Según el Fiscalía, la magistrada habría solicitado «dádivas, incluyendo muebles de alto valor, así como dinero, a cambio de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial bajo su competencia». El organismo judicial indicó que el operativo permitió recabar «indicios relevantes» para la investigación.

La jueza Vera adquirió notoriedad en diciembre de 2024 al otorgar una acción de protección que restituyó a Verónica Abad en la Vicepresidencia de la República. Ese mismo día, Vera denunció presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que fallara en contra de Abad –acusación que derivó en una demanda por calumnia en su contra.

Defensa alega persecución política

Washington Andrade, abogado defensor de Vera, . «La Fiscalía continúa su rol de hostigar a quienes considera opositores al Gobierno», declaró, añadiendo que las denuncias se sustentan en «pruebas deformadas y forzadas». Andrade vinculó la acción con el «Caso Pendrive» –investigación contra Godoy– que, según él, evidenciaría vínculos entre el poder político y el control del Consejo de la Judicatura (CNJ).

«Prometieron destruirla y cumplen sus amenazas con complicidad de medios», afirmó. Además manifestó que el apodo «Mueble Fino» refleja burla hacia su defendida. Andrade aseguró que Vera ha colaborado con las investigaciones pese a la «velocidad inusitada y desesperada» para procesarla.

El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP, conlleva penas de 3 a 5 años de prisión, elevables a 7 años si media violencia o amenazas. Se configura cuando un servidor público exige, abusando de su cargo, pagos o beneficios indebidos. La investigación continúa en desarrollo mientras la defensa insiste en un patrón sistemático para silenciar a la jueza por su actuación en casos de alto perfil político.

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Los jueces Lady Ávila Freire (ponente), Diana Fernández León y Xavier Barriga llegaron a esta conclusión tras revisar las actuaciones de Vera como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en un caso relacionado con una queja presentada por Bryan Andrade Pérez, en calidad de procurador judicial de la compañía COMWARE S.A.

El abogado Washington Andrade, defensor de la jueza Nubia Vera, informó a La Calle que se está tratando de posicionar una idea equivocada sobre la situación, cuando el procedimiento establece otra cosa.

Cuatro puntos claves

Primero, Andrade explicó que la declaración de los jueces de la Sala podría constituir una falta grave, pero esto está sujeto a que se inicie un sumario administrativo, en el cual la jueza y su defensa tendrán la posibilidad de desmontar esos argumentos.

Segundo, señaló que el proceso en el que se dictó esta declaratoria es el mismo en el que, ante la Comisión de Justicia, Vera manifestó que este número de proceso fue uno de los que se activaron luego de que le fuera sorteada la causa el 11 de noviembre. Añadió que la notificación de la resolución del sorteo y la asignación del tribunal llegó a su despacho apenas 45 minutos antes de que emitiera su fallo oral el 23 de diciembre. Según el abogado, en ese corto tiempo, la jueza fue objeto de amenazas e intentos de amedrentamiento con la advertencia de que se activaría un sumario administrativo en su contra y su posible destitución.

Ese mismo día, la magistrada Vera, luego de su veredicto, denunció haber recibido presiones de Mario Godoy para que falle en contra de Verónica Abad. «Es evidente que, como Mario Godoy, en funciones prorrogadas, está ejerciendo su poder al respecto», manifestó Andrade.

Tercero, el abogado reiteró que presentarán su defensa y dejó en claro que no se trata de una destitución. «La Corte Provincial no puede destituir, lo que hace es emitir esta declaración para que se inicie un proceso», sostuvo, añadiendo que demostrarán la falsedad de los argumentos en su contra.

Cuarto, mencionó que la jueza Nubia Vera ha insistido en solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, resaltó que ya se han iniciado más de ocho acciones en su contra desde que tomó la decisión de fallar en el caso Abad.

El jurista agregó que, incluso, el día de ayer, jueves 13 de marzo, Nubia Vera fue impedida de acceder a su sistema informático.

Finalmente, Andrade fue enfático en que «esto no constituye una destitución» y criticó a los portales que han informado lo contrario, asegurando que «están incurriendo en falsedad».

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Según Núñez, la jueza Vera incurrió en irregularidades graves durante el proceso, modificando su sentencia en al menos cuatro ocasiones y emitiendo disposiciones que exceden su competencia. La ministra argumenta que, además de ordenar la restitución de Abad, la jueza ha incluido disposiciones adicionales que afectan a otras instituciones del Estado.

