La provincia con más personas en este rango de edad que están unidas es Guayas con 1.447, sigue Manabí con 734, Los Ríos con 516, Pichincha con 495, Esmeraldas con 311, Santo Domingo con 210, El Oro con 195; Azuay con 146; Morona Santiago, 136; Santa Elena 123; Cotopaxi, 133; Orellana con 108; Chimborazo, 93; Loja con 82; Napo con 79; Sucumbíos, 77; Imbabura y Tunguarahua con 72; Bolívar y Pastaza,52; Cañar con 44; Zamora Chinchipe, 36, Carchi con 22 y Galápagos,2.

Cifras a fondo

Las cifras se juntan al informe que Plan International, UNICEF y UNFPA realizaron en octubre del 2023 explicando las causas que llevan a niñas, niños y adolescentes a sufrir matrimonios o uniones de hecho. Incluso al saber que la relación entre mayor de edad y un o una menor es un delito. A pesar que en el Ecuador, esta práctica está prohibida, aún continúa y la sociedad la ha normalizado. ​De acuerdo con datos del registro de nacimientos del INEC, en 1 de cada 5 nacimientos registrados por parte de madres adolescentes, ellas se encontraban en unión libre, de hecho o casadas.

Cerca del 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada. Entre los factores están los ingresos económicos y la educación. Las niñas, niños y adolescentes que tienen más acceso a educación y estabilidad económica tienen mayores posibilidades de no casarse o llevar una unión de hecho. Según el informe, en Manabí, el 36,7% de las madres de entre 10 y 17 años se casaron a unieron. En Esmeraldas y Guayas, 1 de cada 4 madres menores de 18 años declaró estar casada o unida, en Sucumbíos un 17,3% y en Chimborazo menos del 10%.​ Algo que concuerda con las cifras del Censo 2022.

Violación de derechos

Según la UNICEF, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos en adolescentes. 

Si bien en Ecuador hay niños que sufren de esta práctica ilegal, las niñas son mucho más vulnerables ya que en estos casos acarrean embarazo o violencia sexual. «Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”, dice el representante de UNFPA en Ecuador, Markus Behrend.

¿Qué debe hacer el Estado?

El cambio debe ser radical y enfocarse en las políticas públicas. «Un trabajo multisectorial que modifique normas sociales, actitudes y prácticas que promueven las uniones tempranas, infantiles y forzadas». Aplicar la ley y controlar que no siga cometiendo este delito.

Todos los ámbitos del Estado deben brinda un enfoque integral dirigido a niñas y adolescentes para propiciar el empoderamiento, también trabajar de la mano con los niños y adolescentes hombres, padres y madres, y líderes y lideresas comunitarias para construir espacios seguros y solidarios.

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Las menores de edad intentaban cruzar la calle ubicada en el sector del Hospital de Yaruquí, cuando el conductor del vehículo las embistió. Las niñas estaban vestidas con el uniforme de una unidad educativa de Tumbaco al momento del accidente de tránsito.

Afortunadamente, las estudiantes sobrevivieron al siniestro y fueron trasladadas a la casa de salud de la localidad. Las víctimas ya se encuentran estables y una persona fue detenida.

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Cuando yo era más chica que un árbol de manzano, solía contemplar en mi cuarto mi cuerpo desnudo. Era una niña que pasaba horas mirándose en el viejo espejo ovalado de cerezo de mis abuelos. Miraba con desconcierto la aureola rosada de mis tetillas, mis lánguidas piernas que se abrían al mundo, mi pequeño sexo pulposo como un mango verde.

Y en lugar de celebrar la vida al celebrar mi cuerpo, lloraba. Le decía a mi madre que no quería ser niña, que no me gustaba serlo. Y soñaba como en el Orlando de Virginia Woolf cambiarme de sexo cuando sea mayor. No era que despreciara mi cuerpo sino que me parecía una sentencia de muerte ser mujer. Observaba por todos lados que las mujeres tenían propietarios: sus maridos, a los que tenían que pedir permiso para todo. Muchos de ellos eran violentos, pero a la gente eso le parecía normal, incluso necesario para algunos: una manera de poner orden en casa, de enseñar quién es el que manda, el jefe del hogar.

