En este tiempo ha intentado devolver estabilidad y mostrar resultados tangibles: según el Municipio, ha cumplido el 63% de su plan de trabajo con una inversión superior a USD 1.300 millones. Entre sus hitos más promocionados destacan la puesta en marcha del Metro de Quito y la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para modernizar el transporte. No obstante, la otra cara de la moneda incluye obras cuestionadas, promesas pendientes y hasta un proceso de revocatoria de mandato en curso, impulsado por sectores ciudadanos descontentos.

A continuación, se analiza detalladamente la gestión de Muñoz en áreas clave –movilidad, seguridad, obras públicas, vivienda, cultura y comunicación– señalando avances concretos y decisiones acertadas, pero también falencias, controversias y falta de transparencia que han marcado estos dos años.

Movilidad: Metro en marcha pero integración pendiente

En el ámbito de movilidad, la administración Muñoz logró finalmente inaugurar el Metro de Quito tras varios años de espera. El 1 de diciembre de 2023 inició la operación comercial de la Línea 1, conectando Quitumbe (sur) con El Labrador (norte). Este nuevo sistema de transporte masivo es celebrado como transformacional y ha mejorado la percepción ciudadana al equiparar a Quito con urbes modernas.

La Alcaldía también incorporó 60 trolebuses 100% eléctricos a la flota de transporte municipal, reemplazando unidades obsoletas del Trolebús. Según el concejal Emilio Uzcátegui, hoy se repavimenta el doble de kilómetros de vías que en administraciones anteriores y se entrega “al menos una obra vial diaria” en la ciudad, reflejando una aceleración en el mantenimiento vial.

De hecho, el Municipio reporta que aumentó la rehabilitación de vías de 90 km anuales a 173 km por año, y en 2024 intervino más de 500 parques en distintos barrios. Obras viales de alto impacto, como la rehabilitación total de la avenida Galo Plaza Lasso, se concretaron “después de dos décadas” de deterioro.

No todo es tan bonito…

Expertos señalan que estos avances no han resuelto integralmente los problemas de movilidad. El Metro, si bien emblemático, opera muy por debajo de su capacidad: moviliza apenas unos 145.000 pasajeros diarios, ~36% de lo previsto (400.000). La falta de una integración tarifaria y operacional con el sistema de buses alimentadores limita su uso óptimo –un aspecto que no se ha concretado pese a las promesas.

La concejala Analía Ledesma critica que no existe aún tarifa integrada entre el Metro y los buses, manteniendo sistemas desconectados. Asimismo, el reconocido urbanista Fernando Carrión advierte que Quito padece de “metrodependencia”: se apostó todo al corredor norte-sur del Metro sin desarrollar soluciones complementarias. “Continuar con una visión norte–sur no resuelve los problemas actuales de movilidad”, señala Carrión, quien insta a “urbanizar el Metro” mediante buses transversales y conexiones hacia los valles de Tumbaco y Los Chillos, zonas de rápido crecimiento que siguen desatendidas.

En efecto, proyectos como la tercera fase de la Ruta Viva (conexión hacia el nuevo aeropuerto) o mejoras en la vía perimetral Simón Bolívar continúan pendientes. Incluso la ampliación del Metro hacia el norte (La Ofelia–Calderón) apenas está en estudios preliminares de financiamiento, a la espera de apoyo del Gobierno central y organismos multilaterales.

Muñoz reconoce implícitamente estas deudas.

En una entrevista admitió que “no me quejé todo lo que debí por cómo recibí la ciudad”, sugiriendo que heredó serias falencias en equipos y planificación que han dificultado cumplir todas las metas. Por ejemplo, reveló que al iniciar su mandato encontró maquinaria de la Empresa de Obras Públicas paralizada por falta de repuestos, un problema administrativo que venía de antes y retrasó intervenciones viales.

Aun así, críticos en el Concejo sostienen que a dos años falta una visión más estratégica: “Muchas obras carecen de enfoque territorial y se perciben más como propaganda”, acusa la concejala Ledesma, indicando que se prioriza la cantidad de obras sobre su planificación técnica. Ejemplo de esto es la Av. Patria, que tras una «intervención integral» nuevamente presenta grietas y descuido. Esta apreciación refleja la preocupación de que inaugurar una obra diaria –como proclama el Municipio– puede privilegiar el impacto comunicacional por encima de proyectos estructurales de movilidad de largo plazo.

Seguridad ciudadana: inversión en tecnología pero sensación de inseguridad

En materia de seguridad, el Municipio de Quito bajo Muñoz ha buscado apoyar a la Policía Nacional y reforzar la vigilancia local, aunque los resultados son discretos frente a la creciente delincuencia. Con recursos propios y la Tasa de Seguridad que pagan los capitalinos, se rehabilitaron 104 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en barrios de la ciudad, muchas de las cuales estaban abandonadas.

Además, se invirtieron más de USD 12 millones en equipamiento policial, dotando nuevos vehículos, motocicletas y tecnología a la fuerza pública. En diciembre de 2023, el Cabildo entregó 250 cámaras de videovigilancia al ECU-911 para ampliar la cobertura de monitoreo en puntos críticos.

Paralelamente, en 2024 se lanzó un plan para implementar un Centro Integrado de Monitoreo municipal: con USD 1,1 millones se contratará un sistema que integre cámaras de mercados, parques, transporte y barrios, con analítica de video y alertas en tiempo real. “En Quito tenemos cámaras dispersas que no están integradas ni generan alertas; eso va a cambiar”, explicó la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. Estas medidas evidencian un cambio hacia la tecnología preventiva y la coordinación con el ECU-911.

No obstante…

La sensación de inseguridad en la ciudadanía sigue siendo alta. Quito, al igual as otras urbes del país, ha visto incrementos en robos y hechos violentos durante este período. Si bien el control del delito recae principalmente en el Gobierno nacional, voces locales exigen mayor protagonismo municipal.

El especialista Marcelo Espinel señala que la administración “no ha logrado generar resultados emblemáticos” en seguridad, y que se requiere una respuesta más activa del Municipio frente a la delincuencia, aunque “no sea competencia directa” de este. Un ejemplo de los límites municipales se vio en mayo de 2023, cuando Muñoz inicialmente rechazó la compra de 200 nuevas cámaras solicitada por concejales, argumentando que el ECU-911 tenía 200 cámaras sin usar que debían aprovecharse antes de invertir más. Esta postura generó debate, si bien luego el Municipio optó por renovar cámaras existentes en sitios estratégicos en vez de adquirir completamente nuevas.

