Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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Quito, 26 julio (La Calle).- La molestia ciudadana se desbordó la tarde del viernes 25 de julio, cuando cientos de trabajadores públicos, gestores culturales y gremios sindicales protestaron frente al Ministerio de Cultura. La razón: el Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, que ordena la fusión de ministerios y la salida inmediata de 5.000 servidores públicos. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una “optimización del Estado”, los afectados denuncian el desmantelamiento institucional y la precarización del empleo público.

La cultura en riesgo: artistas rechazan fusión con Educación

Los gestores culturales alzaron su voz contra la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. Consideran que esta medida no solo invisibiliza su sector, sino que vulnera el derecho a políticas públicas específicas para las artes. Con pancartas, performances y consignas como «¡Fuera, Noboa, fuera!», exigieron respeto al sector y transparencia sobre el impacto de esta reestructuración.

VIDEO ALFREDO ESPINOSA: https://www.instagram.com/p/DMjIzR7POWK/

Sindicatos convocan marcha nacional y acciones legales

La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), en conjunto con otras organizaciones, convocó una movilización nacional para este miércoles 31 de julio. El objetivo: rechazar los despidos masivos y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Además, se anunciaron al menos diez acciones inmediatas para defender la estabilidad laboral y exigir al Gobierno una explicación clara sobre los recortes.

Exfuncionarios deben declarar su patrimonio en 20 días

La Contraloría General del Estado recordó que los funcionarios desvinculados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su declaración juramentada de fin de gestión. Esta obligación, establecida en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, busca prevenir el ocultamiento de bienes y promover la transparencia. El primer grupo separado el 24 de julio deberá entregar el documento hasta el 22 de agosto.

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Entre recortes y rechazo social, el Gobierno se queda sin narrativa

El llamado “Plan de Eficiencia Administrativa” del Ejecutivo no ha convencido a la ciudadanía. Lejos de calmar las aguas, los despidos y fusiones ministeriales han provocado una reacción masiva de rechazo. Mientras el país enfrenta una crisis de empleo y servicios públicos debilitados, crece la presión sobre la Corte Constitucional y sobre el propio presidente Noboa para que rectifique o al menos explique. Ecuador, una vez más, se encuentra en la cuerda floja institucional.

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TODO ESTABA LISTO PARA SU VIAJE

Según medios de comunicación nacionales, pocas horas antes Adolfo Macías Villamar habría sido retirado del Centro de Privación de Libertad La Roca bajo un fuerte resguardo policial y militar. La SNAI habría confirmado su salida vigilada por fuerzas militares.

TUIT EL DATO: https://x.com/ElDatoEcua/status/1947033208454832582

Según el medio afín al gobierno, El Dato, con imagen del avión estadounidense aterrizando al país las extradición, indicó que del líder de la banda de crimen organizado ‘Los Choneros’ se daría en pocas horas, sin embargo, hay medios que confirman su salida desde el aeropuerto de las FFAA de Guayaquil.

Hasta las 20:20 de hoy no se encontró información sobre este vuelo que habría llevado a Adolfo Macías hacia Estados Unidos en las páginas oficiales del Ejecutivo, 25 días después luego de haber sido aceptada la extradición por parte de Alias Fito.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

La prohibición a las extradiciones a condenados por la justicia ecuatoriana fue eliminada en la consulta popular del 2024. Macías fue recapturado el pasado 25 de junio, tras un operativo militar en su domicilio en Montecristi, un año y medio después de su fuga del Centro Penitenciario de Guayaquil.

El 8 de julio de 2025, el gobierno estadounidense solicitó su extradición para ser juzgado en ese país sobre siete cargos por crimen organizado y narcotráfico.

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En abril de 2024, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York encontró cargos en contra del cabecilla de ‘Los Choneros’ por asociación ilícita para distribución internacional de cocaína, contrabando de mercancías, compra de armas por terceros, uso de armas en tráfico de drogas y tráfico de cocaína.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó el pedido de Estados Unidos y el destino de Macías quedó en manos del primer mandatario. Este domingo 20 de julio circularon videos en redes sociales sobre el aterrizaje de un avión estadounidense al aeropuerto de las FFAA en Guayaquil. Noticia en desarrollo.

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Las agencias de tránsito, lejos de dedicar espacios exclusivamente al control vial y la movilidad, se convertirán en terreno fértil. Con una ola de asesinatos, contratos amañados y redes de corrupción infiltradas, las instituciones estarían operando como plataformas logísticas y financieras de las mafias. El Estado, por ahora, parece perder esta batalla.

25 AGENTES ASESINADOS Y DECENAS DE ATAQUES: LA NUEVA GUERRA SILENCIOSA EN LAS VÍAS

La violencia contra agentes de tránsito se disparó en Ecuador en 2024. Según el informe de InSight Crime, al menos 25 funcionarios fueron asesinados y se han reportado más de 39 ataques armados contra personal e infraestructura de tránsito en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió el 15 de junio en Machala: sicarios emboscaron a dos agentes, y uno de ellos murió. La semana anterior, en Manta, asesinaron a tiros a Víctor Villa Gómez, convirtiéndolo en el doceavo funcionario de la agencia municipal ejecutado desde 2022.

La mayoría de estos atentados se concentran en la región Costa, donde también se registra el mayor índice de homicidios del país.

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¿CÓMO LAS MAFIAS INFILTRARON EL SISTEMA?