Cuestionamientos a la actuación de la jueza Vera

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la polémica sobre las placas conmemorativas que, según Núñez, la jueza ha ordenado colocar en la sede del Ministerio del Trabajo. «Hemos cumplido con lo solicitado, pero la jueza ha cambiado las condiciones en varias ocasiones. Primero, pidió una placa con medidas específicas; luego, otra que denominó ‘placa transparente’, que no cumplía con el objetivo. Ahora exige una de bronce con letras negras y dimensiones precisas», explicó la ministra para Radio Centro.

Núñez calificó esta situación como «un gasto innecesario» y cuestionó que una sentencia judicial incluya exigencias de esta naturaleza. «Las placas no son providencias judiciales. No sé si nos escuchó la jueza, pero en ningún momento se cumplió el propósito de las mismas», agregó.

La ministra también señaló que la jueza Vera habría incluido en la sentencia a instituciones que no eran parte procesal en el caso. «En su fallo, ella ha involucrado a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es una extralimitación de funciones que no puede pasarse por alto», afirmó.

Además, Núñez denunció que la jueza se negó a reprogramar una audiencia de seguimiento solicitada por el Ministerio del Trabajo debido a conflictos de agenda. «Yo tenía dos audiencias ese día y pedí un cambio de fecha, pero la jueza lo rechazó sin mayor fundamento. Sin embargo, cuando la otra parte procesal solicitó postergar audiencias, sí se les concedió», explicó.

Defensa de la jueza y acusaciones de injerencia política

Por su parte, Washington Andrade, abogado de la jueza Vera, calificó la solicitud de suspensión como «un intento de interferencia en la independencia judicial». Según el jurista, la intención del gobierno es apartar a la jueza del caso de Abad e impedir la ejecución de la sentencia que dispone su restitución.

«La medida busca separar a la jueza del conocimiento de la causa e impedir la ejecución de la sentencia que restituye a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo, así como otras medidas de reparación integral», denunció Andrade.

El abogado también cuestionó la forma en que se ha manejado el expediente en el Consejo de la Judicatura. «El documento fue entregado el 19 de febrero por funcionarios encargados, con una secretaria AD-HOC y el coordinador de control disciplinario, quien es subalterno de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Es evidente que hay una intención de afectar la independencia judicial», sostuvo.

Además, Andrade hizo un llamado a los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura para que rechacen la solicitud de suspensión. «Los vocales tienen una responsabilidad histórica para defender la independencia de la justicia y su transparencia. No deben cohonestar ni ser cómplices de este tipo de manejos e intromisión en las facultades de un juez. Deberían oponerse y bloquear cualquier persecución con firmes decisiones políticas», enfatizó.

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Dominique Dávila, defensa de la segunda mandataria, señaló que la sentencia del 23 de diciembre de 2024, que dejó sin efecto la suspensión de la vicepresidenta por 150 días a través de un sumario administrativo, no ha sido cumplida en su totalidad.

“Hemos solicitado a la jueza Vera que convoque a las partes procesales para que expliquen las razones del incumplimiento. Vamos a pedir sanciones para las autoridades responsables, ya que este desacato podría derivar en la destitución de los funcionarios involucrados”, enfatizó Dávila en entrevista para Sonorama.

La acción de protección aceptada por la jueza Vera concluyó que la suspensión de Abad vulneró varios derechos constitucionales, entre ellos la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso.

Como medidas de reparación, ordenó al Ministerio del Trabajo que emita una disculpa pública a la vicepresidenta a través de un mensaje a la nación y coloque una placa en su sede con un mensaje en favor del «respeto a la Constitución y los derechos laborales». Además, dispuso la devolución de los haberes económicos que Abad dejó de percibir desde su suspensión y exigió garantías de no repetición.

Sin embargo, según la providencia emitida por la jueza el 31 de enero, la Defensoría del Pueblo no ha informado si se ha ejecutado la sentencia. Asimismo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y la funcionaria que firmó la sanción, Ruth Avilés, tampoco han cumplido con las disposiciones judiciales.

Un escenario complejo

El incumplimiento de esta sentencia se suma a un complejo entramado de tensiones entre Abad y el gobierno de Daniel Noboa. La vicepresidenta se ha mantenido en el país, pese a la orden del Ejecutivo de trasladarse a Turquía para ejercer funciones diplomáticas. Mientras tanto, el gobierno ha promovido la designación de Cinthya Gellibert como vicepresidenta encargada.