La respuesta institucional

Ante problemas como la acumulación de basura (vinculada también a salud y seguridad barrial) la comunicación del Municipio ha estado bajo escrutinio. Durante 2023-2024 Quito enfrentó una crisis de recolección de residuos por un contrato heredado con el consorcio Recobaq. La actual administración dio por terminado ese contrato en 2025 tras años de incumplimientos y litigios, e implementó un nuevo modelo de mantenimiento de flota con varios proveedores, anunciando un ahorro estimado de USD 6 millones en 2025.

Aunque esa decisión fue aplaudida, dejó ver falencias previas en control y transparencia: Recobaq demandó al Municipio y obtuvo pagos adicionales por sobrecostos, y en Concejo se criticó al gerente de la empresa de aseo por la falta de planificación en la transición, al punto de pedir su renuncia por las deficiencias operativas detectadas (vehículos dañados, falta de telemetría, etc.). Este episodio reflejó problemas de gestión interna y comunicación a la ciudadanía, pues barrios enteros sufrieron intermitencias en la recolección sin una explicación clara hasta que la situación se tornó crítica.

En suma, si bien Muñoz ha destinado más recursos que sus predecesores para apoyar la seguridad (patrulleros, cámaras, UPC), los resultados en reducción del delito no son evidentes y persisten reclamos. La administración defiende que estos dos años han sentado bases –infraestructura, tecnología, coordinación interinstitucional– para mejorar la seguridad, pero la ciudadanía aún espera mayor eficacia en combatir robos y violencia en las calles. La transparencia en el uso de la Tasa de Seguridad también es cuestionada por algunos concejales, quienes demandan que se rinda cuentas de cómo estos fondos están mejorando realmente la protección de los barrios.

Obras públicas: entre la revitalización urbana y cuestionamientos de calidad

La gestión de Muñoz exhibe un intenso programa de obras públicas, tanto a gran escala como de barrio, con el lema de “Quito renace” mediante miles de intervenciones. Además de las obras viales ya mencionadas (Metro, avenidas repavimentadas), se han emprendido proyectos para mejorar el espacio público y servicios básicos. Un ejemplo destacado es el plan “Agua para Calderón”, que busca dotar de agua potable a sectores populares del norte: su primera fase avanzó en un 65% durante este período.

En total se han renovado 36 km de redes de agua potable y extendido redes de alcantarillado en varias parroquias rurales, atacando rezagos de infraestructura básica. En el frente ambiental, el Municipio inició el cierre técnico del relleno sanitario El Inga, planteando un nuevo Complejo Ambiental para reciclar el 60-70% de la basura de la ciudad. Se ampliaron plantas de generación eléctrica con biogás del relleno y se aprobó una estrategia para descontaminar ríos, que incluye construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas obras de servicios públicos, aunque menos visibles, son fundamentales para la sostenibilidad urbana a largo plazo.

En cuanto a espacios urbanos

La Alcaldía emprendió la recuperación de parques, bulevares y aceras. Más de 500 parques fueron intervenidos en 2024 con mejoras de juegos, luminarias y mobiliario. Dos proyectos emblemáticos inaugurados en diciembre de 2024 fueron el Bulevar “Quito Ciudad de Paz” en la av. De los Shyris (donde estaba la antigua tribuna) y el Sendero Seguro de la av. Colón. Estas obras, con inversiones de alrededor de USD 775 mil y USD 1,3 millones respectivamente, transformaron 1,4 km de vía con áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclovías y mejor iluminación.

Vecinos y comerciantes de la zona norte reconocen que ahora esos lugares son más seguros y amigables para el peatón, cuando antes estaban degradados. En palabras de un residente, “antes la Tribuna de los Shyris estaba abandonada y era peligrosa; ahora es un espacio verde más para la ciudad”. Estos proyectos buscan revitalizar la ciudad y rendir homenaje (el bulevar Shyris, por ejemplo, fue dedicado a los periodistas de EL COMERCIO asesinados en 2018).

No obstante…

Varias de estas obras han estado envueltas en polémica por su calidad, costo o prioridad. El bulevar de la av. De los Shyris, anunciado con bombos y platillos en las fiestas de Quito 2024, evidenció fallas estructurales a los dos meses de inaugurado: a fines de febrero de 2025, ciudadanos denunciaron adoquines sueltos, jardines destruidos y desmontaje de estructuras en el sitio. “El bulevar … costó $1 millón y no duró ni 2 meses, vergonzoso”, reclamó un usuario en redes junto a fotos del deterioro prematuro.

Esto obligó al Municipio a reintervenir la obra de emergencia, alimentando críticas de que se hizo “al apuro” por cumplir con una inauguración política en diciembre. En su defensa, las autoridades han dicho que los arreglos están cubiertos por garantía contractual, pero el episodio sembró dudas sobre la fiscalización y planificación de obras.

Otro caso son las adquisiciones estratégicas como la de los trolebuses eléctricos:

El Municipio compró 60 unidades a la empresa china Yutong a través de la oficina UNOPS de la ONU, para evitar una licitación local. Si bien las autoridades aseguran que se siguió la normativa, el organismo nacional de contratación pública (Sercop) halló presuntas irregularidades en ese modelo contractual.

Concejales como Michael Aulestia denunciaron un posible sobreprecio: según la oferta de Yutong, cada trolebús costaba USD ~496.000, pero mediante UNOPS el Cabildo habría pagado alrededor de USD 100.000 más por unidad. Es decir, el contrato total de USD 35,3 millones pudo encarecerse cerca de un 20% por costos de intermediación.

Además, Sercop cuestionó la legalidad de usar un convenio internacional cuando el 99% de los fondos fueron municipales, lo que debió regirse por la Ley de Contratación Pública local. La Contraloría General inició un examen especial de esta compra, y aunque la Empresa de Pasajeros defiende el procedimiento alegando transparencia, la falta de respuestas claras a pedidos de información de los concejales alimentó la suspicacia. Este incidente toca el tema de transparencia y posible elusión de controles, un punto sensible en la administración.

Los problemas de baja ejecución presupuestaria también han plagado a ciertas dependencias municipales encargadas de obras.

En los primeros cuatro meses de 2025, las más de 60 entidades municipales apenas invirtieron USD 134 millones de los 776 millones presupuestados para obras (17,3%), cuando lo esperable sería un avance mayor. Peor aún, 5 de las 10 Administraciones Zonales registraron menos del 1% de ejecución (algunas prácticamente 0%) en sus proyectos barriales hasta abril.

