Según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la resolución ministerial que adjudica el campo al consorcio Sinopetrol (integrado por Sinopec y NSE), sigue vigente. Esto permitiría al Ejecutivo firmar el contrato en cualquier momento, lo que ha generado críticas de legisladores opositores, quienes exigen su derogación inmediata.

Incumplimiento de plazos y contradicciones

El presidente Daniel Noboa había fijado como plazo límite el 11 de marzo para el pago de una prima de USD 1.500 millones, requisito no cumplido por el consorcio. Sin embargo, NSE anunció que logró recaudar USD 120 millones –mediante la venta de acciones– como parte del financiamiento, mientras que Shell aportaría los USD 480 millones restantes.

Analistas de HFI Research, señalan que el acuerdo no está descartado, pese al incumplimiento del plazo. La fecha oficial de cierre sigue siendo el 16 de abril, dos días después de la segunda vuelta electoral. Si Noboa gana, el contrato podría concretarse; de lo contrario, el financiamiento se cancelaría.

Crisis política y judicial

La bancada de la Revolución Ciudadana, acusó al gobierno de opacidad y prepara un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, por no comparecer ante la Asamblea para explicar el caso. Paralelamente, el abogado Washington Andrade, representante de trabajadores petroleros, denunció persecución judicial contra quienes se oponen a la concesión, asegurando que el gobierno utiliza denuncias falsas para intimidar a los críticos.

Mientras el Ministerio de Energía insiste en que «no hay nada más que discutir», el mercado petrolero y los inversionistas permanecen en vilo, a la espera de los resultados electorales y una definición legal sobre el futuro del Campo Sacha.

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El 25 de diciembre se cumple el plazo de 30 días de la notificación de controversia que presentó Petrolia al Ministerio de Energía. En esta petición, la empresa busca la ampliación y migración del contrato firmado, que finaliza este 31 de diciembre. Según el representante de la empresa Héctor Paz y Miño, esta posibilidad se estipula en el contrato inicial.

El Gobierno comentó que cuando la canadiense compró los derechos de operación a Repsol, debía comprobar experiencia, solvencia técnica y financiamiento. Estos como requisitos para hacerse cargo de los bloques petroleros y hasta el momento no ha demostrado.

Petición para ampliar el contrato

Petrolia solicitó al Ministerio de Energía y Minas la designación de un Comité de Negociaciones para presentar su propuesta de ampliación. Sin embargo, la cartera de Estado no conformó el comité y no dio paso a las negociaciones.

Por el contrario, Energía informó que la estatal Petroecuador será la que opere estos bloques desde el 1 de enero de 2023. Después de cuatro décadas, finalmente, estos bloques pasarán a manos del Estado. Estos pozos estuvieron a cargo de empresas privadas desde 1990, primero por la petrolera española Repsol y luego por Petrolia.

Con esta decisión, el experto petrolero Miguel Robalino comentó para Expreso que es necesario exigir al Gobierno que mantenga la producción petrolera de 15 mil barriles diarios y envíe el proceso de licitación.

Negativa en la petición para ampliar el contrato

El 11 de diciembre, el ministro Fernando Santos, señaló que un oficio firmado por el Ministerio no basta para concretar la autorización. Para obtener los permisos, la cartera de Estado debe llegar a un acuerdo ministerial con la petrolera, un hecho que no ha ocurrido, según el titular.

Como repuesta, Petrolia enfatizó que el ministro Santos desconoce las cláusulas contractuales al señalar que “la contratista no tiene derecho a la ampliación de los contratos”. En este sentido, aclararon que tanto las cláusulas de los contratos como la Ley de Hidrocarburos los amparan. Estos documentos indican que tienen derecho a la extensión de plazos en los contratos, incluso, pueden migrar a la modalidad de participación. (N.J.C)

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La empresa canadiense asegura que  la aprobación la extendió el Ministerio de Energía mediante un oficio y un pronunciamiento de la Procuraduría que lo avala. Por el contrario, el ministro Santos señaló que un oficio no basta para concretar la autorización. Para obtener los permisos, la cartera de Estado debe llegar a un acuerdo ministerial con la petrolera, un hecho que no ha ocurrido, según el titular.

Como respuesta, la canadiense manifestó que al no encontrarse habilitada legalmente, no hubiesen tenido derecho a la tarifa por cada barril producido. Ya que, como lo afirma el Ministerio, el pago se efectúa en base al servicio de contratos vigente.

El derecho a la ampliación de contratos

“¿Sabe el Ministro que los dueños y mayores accionistas de las principales petroleras del Ecuador son fondos de inversión, de pensiones o individuos sin ninguna experiencia petrolera?”, resaltó la empresa en un comunicado.

Agregaron que el ministro Santos desonoce las clausulas contractuales al señalar que “la contratista no tiene derecho a la ampliación de los contratos”. En este sentido, aclaran que tanto las claúsulas de los contratos como la Ley de Hidrocarburos los amparan. Estos documentos indican que tienen derecho a la extensión de plazos en los contratos, incluso, pueden migrar a la modalidad de participación.

Los contratos de los bloques 16 y 67 con la empresa canadiense vencerán el 31 de diciembre del 2022, aunque su intención es extenderlo 15 o 20 años más. Pese a las negativas del Ministerio de Energía, están dispuestos a llegar a un arbitraje internacional. (A.G.M).

