siderúrgica, química, cementera y del vidrio a que se pasen rápidamente a la producción ecológica. Preguntado al respecto, Mazzucato asiente con satisfacción: «Así se hace». El viejo reflejo de mantener al Estado a distancia también está cediendo en las empresas, que desde hace tiempo estaban en contra de toda intervención. Los retos son demasiado grandes para abordarlos en solitario. Para la transformación ecológica, «los instrumentos de apoyo estatales son indispensables», afirma la jefa de ThyssenKrupp, Martina Merz.

Así pues, es probable que la época del neoliberalismo, que ha durado décadas, haya llegado por fin a su fin. Desde principios de los años ochenta, la creencia de que los mercados son más sabios que el estado había unido a todos los bandos políticos. En Estados Unidos, el Presidente Ronald Reagan, conservador de derechas, fue el cerebro ideológico. Pero fue Bill Clinton, el demócrata, quien más impulsó la desregulación y la globalización. Y en Alemania fue el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder.

Décadas de mercados descontrolados condujeron directamente a la crisis financiera de 2008, que también anunció el fin del neoliberalismo. Las intervenciones masivas del Estado que salvaron a la economía del colapso en aquella época «debían entenderse como el heraldo de un nuevo orden que sustituía al neoliberalismo», afirma el historiador económico Tooze. Quizás el último clavo en el ataúd fue la pandemia. Una vez más, los gobiernos tuvieron que intervenir para evitar lo peor. «Existe la sensación de que hemos llegado a un punto de inflexión».

Lo que abriría el camino a lo que Mazzucato llama una «política fiscal orientada a su fin». Desde los años 80, el equilibrio presupuestario es un fin en sí mismo, por así decirlo, en EE.UU., en Gran Bretaña y en Alemania con su freno al endeudamiento público [fijado legalmente] sobre todo. «Pero ahora Alemania acaba de sacarse del sombrero 190.000 millones de euros, EE.UU. apoyó la economía en la pandemia con cinco billones de dólares», dice Mazzucato. «¿Por qué siempre se saca el dinero de la noche a la mañana en situaciones de emergencia? Cuando se trata de grandes tareas sociales, desde la salud hasta el medio ambiente, dicen: no se puede, hay que cuidar la deuda nacional».

III. ¿Es posible sin crecimiento? Las empresas dicen adiós al valor para el accionista

Hablar de crecimiento cero  más que todo en el distrito financiero de Londres suena bastante herético. Parece haber un fondo de cobertura en cada edificio, banqueros vestidos con ternos a rayas  y con corbata -sí, todavía existen- se apresuran afanosamente por las calles. Tim Jackson sonríe cansado ante el paisaje en este lluvioso día inglés de noviembre; no le gustan mucho los estereotipos negativos. Aunque él mismo encajaría muy bien en uno de estos estereotipos. 

Jackson, economista, filósofo y profesor de la Universidad de Surrey, escribió hace más de una década una obra estándar de crítica al capitalismo moderno: «Prosperidad sin crecimiento». En él, Jackson describe el actual orden económico como «por su propia naturaleza dependiente de la supuesta insaciabilidad de las necesidades humanas, en la permanente expectativa de un gasto de consumo en constante crecimiento». El capitalismo supone que los seres humanos no tienen más remedio que desear constantemente más: más dinero, más posesiones. Más, más, más.

En realidad, son tonterías, dice Jackson. Si uno se fija bien, enseguida se da cuenta de que sólo los economistas creen que es la única manera. «La buena noticia es: no necesitamos un cambio radical en la naturaleza humana para alcanzar la prosperidad». La mala noticia es que «nuestro modelo económico es fundamentalmente defectuoso».

Jackson ya había planteado todo esto al Gobierno británico en 2009: ¿es realmente necesario que una economía moderna esté tan servilmente obsesionada con el crecimiento perpetuo? La respuesta de Jackson: no. «No me gustó nada», dice hoy. Gordon Brown, entonces Primer Ministro, echó por tierra el estudio.

Hoy la pregunta está más de actualidad que nunca: en un mundo finito, ¿realmente tenemos que seguir expandiéndonos para que la economía y la prosperidad no se hundan? Desde el clasicismo económico surgido en el siglo XVIII, la pregunta suele responderse vehementemente de forma afirmativa. La versión resumida es la siguiente: sin crecimiento, las empresas ahorran y recortan puestos de trabajo. Primero se hunde el mercado laboral, luego el consumo. En el mejor de los casos, esto conduce al estancamiento. El nivel de vida se debilita, las ganancias de prosperidad no se materializan. En el peor de los casos, se produce una espiral de recesión o depresión permanente. Esto no es algo que los políticos experimenten voluntariamente.