Las agencias de tránsito manejan grandes presupuestos, administran contratos millonarios y tienen acceso a bases de datos y movilidad vehicular, una combinación atractiva para las organizaciones criminales.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos criminales han infiltrado estas instituciones, colocando a aliados en cargos clave. Algunos casos, incluso se han utilizado vehículos oficiales para transportar armas o drogas con menor control.

En Durán, empresas vinculadas a narcos como “Washo” y “Negro Tulio” han ganado contratos para servicios de grúas y depósitos vehiculares. En Manta, familiares de capos de Los Chonerostrabajan dentro de la agencia municipal. Cuando se detuvo a Fito en junio, uno de sus acompañantes era un funcionario con más de una década en la institución.

“La agencia habría sido debilitada por redes ajenas al servicio público”, reconoció la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.

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BLANCOS FÁCILES Y SIN DEFENSA

El rol de los agentes de tránsito, que no portan armas, los convierte en objetivos vulnerables tanto para mafias como para venganzas internas o conflictos personales.

Los ataques, lejos de ser casuales, reflejan una disputa por contratos, puestos estratégicos y rutas de poder. Las mafias ven en estas instituciones no solo un mecanismo de lavado de activos, sino una oportunidad de moverse con información privilegiada, protección institucional y acceso a recursos públicos.

Las mafias ya no solo dominan las calles, también controlan quién te pone una multa.

TUIT PRESIDENCIA ECUADOR: https://x.com/Presidencia_Ec/status/1938069931725119702

ECUADOR PIERDE EL CONTROL SOBRE UNA FUNCIÓN CLAVE DEL ESTADO

La infiltración de redes delictivas en las agencias de tránsito debilita la institucionalidad, alimenta la impunidad y expone a servidores públicos a una violencia que crece en silencio. La falta de reformas estructurales y controles anticorrupción permite que estos espacios se conviertan en cajas negras del crimen organizado. Hoy, las carreteras del país no solo están plagadas de huecos, también de amenazas invisibles que operan desde dentro del sistema. Si no se frena este fenómeno, Ecuador podría ver colapsar otra parte esencial del Estado.

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Un informe que incomoda a Carondelet

Durante el 2024, el gobierno de transición del presidente Daniel Noboa enfrentó una preocupante ola de denuncias por presuntos actos de corrupción, según reveló un informe oficial presentado el 7 de julio. El documento, expuesto por la Secretaría de Integridad Pública durante su rendición de cuentas, registra 331 alertas de posible corrupción dentro del Gobierno Central.

Eduardo Esparza, subsecretario general de Integridad Pública, explicó que las alertas provienen del monitoreo interno de la Función Ejecutiva, pero hasta el momento el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre nombres, instituciones involucradas ni avances concretos en las investigaciones.

En un año marcado por tensiones institucionales y promesas de moralización del Estado, esta omisión del gobierno ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores ciudadanos y en redes sociales, donde muchos dudan de la efectividad del mecanismo de integridad.

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¿Dónde están los focos de posible corrupción?

Del total de alertas registradas, 82 corresponden a micro corrupción, como cobros irregulares, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos.
Otras 43 tienen relación con conflictos laborales; mientras que, 33 apuntan a irregularidades en procesos de contratación pública. También se identificaron 22 casos potenciales de macro corrupción, sin que se sepa aún el alcance ni los involucrados. 64 alertas carecen de información suficiente y otras 87 siguen en gestión este 2025, según el informe presentado.

A pesar del volumen y la gravedad de los datos, el Gobierno ha manejado las alertas con hermetismo y sin transparentar el contenido de los expedientes, lo que ha incrementado la desconfianza pública.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1941165105602855391

¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo?

Eduardo Esparza defendió la labor de la Secretaría de Integridad Pública al asegurar que los casos fueron trasladados a la Contraloría General del Estado y al sistema judicial para su respectiva investigación. “Se han iniciado procesos judiciales y administrativos”, afirmó, aunque no ofreció evidencia ni resultados tangibles de dichos procesos.

La falta de seguimiento visible y la ambigüedad del reporte provocaron críticas directas a la gestión del presidente Daniel Noboa, quien se ha posicionado como un líder de «manos limpias» frente a la corrupción.

Transparencia en entredicho Aunque el Gobierno insiste en que estas alertas son evidencia de un sistema que vigila, la falta de información concreta sobre los responsables o avances reales deja más dudas que certezas. En un país golpeado históricamente por la corrupción, la opacidad puede ser tan peligrosa como el delito mismo.

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El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:

TUIT PRESIDENCIA:

¿A quién favorece, realmente, esta ley?

Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.

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¿Por qué es tan urgente?

Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.

Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.

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El texto legal, de apenas cinco artículos, es una caja de Pandora de ambigüedades:

• Artículo 5: «La intervención, administración y operación del sector privado de las áreas protegidas, se realizará a través de instrumentos contractuales con el organismo público encargado de la administración y gestión de áreas protegidas para actividades como servicios turísticos» o «protección ambiental». Sin embargo, la ley no define límites ecológicos, mecanismos de vigilancia ciudadana ni sanciones por incumplimiento.
• Militarización verde: «Para la gestión de las áreas protegidas, la autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, bajo el modelo de gestión y compensación que se determine; sin perjuicio de gestión de los guardaparques
• Beneficios fiscales opacos: Recicla exoneraciones de 20 años a «emprendimientos turísticos» (Art. 54 del Código de Producción), sin exigir estudios de impacto ambiental ni cláusulas de reversión si se degrada el ecosistema.

El gobierno justifica la urgencia citando el ataque de grupos armados en la Amazonía el 11 de mayo de 2025, pero omite que 19 gobiernos locales ya están acreditados para gestionar áreas protegidas. Provincias como Tungurahua y Guayas invirtieron alrededor de USD 4.2 millones en conservación en 2023 sin privatizar ni un centímetro de territorio.