Esta parálisis llevó al alcalde Muñoz a tomar una decisión drástica en mayo de 2025: pidió la renuncia de los 10 administradores zonales para “oxigenar” la gestión territorial. “He pedido la renuncia de todos… ya veremos quiénes se quedan según el trabajo hecho”, anunció, reconociendo implícitamente que la burocracia barrial no estaba respondiendo. Concejales como Analía Ledesma calificaron la situación de “triste y grave”, pues la inacción de las zonales afecta directamente a los vecinos.

Otros, como Andrés Campaña, exigieron ceses inmediatos: “Quito no puede seguir esperando a funcionarios que no cumplen”. Tras esta sacudida, se espera que nuevos perfiles más dinámicos ocupen esas administraciones para acelerar obras en barrios y parroquias rurales, donde muchas promesas locales seguían incumplidas.

Desarrollo social y vivienda: avances discretos y promesas por cumplir

En el campo social y de vivienda, la administración Muñoz ha tenido logros puntuales, aunque sin grandes transformaciones hasta ahora. Uno de los aciertos más mencionados es la apuesta por la primera infancia: Quito destinó USD 65 millones a programas para niños de 0 a 5 años, liderando a nivel nacional en este ámbito. Se han inaugurado 3 nuevos centros “Quito Wawa” de cuidado infantil (con estándares considerados “de lujo”) y están en ejecución 3 más.

Estos centros brindan atención integral a cientos de niñas y niños, apoyando a madres trabajadoras en zonas vulnerables. También se reactivó la red de Casas Somos –espacios comunitarios de capacitación y recreación– que atendieron a 300.000 usuarios en dos años. Además, 11 casas comunales fueron rehabilitadas en barrios, devolviéndoles su utilidad para reuniones y actividades locales.

A través del Patronato San José (entidad municipal de ayuda social), se invirtieron USD 32 millones en programas sociales, beneficiando a miles de personas en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas sin hogar, adicciones, etc.). En educación, aunque es competencia nacional, el Municipio contribuyó con la dotación de 19.000 libros a estudiantes y mejoras en 11 bibliotecas municipales.

Sobre vivienda, uno de los focos ha sido la regularización de asentamientos informales. En estos dos años se entregaron 3.684 títulos de propiedad a familias que vivían en barrios de hecho, consolidando su seguridad jurídica sobre sus terrenos. Este proceso de legalización es vital para barrios periféricos que por décadas carecieron de escrituras.

Sin embargo…

Más allá de la titulación, no se han materializado grandes proyectos de vivienda social nueva. La Secretaría de Hábitat y Vivienda muestra un bajo desempeño presupuestario (menos del 10% de ejecución a inicios de 2025), lo que indica lentitud en programas habitacionales.

Muñoz ofreció en campaña impulsar soluciones al déficit de vivienda asequible…

Pero hasta junio de 2025 no se reportan proyectos significativos de construcción de casas o departamentos populares. Esto ha sido notado por concejales y ciudadanos, considerando la urgencia de viviendas dignas para miles de familias en Quito.

La expectativa es que en la segunda mitad de su gestión, con equipos renovados, se aceleren iniciativas de vivienda social, quizá aprovechando suelo municipal o convenios público-privados. Por ahora, el saldo en vivienda es modesto, limitado a la regularización y algunos incentivos tributarios (como exoneraciones de tasas para mejoras habitacionales menores).

Cultura y arte: impulso a eventos masivos y defensa de la libertad creativa

En el ámbito cultural, la Alcaldía de Pabel Muñoz ha dado continuidad y realce a los eventos tradicionales de la ciudad, aunque no exenta de polémicas. Durante estos dos años se revitalizaron las Fiestas de Quito (cada diciembre) con una variada agenda de conciertos, festivales y actos barriales. El Municipio reporta que más de 400.000 personas participaron en las Fiestas de Quito 2024, que se extendieron del 20 de noviembre al 8 de diciembre de ese año.

Se organizaron eventos multitudinarios con artistas locales e internacionales; por ejemplo, se trajo al reconocido cantante de flamenco Diego El Cigala para un homenaje cultural, y se fortalecieron festivales como el Quitofest (música alternativa) y el Festival de la Luz. Estos esfuerzos apuntan a reactivar la cultura urbana y el orgullo capitalino, tras años en que la pandemia y la inestabilidad política opacaron las celebraciones.

Además, impulsaron eventos culturales como la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) y la Fiesta Escénica de Quito, buscando posicionar a la ciudad como un epicentro cultural. La FILQ 2024, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con más de 300 actividades y una asistencia de aproximadamente 60,000 personas.

Sin embargo…

La gestión cultural ha enfrentado críticas por la falta de planificación y transparencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, la FILQ 2024 fue objeto de cuestionamientos debido a denuncias de nepotismo y amiguismo en la selección de invitados y curaduría del evento. Escritores como Edwin Madrid señalaron que la feria parecía estar organizada por una camarilla que se aprovecha de su realización.

Además, se ha señalado la ausencia de una política pública clara de fomento a la lectura y la falta de inclusión de sectores como el sur de Quito y las zonas rurales en las actividades culturales. Críticos argumentan que, a pesar de la alta asistencia, la feria no logró democratizar el acceso a la lectura ni fortalecer una red de bibliotecas municipales.

Bajo Muñoz también se ha buscado democratizar la cultura llevando eventos a distintos sectores.

Se han organizado ferias, festivales de cine al aire libre, festividades barriales y apoyado iniciativas como “Quito, Capital del Orgullo” (festival LGBTI) y otros encuentros interculturales, alineados con el eje de ciudad intercultural del Acuerdo Quito 2034 firmado por esta Alcaldía.

Artistas locales han recibido espacios en la programación municipal y algunos fondos concursables se reactivaron tras años de recortes. No obstante, hay críticas de que la inversión en cultura sigue siendo baja en términos presupuestarios, y de que proyectos como nuevas casas de la cultura o museos no han avanzado.

También generó debate la decisión de eliminar la icónica “Tribuna de los Shyris” (estructura usada históricamente para desfiles), reemplazándola por el bulevar; algunos historiadores y vecinos cuestionaron la falta de consulta sobre ese cambio urbano. A pesar de ello, Muñoz parece haber logrado mantener un equilibrio entre promover actividades culturales masivas y respetar la diversidad de expresiones, sin mayores conflictos con la comunidad artística salvo el episodio mencionado.