Algunos lo justificaban, decían por ejemplo: en peleas de marido y mujer nadie se debe meter y por esa vía muchas mujeres surcaban la calle de los martirios. A la que se quejaba de los malos tratos maritales, las abuelas aconsejaban callar porque “los trapos sucios se lavan dentro de casa” y aplaudían a las sumisas que sellaban su boca como un ataúd, porque “calladitas se ven más bonitas”.

Todos los atributos con que la sociedad patriarcal trataba de glorificar a la mujer me parecían desdeñables, la “sacrificada madre” que vivía frustrada e impotente al negar su realización personal; “la abnegada y fiel esposa” silenciosamente enferma de un rencor virulento que hervía en su interior; “la espiritual damita” que soñaba darse un revolcón con sexo duro y puro; el “ángel del hogar” que planeaba ínfimas y sutiles venganzas alrededor de la mesa; “la reina de la casa” sometida a la voluntad imperial de su marido; en lugar de eso, yo quería viajar, ser libre, decir y hacer lo que se me antojara y me viniera en gana, sin seguir recetas ni el manual de instrucciones escrito para convertirme en una señorita “virtuosa” (o sea sumisa, paciente y obediente) y en ser “bien mujercita”, que consistía en saber planchar, lavar, cocinar.

El mecanismo como se movía el mundo no me convencía. Veía con rencor cómo mis hermanos podían salir por las noches, jugar al aire libre, treparse a los árboles y andar con quien les diera la gana, pero yo no podía hacerlo porque era mujer y ser mujer tenía ciertos candados y preceptos que las niñas buenas debían seguir religiosamente para alcanzar el cielo de la aprobación social. Y a mí me parecían más interesantes y divertidas las malas.

Me sepultaba en libros con el fin de convencerme de que vivía mil vidas y que era tan libre que podía ser monja, prostituta, travesti, loca, cualquier cosa que incendiara mi imaginación. Con el paso del tiempo, la vida me llevó por muchos desengaños y aciertos, pero me demostró que no andaba del todo equivocada en mi percepción de que había nacido en el lado vulnerable de la historia en el que había que gritar, esforzarse mucho, escandalizar y pelear con dientes y uñas para conseguir las migajas de una igualdad que aún es esquiva para nosotras.

En este mundo tan ancho y ajeno en que existen tantas desigualdades e injusticias, en que ser mujer consiste en algunas partes en soportar la ablación de sus genitales, ser asesinada en femicidios horrendos, violada, mutilada de brazos o piernas o soportar que el ácido desfigure tu rostro, sin obviar el asesinato diario de la psiquis. Que los celos de un hombre pueden ser tan espantosos que te destrozan la vida para siempre y algunos incluso se creen dueños del cuerpo y alma de sus mujeres y justifican a viva voz sus crímenes:

“Si no es mía, no es de nadie”, o lo refrendan hasta en la música que entra por los sentidos, basta escuchar la letra de la canción El preso número 9: “La maté sí señor y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar”, porque muchos están convencidos de que los asesinatos de género, mal llamados “crímenes pasionales”, son disculpables porque son humanos (me viene a la mente la terrible frase del general de Policía Patricio Carrillo justificando el asesinato que hizo el teniente feminicida Germán Cáceres contra su esposa María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía de Quito en donde era instructor) como si se presumiera que hay ciertos casos en que los crímenes contra las mujeres tienen cierta explicación y hasta justificación.

Incluso en este bárbaro femicidio que conmocionó a todo el Ecuador, la víctima asesinada dentro del recinto policial a donde había ido a visitar a su marido, con desgarradores gritos pedía auxilio al ser masacrada por él; pero ningún policía se movió a socorrerla ante la orden de un superior quien argumentó que en peleas de marido y mujer nadie se debía meter…

Laura Nuño en su ensayo Violencia y Deshumanización dice que la violencia de género es la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo. Cada año entre millón y medio y tres millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la misma. Naciones Unidas estima que siete de cada diez mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de su experiencia biográfica. Y, entre aquellas con edades comprendidas entre los 15 y 44 años, la violencia de género causa más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y los conflictos armados.

