Según el comunicado emitido por ADN, la bancada asegura que no permitirá que la Asamblea Nacional sea «cómplice de la impunidad y la corrupción». La solicitud de juicio político se basa en los chats revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se evidenciaría que los exconsejeros habrían actuado bajo intereses políticos en la designación de autoridades de control, como la Superintendencia de Bancos.

«Los chats del exconsejero Augusto Verduga muestran un claro contubernio que sometió a la República del Ecuador a un impresentable show político, afectando gravemente la institucionalidad del Estado», señaló la bancada en su comunicado.

Contexto

La investigación de Fiscalía inició en enero del 2025 con el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, en Quito, en donde una fiscal decomisó a la fuerza el celular de Verduga. A vísperas de las Elecciones 2025, el oficialismo sumó una denuncia al órgano judicial por la misma causa y emprendió acciones de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón.

“Hay pruebas contundentes de que han falsificado evidencias para incriminarme. Muchos de los chats que presentan son montajes descarados”, señaló el exconsejero Augusto Verduga ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VerdugaAugusto/status/1902888023114780934

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La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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La entidad, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó al magistrado la prohibición de salida del país y la presentación periódica para los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la consejera Nicole Bonifaz. Para el exvocal Eduardo Franco Loor, quien se conectó a la audiencia desde un centro médico, pidió arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

Según la Fiscalía, los procesados habrían intentado controlar los poderes del Estado desde el Cpccs, favoreciendo a un movimiento político. Durante la audiencia, celebrada el 15 de marzo en Quito, el juez acogió parcialmente las solicitudes de la Fiscalía, dictando la medida de prohibición de salida del país para los cuatro implicados.

Detalles de la audiencia

Los exfuncionarios participaron en la audiencia de manera telemática. Eduardo Franco Loor compareció desde una casa de salud en Guayaquil, donde se lo observó en una camilla y vistiendo una bata médica. Franco Loor permanece bajo custodia policial luego de que Estados Unidos le negara el ingreso al país, según su defensa, por motivos ajenos a su conocimiento.

Todos enfrentan cargos por supuesta asociación ilícita, usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La investigación se originó tras una denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald respecto a su nombramiento.

El caso «Ligados» se remonta a enero de 2024, cuando Verduga, Franco Loor y Saltos fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción grave. Durante los allanamientos realizados en enero, Fiscalía decomisó el teléfono de Verduga, lo que generó controversia. Verduga, a través de sus redes sociales, denunció que se estaría planeando un nuevo intento de persecución en su contra.

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Hasta el momento han sido removidos tres presidentes de órganos colegiados en dos funciones del Estado ecuatoriano. A través del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo (COA), en febrero de 2022 Hernán Ulloa, que ascendió como consejero suplente, removió a la entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida. Luego, en abril de 2024, el consejero Andrés Fantoni replicó la misma estrategia para remover a Nicole Bonifaz de la presidencia. Y, esta semana, con tres de cinco votos a favor, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió quitarle a Fernando Muñoz sus atribuciones como máxima autoridad administrativa y representación legal, judicial y extrajudicial del órgano encargado de velar por la justicia electoral en el país.

El denominador común en estos tres casos es la aplicación del COA como norma suplementaria, a pesar de la existencia de norma especializada para cada Entidad y Función del Estado. De acuerdo con los artículos 65 y 67 del Código de la Democracia, para el caso del TCE, son atribuciones del presidente convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como de presidirlas. Sin embargo, el pasado lunes 12 de agosto, los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega se autoconvocaron a una sesión extraordinaria para revisar las faltas administrativas de Muñoz y, finalmente, removerlo de la presidencia.

El juez y expresidente del TCE calificó a esta acción como un “asalto al poder electoral” y una ilegalidad cometida en favor de intereses políticos que estarían detrás del control de la Función Electoral, por lo que habría iniciado un proceso de denuncia contra los tres jueces por usurpación de funciones. Lo mismo hizo Bonifaz en julio pasado, pero el Consejo de la Judicatura resolvió negarle la acción de protección y Fantoni sigue en el poder del CPCCS designando autoridades que sí son del agrado de Noboa. Ahora, resolver la ilegalidad cometida por Fantoni, Calvache, Guarderas y Verdezoto estaría en manos del Legislativo.

Según el ahora extitular del TCE esta ilegalidad tiene su origen en la aplicación irregular del COA que, además, desestabiliza la institucionalidad del Tribunal. Por un lado, porque la sesión de Pleno no fue realizada legítimamente; por otro lado, porque su nombramiento como presidente fue consensuado por los cinco miembros principales del organismo para un periodo de tres años. Y, finalmente, porque su posible destitución le correspondería a la Asamblea Nacional y Contraloría General que, hasta el momento, no se han pronunciado.