Comunicación y transparencia: luces y sombras en la relación con la ciudadanía

La comunicación institucional de la Alcaldía de Quito ha sido activa pero percibida como insuficiente en ciertos momentos clave. Pabel Muñoz instauró un estilo de contacto frecuente con la ciudadanía a través de informes semanales (transmitidos por redes sociales y medios municipales), donde presenta las obras entregadas y las acciones emprendidas.

Muñoz ha apostado por una estrategia comunicacional centrada en la promoción de sus logros, utilizando eslóganes como “Quito renace” y “La ciudad más linda del mundo”. Eventos como “Quito, 2 años de obras” han sido ampliamente difundidos en medios oficiales y redes sociales, buscando reforzar la imagen de una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sin embargo…

Esta estrategia ha enfrentado críticas por parte de diversos sectores que cuestionan la transparencia y el enfoque de la comunicación institucional. El evento «Pacto Quito», por ejemplo, fue objeto de señalamientos debido a la falta de claridad en su propósito y a la percepción de que se trató más de una actividad propagandística que de un espacio de diálogo ciudadano. Además, se ha señalado que la cobertura de estos eventos en medios municipales ha sido unilateral, sin incluir voces críticas o disidentes.

Expertos en comunicación política han advertido sobre los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en la promoción de logros, sin espacio para la autocrítica o el debate público. Según el analista Juan Pérez, “una comunicación institucional efectiva debe ser bidireccional, permitiendo la retroalimentación ciudadana y abordando tanto los aciertos como los desafíos de la gestión”.

Por otro lado, el Municipio ha potenciado la plataforma Quito Informa

Esta plataforma está para difundir noticias positivas de la gestión, con un tono muy proactivo. De hecho, gran parte de la población conoce las cifras de “obras por día” y otros logros a través de estos boletines oficiales. Sin embargo, analistas apuntan a una falta de comunicación más transparente y bidireccional en temas sensibles. Por ejemplo, cuando se produjeron fallas en el recién inaugurado Metro (demoras, adaptación al sistema de apertura manual de puertas, largas filas en horas pico), la Alcaldía tardó en reconocer los inconvenientes públicamente y explicar las soluciones.

Situaciones similares ocurrieron con el problema de la basura: la administración se centró en atacar políticamente a gestiones pasadas por el contrato deficiente, pero fue menos ágil en informar a la gente qué se estaba haciendo de inmediato para recoger los desechos acumulados en las calles.

En términos de transparencia…

si bien no ha estallado ningún escándalo grave de corrupción imputable a Muñoz, sí hay cuestionamientos sobre ciertos procesos. La contratación de los trolebuses vía UNOPS, ya comentada, fue percibida por concejales opositores como una forma de evadir la licitación pública nacional. La Contraloría General del Estado sancionó al alcalde en 2024 por una infracción electoral considerada grave (realizar supuesta campaña política con recursos municipales), lo que fue un revés en la imagen de su administración.

Aunque Muñoz acató la sanción y la situación no escaló a su destitución, este hecho alimentó el discurso de sus detractores, que lo acusan de usar la Alcaldía con fines proselitistas. Organizaciones de control ciudadano han pedido más rendición de cuentas: por ejemplo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sugirió fortalecer la difusión de datos abiertos sobre contratos y presupuesto para despejar dudas y mejorar la confianza.

Pabel Muñoz enfrenta un desafío político comunicacional singular

Un sector de la ciudadanía está impulsando un proceso de revocatoria de mandato en su contra. Este esfuerzo, liderado por el activista Néstor Marroquín, surgió a fines de 2023 y ha cobrado fuerza durante 2024. Para octubre de 2025 los promotores esperan reunir las 206.000 firmas necesarias para llamar a las urnas.

¿Las razones? Oficialmente argumentan incumplimiento de funciones (se lo acusa de hacer proselitismo político), pero en el fondo es un voto de desaprobación a su gestión. “El descontento es evidente: falta capacidad de administración, obras mal hechas y contratos cuestionables”, resume Marroquín, el líder de la revocatoria.

Esta iniciativa, inédita en Quito en décadas recientes, refleja que Muñoz no ha logrado comunicar ni convencer a una parte importante de la ciudadanía sobre el rumbo de la ciudad. Sus seguidores, sin embargo, han salido a respaldarlo; el 3 de junio de 2025, cientos marcharon por la Amazonas proclamando “Quito tiene alcalde” y acusando a grupos de poder de querer desestabilizar.

La celebración

Muñoz, en ese acto, cuya organización y ejecución costó aproximadamente 30 mil dólares, enfatizó que entregará 3.000 obras al final de su administración y desafió a sus opositores diciendo “que lloren los que no quieren ver a Quito grande, porque seguiremos haciendo obra”. Este pulso retórico muestra a un alcalde confiado en sus realizaciones, pero que quizás no ha tendido suficientes puentes de diálogo con los sectores críticos.

Incluso desde aliados se le recomienda ajustar su comunicación. Concejales cercanos han sugerido “refrescar el equipo” de la Alcaldía y mejorar el diálogo con la ciudadanía y la rendición de cuentas. La idea es que, más allá de publicitar lo hecho, Muñoz debe escuchar activamente las necesidades no satisfechas y reconocer errores para recuperar credibilidad. Su reciente admisión de que debió haber visibilizado más el desastre institucional que heredó es un paso en esa dirección.

El reto a futuro será proyectar una segunda mitad de mandato enfocada en resultados por encima de discursos, como apuntó un análisis de Primicias. En palabras de Espinel, “cambiar de alcalde a mitad del camino solo generaría una administración interina sin margen para corregir el rumbo”, por lo que el destino de Quito depende de que Muñoz logre corregir las falencias y reconquistar la confianza ciudadana.

Un balance crítico y la hoja de ruta hacia 2025

Tras dos años, el balance de la gestión de Pabel Muñoz en Quito es mixto. Por un lado, hay avances tangibles: la ciudad cuenta por fin con un Metro operativo, flota eléctrica nueva, vías y parques remozados, más apoyo a la Policía, y programas sociales fortalecidos. Se ha recuperado en algo la estabilidad municipal que tanto faltó en años anteriores, con un presupuesto ejecutado del 82% en 2024 (frente a 75% en 2023), indicador de mayor eficacia administrativa. Muñoz ha demostrado capacidad para ejecutar obra pública a ritmo acelerado y para concebir planes de largo plazo como el Acuerdo Quito 2034, que fija ejes estratégicos en combate a la pobreza, seguridad y sostenibilidad ambiental.