Aquí la propuesta

Antecedentes: Caso Olón

En septiembre del 2023, La empresa Vinazín—vinculada a Lavinia Valbonesi, primera dama— presenta el proyecto ECHO: cuatro edificios de lujo con acceso privado a la playa de Oloncito, en un terreno que incluía zonas de manglares protegidos. El informe técnico admitía que la obra requiere «intervención del estero».

Frente a esta situación, comuneros de Olón iniciaron protestas pacíficas tras ver maquinaria talando mangle. «Es un crimen: aquí anidan fragatas y cocodrilos americanos», denunciaba una de las habitantes de la zona. Posteriormente, llegaron 200 efectivos policiales y militares «para vigilar el orden».

Respuesta del gobierno

Frente al impulso de esta nueva ley en la Asamblea, Carolina Jaramillo, vocera oficial del gobierno, aclaró que la normativa no busca privatizar las áreas protegidas del país ni cambiar su status.»Esta ley busca promover entre tantas cosas, el turismo ecológico», dijo en rueda de prensa.

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Por un lado, Daniel Noboa, el niño rico que convirtió su apellido en una franquicia electoral. Por el otro, Luisa González, la herencia política de Rafael Correa, que intenta consolidarse más allá del voto correísta. Pero más allá de los nombres y las siglas, la pregunta real es: ¿se respetarán los resultados o estamos viendo el ensayo general de un fraude anunciado?

Polarización: cuando votamos por odio, no por esperanza

Ecuador ha quedado atrapado en una guerra de bandos. No se trata de elegir un proyecto de país, sino de evitar que el «otro» gane.

El analista Henry Allan lo explica sin rodeos: «Aunque la administración de Noboa haya sido un desastre por la falta de electricidad o la violencia, la gente sigue creyendo en él. No por sus logros, sino porque representa el voto contra el correísmo». Por otro lado, Omar Sempértegui señala que se está gestando algo que podría cambiar el tablero: el antinoboísmo. Un grupo de ciudadanos hartos del show mediático, de las excusas y de la acumulación de poder, que no son correístas, pero tampoco están dispuestos a tolerar otro gobierno que solo sabe jugar con la improvisación y el autoritarismo.

El problema es que Ecuador no está eligiendo un líder, sino un enemigo a derrotar. Y cuando la política se basa en la revancha y el fraude, lo que menos importa es el bienestar del pueblo.

El fraude silencioso: cómo manejar un país y una elección al mismo tiempo

La ley es clara: un presidente en funciones no puede ser candidato sin pedir licencia. Pero Noboa encontró la trampa perfecta: «tomarse días libres» para hacer campaña mientras sigue manejando el país desde su escritorio.

«Es una trampa para seguir controlando el Estado mientras busca la reelección», advierte Allan.

No es la única anomalía. Se han denunciado regalos de campaña financiados con recursos públicos, se han ignorado auditorías al software electoral y el Consejo Nacional Electoral ha decidido jugar a la estatua de sal, mirando hacia otro lado.

La estrategia es simple: desgastar la confianza en el proceso, sembrar dudas y, si el resultado no favorece a Noboa, cuestionarlo desde el poder. Desde la invasión a la Embajada de México hasta la destitución irregular de su vicepresidenta, Noboa ha demostrado que las normas son una sugerencia opcional. Si mañana decide desconocer los resultados, ¿quién se lo impedirá?

«No podemos hablar de una dictadura con militares en las calles, pero sí de un control absoluto del Estado para doblegar a la oposición», afirma Allan.

Si Noboa gana, lo hará con un sistema que ha manipulado desde dentro. Si pierde, tiene los resortes del poder para cuestionar los resultados. De cualquier manera, Ecuador pierde.

Las elecciones más peligrosas en décadas

Si las encuestas no se equivocan… Ecuador se verá en un momento crítico. Si González gana en la primera ronda de votaciones ¿aceptará Noboa el resultado final?. En caso de haber una segunda vuelta ¿qué tipo de campaña sucia presenciaremos?. Con un entorno electoral en el que el Consejo Nacional se mantiene en silencio y un presidente que divide su atención entre la Casa de Gobierno y la campaña política; además de una nación polarizada en dos bandos distintos: estas elecciones parecen destinadas a provocar un verdadero terremoto político. Ecuador no puede permitirse otro periodo sin estabilidad de gobierno ni bajo Noboa ni bajo González porque independientemente del resultado electoral el país se encuentra al borde de un colapso institucional inminente.

¿Democracia o teatro electoral?

El 9 de febrero, Ecuador no solo elegirá un presidente. Elegirá si quiere seguir siendo una democracia o si estamos listos para convertirnos en una farsa institucional. Si Noboa logra perpetuarse en el poder manipulando las reglas, habremos abierto la puerta a un modelo donde el poder no se gana, se arrebata. Si González gana y el resultado es desconocido, Ecuador entrará en una crisis institucional sin precedentes. Lo único seguro es que, pase lo que pase, la democracia ecuatoriana ya está herida de muerte. Y lo que viene después, no pinta nada bien.

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«El costo para el país es altísimo: el Partido Socialcristiano, a cambio de no votar a favor de la censura de la ministra de Noboa, exige impunidad para los buques pesqueros del hijo de su líder. Estos buques pescaban ilegalmente en la Reserva de Galápagos, incluyendo pesca de tiburón y violar los límites de tonelaje de pesca. Tres faltas gravísimas», escribió en un post de X.