Podría afirmar sin temor a exagerar que la violencia patriarcal es el peor terrorismo que azota la faz de la tierra dirigido contra la mitad de la humanidad solo por el hecho de ser mujeres, al lado de sus descomunales cifras los crímenes de Al Qaeda, el Estado Islámico, la guerra en Ucrania quedan cortos.

Para las mujeres históricamente todo ha sido difícil y violento, empezando desde el parto donde todavía hay países en que muchas mujeres mueren solo por dar la vida. Sus luchas y revoluciones, sus demandas para poder estudiar y votar, sus exigencias de leyes en que puedan ser tratadas con la igualdad que exige todo ser humano. El camino ha sido arduo y complejo y aún lo continúa siendo, porque aunque cambien las legislaciones el imaginario colectivo sigue segregando los múltiples mitos, creencias y prejuicios que las colocan siempre en un plano de desigualdad e injusticias, siempre su liderazgo o intelecto bajo sospechas y con un techo de cristal cerniéndose sobre sus cabezas. Porque la más grave forma de violencia es la ideológica, la cultural, aquella que asumimos sin reflexionar, la que mamamos desde la cuna coloreando emocionalmente nuestra psiquis.

El mundo es un lugar muy violento y la violencia es una forma de control. Cada día amanecemos para enterarnos por las redes sociales cuántas víctimas inocentes del sicariato han muerto, a quiénes ha vacunado la delincuencia organizada, a cuál vecino han asaltado o secuestrado, cuántos crímenes han ocurrido en las cárceles que debería controlar el estado y no los delincuentes, y cómo el narcotráfico incrusta sus tentáculos en las fuerzas del orden y en la institucionalidad política.

Violencia ha habido siempre, porque violenta es la vida; pero la violencia organizada y delincuencial debe ser combatida y no asumida como parte de la historia ni explicada con el cliché de que estamos viviendo la Colombia de los años 80, sin querer reconocer que esta violencia tiene nombres y apellidos, auspiciadores que al no ejercer el poder y la autoridad que el pueblo les otorgó, han entregado el Ecuador a las manos de las mafias, en una situación insólita nunca vista en el país desde que se fundó como república. Estamos viviendo el peor momento de nuestra historia.

Y, también, es el peor momento para las mujeres. Porque nosotras que hemos vivido siempre en un estado de violencia solo por el hecho de ser mujer: violencia física con violaciones y asesinatos, psicológica, económica y social, tenemos que soportar doblemente este andamiaje criminal que está inflamado por una gran carga de misoginia y mensajes patriarcales de odio y desprecio.

Ecuador muestra cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. En el año 2022 en nuestro país se cometieron más de 332 femicidios, según cifras de la Asociación para el Desarrollo Alternativo (Aldea), la más feroz desde 2014 en que el feminicidio fue aprobado dentro de la legislación ecuatoriana. La víctima más joven tenía tres meses de edad y la mayor, 84 años.

Generalmente estos crímenes se dan por celos, por violación, raptos, secuestros y delincuencia en un ambiente de impunidad ante una creciente inseguridad y criminalidad en la que está sumido un desesperanzado Ecuador del 2023 con un gobierno que ha demostrado su gran incapacidad e ineficiencia para dirigir la cosa pública.

Los hechos criminales contra las mujeres son solo rentables para los medios de comunicación, ellos le sacarán partido con sus noticias sensacionalistas en donde nunca faltará el detalle escabroso del hecho violento. “Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que una se acostumbra”, decía Simone de Beauvoir.

Escribí alguna vez que Ecuador es un país en donde se asesina impunemente a sus mujeres, un país que permite que la negligencia y la falta de celeridad se regodee sobre las víctimas. Que no hace nada y cuando lo hace es con cuentagotas y siempre por presión ciudadana.

Que instituciones judiciales como la Fiscalía son muy ágiles y prontas para atender asuntos de persecución política y muy perezosas para hacer valer el derecho básico a la vida. Que cuando las víctimas reclaman las revictimizan, las avergüenzan, las hacen sentir culpables porque “ella fue la que lo provocó”.

