»Te extraño Tunita y días como este, dan gasolina a la vida de uno. Por Paúl, Javier y Efraín nadie se cansa», dijo el hermano del fotoperiodista asesinado Paúl Rivas.

El 8 de abril el magistrado de la CC resolvió disponer la desclasifisicación de las actas, transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) que se relacionen exclusivamente al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

La actual ministra del Interior, Mónica Palencia, tendrá un plazo de 30 días para entregar estos insumos a los familiares de las víctimas. De igual manera, el Secretario del Cosepe deberá emitir un informe a la CC sobre el cumplimiento de la sentencia.

Por otro lado, la institución llamó la atención a la ex Secretaria Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior del período de Lenín Moreno por no presentar ante la Corte la resolución de clasificación de las actas del caso.

Una lucha de 6 años

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Sus promesas se las llevó el viento, pues hasta su salida del cargo no se ejecutaron acciones.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el Gobierno de Lenín Moreno confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que el exmandatario les dio para acabar con el secuestro. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el Estado confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. 

Moreno también prometió desclasificar la información recopilada en el caso y tratada en el COSEPE pero tampoco cumplió con su palabra hasta terminar con su período de mandato. (AGM).

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«Hoy solicitamos públicamente al presidente Daniel Noboa que cumpla con la promesa que sus antecesores olvidaron: desclasificar las actas del Cosepe y todo lo relacionado con el secuestro y asesinato de #NosFaltan3. Exigimos #VerdadYJusticia», escribieron en la cuenta de X, Nos faltan tres.

El gobierno de Lenín Moreno (en el que sucedió el asesinato) y el de Guillermo Lasso prometieron desclasificar las conversaciones y actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), cuyas reuniones son de carácter reservado, sin embargo, ninguno de estos gobiernos cumplió su palabra.

La desclasificación

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Cuatro años después del hecho lo que único que tienen los familiares, además del dolor por la pérdida de sus seres queridos.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el gobierno nacional confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que Moreno les dio para que los liberen. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el gobierno confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. (MIB)

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