Sin embargo, la exministra expresó en una publicación que no tenía conocimiento de esos documentos. «Estos documentos que está circulando por la redes NO son documentos oficiales del Ministerio de Producción, ni tampoco los he visto antes. No me voy a prestar a juegos políticos ni campañas de desprestigio contra nadie».

¿Qué se sabe hasta ahora?

El exministro Serrano dijo que no se trata de un canje sino que sería «extorsión del gobierno de Noboa, al mejor estilo de la mafia más peligrosa» y que los documentos mostrados serían reales. Las declaraciones aparecieron después del comunicado que realizó Nebot.

En el documento, Nebot asegura que lo difundido sobre el periodista Martín Pallares es falso y que «la renuncia de la ministra Sonsoles García no tiene nada que ver con un supuesto arreglo del gobierno con el PSC para salvar a la ministra Palencia». Según el político, la decisión de la bancada legislativa del PSC es del grupo de asambleístas y que en lo personal no le molesta si se vota por la censura de Palencia.

Sobre los expedientes contra el barco atunero, propiedad de su hijo, dijo que el Ministerio de Producción resolvió dos de los expedientes a favor de la compañía y que otros tres están apelados, por lo que no tienen, hasta el momento, sanción alguna. Agregó que Protuna (gremio de armadores atuneros) ha reclamado al Ministerio el «lavado de pescado», es decir, la captura de atunes de formas no reguladas por la Comunidad Europea y el Ecuador y que eso causaría problemas y la tarjeta amarilla impuesta al Ecuador. (MIB)

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Como si los problemas de inseguridad, desempleo y pobreza no fueran suficientes para el país, la novela política le da un matiz aún más burlesco a la realidad nacional. La red social X se convirtió, ayer 22 de julio, en un coliseo romano virtual de ataques y ofensas, dimes y diretes, y una marcada polarización entre los que ovacionan a su favorito. Esta vez los protagonistas de una nueva confrontación fueron el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa, luego de que el primer mandatario publicara en su cuenta oficial imágenes del evento de entrega de lo que llamó “una garantía soberana por $50 millones de dólares para programas de riego, vías y vivienda” a la prefectura del Guayas.

Esta fue la noticia que ocupó a la twitteresfera, entre especulaciones de una aparente ruptura entre Marcela Aguiñaga y la Revolución Ciudadana, que no hizo esperar la inmediata reacción de Correa al mensaje “Hoy le tocó a @marcelaguinaga. El Viejo Ecuador durante años se encargó de dividir al Guayas y le negó oportunidades de progreso (…)”, dando a entender que el ex gobierno perjudicó social y económicamente a la provincia. El intercambio de los siguiente de mensajes tuvo adjetivos como “muchacho” “ridículo” y la comparación de Correa con el emperador romano “Nerón”, conocido en la historia por su tiranía, crueldad y violencia. La comparación responde a que, en días pasados, el líder de la RC se refirió al primer mandatario como “Calígula”, también un controversial emperador de Roma conocido por su locura, paranoia y excentricidades.

El cruce de epítetos entre ambas figuras políticas hace referencia a los emperadores más depravados de la vieja Roma que se mantenía sumisa en una forma de gobierno autocrática destructiva para la democracia. Sin embargo, para la conversación pública este aparente enfrentamiento se trataría de un show que, en un contexto de alianzas partidistas, pretendería desvirtuar un posible pacto entre ADN y la RC para las recientes decisiones de juicios políticos y designaciones de autoridades de control en la Asamblea Nacional.

Las garantías soberanas fue el centro de la polémica en las últimas semanas, pues el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reclamó públicamente al Ministerio de Finanzas que venía solicitando esta firma durante meses, que finalmente se concretó a mediados de julio. De igual manera, mediante otro reciente evento público Noboa entregó esta garantía a Manabí, ante las críticas al prefecto Leonardo Orlando quien ganó elecciones tras las filas del correísmo. Los afines a la RC y al oficialismo aún no logran descifrar los objetivos de estas últimas acciones del Ejecutivo, sin embargo, entre nuevas amistades y enemistades ,como la reciente confrontación con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, a quien le podrían reducir su seguridad por aparente nuevo bajo perfil de riesgo del último informe, el escenario político es cada vez más inquietante para un electorado incrédulo de la eficiencia de la administración pública y la gestión política del país.

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El blindaje del Gobierno consistió en la declaratoria de estado de excepción en siete provincias que la Corte Constitucional tendrá que revisar. A ello se suma la participación del presidente Daniel Noboa y sus ministros en el XV gabinete binacional entre Ecuador y Perú.

Posición del Gobierno

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dijo que esperan que la jornada de protestas se realice de forma democrática, calmada y sin destrucción. «Nosotros esperamos que, con todo lo que ha hecho el Gobierno en estas semanas, una decisión técnica como es la compensación, en virtud de la eliminación de los subsidios, se entienda por los ecuatorianos e incluso los que están en las calles».

Torres considera que si todo sale como se planeó, la medida de eliminar los subsidios a las gasolinas sería «el gran hito político de este gobierno». La revisión de la compensación se realizará mes a mes, de acuerdo con el viceministro.

Acuerdos con los transportistas

El viceministro Torres formó parte de las tres mesas técnicas de diálogo que el Gobierno tuvo con los gremios de transportistas. Entre los acuerdos están los controles a la informalidad o la revisión de temas técnicos (vida útil de los medios de transporte).