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En noviembre de 2021, Repsol Ecuador anunció la venta de sus acciones en estos dos campos petroleros (35 %) a la canadiense New Stratus Energy para diciembre de 2021. El Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado autorizaron la transacción.

Según Primicias, el único cambio en este convenio será el nombre de la operadora: de Repsol a NSE. “La estructura operativa, técnica y financiera seguirá siendo la misma”, dijo José Francisco Arata, CEO de New Stratus Energy.

PLANES A FUTURO

Para diciembre de 2022, “NSE pedirá la ampliación del contrato que permitirá realizar nuevas inversiones y presentar un actual plan de desarrollo para incrementar la producción de crudo”, reseñó el medio.

El reciente plan de desarrollo contempla una inversión de USD 200 millones para perforar 30 nuevos pozos entre finales de 2022 y todo el 2023. Según la misma petrolera, el respaldo vendrá del banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs y otras tres entidades financieras canadienses. Las inversiones se realizarían también con la condición de cambiar el actual contrato de servicios específicos a un contrato de participación.

En entrevista para El Comercio, Arata mencionó que la producción de los dos bloques es actualmente de 15.500 barriles diarios y el objetivo es por lo menos 22 mil barriles inicialmente. “Pensamos que en los próximos 15 años se podrán recuperar unos 115 millones de barriles de reservas adicionales y eso va a transformarse en un beneficio directo para la nación de alrededor USD 1.800 millones”, acotó.

El objetivo no es solo incrementar la producción de los bloques 16 y 67, sino usar a la operadora como una plataforma para crecer en el país, finalizó el CEO de NSE.

SOBRE NEW STRATUS ENERGY

La empresa petrolera New Stratus Energy es una firma canadiense que se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos petroleros en Sudamérica. En octubre de 2020 solicitó comprar los activos de Repsol en Ecuador para funcionar en los bloques 16 y 67. Sin embargo, según Primicias, NSE no estaría en condiciones financieras para prestar el servicio.

Por aquel entonces, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado negaron la autorización de la transacción. NSE no contaba con la capacidad técnica (igual o mayor) para operar los bloques y activos que buscaba adquirir.

“No pocas son las voces que dicen que la canadiense no tiene el capital y la espalda financiera para encarar los costos de operación de los bloques” escribió Primicias sobre la NSE, compañía relativamente nueva y desconocida.

El mismo Arata reconoció que NSE no tiene experiencia operativa en Ecuador. Señaló que cuenta con operaciones en Colombia, pero en cuanto a conocimiento y experiencia, “su equipo ejecutivo y técnico es sobresaliente”.

Primicias reportó que Deloitte Canadá realizó una auditoria a los estados financieros de NSE con corte a marzo de 2020. Los resultados arrojaron que la empresa incurrió en una pérdida neta de USD 1.2 millones entre marzo de 2019 y marzo de 2020. También se determinó un déficit empresarial que excedió sus activos totales en USD 14 millones.

“Existe una incertidumbre material que puede arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha”, reza una de las conclusiones recogidas por el medio digital.

¿CÓMO SE FINANCIA NSE?

Esta es una empresa de capital abierto que cotiza en la bolsa de Toronto. Esto significa que tiene apertura para captar nuevos capitales cuando sea necesario. Además, cuenta con buenas relaciones con grandes bancos de inversión que otorgan préstamos cuando existe un proyecto con rentabilidad atractiva, lo que convierte a NSE en una firma sin limitaciones para financiar sus actividades.

JOSÉ FRANCISCO ARATA, EL HOMBRE DETRÁS DE NSE Y EL PASADO DE PACIFIC RUBIALES

Según Primicias y el portal Rutas del Conflicto, José Francisco Arata es geólogo de la empresa Maraven, una filial de la venezolana estatal PDVSA, empresa con experiencia en la explotación de crudo pesado. Actualmente es presidente y director ejecutivo de NSE ante Pacific Rubiales.

En 2007, en Colombia apareció el gigante petrolero Pacific Rubiales. Operó en los campos petroleros más grandes del país cafetero. Pautó en varios medios de comunicación y patrocinó a selección de fútbol colombiana. La empresa generó millonarias ganancias por la extracción del crudo.

En 2004, cuatro empresarios, entre ellos Arata (quien laboraba en PDVSA), compraron la empresa familiar Pacific Ventures, una empresa que cambió de nombre varias veces. Finalmente quedó como Pacific Stratus Energy en 2005.

Entre 2007 y 2008 se conformó Pacific Rubiales como una firma canadiense, pero de ello no tenía nada. Por otro lado, su capital era estadounidense, mexicano, brasileño, venezolano y colombiano. Sin embargo, sus acciones se tranzaban en la bolsa de valores de Toronto.

En 2013, Pacific empezó a caer. ONGs e investigadores informaron sobre los malos manejos que acabaron con la empresa, pero sus directivos seguían volviéndose más ricos. En 2015 los cuatro empresarios fueron demandados por inversionistas en Colombia y Pacific perdió su derecho a explotar crudo en el sector Rubiales.

Los directivos de Pacific simplemente fueron a otras empresas petroleras donde también eran y son directivos.

Finalmente, el pasado petrolero de Arata y demás empresarios dejó en los poblados de los sectores petroleros pobreza y daños ambientales, según Rutas del Conflicto.

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