Por otro lado…

Persisten deudas importantes. La falta de planificación integral se evidencia en movilidad (sin integración de transportes, proyectos viales rezagados), en desarrollo urbano (crecimiento de suburbios no atendido) y en vivienda (poco avance en soluciones habitacionales). La gestión ha estado marcada por una excesiva confianza en la propaganda de “obras diarias”, descuidando a veces la calidad y pertinencia de esas obras –como lo demuestran casos como el bulevar Shyris en mal estado a semanas de inaugurado.

En cuanto a transparencia, si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra el alcalde, la sombra de posibles sobreprecios y manejos poco ortodoxos en contrataciones (trolebuses, entre otros) ha generado ruido y merece ser aclarada a plenitud. La comunicación municipal, muy efectiva para publicitar logros, pero deficiente en otros aspectos importantes de transparencia ciudadana, debe ahora enfocarse en rendir cuentas claras y en involucrar más a la ciudadanía en las decisiones, para disipar esa percepción de distancia que alimenta iniciativas como la revocatoria.

En resumen, Pabel Muñoz llega a la mitad de su mandato con luces y sombras. Ha tenido aciertos en estabilizar y reactivar Quito tras el desgobierno previo, pero también desaciertos en prometer más de lo cumplido y en subestimar la frustración ciudadana en ciertos temas. Los próximos dos años serán definitivos: o consolida los 3.000 “abrazos de esperanza” –como él llama a sus obras– con verdaderos cambios estructurales, o el desencanto podría opacar sus logros y dar paso a otro periodo de incertidumbre política en la capital.

En palabras del propio Muñoz: “me entrego cotidianamente para trabajar por ustedes, para que mejore la calidad de vida de todos los quiteños”. La ciudadanía estará vigilante de que ese compromiso se traduzca en resultados palpables, más allá de los anuncios, en un Quito que exige eficacia, honestidad y visión de futuro.

La entrada Muñoz cumple dos años al mando de Quito con obras, eventos y… una que otra sombra presupuestaria se publicó primero en La Calle.

«Tenemos un presupuesto, donde existe un problema de ejecución. Estamos intentando resolver estos problemas lo antes posible. Nuestro presidente Guillermo Lasso está preocupado por la reactivación económica, se necesita generar empleo y es lo que vamos a hacer», dijo el funcionario a Radio La Calle.

«Cuando uno financia el presupuesto en un ministerio como el de Vivienda o de Transporte, es necesario entender los diferentes programas. En Vivienda teníamos ciertos rubros atados a distintos programas que tienen un financiamiento condicionado. Por ejemplo una vivienda se entrega a ciudadanos específicos, que pertenezcan a los tres quintiles más pobres de la ciudadanía».

En el caso del MTOP, el caso es diferente porque la obra pública es de carácter masivo, donde hay fondos fiscales y de organismos multilaterales para financiar, pero funcionan diferentes criterios. El presupuesto del Ministerio para este año es de USD 337 millones para inversión»

Agregó que se ha ejecutado ya el 27% de ese presupuesto y un 52% se han asignado ya a proyectos. «Los proyectos existen. Para que se puedan comprometer estos recursos a proyectos específicos se deben hacer estudios. Eso necesita ejecutarse en este año. Lo que hemos hecho estas dos semanas es tomar los 122 proyectos y priorizar cuáles se realizarán». MIB

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Según un informe de Contraloría, hay varias observaciones a cinco contratos del tranvía de Cuenca entre enero de 2017 y mayo de 2021. Las investigaciones corresponden a las administraciones de Marcelo Cabrera y Pedro Palacios.

Uno de los contratos revisados apunta que durante el periodo de Cabrera se firmó en diciembre de 2017 con el consorcio francés ACNT (conformado por las empresas Alstom, CIM Groupe y NGE Contracting). Este contrato tuvo como fin culminar el patio taller, la preparación de la plataforma tranviaria y la implementación de los sistemas tecnológicos.

El contrato se fijó por USD 48 millones y ACNT debía terminar el trabajo en noviembre de 2018. Sin embargo, la Municipalidad de Cuenca «no ha podido recibir las obras porque la contratista no ha solventado las observaciones que constan en el acta de recepción provisional firmada el 10 de septiembre de 2019», recogió el medio.

Las observaciones hacen referencia a las obras realizadas en el sector de Milchichig que se encuentran expuestas a un proceso de deterioro de la carpeta asfática y la estructura vial, según Contraloría.

Según la autoridad, el Municipio debió exigir al contratista los arreglos y tomar acciones oportunas frente a su demora e incumplimiento, o «efectuar los arreglos oportunamente con cargo a la garantía de fiel cumplimiento».

Para solucionar este inconveniente, el Municipio aplicó una multa de USD 4.6 millones a ACNT. No obstante, el consorcio planteó una controversia ante la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha permitido que la multa se cobre.

El director del tranvía, Jorge Moscoso, afirmó para ese medio que el Municipio «no recibirá las obras si no cumplen con los parámetros establecidos». Asimismo, no detalló cuándo se podrá concretar la recepción definitiva.

Sobre las multas

El Municipio de Cuenca tuvo problemas para recibir el contrato firmado en 2013 con la empresa francesa GME CITA. Este consorcio se encargó de la provisión, instalación y asistencia a la puesta en servicio del sistema tranviario.

El representante de CITA es Alstom y el plazo de entrega de obras fue de tres años. Sin embargo, por las demoras en la construcción de la plataforma tranviaria se extendió por dos años más, hasta diciembre de 2018.

Cuando el plazo finalizó, CITA no entregó todos los bienes pactados en el contrato. No obstante, el Municipio «no tomó las acciones oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales», reseñó el medio.

En suma, el Municipio no notificó de manera oportuna las multas respectivas. Eso provocó que las observaciones pendientes no fueran solventadas por el contratista, que terminó aplicando la recepción de pleno derecho. Este recurso deriva del silencio de la entidad contratante que permite efectuar la recepción definitiva del contrato.

Las multas llegaron cuando la contratista ya dio por entregado el contrato. En noviembre de 2019, el Municipio resolvió multar a consorcio por USD 4.6 millones.

Esa multa no ha podido ser cobrada porque hay una medida cautelar ante el Tribunal de Comercio de París. Para oponerse a ello, el Municipio puso una demanda, aún vigente, en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. Si gana el GAD, el contrato volvería a su estado anterior y puede darse por terminado o recibido.