«Es fundamental la seguridad, especialmente de los que transitan en horas de la noche o la madrugada. Hay varias rutas, las que circulan en el anillo de Quevedo en Los Ríos afectadas por la inseguridad. Con ellos haremos operativos específicos para contrarrestar este tema», expresó el funcionario. (MIB)

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«Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la JUSTICIA quien ponga freno a esta arbitrariedad», escribió en su cuenta de X la periodista cuando recibió la notificación de la revocatoria.

Los documentos que el Ministerio del Interior envió a Cancillería el 11 de junio así como los anexos son «clasificados como secretos» por lo que no se muestran argumentos para definir los actos que habría cometido Santiago y que atentarían contra la seguridad del Estado. Desde comunicación del Ministerio del Interior no han dado declaraciones ni datos al respecto.

Fundamedios se pronunció respecto a la decisión del Gobierno. «Consideramos que este acto configura un uso abusivo del poder estatal y atenta contra la libertad de expresión».

¿Qué dice Alondra?

«Yo no he cometido ningún delito para que a mí se me haga esto», declaró Alondra en Café La Posta. Indicó que el mail le llegó a las 18:00 del 24 de junio, pero que ella sólo pudo revisarlo en la noche. «Estoy en un estado donde digo no puede ser que esto esté ocurriendo a la par que digo, bueno, pero este gobierno se metió a una embajada. Era muy probable que tomen estas medidas arbitrarias».

Santiago explicó que su visa es una visa de amparo, es decir que llegó a Ecuador porque en Cuba no tenía a nadie quien la cuida porque su madre vivía en Ecuador. «Mi visa es de amparo y mi madre es ecuatoriana. Mi madre me está amparando. Estoy hablando con abogados expertos». La periodista tiene un proceso de cinco días para el inicio de la deportación. (MIB)

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En tanto, en el sector privado, la forma de recuperación será determinada por acuerdo entre empleados y empleadores, «pudiéndose acoger a los establecidos en el primer inciso» del primer artículo publicado.

El presente decreto gubernamental ocurre en el contexto de apagones generalizados en todo el país, a causa del estiaje y la ausencia del cuidado y mantenimiento de las hidroeléctricas ecuatorianas. Un hecho que sucede a las puertas de la consulta popular.

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La doctrina social católica, iniciada con la Encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII, tuvo notables avances a partir del Concilio Vaticano II (1962) convocado por Juan XXIII y adquirió especial relevancia en América Latina con la II Conferencia del Episcopado realizada en Medellín (1968) y el desarrollo de la Teología de la Liberación. El capitalismo fue concebido como sistema de pecado, al servicio de los ricos. En plena Guerra Fría, la iglesia popular fue acusada de “comunista” y perseguida. Pero ha sido el Papa Francisco quien ha provocado un nuevo avance doctrinario, atacando la explotación laboral y al capitalismo depredador (https://t.ly/PW27N).
 
A diferencia de los Papas anteriores, el origen argentino de Francisco y su vida (relatada en su reciente libro Vida. Mi historia a través de la historia), le han permitido entender la inequidad social en América Latina y sus realidades. En consecuencia, el Papa no es querido por las derechas neoliberales de la región, por más que existan entre ellas quienes se reconocen católicos. Les ha representado Javier Milei, antes de llegar a la presidencia de Argentina (diciembre, 2023). Sentenció que el Papa era “comunista” y, además, el «representante del maligno en la Tierra«. Pero como Presidente, fue al Vaticano (febrero 2024) y abrazó al Papa, reconociéndole como “la persona, la institución argentina más importante, es el líder de los católicos en el mundo» (https://t.ly/tEw1P). El gesto puede aliviar tensiones diplomáticas, pero no conceptos. Milei obsequió al Papa tres libros: La Acción Humana de Ludwig von Mises (1881-1973), La fatal arrogancia: los errores del socialismo de Friedrich Hayek (1899-1992) y una obra sobre la teoría económica de Jesús Huerta de Soto, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (https://t.ly/DEP1V).
 
Mises y Hayek eran, ante todo, fanáticos antimarxistas y anticomunistas pertenecientes a la “escuela austríaca de economía”, cuyo eje es la “libertad” privada y de los mercados, contra cualquier intervención del Estado. Hayek fue confrontado por John M. Keynes (1983-1946). Huerta de Soto es un “libertario” del Instituto Ludwig von Mises (https://t.ly/HiQgU). El mensaje de los libros parece ser evidente: usted que es “comunista” lea a quienes son “libertarios”.
 
Milei ha aprovechado del Foro Económico Internacional de las Américas (2024) para volver nuevamente a la carga: «Lamentablemente en Argentina, la educación pública… ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”; allí se promueve la lectura de autores «verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina”; “Si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas y preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Para otros, es el mejor economista de todos los tiempos junto a Murray Newton Rothbard. Eso si, al barbudo sí lo conocen, al barbudo alemán, a ese empobrecedor de Marx, sí lo conocen”. Y en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, había expresado: «En los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad» (https://t.ly/GUuFV). Pero el ataque no solo va por el lado de las teorías, sino abiertamente contra los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, México o Venezuela, entendidos como la amenaza “roja” de América Latina. Recientemente tildó de “ignorante” a Andrés Manuel López Obrador y calificó como “asesino terrorista” y “comunista” a Gustavo Petro (https://t.ly/6SsJa).
 