El único problema es que ahora es discutible cuánto tiempo seguirá siendo voluntaria la renuncia al crecimiento si el planeta sigue calentándose tan deprisa. ¿Realmente necesitan todos los fabricantes de zapatillas vender cinco millones más de pares de zapatillas cada año? ¿Todos los fabricantes de tornillos medianos ganan diez millones de euros más cada año? Los minoristas siempre se lamentan colectivamente si las ventas navideñas no aumentan al menos un tres por ciento con respecto al año anterior?

Para Jackson y otros críticos, la respuesta está clara: se trata menos de «datos económicos concretos» que de un «mito del crecimiento» cultural que se ha ido construyendo a lo largo de casi dos siglos y ha calado hondo en la psique de las naciones industrializadas.

Ni siquiera el primer y muy sonoro disparo de advertencia, hace 50 años, pudo cambiar esta situación. En marzo de 1972 se publicó «Los límites del crecimiento», el primer estudio exhaustivo sobre las consecuencias de la incesante expansión humana. Fue encargado por el Club de Roma, organización sin fines de lucro que trabaja por un futuro sostenible desde 1968.

En aquel momento, los científicos utilizaron nuevos modelos informáticos y llegaron a una conclusión clara: los recursos del planeta no permitirían un crecimiento constante de la economía y la población más allá del año 2100. Existía la amenaza de consecuencias dramáticas para los seres humanos y el medio ambiente. El estudio fue duramente criticado y sus conclusiones rechazadas categóricamente por muchos opositores, incluso en las décadas siguientes, aunque los cálculos se confirmaron una y otra vez.

Ahora los frentes se están suavizando lentamente. «Básicamente, nada depende del tamaño absoluto de una economía», afirma Robert Solow, galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones. «Así que si la mayoría de una población decide reducir su huella ecológica consumiendo menos bienes materiales y apostando más por el ocio y los servicios, desde un punto de vista económico no hay absolutamente nada que le impida actuar en consecuencia».

Sin embargo, advierte Solow, hay que vivir con las consecuencias durante un periodo de transición, empezando por el aumento del desempleo y terminando por la disminución de los ingresos.

Por ello, muy pocos economistas quieren prescindir por completo del crecimiento. En su lugar, están pensando en formas más suaves de retirada, lo que significa sobre todo: separar el crecimiento correcto del incorrecto. Por ejemplo, creciendo masivamente en energías renovables, pero recortando en la industria petrolera. O sustituir las fábricas de acero por start-ups digitales.

Los primeros éxitos de este replanteamiento ya son visibles. Recientemente, las emisiones de CO2 descendieron en 30 países, a pesar de que la economía creció, entre ellos Alemania. Eso no bastará para salvar el planeta, dice Jackson. Entonces, ¿por qué no aceptar simplemente que el crecimiento en los países industrializados ya sólo contribuye de forma limitada a la calidad de vida?

Es probable que las consideraciones geoestratégicas jueguen en contra. Ni los europeos ni los estadounidenses querrán simplemente ver cómo China y otras autocracias se expanden económicamente a todo gas y, por tanto, se hacen cada vez más poderosas políticamente. Es cierto, dice Jackson, pero de todos modos la Eurozona apenas ha crecido más del uno por ciento de media anual desde 2000. «El crecimiento económico va a terminar en Occidente en un futuro previsible». Sólo por eso, dice, tiene sentido pensar en cómo se podrían cambiar  las cosas.

De hecho, cada vez son más las empresas que intentan encontrar su propio camino hacia el post-crecimiento. Hace tres años, las 200 mayores empresas estadounidenses declararon en un comunicado conjunto que en el futuro ya no se comprometerían sólo con sus accionistas, sino con «todas las partes interesadas»: clientes, empleados y socios comerciales, es más, con la sociedad en su conjunto. Este fue un gran paso para la «Business Roundtable», la asociación empresarial más poderosa del mundo, en la que se han unido numerosas grandes empresas, desde Apple a Goldman Sachs. Hasta ahora, sólo se habían comprometido con sus accionistas. Allí se aplicaba el famoso lema neoliberal de Milton Friedman: «La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios».