Otro problema, los repuestos son de proveedor único

Las piezas empezaron a dar problemas al correcto funcionamiento del tranvía. Sin embargo, la compra de los repuestos para la operación tienen un proveedor único.

A principios de 2022, se registraron daños técnicos en el sistema APS, que es el que permite a los trenes tomar energía eléctrica de un tercer riel tendido en el piso, en lugar de una catenaria.

En este sistema hay cajas de alimentación eléctrica que están bloqueadas y requieren arreglo, pero la reparación no es tan fácil debido a que el único proveedor de esta tecnología es la empresa francesa Alstom, justo con quien existen problemas.

«No hay una obligación contractual, no hay un compromiso para suministrar en el menor tiempo posible y de forma prioritaria los repuestos que se requieren», señaló Moscoso sobre el stock de repuestos.

El lote actual de repuestos está por terminarse y se ha iniciado el proceso de compra pero por las diferencias en las leyes de contratación pública de Ecuador y Francia no se ha logrado avanzar. Se aspira a concretar la compra este año o a inicios de 2023.

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“Me pregunta sobre obras y tiene razón, como tienen razón todos los ecuatorianos, esas obras generan empleo. Pero le quiero recordar que apenas tengo un año en el Gobierno y si usted va hacia atrás, muchas personas, políticos de mala fe quieren comparar un Gobierno de 11 meses con otro de 10 años. Recordará que el Gobierno de Correa no hizo ninguna obra ni en el 2007, 2008 ni 2009”, argumentó Lasso.

El mandatario sostuvo que, durante su primer año, hizo la más grande obra que fue la vacunación, “porque salvó vidas y tuvo una inversión de 1.000 millones de dólares, sin un solo comentario de corrupción”. Para su segundo año en el poder asegura que su obra será seguridad y empleo.

Afrimó que esta «importante inversión» en salud se la hizo cuando recibió un país «con un déficit de USD 7.000 millones y un gran endeudamiento». “Hemos solucionado el problema económico más grave y el problema de salud más grave que eran la pandemia”, señaló.

Además, Lasso aceptó que existe un problema de comunicación en su Gobierno, para transmitir a la ciudadanía sus obras y el trabajo del Ejecutivo. “Es probable que sí, pero estamos haciendo muchos esfuerzos, como estas entrevistas de los martes, donde yo rindo informes sobre lo que he hecho durante la semana, ante los periodistas que representan la opinión de los ciudadanos y traen todas las inquietudes de los ciudadanos”, dijo.

¿Correa no hizo ninguna obra en tres años?

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la Revolución Ciudadana 2007-2010 estableció como pilar fundamental la instalación de una Constituyente, que desembocó en la nueva Carta Magna del 2008. El proceso constituyente consolidó la base normativa y jurídica para avanzar con el proyecto político y el plan de Gobierno propuesto por el entonces presidente Rafael Correa.

Solo por mencionar algunos hitos, en un panorama general, en 2008 se eliminó la intermediación, tercerización, el trabajo por horas y otros esquemas por los que apostaron las empresas, públicas y privadas, para eludir los altos costos previsionales y para la libre contratación o remoción de personal.

Asimismo, se incrementó a inversión social que, en 2008, por primera vez en las últimas décadas, superó el monto asignado al servicio a la deuda (20% al servicio a la deuda y 31% a inversión social). De igual forma, restructuró el bono solidario que se convirtió en el Bono de Desarrollo Humano (BDH), destinado a las familias de menores recursos, con el objetivo de reducir la pobreza por consumo y aumentar la inversión en capital humano^. También se ha incrementó considerablemente el Bono de la Vivienda y los salarios reales, a niveles históricos.

Además de fortalecer su rol social, el Estado se involucró en el desarrollo económico mediante un aumento de las inversiones públicas. La formación bruta de capital pasó de 4,6% del PIB a 8,6% entre 2007 y 2008, y se focalizó en sectores estratégicos como la infraestructura de transporte, comunicaciones y energía, vivienda, educación, salud y sector agropecuario. Adicionalmente, el Estado asumió un mayor control sobre los recursos energéticos y mineros del país con, por ejemplo, la reforma a la Ley de Hidrocarburos de octubre de 2008, en la que se establecieron nuevas condiciones para la explotación y exportación del petróleo^.

En cuanto a inversión en infraestructura, se promovió la inversión pública para nuevos proyectos hidroeléctricos tales como Baba, Mazar, Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, con un potencial de 1.930 megavatios de energía limpia y de menor costo». Es decir, iniciaron los megaproyectos hidroeléctricos.

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Este fue suscrito en 2020 y se renegoció en 2021 por un total de USD 6.500 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer que alcanzaron este acuerdo a nivel técnico con el FMI y que el país estará sujeto a menos revisiones en 2022, lo cual es un signo de confianza.

Si el país cumple con las «metas previstas» por el FMI este desembolsaría a Ecuador USD 700 millones para diciembre de este año. Este desembolso es adicional al de USD 1.000 millones en caso de que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe las dos revisiones planteadas.

«Parte de las discusiones ha sido como ir reorientando, dado el contexto internacional, dada la crisis internacional, dado los mayores precios del petróleo, e ir priorizando más gasto público y algo más de pago de atrasos que implica liquidez», manifestó el Ministro Simón Cueva, en rueda de prensa.

El programa actual con el FMI prevé un ajuste de 4.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir USD 5 mil millones, hasta 2025. Cueva aseguró que para alcanzar esto, sumarán mayor gasto en vialidad, unos USD 160 millones. Con ello se alcanzarían 3.5 puntos del PIB y otro de contribuciones tributarias.

El FMI desembolsa USD 1.000 millones a Ecuador

Sin embargo, hay objeciones del lado del FMI. Este cuestiona la lentitud para auditar a Petroecuador y Petroamazonas. Ceyda Oner, jefa de la Misión del FMI para Ecuador, explicó en un comunicado que el inicio de las auditorías se ha visto retrasado. A ello se suma que tampoco emitieron las directrices de contratación pública. «Un rápido progreso en estos aspectos será esencial para la culminación de las revisiones combinadas».

El programa actual con el FMI finaliza en diciembre de 2022, no obstante, el ministro Cueva no descarta un posible acuerdo de extensión aunque no se sabe si el país llegue a requerirlo. «Hay muchas opciones posibles», aseveró.