Ninguno de los padres fundadores de la escuela austríaca conocía las realidades de América Latina. Sus teorías fueron elaboradas considerando las economías de los países capitalistas centrales donde, paradójicamente, tampoco se han aplicado con la extensión deseada por los teóricos anti-Estado. Neoliberales y libertarios desconocen la historia económica de la región y su combate al marxismo se ha ampliado en contra de los derechos laborales, sociales y ambientales, que consideran simples “beneficios públicos” y, por tanto, pueden abolirse porque implican gastos estatales. Los cien días del gobierno de Milei han servido para que Argentina experimente un cuadro social rumbo al desastre, con directa afectación a las clases medias, trabajadores, jubilados, desempleados y pobres. El ataque a los gobiernos “rojos” de la región se incrusta en la geoestrategia continental americanista encabezada por Estados Unidos, cuya finalidad es combatir a todo progresismo de izquierda y detener el “avance” de China y Rusia.
 
En todo caso, la figura de Milei despierta interés mundial. En Italia se publicó a fines del año pasado el libro de Leonardo Facco titulado Javier Milei. Il primo presidente libertario. Storia, idee e programma del professore prestato alla política, que destaca al economista que pocos años atrás era desconocido por la comunidad internacional. En Ecuador, entre los fanáticos seguidores de Hayek y ahora del libertarianismo, no hay economistas capaces de lucir como Milei. Los “libertarios” que fueron incorporados al gobierno del banquero Guillermo Lasso resultaron un fiasco. Y la promoción del capitalismo neoliberal es mucho más modesta: el interés se centra en los equilibrios fiscales, la supresión y evasión de impuestos, garantizar la salida de capitales fuera del país y en paraísos fiscales, la privatización de los recursos públicos y la rentabilidad a costa de precarizar la fuerza de trabajo. No existen propuestas para el desarrollo con bienestar social, sino para el mantenimiento de una economía sustentada en el sector primario-exportador, las rentas fáciles y el capital financiero especulativo. El dominio político se compagina con la subordinación al americanismo neomonroísta y al FMI.
 
Ecuador se ha vuelto un país comparable con lo que ocurre en Argentina, incluso porque ambos forman dos polos de acción geoestratégica continental-militar entre el Pacífico y el Atlántico. El gobierno de Daniel Noboa no podrá encontrar el camino para enfrentar con eficacia al desate de la criminalidad y la delincuencia porque le resulta imposible desembarazarse de los intereses de la élite empresarial-oligárquica dominante. Ante las reacciones sociales que empiezan a acumularse, redefine posiciones: es una lucha de los “buenos” contra los que ha calificado como “antipatria”, “violentos”, “terroristas”, “conchudos”, “atrasa-pueblos”, “tontos útiles” (https://t.ly/G4hi3). Al mismo tiempo se agudiza el conflicto con la CONAIE, por la seguridad que se brinda a una compañía extranjera que pretende operar en territorios indígenas (https://t.ly/IpmZI). En definitiva y parafraseando a Milei, “la casta” sigue en pie.

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Noboa, vestido con un casco militar, chaleco antibalas y el resguardo de 1000 uniformados, recorrió el sector junto el coronel Roberto Santamaría, jefe de la policía del Distrito Nueva Prosperina. Se precisó un «mega operativo», con «el objetivo de recuperar viviendas que son ocupadas por grupos delictivos, considerados terroristas, dedicados a secuestros, extorciones y al narcotráfico».

Según la Policía Nacional, más de 90 viviendas se allanaron en Socio Vivienda 1 y 2. Además de los capturados, se decomisaron motos, armas de fuego, dispositivos electrónicos y 50 paquetes de alcaloides, ocultos en congeladores.

El plan habitacional Socio Vivienda 2, ubicado en el noroeste de Guayaquil, se creó en el 2012, los primeros residentes fueron familias desalojadas de las riberas del Estero Salado, Suburbio y la Isla Trinitaria. Este plan habitacional está en el Distrito Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad. El más peligroso de Guayaquil, y cuenta con tres etapas, en las que habitan aproximadamente 45 mil personas.

Actualmente con 40 hectáreas es considerado, uno de los sectores más violentos de la ciudad, sus angostas calles de tierra se han convertido en espacios de bandas delictivas y de consumo de droga.

Actos de violencia en estado de excepción

Al menos, 17 hombres han sido detenidos en el gran operativo policial y militar, entre los aprehendidos hay cuatro sujetos presuntamente relacionados con el desmembramiento de un cadáver humano en el sector de Balerio Estacio, una semana atrás. Según información ofrecida por habitantes del barrio, un motociclista se había acercado de forma sospechosa y abandonó un bulto.

Una hora después de este hallazgo, el personal de Criminalística avanzó hasta la sexta etapa de Balerio Estacio porque dentro de una casa había un cuerpo sin sus extremidades. El torso estaba en descomposición. Los agentes investigan si las partes humanas descubiertas en medio de los desperdicios corresponderían a la misma víctima.

 La Policía detuvo a más de 16 mil personas en los 200 mil operativos durante el estado de excepción en Ecuador, sin embargo, la ola de violencia delictiva sigue azotando al país.

Asesinato de la alcaldesa de San Vicente

De igual forma, con la terrorífica noticia del asesinato de la alcaldesa del municipio de San Vicente, en la playa Punta Napo, Brigitte García, y su director de Comunicación Jairo Loor, al interior de un vehículo alquilado. García, de 27 años, era la alcaldesa más joven de Ecuador, electa con 26 años en las elecciones locales de 2023, a las que se presentó por el movimiento Revolución Ciudadana. Brigitte García es la tercera alcaldesa que asesinan en Ecuador en un año. Todos fueron de la provincia de Manabí.