Queda por ver qué es palabrería de relaciones públicas y qué es serio. No todas las empresas se comportarán de forma tan sostenible como el gigante estadounidense de artículos deportivos Patagonia, que destina todos sus beneficios a la protección del medio ambiente. Pero los pequeños pasos ayudan: su competidor Adidas, por ejemplo, ha decidido dejar de utilizar poliéster de nueva producción para todos sus zapatos y textiles deportivos a partir de 2024, y utilizar únicamente plástico reciclado.

La mediana empresa suiza Freitag va un paso más allá. Vende 400.000 bolsas y carteras al año en 25 países y no quieren vender mucho más. No porque el mercado o el equipo estén agotados, sino porque simplemente están satisfechos.

El habitual «más alto, más rápido, más lejos» no es «el primer objetivo de la empresa», afirma Daniel Freitag, que fundó la empresa hace 30 años con su hermano Markus. En su lugar, el objetivo es «que todos puedan vivir bien y satisfechos de su trabajo». Los Freitag no creen que «el turbocapitalismo siga ofreciendo las respuestas adecuadas», consideran que los daños colaterales son demasiado grandes. En su lugar, quieren mostrar cómo pueden funcionar más lenta y equilibradamente y que sea “más sano para todos».

En los años noventa, tras sus primeros éxitos, ambos elaboraron un catálogo de ocho puntos importantes para ellos: hablan de calidad y longevidad, de economía circular viva. Desde hace años, mucho antes de que la gran distribución y las empresas de moda descubrieran la idea para su marketing, Freitag ofrece la posibilidad de enviar bolsas usadas y repararlas a precio de coste. Miles de clientes utilizan el servicio cada año. No ganan nada con ello, dice Daniel Freitag. La «felicidad» empresarial, según los hermanos, no reside únicamente en el aumento de los beneficios. 

IV. Las personas en lugar del mercado: propuestas para una comunidad más justa

A primera vista, Eva von Redecker y Minouche Shafik no deberían tener mucho que decirse. De hecho, incluso deberían estar enemistados entre sí.

Por un lado, la alemana Redecker, una filósofa feminista con preferencia por Marx, que creció en una granja orgánica, un cerebro del movimiento de protesta que considera que la opresión racista y el dominio capitalista están estrechamente vinculados.

Y por otro lado, Shafik, la pragmática economista, baronesa y miembro de la Cámara de los Lores británica, antaño vicepresidenta del Banco Mundial, hoy directora de la escuela de cuadros capitalistas London School of Economics.

Pero quizá lo especial de estos tiempos decisivos es que se puede llegar a conclusiones muy similares desde polos diferentes. «Vivimos en una época en la que los ciudadanos de muchos países están desilusionados con el contrato social y la vida que les ofrece, a pesar de que la prosperidad material ha aumentado enormemente en los últimos 50 años», afirma Shafik, economista formada en Oxford. «El capitalismo está destruyendo la vida», afirma Redecker, filósofa formada en Cambridge.

La buena convivencia, dicen ambas, necesita nuevas reglas, las reformas deben pensarse en términos de personas, no de mercado. Shafik ha escrito un libro sobre este tema: «Lo que nos debemos los unos a los otros». Redecker publicó una «Filosofía de las nuevas formas de protesta».

Sin embargo, naturalmente, hay diferentes papeles que desempeñar. Shafik, experts en finanzas, hace propuestas políticas concretas. Redecker, aguda pensadora de vanguardia, formula sus ideas de forma más radical. Como filósofa, no se siente responsable de esbozar las formas concretas en que deberían cambiar las cosas.

Por encima de todo, Redecker quiere sacudir una certeza: que el capitalismo en su forma actual sigue siendo sostenible. Para ella, está indisolublemente ligado a una cierta forma de propiedad, con la que viene aparejado el derecho a abusar: Durante siglos, el feudo había gobernado sobre la tierra, sobre las personas que le estaban sometidas.

Se ha superado el dominio integral del feudalismo, pero la explotación se ha concentrado aún más en otras partes: en la esclavitud de los negros, por ejemplo, o en la desvalorización del trabajo femenino. Como todo está conectado con todo lo demás, todo debe cambiar al mismo tiempo: las relaciones de propiedad, el orden de género y lo que ella llama el «agotamiento de la naturaleza».

