Quito, 16 de julio (La Calle). – En medio de una supuesta lucha contra el nepotismo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, informó sobre la desvinculación de 40 funcionarios con vínculos familiares con legisladores de RC, PSC y ADN. Sin embargo, la transparencia del proceso ha sido cuestionada, pues los nombres permanecen bajo reserva, lo que ha generado una nueva duda sobre si esta medida responde realmente a un intento por limpiar la institución o a una estrategia política selectiva. ¿La transparencia en la Asamblea vuelve a estar en duda?.

Tuit Secretaría Integridad: https://x.com/Integridad_EC/status/1944162353391841470/photo/1

 Olsen vincula partidos políticos, pero no da nombres

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció este 15 de julio de 2025 la salida de 40 funcionarios por presunto parentesco con legisladores y altos cargos. La medida se dio tras una reforma al reglamento administrativo del Parlamento, como parte de una supuesta cruzada contra el nepotismo, desatada luego del escándalo que involucró a Dominique Serrano, asambleísta del oficialismo.
Del total de desvinculados, 19 renunciaron voluntariamente y 21 fueron cesados. Olsen detalló que 12 trabajaban con legisladores de la Revolución Ciudadana, 10 con ADN y 2 con el PSC. El resto pertenecía al personal administrativo.

Tuit Niels Olsen: https://x.com/NielsOlsenP/status/1945296509085377003

 PSC se deslinda y critica la publicación parcial

El Partido Social Cristiano (PSC) respondió con firmeza, asegurando que sus tres legisladores actuales no tienen familiares en la Asamblea. Mediante un comunicado, señalaron que no pueden hacerse responsables por asambleístas que ingresaron auspiciados por el PSC pero que ahora forman parte de ADN. Esta declaración refuerza la sospecha de que la publicación del listado tiene un trasfondo político más que técnico.

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 “Depuración” sin transparencia

Pese al anuncio público, la Asamblea mantiene en reserva los nombres de los desvinculados, amparándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
La decisión ha generado críticas dentro del Legislativo. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, varios legisladores respaldan la medida, pero exigen que los nombres salgan a la luz: “¿A qué le temen? A lo mejor aparecen apellidos conocidos de ADN”, expresó un legislador.

Esta situación pone en entredicho la credibilidad del proceso, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue en descenso.

Tuit Luisa González: https://x.com/LuisaGonzalezEc/status/1945178089404649755

La Asamblea intenta enviar un mensaje de integridad institucional, pero el hermetismo en torno a los nombres siembra dudas sobre la verdadera intención de esta depuración.

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El convenio va a permitir, entre otras cosas:

• La realización de concursos de cortometrajes con el tema «El valor de hacerlo bien», para que los estudiantes promuevan valores entre sus pares.
• La organización de talleres «Construyendo una educación para la paz», para fortalecer las capacidades formativas de los profesionales de la educación.
• La celebración de encuentros internacionales para el intercambio de experiencias y conocimientos en educación en valores.
• El desarrollo de jornadas de formación en liderazgo educativo basado en valores, para fortalecer la gestión y práctica educativa.
• La realización de seminarios para la promoción de valores destinados a familias, fortaleciendo los hogares.

Valores y acciones cuestionables

Varios de sus miembros tienen críticas y cuestionamientos en su accionar lejos de los valores que buscan promulgar. Un ejemplo de ellos es el nepotismo, ya que una de los 26 miembros de la mesa es María Fernanda Crespo Cordovez, hermana de la actual ministra de Educación, Alegría Crespo. Fernanda Crespo fue subsecretaria de fundamentos educativos en el período de Monserrat Creamer.

Creamer, que también es miembro de la MNEV, tuvo cuestionamientos por la forma en que manejó la política en educación durante la pandemia. En junio de 2020, su viceministro de Gestión Educativa, Vinicio Baquero, renunció al cargo debido al recorte presupuestal de USD 900 millones en educación. Este deficit trajo como consecuencias el despido de maestros y la falta de pago de salarios.

Durante el período de Creamer se hizo insostenible mantener programas como el Bachillerato Internacional (BI), los alumnos recibían clases en bachillerato internacional, pero no recibían el diploma que los acreditaba en esa rama de estudio. También se suspendieron el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi) y parte del EBJA (Educación Básica de Jóvenes y Adultos).

Otro miembro controvertido es el exministro de Educación durante los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Lucio Gutiérrez, Roberto Passailaigue. Fue presidente de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, tras el año en el cargo no se pagaban las deudas a los jubilados de la Universidad.