Durante la ceremonia de la entrega de la Aeronave C-130 Hércules para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico, el embajador de Estados Unidos en Ecuador también se pronunció sobre el crimen de Brigitte García. “El asesinato de la alcaldesa Brigitte García, es un ataque a la democracia ecuatoriana; pido que se ponga fin a la violencia política”, dijo Fitzpatrick.

Funcionarios públicos, víctimas de sicariato

Manabí, Santa Elena y Guayas, este fin de semana, fueron la escena de sicariato, con el asesinato de la joven alcaldesa Brigitte García, la Policía Nacional confirma el asesinato de Carlos E., esposo de una funcionaria del área de recaudación del cabildo de San Vicente, Manabí.

También se registró el asesinato del esposo de otra funcionaria pública del GAD San Vicente. El hecho se dio en las afueras de la Clínica Venus de Valdivia, en el cantón La Libertad, Santa Elena. El occiso, Gabriel V., apareció dentro de un taxi.

Hasta el lugar llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta. Los delincuentes se acercaron al carro del funcionario y le dispararon a quemarropa.

De igual forma, un trabajador de la Prefectura de Manabí falleció al estilo sicariato en Portoviejo. Las autoridades lo identificaron como Jordan M. El hecho sucedió este viernes 22 de marzo de 2024, en el sector del puente Papagayo, cuando M. se encontraba en una lavadora de carros.

Asesinatos en Guayas

En Playas, provincia de Guayas, Carlos Alberto C., de 35 años, recibió cinco tiros en la cabeza, el sábado 23 de marzo. El hoy occiso había salido de la prisión hace unos días, junto a su cuerpo se encontró la nota «Eso le pasa por estar extorsionando. Y si la ley no tiene los huevos puestos nosotros si y así se van a morir todos esos perros. Que este robando y secuestrando a gente».

En Guayaquil, sicarios asesinaron a un menor de edad, y dejaron a dos adolescentes más heridos, en la cooperativa Atahualpa, en el sur de Guayaquil. El hecho ocurrió este domingo. La víctima, de 16 años, abría el restaurante de su familia. Ese instante llegaron los sicarios y atacaron al joven; resultaron dos heridos en el momento de los disparos al intentar ayudar al joven.

Atentados de explosivos

En la madrugada del 25 de marzo, en Guayaquil lanzaron explosivos en las avenidas Pablo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera Malta, a la altura del centro comercial Plaza Mayor.
La policía al acudir al sitio del estallido, observaron la huida de un auto liviano, sin placas, en dirección hacia una avenida del norte de Guayaquil.

Tras la persecución policial, los agentes capturaron a dos hombres, identificados como Luis Armado de 36 años; y Danny Javier de 29 años. Los acusaron por intento de terrorismo, con la penalidad de 13 a 15 años

La Liga Pro Ecuabet informó la noche del pasado sábado, 23 de marzo, una amenaza de bomba en un vehículo en los exteriores del estadio La Cocha, en Latacunga. Esa alarma obligó a suspender el partido entre el Nacional y Deportivo Cuenca se inició la evacuación de los asistentes para precautelar su seguridad. (K.C)

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Sin embargo, el gobierno ha hablado de que el empleo juvenil va en aumento. El 18 de febrero de este año, Noboa decía en un evento. «Creamos ya 25.000 empleos en menos de dos meses. Ese es el número que más me interesa». Unos días después, el Ministerio del Trabajo afirmaba que era 50.000 plazas de trabajo joven. En marzo de 2024, la cifra llegó a 63.890.

¿Cuál es el estado del empleo?

Las cifras indican una poca estabilidad laboral en el país. Según los datos del Ministerio de Trabajo, 58.405 ciudadanos consiguieron contrato laboral en febrero de 2024 y 17.111 en marzo, un total de 75.516. No obstante, en Ecuador, 709.184 contratos son de tipo indefinido. El contrato joven según la cartera de Estado llega a 1.967.

A esto se suma las cifras de finiquito de contratos. En febrero llegó a 79.893 y marzo a 37.510. Un total de 117.403 contratos finiquitados, por lo que – aunque existieran cifras altas de empleo joven – en el país el finiquito de contratos incrementa. La información está visible en los datos abiertos de la institución.

https://sut.trabajo.gob.ec/mrl/contenido/indicadores/indiContratos.xhtml

Si bien el 33,9% de la población goza de un empleo adeucaod, el porcentaje de otros tipos de empleo es alto. El subempleo en febrero de 2024 alcanzó el 21,2%; el no remunerado el 11,2% y otro empleo no pleno el 29,1%, un total del 61,5%.

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Balotaje es un término francés que poco se usa para determinar las segundas vueltas electorales e ir a elecciones de dos candidatos finalistas en estas contiendas; en el caso del Ecuador, al balotaje se presentan el próximo mes de Octubre dos binomios para captar la Presidencia de la República.

Antecedentes.

El pasado 20 de Agosto se realizaron las elecciones anticipadas, resultantes de la figura constitucional de muerte cruzada, para evitar el inminente Juicio Político contra actual Presidente, por grave crisis social y escandalosos casos de corrupción que lo envuelven a él y a su círculo íntimo.

La tendencia política neoliberal con su claro apego a la corriente Opus Dei. Cambió de culto para entregarse al detestable Moloch, antiguo dios fenicio que exigía sacrificios humanos para recibir favores de él; se inmolaron funcionarios de instituciones, políticos en funciones y llegaron hasta el magnicidio de un candidato presidencial, método abominable para cuadrar piezas de su ajedrez político.