Como respuesta, puede imaginar un «socialismo para el siglo XXI», basado en Marx, pero pensado más allá. Como una especie de «comunidad del compartir» que podría librarse de muchos problemas interrelacionados: demasiado trabajo agotador, agotamiento de los recursos, dominio de la propiedad. «En lugar de explotar los bienes, podríamos compartirlos», afirma Redecker. «Podríamos cuidar lo que se nos confía en lugar de subyugarlo».

Para Redecker, no es casualidad que sean sobre todo las mujeres las que impulsan los actuales movimientos de protesta: en Viernes por el Futuro, en Black Lives Matter, en Bielorrusia en 2020, ahora en Irán. «Durante siglos en la historia, las mujeres han estado estrechamente vinculadas a la vida cotidiana, a los cuidados, a lo básico de la convivencia y al mantenimiento de los medios de subsistencia. Las mujeres han tenido hijos, por lo que han producido vida, los hombres han producido cosas, bienes».

El trabajo de las mujeres se orientaba a las necesidades de las personas, no a las del mercado. Y por eso las mujeres de hoy pueden ver más claro que los hombres que está en juego nada menos que la supervivencia – de la humanidad.

Minouche Shafik, director de la London School of Economics, tiene algunas ideas concretas sobre lo que podría ayudar, no sólo a sobrevivir, sino también a convivir. Como tantos otros, ve la primera y más importante palanca en la reorientación de los flujos monetarios. Pero no a través de un Estado del bienestar aún más pronunciado.

«El Estado no debe redistribuir primero, pues entonces ya ha fracasado», afirma. El Estado debe «predistribuir»: invertir masivamente en educación, en infraestructuras, en todas las formas posibles de igualdad de oportunidades. «Hay que invertir en todos lo antes posible, pero especialmente en los desfavorecidos, y de esa inversión puede salir una economía más productiva».

Por ejemplo: Todo el mundo recibe del Estado un subsidio de educación de 50.000 euros desde su nacimiento, que puede utilizar a lo largo de su vida, ya sea para estudiar o para ampliar su formación.

O de esta manera: «Atención infantil integral y de bajo coste», desde la guardería hasta el bachillerato. Para la igualdad, «el instrumento absolutamente más importante, los datos al respecto son totalmente claros».

También hay que remediar el «desequilibrio del sistema fiscal que favorece al capital y perjudica al trabajo».

Nada de esto es nuevo, como bien sabe Shafik. Los grandes instrumentos como los impuestos, las pensiones, la educación influyen en cómo vivimos y trabajamos y en lo bien que nos va. Sin embargo, critica Shafik, nadie se atreve a usarlas como es debido: «En la mayoría de los países industrializados nos comportamos como si el mundo no hubiera cambiado.

Por eso ha llegado el momento de evolucionar todo el modelo, el capitalismo. «Probablemente incluso radicalmente».

Ahora parece más una promesa que una amenaza.

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Quito, 29 ene (La Calle).- El canciller de Estados Unidos en Ecuador, Antony Blinken, felicitó al presidente Guillermo Lasso por «liderar los procesos democráticos en el país». Sin embargo, el 58,99% de los ecuatorianos califica de mala y muy mala la gestión en su mandato.

Durante la reunión mantenida con el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, Blinken también agradeció «la apertura y generosidad del Ecuador”. Lo dijo por los tratados que plantea Lasso con la potencia del norte. “Lasso tiene un liderazgo en los procesos democráticos de la región, y eso va a reafirmarse en la Cumbre de las Américas” dijo el estadounidense.

Según una encuesta Perfiles de Opinión, el 59.07% de ecuatorianos califica como “mala” (45.78%) y “muy mala” (13.29%) la gestión del Lasso.

Las razones

La reforma tributaria implementada a partir del mes de enero, que afecta directamente a los bolsillos de los ecuatorianos, la poca actuación y descuido del gobierno en mejorar el índice de seguridad, la ola de violencia que vive el país, la privatización de instituciones estatales y la aprobación de actos con la presencia del público masivo que prolifera el contagio de Covid-19 son algunos de los elementos que bajan aún más el nivel de aceptación de Lasso en el primer mes del 2022.