En diciembre de 2020, los afectados realizaron una protesta para pedirle que cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional de 2013 y la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de 2019 que ordenaba «el pago de los valores pendientes de aquellos jubilados cuyo derecho ha sido reconocido por este tribunal».

https://www.expreso.ec/guayaquil/jubilados-universidad-exigen-pago-jubilacion-complementaria-95447.html

Passailaigue renunció a ese cargo en marzo de 2021, cuestionado también por la importación de un vehículo con la ayuda y los beneficios de su carnet de discapacidad. Durante una reunión de la Comisión de Salud en julio de 2020 dijo que no compró el carnet y presentó las pruebas legales de una discapacidad auditiva del 30%. (MIB)

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El oficio fue emitido el 11 de abril por la CAMICON, y en base a un artículo periodístico de diario El Universo, hizo énfasis en los 43 contratos de la EPMMOP ejecutado por la actual administración desde octubre del 2021 para el asfaltado de vías. El monto total de los acuerdos sumuarían USD 47.2 millones.

Según el reporte del medio de comunicación, USD 23.7 millones fueron destinados a 17 contratos de grupos que comparten negocios en varios consorcios, tienen vínculos laborales. Incluso, se detectó que en cuatro convocatorias participaron concursantes con este tipo de relaciones.

Otro caso…

El 10 de abril, Contraloría General del Estado (CGE) informó que siete concejales de Quito, entre 2017 y 2022, cometieron el delito de nepotismo. De acuerdo a la autoridad, los familiares de los servidores habrían recibido sueldos entre USD 800 y USD 3 mil.

El documento publicado por la CGE detalla que primos, hijos y hasta cuñados ingresaron a trabajar al Municipio de Quito cuando los concejales Orlando Ordóñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno estaban en funciones.

¿Cómo entraron?

La entidad de control mencionó que los implicados para poder ingresar al Municipio aseguraron que no incurrieron en el delito de nepotismo ni en las inhabilidades que dicta la Constitución del Ecuador.

Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Servicio Público (LOSEP), menciona que toda autoridad nominadora no puede posesionar, nombrar, designar o contratar en la misma entidad o institución (…) a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La defensa de algunos de los implicados

Sandoval y Moreno enfatizaron que no cometieron este delito porque no tenían ninguna relación administrativa y no son competencias de los miembros del Concejo, de acuerdo a lo expuesto por el medio citado.

La primera implicada señaló que desconocía la publicación del informe y repitió que en su “calidad de concejal nunca fue una entidad nominadora”.

Mientras tanto, Morales comentó que no tuvo ninguna participación en la contratación de sus familiares, pues esa responsabilidad no era de su competencia.

“Contraloría nunca me solicitó ningún documento al respecto y tampoco tengo alguna sanción por eso”, dijo.

La respuesta del Municipio

Respecto a este caso, el alcalde Guarderas manifestó que “de acuerdo con la Ley, todo funcionario al momento que ingresa al servicio público tiene la obligación de hacer una declaración juramentada, en donde expresamente determina que no ha incurrido en ningún tipo de nepotismo”.

Además dijo, que el hecho de que falte un mes para concluir su periodo, no significa que no se puedan establecer las sanciones que pueden llegar a la destitución, y si eso sucede le impediría ejercer cargos públicos por dos años.

Agregó que “habría que determinar si hay dolo o no. Puedo hablar por mí, si yo conozco que hay una prohibición de nepotismo en ningún caso me ha pasado por la mente contratar a un familiar, un cuñado o alguien que tenga relación de parentesco, es preferible trabajar con terceras personas, técnicas como lo hemos hecho en nuestra administración”. (A.G.M).

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El documento publicado por la CGE detalla que primos, hijos y hasta cuñados ingresaron a trabajar al Municipio de Quito cuando los concejales Orlando Ordóñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno estaban en funciones.

Según la Contraloría, los implicados habrían metido a más de un familiar para que trabajen en calidad de «servidor municipal».

Es el caso de Fernando Morales, que mantuvo a dos de sus primos trabajando en la institución municipal entre noviembre de 2019 y enero de 2022, detalla Primicias.

Además el informe detalla que el hijo de la exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Benítez, Juan Dávalos, trabajó en el despacho del concejal Luis Reina con un salario de USD 3 mil entre 2017 y 2018.

¿Cómo entraron?

La entidad de control mencionó que los implicados para poder ingresar al Municipio aseguraron que no incurrieron en el delito de nepotismo ni en las inhabilidades que dicta la Constitución del Ecuador.

Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Servicio Público (LOSEP), menciona que toda autoridad nominadora no puede posesionar, nombrar, designar o contratar en la misma entidad o institución (…) a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La defensa de algunos de los implicadas

Sandoval y Moreno enfatizaron que no cometieron este delito porque no tenían ninguna relación administrativa y no son competencias de los miembros del Concejo, de acuerdo a lo expuesto por el medio citado.

