«Lanzamos nuestra voz de alerta por la violencia política de género en contra de la activista y defensora de derechos humanos, Priscila Schettini. Si tocan a una respondemos todas», publicó el organismo ciudadano.

Schettini se ha vuelto una figura pública por denunciar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por irregularidades y falta del debido proceso en el caso Carrión. Asimismo, el colectivo Acción Jurídica Popular -del cual es miembro- denunció presuntos plagios por parte de Salazar en su tesis de pregrado y en un artículo científico.

Por estas acciones, la activista ha recibido intimidaciones y amenazas de muerte; incluso contra sus tres hijos menores de edad. Asimismo, han aumentado los ataques en redes sociales por su condición de mujer con estereotipos por su apariencia física y vestimenta.

Amenazas de muerte

El 5 de junio, Un usuario de Twitter la intimidó a través de un mensaje: “Cuidado y te puede suceder lo de María Belén. Digo no más”.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

La esposa del exfuncionario ha puesto ocho denuncias por agresión, intimidación, robo y más, que aún no han sido investigadas. Sin embargo, Schettini sostuvo que la medida de sacarlos del Sistema de Protección fue por “represalias de la fiscal, Diana Salazar”.

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