«Se declara la nulidad de todo el proceso en contra de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, por demostrarse que fue detenido de manera ilegal, así lo determinaron los jueces en el Complejo Judicial de Latacunga», expresó la CONAIE.

La defensa de Iza, Carlos Poveda señaló que la nulidad del proceso se dio en virtud del desconocimiento del fiscal actual y la jueza Paola Bedón sobre del seguimiento realizado desde el 6 y 9 de junio al líder indígena. Así como, la participación de un juez de la ciudad de Latacunga en la entrega del permiso para la persecusión.

«Si no había flagrancia, la aprehensión del compañero Iza se convierte en arbitraria, ilegítima y abusiva, si no había ningún cometimiento de delito ningún tipo de persecusión», sostuvo.

Frente a lo determinado por la jueza, Poveda añadió que debería establecerse una situación de carácter político y abrió la posibilidad de un posible fraude procesal. La CONAIE dijo que las medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación períodica de Iza fueron eliminadas

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“Ante la contundencia de los hechos probatorios del hecho que la Fiscalía ha recabado durante todo este tiempo, no les quedó de otra que plantear una nulidad ¿Qué significa la nulidad? Es que nos retractemos al inicio y volveremos a procesar. No importa el tiempo que nos tome no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad”, dijo a los medios la fiscal general, Diana Salazar, un día antes de la decisión del juez.

Para la Fiscalía, todos los procesados participarían en el contrato para la adquisición de siete helicópteros por parte del Estado ecuatoriano a la compañía HAL de la India. La entidad dijo que el proceso estuvo viciado desde la fase de preparación, causando un posible perjuicio de más de USD 66 millones al Estado por no tener las especificaciones técnicas.

Entre los acusado están: los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Rodrigo Bohórquez, y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro. MIB

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En las recomendaciones al Pleno del Legislativo, el informe incluye la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional tras haber incurrido en la causal de denuncia.

«Esperamos que la presidenta Llori pueda acoger los tres o cinco días para avocar conocimiento al Pleno. El archivo recomienda la destitución como presidenta y no como asambleísta. Al final del día el Pleno decidirá aprobar o no el informe», dijo la asambleísta miembro Lucía Placencia, que agregó que los votos en el Pleno (se necesitan 70) todavía no se definen.

El pasado 26 de abril, el Pleno de la Asamblea votó a favor de crear una Comisión Multipartidista AD HOC para fiscalizar a la presidenta por lo que las actuaciones hasta el momento están en el marco de lo legal. Sobre la posibilidad de que Llori no de paso a este informe en el Pleno, Placencia no desestimó el llegar a la autoconvocatoria.

Llori pide la nulidad

Francis Abad, abogado de la presidenta de la Asamblea Nacional se presentó esta mañana frente a la Comisión pluripartidista Ad Hoc, para justificar su inasistencia a la audiencia del pasado 20 de mayo.

El pasado 20 de mayo de 2022, la Comisión Ad Hoc declaró en rebeldía a Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo, tras no haberse presentado ella ni su abogado a la audiencia de descargo de pruebas.

Abad aseguró que el proceso desarrollado en la audiencia contra Llori debe ser declarado nulo, ya que Llori no tuvo derecho a la defensa. Dijo también que la denuncia carece de argumentos. Además, criticó la conformación de la comisión, aduciendo ilegitimidad.

“He interpuesto un reclamo de nulidad, tienen que atender así sea en negativo, con fundamentos y motivaciones. Esto tiene consecuencias jurídicas, porque esto es instancia administrativa, luego pasaremos a instancia judicial y se determinan las nulidades, como ahora lo estoy demostrando, serán ellos los responsables civil y penalmente de todo lo que está pasando”, declaró Abad.

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En el documento se lee que el magistrado tomó la decisión porque hubo “vulneración al debido proceso y al trámite propio de cada procedimiento, desde la presentación de la denuncia”.

Esta medida, según la resolución, deja sin efecto la autorización que el juez Córdova solicitó a la Asamblea Nacional, el pasado 11 de mayo, para levantar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a la legisladora de CREO.