Siete candidatos de tendencia neoliberal con nula experiencia en función pública, poca experiencia política, hasta outsiders, todos sin planes de trabajo pero si cargados de promesas populistas sin soporte real ni líneas base de información para creación de política pública. La extrema derecha se jugó todas sus cartas con estas figuras.

La única candidata oriunda de Pueblos y Nacionalidades, del fino Manabí, con alto grado de preparación académica, gran experiencia en función pública y política, fue parte del bloque de asambleístas que impulsó fuertemente la moción de juicio político y destitución al actual Presidente; desarrolló una campaña ardua, de espíritu combativo, digna descendiente de Don Eloy Alfaro Delgado (político y empresario manabita, expresidente de la República). Su propuesta concreta, volver a implementar y mejorar las políticas públicas que llevaron al Ecuador a ser el segundo País más seguro de la Región, con mejores índices económicos, reconocidos por instituciones internacionales, devolver la excelencia en salud y educación que logró el Gobierno del que fue parte y le valió el apelativo del Jaguar de América.

Elecciones en octubre.

Los ecuatorianos volvemos el mes de Octubre a elecciones para definir entre el binomio progresista encabezado por la Abogada Luisa Gonzáles Alcívar (con el 33.50% de votación), y el Administrador de Negocios Daniel Noboa Azín dirigiendo el binomio de tendencia neoliberal con (con el 23.48% de votación). Daniel Noboa llega con el respaldo de dos partidos políticos, propiedad del Ex Presidente Lenin Moreno Garcés, de ingrata recordación para el Ecuador por sonados casos de corrupción, además de una alianza con la extrema derecha, el apoyo de la Prensa y con un Plan de Gobierno copia del actual. Luisa Gonzáles se presenta con el apoyo de su propia tienda política, el respaldo y cariño de millones de ecuatorianos en el país y el extranjero, y un Plan de Gobierno ya probado y exitoso.

Contrapeso informativo.

En Hispanoamérica es conocida la natural unión de la Prensa propagandista y la rapaz derecha, prestas para desatar inmoral y agresivo ataque de campaña sucia contra sus opositores; otrora lograban impactar en la psiquis de la opinión pública con bajo nivel de lectura e investigación.

El creciente uso de plataformas informativas y el acceso a opiniones diversas en la web, están derribando la hegemonía de la Prensa. Las redes sociales son ahora el medio de información y opinión que se convierte en el contrapeso para la desinformación y jugará un papel importante en la campaña previa al balotaje.

Dos opciones.

En esta segunda vuelta, además de enfrentarse posiciones ideológicas, se enfrentan en realidad dos posibilidades:

La de progreso, paz, desarrollo y equidad con Luisa González y la opción del continuismo de nefastos Gobiernos neoliberales con Daniel Noboa.

Vamos al balotaje con conciencia pura, con deseos de ver a nuestra descendencia con buena salud, con alto nivel académico, con sus áreas financieras satisfechas; votemos por la paz y el progreso, votemos por Luisa Gonzáles.

Escrito por: Pedro Pablo Jijón Ochoa.

Agosto 2023

Más artículos de opinión, aquí.

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“El Loco que ama” fue su mentor al momento de dar el salto de empresario a político, allá en los lejanos 90.  Pero, un buen día, este millonario nacido en Guayaquil el 21 de noviembre de 1950, simplemente se aburrió de administrar más de 100 empresas de su emporio corporativo y de la mano de su esposa Anabella Azín. Así, apareció en la esfera política nacional después de encargar, temporalmente, la administración del emporio que empezó su padre con una flota marítima de exportación en pleno boom bananero y petrolero.

 Dicen los conocedores que “el talento se salta una generación” y seguro eso es algo que Álvaro Noboa busca desmentir sentándose en el sillón de Carondelet. Gonzalo Pérez, ex diputado del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, tienda política creada en 1999 y que fuera la lista que lo cobijó, hasta cuando el CNE ordenó su desaparición en 2014, por falta de representatividad electoral, recuerda “el humor” de Noboa, en todos los momentos de campaña y su gran “némesis” la comunicación política. “No podía expresarse con fluidez, en los videos aparecía como alguien lento, que le costaba articular palabra, sin embargo, se apagaba la cámara y se desenvolvía con una fluidez increíble”.

El empresario a la política

Destaca sus capacidades organizativas y excelente lectura de escenarios. “Uno es Noboa frente a las cámaras otro sin ellas”, quizás por esa razón optó desde hace varios años un posicionamiento en redes sociales desempeñando el rol de un “hombre en solitario” que se enfrenta a la corrupción o hasta las fuerzas de la naturaleza, como cuando se enfrentó a las frías playas de Miami. Memorables so también sus famosas plegarias de rodillas. Esos videos lo han mantenido vigente en las redes y, a la larga, le han servido para no perder presencia en el imaginario ciudadano.

No hay que olvidar que, a Alvarito como se lo conoce, ha sido juzgado por evasión ante el SRI, donde se lo ha señalado como uno de sujetos económicos que más dinero debe al fisco. Son más de USD 40 millones sin contar los juicios coactivos. Recibió denuncias también por contratar en una de sus haciendas bananera a niños menores de 12 años.

En 2013, el SRI embargó bienes privados de Noboa y la hacienda La Clementina de 11.500 hectáreas, ubicada en la parroquia La Unión. Entre los bienes embargados se encontraban nueve vehículos de lujo, dos yates, seis avionetas, siete lotes de terreno y la hacienda La Clementina. El SRI, por este caso, le impuso una prohibición de salida del país a Noboa, pero este logró viajar a Estados Unidos.

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