La audiencia del 7 de febrero también se produce en medio de una investigación sobre presuntas presiones ejercidas sobre la jueza Vera. La magistrada ha denunciado ante la Fiscalía que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la habría presionado para emitir un fallo en contra de Abad. Este señalamiento agrava el panorama de interferencias en la justicia y refuerza las dudas sobre la independencia de las decisiones judiciales en el país.

A medida que se acerca la segunda vuelta electoral, el caso de Verónica Abad sigue siendo un punto de fricción en la política ecuatoriana. Con la posibilidad de que el incumplimiento de la sentencia genere nuevas sanciones para el gobierno de Noboa.

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El fundamento de la recusación señala que la jueza Vera, quien ordenó que la vicepresidenta Verónica Abad retome su cargo, estaría afiliada al partido político Avanza. Sin embargo, el texto presentado no incluiría una certificación que respalde la afirmación. Por ello, su defensa solicitó a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirme o desmienta la supuesta afiliación.

Washington Andrade afirmó que también pedirán al director del partido Avanza, Ramiro Ortiz, el registro de afiliación correspondiente, el cual debería incluir la firma auténtica de la jueza Vera. En caso de no encontrar evidencia concluyente, se denunciaría una posible falsificación del documento.

Denuncia de irregularidades

El abogado calificó la maniobra como «una grave leguleyada» que podría constituir una infracción penal. Asimismo, criticó al partido político que auspicia al candidato presidencial Luis Tillería, conocido por su propuesta de «reseteo» del país, señalando que estaría avalando acciones destinadas a obstaculizar la justicia y ejercer tráfico de influencias.

La causa en la que participa la jueza Nubia Vera se enmarca en un proceso judicial de alto perfil que ha generado controversia y tensiones políticas.

Su defensa subrayó que estas acciones legales se han vuelto una «bola de nieve de mentiras» para encubrir presuntas obstrucciones a la justicia y actos de tráfico de influencias. Añadió que tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del proceso y la reputación de su defendida.

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En esta audiencia estuvieron presentes Verónica Abad junto con sus abogados Dominique Dávila y Damián Armijos, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, participó de manera virtual.

La defensa de Abad inició la jornada con una réplica, reiterando que la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo es “ilícita y arbitraria”. Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, calificó la sanción como “una actuación titánica y déspota”, solicitando a la jueza que acepte la acción de protección y las medidas de reparación correspondientes.

Por su parte, Verónica Abad afirmó: “Han vulnerado mis derechos constitucionales y políticos. He llegado aquí con la esperanza de que el poder Judicial aplique solo lo que está en la Constitución y la Ley. El pueblo clama por justicia”. Además, la vicepresidenta denunció que la suspensión en su contra forma parte de una persecución sistemática: “Es un eslabón más de la larga cadena del abuso de poder, de la misoginia y salvaje persecución, que el presidente y su Gabinete ejecutaron en mi contra”.

Los bochornos del Ministerio del Trabajo

En su contrarréplica, la ministra Ivonne Núñez sostuvo que la suspensión de 150 días se fundamenta en el supuesto abandono de cargo por parte de Abad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en específico el artículo 15. Núñez también citó dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos similares.

No obstante, la jueza Vera cuestionó en reiteradas ocasiones a la ministra sobre el fundamento específico para imponer una suspensión de 150 días, exigiendo una referencia exacta a los artículos legales aplicables. “Lo que le vuelvo a preguntar por enésima vez, es qué artículos utilizan para sancionar por una suspensión de hasta dos años, por una falta grave. Díganos el artículo. Ilústrese”, enfatizó la magistrada, sin embargo, no logró convencer a la jueza.

Contexto y próximos pasos

La audiencia, que inició a las 09:20 y se extendió por más de tres horas, concluyó con la decisión de la jueza de suspender la sesión hasta el lunes 23 de diciembre. En esa fecha, se emitirá la sentencia definitiva que determinará si la acción de protección presentada por Verónica Abad será aceptada.

Este caso ha generado un amplio debate público, pues la vicepresidenta sostiene que la medida adoptada por el Ministerio del Trabajo forma parte de un intento por debilitar su posición dentro del Gobierno y obedece a motivaciones políticas. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la suspensión responde estrictamente al marco legal vigente.

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