¿Por qué salió sola a la calle? ¿Por qué se vistió de esa manera? ¿Por qué actuó así y no de otra forma? Ella misma se lo buscó. No era una chica “decente”.

Las mujeres deben justificarse, sentirse culpables, tener vergüenza, quedarse calladas. Porque la cultura que vivimos es patriarcal, machista, generadora de una violencia aberrante contra millones de mujeres. Porque nos niega el derecho a una vida de paz, de igualdad y de dignidad. Y lo peor, hay poco deseos de cambiarla.

Pero cómo cambiar esta violencia milenaria que ha resistido todos los embates. En países que tienen las mejores leyes a favor de la mujer sigue apareciendo este monstruo de mil cabezas. Todos sabemos que es más fácil y más rápido cambiar las leyes, redactar una constitución, hacer una revolución que cambiar la cultura, la idiosincrasia de los pueblos. Pero también sabemos que con persistencia, con una educación con perspectiva de género, con voluntad política y batalla continuada por las mismas actoras, se puede. La esclavitud humana duró muchos siglos, muchos grandes pensadores la defendían y sin embargo, después de arduas luchas, se eliminó.

Con la Constitución del 2008 que elaboramos en la Asamblea Constituyente logramos un paso fundamental en la participación política de las mujeres ecuatorianas, que antes tenía una mínima representación en los asuntos del Estado.

El artículo 65 de la Constitución ecuatoriana garantiza la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos, y el artículo 66 garantiza a las ecuatorianas el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, no es suficiente. Ya lo decía un meme: “Leyes hay, lo que no hay justicia.”

El gran problema que tenemos las mujeres es la persistencia en la azotea subterránea del imaginario colectivo de los múltiples mitos y creencias que tiene la cultura machista y a la que de manera persistente y continuada debemos de cuestionar.

Esto no se logra solo con leyes aunque son muy importantes; sino, deben ir en conjunto con la educación en la casa y en la escuela, pero no aquella supuestamente neutra que perpetúa el rosa y el azul; la muñeca para las niñas y la pistola para el varón; no con aquella que da cursos intensivos de seducción para las mujeres y de dominación para los hombres; sino con una Educación con Perspectiva de Género que sea obligatoria en todo el sistema educativo.

Educar en la escuela, educar en la familia. Educar a través de los medios de comunicación masiva, desnudar el lenguaje sexista y los signos y señales que perpetúan la sociedad patriarcal, y para esto se necesita voluntad política y más mujeres comprometidas y con consciencia de género en las calles y en el Poder.

No sé cuánto tiempo se necesita, ni cuánto tiempo dure la esclavitud patriarcal, pero de que va morir, va a morir.

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La cifra de cancer infantil en Ecuador representa al menos 16,1 por cada 100 mil habitantes. Los casos nuevos son de más de mil niños, niñas y adolescentes al año, según el Ministerio de Salud. De estos casos, solo cuatro de cada diez niños sobreviven a la enfermedad, mientras que en otros países nueve de cada diez niños lo hacen.

En 2020, la Sociedad Ecuatoriana de Oncología (SEO), presentó un informe que detalla que en el país hay apenas 16 oncólogos pediatras. Y Desde ese año “realmente no ha cambiado nada”, asegura Aliz Borja, oncóloga pediatra que pertenece a la SEO.

A esto se suma el factor económico. Mediante una encuesta, la Fundación Cecilia Rivadeneira muestra que, de 286 familias de niños con cáncer, 55 % tiene ingresos inferiores a un salario básico ($425 al mes). En la mayoria de los casos, son los mismos padres los que deben pagar los medicamentos, cuyos precios sobrepasan el monto del salario básico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer infantil es una de las principales causas de muerte de los niños en América Latina. De acuerdo al Ministerio de Salud, Ecuador es la segunda nación con la tasa más alta de mortalidad por esta causa, después de Perú.

Un problema en el sistema de salud en Ecuador

Diego Jimbo, fundador de  Acuerdo contra el Cáncer Ecuador,  afirma que estas cifras dejan claro que hay un problema en el sistema de salud. Según él, hacen falta leyes, respaldos legales y presupuestos para el personal de salud que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil en Ecuador.