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Pese al repunte de contagios por el Covid-19, el presidente del FP, Nelson Erazo, «defendió la decisión con el argumento de que en anteriores marchas no se registraron mayores indicadores de contagio entre los participantes», reseñó diario El Comercio.

El Frente Popular (FP) participará en esta movilización a nivel nacional, manifestando el descontento popular ante las políticas neoliberales y antipopulares impuestas por el actual Gobierno, liderado por Guillermo Lasso.

El aumento al precio del combustible, los despidos de trabajadores del sector público, la reforma laboral, la venta de empresas estatales como el Banco del Pacífico, el presupuesto a la educación, son algunas de las demandas que plantean.

Asimismo, según recoge diario El Universo, el 12 de enero también se llevarán a cabo movilizaciones para demandar, al Gobierno ecuatoriano, recursos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para medicinas y exigir garantías del funcionamiento del mismo y las jubilaciones.

Asamblea del Frente Popular

Las organizaciones sociales que conforman el Frente Popular son representantes de jubilados, educadores, comerciantes autónomos, estudiantes, trabajadores.

La Asamblea fue realizada en la Casa del Maestro en la ciudad de Quito. Además de la ratificación de la movilización; delegados de 23 provincias discutieron sobre las acciones frente a las políticas del Gobierno del Encuentro.

En su Twitter, Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, mencionó que «durante la Asamblea Nacional del Frente Popular se plantearon propuestas para salir de la crisis económica, social, educativa y de salud».

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 “Hay que salir de la bipolaridad política, salir de esta trampa de un sector de la derecha política, del correísmo – anticorreísmo”. Aseguró que instalar esta disputa, lo único que hace es trasladar la política a una discusión moral.

“No estas discutiendo la estructura real de la política”, dijo. Asimismo, indicó que a partir de las condiciones políticas que imponga el gobierno de Guillermo Lasso, se van a dar las condiciones objetivas para la unidad de todos los sectores populares progresistas del país.

“Eso sí, nadie va a quedar tutelado por nadie. Debe haber, como siempre hemos dicho, respeto a la autodeterminación de cada organización con sus estructuras”, enfatizó

Recalcó que desde estas condiciones de autonomía y autodeterminación, como organizaciones, debe darse la posibilidad y la madurez para unificar un espacio de coordinación, de unificar un proyecto político que sostenga a la mayoría del pueblo ecuatoriano.

Advirtió también que la CONAIE no podrá transitar en el camino de las privatizaciones, de los tratados de libre comercio, de la política dependiente del extractivismo petrolero y minero, y de las políticas del Fondo Monetario Internacional.

“Necesitamos consolidar una propuesta política económica nacional, desde la visión de la soberanía de los pueblos; de los que estamos sosteniendo, en este momento, el mayor porcentaje de empleo en Ecuador”, mencionó.

Indicó también que, tras todas las crisis que ocasionó el gobierno de Moreno, el pueblo ecuatoriano va a cuestionar si el gobierno de Lasso seguirá en el mismo camino o existirá un cambio en las intenciones democráticas. “Está pretendiendo ahora poner el Gobierno del Encuentro, un gobierno democrático pero en el momento de definir la política es por imposición”, argumentó,

En ese sentido, sostuvo que no cree que el pueblo ecuatoriano lo vaya a tolerar. “Hay reacciones de muchos sectores, incluso de la clase media, que están siendo golpeados. Hay una política perversa que está beneficiando solo a ciertos grupos económicos. Los pequeños y medianos industriales también se están sintiendo afectados con estas políticas”, afirmó.

Con ese panorama, afirmó, que es factible que se den visiones favorables para la unión del campo popular y de los sectores políticos. “Habrá una propuesta contundente, donde el presidente responderá o puede generar otras condiciones en términos del cambio institucional en Ecuador”, aseguró.

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“Todas las decisiones que Romo toma a lo largo de su carrera política son dirigidas a la Presidencia. Ella se mantiene en una posición supuestamente neutral cuando es evidente que apunta al neoliberalismo. El primer mensaje que envía Romo es la ruptura total con el tráfico de influencias en el marco de las campañas electorales. El segundo tema es que el mandatorio hace una cadena para que ella no tenga que cumplir los dos años sancionatorios”, dijo Mogrovejo durante una entrevista con Radio La Calle.

De acuerdo a los pronósticos de la analista, la exministra podría asesorar directamente a Moreno luego de que el Pleno decidiera su censura y destitución el 24 de noviembre de 2020. Mozo ratificó que la exministra apuntaba a una agenda política de descorreización, valorada por el mandatario.