La primera implicada señaló que desconocía la publicación del informe y repitió que en su «calidad de concejal nunca fue una entidad nominadora».

Mientras tanto, Morales comentó que no tuvo ninguna participación en la contratación de sus familiares, pues esa responsabilidad no era de su competencia.

«Contraloría nunca me solicitó ningún documento al respecto y tampoco tengo alguna sanción por eso», dijo. (N.J.C)

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“Por motivos personales, que exigen mi presencia y dedicación, presento a usted mi renuncia como ministro de Inclusión Económica y Social. No sin antes, reiterar mi agradecimiento porque nada de lo logrado hubiese sido posible sin su apoyo, convicción y entereza”, escribió.

Granda, que ocupó el cargo desde octubre de 2019, insistió en su agradecimiento a Moreno. “Por la confianza depositada y por la suerte de haberme permitido recorrer cada rincón de mi país, trabajar cada día para cumplir mi sueño de apoyar a los más necesitados, luchar por la defensa de los derechos humanos y su llevar su encargo con honor y decencia”, esgrimió.

Granda en helicóptero

Antes del Ministerio de Inclusión, Iván Granda era secretario de Anticorrupción. En julio de 2019, durante un feriado utilizó un helicóptero de la Policía para ir a Casablanca con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hecho que admitió en una entrevista.

“Por motivos de seguridad. Yo tenía una persona en seguridad, Paula tenía dos. Las dos personas con mayor riesgo de seguridad en este país, yo después de Diana Salazar (fiscal general del Estado), Paula tiene mayor (riesgo) que Salazar. Teníamos una cápsula de seguridad reducida porque la otra cápsula de seguridad se fue ya el viernes (1 de marzo) porque teníamos planificado nuestro feriado en Atacames, en Casablanca”, justificó.

Cuando le preguntaron porque no alquiló una avioneta, Granda respondió “Porque no tenemos plata. Nosotros no somos Correa”.

Familiares en el Gobierno

Yathcia Molina Coronel, su madre ejerce el cargo de consejera en México. La lista de remuneraciones por funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que percibe un salario de USD 4.902.

El 30 de junio pasado, el subdirector nacional de la Unidad Popular, Sebastián Cevallos denunció un caso de nepotismo en la función pública con relación a los familiares del ministro. Además de su madre, aparece Joseph Gabriel Molina, primo del ministro que trabaja como Gerente Administrativo en el Banco de Desarrollo del Ecuador con un sueldo de USD 3.247.

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Cónyuges en los consulados

Según la información en el apartado de transparencia en la página web de la Cancillería (cuya información de 2020 ya no consta). Jorge Muñoz Vargas se desempeña como tercer secretario de la Oficina Consular en Queens y gana USD 1.412 al mes. Además de USD 3.925 de ingresos por ajuste de costo de vida en el exterior.

Su esposa Annabel Pin es segunda secretaria cónsul en el Consulado de Ecuador en Nueva York (Manhattan). Ella gana USD 1.676 y USD 4.659 de ingresos adicionales. La distancia entre Manhattan y Queens es 15 minutos en tren. El mismo caso es el de Daniela Cabrera y Carlos Vásconez.

Por otro lado Hugo Oña que también es segundo secretario cónsul en Manhattan, tiene a su esposa Lilian Arias como analista en el Consulado del Ecuador en Nueva Jersey con un sueldo de USD 1.212  con ingresos adicionales de USD 3.369. La distancia que separa a los esposos es de 45 minutos.

Funcionarios recomendados

La Coordinadora también refirió los nombres de Maritza Mora, Edwin Quito, Mary Verduga y Carlos Pozo, funcionarios recomendados por la asambleísta morenista Ximena Peña.

Mora es primer secretaria del Servicio Exterior en la Agencia Consular de Queens con un sueldo de USD 1.760 e ingresos adicionales de USD 4.892. Quito es tercer secretario en el Consulado de Nueva Jersey y gana USD 1.412 más USD 3.925. Verduga es segunda secretaria cónsul en Los Ángeles con un salario de USD 1.676 e ingresos adicionales de USD 4.659. Pozo ocupa el mismo cargo en el Consulado de Phoenix con el mismo salario.

Al ser becas familiares y recomendaciones, los funcionarios no tienen carrera en la diplomacia. Durante mayo y junio, el presidente Moreno ordenó el retorno de varios funcionarios en el exterior, sin embargo, la mayoría eran de carrera y no de cuota política.

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