Según el abogado constitucionalista Esteban Ron Pérez, la aplicación del COA es legítima cuando las normas específicas no indican cómo proceder en estas situaciones no previstas. Para el experto electoral Daniel González, esta legitimidad también deberá ser corroborada con las pruebas que presenten los tres jueces del TCE demandados como, por ejemplo, si la sesión extraordinaria del 12 de agosto fue convocada por Ivonne Coloma en su facultad de presidenta subrogante, si es que Muñoz, en efecto, solicitó permiso con cargo a vacaciones para esa fecha y su ausencia temporal le otorgue esa atribución a Coloma. Caso contrario, lo que se esté resolviendo en las sesiones jurisdiccionales del Pleno del Tribunal, a partir del lunes pasado, podrían nulitarse y afectar los procesos legales.

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Pero, allá de las cuestiones de forma que aún no están claras, lo que ha despertado interrogantes sobre estos cambios repentinos en el TCE es el aparente interés que tendría el presidente Daniel Noboa en que Verónica Abad sea inhabilitada de sus derechos políticos para evitar, así, que ocupe la presidencia durante su campaña electoral. Otra coincidencia que inquieta es que el actual consejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas está detrás de la denuncia en contra de la vicepresidenta de la República y, al mismo tiempo, que esté presionando en apresurar el concurso de renovación TOTAL de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, por cierto, va en contra de lo establecido en los reglamentos.

El papel del CPCCS es crucial para este periodo, pues es el organismo encargado de llevar a cabo los procesos de designación de las autoridades de la Función Electoral y otras funciones. Pero, particularmente, es apremiante que se designen a los nuevos jueces del TCE y nuevos vocales del CNE antes de los comicios de febrero de 2025. Tal parece que los pactos políticos en estas entidades están resultando eficaces para mover las fichas políticas. Sin los debidos procesos, y a vista y paciencia del Ejecutivo, las autodenominadas mayorías del CPCCS y TCE se han tomado a la fuerza el control para hacer y deshacer, incluso con lo establecido en la Constitución, con tal de lograr los objetivos del gobierno de turno.

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La consejera denunció que le impidieron ingresar a la reunión telemática para la elección de la nueva autoridad que reemplazará a Álvaro Román en el Consejo de la Judicatura (CJ). Bonifaz declaró que estuvo en la sala de espera y que luego la expulsaron, en un segundo intento por ingresar a la reunión tampoco tuvo éxito.

Ante este problema solicitó a la consejera Yadira Saltos que informe a los demás consejeros lo ocurrido, sin embargo, cuando admitieron su acceso la votación ya estaba cerrada.

»Mi voto iba a ser en abstención, muy aparte de cualquier criterio que tenga sobre la candidata Martínez, pero no se tuvo el tiempo necesario para revisar los planes de trabajo», detalló la funcionaria.

¿Un boicot?

Al ingresar a la sesión la consejera Bonifaz pidió que se tome en cuenta su votación y de lejos se escuchó la voz de la consejera Mishelle Calvache, quien dijo que »no hay que permitirle sino Fantoni (presidente del Cpccs) estaría perdido». La evidencia quedó registrada en el minuto 17:16 de la sesión extraordinaria n° 14.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió la comparecencia de los funcionarios implicados. El titular del Cpccs argumentó que hubo un montaje ya que Calvache habría tenido el micrófono apagado, un perito expuesto por la asambleísta Pamela Aguirre desmintió esta afirmación.

Por otro lado, Fantoni negó conocer el parentesco que tendría Martínez con la exministra de Gobierno, María Paula Romo y anunció que permitirá la reconsideración de la votación. (AGM).

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La legisladora señaló que desde su despacho solicitó el flujo migratorio de Bonifaz y detectó presuntas irregularidades. Además, señaló que la funcionaria ha presidido dos sesiones del Cpccs fuera del país sin delegación.

»El artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana dice que la sede matriz es Quito y que con delegación se podrá sesionar dentro de las provincias o fuera del país con la coordinación de los Consulados y las Cancillerías», citó la parlamentaria.

Las evidencias serán entregadas en Contraloría para que tomen las medidas necesarias. Por su parte, resaltó que desde su rol fiscalizador se analizará un eventual juicio político si es necesario.

Los buenos paseos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) hizo un llamado a las instituciones de control para que tomen acciones ante las denuncias que exponen que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y a la titular del Cpccs, Nicole Bonifaz, habrían utilizado recursos públicos »para hacer turismo» con el pretexto de cumplir labores técnicas.

»Este es el caso de la máxima autoridad del CNE que pretenderá blindarse gracias al «periodo electoral» y de quien preside el CPCCS, una institución del Estado que simula representar a la sociedad», dicta el comunicado. (AGM).

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