“A mí me preocupa que los ciudadanos olviden al cabo de un tiempo. Todo parece demostrar que Romo está en los círculos de poder. No me sorprendería que Guillermo Lasso ubicara a Romo en sus filas si llega al poder. Ella podría ascender por la memoria de corto plazo que tienen las personas. Ella se ganó el cariño de las élites económicas del país”, acotó Erick Mozo.

Una ola de neoliberalismo

Mogrovejo mencionó que el país se encuentra en transición de un Estado de bienestar pasando por un neoliberal hasta un Estado policial. En cambio, Mozo manifestó su preocupación por una “ola neoliberal” en los próximos meses. “Intentarán acelerar el neoliberalismo hasta que culmine este Gobierno. Las políticas de austeridad tienen un correlato de violencia. El neoliberalismo se mantiene por la fuerza”, indicó.

Con la salida de la ministra, el mensaje rector es la ruptura total con los partidos políticos. “Tres actores buscan desmarcarse del Gobierno. Ni siquiera CREO y PSC votaron a favor de Romo. Eso responde a un cálculo electoral. Incluso Alianza País (AP) se muestra independiente del actual oficialismo”, concluyó. (GG)

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En diálogo con Radio La Calle, Tandazo compartió su criterio sobre el decreto ejecutivo N.1183. Según el analista, esta medida tiene por objetivo desregularizar los precios de los combustibles y limitar el rol del Estado solo a ofrecer un sistema de bandas que, eventualmente, podría romperse. “Esto es parte de la política del Fondo Monetario”, alertó.

Además, a criterio del analista económico, esta medida es inconstitucional, pues el Estado estaría incumpliendo su rol de gestión en las áreas estratégicas y posibilitando la eventual privatización de un servicio público. 

Consecuencias

Según el analista, los impactos de esta medida no se sentirán inmediatamente, pues los precios del petróleo están bajos. Sin embargo, su eventual aumento desencadenará en un impacto directo en los precios de los combustibles y el consecuente encarecimiento de productos de primera necesidad.

“El precio internacional del petróleo no es definitivo”, aclaró Tandazo. El analista aludió a la existencia de una sobreoferta de petróleo estimada en 4 614 000 para el tercer trimestre del 2020. Tandazo interpretó esta sobreoferta como una manipulación de la oferta y la demanda en beneficio de las potencias industriales. Sin embargo, cuando termine la baja actual en los precios, la ciudadanía podrá percibir la verdadera dimensión de la política económica del régimen.

Como resultado, además de la cooptación de las reservas petroleras, el Ecuador ahondará su condición dependiente dentro de la división internacional del trabajo. A su criterio, el próximo gobierno no solucionará esos problemas estructurales. 

Antecedentes

En abril, René Ortiz, Ministro de Energía, calificó al 2020 como el “momento histórico para focalizarlos subsidios”. Según Tandazo, Ortiz aludió directamente al aprovechamiento de la crisis mundial y la caída de los indicadores de petróleo para desregularizar los precios de los combustibles.

En esa línea, el 24 de septiembre, el ejecutivo firmó el decreto N.1158 para liberalizar los precios de los combustibles y permitir su libre importación por parte de actores del sector privado. Con el nuevo decreto, según Tandazo, se completa un escenario orientado a entregar la administración pública a las trasnacionales. 

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Fratelli tutti, en italiano, se comenzó a escribir durante la pandemia. Revisita los postulados de uno de los grandes referentes del Papa, San Francisco de Asís; también cita a personajes emblemáticos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi.

“Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos», menciona la encíclica del Papa.

El mercado no lo resuelve todo

Además, Francisco asegura que la pandemia causó que el mundo de vuelta a un pensamiento más humano y colectivo, por fuera de la libertad de mercado: «algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos”.

El desarrollo, las formas de capitalismo más agresivo y la falta de enseñanzas sobre el juego despiadado del neoliberalismo son algunos de los puntos que el Papa critica.

“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”, asegura

«Abrirse al mundo»

Francisco considera que la causa de la situacion actual está en los nacionalismos y populismos; donde «resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social».

El obispo de Roma cree que la solución es «abrirse al mundo», una posición que él cree ha sido arrebatada por los poderes económicos y las grandes empresas del mundo.

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