“La defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador en cualquier circunstancia ha sido, es y será un puntal de mi gestión. Le damos tanta importancia a este tema que en noviembre de 2021 presentamos la campaña para la prevención de violencia contra las mujeres. El gobierno anterior destinaba USD 2 millones a esta causa. Nosotros lo incrementamos a USD 24 millones”, dijo el mandatario.

Agregó que, por primera vez, un gobierno crea una política pública para la rehabilitación social “Es importante que en los 36 centros de detención del país sean espacios de una verdadera rehabilitación. En esta época debemos fortalecer la reactivación económica, pero también garantizar el goce de derechos para los ecuatorianos”.

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Por su parte, Flores dijo que contribuirá desde la acción para que los derechos humanos no sean solo una utopía. “Agradeceré la confianza depositada cada día con esmerado trabajo y el servicio por la ciudadanía, organizaciones y colectivos en este Gobierno del encuentro, donde los ecuatorianos tienen un futuro claro. Un futuro donde caben todas y todos y podemos contribuir a una patria mejor. Estamos preparados para este gran desafío”.

Paola Flores

Antes de llegar a este cargo, Flores se desempeñó como concejala de Cuenca, auspiciada por el movimiento político Igualdad, liderado por el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Flores es abogada de profesión, titulada por la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2000.

De acuerdo con el portal Radiografía política, fue presidenta de la empresa privada Perusa S. A. (2006-2009), justamente cuando desempeñó ese cargo recibió una demanda por “pago de haberes laborales”, según consta en la página del Consejo de la Judicatura. Del 2010 al 2011 fue asistente administrativa en el Municipio de Cuenca. En su cargo como concejala presidió la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social. Es una de las personas de confianza de Marcelo Cabrera junto con el actual director de la Agencia Naciónal de Tránsito, Adrián Castro. MIB

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“Reina, Richard, Benigno y Gustavo son profesionales altamente respetados que representan lo mejor de América Latina y el Caribe. Su experiencia complementaria en los sectores público y privado, sus enfoques innovadores y su amplio conocimiento de las necesidades. Además de los desafíos que enfrenta la región fortalecerán el liderazgo del BID durante estos tiempos de crisis”, afirmó el presidente, Mauricio Claver-Carone.

Atropello constitucional

La decisión del organismo internacional viola el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana que reza:

“Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado. Bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país”.

El ministro de la deuda

El pasado 7 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció la aceptación de la renuncia de Martínez después de dos años y cuatro meses en el cargo.

El exministro deja un legado cuyo principal sostén es la deuda externa. Préstamos a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el propio BID. Tenedores de bonos deuda y una renegociación que extenderá los pagos hasta 15 años más son parte de su gestión.

Martínez indicó que ese dinero permitirá mitigar los estragos económicos de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la deuda pública aún se mantiene en USD 59.000 millones.

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