Ante esta precariedad en el sistema de salud, Carmen Gutiérrez explica que fundó hace 25 años ASONIC. Su finalidad es ayudar y asistir tanto a los niños afectados por el cáncer como a sus padres, porque los costos son muy altos en hospitales públicos como el Baca Ortiz.

ASONIC es una asociación sin fines de lucro que acoge en un albergue a 300 niños aproximadamente. En este albergue los niños reciben estadía, alimentación y ayuda psicológica. “El objetivo de la asociación es que los niños tengan un tratamiento digno, oportuno y gratuito”, señala Gutiérrez.

Para mantener en pie la asociación se hizo el lanzamiento de la campaña Un millón de amigos. La campaña tiene como finalidad reunir fondos para comprar una casa propia que sirva como albergue. Se planea realizar concursos de baile entre estudiantes de colegios y universidades que deseen participar.

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«Puede pasar que sean afectadas hasta provocar su muerte. Lo digo con experiencia propia. Mi hija con una enfermedad de estas falleció cuando su medicina se quedó en la aduana y no se pudo sacar dejándola sin su tratamiento por un mes y medio», dijo a Radio La Calle, Carmen Mayorga, representante de Fundación Manitos de amor que llevo el caso de las pequeñas.

Las 4 pacientes tienen procesos de judicialización abiertos para que el IESS autorice al Hospital Carlos Andrade Marín la compra de medicinas. Pese ya haber ganado estas acciones de protección. Al parecer, ni la ley es suficiente para que el IESS responda. «Para algunos pacientes ha sido la única forma de acceder a su medicina. Llos pacientes han solicitado por todas las viales comunes regulares y nada ha pasado muchos han muerto esperando», añadió Mayorga.

Ante las largas de la institución de salud, solo queda la presión ciudadana. «Hemos tenido reuniones, dejado oficio tras oficio a las diferentes autoridades y nos dicen lo mismo, que ya están en los trámites, que disculpen, que están pendientes de aquello, que son trámites que tardan. Cuando no piensan en la salud y la vida de pequeñas niñas que dependen de una firma y de un poco de buena voluntad», expresó Mayorga. (MIB)

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Las Políticas de protección integral sostienen que los niños tienen derecho de forma equitativa “a la protección a la familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras”.  Los esquemas de la Fiscalía General de Estado (FGE), en el 2021, siete niñas menores de 14 años dan a luz cada día. La mayoría de ellas por violencia sexual de un adulto conocido.

“No existe una aceptación, aquí hay actos que están siendo normalizados, son ilegales (…)  Sin embargo, estas relaciones son normalizadas, valorizadas e incluso en ciertas situaciones legalizadas (…)no existe una prevención en ese sentido”, expresó Lissethe Pardo en una entrevista a Radio la Calle.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) la inversión que hacen los países no es suficiente.   Las “dificultades para desarrollar todo su potencial; todo ello agravado por las crisis concurrentes del cambio climático, el COVID-19 y los conflictos humanitarios” se harían más evidentes.

Importancia en el problema

Según la especialista jurídica indicó la importancia del apoyo del gobierno mediante el seguimiento de los casos en gestación de vulneración. Existen aspectos que van más allá de un embarazo.

“Considero que si existe una niña de 13 o 14 años que está dando a luz y dice que su pareja tiene entre 27 y 30 años debería ser obligación denunciar a esa persona, pero también nos encontramos en unas circunstancias que muchas de estas niñas son empobrecidas, racionalizadas o segregadas”, expresó la abogada.

La inestabilidad económica es un aspecto decisivo para poner una denuncia las familias tendrían la última palabra por ser menores de edad. La decisión se encontraría en la necesidad de una mejor estabilidad económica. “Estos hombres” llegarían como “salvadores”, menciona la especialista. 

En otros casos, la proforma presupuestaria 2022 tiene establecido destinar USD 1.256 millones para mejorar su situación. En la cual USD 0.23 millones es destinado a niños, niñas, y adolescentes en situación de orfandad por femicidio. La cantidad es insuficiente según la especialista.

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Entre los factores principales está: la pobreza estructural que lleva a los niños a colaborar en los gastos familiares. El trabajo infantil causa también deserción escolar, en febrero del 2021, 90.000 niños no regresaron a clases, la cifra aumentó en noviembre del mismo año con 150.000 menores.