Tras conocer el fallo judicial, la legisladora manifestó que la decisión del magistrado “ratifica” que el proceso legal tuvo irregularidades desde que inició.

“Este proceso fue viciado desde un comienzo, porque la acción estaba prescrita y porque las actividades que realiza un asambleísta, dentro de sus funciones de fiscalización, están protegidas por la inmunidad parlamentaria. Esperamos que con este precedente no se vuelva a repetir esta persecución a los asambleístas en su rol de fiscalización”, enfatizó Cordero.

Héctor Rodríguez denunció a la legisladora por el delito de injurias, tipificado en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En dicho código se establece prisión de 15 a 30 días a la persona que profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.

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«El exalcalde Jorge Yunda infringió la norma y otorgó los permisos para su funcionamiento, en perjuicio de los vecinos de la zona y del bosque protector, lo que constituyó un atentado a la seguridad de la ciudad de Quito», dice el comunicado.

De acuerdo con el Municipio la licencia del 20 de junio del 2020 se entregó en la administración del alcalde Jorge Yunda.

Se entregó la licencia, pero…

Aunque el proyecto se aceptó en 2020, el exalcalde se reunió con los moradores de Belisario Quevedo y visitó el lugar. El 3 de febrero de 2021 ordenó la nulidad del permiso para ese predio.

El anuncio lo hizo en el marco de la mesa de trabajo que mantuvo con los moradores de los barrios San Vicente de Las Casas, La Primavera, Belisario Quevedo, tras visitar el bosque protector en las laderas del Pichincha.

“Dadas las circunstancias económicas por la pandemia, para buscar los fondos municipales y expropiar (cualquier proyecto) de esta reserva natural. Quédense tranquilos y seguiré atendiendo sus peticiones”, dijo Yunda en esa ocasión.

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«Por unanimidad, Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha acepta apelación presentada por Fiscalía. También revoca auto de nulidad emitido por la jueza Verónica Medina. Tribunal declara negligencia manifiesta de la Magistrada y oficia el fallo al Consejo de la Judicatura», reza un tuit en la cuenta de la Fiscalía.

Además del expresidente y su hijo, siete personas más se encuentran implicadas en una red de presunta delincuencia organizada que negociaba pruebas para COVID-19.

Suspensión a la jueza

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado dispuso la suspensión de la jueza Medina, tras concluir que actuó con negligencia manifiesta.

«Como Presidenta del Consejo de la Judicatura he dispuesto medida preventiva de suspensión de Jueza Verónica M., tras declaración de manifiesta negligencia por parte de la Corte de Pichincha en caso Bucaram y otros. Además dispuse revisar actuaciones de abogados involucrados en el caso», escribió.

Por su parte, Bucaram aseveró en su cuenta de Twitter: «Suspenden una jueza por actuar en derecho, multan nuestros abogados porque descubrimos antes de la audiencia que recibían órdenes. LOS ABOGADOS Y JUECES DEL PAÍS ESTÁN EN INDEFENSIÓN POR PROTEGER A LA FISCAL SARABIA QUE COMETIÓ 20 NULIDADES Y ERA UN DECHADO DE ODIO EL PROCESO..!»

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«La jueza quien conoció la causa por presunta delincuencia organizada en la comercialización de pruebas COVID-19 declaró la nulidad de lo actuado», explicó un comunicado de Fiscalía.

Una de la razones que acogió la magistrada es la falta de una notificación de la orden de detención contra Jacobo Bucaram, que alegó su defensa.

Audiencia en Guayaquil

En la sede de la Función Judicial de Guayaquil también tenía lugar una audiencia contra el expresidente por presunto tráfico ilícito de armas y municiones. Su defensa presentó un comunicado y el certificado médico del acusado por lo que la audiencia no se instaló

Con la nulidad de lo investigado en el caso «Pruebas COVID-19», este sería el único proceso donde un Bucaram le rinda cuenta a la justicia si así lo deciden los magistrados.

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