«Ignorando mi condición económica, repentinamente me dicen que mi hijo está estable y que deben darle la salida; me ordenan comprar máquinas y tener un lugar adecuado para él. Pero simplemente es imposible que reúna el dinero suficiente, así que están condenando a mi hijo», asegura María Fernanda Rivas, miembro de la Agrupación Nacional de Pacientes y Familias Vulnerables del Ecuador.

En medio de la crisis económica causada por la pandemia y de las precarias condiciones laborales generadas por el Gobierno, este hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil pretende dejar en la indefensión a un niño de apenas un año que depende de máquinas para poder seguir viviendo.

La denuncia de la madre apela a la protección que brinda la Constitución del Ecuador en sus Artículos 35 y 50; la ley determina que niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad y personas con enfermedades catastróficas tienen derecho a recibir atención prioritaria por parte de cualquier entidad, sea pública o privada.

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