La cifras de trabajo infantil son escalofriantes teniendo en cuenta la inversión en el gasto social de USD 13.000 millones que el gobierno realizó. En el rubro de educación solo se invirtieron 160 millones de los USD 495 millones presupuestados. No se han presentado públicamente planes para combatir la deserción, tampoco para la eliminación del trabajo infantil .

La directora del grupo Rescate Escolar, Sybel Martínez tampoco se explica cómo en el período Sierra – Amazonía, el Gobierno ha dejado que los chicos dejen los estudios. «Esa respuesta debe darnos el Gobierno. Dicen que 57.000 no volvieron a clases. Es un subregistro y no hay cifras oficiales. El Ministerio no tiene un plan para incentivar el regreso a clases. A eso hay que sumarle factores como la pobreza multidimensional extrema que llega a un 10%. 150.000 niños se encuentran en el trabajo infantil y 3.000 niños en la mendicidad», dijo a Radio La Calle.

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Los habitantes del lugar denuncian que el Estado continúa emitiendo autorizaciones a las empresas petroleras para que estas combustionen el gas en los más de 447 mecheros en la Amazonía.

La sentencia del 29 de julio de 2021 emitida por la Corte provincial de Justicia de Sucumbíos falló a favor de los pueblos y nacionalidades. Los demandantes dieron plazo hasta el 31 de marzo para que se renueven las autorizaciones.

Más que disculpas

La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (CONAIE) se pronunció sobre este hecho y rechazó que las disculpas públicas son insuficientes y que se debe realizar un control para que los mecheros no se utilicen en esta zonas.

Caso Mecheros

El caso inició en febrero de 2020. Nueve niñas de la zona interpusieron una acción de protección en contra del Estado. Su propósito era la eliminación de los mecheros de quema de gas, pues con estos se vulneraba varios derechos. Entre ellos: derecho a la salud, a un ambiente sano, al acceso al agua limpia, a la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza.

El pasado 24 de marzo de 2022, habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos, se movilizaron a Quito para exigir al Ministerio de Energía y Recursos no Renovables; y la Defensoría del Pueblo que se cumpla la sentencia emitida.

Además, exigieron que sé que disponga un plazo de 18 meses para eliminar los mecheros aledaños a las zonas residenciales y así evitar que se siga contaminando incluso el agua lluvia.

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Estos artículos hacen referencia a la preferencia materna al momento de confiar la tenencia de niñas, niños y adolescentes, bajo los supuestos establecidos en la ley.

En la sentencia, se analizó el derecho a la igualdad y no discriminación, el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad parental, dice la Corte Constituciónal.

El propósito es que los derechos de niños, niñas y adolescentes primen sobre los intereses de los padres. La Corte concluyó que las disposiciones impugnadas eran discriminatorias, por lo que las expulsó del ordenamiento jurídico.

Por esa razón, se esgrimieron parámetros para evaluar, caso por caso, el encargo de la tenencia de NNA.

Combatir estereotipos

Esta sentencia apuesta a la necesidad de combatir estereotipos de género y la desigualdad en el ambiente doméstico, buscando el cumplimiento de la corresponsabilidad parental.

Al constatar que la justificación de la norma impugnada es la protección de la mujer ante la violencia vicaria de género, la Corte reconoció que ella se traduce en “eventos […] extremadamente alarmantes”.

Por tanto, entre otros parámetros, establecido que, para encargar la tenencia a la madre o al padre, “… [c] on la debida diligencia, [la autoridad judicial] debe tomar todas las medidas necesarias para descartar la amenaza, existencia o el antecedente de violencia física, psicológica, doméstica, económica – patrimonial y vicaria ”.

En razón de lo expuesto, la Corte dispuso al Defensor del Pueblo que, contando con la participación activa de las organizaciones sociales y de manera coordinada con los distintos organismos estatales, prepare un informe que sea conocido por la Asamblea Nacional para que continúe el debate del “Proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de niñas, niños y adolescentes”.