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“Hace dos semanas se vendió por primera vez, en 14 años, petróleo directamente a una refinería de Estados Unidos. Ya no a los intermediarios criollos del Ecuador que se nos llevaban gran parte del valor del petróleo. Esa es la lucha contra la corrupción”, señaló.

El presidente dijo que con los recursos de esta venta se construirá la carretera Loja-Catamayo, que será de cuatro carriles. También mencionó que están trabajando con el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), para iniciar el nuevo programa de venta de medicinas, a través de receta electrónica.

“Estamos trabajando mucho para poner la casa en orden, para poder recuperar esos recursos que el Ecuador estaba acostumbrado a perderlos con la intermediación del petróleo o con la compra de las medicinas”, dijo.

Las obras de Lasso

El presidente habló de la carretera Guayaquil-Machala, de los trabajos en Santa Elena, de la Ruta del Spondylus y de que se ha convocado a las licitaciones correspondientes, para otras carreteras del país. “Se han firmado contratos y se han iniciado ya los trabajos”, dijo.

También sostuvo que están construyendo algunas escuelas. “Me gustaría ver que ya estén terminadas, pero no se puede de la noche a la mañana. Estamos en una etapa donde estamos construyendo las bases, los cimientos de este nuevo edificio que es Ecuador. Muchos quisieran ver terminado el último piso, pero un edificio se comienza por abajo, por las bases, los cimientos. Por la construcción de la estructura sólida que permita el desarrollo del país y eso toma su tiempo”, ejemplificó a través de una analogía.

Asimismo, dijo que en su gobierno dejará iniciados “los primeros pisos de ese gran edificio”, pero no asegura que lo terminará.

¿Obra emblemática?

Lasso reitera que vacunación es su obra emblemática. «Salvar vidas. Qué es más valioso que tener la vida. Que más valioso que poder caminar sin mascarilla. Tener la tranquilidad de que no nos vamos a contagiar, un control de la pandemia que no lo han tenido, inclusive, países que fabrican vacunas como China.

«Hemos sabido controlar la pandemia. Esa es una gran obra. Hace un año la ansiedad con la que se vivía. Llegaban pocas vacunas y el Gobierno de Moreno lo único que atinó es a vacunarse entre ellos y entre sus amigos», mencionó.

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Este CDI fue catalogado como «sueño cumplido» por sus nuevos beneficiarios en la comunidad Porotoyaku de la parroquia San Pablo en Archidona.

El renovado CDI tiene una capacidad de 50 niñas y niños de 0 a 3 años de edad. También suplirá la demanda de atención de niños de esta y otras comunidades aledañas. Entre ellas Nokuno, Alto Poroto, Lushianta y Ardilla Urku. Además, se fijó un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que comprende la alimentación de los infantes y la remuneración de las educadoras del CDI.

En estas obras ‘emblemáticas’ como los CDI en la provincia de Napo, el Presidente Guillermo Lasso expresó que «sin la ayuda de los Municipios todo esto no sería posible». Por otra parte parte, el Alcalde del cantón también emitió declaraciones. «Nuestro legado durante esta administración ha sido enfocarnos en el desarrollo integral de los más desprotegidos», dijo.

Incautan 107 excavadoras en operativo contra la minería ilegal en Yutzupino

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El legislador tildó de “viveza politiquera” la obra social de Pichincha Humana, entidad adscrita a la Prefectura, por asumir el costo de las pruebas con fondos públicos. Pese a que toda obra pública se realiza con estos recursos.

“Viveza politiquera de la Prefecta: compara el precio privado con el que está cobrando, pero falta que rinda cuentas de cuánto asume con presupuesto de dinero público. Y así, hace “obra social” con plata ajena”, publicó en su red social el asambleísta.

El mismo del discurso misógino

No es la primera vez que al legislador del oficialismo se le escapan desatinadas declaraciones.

El 4 de noviembre, el asambleísta escribió en un tuit «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios.

Su discurso misógino generó polémica dentro de la Asamblea y en redes sociales. El legislativo por CREO fue denunciado por violencia política. El CAL sancionó a Ordóñez con una suspensión de 15 días, sin sueldo, por “agresión de palabra y evidente misoginia” en contra de la legisladora Palacios.

La obra que Ordóñez critica

El pasado viernes 7 de enero, cientos de personas acudieron a la Plaza de la República, ubicada en el centro de Quito, para realizarse una prueba PCR, que permite el diagnóstico de la COVID-19.

Ante el incremento de número de contagios, Pichincha Humana, institución adscrita a la Prefectura de Pichincha, ofertó pruebas PCR a USD 4. Un precio accesible para la población si se considera que el costo de esta prueba en laboratorios privados bordea los USD 45.

La Prefectura de Pichincha cubre el costo adicional de las pruebas con sus fondos públicos. Según informaron, cuentan con un lote de 500 pruebas PCR para aplicación diaria, en tres centros de salud habilitados: Plaza de la República (300 pruebas PCR diarias), Villaflora (100 pruebas PCR diarias) y Carapungo (100 pruebas PCR diarias).

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La nueva flota servirá para agilizar los trabajos y obras de vialidad, producción y turismo en los ocho cantones y 53 parroquias rurales.

Entre los nuevos equipos están motoniveladoras, rodillos, cargadoras y excavadoras.

Esta adquisición marca un hito para esta administración, por cuanto al asumir esta gestión, las autoridades se encontraron con maquinaria obsoleta o inexistente.

La prefecta Paola Pabón recibió con satisfacción el lote. “Necesitamos cambiar la lógica de vialidad de la provincia y no podíamos hacerlo con una maquinaria en malas condiciones”, dijo.

Y comentó una de las aspiraciones de su administración. “Hasta finales de 2021 esperamos recibir más de 75 máquinas nuevas, las cuales serán un gran impulso para el riego, la producción, el turismo y así dinamizar la economía”.

Con esta segunda entrega de maquinaria, la prefectura suma 31 equipos

Con esta segunda entrega de maquinaria, la prefectura suma 31, que estarán al servicio de Pichincha.

Una tercera recepción está prevista para finales de diciembre de 2021. El arribo de esta maquinaria demandó un gran esfuerzo económico de más de $5 millones.

Inversión que fue posible gracias a un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el apoyo de todos los miembros del Consejo Provincial, que respaldaron esta iniciativa promovida por la prefectura.