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Dicho estudio utilizó la metodología “Milena”, que estima el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescente en países de América Latina y el Caribe. Para ello se utilizó como referencia datos del año 2017.

Según el estudio, en Ecuador, cada día, 158 adolescentes de 15 a 19 años de edad quedan embarazadas. De las cuales, el 39,9% llega con sus estudios hasta el nivel básico; el 56,1% de madres tiene educación media/ bachillerato; mientras que el 0,35% no tienen ningún nivel de educación.

De esta forma, las mujeres que terminaron la secundaria, cada año pueden ganar en promedio 3.233 dólares; el ingreso de las mujeres que, si terminaron la educación superior, asciende a 9.002 dólares. Mientras que las mujeres con posgrado pueden percibir un promedio de 16.746 dólares.

Estas cifras, según el informe, ocasionan una pérdida de 59,6 millones de dólares para el Ecuador. Estos datos se desprenden de la menor productividad. Estas adolescentes dejaron de percibir los menores ingresos porque abandonaron sus estudios para hacerse cargo de un hijo o una hija.

Este mide el impacto del embarazo y la maternidad adolescente en cinco áreas: educación, participación laboral, salud e ingresos fiscales no percibidos por impuestos.

Educación

Las y los jóvenes adquieren competencias necesarias para desempeñarse en el mercado laboral, especialmente a través de la educación.

Sin embargo, para las adolescentes embarazadas culminar sus estudios se vuelve una tarea casi titánica. Así lo demuestran los cálculos presentados en el estudio; la investigación ubica en una balanza el caso de las mujeres que fueron madres en la adolescencia y las mujeres que fueron madres siendo adultas.

El 52,3 % de las madres adolescentes tienen educación incompleta, mientras que en el caso de las mujeres que se convirtieron en madres siendo adultas, el porcentaje baja a 49,5%. Por otro lado, el 7,2 % de mujeres que fueron madres en la adolescencia han accedido a la educación superior en comparación al 18,4% de las madres siendo adultas.

El estudio también revela que tan sólo el 0,3% de mujeres que fueron madres en la adolescencia cuentan con posgrado, en comparación al 1,3 % de las madres siendo adultas.

Participación laboral

Una mujer tendrá mayor posibilidad de insertarse en el mercado laboral según su nivel de educación. El estudio revela que el 37,5% de mujeres que fueron madres en la adolescencia no tienen actividad laboral, en comparación al 34% de las mujeres que fueron madres en edad adulta. Además, revela que las mujeres que no están en el mercado laboral están inclinadas a las actividades no remuneradas dentro del hogar.

La deficiente participación en el mercado laboral de las mujeres que fueron madres en la adolescencia representa una pérdida de 19,8 millones de dólares anuales.

Salud

Para entender la complejidad de esta problemática social, el informe dice que dentro de las causas principales de embarazo en niñas y adolescentes menores de 14 años es el abuso sexual, esto ocurre principalmente en un ambiente familiar y educativo.

Según la Organización Mundial de la Salud la procreación prematura pone en riesgo, tanto la vida del bebé como la vida de la madre. “Los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo de un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los bebés de mujeres de 20 a 29 años” dice el informe.

En el Ecuador, según cifras del INEC, en el año 2017 murieron 10 madres adolescentes por cada 100 mil nacidos vivos. A partir de estos datos el informe estima que en 2017 se perdieron 82,5 millones en atención en mortalidad materna y a la atención del embarazo en adolescentes.

Ingresos fiscales

Para estimar el impacto del embarazo en adolescentes sobre los ingresos nacionales, el estudio tomo como referencia el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que equivale a un impuesto del 12 % de consumo y el Impuesto a la Renta que representa el 10% de impuesto a las ganancias. Bajo estas directrices se concluyó que el Ecuador dejo de percibir 9,6 millones de dólares, ya que el embarazo en la adolescencia imposibilita la participación en el mercado laboral, lo que genera diferencias en términos de consumo.

Finalmente, el informe concluye haciendo énfasis en la poca participación del Estado ecuatoriano en políticas públicas que garanticen la salud integral y la vida de las mujeres.

Además, recomiendan que se destine 38 millones de dólares cada cuatro años para prevenir el embarazo adolescente.

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