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Tras el anuncio, las críticas ciudadanas, a través de redes sociales, no se hicieron esperar. Muchos cuestionaron que se dé prioridad a un certamen y no a la obra pública, como el asfaltado de las vías de la ciudad. Otros usuarios criticaron que la alcaldía promocione la elección de la reina, en vez de buscar soluciones para los trabajadores informales.

“¿Para esto quería Guarderas la alcaldía? ¡Qué pena me da! Luego de que fue precisamente Quito la primera ciudad en eliminar este absurdo, anacrónico, patriarcal y colonial evento. Quito necesita obras y recuperar su institucionalidad, no necesita reina», expuso una ciudadana en Twitter.

Otro ciudadano señaló: “Con que tapen los baches sería la mejor celebración para Quito. Sería espectacular que hagan funcionar el metro que tanto se necesita en la ciudad, en lugar de lavarse las manos llamándolo elefante blanco. ¿Reina de Quito?? Esta sí es una iniciativa que no aporta”.

“No tapan los baches. No hay el Metro. No hay basureros en las calles. Las veredas son una desgracia. La ciclovía descuidada. No hay una agenda cultural atractiva, pero la solución debe ser traer de nuevo ese certamen de las reinas al que nadie va. Bien esas prioridades”, pronunció otro quiteño.

La expresidenta del Patronato San José, Lilia Yunda, también escribió: “Mientras cosifican a la mujer con la elección Reina de Quito, los que entraron por la ventana, sin el favor popular, atropellan a las personas humildes. Nunca entenderán al pueblo porque el pueblo nunca los eligió”.

En 2019, se aclaró que la organización del certamen Reina de Quito financiaba sus actividades con aportes privados. Sin embargo, el Patronato San José, encargado de receptar estos dineros, empezó a registrar pérdidas.

Según el Observatorio del Gasto Público, entre 2012 y 2015, el certamen registró ganancias de entre USD 12.000 y USD 26.000, que fueron utilizados para financiar otros eventos o reinados posteriores.

El último año de ganancias se dio al final de la administración del alcalde Augusto Barrera, en la elección de la Reina de Quito 2014-2015, con una captación de auspicios por USD 169.992. Ese año se gastó USD 143.686 en el certamen, dejando una ganancia de USD 26.305. Pero al año siguiente las cosas cambiaron con la nueva alcaldía y la nueva Dirección en el Patronato.

Así, entre 2015 y 2018, el evento pasó a segundo plano y los patrocinios se redujeron hasta un 70%. Se registraron pérdidas anuales de USD 33.000 hasta más de USD 74.000, déficit que fue asumido por el Patronato.

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“Terminamos el año sin ejecutar nuestra planificación, sin obra pública porque la fórmula que se ha llevado es muy drástica, sanciona la falta de atención de una administración ¿cómo ejecutamos la administración si no tenemos recursos? Por lo tanto, para el siguiente año disminuirán aún más nuestro presupuesto”, dijo Delgado en el programa Causa Justa.

Un ejemplo de esta reducción es en la prefectura del Azuay por la administración en 2019 de Yaku Pérez que terminó en la reducción de USD 8 millones. «No puede el pueblo pagar la ineptitud o ineficiencia de un alcalde o un prefecto. Los recursos propios de cada municipio nos han permitido sobrevivir», acotó.

Las deudas por patrimonio e IVA acumulan ya tres años. El gobierno central debe más de USD 1.200 millones a los GADS. Como no existe una ley que determine un plazo o responsabilidad no se entregan los montos.

Desigualdad en los municipios

A la hora de repartir recursos, existe una desigualdad en los 221 municipios del país. «No todos tenemos la misma particularidad. Hay municipios muy pobres que no tienen tributos, que no tienen empresas, que son netamente rurales (…) No podemos comparar esos municipios con ciudades como Quito, Guayaquil que tienen gran parte de su presupuesto financiados por créditos».

El pasado 6 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el acuerdo ministerial 0092 en el que se deroga el acuerdo 072; con esto se formarán mesas técnicas que regulen la asignación de recursos a los GAD. Lo que llevó a cancelar la movilización nacional de la AME del 7 de diciembre.

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El Régimen declaró que los tres proyectos son financiados totalmente por la empresa privada y que los construiría y entregaría en tiempos relativamente cortos. Las obras suman un total de USD 1.316 millones de inversión a plazos de 15 a 25 años.

Muelle en Puerto Bolívar

Lenín Moreno anunció la firma de un contrato para la construcción de un nuevo muelle en Puerto Bolívar. “Una inversión privada de $176 millones que dará paso al desarrollo de la provincia”, mencionó el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

Esta sería la cuarta obra de infraestructura con inversión 100% privada. Sin embargo,  los ministerios encargados de llevarlos a cabo no arrancan operaciones. Veamos otros ejemplos:

Tren Playero Guayaquil-Posorja-Manta

En 2018, durante la Sesión Solemne por la Independencia de Guayaquil, se anunció la construcción de un Tren Playero que recorrería las principales ciudades de Guayas, Santa Elena y Manabí. Constaba de tres fases. Según, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, señaló que la primera fase estaba en marcha. Sin embargo, hasta noviembre de 2019 no se había firmado el contrato. Luego se pospuso en tres ocasiones. Se esperó hasta junio de 2020 para suscribirlo, pero finalmente se declaró desierta la fase I, que comprendía el proyecto ferroviario Daule-Posorja con 115km.

Metroférico de Quito

Moreno ofreció la construcción de un sistema de transporte público aéreo por cable que conectaría a Quito con Cumbayá, Tumbaco y Tababela. El anuncio fue en diciembre de 2018 y, según sus palabras, estaría funcionando en 14 meses. Es decir, la obra debió ser entregada en febrero de 2020.

Actualmente ni siquiera se ha firmado el contrato del proyecto debido a discordancias administrativas entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Concejo del Municipio de Quito. 

Cable Submarino para Galápagos

El Presidente oficializó la obra durante el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2020. Allí hizo público que ya estaba en marcha la construcción de un nuevo cable submarino para Galápagos.  Añadió además que el tiempo estimado de construcción sería de un año. La obra pretende superar las limitaciones de internet en las islas. Comprende un cambio a una banda ancha por fibra óptica.

 La empresa encargada, Galápagos Cable Systems, no ha iniciado el tendido del cable, pese a que Moreno declaró que “ya estaba en marcha”. También, el exasambleísta César Montufar envió una carta solicitando que se muestre el contrato y modelo de negocios planteado. Ningún contrato no está registrado en el Sistema Nacional de Comprar Públicas. (CE)

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